Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00621-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00621-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2018-00621-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
7 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Magistrado ponente: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., Siete (7) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00621-01 (3380-2021)
Demandante: Luis Enrique Guerrero Simanca
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Tema: Pensión de invalidez. Indexación de primera mesada pensional.
Fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral.
Decisión: Confirmar la decisión que accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 2 de julio de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. El señor Luis Enrique Guerrero Simanca, por conducto de apoderado
judicial, presentó demanda1 contra la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) orientada a obtener la nulidad de las Resoluciones Nos. SUB 30196
de 4 de abril de 2017, SUB 199373 de 19 de septiembre de 2017 y DIR 10742 de 3
de octubre de 2017, mediante las cuales se reliquidó una pensión de invalidez. A
título de restablecimiento del derecho, el accionante solicitó el reconocimiento y
pago de los valores generados por la indexación de la primera mesada, el
retroactivo pensional causado desde la fecha de estructuración de la enfermedad
(4 de noviembre de 2009) hasta la fecha de pago efectivo de la prestación en el
2016 y los intereses por mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
2. Como fundamento fáctico, manifestó que nació el 3 de agosto de 1966 y
labora al servicio de la Fiscalía General de la Nación desde el 14 de enero de 1993.
3. Indicó que empezó a realizar aportes al sistema general de pensiones
desde el mes de diciembre de 1985 como miembro de la Armada Nacional,
institución de la cual solicitó su retiro voluntario en 1989. Señaló que posteriormente
realizó aportes al sistema con fundamento en la vinculación a las empresas
Industrias El Barco Ltda. y SETEMCO Ltda. por 4 y 9 meses, respectivamente.
1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
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4. Con ocasión de dolencias e inflamaciones en el brazo izquierdo, su médico
general de la EPS Sanitas lo remitió al médico fisiatra con el fin de realizarle una
valoración especializada, la cual arrojó como diagnóstico tenosinovitis de Quervain.
La mencionada enfermedad fue catalogada inicialmente como profesional2, pero la
Junta Nacional de Calificación de invalidez3 y la Junta Regional de Calificación de
Invalidez de Bolívar4 establecieron que para el caso del señor Guerrero Simanca el
padecimiento debía catalogarse como de origen común.
5. El 17 de septiembre de 2014, radicó ante Colpensiones una solicitud de
reconocimiento y pago de una pensión de invalidez. Petición que fue reiterada
posteriormente ante el silencio de la entidad.
6. Mediante Resolución No. GNR 104819 de 14 de abril de 2016,
Colpensiones reconoció la prestación solicitada tras indicar que el señor Guerrero
Simanca contaba con 936 semanas (6553 días) incluyendo 175 semanas (1231
días) cotizadas al Ministerio de Defensa Nacional y 101 semanas (707 días) a la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (UGPP) hasta diciembre de 2009, un IBL $2.445.865 y una
tasa de reemplazo de 58 %, para una mesada por valor $1.395.402.
7. Por Resolución No. GNR 196514 de 1 de julio de 2016, Colpensiones
modificó en reposición la decisión antes mencionada e indicó que el señor Guerrero
Simanca contaba con 994 semanas (6959 días) hasta diciembre de 2009, un IBL
$2.445.865 y una tasa de reemplazo de 60 %, para una mesada por valor
$1.445.733. Decisión que fue confirmada en apelación por Resolución VPB 37202
de 26 de septiembre de 2016.
8. Posteriormente, la entidad estudió la reliquidación de la pensión y a través
de la Resolución No. SUB 30196 de 4 de abril de 2017 determinó que el demandante
contaba con 1006 semanas (7045 días) hasta diciembre de 2009 y confirmó la
liquidación de la mesada.
9. En reposición, mediante Resolución No. SUB 199373 de 3 de octubre de
2017 Colpensiones señaló que el demandante tenía 1029 semanas (7205 días)
hasta diciembre de 2009 y confirmó la liquidación de la mesada. Decisión
confirmada en apelación a través de la Resolución No. DIR 10742 de 3 de octubre
de 2017.
10. Como fundamento de la vulneración, alegó que la entidad demandada erró
en su decisión como quiera que la información relativa a las cotizaciones de los
ciclos de 2001, 2002 y 2003 no son reales, toda vez que señalan que la Fiscalía
2 Dictamen No. 7212 de 14 de noviembre de 2008 de la Junta Regional de Calificación de la Invalidez del
Atlántico.
3 Dictamen No. 8764931 de 27 de marzo de 2009.
4 Dictamen No. 5219 de 26 de junio de 2013. Es preciso aclarar que este dictamen fue ordenado en el marco
de un proceso ante la jurisdicción ordinaria especialidad laboral y estableció igualmente que el demandante
tiene una pérdida de capacidad laboral del 67,32 %.
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como empleador solo reportó 17 días de cotización en algunos meses 5 y con base
en ello es que viene haciendo la liquidación de su mesada pensional, faltando así
incluir 286 días de cotización equivalentes a 40,85 semanas6 que a su turno
representan 2 puntos porcentuales menos en la tasa de reemplazo de conformidad
con lo establecido en el artículo 40 de la Ley 100 de 1993.
11. En ese orden de ideas el valor de la mesada debía haber sido liquidado en
$1.542.112 con fecha de corte a noviembre de 2009 y posteriormente actualizado a
valor presente para la fecha en el que se hizo efectivo el pago de la pensión, esto
es, 2016. Asimismo, debió reconocerse y pagarse el valor correspondiente al
retroactivo pensional acorde a la liquidación que en criterio del demandante era la
correcta.
Contestación de la demanda
12. Colpensiones precisó que «no era procedente declarar responsable
patrimonialmente por los perjuicios materiales y morales causados a los
demandantes por la demora en el reconocimiento y pago de la pensión de
invalidez a favor de este», como quiera que los actos administrativos fueron
expedidos de conformidad con las normas vigentes para ese momento, estos se
presumen legales y su actuación como administradora del régimen de prima
media con prestación definida fue de buena fe.
13. Indicó que el señor Guerrero Simanca nació el 3 de agosto de 1966,
acreditó un total de 7205 días laborados, equivalente a 1029 semanas y tuvo una
pérdida de capacidad laboral de 67,32 % estructurada desde el 4 de noviembre de
2009. Sostuvo que las decisiones administrativas adoptadas se basaron en los
datos que reposan en la historia laboral del demandante.
14. Señaló que a través de la Resolución No. GNR 196514 de 1 de julio de 2016
se reliquidó la pensión de invalidez y se reconoció un retroactivo por valor de
$183.204, y que anualmente ha venido actualizando la respectiva mesada pensional
de acuerdo con el incremento del salario mínimo y/o la variación del Índice de
Precios al Consumidor (IPC), en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley
100 de 1993.
15. Formuló como excepciones las de inepta demanda por indebida estimación
razonada de la cuantía, inexistencia de la obligación, falta de causa para demandar,
prescripción, buena fe, imposibilidad de costas y gastos del proceso, compensación
y la innominada o genérica.
Decisión de excepciones previas
16. En audiencia celebrada el 20 de marzo de 2019, el Tribunal Administrativo
del Atlántico declaró no probada la excepción de inepta demanda, al considerar que
5 Agosto a diciembre 2001, enero a diciembre 2002 y marzo a julio de 2003.
6 Según el demandante, completó un total de 1.061,44 semanas equivalentes a 7776 días.
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si bien en el acápite denominado estimación de la cuantía, no se realizó de manera
expresa en ese sentido del contendido factico del libelo se desprende que esta se
encontraba debidamente sustentada y discriminada en los términos previstos en el
artículo 157 de la Ley 1437 de 2011 – CPACA.
Sentencia apelada
17. Mediante Sentencia de 2 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo del
Atlántico declaró la nulidad parcial de las Resoluciones Nos. SUB 30196 de 4 de
abril de 2017, SUB-199373 de 19 de septiembre de 2017 y DIR 10742 de 3 de
octubre de 2017. En consecuencia, ordenó a Colpensiones reconocer y pagar las
diferencias monetarias derivadas de la indexación de las mesadas pensionales
respecto de aquellas causadas a partir del 5 de noviembre de 2016 en adelante,
teniendo como fecha de partida la de adquisición del estatus de pensionado (4 de
noviembre de 2009). Asimismo, resolvió negar las demás pretensiones y se abstuvo
de condenar en costas.
18. Para sustentar lo expuesto, señaló que, si bien Colpensiones reportó
semanas en mora, tal situación obedeció a la falta de diligencia de la administradora
en la verificación y depuración de los aportes particularmente en lo relativo a los
procedimientos, requerimiento, cotejo y/o eventual cobro. Lo anterior, pese a que
los tiempos laborados al servicio de la Fiscalía General de la Nación y la Armada
Nacional se encontraban debidamente certificados, razón por la cual debían ser
tenidos en cuenta para efectos pensionales.
19. Finalmente, en relación con el cálculo del IBL, señaló que debía mantenerse
el monto pensional reconocido en los actos demandados, en tanto estos arrojaron
un valor superior al que resultaría de una nueva liquidación circunstancia que impide
su modificación en proceso de la referencia7.
20. Señaló que Colpensiones no podía desconocer la pérdida de valor
adquisitivo de la pensión, razón por la cual en virtud de lo que dispone el artículo 14
de la Ley 100 de 1993 debía indexarse la mesada pensional que empezó a pagarse
el 4 de noviembre de 2016, respecto del momento en el que el demandante adquirió
el estatus de pensionado, este es, el 4 de noviembre de 2009 aplicando dicha
actualización a las mesadas subsiguientes.
21. Frente al pago del retroactivo causando entre el 2009 y el 2016, aclaró que
la demandada no negó su pago, sino que requirió al demandante para que aportara
cierta documentación. Sin embargo, en el proceso no obra prueba de que dicha
carga y/o exigencia haya sido atendida.
7 Una vez calculado el IBL en $ 1.756.577,74 (con base en el salario devengado durante los últimos 10 años de
servicio), de cara a las semanas cotizadas (1095,06) y la tasa de reemplazo en virtud de la pérdida de capacidad
laboral del 67,32 % (64%), el tribunal concluyó que la pensión debía haber sido liquidada en $ 1.124.209,75.
Mientras que las resoluciones demandadas fijaron el monto en $ 1.485.450.
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22. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas comoquiera que la conducta
procesal de la demandada no resultó ser temeraria, dilatoria o desleal.
Recurso de apelación
23. Colpensiones presentó recurso de apelación en el que manifestó que a
través de la Resolución No. GNR 196514 de julio de 2016 se reliquidó la pensión de
invalidez reconocida a favor del señor Guerrero Simanca en cuantía equivalente a
$ 1.445.733 a partir de 1 de abril de 2016 y reconoció como retroactivo el valor de
$ 183.204. Decisión que se incluyó en nómina de pensionados en julio de 2016 y se
pagó en agosto del mismo año.
24. Sobre la indexación de las mesadas pensionales, indicó que en virtud de
las reglas previstas en los artículos 14 de la Ley 100 de 1993 y 41 del Decreto 692
de 1994, no había lugar a reconocer la misma.
25. Agregó que al indexar la mesada que según el tribunal correspondía
inicialmente devengar al demandante ($1.124.209,75), el valor sería inferior
($1.418.191) al que fue reconocido en principio por la entidad ($1.485.450) y, en
consecuencia, era procedente haber declarado probada la excepción de
compensación alegada en la contestación de la demanda.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
26. Mediante Autos de 4 de noviembre de 2021 y 31 de marzo de 2022 se
admitió el recurso de apelación contra la Sentencia de 2 de julio de 2019 presentado
por la autoridad demandada y se corrió traslado para alegar de conclusión.
27. El demandante presentó escrito en el que solicitó que se confirmara la
decisión de primera instancia y para ello señaló que la decisión adoptada en las
Resoluciones No. SUB 30196 de 4 de abril de 2017, SU199373 de 19 de septiembre
de 2017 y DIR 10742 de 3 de octubre de 2017 de negar la liquidación de la
retroactividad de las mesadas pensionales desde la fecha de estructuración de la
pérdida de capacidad laboral (4 de noviembre de 2009) no solo vulneró el marco
jurídico de la pensión de invalidez a la luz de la Ley 100 de 1993, sino también los
artículos 4 y 6 de la Constitución Política.
28. Colpensiones y el Ministerio Público no se pronunciaron en esta etapa.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
29. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
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contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.
Problema jurídico
30. Corresponde a la Sala determinar si el señor Luis Enrique Guerreo Simanca
tiene derecho a la indexación de la primera mesada de la pensión de invalidez
reconocida y reliquidada por Colpensiones en el 2016, como quiera que la pérdida
de capacidad laboral se estructuró desde el 4 de noviembre de 2009.
31. Asimismo, deberá estudiarse si debe declararse o no probada la excepción
de compensación, en consideración a que el tribunal indicó en la sentencia de
primer grado que la mesada reconocida por la entidad demandada fue mayor a la
que debía haber devengado el demandante.
Análisis del problema jurídico
32. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 2 de julio de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, tras encontrar que los actos de
reconocimiento y reliquidación de la pensión de invalidez no indexaron la primera
mesada a la fecha de estructuración de la pérdida de capacidad laboral y no está
llamada a prosperar la excepción de compensación.
33. De conformidad con lo que disponen los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de
1993 tendrá derecho al reconocimiento y pago de una pensión de invalidez por
riesgo común, el afiliado que hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral
y haya cotizado siquiera 50 semanas dentro de los 3 años inmediatamente
anteriores a la estructuración del PCL8 para los casos de invalidez por enfermedad,
o al hecho causante, si se trata de invalidez por accidente.
34. Aunado a ello, el artículo 40 ídem prevé ciertas reglas relativas a la
determinación del monto de la mesada, el incremento de la tasa de reemplazo en
función del porcentaje de disminución de capacidad laboral y los topes de tasa
máxima y de monto mínimo. Asimismo, determinó expresamente que la prestación
en comento se reconoce a solicitud del interesado o interesada y se comienza a
pagar en forma retroactiva desde la fecha de estructuración de la invalidez por ser
este el momento a partir del cual se consolida el derecho pensional.
35. Sobre este último aspecto, reviste especial relevancia la indexación de la
primera mesada pensional entendida como actualización monetaria del valor
reconocido con el propósito de preservar su poder adquisitivo frente a la
depreciación ocurrida entre la fecha de causación del derecho, esto es, como se
indicó la fecha de estructuración del estado de invalidez y el momento en que el
pago real de la prestación pensional. Su importancia es tal que ha sido reconocida
8 Pérdida de capacidad laboral.
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como un mecanismo indispensable para garantizar la efectividad material del
derecho pensional.
36. Este mecanismo de corrección monetaria (indexación de la primera
mesada) es disímil del reajuste anual previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de
1993, pues su naturaleza, oportunidad y periodicidad son diferentes. Mientras la
primera busca corregir la pérdida del poder adquisitivo del valor histórico de la
mesada pensional entre la fecha de causación del derecho y su pago efectivo, el
segundo opera de forma anualizada sobre pensiones ya reconocidas. Por lo tanto,
se trata de instrumentos jurídicamente autónomos.
37. En ese orden de ideas, la Sala advierte que el señor Guerrero Simanca sí
tiene derecho a la indexación de la primera mesada pensional por cuanto (i) la
pérdida de capacidad laboral por enfermedad de origen común se estructuró el 4 de
noviembre de 2009; (ii) mediante las Resoluciones Nos. GNR 104819 de 14 de abril
de 2016 y GNR 196514 de 1 de julio de 2016, Colpensiones reconoció y reliquidó
una pensión de invalidez a favor del demandante; y (iii) los mencionados actos
administrativos guardaron silencio respecto de la diferencia temporal existente entre
la fecha de estructuración de la invalidez y la de reconocimiento y/o efectividad de
la prestación. En efecto, tales decisiones se limitaron a señalar la inexistencia de
prueba sobre el pago de un beneficio periódico por parte de la EPS y a fijar como
fecha de disfrute el 1 de abril de 2016, sin abordar la necesidad de actualización
monetaria del valor inicial de la prestación.
38. Por su parte, las Resoluciones Nos. SUB 30196 de 4 de abril de 2017 y
SUB-199373 del 19 de septiembre de 2017 no se pronunciaron sobre el particular;
en tanto que la Resolución No. DIR 10742 de 3 de octubre de 2017 sostuvo que la
indexación de la primera mesada pensional no constituye el único mecanismo de
corrección y/o ajuste monetario frente a la pérdida de poder adquisitivo de la
moneda y que, en consecuencia, resultaba procedente acudir como en efecto se
hizo al reajuste anual previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. No obstante,
dicho razonamiento como se explicó en precedencia no es de recibo para la Sala.
39. En conclusión, se impone el reconocimiento de la diferencia monetaria
derivada de la indexación de la primera mesada pensional como mecanismo idóneo
para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo ocasionada por el fenómeno
inflacionario, en los términos dispuestos por el tribunal de primera instancia. Es
preciso aclarar que, al no haberse cuestionado los extremos temporales de dicho
reconocimiento, la Sala se abstiene de emitir pronunciamiento al respecto en
observancia de las competencias del juez de la apelación y el principio de
congruencia previsto en el artículo 328 de la Ley 1564 de 2012 – CGP.
40. Ahora bien, en lo que respecta a los reparos relacionados con la excepción
de compensación, se considera que no están llamados a prosperar porque el índice
base de liquidación y el índice base de cotización no fueron objeto de litigio y, en
todo caso, el tribunal no podría agravar la situación del señor Guerreo Simanca dado
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el alcance particular y concreto de las pretensiones de la demanda, tal como lo
dispone el artículo 281 del CGP.
Condena en costas en segunda instancia
41. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
42. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público,
creando así una excepción a la regla general según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
43. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
44. En consecuencia, se impondrán costas a Colpensiones, por cuanto se
niegan totalmente las peticiones de los recursos de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 2 de julio de 2019
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de la cual accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia la Administradora
Colombiana de Pensiones (Colpensiones), a favor del señor Luis Enrique Guerrero
Simanca. Para tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el Despacho
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sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
Secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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