Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01777-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Acción de tutela por mora judicial: no se configura la mora porque el proceso
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2024-01777-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2024-01777-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
20 de mayo de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá, D.C., veinte (20) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)
Radicación: 11001-03-15-000-2024-01777-00
Demandante: LUIS ENRIQUE GUERRERO SIMANCA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN
A
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
ACCIÓN DE TUTELA POR MORA JUDICIAL – no se configura la mora porque el proceso
se ha tramitado dentro de términos razonables, si se considera la problemática
generalizada de congestión y que la autoridad judicial demandada tiene a su cargo un
cúmulo de procesos con trámite prioritario, dada su antigüedad o especialidad/
La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Luis Enrique Guerrero
Simanca contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. A N T E C E D E N T E S
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 12 de abril de la presente anualidad1, el señor Luis Enrique Guerrero Simanca
interpuso acción de tutela contra la Subsección A de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido
proceso. Formuló las siguientes pretensiones:
1.-Se declare el DESISTIMIENTO TÁCITO, establecido en el artículo 317 de la
LEY 1564 del año 2012 C.G.P. y el artículo 178 de la LEY 1437 del año 2011
código CPACA; lo anterior, en razón a que se halla probado en la plataforma
del SAMAI, que el representante jurídico de COLPENSIONES no argumentó la
apelación.
2.Acatar lo señalado por la sentencia de la CORTE CONSTITUCIONAL C-583
del año 1997, en el sentido en que el juez solo está autorizado para estudiar
de la sentencia la inconformidad argumentada en el documento de apelación
en la argumentación ante el CONSEJO DE ESTADO y no todo el contenido de
la sentencia.
3.Con el objeto de no revictimizar al pensionado, se permita emitir sentencia
1Se advierte que, el 30 de abril de 2024, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01777-00
Demandante: Luis Enrique Guerrero Simanca
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
de acuerdo al contenido de la sentencia de la CORTE CONSTITUCIONAL C-
443-19 en el numeral (02) dos de la parte resolutiva de la sentencia.
De igual forma el magistrado ponente; sea el mismo que conoció inicialmente
del caso, de acuerdo al contenido de la misma sentencia, toda vez que las
etapas procesales desde la admisión del recurso hasta que se envió el
expediente al despacho del magistrado; se llevó a cabo bajo los términos
ordenados por la ley 1564 del año 2011 artículo 121.
1.2 Hechos
De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:
En ejercicio del medio de control y nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Luis Enrique Guerrero Simanca demandó a Colpensiones, con el fin de que se
declarara la nulidad de los actos administrativos a través de los cuales se reliquidó
la pensión del demandante, por cuanto, en su criterio, no fueron tenidas en cuenta
el número de semanas que efectivamente se aportaron y certificaron por el
empleador, esto es, la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, por cuanto no se
realizó la indexación de la primera mesada pensional que disfrutó al momento del
reconocimiento, ni tampoco se le canceló el retroactivo a que hubo lugar desde la
fecha de estructuración.
Mediante sentencia del 2 de julio de 2019, el Tribunal Administrativo del Atlántico
accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda. Inconforme con la
anterior decisión, la parte demandada interpuso recurso de apelación.
El accionante manifestó que Colpensiones no se pronunció en la etapa de
alegatos y no argumentó cuál es la inconformidad con la sentencia de primera
instancia.
Señaló que es una persona en estado de debilidad manifiesta, y, además, el 2 de
marzo de 2023 le realizaron cirugía de corazón abierto.
Expuso que han transcurrido 2 años, 7 meses y 20 días desde que se presentó el
recurso y aun no ha sido resuelto, lo que, a su juicio, desconoce lo previsto en el
artículo 121 de la Ley 1564 de 2012.
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 19 de abril de 2024, se admitió la acción de tutela y se
ordenó que se notificara al magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas,
integrante de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01777-00
Demandante: Luis Enrique Guerrero Simanca
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
como parte demandada, y al presidente de la Administradora Colombia de
Pensiones – Colpensiones, como tercero con interés. Así mismo, se ordenó la
notificación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. El magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas informó que el recurso de
apelación fue repartido al despacho que preside el 13 de octubre de 2021,
admitido mediante auto del 4 de noviembre siguiente y, el 31 de marzo de 2022,
se corrió traslado a las partes por 10 días para que presentaran por escrito sus
alegatos de conclusión. Vencido el anterior término, se puso a disposición el
expediente al Ministerio Público para que rindiera concepto y, el 23 de mayo de
2022, el expediente ingresó al despacho para fallo.
Señaló que, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 446 de
1998, es obligatorio que se dicten las sentencias en el mismo orden en que
ingresaron los expedientes al despacho para fallo.
Precisó que se encuentran pendientes de decidir aproximadamente 320 procesos
que ingresaron antes que el promovido por el señor Luis Enrique Guerrero
Simanca y que se rigen por la Ley 1437 de 2011. Asimismo, puso de presente que
tienen en lista de espera 6 procesos regulados por el Decreto 01 de 1984.
Finalmente, sostuvo que en relación con la indebida argumentación o la falta de
sustentación por parte de Colpensiones en el recurso de apelación y que se
aplique lo dispuesto en el artículo 317 del Código General del Proceso, esa
situación será objeto de estudio cuando se analice el respectivo expediente y se
pueda determinar de manera inequívoca si no se propusieron razonamientos que
pudieran analizarse en sede de segunda instancia «lo anterior, por cuanto de la
lectura del recurso, en principio, no se observa que sea manifiesta la carencia de
fundamentación legal, contrario a ello, la parte demandada manifestó razones en
defensa jurídica de sus intereses, motivo por el cual el recurso de apelación
superó el examen pertinente y fue admitido para su estudio».
2.3. La Administradora Colombiana de Pensiones manifestó que no tiene
incidencia ni responsabilidad, por cuanto las pretensiones están dirigidas en contra
de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado para que
impulse el trámite de un proceso ordinario, pero, en todo caso, en aplicación del
derecho a la igualdad, es importante que se respeten los turnos del aparato
jurisdiccional. Por lo anterior, pidió que se negaran las pretensiones de la
demanda y se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva.
3
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01777-00
Demandante: Luis Enrique Guerrero Simanca
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico
Teniendo en cuenta lo expuesto en los antecedentes, la Sala deberá examinar si
está acreditada o no la vulneración de los derechos fundamentales del
accionante, por la supuesta mora judicial en que incurrió la Subsección A de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, al no haber proferida la sentencia de
segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 08001-23-33-000-2018-00621-00.
2. Análisis de la Sala
2.1. De la vulneración de los derechos fundamentales por la mora judicial
Frente al tema, esta Sala reitera las consideraciones expuestas por la Sección
Cuarta de esta Corporación, la cual ha sido categórica en advertir que, dadas las
condiciones estructurales que producen congestión y lentitud en los despachos
judiciales, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada mora
judicial, ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y
externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan
con los plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Hay, por ejemplo,
condiciones estructurales como la excesiva carga laboral o la falta de una
infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los
funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas2.
Textualmente, así lo ha expresado la Sección Cuarta3:
La realidad es que en la mayoría de los casos en los que existe dilación en el
proceso, la demora obedece a circunstancias ajenas al juez, relacionadas con
la congestión judicial. Circunstancia que no puede ser atribuible a los
funcionarios judiciales. De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el
Consejo de Estado y la Corte Constitucional, ha reconocido que la razón
principal por la que se incumplen los términos judiciales no obedece al actuar
de los funcionarios, sino a las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama
Judicial.
Por lo tanto, en el evento en que haya una justificación que explique la
tardanza o cuando esta no sea imputable al actuar del juez no existirá mora
judicial injustificada. Y en consecuencia, no se habrán vulnerado los derechos
fundamentales de quien acudió a la justicia4.
2 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 15 de septiembre de 2016, radicado: 11001-03-15-000-
2016-01884-00. M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
3
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicado: 11001-03-
15-000-2014-01444-00. M.P. Jorge Octavio Ramírez.
4
Original de la cita: «Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013».
4
Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01777-00
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del
proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió
desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto,
sin que exista motivación para justificar la demora.
Teniendo en cuenta lo anterior, se advierte que, para determinar si la autoridad
judicial demandada ha incurrido en una mora judicial injustificada, se debe verificar
i) la complejidad del asunto; ii) la actividad procesal del interesado; iii) la conducta
de la autoridad judicial competente; iv) el análisis global de procedimiento; y iv) el
turno en el que el expediente pasó al despacho, de conformidad con lo establecido
en el artículo 18 de la Ley 446 de 19985.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional en la sentencia SU-333 de 20206,
precisó que se presenta una mora judicial injustificada, si (i) es fruto de un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna
actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora,
como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es
imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una
autoridad judicial.
2.2. Caso concreto y solución del problema jurídico
A juicio de la Sala, en los casos en que se ejerce la acción de tutela para reclamar
la protección de los derechos fundamentales supuestamente vulnerados por la
mora judicial, más allá de establecer si para adoptar una decisión se ha observado
cierto plazo previsto en la ley, lo realmente importante es determinar si la tardanza
alegada se encuentra o no objetivamente justificada.
De modo que para identificar si la autoridad judicial incurre en mora judicial
injustificada se debe realizar una valoración objetiva de los aspectos que rodean la
tardanza, tales como: la existencia de motivos razonables que justifiquen la
demora, la complejidad del asunto a resolver, la actitud de los interesados y la
conducta de los funcionarios judiciales dentro del proceso. Así, el simple hecho de
sobrepasar los términos legales dispuestos para fallar no configura per se la mora
judicial, ya que deben analizarse otras circunstancias particulares.
Siendo así, de entrada, se observa que la presente solicitud de amparo desconoce
la real situación de dificultad que para la decisión oportuna genera la congestión
5 «Es obligatorio para los Jueces dictar las sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado
los expedientes al despacho para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia
anticipada o de prelación legal».
6 Sentencia del 20 de agosto de 2020, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01777-00
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
procesal que se presenta, que no tiene, en la mayoría de los casos, el alcance de
mora judicial atribuible a los funcionarios, como ocurre en el presente evento.
En el caso particular, una vez consultado el sistema de información judicial,
respecto del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado 08001-
23-33-000-2018-00621-01, la Sala observa que el proceso ingresó al Despacho
del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas el 13 de octubre de 2021 y que, a
partir de allí, se han surtido las siguientes actuaciones:
• En auto del 4 de noviembre de 2021, se admitió el recurso de apelación. El
17 de noviembre siguiente se notificó la anterior providencia.
• El 17 de noviembre de 2021, el expediente ingresó el Despacho para
proveer.
• Mediante auto del 31 de marzo de 2022, se corrió traslado a las partes por
10 días para que presentaran los alegatos de conclusión.
• El 23 de mayo de 2022, el expediente ingresó al Despacho del magistrado
ponente para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente
De conformidad con lo anterior, considera la Sala que, en el caso particular, no se
evidencia la mora judicial alegada, pues el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho se ha cumplido dentro de términos razonables y,
como se observa, en el mismo se han surtido oportunamente diversas
actuaciones, sin que exista circunstancia alguna, atribuible a la autoridad judicial
demandada, que hubiera paralizado o ralentizado el curso normal del proceso.
A esto se suma el cúmulo de procesos asignados a la autoridad judicial accionada,
muchos de ellos con prioridad, dada su antigüedad o especialidad, de modo que
mal podría hablarse de la configuración de una mora judicial injustificada, por
cuanto, se insiste, esta no surge con el simple paso del tiempo, sino que debe
obedecer a una negligencia probada de la autoridad judicial accionada que retarde
la toma de decisiones al interior de cada proceso, circunstancia que en este caso
no se presenta.
La Sala no desconoce que los trámites y las decisiones que se adoptan en los
procesos judiciales deben observar los plazos legalmente previstos; sin embargo,
tampoco puede pasar por alto las condiciones estructurales de congestión que se
presentan en la Rama Judicial y, específicamente, en el interior de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01777-00
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Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Bajo este contexto, considera la Sala que, si bien aún se encuentra pendiente una
actuación por parte del despacho accionado, tendiente a proferir la sentencia de
segunda instancia, lo cierto es que en el presente asunto no se evidencia la
configuración de la alegada mora judicial, así como tampoco, hasta el momento,
pueda reprochársele negligencia alguna a la autoridad demandada en su trámite.
De otra parte, de la lectura de la solicitud de tutela no se desprende un raciocinio
concreto, serio y fundado del actor frente a la ocurrencia cierta e inminente de un
perjuicio irremediable que justifique la intervención urgente del juez de tutela.
Recuérdese que, conforme a la orientación de la Corte Constitucional, «la
valoración del perjuicio irremediable exige que concurran los siguientes elementos:
en primer lugar, que sea cierto, es decir, que existan fundamentos empíricos
acerca de su probable ocurrencia; en segundo lugar, debe ser inminente, o sea,
que esté próximo a suceder; en tercer lugar, que su prevención o mitigación sea
urgente para evitar la consumación del daño»7. El hecho de que en el mes de
marzo de 2023 le hubieran realizado una intervención quirúrgica no permite a la
Sala arribar a la conclusión de que se configure un perjuicio irremediable
inminente, pues no se observa que la tardanza en proferir el fallo de segunda
instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho tenga relación
con las afectaciones al derecho fundamental a la salud del actor.
Ahora bien, en relación con la pretensión encaminada a que se declare el
desistimiento tácito previsto en el artículo 317 del Código General del Proceso y en
el artículo 178 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, por cuanto, en su criterio, en el recurso de apelación presentado
por Colpensiones no se presentaron argumentos de reproche contra la sentencia
de primera instancia, la Sala considera que la tutela no cumple con el requisito de
subsidiariedad, por cuanto el accionante contaba con otros mecanismos judiciales
idóneos para proteger eficazmente sus derechos fundamentales: el recurso de
reposición contra la decisión del 4 de noviembre de 2021, mediante la cual admitió
el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia. Sin
embargo, no se hizo así y, por tanto, no puede utilizarse este mecanismo de
amparo constitucional para corregir dicha falencia. En todo caso, conviene precisar
que, lo pretendido por el demandante es un asunto que le corresponde definirlo al
juez natural del asunto al momento de proferir la respectiva sentencia de segunda
instancia.
7 Ver, entre otras, la sentencia T-554 del 20 de noviembre de 2019, M.P. Carlos Bernal Pulido.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2024-01777-00
Demandante: Luis Enrique Guerrero Simanca
Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. Negar las pretensiones de la tutela interpuesta por el señor Luis
Enrique Guerrero Simanca, por lo razonado en la parte motiva de esta
providencia.
SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más
expedito y eficaz.
TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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