Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00952-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-00952-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2018-00952-01
Consejero ponente: William Hernandez Gomez
13 de octubre de 2022
1
Radicado: 08001-23-33-000-2018-00952-01 (1991-2020)
Demandante: Luis Eduardo Sierra González
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Bogotá D.C., trece (13) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2018-00952-01 (1991-2020)
Demandante: LUIS EDUARDO SIERRA GONZÁLEZ
Demandada: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCIÓN SOCIAL1
Temas: Sustitución pensión gracia. Aplicación integral de la
sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto
de 2022. Acreditación de convivencia real y permanente
entre causante y cónyuge supérstite.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
Ley 1437 de 2011
O-174-2022
ASUNTO
Decide la Subsección el recurso de apelación formulado por la parte
demandada contra la sentencia proferida el 13 de septiembre de 2019 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió a las pretensiones del libelo.
ANTECEDENTES
El señor Luis Eduardo Sierra González en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que consagra el artículo 138 de la Ley
1437 del 20112 formuló en síntesis las siguientes:
Pretensiones (Folios 7 a 8, C1)
1. Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) Resolución
RDP 037324 del 28 de septiembre de 2017 por medio de la cual la entidad
demandada negó al libelista la sustitución de la pensión gracia concedida
a su causante, la señora Flor María Llamas de Sierra en virtud de la
Resolución 38 del 14 de enero de 1981; ii) Auto DP 006319 del 29 de
agosto de 2017 que conminó al demandante a aportar las certificaciones
de salarios devengados por su esposa durante el año anterior al estatus
jurídico pensional; iii) Auto DP 008387 del 2 de noviembre de 2017 con el
1 En adelante UGPP.
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo»,
o CPACA.
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Demandante: Luis Eduardo Sierra González
que se resolvió no emitir un nuevo pronunciamiento sobre la segunda
solicitud de sustitución pensional presentada por el señor Sierra González
al señalar que lo propio ya había sido definido a través de la Resolución
RDP 037324 del 28 de septiembre de 2017.
2. Tener en cuenta que en la Resolución 00038 del 14 de enero de 1981,
Cajanal cometió sendos errores por falta de inclusión de ciertos factores
salariales en el cálculo del IBL de la prestación, puntualmente la prima legal
del año 1980, el subsidio de vivienda y la prima conyugal.
3. Como consecuencia de esta declaración y a título de restablecimiento del
derecho, se ordene a la demandada sustituir a favor del señor Luis Eduardo
Sierra González el pago de la pensión gracia otorgada a su de cuius, ello
con efectividad desde el 1.° de marzo de 2017 en cuantía de $2.490.447.
Adicionalmente, que se reconozca la sanción moratoria, los intereses
moratorios y la indexación sobre los montos adeudados hasta que se dé
cumplimiento al fallo.
4. Que se ordene a la UGPP el pago de las costas, agencias en derecho y
demás prerrogativas que de manera ultra o extra petita sean determinadas
por el juez, así como la sanción de 10 salarios mínimos legales diarios
vigentes de que trata el artículo 9.° de la Ley 717 de 2001.
Supuestos fácticos relevantes de la demanda (Folios 2 a 3, C1)
1. La extinta Caja Nacional de Previsión Social (Cajanal) expidió la
Resolución 00038 del 14 de enero de 1981 con la que reconoció una
pensión gracia a favor de la señora Flor María Llamas de Sierra en cuantía
de $6.076 con efectividad a partir del 20 de noviembre de 1973, reajustada
anualmente hasta el 1.° de enero de 1980 en un valor de $16.759.
2. La aludida causante falleció el 21 de febrero de 2017. En vida, aquella
convivió de manera permanente con el señor Luis Eduardo Sierra González
desde el 25 de abril de 1953 hasta la fecha de su deceso, pues desde la
primera data en comento contrajeron nupcias por el rito católico sin que
este vínculo hubiese sido disuelto.
3. El 11 de abril de 2017 el demandante formuló petición ante la UGPP con el
fin de que le fuera sustituida a su favor la pensión gracia reconocida a su
esposa en virtud de la Resolución 00038 del 14 de enero de 1981. En
desarrollo de la actuación administrativa, dicha autoridad le solicitó al
libelista que aportara certificación de salarios devengados por la causante
durante su último año de servicio
4. Ante la ausencia de respuesta a este requerimiento, la entidad demandada
profirió la Resolución RDP 037324 del 28 de septiembre de 2017 con la
que negó lo reclamado por el señor Sierra González.
5. La parte activa formuló petición el 27 de octubre de 2017 ante la Secretaría
de Educación del Departamento del Atlántico con el fin de que fueran
expedidos los certificados de factores salariales percibidos por la señora
Llamas de Sierra entre 1972 y 1973, sin embargo, dicha dependencia adujo
que no tenía soportes físicos de lo deprecado.
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Demandante: Luis Eduardo Sierra González
DECISIONES RELEVANTES EN LA AUDIENCIA INICIAL
La fijación del litigio es la piedra basal del juicio por audiencias de allí que la
relación entre ella y la sentencia es la de «tuerca y tornillo»3, porque es guía y
ajuste de esta última. De esta manera se preserva la congruencia que
garantiza el debido proceso, razón por la cual el juez al proferir la sentencia
debe resolver el litigio en forma concordante con los hechos, las pretensiones,
las excepciones; puntos que fueron condensados y validados por las partes al
precisar el «acuerdo sobre el desacuerdo» en la audiencia inicial. De allí que
los problemas jurídicos adecuadamente formulados y aceptados por los
sujetos procesales se convierten en una eficiente guía para el decreto de las
pruebas, las alegaciones, la sentencia y sustentación de los recursos
pertinentes. Por lo dicho, la audiencia inicial es el punto de partida más legítimo
y preciso para fundamentar adecuadamente la sentencia.
Fecha de la audiencia inicial: 2 de abril de 2019.
Resumen de las principales decisiones
Excepciones previas (art. 180-6 CPACA)
No se emitió pronunciamiento al respecto dado que la entidad demandada
contestó el libelo de forma extemporánea y por lo tanto su escrito no fue tenido
en cuenta. (Folio 205 y CD obrante a folio 201, C2).
Fijación del litigio (art. 180-7 CPACA)
El litigio se fijó en los siguientes términos:
«[…] Establecer si resulta procedente el reconocimiento y pago de una pensión de
sobreviviente a favor del demandante Luis Eduardo Sierra González, en su condición
de cónyuge supérstite de la señora Flor María Llamas Sierra, en aplicación del
Régimen General de Seguridad Social en Pensiones, previsto en la Ley 100 de 1993.
[…]» (Folios 205 a 206 y CD que reposa a folio 201, C2).
SENTENCIA APELADA
(Folios 248 a 268, C2)
El a quo profirió sentencia escrita el 13 de septiembre de 2019 por medio de
la cual accedió a las pretensiones del demandante, ello con fundamento en las
siguientes consideraciones:
El tribunal de origen inicialmente destacó que si bien la normativa que gobierna
el reconocimiento de la pensión gracia no contempla su sustitución, el Consejo
de Estado en sentencias del 4 de marzo de 2010 (0824-09), del 10 de
noviembre de 2005 (3496-04) y del 2 de octubre de 2008 (2638-2014), ha
considerado que la regulación que debe observase en cada caso es la vigente
al momento de la muerte del de cuius, la cual para el presente asunto es la
contemplada en la Ley 100 de 1993.
Aseveró que del material probatorio se logró evidenciar que el demandante
desplegó los medios para obtener en varias oportunidades la prueba requerida
3 Ver: Hernández Gómez William. Módulo Audiencia inicial y audiencia de pruebas. EJRLB. (2015).
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Demandante: Luis Eduardo Sierra González
por la UGPP mediante Auto 006319 del 29 de agosto de 2017, relacionada
con los factores salariales percibidos por su causante, esto a través de sendas
peticiones presentadas ante la Secretaría de Educación del Atlántico, la
Secretaría de Talento Humano del Departamento del Atlántico, y la Secretaría
de Educación de Educación del Distrito de Barranquilla; empero, lo cierto es
que no obtuvo respuesta favorable por parte de dichas entidades antes de
presentar la demanda, sino solo hasta el 22 de junio y el 28 de agosto de 2018
cuando la Oficina Jurídica del Departamento del Atlántico le hizo entrega de lo
requerido.
En tal sentido, sostuvo que al realizar un análisis en conjunto de las pruebas
obrantes en el plenario, se aprecia que el actuar de la parte activa no fue
negligente ni va en contravía de su obligación de probar el supuesto que alega
la UGPP como incumplimiento para negar el reconocimiento de la pensión
gracia de sobreviviente, es decir, sostuvo que el demandante sí cumplió con
dicha carga, tanto así que la respectiva documental fue aportada en el
presente proceso.
Precisó que lo que se discute en el sub examine no es el derecho pensional
como tal, pues este fue reconocido a la señora Flor María Llamas de Sierra
mediante Resolución 00038 del 14 de enero de 1981. Adujo que el objeto de
litigio es el reajuste y la sustitución pensional de dicho emolumento a favor del
señor Luis Eduardo Sierra González en calidad de cónyuge supérstite de la
causante, toda vez que dicha prerrogativa no se liquidó con base en el último
año antes de adquirir el status de pensionada (1973), sino con el último año
de servicios (1980).
Sobre el punto acotó que como en la actuación de la referencia fue aportada
la prueba que la UGPP requería para acceder a la sustitución pensional
deprecada, son procedentes las pretensiones del libelista, a fin de que dicha
entidad reconozca a favor de este último la pensión gracia que gozaba en vida
su esposa, pero liquidada con los factores salariales devengadas por esta
durante el último año previo a la adquisición del respectivo estatus jurídico.
De otra parte, en cuanto al reconocimiento de intereses moratorios señaló que
el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 los contempla por el retardo en el pago
de las pensiones con el fin de salvaguardar los derechos de las personas de
la tercera edad como sujetos de especial protección, al punto de que su
mesada pensional sea recibida de manera oportuna y les permita solventar las
necesidades propias de su cotidianidad.
Sin embargo, aclaró que la pensión gracia se contempló como una dádiva del
Estado en favor de los docentes territoriales y nacionalizados para
equipararlos en materia salarial con los docentes nacionales, es decir, no se
trata propiamente de una pensión, en el entendido que no se encuentra dentro
del régimen de seguridad social, y su reconocimiento no responde a la
contraprestación económica por los aportes que se deben efectuar al sistema,
razón por la cual estimó que la prerrogativa en litigio no es objeto de los
intereses moratorios contemplados en la norma en cita.
En punto a la prescripción indicó que el demandante presentó la reclamación
ante la UGPP el día 11 de abril de 2017, por lo que interrumpió el término de
configuración de dicho fenómeno, ello bajo el entendido de que la actuación
administrativa fue definida solo hasta el día 28 de septiembre de 2017, y la
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demanda se presentó el 11 de octubre de 2018, datas que permiten inferir que
en el asunto de marras no ha operado esta figura.
Acorde con estos razonamientos, el tribunal de primera instancia profirió
sentencia que se resume en su parte resolutiva así: i) declaró la nulidad de la
Resolución RDP 037324 del 28 de septiembre de 2017; y ii) a título de
restablecimiento del derecho ordenó a la demandada reconocer y pagar de
manera actualizada a favor del libelista en condición de cónyuge supérstite de
la causante la pensión gracia otorgada a esta última, ello con base en los
factores señalados en el formato único para la expedición de certificado de
salarios y liquidada en atención a dichas partidas devengadas por la señora
Flor María Llamas de Sierra durante el último año previo a la adquisición del
estatus jurídico.
RECURSO DE APELACIÓN
(Folios 273 a 284, C2)
La parte demandada formuló recurso de apelación contra la decisión
reseñada anteriormente y solicitó que esta sea revocada a fin de que se
nieguen las pretensiones de la parte activa.
Al respecto manifestó que no debía procederse con el estudio de fondo de las
pretensiones de la demanda, toda vez que el demandante no acreditó los
requisitos legales contemplados para acceder a la jurisdicción. Sobre el punto
adujo que el a quo determinó que una vez revisado el expediente, podría
arribarse a la conclusión de que el libelista no había actuado con negligencia
y que había desplegado las acciones pertinentes antes de la presentación de
la demanda. No obstante, precisó que tal como la autoridad demandada lo
expuso en el Auto ADP No. 006319 del 29 de agosto de 2017, era el
reclamante quien debía aportar los certificados de factores salariales de los
años 1972 a 1973, los cuales debían ser expedidos en los formularios del
Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) o en los formatos de
la secretaría de educación correspondiente, documentos que no fueron
allegados en desarrollo de la actuación administrativa cuestionada en esta
oportunidad.
Adicionalmente señaló que de las pruebas que se arrimaron al expediente, se
puede evidenciar que el libelista solamente acudió a la UGPP hasta el 28 de
octubre de 2017, es decir, casi dos meses después de habérsele notificado el
respectivo requerimiento. Aun así, sostuvo que el tribunal de origen esgrimió
contrario a la realidad, que no hay negligencia en el asunto bajo estudio,
cuando la verdad es que no puede extraerse otra cosa de las actuaciones
desplegadas por este, habida cuenta que el señor Sierra González no inició
las reclamaciones para obtener la prueba dentro de los términos que se le
habían otorgado, ni interpuso los recursos de ley en contra del acto
administrativo del cual pretende que se declare su nulidad.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado que la vía gubernativa
es requisito indispensable para demandar un acto administrativo de carácter
particular y concreto y el respectivo restablecimiento del derecho, por cuanto
por regla general, la administración no puede ser llevada a juicio si
previamente no se le ha solicitado por el administrado una decisión sobre una
pretensión que desea ventilar ante el juez.
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Refirió que mediante la Resolución RDP 037324 del 28 de septiembre de 2017
se le niega el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes al demandante,
acto que fue notificado y frente al cual este no interpuso recurso de apelación,
por lo que se ha configurado a lo largo del proceso una inepta demanda que
no ha sido resuelta.
De otro lado, la parte pasiva manifestó que la sentencia no guarda relación
con lo que fue reclamado en sede administrativa y en la demanda, dado que
si se verifican las pretensiones del libelo, estas estuvieron exclusivamente
encaminadas a obtener la pensión gracia de sobreviviente, y la sentencia
determina estudiar su reliquidación bajo otra perspectiva diferente a la que se
reclamó ante la autoridad y la que se planteó como pedimento en sede judicial.
Recordó sobre la materia que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
es rogada, razón por la cual el fallo debió limitarse a lo que se deprecó en
ambos escenarios por el demandante, que no es otra cosa que la sustitución
de la una pensión gracia otorgada a su causante.
Aunado a lo expuesto planteó que el a quo tomó como documento de prueba
idóneo el certificado de salarios expedido por la Secretaría de Nómina de la
Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico, ello con efectos para
el reconocimiento pensional del libelista, lo cual vale aclarar, nunca fue
allegado en sede administrativa, situación que transgrede flagrantemente la
normativa que regula el asunto. En todo caso, adujo que al validar la
información obrante en el expediente pensional, no se logró determinar el tipo
de vinculación que ostentaba la causante al prestar sus servicios como
decente, ni tampoco se encuentran factores salariales del año inmediatamente
anterior al estatus pensional (1972 a 1973). Asimismo, señaló que no se
encuentra dentro del plenario las correspondientes actas de posesión y
nombramiento de la señora Flor María Llamas de Sierra.
Bajo tal entendido aseveró que en el presente asunto no era procedente el
reconocimiento pensional a favor de la de cuius, pues se advierte que
mediante Resolución 00038 del 14 de enero de 1984, CAJANAL reconoció la
pensión gracia en abierta transgresión de las normas y jurisprudencia que
regulan la prestación, toda vez que ordenó la liquidación del aludido derecho
con la inclusión de los factores salariales percibidos en el último año de
servicios prestados, esto es, 1979 a 1980, lo cual es improcedente, por cuanto
aquella se calcula con base en todos los emolumentos devengados en el
último año de servicios, pero anterior a la adquisición del estatus pensional
que en el presente litigio corresponde de 1972 a 1973.
Finalmente expuso que tampoco es viable la sustitución pensional reclamada,
puesto que no obran dentro del proceso las pruebas que den cuenta de la
efectiva convivencia y dependencia económica del señor Sierra González con
la causante para que el primero pueda ser considerado beneficiario de la
prestación en debate, más aún cuando aquel requiere cumplir con el requisito
del literal a) del artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo
13 de la Ley 797 de 2003 el cual prevé lo siguiente: «el cónyuge o la
compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo
haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte».
Manifestó además que las pruebas obrantes dentro del expediente
administrativo no permiten tener la certeza de que el demandante haya
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convivido con la señora Llamas de Sierra durante los 5 años anteriores al
fallecimiento, y que también hubiese dependido económicamente de ella, pues
tal como lo ha precisado la jurisprudencia «en su sentido natural y obvio,
'depender' significa estar subordinado a una persona o cosa, o necesitar una
persona del auxilio o protección de otra.».
Sostuvo que si bien es cierto la ley no exige como requisito para acceder a la
prestación que el reclamante de la sustitución pensional sea beneficiario de la
causante en el Sistema de Salud, este sí es un elemento de juicio que permite
determinar la dependencia económica, pues la Ley 100 de 1993 como
normativa reguladora de la seguridad social se impone y obliga a las personas
pertenecientes a un mismo grupo familiar, a afiliarse a la misma entidad
promotora de salud, precepto este que se erige como presunción de la
existencia de vinculo de amparo y dependencia de los beneficiarios respecto
del cotizante, circunstancia que se debe verificar para evidenciar el ánimo de
convivencia del pensionado con su pareja y núcleo hogareño, porque dicha
inscripción tiene por objeto proporcionar atención en salud a toda la familia en
conjunto, situación que tampoco se encuentra demostrada en el sub lite.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
Parte demandante (índices 10 y 15 del registro en SAMAI): solicitó que se
confirme la sentencia apelada. Para ello destacó que a folio 22 del plenario se
verifica que el 18 de septiembre de 2017 se presentó petición ante la UGPP
con el fin de solicitarle que emitiera un pronunciamiento sobre el
reconocimiento de la sustitución de la pensión gracia reconocida a su
causante. Señaló que al mismo tiempo, se le informó a dicha entidad del
interrogatorio de un funcionario de aquella autoridad a los testigos que la parte
activa presentó para verificar la convivencia y dependencia económica del
señor Luis Eduardo Sierra González, deponentes que corresponden a los
señores Ana Etelvina Zabala de Rodríguez identificada con cédula de
ciudadanía n.° 22.361.686 de Barranquilla y Alfonso Franco de las Salas con
cédula de ciudadanía n.° 3.680.952 de la misma ciudad, quienes demostraron
que el mentado supuesto ocurrió por más de 65 años.
Añadió que el concepto de violación consiste en que después de 37 años de
haber sido reconocida la pensión a favor de su causante, es inconcebible que
la entidad demandada requiera certificaciones sobre los factores salariales de
los años de 1972 y 1973, pues ello desconoce que el reclamante es una
persona de la tercera edad con 90 años de edad, y que entre las entidades del
Estado, la Ley previó que la carga de la prueba no se le puede trasladar al
particular, sino que entre las autoridades deben articular acciones para obtener
la documental exigida. No obstante, precisó que en los folios 34 y 35 del
expediente se aprecia que el 27 de octubre de 2017 se formularon las
peticiones ante la Secretaría de Educación del Departamento del Atlántico con
el fin de obtener los certificados de los factores salariales devengados por la
señora Llamas de Sierra en los años de 1972 y 1973.
Parte demandada (índice 16 del registro en SAMAI): instó nuevamente que
se revoque la providencia recurrida. Sobre el punto adujo que una vez revisado
el plenario, lo que se discute es determinar si la causante Flor María Llamas
de Sierra recibió una pensión de jubilación gracia, y si esta fue reconocida de
manera ilegal, esto es, si fue concedida en abierta trasgresión de las normas
legales y la línea jurisprudencial que regulan la prestación, no como lo concibió
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el tribunal de origen quien sostuvo que lo que se discute no es el derecho
pensional como tal, sino el reajuste y la sustitución de la prestación.
Por lo anterior afirmó que la UGPP negó la pensión de sobrevivientes a favor
del señor Luis Eduardo Sierra González, por cuanto en el estudio de lo
deprecado se advirtió que mediante Resolución 38 del 14 de enero de 1981,
se reconoció la pensión gracia a la causante con los factores devengados
durante el último año de servicios y no con los factores salariales del año
inmediatamente anterior al estatus pensional (1972 a 1973). Adicionalmente
precisó que no se encuentran acreditadas en debida forma las actas de
posesión y nombramiento de la causante o prueba que permita resolver las
dudas que fueron presentadas para el reconocimiento de la prerrogativa.
Por último indicó que solo pueden alegar su condición de beneficiarios de la
sustitución pensional, quienes comprueben una comunidad de vida estable,
permanente y definitiva con una persona en la que la ayuda mutua y la
solidaridad como pareja sean la base de la relación y permitan que bajo un
mismo techo se consolide un hogar y se busque la singularidad, producto de
la exclusividad que espera y se genera de la pretensión voluntaria de crear
una familia, aspectos que no fueron demostrados en la presente causa judicial.
El Ministerio Público guardó silencio en esta etapa procesal según
constancia visible a folio 305 del cuaderno 2.
CONSIDERACIONES
Competencia
De conformidad con el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Consejo de Estado es
competente para resolver el recurso de apelación interpuesto. De igual forma,
según el artículo 328 del Código General del Proceso, el juez de segunda
instancia debe pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos en el
recurso de apelación, el cual en el presente caso únicamente lo formuló la
entidad demandada.
Cuestión previa
En primer lugar y antes de resolver el fondo de la discusión central en esta
instancia, resulta pertinente realizar las siguientes precisiones sobre los
argumentos de la parte pasiva relacionados con la supuesta configuración de
la excepción de inepta demanda y la incongruencia entre lo definido por el a
quo mediante la sentencia impugnada y lo reclamado tanto en sede
administrativa como judicial por parte del demandante.
De la excepción denominada «inepta demanda»
En primer lugar, se precisa que la referida ineptitud sustantiva de la demanda
ha tenido una evolución interpretativa a lo largo de la actividad judicial en la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior obedece al hecho
de que su declaratoria ha reñido en múltiples ocasiones con el acceso a la
administración de justicia que se materializa en el derecho fundamental a una
tutela judicial efectiva.
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Demandante: Luis Eduardo Sierra González
En principio, la referida excepción se ha concebido como la opción jurídica
válida para que el juez se abstenga de emitir un pronunciamiento de mérito
tendiente a resolver en concreto una situación jurídica en litigio, ello siempre
que se encuentren defectos de origen formal con la suficiente entidad para
afectar las garantías sustanciales propias del proceso, al punto de ser
indispensable inhibirse y de este modo protegerlas. Esto se traduce finalmente
en una falta de definición de la controversia, que por supuesto es indeseable
tanto para las partes como para el propio juez.
Debido a la consecuencia aludida que conlleva declarar este medio exceptivo
en comento, se ha planteado la necesidad de restringir su aplicación al
máximo posible, básicamente a casos totalmente excepcionales que no
encuentren mecanismos diferentes para la subsanación de los yerros
advertidos o para la terminación del proceso con una decisión de fondo sobre
el caso. Acerca de dicho punto, esta Subsección ha fijado una posición
recurrente que confirma el postulado anterior, con el propósito de mantener
indemne el aludido derecho constitucional.
En auto del 21 de abril de 20164 proferido por esta Subsección, recopilado y
traído a colación en sentencia de tutela dictada el 15 de enero de 20185, se
precisó lo siguiente:
«[…] 2.6.- La ineptitud sustantiva de la demanda como excepción de
mérito.
De igual forma, sobre la figura de «ineptitud sustantiva de la demanda» se han
hecho consideraciones puntuales respecto su aplicación y procedencia, las
cuales se citan a continuación:
«De tiempo atrás, en múltiples providencias judiciales al igual que en la que es
objeto de estudio, se ha hecho alusión a la figura de la “ineptitud sustantiva o
sustancial de la demanda” como una excepción previa y/o causal de rechazo
de demanda, incluso de fallos inhibitorios, lo cual -a criterio de esta Sala-
constituye actualmente una imprecisión que debe ser superada.
[…]
De lo anterior se advierte que la denominación “ineptitud sustancial o
sustantiva” ha tomado diferentes formas, sin embargo, técnicamente ha de
señalarse que en la actualidad sólo es viable declarar próspera la que
denomina la ley como “inepta demanda por falta de cualquiera de los requisitos
formales o por la indebida acumulación de pretensiones”, en las cuales
encuadran parte de los supuestos en que se basaba la denominada “ineptitud
sustancial o sustantiva”.
b.- Actual regulación procesal sobre la materia
Como se verá a continuación, en la actualidad existen diversos mecanismos
procesales a efectos de afrontar las diferentes falencias de orden procesal o
sustancial que pueden presentarse en la demanda, a saber.
i- Supuestos que configuran excepciones previas.
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Auto del
21 de abril de 2016. Radicado: 47-001-23-33-000-2013-00171-01 (1416-2014).
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
del 15 de enero de 2018. Radicado: 11001-03-15-000-2017-03032-00(AC).
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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00952-01 (1991-2020)
Demandante: Luis Eduardo Sierra González
En efecto, el ordenamiento jurídico colombiano consagra de manera expresa
la excepción previa denominada “Ineptitud de la demanda”, encaminada
fundamentalmente a que se adecúe la misma a los requisitos de forma que
permitan su análisis en sede judicial, so pena de la terminación anticipada del
proceso. Esta se configura por dos razones:
a) Por falta de los requisitos formales. En este caso prospera la excepción
cuando no se reúnen los requisitos relacionados con el contenido y anexos de
la demanda regulados en los artículos 162, 163, 166 y 167 del CPACA., en
cuanto indican qué debe contener el texto de la misma, cómo se individualizan
las pretensiones y los anexos que se deben allegar con ella (salvo los previstos
en los ordinales 3. y 4. del artículo 166 ib. que tienen una excepción propia
prevista en el ordinal 6. del artículo 100 del CGP).
Pese a ello, hay que advertir que estos requisitos pueden ser subsanados al
momento de la reforma de la demanda (Art. 173 del CPACA en concordancia
con el ordinal 3.del artículo 101 del CGP), o dentro del término de traslado de
la excepción respectiva, al tenor de lo previsto en el parágrafo segundo del
artículo 175 del CPACA y 101 ordinal 1 del CGP.
b) Por indebida acumulación de pretensiones. Esta modalidad surge por la
inobservancia de los presupuestos normativos contenidos en los artículos 138
y 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.»6
En resumen, de conformidad con los parámetros normativos de la Ley 1564 de
2012 (CGP) y el CPACA, la excepción de «ineptitud sustantiva de la demanda»
se configura solamente por (i) la falta de requisitos formales de la demanda o
(ii) la indebida acumulación de pretensiones; en consecuencia, aquellas
falencias procesales diferentes de las antes enunciadas encontraran solución
en otros mecanismos jurídicos (sean estos: otros medios exceptivos o
saneamientos en otras etapas procesales). […]». (Negrilla y subrayado del
texto original).
Como se aprecia, la procedencia, o mejor, la estructuración de la excepción
referida, se centra en una denominación más acorde con su naturaleza
jurídica que es la de la «inepta demanda por falta de cualquiera de los
requisitos formales o por la indebida acumulación de pretensiones». Tal
precepto implica que la viabilidad para declarar lo propio, se sustenta en
condiciones específicas irregulares de la demanda o del proceso como tal,
que si bien son de orden formal, únicamente pueden surtir consecuencias
inhibitorias cuando no hayan sido enmendadas a lo largo de la actuación en
sus respectivas oportunidades, y siempre que su exigencia no constituya un
exceso ritual manifiesto que afecte el derecho de las partes a la tutela judicial
efectiva.
Pues bien, en el sub examine, el fundamento de la entidad demandada para
esgrimir la excepción de inepta demanda, fue estimar que el demandante fue
negligente al no aportar en sede administrativa el certificado de salarios
percibidos por su causante durante el año anterior a la adquisición de su
estatus pensional, así como por no haber interpuesto el recurso de apelación
contra la decisión que le negó la sustitución prestacional, esto es, la
Resolución RDP 037324 del 28 de septiembre de 2017.
6 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Auto del 21 de abril de 2016. Radicado.
47001233300020130017101 (1416-2016).
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Demandante: Luis Eduardo Sierra González
Ahora, frente al primer punto de reparo relacionado con la presunta falta de
diligencia del demandante para aportar las certificaciones salariales
necesarias a fin de determinar el valor de la pensión reclamada, pese a que
la propia UGPP lo requirió para que allegara dicha documentación, la Sala
estima que evidentemente el actuar en sede administrativa de un reclamante
en punto a la entrega o no de pruebas para obtener el derecho pretendido, no
está consagrado como un requisito formal de la demanda con contenido
sustancial, pues no hace parte de las exigencias propias de los artículos 162,
163, 166 y 167 del CPACA.
Es decir, tal como se precisó en la línea jurisprudencial transcrita ut supra, la
ineptitud de la demanda se configura solo por la falta de satisfacción de las
exigencias mínimas para una demanda en forma que están expresamente
definidas por la ley, o bien por una indebida acumulación de pretensiones,
aspectos que frente al supuesto bajo estudio claramente no se acompasan,
pues el criterio alegado por la parte apelante en este escenario es solo una
afirmación relacionada con la alegada negligencia del libelista, aspecto que
no tiene conexidad con los requerimientos para que se haya estructurado
válidamente una demanda, sino con una estimación subjetiva de la conducta
del reclamante, aspecto que solo puede ser valorado eventualmente como un
argumento de fondo contra lo pretendido por la parte activa, pero no como un
mecanismo de defensa previo y de análisis formal.
Ahora bien, en punto a la falta de interposición de los recursos que por ley son
obligatorios contra los actos administrativos demandados, debe tenerse en
cuenta que este es uno de los presupuestos contemplados en el artículo 161
del CPACA como un requisito previo para demandar, no como una exigencia
propia de la demanda en forma, de suerte que no puede contemplarse dicho
argumento bajo la égida de la excepción de inepta demanda, sino con un
medio de defensa independiente que debía haberse interpuesto en su debida
oportunidad para que hubiese sido resuelto en la correspondiente etapa que
no era otra que en la audiencia inicial de que trata el artículo 180 del CPACA.
Al respecto se observa que el recurso que en sede administrativa es de
obligatoria interposición cuando la autoridad haya dado la oportunidad para
tal efecto, es el de apelación conforme al artículo 76, inciso 4.° del CPACA.
En el caso sub examine se advierte que en la Resolución RDP 037324 del 28
de septiembre de 2017 (folios 27 a 31, C1), puntualmente en el artículo
segundo de dicho acto se indicó lo siguiente: «[…] ARTÍCULO SEGUNDO:
Notifíquese a BERNARDO BOLIVAR PINZON, haciéndole (s) saber que en caso de
inconformidad contra la presente providencia, puede (n) interponer por escrito los
recursos de Reposición y/o Apelación ante EL SUBDIRECTOR DE
DETERMINACION DE DERECHOS PENSIONALES. De estos recursos podrán
hacerse uso dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación, manifestando
por escrito las razones de inconformidad, según el C.P.A.C.A. […]».
Como se observa, en efecto la entidad demandada le concedió a la parte
activa la oportunidad de interponer el recurso de apelación contra la decisión
que le negó el derecho reclamado. Ahora, del sustento fáctico de la demanda
y de las pruebas aportadas a la actuación no se advierte que aquel hubiese
impugnado lo propio a través de la respectiva alzada obligatoria, por lo que en
principio se entendería configurada esta situación irregular.
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Demandante: Luis Eduardo Sierra González
Empero, del acta de la audiencia inicial llevada a cabo el 2 de abril de 2019
(folios 202 a 208, C2), se verifica con claridad en el desarrollo de la subetapa
de decisión de excepciones previas lo siguiente:
«[…] Proseguimos entonces con la segunda etapa que está relacionada con las
excepciones previas.
• EXCEPCIONES PREVIAS (artículo 180 numeral 6)
Se solicita a la auxiliar le dé lectura la anterior norma.
".. El Juez o magistrado Ponente, de oficio o a petición de parte, resolverá sobre las
excepciones previas y las de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación, falta
de legitimación en la causa y prescripción extintiva. (...)"
Se precisa que la parte demandada contestó la demanda en forma extemporánea. Al
no haber excepciones que resolver, se procede con la siguiente etapa. […]». (Líneas
intencionales).
Por lo expuesto, es evidente que la UGPP contestó por fuera de término la
demanda, lo cual conlleva unas consecuencias procesales adversas como lo
es la pérdida de la oportunidad de proponer excepciones como la de falta de
interposición de los recursos que por ley son obligatorios.
En tal sentido, debido a la falta de proposición efectiva de esta clase de
medios de defensa, que como se reitera, es independiente al de inepta
demanda, se torna inviable que en este punto del proceso tenga que valorarse
como excepción el argumento bajo estudio.
Se destaca que lo propio no es justificable en este momento procesal en el
que debe resolverse la apelación contra el fallo de primera instancia en una
actuación que fue promovida desde el 11 de octubre de 2018 (ver folio 1, C1)
y que lleva alrededor de 4 años pendiente de definición jurídica debido a la
notoria congestión judicial, esto por cuanto en esa medida sería necesario
emitir un pronunciamiento inhibitorio por una formalidad que si bien está
contemplada como un requisito previo a la interposición de un medio de
control, tiene que someterse a la prelación de garantías constitucionales
superiores.
Específicamente, son de mayor prevalencia el acceso a la administración de
justicia, la tutela judicial efectiva en orden de resolver las cuestiones del litigio
conforme a derecho y con preferencia del ordenamiento sustancial sobre el
formal, ello en clara concordancia con la prohibición jurisprudencial del exceso
ritual manifiesto en casos en los que atender irrestrictamente los preceptos
adjetivos de una actuación, pueden transgredir derechos de más protección y
entidad como son los relacionados con la necesaria obtención de un fallo de
fondo ajustado a la legalidad, más aún en el caso de un demandante que
conforme a sus alegatos de conclusión es una persona de más de 90 años,
es decir, un adulto mayor a quien el ordenamiento superior le concibe un
tratamiento diferencial positivo para mantener un amparo jurídico reforzado.
De las facultades extra y ultra petita en el marco de la Jurisdicción
de lo Contencioso Administrativo
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Demandante: Luis Eduardo Sierra González
En este punto es necesario recordar que la parte demandada alega que el a
quo se extralimitó en su fallo al haber ordenado a la UGPP reconocer una
pensión gracia de sobrevivientes a favor del libelista con base en el certificado
de salarios emitido por la Secretaría de Educación del Atlántico el 22 de julio
de 2017 respecto del último año de servicios previo a la adquisición del estatus
pensional de la causante de aquel, ello a pesar de que el litigio solo se centró
en la sustitución de una prestación sin ningún tipo de reajuste sobre su cálculo.
En concreto, al observar la demanda presentada por el libelista, se encuentra
que las pretensiones condenatorias de restablecimiento del derecho se
circunscribieron específicamente en lo siguiente (ver folio 8, C1):
«[…] PRETENSIONES Y CONDENAS
1.0 Que se ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP., a dar cumplimiento a lo dispuesto y/o ordenado en la Resolución No. 00038
de enero 14 de 1981, donde se le reconoció la pensión de Jubilación Gracia a la
docente FLOR MARÍA LLAMAS DE SIERRA (qepd), y que a partir del 1 de marzo de
2017, se le reconozca la sustitución pensional al beneficiario señor LUIS EDUARDO
SIERRA GONZÁLEZ en calidad de cónyuge por reunir los requisitos de ley.
2. Que se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCAL DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP., a reconocer y pagar a favor del beneficiario LUIS EDUARDO SIERRA
GONZÁLEZ la pensión de jubilación Gracia a partir del 1 de marzo de 2017 en la
suma de $ 2.490.447.52 Dos millones cuatrocientos noventa mil cuatrocientos
cuarenta y siete pesos con 52 Centavos, con la sanción moratoria y/o los intereses
de mora y la indexación hasta el cumplimiento de la obligación.
3. Que se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCAL DE LA PROTECCIÓN SOCIAL
UGPP., al pago de las costas, agencias y cualquier otro derecho ultra y extra petita
que ocasionen el juicio de esta demanda.
4. Le solicito al señor Magistrado, se dé aplicación a la sanción de los 10 SMLDV que
impone la Ley 717 de 2001 en su Artículo 9° a la UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCAL DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL UGPP., por cuanto a la fecha los daños son imputables al
operador público que ha negado la sustitución pensional. […]». (Líneas de la Sala).
A partir del extracto transcrito, es totalmente visible la intención clara y puntual
de la parte activa de obtener la sustitución de la pensión gracia que en vida
percibía su causante, la señora Flor María Llamas de Sierra. Si bien en un
apartado de las declaraciones el demandante pide tener en cuenta que: «[…]
en la Resolución No. 00038 del 14 de enero de 1981 de CAJANAL se comprueba los
siguientes errores por falta de inclusión de los factores salariales realmente
devengados: Prima legal del año de 1980 correspondiente a la suma de $ 8.200.00,
el subsidio de vivienda y la prima conyugal discriminada de cada año. […]», lo cierto
es que en ningún momento aquel demandó dicho acto administrativo ni orientó
el medio de control a cuestionar la legalidad de dicha decisión, toda vez que
el enfoque de sus pedimentos fueron los relativos a la anulación del acto que
le negó la mentada sustitución pensional, ello sin precisar nada adicional sobre
el reajuste o revisión de la forma en que fue reconocida en su momento la
prerrogativa a favor de la de cuius.
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Demandante: Luis Eduardo Sierra González
Precisamente, bajo este entendido fue fijado el litigo y formulado el problema
jurídico a resolver en primer instancia, tal como lo indicó el a quo en la
audiencia inicial, así: «[…] Pues bien, conforme a los hechos narrados en la
demanda, así como las pruebas arribadas al expediente hasta este momento,
considera el despacho que la fijación del litigio se contrae a establecer y/o determinar
lo siguiente:
FIJACIÓN DEL LITIGIO
Establecer si resulta procedente el reconocimiento y pago de una pensión de
sobreviviente a favor del demandante Luis Eduardo Sierra González, en su
condición de cónyuge supérstite de la señora Flor María Llamas Sierra, en
aplicación del Régimen General de Seguridad Social en Pensiones, previsto en
la Ley 100 de 1993. […]» (Ver folio 205. Negrilla del texto original).
Dicha fijación del litigio fue aceptada sin reparo por ambas partes, razón por la
cual el marco jurídico decisorio en cuanto a la condena a título de
restablecimiento del derecho, se limitó por la misma parte activa a lo
expresamente deprecado, que se concreta en la sustitución de una pensión
gracia, no en su reliquidación con inclusión de nuevos factores o con otros
períodos. Ello se justifica en mayor medida al observar de la petición que dio
origen al acto demandado, (ver folios 22 a 23, C1), que lo solicitado en sede
administrativa ante la UGPP fue solo el reemplazo como titular de la
prerrogativa tal y como había sido disfrutada por la esposa del libelista, esto
sin manifestación de oposición respecto de la determinación del monto a
pagar.
Sobre el punto se destaca que no es viable para el juez asumir una
interpretación extensiva y favorable sobre los pedimentos del demandante
cuando estos son explícitos, pues al no existir duda en cuanto a lo instado, ir
más allá implicaría aceptar una postura que en principio se avizoraría
vulneratoria del debido proceso y el derecho de defensa, al no estar el presente
caso en las excepciones previstas normativamente para aplicar las referidas
facultades ultra y extra petita.
Sobre el particular, debe tenerse en cuenta que una de las bases adjetivas que
circunscriben las actuaciones judiciales ante la presente jurisdicción, es que el
proceso se desarrolla de manera general bajo la égida de la justicia rogada y
excepcionalmente de oficio cuando la misma ley lo permite o en situaciones
puntuales de abierta vulneración de garantías constitucionales que ameritan
una protección inmediata en razón de su prevalencia.
Lo anterior cobra sentido en tanto los medios de control previstos para verificar
la juridicidad de las diversas manifestaciones de la administración, deben
promoverse y desenvolverse bajo los criterios y presupuestos fácticos y
jurídicos que determine la parte afectada, sin que sea del caso fijar
circunstancias más gravosas para el Estado, en tanto se presume ante todo la
buena fe y diligencia de sus decisiones en virtud del principio de legalidad.
Lo anterior se traduce en que quien alega la vulneración de sus derechos por
parte de los agentes estatales y pretende el consecuente restablecimiento de
éstos, en efecto debe instar lo propio con total precisión, claridad y completitud.
Estos planteamientos tienen un respaldo constitucional en virtud del principio
del debido proceso y el derivado derecho de defensa y contradicción, habida
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cuenta de que no es dable sorprender a la parte demandada con decisiones
que afecten sus intereses cuando aquello no fue objeto de debate en la
definición propia del litigio ni ante su propia sede administrativa. Lo antedicho
se acompasa entonces con el principio procesal de la congruencia contenido
en el artículo 281 del CGP, que se predica como fundamento para que exista
coherencia entre lo pretendido con la demanda, lo discutido y probado en la
causa judicial y lo que debe resolver la autoridad judicial conforme a los límites
que tales extremos determinen. Al respecto la norma ejusdem prevé lo
siguiente:
«Artículo 281. Congruencias. La sentencia deberá estar en consonancia con
los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás
oportunidades que este código contempla y con las excepciones que
aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.
No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto
del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.
Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá
solamente lo último.
En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del
derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse
propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado
por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley
permita considerarlo de oficio.
PARÁGRAFO 1o. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y
extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la
pareja, al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o
de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole.
PARÁGRAFO 2o. En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley
sustancial teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es
conseguir la plena realización de la justicia en el campo en consonancia de los
fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la
protección del más débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción
agraria.
En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de
pobreza, el juez de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir
sobre lo controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre
que esté relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado
para reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o
ultrapetita, siempre que los hechos que los originan y sustenten estén
debidamente controvertidos y probados.
En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que
el derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos,
de los resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes
de comunidades civiles indígenas.»
Ahora, precisamente como se observa ut supra, la excepción a la regla en
comento se contempla legalmente, pues se han previsto las facultades ultra y
extra petita, las cuales implican que el juez podría fallar más allá o por fuera
de lo deprecado respectivamente. Tales potestades tienen sentido en asuntos
concretos y determinados como se enuncian en dicha norma, no obstante, en
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materia laboral el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad
Social también consagra aquella posibilidad pues indica lo siguiente:
«ARTICULO 50. EXTRA Y ULTRA PETITA. El Juez podrá ordenar el pago de
salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los
hechos que los originen hayan sido discutidos en el proceso y estén
debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las
demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores
a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que
no hayan sido pagadas.»
Puntualmente para casos en los que se han evidenciado sentencias con
decisiones por fuera de lo pretendido, esta Subsección ha fijado una posición
restrictiva sobre su uso, en orden de garantizar el principio de congruencia
como fundamento esencial de protección del debido proceso en el contexto de
esta jurisdicción. Frente a este punto en sentencia del 7 de octubre de 2019 7
se precisó que:
«Le asiste razón a la entidad demandada al afirmar que el fallo de primera
instancia es incongruente porque (i) lo solicitado en vía gubernativa (ii) las
pretensiones de la demanda (iii) los argumentos del concepto de violación y (iv)
la defensa de la entidad demandada, no corresponden con lo que se decidió,
esto es, el reconocimiento y pago de horas extras En otros términos, nos
encontramos ante la presencia de una sentencia extra petita, que si bien en
materia laboral es procedente, dado que el juez puede pronunciarse sobre el
pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, con
fundamento en el artículo 50 del Código Procesal del Trabajo; lo cierto, es que
el ejercicio de dicha facultad procede siempre y cuando los hechos que los
originen hayan sido discutidos en el proceso y estén debidamente probados,
circunstancia que no ocurrió en el sub judice, como se evidenció. En conclusión
y toda vez que en la providencia apelada se concedió un derecho que no fue
reclamado en la vía judicial, la Sala de Subsección está de acuerdo en afirmar
que vulneró los derechos al debido proceso, audiencia y defensa de la E.S.E.
Hospital Universitario San Jorge de Pereira.»
Del mismo modo, en providencia del 30 de mayo de 20198 se manifestó sobre
el particular lo que se transcribe a continuación:
«Se evidencia que el Tribunal accionado, al confirmar la sentencia de primera
instancia, se pronunció sobre un aspecto que no fue solicitado por el
demandante y con ello hizo más gravosa su situación y transgredió el principio
de congruencia al fallar de forma extra petita. Efectivamente, la corporación
judicial decidió estudiar la forma en que debía fijarse la prima de antigüedad y
llegó a la conclusión de que la misma no debía concretarse sobre un 38.5 %
del 100 % de la asignación básica, sino sobre el 38.5% del 58.5 % de aquella.
Sobre el particular, se recuerda que el artículo 281 del Código General del
Proceso, aplicable al presente asunto por remisión expresa del artículo 306 de
la Ley 1437 de 2011, dispuso que las sentencias deben ser consonantes con
los hechos y pretensiones de la demanda, con las demás oportunidades
previstas en el Código y con las excepciones probadas. Así mismo, señaló que
el demandado no puede condenarse por objeto distinto al pretendido en la
demanda ni por una causa distinta. En esa línea de pensamiento, se precisa
que las sentencias judiciales deben ser congruentes con lo solicitado y
7 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia
del 7 de octubre de 2019. Radicado: 66001-23-31-000-2012-00065-01 (3706-14).
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia
del 30 de mayo de 2019. Radicado: 11001-03-15-000-2019-01946-00 (AC).
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Demandante: Luis Eduardo Sierra González
discutido en el proceso, lo cual constituye una garantía del debido proceso y
del derecho de defensa. Sin embargo, en el caso bajo estudio el Tribunal
Administrativo de Casanare transgredió este principio al ir más allá de lo
solicitado en la demanda. Ciertamente, la labor de la corporación judicial se
limitaba a examinar si el [actor] demostró la ilegalidad del acto administrativo
demandado, pero no podía hacer más gravosa su situación y afectar los
porcentajes que ya le había reconocido la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares.»
Como se observa a partir de los extractos jurisprudenciales transcritos, no es
dable proferir decisiones respecto de asuntos no discutidos en vía
administrativa y mucho menos cuando tampoco fueron planteados en la
demanda al punto de haberse incluido en el litigio con opción de
pronunciamiento por parte de la demandada.
Ahora, en el caso concreto se observa que el demandante no planteó ni solicitó
la nulidad de la Resolución 00038 del 14 de enero de 1981, razón por la cual
evidentemente tampoco deprecó que fuera revisada la forma de liquidación de
la prerrogativa con inclusión de otros factores o con variación del período
inicialmente tenido en cuenta al momento de conceder el derecho a favor de
la señora Llamas de Sierra. En realidad, todo el presente debate judicial se
centra en la sustitución de ese beneficio económico reconocido a la causante
con motivo de su muerte, es decir, en ningún momento se pone en discusión
su consolidación ni liquidación respecto de la situación que le había sido
creada a la de cuius.
De igual manera se observa que no hubo indicación o inferencia a lo largo del
proceso que diera a entender que están en riesgo de vulneración algunos
derechos fundamentales del libelista que requiriera protección inmediata en el
caso de no verificar el reajuste de la pensión gracia, pues en esencia se debe
determinar en primer lugar si aquel es titular de la sustitución de dicho
emolumento.
Por esta misma razón no hallan eco favorable los argumentos de la entidad
apelante relacionados con la supuesta ilegalidad en el reconocimiento del
derecho en litigio a favor de la causante, bajo el entendido de que no obran
pruebas sobre la calidad de vinculación de la docente, sus actas de posesión
o nombramientos y la falta de claridad de factores que fueron incluidos en su
momento cuando se expidió la Resolución 00038 del 14 de enero de 1981, ello
por cuanto esta causa judicial fue promovida por el señor Sierra González a
fin de obtener la sustitución de esa prerrogativa, no por la propia UGPP en la
modalidad de lesividad para discutir la legalidad de su propio acto, más aún
cuando la referida manifestación administrativa, se reitera, no fue demandada
y por lo tanto no es objeto de control judicial.
Por ello es inviable generar en el sub iudice discusiones jurídicas en torno a la
consolidación y determinación de la pensión gracia a favor de la de cuius, pues
no son de resorte de la contienda como fue planteada y aceptada por las
partes, más aún cuando lo propio no fue debatido en sede administrativa y se
configura por lo tanto en elementos fácticos ajenos al derecho en tensión que
es diferente y corresponde exclusivamente a la sustitución de esa prerrogativa,
no a su estructuración en cabeza de la entonces docente.
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En suma, efectivamente no resultaba procedente condenar a la UGPP de
manera oficiosa y en aplicación de facultades ultra o extra petita, a la
reliquidación de la pensión gracia otorgada en vida a la señora Llamas de
Sierra, puesto que tal potestad resulta ser excepcional a la preponderancia
del principio de congruencia y debido proceso que se predica de las
sentencias dictadas en el marco de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo, sin embargo, en el caso particular, dicha excepción no se
configura, por lo que tiene vocación de prosperidad el argumento impugnativo
de la parte pasiva en lo referente a la orden de primera instancia tendiente a
recalcular la prerrogativa con base en un nuevo certificado de salarios y por
otro período diferente.
Ahora bien, en todo caso resulta necesario abordar el fondo del asunto para
determinar la procedencia del derecho en litigio, esto es, la sustitución de la
pensión gracia a favor del cónyuge de la señora Llamas de Sierra.
Problema jurídico
En ese orden, el problema jurídico a resolver en esta instancia se circunscribe
a los motivos de impugnación de la parte apelante, los cuales se resumen en
la siguiente pregunta:
¿El señor Luis Eduardo Sierra González cumple con los requisitos previstos
en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley
797 de 2003, para ser beneficiario de la sustitución de la pensión gracia con
ocasión del deceso su cónyuge, la señora Flor María Llamas de Sierra?
Al respecto, la Subsección sostendrá la siguiente tesis: debido a las
características propias de la pensión gracia instada por el demandante para
su sustitución, resulta aplicable a su caso la sentencia de unificación SUJ-029-
CE-S2 dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado el 11 de agosto
de 2022. En ese sentido, el señor Luis Eduardo Sierra González, en su calidad
de cónyuge supérstite, acreditó los requisitos del artículo 47 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003, para ser beneficiario
de la prestación que en vida devengaba la causante, Flor María Llamas de
Sierra, conforme pasa a explicarse:
Acerca de la sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2 del 11 de
agosto de 2022 y su aplicación en el presente caso
Al respecto, se resalta que la sentencia SUJ-029-CE-S2 del 11 de agosto de
2022 fue dictada por la Sección Segunda del Consejo de Estado, con el fin de
fijar las reglas jurisprudenciales de interpretación para la resolución judicial y
administrativa de asuntos como el analizado en dicha providencia y el que es
objeto de examen en esta oportunidad, correspondiente a la acreditación del
requisito de convivencia por parte del beneficiario que, en calidad de cónyuge
o compañero permanente, reclame la sustitución de la pensión gracia del
docente fallecido.
En punto a los efectos de esta decisión, es válido anotar que la misma
sentencia los contempló de manera retrospectiva según el ordinal segundo de
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su parte resolutiva9, ello a fin de que estos se extendieran a todas las
situaciones pendientes de definición jurídica que no hayan sido objeto de
consolidación del fenómeno de cosa juzgada, por lo que claramente su
estudio y sometimiento para resolver el asunto sub lite es pertinente y
necesario, puesto que el proceso de la referencia se encuentra pendiente de
definición judicial en segunda instancia y se ajusta a los criterios temáticos de
dicha providencia.
Ahora, la sentencia unificadora aludida abordó el estudio sobre las normas
que regulan la sustitución de la pensión gracia, las cuales hacen referencia a
las vigentes para la fecha del fallecimiento del pensionado o del docente, bajo
la aclaración de que cuando se presenta el deceso del trabajador que tenía
un derecho consolidado se está en el campo de la sustitución pensional,
mientras que cuando quien muere es el afiliado se habla de pensión de
sobrevivientes.
En ese orden, se destaca que en lo relativo a las precisiones efectuadas en el
proveído en mención frente al marco normativo que gobierna a los casos como
el particular, se partió de la premisa general según la cual la norma aplicable
es la contenida en el Sistema General de Pensiones, siempre que esta se
encontrare vigente a la fecha del fallecimiento de causante, conforme se
señaló:
«[…] 105. En el marco de unificación en el que se elabora el presente estudio,
corresponde a la Sala definir si en el caso de la pensión gracia la norma aplicable
para el requisito de convivencia de los beneficiarios de la sustitución pensional y
pensión de sobrevivientes son las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, que exigen
5 años de convivencia del cónyuge supérstite o compañero permanente con el
causante; o la Ley 71 de 1988, reglamentada por el Decreto 1160 de 1989, que
en el caso del cónyuge supérstite solo exige el vínculo matrimonial y que al
momento del deceso hiciere vida en común con el causante; y para el compañero
permanente requería que hubiere hecho vida marital con el docente durante el año
inmediatamente anterior al fallecimiento.
[…]
107. En este punto es pertinente destacar que el artículo 279 de la Ley 100 de
1993, también exceptuaba a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Posteriormente, el artículo 81 de la Ley 812 de 2003
dispuso que los docentes vinculados después de su entrada en vigencia tendrán
“los derechos pensionales del régimen pensional de prima media establecido en
las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003”. Y, para los vinculados antes “gozan del
mismo régimen de pensión ordinaria de jubilación para los servidores públicos del
orden nacional previsto en la Ley 33 de 1985”10. Entonces tal como lo ha dicho la
jurisprudencia de esta Corporación los docentes en materia pensional gozan de
una pensión que no es especial, sino que dependiendo de la fecha de vinculación
se rige por las normas para la pensión ordinaria de jubilación anteriores o las del
SGSSP.
9 El cual reza lo siguiente: «[…] Segundo: Advertir a la comunidad en general que las consideraciones
expuestas en esta providencia en relación con los temas objeto de unificación, constituyen precedente
obligatorio en los términos del artículo 10 de la Ley 1437 de 2011, para todos los casos en discusión
tanto en vía administrativa como judicial, toda vez que los efectos de la presente sentencia de unificación
son retrospectivos, en atención a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. […]». (Negrilla del
texto original).
10 Sentencia de unificación SUJ-014-CE-S2-19 del 25 de abril de 2019, proceso con radicado 68001-
23-33-000-2015-00569-01(0935-17).
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108. Ahora bien, retomando el carácter especial de la pensión gracia se tiene que,
en todo caso, la referida característica no excluye la procedencia de la sustitución
pensional conforme las previsiones generales vigentes para la fecha de
fallecimiento del docente. No obstante, en este punto se resalta que como la
pensión gracia no requiere aportes ni afiliación a la Caja Nacional de Previsión
Social, la aplicación de las normas generales procederá en tanto sean compatibles
con aquella.
109. La remisión a las normas generales consta en el Acto Legislativo 01 de 2005,
el cual constitucionalizó que: “Los requisitos y beneficios para adquirir el derecho
a una pensión de invalidez o de sobrevivencia serán los establecidos por las leyes
del Sistema General de Pensiones". Por ello, la Corte Constitucional consideró que
“Esta regla constitucional impide la aplicación ultractiva de regímenes de
pensiones de sobrevivientes anteriores a la Ley 100 de 1993”. En consecuencia,
para el caso de la pensión gracia, en materia de sustitución pensional es
improcedente aplicar la Ley 71 de 1988, reglamentada por el Decreto 1160 de
1989, por ser normas anteriores a la Ley 100 de 1993. Sin perjuicio de la protección
de los derechos adquiridos o situaciones consolidadas bajo su vigencia.
[…]
122. De esta forma, la aplicación de la Ley 100 de 1993 en materia de pensión
gracia sobre la convivencia para los beneficiarios del docente que laboró 20 años
de servicio, se explica en tanto como norma general complementa una pensión
especial; pero, a la luz de los principios de razonabilidad y proporcionalidad no
puede conllevar a que también proceda el reconocimiento de la pensión gracia de
sobrevivientes con 50 semanas de cotización, porque la vocación de sustituibilidad
de una pensión creada como especial y transitoria no puede llevar a perpetuar una
regulación de un tiempo pretérito (1913), creada para compensar salarialmente a
los maestros de primaria de las regiones apartadas. […]». (Negritas del texto).
En igual sentido, a lo largo de este proveído el Consejo de Estado indicó que
el Acto Legislativo 01 de 2005 introdujo a nuestro ordenamiento nuevos
criterios como el de la equidad y la sostenibilidad financiera del sistema de
seguridad social, por cuanto este dispone de recursos limitados que debían
ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población.
Puntualmente respecto a la pensión de sobrevivientes, la referida adición
normativa trazó que para su reconocimiento debía remitirse a las leyes del
Sistema General de Pensiones (Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797
de 2003), que son las que contienen los requisitos para lo propio; ello bajo la
regla general según la cual, la norma que gobierna la situación pensional es la
vigente para la fecha del deceso del causante.
Lo anterior, precisamente con el propósito de fortalecer el sistema pensional,
tal como fue invocado por la sentencia unificadora, al sostener textualmente
que: «el requisito de convivencia de 5 años en materia de pensión de sobrevivientes
responde a las necesidades de robustecer el sistema pensional, blindándolo de
fraudes pensionales que lo desfinancian, con matrimonios o convivencias de último
minuto, a las que se refieren las sentencias C-1176 de 2001 y SU 149 de 2021». Sin
perderse de vista que la finalidad de la sustitución pensional y de la pensión
de sobrevivientes, en el marco de las referidas disposiciones normativas, es
que la pareja del trabajador o pensionado hubiese tenido un proyecto de vida
con permanencia, solidaridad y apoyo mutuo.
En suma, se colige que la circunstancia de muerte del docente o del
pensionado habilita a los beneficiarios para reclamar la sustitución de la
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pensión gracia, pues esta resulta sustituible conforme a las reglas generales
en materia pensional, lo que fuerza a remitirse a los preceptos vigentes para
la fecha del deceso. Entendimiento anterior el cual excluye la aplicación de la
Ley 71 de 1988 y el artículo 7.º del Decreto 1160 de 1989, si el fallecimiento
ocurre en vigencia de la Ley 100 de 1993.
Bajo los términos expuestos en la sentencia unificadora del 11 de agosto de
2022, es dable concluir frente a la sustitución pensional o pensión de
sobrevivientes de la pensión gracia que:
i) La norma aplicable es la vigente para la fecha del deceso del maestro
o del docente pensionado.
ii) Los requisitos de los beneficiarios en su calidad de cónyuge o
compañero o compañera permanente son los previstos en el artículo 47
de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de
2003, que exige la acreditación de no menos de 5 años de convivencia,
siempre que sean las normas vigentes para la fecha del fallecimiento
del causante.
iii) La aplicación del Sistema General de pensiones no habilita a reconocer
la prestación con fundamento en el numeral 2.º del artículo 46 de la Ley
100 de 1993 modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 200311, esto
es, a la luz de la acreditación de 50 semanas de cotización, sino
únicamente en cumplimiento de 20 años de servicios, al tratarse de una
pensión de carácter especial.
Ahora, la Sala encuentra que mediante Resolución 00038 del 14 de enero de
1981 (folios 53 a 57, C1), la extinta Cajanal (hoy UGPP) reconoció una pensión
gracia a favor de la señora Flor María Llamas de Sierra; prestación que en
ejercicio del presente medio de control, es reclamada por la parte activa para
que le sea sustituida en su alegada condición de cónyuge supérstite.
Por su parte, la inconformidad de la autoridad demandada en cuanto al fondo
del asunto, se centra en la no acreditación por parte del señor Sierra González
del requisito de convivencia exigido por el artículo 47 de la Ley 100 de 1993
para acceder a la sustitución pensional, así como de la dependencia
económica que debió existir entre el reclamante y la docente fallecida, por lo
que en su recurso de alzada solicitó que se revocara la sentencia impugnada,
y en su lugar, denegar los pedimentos de la demanda.
Bajo las condiciones en cita, es diáfano que para definir la presente
controversia se debe acudir a la regla jurisprudencial anunciada en
precedencia, contenida en la sentencia de unificación SUJ-029-CE-S2 del 11
de agosto de 2022 de esta Sección Segunda, en lo que respecta al
cumplimiento del requisito de convivencia durante no menos de cinco años
continuos con anterioridad al fallecimiento del pensionado.
Régimen legal de la sustitución pensional
Conforme al artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un
servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección, coordinación y
11 “Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere
cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”.
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control del Estado, con observancia de los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad, en los términos que determine la ley.
A través de la Ley 100 de 1993, el legislador organizó el Sistema de Seguridad
Social Integral, en lo que tiene que ver con el régimen de pensiones, su
objetivo fue garantizar a la población el amparo contra las eventualidades
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de
las pensiones y prestaciones que se determinan en la citada ley.
Así pues, con la finalidad de atender la contingencia derivada de la muerte, el
legislador previó la denominada pensión de sobrevivientes y sustitución
pensional, como una prestación dirigida a suplir la ausencia repentina del
apoyo económico que brindaba el afiliado al grupo familiar y, por ende, evitar
que su deceso se traduzca en un cambio sustancial de las condiciones
mínimas de subsistencia de las personas beneficiarias de dicha prestación. Es
decir, que su reconocimiento se fundamenta en normas de carácter público y
constituye un desarrollo del principio de solidaridad.
Al respecto, la Corte Constitucional en sentencia C-1094 de 2003, manifestó:
«[…] Por su parte, el legislador ha dispuesto que el sistema general de pensiones
tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las
pensiones y prestaciones que se determinan en ley, así como propender por la
ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con
un sistema de pensiones.
La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir atendiendo
sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación social y
económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha fallecido.
Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de prelación, las
personas más cercanas y que más dependían del causante y compartía con él su
vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades. […]» (Se subraya).
En este punto es relevante aclarar que, si bien ambas figuras tienen la misma
finalidad, la sustitución pensional es aquella prestación que se le otorga al
núcleo familiar de un pensionado que fallece o del afiliado que cumple con los
requisitos legalmente exigibles para pensionarse y fallece; en cambio la
pensión de sobrevivientes es aquella prestación que se le otorga al núcleo
familiar del afiliado no pensionado, que muere sin cumplir con los requisitos
mínimos para obtener la pensión12.
De acuerdo con lo anterior, lo aquí debatido es el derecho a la sustitución
pensional, debido a que la causante al momento de su fallecimiento (21 de
febrero de 2017) ya percibía una pensión gracia, pues aquella le había sido
otorgada con efectividad desde el 20 de noviembre de 1973.
Beneficiarios de la sustitución pensional
12 Sentencia T-564 de 2015. Sentencia del 3 de septiembre de 2015. Referencia expediente T-4.919.041.
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En cuanto a la normativa que prevé la sustitución pensional, esta Subsección
en diferentes oportunidades13, así como en la sentencia de unificación SUJ-
029-CE-S2 del 11 de agosto de 2022, ha considerado que las disposiciones
aplicables son aquellas vigentes al momento del fallecimiento del causante.
En este sentido, en razón a que el deceso de la señora Flor María Llamas de
Sierra (causante de la pensión en controversia) se produjo el 21 de febrero de
201714, resulta evidente que frente a la sustitución pensional, estaba vigente
la Ley 100 de 1993 que en lo pertinente fue modificada por la Ley 797 de 2003
y preceptúa:
«[…] Artículo 47. Beneficiarios de la Pensión de Sobrevivientes. Son beneficiarios
de la pensión de sobrevivientes:
a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o
supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del
causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de
sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o
compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida
marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no
menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; […]».
(Resaltado del texto).
Conforme a la normativa en cita, se observa que para que el compañero
permanente o cónyuge supérstite sea beneficiario de la sustitución pensional,
se debe probar, en este caso, que el aquí demandante hizo vida marital con la
causante hasta la fecha de su deceso no menos de cinco años continuos con
anterioridad a su muerte.
El aparte subrayado de la norma citada fue declarado exequible por la Corte
Constitucional, que en sentencia C-1094 de 200315 consideró:
«[…] La pensión de sobrevivientes constituye entonces uno de los mecanismos
instituidos por el legislador para la consecución del objetivo de la seguridad social
antes mencionado. La finalidad esencial de esta prestación social es la protección
de la familia como núcleo fundamental de la sociedad, de tal suerte que las
personas que dependían económicamente del causante puedan seguir
atendiendo sus necesidades de subsistencia, sin que vean alterada la situación
social y económica con que contaban en vida del pensionado o afiliado que ha
fallecido. Por ello, la ley prevé que, en aplicación de un determinado orden de
prelación, las personas más cercanas y que más dependían del causante y
compartía con él su vida, reciban una pensión para satisfacer sus necesidades.
[…]
En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la
norma persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la
pensión de sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del
sistema. En primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija
para el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de
disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora
con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de
sobrevivientes. […]». (Negrilla del texto).
13 Ver, entre otras, sentencias del 10 de noviembre de 2005. Exp. 3496-04; y del 2 de octubre de 2008.
Exp. 2638-2014.
14 Acorde con el registro civil de defunción obrante en CD contentivo del expediente administrativo visible
a folio 217, C2 .
15 Sentencia del 19 de noviembre de 2003. Referencia: expediente D-4659.
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En este orden de ideas, se observa que la exigencia de ese requisito no es
otra cosa que evitar que con base en vínculos adquiridos a último momento y
convivencia que no tenga el carácter de permanencia, se origine el derecho a
sustituir, en forma vitalicia, una prestación.
Ahora bien, en lo que respecta a la convivencia y lo que se ha entendido como
tal, esta Subsección16 ha sostenido:
«[…] La “convivencia” entendida no solamente como "habitar juntamente" y "vivir
en compañía de otro" sino como acompañamiento espiritual y moral permanente,
auxilio, apoyo económico y vida en común es el cimiento del concepto de familia.
Núcleo básico de la sociedad que, como ya se indicó, es el objeto principal de
protección de la sustitución pensional.
Es necesario precisar que la voluntad de conformar hogar y mantener una
comunidad de vida, son elementos distintivos y esenciales del grupo familiar, los
cuales, en criterio reciente y reiterado de la Corte Suprema de Justicia17, no se
pueden desvirtuar por la “separación”, cuando esta eventualidad se impone por la
fuerza de las circunstancias:
“El grupo familiar lo constituyen aquellas personas entre las que se establecen
lazos afectivos estables que deben trascender el plano de un mero
acompañamiento emocional y social, y alcanzar el nivel de un proyecto común de
vida; es esencial a la familia el prestarse ayuda mutua, que no es cualquier
clase de apoyo sino la que se encamina a realizar el propósito familiar
común.
De esta manera el acompañamiento espiritual y material ha de estar referido
a lo que la jurisprudencia ha reiterado: una verdadera vocación de constituir
una familia.
En sentencia de 8 de septiembre de 2009, rad. N° 36448, precisó la Corporación:
‘En el diseño legislativo de la pensión de sobrevivientes tal como fue concebida
en la Ley 100 de 1993, la convivencia ha estado presente como condición esencial
para que el cónyuge o la compañera o compañero permanente accedan a esa
prestación.
‘Este ha sido también el criterio reiterado de la jurisprudencia de la Corte,
que ha visto en la convivencia entendida como acompañamiento espiritual
permanente, apoyo económico y con vida en común que se satisface
cuando se comparten los recursos que se tienen, con vida en común o aún
en la separación cuando así se impone por fuerza de las circunstancias, ora
por limitación de medios, ora por oportunidades laborales, el cimiento del
concepto de familia en la seguridad social y requisito indispensable para que la
cónyuge o la compañera o compañero permanente puedan tener la condición de
miembros del grupo familiar, y vocación para ser beneficiarios de la prestación por
muerte del afiliado o pensionado.
‘Lo anterior significa que en principio para que haya convivencia se exige
vida en común de la pareja, y que no se desvirtúa el concepto de familia en
la separación siempre que ésta obedezca a una causa razonable que la
justifique, porque de lo contrario lo que no existiría es esa voluntad de
conformar un hogar y tener una comunidad de vida’”(resaltado y subrayas
16 Cita de cita. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de
2012. Radicación número: 25000-23-25-000-2010-00860-01 (2475-11).
17 Sentencia de Casación Laboral de 27 de abril de 2010, proceso No. 38113, Demandante: Beatriz
Elena Aristizábal Vallejo.
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fuera del texto).”18 […]» (Subrayas conforme a la transcripción).
En virtud de lo citado en precedencia y conforme lo consideró en aquella
oportunidad el Consejo de Estado que la convivencia no se refiere, en forma
exclusiva, a compartir el mismo techo y habitar junto al otro, sino que los
elementos que en mayor medida definen esa convivencia se relacionan con el
acompañamiento espiritual, moral y económico y el deber de apoyo y auxilio
mutuo. Además de ello, es preciso tener en cuenta el factor volitivo de la pareja
de mantener un hogar y tener la vocación y convicción de establecer, constituir
y mantener una familia.
Respecto al requisito de la convivencia, esto es, los 5 años continuos
inmediatamente anteriores a la muerte del causante, la Sección Segunda19 ha
señalado que «[…] el legislador lo previó como un mecanismo de protección, ello
para salvaguardar a los beneficiarios legítimos de quienes pretenden solo buscar
provecho económico […]».
Asimismo, que debe acreditarse la vocación de estabilidad y permanencia,
por lo tanto, no se tienen en cuenta aquellas relaciones casuales,
circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o accidentales que
haya podido tener en vida el fallecido pensionado.
Finalmente, no es factor determinante para desvirtuar la convivencia efectiva,
el que los cónyuges o compañeros permanentes no vivan juntos en un
momento dado. En efecto, debe valorarse cada circunstancia en concreto, las
razones por las que no vivieron en el mismo techo, así como los demás
factores determinantes de la convivencia, como los son el auxilio o apoyo
mutuo, la comprensión y la vida en común, que en últimas son los que
legitiman el derecho reclamado20.
Bajo las anteriores precisiones normativas y jurisprudenciales, procede la
Subsección a verificar si en efecto, el demandante demostró los requisitos
señalados en la norma para ser acreedor de la sustitución de la pensión gracia
que en vida disfrutaba con su cónyuge, la señora Llamas de Sierra.
En este orden de ideas, en el expediente se tiene probado lo siguiente:
Resolución 00038 del 14 de enero de 1981, a través de la cual la extinta
Caja Nacional de Previsión (hoy UGPP) reconoció pensión gracia a la de
cuius en una cuantía inicial de $6.076,88, efectiva a partir del 20 de
noviembre de 1973. (Folios 53 a 57, C1).
Copia del registro civil de matrimonio celebrado entre el señor Luis Eduardo
Sierra González y la señora Flor María Llamas de Sierra, esto mediante rito
católico llevado a cabo en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen el 25
de abril de 1953. (CD contentivo del expediente administrativo visible a folio
217, C2).
18 Sentencia de abril 7 de 2001, Radicación número: 76001-23-31-000-2005-02741-01(0669-08).
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 9 de noviembre de 2017, número
interno: 0286-2015
20 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 22 de marzo de 2018. Radicación:
15-001-23-33-000-2013-00077-01, número interno: 4526-2013.
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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00952-01 (1991-2020)
Demandante: Luis Eduardo Sierra González
Formato de entrevista a solicitante del 2 de agosto de 2017 realizada por
el señor Luis Eduardo Soledad en calidad de funcionario investigador de la
UGPP, mediante el cual se observa que efectivamente la entidad visitó en
su casa al demandante para verificar las condiciones de convivencia y
dependencia económica de aquel frente a la causante, acta de la cual se
destaca lo siguiente, en donde además se precisa que fueron revisados
varios registros fotográficos (CD contentivo del expediente administrativo
visible a folio 217, C2):
Ticket 11004 relacionado con el informe investigativo 16544 – 2017 emitido
el 11 de agosto de 2017 por el investigador del CYZA Luis Eduardo
Soledad, en el que expresamente se concluye que entre el libelista y la
causante existió convivencia como cónyuges durante los últimos 5 años
previos a la muerte de la segunda, ello luego de practicar sendos
testimonios y verificar pruebas documentales, tal como se observa de la
siguiente imagen: (CD contentivo del expediente administrativo visible a
folio 217, C2)
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Demandante: Luis Eduardo Sierra González
Ahora bien, en virtud de la relación probatoria que antecede, se realizan las
siguientes conclusiones:
• Es un hecho cierto que la extinta Cajanal (hoy UGPP) a través de la
Resolución 00038 del 14 de enero de 1981 reconoció una pensión gracia a
favor de la señora Flor María Llamas de Sierra, con ocasión de haber
prestado sus servicios como docente en la Secretaría de Educación del
Atlántico.
• De otro lado, a partir del resultado de la investigación realizada por el
funcionario del CYZA relacionado con la convivencia del demandante con
su causante, se torna evidente que no solo ambos estuvieron casados
desde 1953, sino que efectivamente hicieron comunidad de vida con fines
maritales, de apoyo y de ayuda mutua hasta el último día de vida de la
señora Llamas de Sierra, es decir, al menos durante los últimos 5 años
previos a su muerte, situación que la parte demandada en ningún momento
discutió en la Resolución RDP 037324 del 28 de septiembre de 2017 (folios
27 a 31, C1), pues a través de dicho acto administrativo negó la sustitución
pensional, solo bajo el argumento de que el reclamante no había aportado
el certificado de salarios devengados por la docente durante el año anterior
a la adquisición del estatus jurídico respectivo, ello sin hacer mención u
oposición al requisito del tiempo de convivencia mínimo de la pareja.
Pues bien, al margen del cuestionamiento de la parte pasiva en segunda
instancia sobre la convivencia del libelista con su de cuius, lo cierto es que
bajo estas consideraciones previas, es dable argüir que los elementos
probatorios allegados y practicados en el sub lite no dejan asomo de duda de
que el demandante acreditó el tiempo de convivencia exigido por la ley, esto
es, más de 5 años anteriores al fallecimiento de la pensionada. Pues como
bien se ha analizado de acuerdo a las pruebas documentales allegadas,
particularmente del resultado del investigación promovida por la propia entidad
demandada, se demostró la unidad de vida ininterrumpida, el acompañamiento
espiritual y la asistencia solidaria; elementos característicos de una
convivencia en pareja. Y, por último, resulta claro que el acervo probatorio en
cuestión es coherente y da fe de la tesis sostenida en la demanda en cuanto
a la convivencia durante los últimos años de vida de la causante.
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Demandante: Luis Eduardo Sierra González
Carece por tanto de fundamento legal y fáctico la negativa por parte de la
entidad demandada de sustituir la pensión gracia que en vida devengaba la
señora Llamas de Sierra a favor del demandante, bajo el argumento de que
este último no aportó las pruebas relacionadas con los factores salariales
percibidos por la causante y mucho menos es viable considerar que no colmó
la exigencia del tiempo de convivencia mutuo antes de la muerte de aquella.
Ahora, la UGPP en su recurso de alzada sostuvo que la negativa del
reconocimiento de la sustitución pensional a favor del señor Sierra Gonzáles
se fundamenta en el hecho de que aquel se encontraba afiliado a otra EPS
como cotizante, lo que permitía concluir que no existió una dependencia
económica respecto de su esposa.
Empero, pese a las constantes manifestaciones de la entidad demandada
tendientes a desvirtuar el derecho del demandante, la Sala advierte que dichas
situaciones no enervan su derecho para hacerse beneficiario de la prestación
instada, pues la afiliación a la seguridad social y la dependencia económica no
han sido requisitos exigidos por el legislador para la procedencia del mismo, o
mucho menos son aspectos que deban mirarse por parte del juez de
conocimiento para demostrar el cumplimiento de las condiciones propias que
le son exigidas al cónyuge o compañero permanente para el otorgamiento de
la sustitución pensional, pues se reitera que, en este caso, se debía acreditar
la convivencia durante no menos de 5 años anteriores al fallecimiento de la
pensionada.
Aunado y en gracia de discusión, se recuerda que, si bien el aspecto relativo
a la dependencia económica ha servido de insumo o indicio en
pronunciamientos de la Subsección21 para confirmar el supuesto de hecho de
la existencia de un vínculo sentimental entre el causante y la persona que
reclamara la sustitución pensional en su calidad de compañero permanente o
cónyuge, lo cierto es que en las mismas oportunidades se ha esclarecido que
esta no es una exigencia consagrada en la norma para que aquellos se hagan
titular de la prestación aludida. Ello guarda sustento normativo en el artículo
47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13 de la Ley 797 de 2003,
el cual no previó como un requisito indispensable demostrar la dependencia
económica con el fallecido cuando se tratare de estas calidades de
beneficiarios.
En todo caso, no se puede obviar que en el plenario quedó debidamente
demostrado que el libelista, al tratarse de un interesado en la calidad de
cónyuge supérstite de la finada, acreditó que mantuvo una convivencia durante
los 5 años anteriores a su fallecimiento y que hizo vida marital con la causante
por aproximadamente 40 años.
Pues bien, no puede perderse de vista que la prestación económica
denominada «sustitución pensional» tiene por objeto garantizar una renta
periódica a los miembros del grupo familiar de quienes dependían
económicamente, como consecuencia de su muerte y de haber realizado en
vida cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, ello, con el fin de que, en
este caso, el cónyuge supérstite cuente con los recursos necesarios para
mantener un nivel de vida similar al que tenía antes del fallecimiento de la
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Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de agosto de 2020, demandante: Luis
Armando Piña Vega, radicación: 47001-23-33-000-2015-00217-01 (1098-2018).
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Demandante: Luis Eduardo Sierra González
pensionada. Así, en cuanto al caso de marras, el demandante en su calidad
de cónyuge supérstite acreditó, frente al requisito de convivencia, la vocación
de estabilidad y permanencia, así como también se demostraron las relaciones
de apoyo y comprensión mutua.
Al compás de lo anterior, esta Subsección considera que el a quo no incurrió
en algún desacierto interpretativo al estudiar la tesis de la demanda y acceder
a las pretensiones de la parte activa, pues es evidente que del material
probatorio en estudio, se vislumbra una comunidad de vida entre el libelista y
la finada.
En conclusión: los elementos probatorios aportados por el demandante, así
como los arrimados y practicados dentro del proceso llevan a la convicción de
la existencia de una convivencia real, constante y permanente con la señora
Flor María Llamas de Sierra, por lo cual, se acreditó el requisito de convivencia
previsto en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 13
de la Ley 797 de 2003, para reconocer al señor Luis Eduardo Sierra González,
en su calidad de cónyuge supérstite, la sustitución de la pensión gracia de la
causante, lo cual se acompasa con los lineamientos jurisprudenciales trazados
por esta Sección Segunda en la sentencia de unificación del 11 de agosto de
2022.
Decisión de segunda instancia
Según lo expuesto, se impone modificar el ordinal segundo de la sentencia
impugnada proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 13 de
septiembre de 2019, que accedió a las pretensiones del libelista, ello habida
cuenta de que prosperan los argumentos del recurso de apelación formulado
por la parte demandante, en el sentido de que no debía ordenarse el reajuste
de la prestación con inclusión de nuevos factores y en otro período diferente
al tenido en cuenta inicialmente al momento del reconocimiento de la
prerrogativa a favor de la causante.
En todo caso, no hallan eco favorable los demás reparos de inconformidad de
la entidad demandada, por lo que se confirmará la providencia recurrida en
todo lo demás.
De la condena en costas de segunda instancia
Esta subsección en providencia de 7 de abril de 201622, sobre la condena en
costas en vigencia del CPACA, determinó el criterio objetivo-valorativo para la
imposición de tal carga impositiva, ello bajo los siguientes fundamentos:
a) «El legislador introdujo un cambio sustancial respecto de la condena en
costas, al pasar de un criterio «subjetivo» –CCA- a uno «objetivo
valorativo» –CPACA-.
b) Se concluye que es «objetivo» porque en toda sentencia se «dispondrá»
sobre costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o
parcialmente, o bien para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de «valorativo» porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de
22 Al respecto ver sentencia de 7 de abril de 2016, expedientes: 4492-2013, demandante: María del
Rosario Mendoza Parra y 1291-2014, demandante: José Francisco Guerrero Bardi.
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Demandante: Luis Eduardo Sierra González
gastos ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente
realizada dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye
la mala fe o temeridad de las partes.
d) La cuantía de la condena en agencias en derecho, en materia laboral, se
fijará atendiendo la posición de los sujetos procesales, pues varía según
sea la parte vencida el empleador, el trabajador o el jubilado, estos últimos
más vulnerables y generalmente de escasos recursos, así como la
complejidad e intensidad de la participación procesal (Acuerdo núm. 1887
de 2003 Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura).
e) Las estipulaciones de las partes en materia de costas se tendrán por no
escritas, por lo que el juez en su liquidación no estará atado a lo así
pactado por éstas.
f) La liquidación de las costas (incluidas las agencias en derecho), la hará el
despacho de primera o única instancia, tal y como lo indica el CGP23, previa
elaboración del secretario y aprobación del respectivo funcionario judicial.
g) Procede condena en costas tanto en primera como en segunda instancia.»
De lo anterior se colige que la condena en costas implica una valoración
objetiva valorativa que excluye como criterio de decisión la mala fe o la
temeridad de las partes. En efecto, el artículo 188 del CPACA, regula que
tratándose de costas en la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en la
sentencia el juez tiene la obligación de pronunciarse sobre dicho aspecto, con
excepción de los asuntos en los que se ventile un interés público24.
Bajo este hilo argumentativo, en el presente caso no se condenará en costas
a la parte demandada pese a haber resultado vencida en esta instancia, ello
por cuanto lo propio ocurrió de manera parcial, dado que resultan favorables
parte de sus argumentos, y por lo tanto no se encuentra demostrado que las
costas se hubiesen causando de conformidad con el numeral 8.º del artículo
365 del CGP.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia
en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
Primero: Modificar el ordinal segundo de la sentencia del 13 de septiembre de
2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió a las
pretensiones de la demanda, en el proceso que en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho promovió el señor Luis
Eduardo Sierra González contra de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP); el cual quedará de la siguiente forma:
«Segundo: En consecuencia, se ordena a la Unidad Administrativa Especial
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social
(UGPP), reconocer y pagar a favor del señor Luis Eduardo Sierra González, la
sustitución del valor total de la pensión gracia que en vida percibía la señora
23 «ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN. Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera
concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente
quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo
dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas: […]».
24 Regula la norma lo siguiente: “[…] salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas
del Código de Procedimiento Civil […].»
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Radicado: 08001-23-33-000-2018-00952-01 (1991-2020)
Demandante: Luis Eduardo Sierra González
Flor María Llamas de Sierra, ello con efectividad desde el 22 de febrero de
2017.»
Segundo: Confirmar en todo lo demás la providencia apelada.
Tercero: Sin condena en costas de segunda instancia.
Cuarto: Ejecutoriada esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen, previas las anotaciones pertinentes en el sistema de registro SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión
de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Ausente en comisión
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