Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2018-01017-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2018-01017-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-33-000-2018-01017-01
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
17 de octubre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 17 de octubre de 2025
Radicación: 08001-23-33-000-2018-01017 01 (72914)
Demandantes: Eduin Javier Pabón Charris y otro
Demandada: Distrito Especial Industrial y Portuario de Barranquilla
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: reparación directa – ocupación permanente de bienes inmuebles – ocupación
permanente por obra pública – caducidad de la acción.
Síntesis del caso: se demanda por la ocupación de un terreno con la construcción de una
estación de bomberos. El inmueble hacía parte de un globo de mayor extensión dedicado
a fines institucionales.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia de 6 de febrero de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Atlántico, que accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda.
Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia de primera instancia – 1.4. Recurso de apelación
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 2 de noviembre de 2018, Mayolis Esther y Eduin Javier Pabón Charris
presentaron una demanda1, en ejercicio de la acción de reparación directa,
en contra del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (el
Distrito), con el fin de que se hiciera la siguiente declaración (se trascribe):
“PRIMERA: DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD: Que se declare al DEIP DE
BARRANQUILLA, patrimonial y administrativamente responsables de los
perjuicios materiales e inmateriales ocasionados a los demandantes como
consecuencia de la ocupación jurídica permanente del inmueble de uso
privado identificado con matrícula inmobiliaria N° 040-415801 y con el código
catastral anterior N°01-09-0398-0002-000, actualmente
N°080010109000898002000000000, sobre el cual la demandada realizó unas
demoliciones, para posteriormente ejecutar obras de construcción de la
Estación de Bomberos del Barrio Ciudadela 20 de Julio”.
2. Los perjuicios reclamados se resumen así:
Tipo de perjuicio Valor
1 Páginas 2-37 del cuaderno principal. Disponible para consulta en Samai.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 08001-23-33-000-2018-01017 01 (72914)
Demandante: Eduin Pabón Charris y otro
Demandada: DEIP de Barranquilla
Decisión: revoca – declara la caducidad
Daño emergente $848.334.015 por el valor comercial del inmueble
Lucro cesante $187.000.000 por el valor de los arrendamientos dejados
consolidado de recibir desde la decisión de primera instancia de la
Inspección Cuarta de Policía
Lucro cesante futuro A calcular de acuerdo con el contrato de
arrendamiento por veinte años suscrito con la empresa
Jerónimo Martins SAS
3. La parte demandante narró, en síntesis, los siguientes hechos:
4. La Fiduprevisora, como representante legal del Consorcio PAR Inurbe en
liquidación, transfirió a título gratuito a la Central de Inversiones S.A. (CISA) el
derecho de dominio sobre un inmueble ubicado en la carrera 4 #45-165 en
el barrio Ciudadela 20 de Julio en la ciudad de Barranquilla. El inmueble
estaba identificado con la matrícula inmobiliaria 040-415801 y había sido
segregado previamente de uno de mayor extensión, mediante la
Resolución 4847 de 3 de noviembre de 2006, proferida por el Inurbe. En el
acta de recibo, CISA registró que el bien estaba “invadido por la policía
nacional y el mega colegio Olga Emiliani”, y que la construcción existente
presentaba “un eminente estado de deterioro”.
5. Los demandantes, mediante la escritura pública 799 de 30 de agosto de
2012, adquirieron el dominio del bien. Tras la compra, visitaron el inmueble y
“advirtieron que algunos agentes de la Policía Nacional ocupaban parte del
predio” como “estacionamiento”. Al presentarse como propietarios, el
comandante de policía les reconoció tal calidad y les indicó que utilizarían
el bien como parqueadero mientras terminaba la construcción de la
estación; que “su estadía en el inmueble era temporal”, lo que fue
aprobado por los actores. Pasados algunos meses fueron informados por
parte de la Policía de que ya habían desocupado el inmueble. Los
demandantes visitaron el predio, verificaron que todo estuviera en orden y
contrataron a una persona para que lo cuidara.
6. En agosto de 2016, los demandantes advirtieron la existencia de una
inconsistencia cartográfica. Su inmueble aparecía en el POT como parte de
la institución educativa colindante. Por ello, solicitaron a la administración la
corrección, lo que hizo a través del “correspondiente acto administrativo”.
7. El 3 de noviembre de 2016, un miembro de la policía avisó a los actores
que “habían demolido la construcción contenida en el lote”. Al desplazarse
al sitio, encontraron los escombros y un cerramiento del inmueble con
láminas de zinc. Además, policías de la estación contigua les mostraron un
documento de la Secretaría General del Distrito en el que se informaba que
en ese terreno se iba a construir una estación de bomberos. Ese mismo día
los actores procedieron a cercar el lote y a dejar vigilantes contratados por
ellos. Tras lo anterior, solicitaron al Distrito que les explicara “las razones de
hecho y de derecho por las cuales invadieron el lote de terreno y demolieron
la construcción”.
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Demandante: Eduin Pabón Charris y otro
Demandada: DEIP de Barranquilla
Decisión: revoca – declara la caducidad
8. El 9 de noviembre de 2016 el Distrito presentó, en contra de los
propietarios, una querella de amparo a la posesión por la “ejecución de la
obra correspondiente a la subestación de Bomberos Ciudadela, sobre
supuestos predios fiscales”. Mediante decisión de 17 de marzo de 2017, la
inspección de policía encargada, en contravía de las pruebas aportadas
por los querellados, “declaró probada la posesión y la propiedad a favor del
DEIP de Barranquilla, específicamente en el inmueble con matrícula
inmobiliaria N° 040-415801”. La decisión fue apelada y confirmada por el jefe
de oficina de inspectores y comisarías de familia del Distrito, mediante
afirmaciones que no había realizado el querellante y que no estaban
demostradas en el proceso. En su concepto, las decisiones policivas
debieron pronunciarse únicamente sobre el amparo solicitado, esto es, en
lo relativo a los inmuebles propiedad del Distrito y no, “fallar extra petita
entregando, además, el lote de derecho privado” de los demandantes.
9. El Distrito contrató la construcción de la estación de bomberos en el
inmueble, “lo cual se traduce en una auténtica ocupación material del
predio, con vocación de permanencia, sin que a la fecha se haya dispuesto
el pago de la indemnización que por mandato legal merecen” lo
demandantes.
1.2. Posición de la parte demandada
10. El Distrito contestó la demanda2. Sostuvo que no existía certeza de que
el inmueble fuera propiedad de la parte actora, porque no demostró una
“relación material con el bien que permitiera inferir los presupuestos de la
posesión”. La entidad solicitó un amparo policivo para realizar la
construcción de la subestación de bomberos y, mediante la decisión de 17
de mayo de 2017, la inspectora encargada “declaró probada la posesión y
la propiedad del Distrito de Barranquilla”.
11. Señaló que los demandantes compraron el bien de manera
condicionada porque sabían que el área estaba en posesión del Distrito, ya
que en el lugar se ubicaban la institución educativa Olga Emiliani y una
estación de policía. Por lo anterior, propuso la excepción que denominó
“inexistencia del daño antijurídico”, porque la parte demandante no
acreditó lo alegado en la demanda, ni haber actuado sobre el bien con
ánimo de señor y dueño.
12. Propuso la excepción de caducidad de la acción, porque pasaron más
de dos años desde que los actores supieron de la demolición, el 3 de
noviembre de 2016, hasta el momento en que presentó la demanda.
13. Propuso la excepción que denominó “indebida escogencia de la
acción”. Señaló que las providencias proferidas en los procesos policivos
para amparar la posesión o la tenencia eran de naturaleza jurisdiccional.
Por tanto, frente a ellas no era posible “ejercitar los mecanismos propios de
la jurisdicción contencioso administrativa”, según lo previsto en el artículo 82
2 Documento “21ContestacionDemanda” del expediente digital.
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del CCA. En su concepto, únicamente procedía, en contra de este tipo de
decisiones, presentar una acción de tutela.
14. Solicitó que se vinculara como litisconsorte necesario al Consorcio PAR
Inurbe en liquidación, ya que esta entidad transfirió el inmueble a CISA en el
año 2011.
15. Mediante Auto de 5 de marzo de 20203 el tribunal ordenó la vinculación
del Consorcio PAR Inurbe en liquidación como litisconsorte necesario.
Determinó tener como parte al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
debido a la subrogación prevista en el Decreto 3571 de 2011. La entidad no
contestó la demanda.
1.3. Sentencia de primera instancia
16. Mediante la Sentencia de 6 de febrero de 20234, el Tribunal
Administrativo de Atlántico decidió (se trascribe):
“PRIMERO: DECLARAR probada de oficio la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva del Consorcio PAR Inurbe en liquidación representado
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de conformidad con las
razones que anteceden.
SEGUNDO: DECLARAR Administrativamente responsable al Distrito Especial,
Industrial y Portuario de Barranquilla, de los perjuicios causados a los
demandantes, dentro del marco de las circunstancias señaladas en la parte
motiva de esta decisión.
TERCER: CONDENAR al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla a
pagar a favor de los señores Mayolis Esther Pabón Charris y Eduin Javier Pabón
Charris, a título de daño emergente la suma de Mil Ciento Tres Millones Ciento
Treinta y Un Mil Ochocientos Diecinueve pesos M/L COP ($1.103.131.819)
conforme a la parte motiva de esta sentencia.
CUARTO: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda.
QUINTO: Sin costas en esta instancia”.
17. Tras realizar una reseña del historial de la propiedad del bien, el tribunal
indicó que los demandantes compraron el inmueble a CISA en el 2012. A
partir de ese momento pagaron el impuesto predial, contrataron la
instalación de los servicios públicos domiciliarios y suscribieron un contrato
de arrendamiento con la sociedad Jerónimo Martins Colombia. Así, estaba
probada “la condición pública, pacífica y estricta en el cumplimiento de los
requisitos normativos y técnicos sobre la materia catastral y de inmuebles”,
que demostraban la propiedad de los actores sobre el bien “hasta el año
2015 y adentrados el año 2016”.
18. En el 2016 se presentó una diferencia entre las partes respecto de la
propiedad y posesión del inmueble. En un procedimiento policivo, el jefe de
oficina de inspectores y comisarías determinó “amparar la posesión del
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, dejando en libertad de
dirimir a las partes las diferencias jurídicas que sobre la propiedad se
generaran”. En concepto del tribunal, “las oficinas delegadas de
3 Documento “26AutoTramite”.
4 Documento “035Incorporaexped_014FALLO20180101700R” del expediente digital.
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inspección” debieron declarar su falta de competencia si tenían dudas
acerca de la propiedad y no, como lo hicieron, emitir una decisión de fondo.
A esta conclusión podía llegarse mediante el análisis del expediente
policivo, en especial del peritaje practicado por el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi, según el cual el predio donde se hizo la demolición y la
posterior construcción de la subestación de bomberos correspondía a aquel
con folio de matrícula inmobiliaria 040-415801, que no era propiedad estatal
y que, por tanto, no podía desconocerse el derecho de dominio de los
demandantes. En consecuencia, la administración distrital causó un daño
antijurídico mediante la construcción de la estación de bomberos, que no
podía justificarse en “la imposición de una decisión jurisdiccional por demás
ilegal” que entregó la posesión a la entidad.
19. En el contexto anotado, se demostró que los actores sufrieron un daño
que se podía “encuadrar bajo el título de error judicial de estimarse [la]
ilegalidad” del amparo. Sin embargo, el efecto que tuvo sobre el derecho
de propiedad, que los privó del goce del bien por la construcción de la
estación de bomberos, debía indemnizarse bajo la forma de una
“ocupación ilegal”.
20. El tribunal desestimó el lucro cesante porque el contrato de
arrendamiento suscrito entre los demandantes y Jerónimo Martins de
Colombia no había iniciado su ejecución, pues pendía de la condición
consistente en que los arrendadores obtuvieran determinados permisos de
la Secretaría Distrital de Planeación.
21. Reconoció el daño emergente, porque los actores fueron privados del
bien de forma definitiva tras la construcción de la estación de bomberos. El
tribunal se basó en el avalúo comercial aportado con la demanda, porque
no se formuló reparo alguno contra el documento y reunía los requisitos de
los artículos 226 a 228 del CGP.
1.4. Recurso de apelación
22. El Distrito interpuso recurso de apelación5. Cuestionó la valoración
probatoria del tribunal. Señaló que los demandantes se expusieron al daño
porque compraron el inmueble “a sabiendas que la tenencia o posesión del
referido bien no estaba en poder de la sociedad Central de Inversiones
desde mucho antes de 30 de agosto de 2012, fecha en que se protocolizó
la compraventa del predio”. Aunque la sentencia de primera instancia
relacionó la escritura pública de compraventa, no valoró su contenido, en
el que repetidamente los adquirentes reconocían que el vendedor no tenía
la posesión del bien y asumían la obligación de adelantar, por su cuenta y
riesgo, las acciones necesarias para recuperarla. Por tanto, no era cierto que
los demandantes hubieran ejercido sobre el bien actos con ánimo de señor
y dueño hasta el año 2015.
5 Documento “037Incorporaexped_015RECURSODEAPELACIO” del expediente digital.
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23. En su concepto, los demandantes “fueron torpes” por “haber adquirido
un inmueble emproblemado”, pese a ser advertidos por CISA de la
ocupación de un tercero. De las pruebas en el expediente podía inferirse
que ese tercero era el Distrito, según podía verificarse en el expediente de
amparo policivo, en especial, en la Resolución 877 de 27 de agosto de 2009
mediante el cual el Consorcio PAR Inurbe le hizo al Distrito una cesión de
bienes fiscales, entre los cuales tomó posesión “de una manzana entera”,
dentro de la cual estaba el predio 040-415801.
24. Así, los demandantes se expusieron a un daño con la compra de un bien
ocupado y la suscripción del contrato de arrendamiento, que desde su firma
conocían que no podrían cumplir. Por tanto, no podían, mediante esta
acción alegar su propia culpa en su favor. Todo lo anterior debió llevar al
tribunal a declarar el hecho de la víctima.
25. Insistió en que la acción fue extemporánea. Aunque el tribunal se
pronunció sobre la caducidad en el Auto de 18 de diciembre de 2021, lo
cierto era que trascurrieron más de dos años desde que los demandantes
conocieron de la ocupación del bien, esto es, con el contenido de la
escritura pública de compraventa 799, el 30 de agosto de 2012, y la
presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial el 25 de junio de
2018.
2. CONSIDERACIONES
2.1. Síntesis de la controversia – 2.2. Caducidad de la acción – 2.3. Condena en costas
2.1. Síntesis de la controversia
26. La Sala revocará la decisión de primera instancia y, en su lugar,
declarará la caducidad de la acción de reparación directa. Para el
momento en el que los demandantes adquirieron el bien, la totalidad de la
manzana era ocupada por el Distrito. Como compradores fueron advertidos
de tal situación sin que la suscripción del negocio jurídico que les transfirió el
dominio, ni la construcción de otra edificación distrital —en este caso la
estación de bomberos— puedan modificar en manera alguna los términos
de caducidad.
2.2. Caducidad de la acción
27. Mediante la Resolución 4847 de 20066 el Inurbe en liquidación ordenó la
segregación de un lote de menor extensión, de uno de mayor extensión
identificado con matrícula inmobiliaria 040-143451, en la carrera 4 #45-165
en la Ciudadela 20 de Julio de la ciudad de Barranquilla. Al área en mención
le fue asignada la matrícula inmobiliaria 040-4158017.
6 Páginas 137-139 del cuaderno principal.
7 Páginas 81-82 del cuaderno principal.
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28. Mediante la Resolución 877 de 27 de agosto de 20098, el Ministerio de
Vivienda ordenó la transferencia de la propiedad del inmueble de mayor
extensión (040-143451) al Distrito, con destinación específica al desarrollo de
un proyecto educativo.
29. Mediante el Acta de Entrega 18 de 6 de diciembre de 2011 9, el PAR
Inurbe en liquidación entregó a título gratuito el inmueble de menor
extensión (040-415801) a la Central de Inversiones S.A. (CISA). En el acta de
recibo físico del bien, de 15 de marzo de 201210, la entidad anotó que el lote
estaba “invadido por la Policía Nacional y el mega colegio Olga Emiliani”.
30. El 29 de mayo de 201211, Farid Ester Pabón Charris presentó ante CISA el
“formulario único de oferta para compra de inmueble invadido – tercero”.
El 13 de junio de 2012, la entidad le informó que aceptaba la oferta,
advirtiéndole que el bien estaba “en posesión de terceros”, por lo que,
“formalizada la venta” le correspondía a la compradora por su “cuenta y
riesgo ejercer las acciones legales tendientes a la recuperación de la
posesión, eximiendo de reclamación y o responsabilidad a CISA por los
resultados de dichas acciones u omisiones”.
31. Las partes suscribieron la promesa de compraventa12 el 15 de junio de
2012, y el 9 de julio de 2012 la promitente compradora cedió su posición
contractual13 a Eduin Javier y Mayolis Esther Pabón Charris —los aquí
demandantes—. Las partes celebraron el contrato de compraventa del
inmueble de menor extensión (040-415801) mediante la escritura pública 799
de 30 de agosto de 2012 registrada en la Notaría Única del Círculo de Puerto
Colombia14. En el documento, los adquirentes aceptaron conocer que la
parte vendedora no tenía la posesión del bien. Entre otras cláusulas,
acordaron (se trascribe):
“PRIMERA: OBJETO. EL VENDEDOR, por medio del presente instrumento
transfiere a título de venta (…)
PARÁGRAFO PRIMERO: LOS COMPRADORES declaran y aceptan conocer que
EL VENDEDOR no ostenta la posesión y/o tenencia material sobre el inmueble
objeto de esta venta, en razón a que se encuentra ocupado por terceros
indeterminados y por un lapso que desconoce el VENDEDOR, por lo cual
desde ya LOS COMPRADORES exoneran a EL VENDEDOR por eventuales
reclamaciones y/o procesos jurídicos de los ocupantes relacionados con la
posesión de este inmueble”.
32. Con base en lo anterior, para la Sala es claro que el inmueble que origina
la presente controversia estaba ocupado incluso desde antes de que la
parte actora lo comprara y que esa situación debió conocerla, ya que
desde el acta de recibo del Inurbe en liquidación a CISA —el 15 de marzo
de 2012— se dejó constancia de que el lote estaba “invadido” por la Policía
8 Páginas 202-207 del cuaderno 2.
9 Páginas 47-53 del cuaderno principal.
10 Página 52 del cuaderno principal.
11 Páginas 55-59 del cuaderno principal.
12 Páginas 61-69 del cuaderno principal.
13 Páginas 67-68 del cuaderno principal.
14 Páginas 72-80 del cuaderno principal.
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y la institución educativa Olga Emiliani, en lo que la administración distrital
denominaba como un “Polígono Normativo Institucional EBI”15.
33. La ocupación referida en este caso tuvo el carácter de permanente
desde mucho antes de la construcción de la estación de bomberos. La
entidad demandada ejerció la posesión material del inmueble de menor
extensión, comprendido dentro de la manzana institucional, muchos años
antes de que iniciara la construcción del inmueble que, según la demanda,
origina esta controversia. En este punto, no comparte la Sala las
apreciaciones del tribunal respecto de las decisiones policivas, pues de la
lectura de ese expediente se concluye, sin duda alguna, que el Distrito había
ejercido la posesión del bien durante años y de allí que procediera su
amparo, sin que en esa sede se hubiera tomado determinación alguna
respecto de la propiedad. Tanto así, que contrario a la versión que la parte
actora pretendió hacer valer, la administración realizó la demolición del
inmueble e inició la obra sin que hubiera presencia de los demandantes y,
solo al hacerlo, estos intentaron interrumpir los trabajos públicos a través de
la designación de vigilantes16. En este punto, la decisión policiva de segunda
instancia indicó (se trascribe):
“[E]l querellante DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA ha venido ejerciendo dicha posesión, tal como se demuestra
con la construcción del Megacolegio Olga Emiliani y el asentamiento de la
Estación de Policía metropolitana de la Ciudadela 20 de Julio y la
construcción de la estación Metropolitana de bomberos tantas veces
enunciada”.
34. De este modo, está acreditado que, al menos desde el 15 de marzo de
2012 —fecha en la que CISA recibió el bien de menor extensión por parte
del Inurbe en liquidación— toda la manzana ya estaba ocupada de forma
permanente por el Distrito. En consecuencia, la situación ya existía al
momento de la compra que hicieron los demandantes y debió ser conocida
por ellos como parte de una diligencia mínima para realizar el negocio, con
mayor razón cuando, además, fueron advertidos sobre la ocupación de
terceros. Por tanto, para la fecha de presentación de la demanda, el 2 de
noviembre de 2018, de acuerdo con el criterio unificado de la Sala Plena de
la Sección Tercera17 y el numeral 8 del artículo 136 del CCA, el plazo de dos
años había expirado18.
35. Conviene aclarar que las gestiones que, con posterioridad, hubiera
realizado la parte actora para demostrar el ánimo de señor y dueño en
nada alteran la anterior circunstancia, ya que el término para demandar es
15 De acuerdo con el oficio de 25 de noviembre de 2015, suscrito por la jefe de la Oficina de Desarrollo
Territorial (páginas 355-357 del cuaderno principal).
16 Mediante oficio de 24 de octubre de 2016, el Consorcio B.P.B. le comunicó al Distrito que el 20 de
octubre de ese año la obra fue interrumpida por el apoderado de Mayolis Ether Pabón. Que los
particulares tomaron “posesión del predio dejando hombres en calidad de vigilantes” (páginas 296-
297 del cuaderno 2).
17 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Auto de 9 de
febrero de 2011, exp. 38271. Con salvamento de voto de la magistrada Stella Conto Díaz del Castillo.
18 Por tratarse de un término que inició a correr en vigencia del CCA, el plazo aplicable es el previsto
en ese código y no en el CPACA, de acuerdo con lo ordenado por el artículo 40 de la Ley 153 de
1887.
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Decisión: revoca – declara la caducidad
de orden público y no está sujeto a la voluntad de las partes. Tampoco tiene
incidencia alguna la transferencia del dominio, aspecto del que se ha
ocupado esta Subsección (se trascribe):
“Al momento de la suscripción de la compraventa, Mocare S.A.S. ya conocía,
o no podía ignorar, la existencia de los cables aéreos que atravesaban los
predios objeto de adquisición, pues no solo se trata de una servidumbre
aparente (tal y como se desprende de las fotografías que acompañan el
avalúo allegado con la demanda y de las tomadas en el Informe de visita
elaborado por la Secretaría de Planeación Distrital), sino que la misma parte
actora reconoció que esa servidumbre ya estaba en los predios cuando los
tomó en arrendamiento financiero en 2011.
En ese orden de ideas, si la imposición de la servidumbre se realizó desde 1972,
como lo planteó y acreditó la parte demandada, en esa época surgía para
quien tuviera la condición de propietario de los predios el derecho a
demandar la indemnización de perjuicios derivados de la afectación o
imposición de una limitación a la propiedad, sin que las transferencias
sucesivas del derecho de dominio a favor de terceros, pudiera tener la
virtualidad de revivir, interrumpir, o dar surgimiento a un nuevo plazo de
caducidad”19.
36. Finalmente, tampoco es relevante el hecho de que, con posterioridad a
la ocupación del bien, que, como quedó indicado, tuvo carácter
permanente desde mucho tiempo atrás, la entidad demandada realizara
nuevas obras. En un caso similar, la Sala precisó (se trascribe):
“De acuerdo con lo planteado en la demanda, el IDU ocupó dos lotes de
propiedad de la parte actora con la construcción de la Avenida Tabor. Sin
embargo, está acreditado que, al menos desde 1998, los terrenos ya eran
utilizados como vía pública. Por tanto, no puede contarse el término de
caducidad desde la finalización de esa obra, en los términos de la Sentencia
de Unificación de 9 de febrero de 201120, ya que, como se verá, desde mucho
antes las franjas por las que se reclama eran parte del espacio público (…) el
hecho de que con posterioridad la administración hubiera decidido realizar
una ampliación o modificación de una vía existente no implica que el término
de caducidad vuelva a iniciar y, por tanto, el daño alegado, consistente en
la ocupación, se concretó mucho antes de la construcción de las obras
invocadas en la demanda como causa. En estos términos la Sala revocará la
decisión de primera instancia y, en su lugar, declarará la caducidad de la
acción de reparación directa”21.
37. Por las razones expuestas, la Sala revocará la decisión de primera
instancia y, en su lugar, declarará la caducidad de la acción de reparación
directa.
2.3. Condena en costas
38. De acuerdo con el artículo 188 del CPACA y el numeral 1 del artículo 365
del CGP se condenará en costas a la parte demandante porque resultó
vencida en el proceso. El tribunal de origen liquidará la condena en costas
de manera concentrada, de acuerdo con el artículo 366 del CGP.
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia
de 3 de junio de 2025, exp. 69835. Con aclaración de voto del consejero Fredy Ibarra Martínez.
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sala Plena de la Sección Tercera.
Sentencia de Unificación de 9 de febrero de 2011, exp. 38271.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B. Sentencia
de 10 de diciembre de 2024, exp. 68784.
9 de 10
Radicación: 08001-23-33-000-2018-01017 01 (72914)
Demandante: Eduin Pabón Charris y otro
Demandada: DEIP de Barranquilla
Decisión: revoca – declara la caducidad
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: REVOCAR la Sentencia de 6 de febrero de 2023, proferida por el
Tribunal Administrativo de Atlántico, que accedió a las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: DECLARAR probada la excepción de caducidad de la acción
propuesta por el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.
TERCERO: CONDENAR en costas del proceso a la parte demandante. La
liquidación se hará de manera concentrada en el tribunal de primera
instancia.
Por Secretaría, una vez ejecutoriado este proveído, DEVOLVER el expediente
al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
10 de 10
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