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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-01144-01

Fecha
12 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2018-01144-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 13 de julio de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, que accedió a las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Everlides Urzola Chamorro en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES-, por las razones expuestas en esta providencia, salvo el numeral segundo que se modifica en los siguientes términos: «SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a Colpensiones, por conducto del gerente nacional o quien haga sus veces, reconocer y pagar en favor de la señora Everlides Urzola Chamorro, una pensión por aportes cuyo monto será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del promedio de los factores salariales sobre los que cotizó la afiliada al Sistema de Pensiones, que se encuentren enlistados en el Decreto 1158 de 1994, durante los diez (10) años de servicios, con efectividad a partir del 30 de octubre de 2010, por efectos de la prescripción trienal. El valor de la pensión de jubilación por aportes no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley». TERCERO. SIN CONDENA en costas en esta instancia, según las consideraciones expresadas en este fallo. CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». y en esta providencia se decide el fondo del asunto.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2018-01144-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

12 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., doce (12) de marzo de dos mil veintiséis (2026).

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2018-01144-01 (4229-2021)
Demandante: Everlides Urzola Chamorro
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES-
Temas: Reconocimiento pensional Ley 71 de 1988. Principio de
congruencia de la sentencia
Decisión: Confirma parcialmente la decisión que accede a las
pretensiones de la demanda. Condena en costas.

Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
entidad demandada en contra de la sentencia del 13 de julio de 2021, proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C1, que accedió a las súplicas
de la demanda instaurada por la señora Everlides Urzola Chamorro en contra de
la Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda2.

2.1.1. Pretensiones.

2. La señora Everlides Urzola Chamorro, por intermedio de apoderado judicial y
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
establecido en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 solicitó la nulidad de las
Resoluciones GNR 135881 de 25 de abril de 2014 y GNR 410602 de 26 de
noviembre de 2014, mediante las cuales la Administradora Colombiana de
Pensiones, en adelante COLPENSIONES, le negó el reconocimiento y pago de
la pensión por aportes y resolvió el recurso de reposición en el que confirmó la
decisión inicial.

1 Magistrado ponente César Augusto Torres Ormaza.
2 Expediente digitalizado segunda instancia. Aplicativo SAMAI. Opción: «Visualizar expediente». Archivo:

«4ED_00DEMANDA.PDF».

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3. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó condenar a la entidad demandada a reconocerle la pensión desde el 1.°
de diciembre de 2009, así como cancelarle las mesadas indexadas desde la
fecha de adquisición del estatus y finalmente que se le imponga condena en
costas procesales.

2.1.2. Hechos.

4. Señaló como fundamentos fácticos relevantes los siguientes:

5. La señora Everlides Urzola Chamorro prestó sus servicios profesionales al
Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla inicialmente como auxiliar
de enfermería y posteriormente como enfermera profesional, efectuando aportes
pensionales a la extinta Caja de Previsión Municipal de Barranquilla, desde el 1.°
de junio de 1990 hasta el 30 de junio de 1995, luego al ISS desde el 1.° de julio
de 1995 hasta el 23 de septiembre de 2009, y finalmente a COLPENSIONES
desde el 24 de septiembre hasta el 30 de noviembre de 2009, cuando cotizó por
cuenta del empleador Cooperativa de Trabajo Grupo Asociado.

6. El 30 de octubre de 2013 radicó ante Colpensiones solicitud de reconocimiento
de pensión de vejez, dado que cumplió 61 años de edad y 1.004,14 semanas
cotizadas,

7. Su petición fue denegada por COLPENSIONES a través de la Resolución GNR
135881 de 25 de abril de 2014, decisión que fue confirmada según Resolución
GNR 410602 de 26 de noviembre de 2014. Lo anterior con base en que no logró
acreditar 750 semanas al 25 de julio de 2005 para la aplicación del régimen de
transición de la Ley 100 de 1993 y tampoco reunía el requisito de semanas
cotizadas para la aplicación de esta última norma.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.

8. Como normas vulneradas citó los artículos 1.°, 2.°, 4.°, 5.°, 6.°, 13, 25, 48,
53, 83 y 90 de la Constitución Política y el Decreto 813 de 1994, artículo 6.°

9. En el concepto de violación la parte demandante sostuvo que las decisiones
adoptadas por la COLPENSIONES, consistente en negar el reconocimiento de
la pensión de jubilación incurrió en desconocimiento de la ley, dado que vulneró
el deber constitucional de protección y efectividad de los derechos laborales y
con ello del principio a la dignidad humana y el derecho a la seguridad social.

10. Según lo explicó «todo el tiempo cotizó a entidades públicas (ISS,
Colpensiones y caja de Previsión), lo que equivale a decir que siempre estuvo
cotizando en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida. Es claro que
las cotizaciones realizadas ante las cajas de previsión por disposición legal,
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deben pasar al Seguro Social de manera automática, por lo tanto, el
reconocimiento de pensión de vejez en el régimen de transición no se puede
negar aduciendo que las cotizaciones deben haberse realizado de manera
exclusiva ante el Seguro Social».

11. Además, ninguna entidad administradora de pensiones puede negar el
reconocimiento de una pensión de vejez con el argumento de la mora del
empleador en el pago de los respectivos aportes de seguridad social, pues, la
negligencia en el cobro de los aportes no puede trasladarse al trabajador.

2.2. Contestación de la demanda

2.2.1. Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla3 se opuso a las
pretensiones de la demanda principalmente con fundamento en que dicha
entidad no estaba llamada a responder en este caso dado que corresponde a
Colpensiones como administradora del régimen de prima media con prestación
definida.

12. Según lo indicó, la Caja de Previsión Social del Distrito, que era la existente
cuando entró en vigencia el sistema general de pensiones en el Distrito, no
subsistió y fue liquidada y, de otra parte, el Fondo Territorial de Pensiones del
Distrito de Barranquilla no constituye una entidad administradora del régimen de
prima media, sino que es un fondo - cuenta destinado exclusivamente al pago de
pensiones.

13. Finalmente propuso las excepciones de «inexistencia de la obligación por
parte de la Alcaldía Distrital de Barranquilla» y «cobro de lo no debido».

2.2.2. COLPENSIONES4, se opuso a las súplicas de la demanda al considerar
que no le asiste derecho a la demandante al reconocimiento pensional pues para
el 30 de octubre de 2013, cuando solicitó el reconocimiento pensional, acreditó
un total de 851 semanas cotizadas y 62 años por lo que no podía aplicársele el
régimen de transición, dado que a la fecha de entrada en vigencia del Acto
Legislativo 01 de 2005, esto es, 25 de julio de 2005, no había cotizado 750
semanas, sino solamente 682 semanas.

14. En consecuencia, la norma aplicable al caso de la accionante es la Ley 100
de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, norma según la cual debe demostrar
1275 semanas.

15. Propuso las excepciones de: «Inexistencia de la obligación», «falta de causa
para demandar», «cobro de lo no debido», «buena fe», «compensación» y

3 Ibidem. Archivo: « 10ED_06CONTESTACION201.PDF»
4 Ibidem. Archivo:« 17ED_11CONTESTACIONEVE.pdf».
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genérica.

2.3. La sentencia apelada5.

16. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del 13 de julio de
2021 accedió a las pretensiones de la demandada.

17. Para ello, encontró demostrado que acreditó el cumplimiento de los requisitos
de la Ley 71 de 1988 para reconocer a favor de la demandante la pensión por
aportes, esto es, los 20 años de aportes y 55 de edad

18. Además, para el 30 de octubre de 2013, fecha de radicación de la solicitud
de reconocimiento pensional ante Colpensiones cumplió con los requisitos
exigidos por lo que el estatus pensional lo alcanzó el 17 de abril de 2007; esto
por cuanto la accionante hizo aportes pensionales a la Caja de Previsión
Municipal de Barranquilla, por el período comprendido desde el 1.° de junio de
1990 hasta el 30 de junio de 1995, y cotizó al ISS y a Colpensiones, desde el 1.°
de julio de 1995 hasta el 31 de enero de 2018, con sus interrupciones, tiempo
que a 30 de octubre de 2013, arrojaba un total de 23,28 años de aportes.

19. El Tribunal consideró que la entidad responsable de la condena era
Colpensiones, de un lado, porque los aportes realizados a la Caja de Previsión
Municipal de Barranquilla fueron trasladados a Colpensiones según la Resolución
GNR 410602 de 26 de noviembre de 2014, cuando se afirmó que la demandante
«acredita un total de 5.962 días laborados, correspondientes a 851 semanas
incluidos los tiempos públicos certificados desde el 01 de junio de 1990 al 30 de
junio de 1995 mediante FORMATO CLEBP laborados en el HOSPITAL
PEDIÁTRICO DE BARRANQUILLA cotizados a la CAJA DE PREVISIÓN
MUNICIPAL» y del otro, porque la demandante cotizó durante el tiempo de
servicio acreditado al ISS y Colpensiones. De acuerdo con ello ordenó la
desvinculación del distrito de Barranquilla del sub lite.

20. Como consecuencia de lo anterior declaró la nulidad de los actos
administrativos demandados y ordenó a COLPENSIONES «reconocer y pagar
en favor de la señora Everlides Urzola Chamorro, una pensión por aportes cuyo
monto será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del salario promedio
que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios, con
efectividad a partir del 30 de octubre de 2010, por efectos de la prescripción
trienal», esto sin que el monto pensional sea inferior al salario mínimo mensual
legal vigente «ni superior a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en
la ley». Así mismo declaró la prescripción de las mesadas causadas con
anterioridad al 30 de octubre de 2020.

5 Folio 254 y s.s. C. 2.
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2.4. Recurso de apelación

2.4.1. COLPENSIONES6 presentó escrito de disenso en el que solicitó revocar la
sentencia de primera instancia y denegar las pretensiones de la demanda.

21. Según indicó, para adquirir el derecho en el régimen de transición en virtud
del Acto Legislativo 01 de 2005, la aplicabilidad del régimen de transición corrió
hasta el 31 de julio de 2010 o excepcionalmente hasta el 31 de diciembre de
2014, por lo que los beneficiarios deben contar con 750 semanas de cotización o
su equivalente en tiempo de servicios al momento de la entrada en vigor de dicho
acto legislativo, lo que no cumple la accionante.

22. Esto, porque según la apoderada, en la historia laboral se advierte que para
el 25 de julio de 2005 contaba con 682 semanas cotizadas y en razón de ello, la
solicitud pensional presentada por la accionante se examinó bajo lo establecido
en la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, en la cual se instituyen
los requisitos de edad y tiempo de servicio o semanas cotizadas, para poder
alcanzar el status pensional. allí se verificó que no cumplía con los requisitos para
acceder a la prestación económica.

2.5. Alegatos de segunda instancia

2.5.1. En esta oportunidad partes guardaron silencio.

2.5.2. El procurador tercero delegado ante el Consejo de Estado presentó
concepto7 en el que se señaló que no había duda en que la demandante a la
entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 contaba con más de 35 años de edad y
al 25 de julio de 2005, fecha de entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de
2005, tenía más de 750 semanas cotizadas, como lo concluyó el Tribunal, en el
plenario quedó constatado que la accionante había cotizado 778,98 semanas.

23. Asimismo, para la fecha en que la accionante solicitó el reconocimiento
pensional ante Colpensiones, esto es, el 30 de octubre de 2013 ya contaba con
el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 71 de 1988 para obtener su
pensión de jubilación, empero había de modificarse la sentencia sobre los
factores salariales señalados en el Decreto 1158 de 1994, devengados durante
los últimos diez (10) años de servicios, conforme a las reglas de la sentencia de
unificación de 28 de agosto de 2018, expediente 52001-23-33-000-2012-00143-
01.

24. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección

6 Ibidem. Archivo: «57ED_371APELACIONSENTE.pdf»
7 Índice 10 de la segunda instancia, visible en el aplicativo SAMAI.
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procede a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

25. Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 8 de la Ley 1437 de 2011.

26. De conformidad con el artículo 328 del Código General del Proceso, la
competencia del juez de segunda instancia está circunscrita a los argumentos
expuestos por la apelante. No obstante, en caso de que ambas partes hayan
apelado la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

3.2. Problema jurídico

27. En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada,
le corresponde a la Sala establecer si la señora Everlides Urzola Chamorro
conserva el régimen de transición previsto en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993,
por contar con 750 semanas cotizadas a 25 de julio de 2005, fecha de entrada
en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2005. De ser afirmativa la respuesta a
interrogante, deberá verificarse si en este caso el Tribunal al ordenar el
reconocimiento pensional acató las pautas de unificación de esta Corporación
dadas de la sentencia de unificación de 28 de agosto de 20189 en cuanto al IBL?

28. Con ese propósito, la Sala se referirá al marco normativo y jurisprudencial
para establecer si le asiste razón a la entidad apelante.

3.3. Fondo del asunto

3.3.1. Postura unificada frente al reconocimiento pensional de los
beneficiarios del régimen de transición de la Ley 100 de 1993.

29. En sentencia de unificación de 28 de agosto de 2018 10, la Sala Plena de la

8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».

9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018.

Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen
Guerrero de Montenegro.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de agosto de 2018.

Consejero ponente: César Palomino Cortés. Expediente 2012-00143-01. Demandante: Gladis del Carmen
Guerrero de Montenegro.
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Corporación unificó su criterio sobre el IBL de las pensiones reconocidas bajo el
régimen de transición de la Ley 100 de 1993, específicamente, fijó dos subreglas
referentes (i) al periodo que se debe tener en cuenta para liquidar el IBL de las
mismas y (ii) los factores salariales que se deben observar para esos efectos.

30. Así, dispuso que tratándose de personas que al momento de entrar en
vigencia la Ley 100 de 1993 les faltare más de 10 años para adquirir el derecho
prestacional, el IBL será el promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
hubiere cotizado el afiliado durante los 10 años anteriores al reconocimiento de
la pensión, de lo contrario, esto es, si faltare menos de 10 años, el IBL será (i) el
promedio de lo devengado en el tiempo que les hiciere falta para ello, o (ii) el
cotizado durante todo el tiempo, el que fuere superior.

31. De igual forma, precisó que los factores salariales a considerar son
únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones
al Sistema de Pensiones y que se encuentren consagrados expresamente en la
Ley.

32. En cuanto a las subreglas se tiene:

33. La primera, se refiere al periodo para liquidar las pensiones de los servidores
públicos que adquieran el derecho conforme a las condiciones de la Ley 33 de
1985 (edad, tiempo y tasa de reemplazo), y se fijó en los siguientes términos:

• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que fuere
superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de Precios
al consumidor, según certificación que expida el DANE.

• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE.

34. La segunda, determina «que los factores salariales que se deben incluir en el
IBL para la pensión de vejez de los servidores públicos beneficiarios de la
transición son únicamente aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones.»

35. Acorde con lo expuesto, el IBL para las personas que se en encuentran en el
régimen de transición es el previsto en el inciso tercero del artículo 36 o en el
artículo 21 de la Ley 100 de 1993, según corresponda. Estas personas se
pensionan con los requisitos de «edad, tiempo y tasa de reemplazo del régimen
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general de pensiones previsto en la Ley 33 de 1985.»

36. Debe indicarse que, el parágrafo transitorio 4.° del artículo 1.° del Acto
Legislativo 01 de 2005 dispone que el régimen de transición establecido en la
Ley 100 de 1993 y demás normas que desarrollen dicho régimen, no podrá
extenderse más allá del 31 de julio de 2010; excepto para los trabajadores que
estando en dicho régimen, además, tengan cotizadas al menos 750 semanas o
su equivalente en tiempo de servicios a la entrada en vigencia del acto legislativo
(25 de julio de 2005), a los cuales se les mantendrá dicho régimen hasta el año
2014.

37. Finalmente es de indicar que de conformidad con el régimen de transición
consagrado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, ha de considerarse como
referente normativo aplicable a quienes se encuentren amparados por el mismo,
no sólo la Ley 33 de 1985, reguladora del régimen pensional general para el
sector público, para quienes reclamen la pensión jubilatoria como empleados de
dicho sector, sino también la Ley 71 de 1988 11, que consagró la pensión de
jubilación por acumulación de aportes, la cual, concede la posibilidad de
computar el tiempo servido en el sector público y en el privado.

38. Esta Ley fue reglamentada en principio por el Decreto 1160 de 1989 y
después por el Decreto 2709 del 13 de diciembre de 1994, que en su artículo 1°,
determinó que la pensión a la que la mencionada Ley 71 de 1988 se refería, se
denomina pensión de jubilación por aportes y a la misma tenían derecho «[…]
quienes al cumplir 60 años o más de edad si es varón, o 55 años o más si se es
mujer, acrediten en cualquier tiempo, 20 años o más de cotizaciones o aportes
continuos o discontinuos en el Instituto de Seguros Sociales y en una o varias de
las entidades de previsión social del sector público».

39. Dicha norma en sus artículos 6.° y 8.° estableció el salario base para la
liquidación de la pensión y el monto; empero el primero de los mencionados fue
derogado por el artículo 24 del Decreto 1474 de 1997, sin embargo, esa
determinación fue anulada por esta Sección a través de sentencia del 15 de mayo
de 201412.

40. Es destacar que, frente a los términos para su liquidación, esta Subsección13,
ha señalado que el IBL de las personas beneficiarias de la transición consagrada
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplique Ley 71 de 1998,

11 Ley 71 de 1988 «Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones».

12 Consejero Ponente Dr. Gerardo Arenas Monsalve. Expediente 11001-03-25-000-2011-00620-00 (2427-

2011).

13 Sección Segunda. Subsección “A”. C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas. Sentencia del 2 de mayo de

2019. Radicación: 250002342000201503216 01 (2240-17. Actor: Olga Polanco Patiño. Demandado:
Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-.

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será el determinado por la regla y subreglas dispuestas en la sentencia de
unificación referida del 28 de agosto de 2018.

3.3.2. Caso concreto.

41. Las pruebas allegadas son las siguientes:

➢ Edad de la demandante.

42. Según copia de la cédula de ciudadanía aportada14 nació el 17 de abril de
1952 en el municipio de Planeta Rica -Córdoba.

➢ Tiempo cotizado.

43. De acuerdo con certificado de información laboral expedido por la Alcaldía
Distrital de Barranquilla el 16 de septiembre de 2013 15 se tiene que la señora
Everlides Urzola Chamorro registró los siguientes periodos de vinculación y
cotización:

44. Esto es:

• Desde el 1.° de junio de 1990 al 30 de junio de 1995, como auxiliar de enfermería
en el Hospital Pediátrico en el cual se realizaron sus aportes en pensión a la Caja
de Previsión Municipal.
• Desde el 1.° de julio de 1995 al 18 de octubre de 2004, como enfermera en el
Hospital Pediátrico, periodo en el cual se realizaron sus aportes en pensión al
Instituto de Seguros Sociales.

• Desde el 19 de octubre de 2004 al 23 de septiembre de 2009, como enfermera
en la ESE Red Pública Hospitalaria, esto es con aportes al ISS.

14 Expediente digitalizado segunda instancia. Aplicativo SAMAI. Opción: «Visualizar expediente». Archivo

«5ED_01ANEXOSPODERRES». Folio 12 del archivo PDF.
15 Ibidem. fl. 13 del archivo PDF.
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45. De igual forma se allegó el reporte de semanas cotizadas en pensiones
expedido por COLPENSIONES correspondiente a periodos interrumpidos desde
el 1.° de septiembre de 1995 hasta el 31 de julio de 2019, por 878 semanas. Es
de señalar que desde el 1.° de septiembre de 2009 aparecen empleadores
privados, entre ellos, «Cooperativa de traba[jo]», «Sindicato de profesi[onales]»,
«CARDIOTORAX S.A.S».

46. Es de señalar que en cumplimiento de lo señalado por auto de mejor proveer
de 18 de febrero de 2021, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla remitió certificación electrónica de tiempos laborados -CETIL-16 de
22 de febrero de 2021 donde se precisaron los aportes realizados por los
periodos 1.° de mayo de 1990 a 18 de octubre de 2004 y desde el 19 de octubre
de 2004 hasta el 23 de septiembre de 2009, así como las entidades de previsión
en las que se efectuó la cotización, esto de acuerdo con su vinculación laboral:

➢ Actuación administrativa.

47. Se allegó copia de la solicitud de reconocimiento pensional presentada por la
accionante ante COLPENSIONES el 30 de octubre de 201317.

• En la Resolución demandada GNR 135881 de 25 de abril de 2014 (fl. 20
ibidem) se reportaron semanas de cotización, en periodos discontinuos
desde el 30 de junio de 1995 hasta el 1.° de marzo de 2012 con una
sumatoria total de 851 semanas. Se indicó que la demandante a 25 de
julio de 2005 solo acreditaba 682 semanas y a además a la luz de lo

16 Ibidem. Archivo « 63ED_44PRUEBADEOFICIO».
17 Expediente digitalizado segunda instancia. Aplicativo SAMAI. Opción: «Visualizar expediente». Archivo

«5ED_01ANEXOSPODERRES». Folio 3 del archivo PDF.
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establecido por la Ley 100 de 1993 no acreditaba 1275 semanas exigidas
por la Ley 100.

• Esta decisión fue confirmada a través de la Resolución GNR 410602 de
26 de noviembre de 2014 (f. 26 ibidem). Allí la entidad se refirió al Acuerdo
758 de 1990, que consideró no aplicable porque no acreditaba 1000
semanas de cotización exclusiva al ISS al cumplimiento de la dad para
pensionase o 500 dentro de los 20 años anteriores.

3.3.4. Análisis de la Sala.

48. Para esta Subsección resulta evidente que le asistió razón al a quo al acceder
al reconocimiento pensional a la luz de lo señalado por la Ley 71 de 1988, dado
que en el primer acto administrativo se omitió el periodo laborado desde el 1.° de
junio de 1990 hasta el 30 de junio de 1995 en el que la trabajadora se encontraba
vinculada como auxiliar de enfermería en el Hospital Pediátrico en el cual se
realizaron sus aportes en pensión a la Caja de Previsión Municipal, razón la cual,
para la entidad demandada la interesada no cumplió las 750 semanas laboradas
requeridas por el Acto Legislativo 01 de 2005, para conservar el régimen de
transición.

49. Ahora, examinado el acervo probatorio, se tiene que de acuerdo con la
certificación CETIL18 de 22 de febrero de 2021 expedida por la entidad territorial
sí se efectuaron aportes por los periodos 1.° de junio de 1990, de forma continua
hasta el 18 de octubre de 2004 y desde el 19 de octubre de 2004 hasta el 23 de
septiembre de 2009, correspondiendo hasta 1995 a la Caja de Previsión Social
del municipio de Barranquilla.

50. En ese sentido, esta Sala destaca que la señora Urzola Chamorro acreditó
787 semanas y 3 días de labor al 25 de julio de 2005 y como contaba con 43
años de edad al 30 de junio de 1995 era evidente que conservaba el derecho a
beneficiarse del régimen de transición del artículo 36 de la Ley 100 de 1993.

51. Por su parte, de acuerdo con los requisitos previstos en el artículo 7.° de Ley
71 de 1988, para adquirir una pensión de jubilación por aportes, la demandante
debía acreditar 55 años de edad por ser mujer y 20 años de aportes en cualquier
tiempo acumulados en una o varias de las entidades de previsión social.

52. Así entonces, la demandante cumplió con los requisitos para acceder a la
pensión, pues logró acreditar 19 años, 3 meses y 22 días al servicio de la Alcaldía
Distrital de Barranquilla desde el 1.° de junio de 1990 hasta el 23 de septiembre
de 2009 y luego, realizó aportes a COLPENSIONES desde septiembre de 2009

18 Ibidem. Archivo « 63ED_44PRUEBADEOFICIO».
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por cuenta de empleadores privados, entre ellos, «Cooperativa de traba[jo]»,
«Sindicato de profesi[onales]», «CARDIOTORAX S.A.S» y que se mantuvieron
hasta el 31 de julio de 2018 como se indica en el folio 34 del archivo
«5ED_01ANEXOSPODERRES»19.

53. Además, cumplió los 55 años de edad el 17 de abril de 2007, fecha para la
cual ya contaba con más de 20 años de servicios cotizados en los sectores
público y privado con lo que debía reconocerse la prestación solicitada a la luz
de lo establecido por la Ley 71 de 1988, «Por la cual se expiden normas sobre
pensiones y se dictan otras disposiciones».

54. En consecuencia, como adquirió su derecho pensional el 17 de abril de 2007,
fecha a partir de la cual se hizo exigible la prestación, es evidente que ocurrió el
fenómeno de la prescripción a la luz de lo establecido por el Decreto 3135 de
1968, dado que la solicitud de reconocimiento pensional se efectuó el 30 de
octubre de 2013, con lo que la efectividad se generó a partir del 30 de octubre de
2010 como lo ordenó el Tribunal.

55. Estima la Sala necesario pronunciarse sobre el ingreso base de liquidación
como lo solicita el procurador delegado ante esta Corporación pues hace parte
del núcleo de la controversia y del derecho reconocido en la primera instancia.
56. En este punto, es de anotar que el Tribunal ordenó el reconocimiento de la
pensión de jubilación al «reconocer y pagar en favor de la señora Everlides Urzola
Chamorro, una pensión por aportes cuyo monto será equivalente al setenta y
cinco por ciento (75%) del salario promedio que sirvió de base para los aportes
durante el último año de servicios, con efectividad a partir del 30 de octubre de
2010, por efectos de la prescripción trienal» 20, sin que el monto pensional sea
inferior al salario mínimo mensual legal vigente «ni superior a quince (15) veces
dicho salario, salvo lo previsto en la ley». Así mismo declaró la prescripción de
las mesadas causadas con anterioridad al 30 de octubre de 2020.

57. Es destacar que, frente a los términos para su liquidación, esta Subsección21,
ha señalado que el IBL de las personas beneficiarias de la transición consagrada
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a quienes se les aplique Ley 71 de 1998,
será el determinado por la regla y subreglas dispuestas en la sentencia de
unificación referida del 28 de agosto de 2018.

58. En este sentido, para determinar el IBL de la pensión de la demandante es
necesario aplicar la regla de unificación según la cual, si faltare más de diez (10)

19 Expediente digitalizado segunda instancia. Aplicativo SAMAI. Opción: «Visualizar expediente». Archivo

«5ED_01ANEXOSPODERRES»
20
Negrilla de la Sala.
21 Sección Segunda. Subsección “A”. C.P.: Rafael Francisco Suárez Vargas. Sentencia del 2 de mayo de

2019. Radicación: 250002342000201503216 01 (2240-17. Actor: Olga Polanco Patiño. Demandado:
Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-.

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años, el ingreso base de liquidación será el promedio de los salarios o rentas
sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez (10) años de servicios,
actualizados anualmente con base en la variación del índice de precios al
consumidor, según certificación que expida el DANE. Eso por cuanto el estatus
pensional se adquirió el 17 de abril de 2007. Así mismo su liquidación se realizará
con base en los factores salariales sobre los que se hayan efectuado los aportes
o cotizaciones al Sistema de Pensiones, que se encuentren enlistados en el
Decreto 1158 de 1994.

59. Por lo anterior, corresponde a la Sala confirmar parcialmente la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico salvo el numeral segundo
que se modificará en los términos señalados.

3.5. De la condena en costas en segunda instancia

60. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

61. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

62. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

63. En este contexto, en el caso concreto no procede la condena en costas, toda
vez que las peticiones del recurso de apelación están siendo concedidas de
manera parcial, por manera que no puede predicarse que alguna de las partes
haya sido vencida en el proceso. En consecuencia, se prescindirá de la condena
en costas en esta instancia.

64. En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
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FALLA

PRIMERO.- CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia del 13 de julio de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, que accedió a
las pretensiones de la demanda interpuesta por la señora Everlides Urzola
Chamorro en contra de la Administradora Colombiana de Pensiones -
COLPENSIONES-, por las razones expuestas en esta providencia, salvo el
numeral segundo que se modifica en los siguientes términos:

«SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho, ORDENAR a
Colpensiones, por conducto del gerente nacional o quien haga sus veces,
reconocer y pagar en favor de la señora Everlides Urzola Chamorro, una pensión
por aportes cuyo monto será equivalente al setenta y cinco por ciento (75%) del
promedio de los factores salariales sobre los que cotizó la afiliada al Sistema de
Pensiones, que se encuentren enlistados en el Decreto 1158 de 1994, durante
los diez (10) años de servicios, con efectividad a partir del 30 de octubre de 2010,
por efectos de la prescripción trienal. El valor de la pensión de jubilación por
aportes no podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente ni superior
a quince (15) veces dicho salario, salvo lo previsto en la ley».

TERCERO. SIN CONDENA en costas en esta instancia, según las
consideraciones expresadas en este fallo.

CUARTO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI». y en
esta providencia se decide el fondo del asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la plataforma
SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad, conservación, y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo y demás normas concordantes del Código General del Proceso.
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