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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01042-00

Fecha
26 de marzo de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-01042-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Declarar la carencia actual de objeto por configurarse un hecho superado. Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2026-01042-00

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

26 de marzo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, veintiséis (26) de marzo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2026-01042-00
Accionante: EVERLIDES URZOLA CHAMORRO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,
SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra autoridad judicial. Proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con pretensión de reconocimiento y
pago de pensión de vejez. Mora judicial injustificada. Carencia actual
de objeto por hecho superado

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por la señora Everlides Urzola Chamorro, quien actúa en nombre propio,
contra la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 12 de febrero de 2026, la parte actora pidió al juez constitucional la protección
de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, a
la dignidad humana y de acceso a la administración de justicia, supuestamente
vulnerados por la autoridad judicial accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Que esa Honorable Corporación tutele mis derechos fundamentales a la seguridad
social, a la salud, a la vida digna, al mínimo vital y al acceso a la justicia, en consecuencia,
ORDENE A la SALA DE LO CONTENCIOSO- ADMINISTRATIVOSECCIÓN SEGUNDA
– SUBSECCIÓN A del CONSEJO DE ESTADO, que en un término de 48 horas disponga
lo necesario para que se dicte y publique la SENTENCIA dentro del Radicado: Radicado
08001-23-33-000-2018-01144-01 No. interno (4229-2021)”.

2. Hechos

La accionante relató que nació el 17 de abril de 1952 y que cuenta con 74 años,
que el 30 de octubre de 2013 radicó ante la Administradora Colombiana de
Pensiones (en adelante Colpensiones), solicitud para el reconocimiento y pago de
la pensión de vejez, al considerar que contaba con 1004 semanas cotizadas y 61
años de edad1. Sin embargo, mediante Resoluciones núm. GNR 135881 de 25 de
abril de 2014 y GNR 410602 de 26 de noviembre de 2014, la entidad negó la

1
La actora indicó que durante todo el tiempo de vinculación se desempeñó, en un primer momento, como
auxiliar de enfermería, y luego como enfermera profesional.
1

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Accionante: Everlides Urzola Chamorro

solicitud, con sustento en que era necesario que las cotizaciones se realizaran al
extinto Instituto de los Seguros Sociales. Igualmente, que para el 25 de julio de
2025 se acreditaron 682 semanas, por lo que no conserva el régimen de transición
y por ello resultaba aplicable la Ley 100 de 1993, además que solo se demostró un
total de 851 semanas cotizadas cuando lo requerido eran 1275.

Afirmó que, el 18 de diciembre de 2018 presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Colpensiones, con el fin de que se anularan las
Resoluciones núm. GNR 135881 de 25 de abril de 2014 y GNR 410602 de 26 de
noviembre de 2014 y, en su lugar, se ordenara el reconocimiento y pago de la
pensión de vejez.

Sostuvo que el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, en fallo de 13 de
junio de 2021 accedió a las pretensiones de la demanda y ordenó a Colpensiones
reconocer y pagar la pensión a partir del 30 de octubre de 2010, al considerar que
se demostró “que para el 30 de octubre de 2013, fecha de radicación de la solicitud
de reconocimiento pensional ante Colpensiones, la actora cumplía con los
requisitos exigidos en la Ley 71 de 1988 para obtener la pensión por aportes, esto
es, 20 años de aportes ‘sufragados en cualquier tiempo y acumulados en una o
varias de las entidades de previsión social que hagan sus veces, del orden nacional,
departamental, municipal, intendencial, comisarial o distrital y en el Instituto de los
Seguros Sociales´2, y la edad de 55 años, precisándose que el estatus pensional lo
alcanzó el 17 de abril de 2007”.

Manifestó que contra la anterior decisión Colpensiones interpuso recurso de
apelación. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado por auto
de 1 de febrero de 2022 lo admitió, a lo que agregó que no se ha dictado decisión
alguna, pese a que en memoriales radicados desde el 30 de mayo de 2024 hasta
el 3 de diciembre de 2025, ha solicitado que se dicte sentencia de segunda
instancia.

Finalmente, se pone de presente que, el 16 de febrero de 2026, la demandante
radicó un nuevo memorial de impulso procesal.

3. Fundamentos de la acción

La parte actora aseguró que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales, en tanto “no ha resuelto de fondo el proceso, dictando la respectiva
SENTENCIA a pesar de que han trascurridos cuatro (4) años desde que se emitió
el auto admisorio del recurso de apelación”.

4. Trámite procesal

Por auto de 17 de febrero de 2026, el magistrado sustanciador admitió la demanda
de tutela y ordenó notificar a la accionante y a la autoridad judicial accionada. De
igual modo, vinculó a Colpensiones, como tercero con interés, y se notificó a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2
La actora hizo aportes pensionales a la Caja de Previsión Municipal de Barranquilla, por el período
comprendido desde el 1 de junio de 1990 hasta el 30 de junio de 1995, y cotizó al ISS y a Colpensiones desde
el 1 de julio de 1995 hasta el 31 de enero de 2018, con sus interrupciones, tiempo que, a 30 de octubre de 2013,
arrojaba un total de 23,28 años de aportes.
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Accionante: Everlides Urzola Chamorro

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios nos. 29672 a 29675 de
20 de febrero de 2026, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión.

5. Oposición

5.1. Respuesta de Colpensiones

La directora de la oficina de Acciones Constitucionales solicitó que declare la
improcedencia de la acción de tutela, al considerar que “decidir de fondo las
pretensiones del accionante y acceder a las mismas, invade la órbita del juez
ordinario y su autodominio, pero además excede las competencias del juez
constitucional, en la medida que no se probó vulneración a derechos
fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable
proteger derecho alguno”.

5.2. Respuesta de la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de
Estado

El magistrado sustanciador del proceso ordinario solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela o, en su defecto, se nieguen las pretensiones
por la falta de vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora.

Informó que, si bien no se desconoce el tiempo transcurrido, ello se encuentra
justificado, no solo por la congestión judicial que no es ajena al despacho y en
general a la Sección Segunda de esta Corporación, sino por cuanto existe un orden
de estudio de los procesos que puede obedecer al criterio de antigüedad - según la
fecha de ingreso al despacho- o al criterio temático, según se disponga como
medida de gestión judicial efectiva.

Por último, mencionó que ya fue radicada ponencia de segunda instancia para
discusión en la sala de 12 de marzo de 2026.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala establecer si es procedente la acción de tutela de
conformidad con los requisitos generales de procedencia y, en caso afirmativo, si la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró los derechos
fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, a la dignidad
humana y de acceso a la administración de justicia de la accionante, por la supuesta
mora al resolver la segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que adelanta contra Colpensiones.

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Radicado: 11001-03-15-000-2026-01042-00
Accionante: Everlides Urzola Chamorro

3. Generalidades de la acción de tutela

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Destaca esa disposición que dicha
solicitud de amparo, “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.

Así mismo, el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991 establece que “Toda persona
tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la
protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares en los casos que señale este Decreto. Todos los días y horas
son hábiles para interponer la acción de tutela (…)”.

En suma, la acción de tutela es un mecanismo de protección inmediato y subsidiario
de los derechos fundamentales, que puede iniciar cualquier persona, cuando éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad
pública o de los particulares.

4. Estudio y solución del caso concreto

La accionante sostiene que la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado vulneró los derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la
seguridad social, a la dignidad humana y de acceso a la administración de justicia
de la accionante, al supuestamente incurrir en una mora de 4 años en dictar la
sentencia de segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que adelanta contra Colpensiones, cuya pretensión es el reconocimiento
y pago de su pensión de vejez.

La señora Everlides Urzola Chamorro presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Colpensiones, con la pretensión de que se le
reconociera la pensión de vejez, la cual fue negada mediante las Resoluciones
núm. GNR 135881 de 25 de abril de 2014 y GNR 410602 de 26 de noviembre de
2014.

El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, en fallo de 13 de junio de 2021,
accedió a las pretensiones y ordenó a Colpensiones reconocer y pagar la pensión
a partir del 30 de octubre de 2010. Esa decisión fue apelada por la entidad
demandada.

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado por medio de auto
de 1 de febrero de 2022 admitió el recurso de apelación. Posteriormente, el 6 de
abril de 2022, el expediente pasó al despacho para fallo.

El 12 de marzo de 2024 se dejó constancia del cambio de ponente por nuevo titular
del despacho, en tanto el magistrado sustanciador culminó periodo constitucional y
fue posesionado su reemplazo, el magistrado Luis Eduardo Mesa Nieves.

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Finalmente, en el índice 00030 de Samai3, se observa que el 5 de marzo de 2026,
se registró proyecto de fallo en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado núm. 08001-23-33-000-2018-01144-01. Igualmente, que la sentencia
fue aprobada el 12 de marzo de 2026, la cual se remitió a la Secretaría de la Sección
Segunda de esta Corporación el 18 de marzo de 2026 y se notificó a las partes el
25 de marzo de 2026, de lo cual da cuenta el Sistema para la Gestión Judicial Samai
(índice 34).

Descendiendo al caso concreto, la Sala observa que la pretensión formulada por la
actora encaminada a que resuelva la segunda instancia del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que adelanta contra Colpensiones se encuentra
satisfecha, debido a que la autoridad judicial accionada dictó sentencia de segunda
instancia, cuya notificación se surtió a las partes, tal como se observa en el Sistema
para la Gestión Judicial Samai. De este modo, la orden del juez de tutela relativa a
lo solicitado en la demanda de tutela no surtiría ningún efecto, pues lo pretendido
se resolvió antes de emitirse la decisión de primera instancia.

Cabe resaltar que en sentencia SU-274 de 20194, la Corte Constitucional reiteró que
“ante la alteración o el desaparecimiento de las circunstancias que dieron origen a la
vulneración de los derechos fundamentales objeto de estudio, la solicitud pierde su eficacia
y sustento, así como su razón de ser como mecanismo extraordinario y expedito de
protección judicial”. Ello se justifica en que al desaparecer el supuesto de hecho que
motivó la presentación de la solicitud, cualquier determinación por el juez
constitucional sería inocua y no atendería el objetivo de esta acción consagrado en
el artículo 86 de la Constitución Política.

En términos concretos dijo la Corte, “la materia o amenaza cesa porque ha tenido lugar
un evento que conlleva a la conjuración del daño, la satisfacción del derecho o la inocuidad
de las pretensiones”.

Con base en lo previsto en el artículo 86 de la Carta Política, la Corte Constitucional
ha desarrollado el concepto de la carencia actual de objeto, que permite evidenciar
la imposibilidad material del juez constitucional para dictar alguna orden para
salvaguardar los intereses jurídicos cuya garantía ha sido solicitada. Este fenómeno
se materializa a través de tres figuras: (i) hecho superado; (ii) daño consumado y
(iii) el acaecimiento de una situación sobreviniente.

El hecho superado está previsto en el inciso primero del artículo 26 del Decreto 2591
de 1991, el cual se configura cuando entre el momento de la presentación de la
acción de tutela y el fallo desaparece la situación que presuntamente generaba la
afectación ius fundamental. La Corte ha dicho que tiene lugar cuando “(i) se superó
la afectación y (ii) resulta inocua cualquier intervención que pueda realizar el juez de tutela
para lograr la protección de unos derechos que, en la actualidad, la accionada ha dejado
de desconocer”5.

De otra parte, el daño consumado consagrado en el numeral 4º del artículo 6 del
Decreto 2591 de 1991, consiste en que “a partir de la vulneración que venía
ejecutándose, se ha consumado el daño o afectación que con la acción de tutela se

3
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=080012333000201801144011100103 .
4
M. P. José Fernando Reyes Cuartas.
5
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
5

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pretendía evitar, de forma que ante la imposibilidad de hacer cesar la vulneración o impedir
que se concrete el peligro, no es factible que el juez de tutela, dé en principio, una orden al
respecto”6.

Por último, la jurisprudencia constitucional ha desarrollado una tercera modalidad
que comprende supuestos de hecho que no se encajan en un hecho superado o un
daño consumado, la cual ha denominado acaecimiento de una situación
sobreviniente, “que no tiene origen en el obrar de la entidad accionada la vulneración
predicada (…), ya sea porque el actor mismo asumió la carga que no le correspondía, o
porque a raíz de dicha situación, perdió interés en el resultado de la litis”7.

Con fundamento en lo expuesto, la Sala declarará la carencia actual de objeto
porque se acreditó la configuración de un hecho superado respecto a lo pretendido
por la accionante.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

Primero.- Declarar la carencia actual de objeto por configurarse un hecho
superado.

Segundo.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, remitir el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión
previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección
electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

6
Cfr. SU-225 de 2013, M. P. Alexei Julio Estrada.
7
Cfr. T-449 de 2018, M. P. Alberto Rojas Ríos.
6

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