RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2019-00010-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00010-01

Fecha
9 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00010-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de 16 de diciembre de 2020, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las súplicas de la demanda presentada por el señor Ignacio Oroño Consuegra, contra el departamento del Atlántico, por las razones expuestas en esta providencia. SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 000234 del 2 de abril de 1993 y el Oficio 20130500010191 del 6 de diciembre de 2013, expedidos por el departamento del Atlántico, mediante los cuales se le negó al señor Ignacio Oroño Consuegra el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de conformidad con la Ordenanza 047 de 1974. TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del derecho, CONDENAR al departamento del Atlántico, Fondo Territorial de Pensiones, a reconocer y pagar la pensión de jubilación del señor Ignacio Oroño Consuegra, con una tasa de reemplazo del 60% del salario y la doceava parte de las primas de servicio y de navidad percibidos durante el último año de servicio, comprendido entre el 1.° de agosto de 1985 y el 31 de julio de 1986, con actualización de la primera mesada pensional, esto, sin que sea inferior a un salario mínimo. CUARTO.- DECLARAR la ocurrencia del fenómeno de la prescripción de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 28 de agosto de 2014. QUINTO: Las sumas que se paguen en favor del demandante se actualizarán en la forma como se indica en la parte considerativa, a la fecha de la liquidación de la sentencia, de acuerdo con el régimen general y se aplicarán sobre las mismas los reajustes de ley. SEXTO: El departamento del Atlántico, Fondo Territorial de Pensiones, deberá realizar las actuaciones interadministrativas a efectos de realizar el cobro de la cuota parte correspondiente a cargo de la UGPP, a fin de solicitar el reembolso de las cotizaciones a pensión efectuadas a CAJANAL por parte del empleador del demandante. SÉPTIMO: La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los términos previstos en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011. OCTAVO: Se condena en costas y agencias en derecho de ambas instancias al […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2019-00010-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

9 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veintiséis (2026).

Referencia: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicación: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)
Demandante: Ignacio Oroño Consuegra
Demandado: Departamento del Atlántico
Temas: Reconocimiento pensión de jubilación. Ordenanza 047 de
1974
Decisión: Revoca la decisión que niega las pretensiones de la
demanda. Condena en costas.

Ley 1437 de 2011 – Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho

I. ASUNTO

1. La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante en contra de la sentencia del 16 de diciembre de 2020,
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico1, que negó las súplicas de la
demanda y se abstuvo de imponer condena en costas al accionante.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda.2

2. El señor Ignacio Oroño Consuegra, por intermedio de apoderado judicial,
solicitó declarar la nulidad de la Resolución núm. 000234 del 2 de abril de 1993
y el Oficio 20130500010191 del 6 de diciembre de 2013, expedidos por el
departamento del Atlántico, mediante los cuales se le negó el reconocimiento y
pago de la pensión de jubilación de conformidad con la Ordenanza 047 de 1974.

3. Como restablecimiento del derecho, solicitó condenar al departamento del
Atlántico a reconocerle y pagarle una pensión de jubilación a partir del 3 de junio
de 1988, junto con el retroactivo de las mesadas pensionales, así como los
intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 y la indexación de las

1 Con ponencia del Magistrado Javier Eduardo Bornacelly Campbell.
2 Expediente digitalizado. Allí obra a folios 164 y s.s. del cuaderno principal.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

sumas dejadas de cancelar.

4. Finalmente solicitó que se condene en costas a la entidad accionada.

2.2. Hechos.

5. El señor Ignacio Oroño Consuegra prestó sus servicios al Estado de la
siguiente manera:

• Como técnico de laboratorio en el extinto Hospital Santa Clara de
Cartagena durante 2 años, 10 meses y 9 días.
• En el departamento del Atlántico como:
o Diputado durante 8 años.
o Médico «S.M.O»., en el Hospital Local de Baranoa nombrado
mediante Resolución núm. 2235 del 24 de septiembre de 1976,
desde el 1.° de mayo de 1976, hasta el 31 de agosto de 1977, esto
es durante 1 año, 4 meses.
o Médico internista en el Hospital local de Baranoa, nombrado
mediante Resolución núm. 2544 del 6 de agosto de 1979 (medio
tiempo, 4 horas diarias), desde el 6 de octubre de 1979, hasta el 31
de julio de 1986.
o Médico director del Centro de Salud de Buenos Aires de
Barranquilla, mediante Resolución núm. 1648 del 26 de agosto de
1980 (medio tiempo, 4 horas diarias), donde inició labores el 8 de
septiembre de 1980, hasta el 15 de julio de 1982.
o Médico director del Centro de Salud Meisel La Manga, nombrado
mediante Resolución núm. 1256 del 6 de junio de 1986, durante 6
años, 9 meses y 25 días.

• El 6 de noviembre de 1974, la Asamblea Departamental del Atlántico
expidió la Ordenanza 47 «Por la cual se determinan la pensión de
jubilación y demás prestaciones sociales de los Diputados de la Asamblea
Departamental del Atlántico y se dictan otras disposiciones».
• El 13 de diciembre de 1990, solicitó el reconocimiento y pago de la pensión
de jubilación al considerar que consolidó el derecho pensional con base
en la anterior Ordenanza, al contar a esa fecha con más de 45 años de
edad y desempeñarse por más de 15 años como empleado en entidades
públicas del orden departamental.
• La entidad le negó su solicitud de a través de los actos demandados.

2.3. Fundamentos de derecho y concepto de la vulneración.

6. Como concepto de violación, argumentó que la entidad demandada
desconoció los artículos 192 de la Constitución Política de 1886; 4.° y 48 de la
835
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

Constitución Política de 1991; 111 de la Ley 4ª de 1913; 1.° del Decreto 2218 de
1966; 36, 141, 146 y 151 de la Ley 100 de 1993; la Ordenanza No. 047 del 6 de
noviembre de 1974.

7. Según la demanda, mediante la Ordenanza núm. 047 del 6 de noviembre de
1974, vigente para la fecha de recibo de la solicitud presentada por el
demandante, se estableció en el literal a) de su artículo 1.° el beneficio pensional
para quienes tuvieran 15 años de servicios y 45 años de edad.

8. Sostuvo que el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, estableció el régimen de
transición para quienes a su entrada en vigor tuvieran 40 años de edad y 15 años
de servicios, disponiendo además que tal régimen no se aplicaría en los eventos
donde la persona hubiera cumplido los requisitos para acceder a la pensión de
jubilación conforme a normas favorables anteriores, aun cuando no se hubiera
efectuado el reconocimiento.

9. Además, según la Ley 100 de 1993, en su artículo 146, se convalidaron las
situaciones jurídicas de carácter individual definidas con anterior a dicha ley,
siendo declarada exequible esta norma en sentencia C- 410 de 1997.

10. Adicionalmente indicó que se incurrió en desconocimiento de la sentencia C
– 410 de 1997 de la Corte Constitucional y la sentencia del 21 de julio de 2011
del Tribunal Administrativo del Atlántico en el proceso radicado
08001233100420030299500.

2.4. Contestación de la demanda.

11. El departamento del Atlántico guardó silencio.

2.5. Sentencia de primera instancia3

12. En sentencia de 16 de diciembre de 2020, el Tribunal Administrativo del
Atlántico, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de condenar en
costas a la parte demandante.

13. Para adoptar esta decisión se refirió al «régimen pensional aplicable a los
diputados» y para ello , trajo a colación la Ley 48 de 1962 y los Decretos 1723 de
1964 y 1222 de 1986, a partir de los cuales coligió que los miembros de las
Asambleas Departamentales gozarían de las mismas prestaciones sociales
consagradas para los servidores públicos determinadas en la Ley 6ª de 1945, y
demás disposiciones que la adicionen o reformen, norma en cuyo artículo 17,

3 Expediente digitalizado aplicativo SAMAI.

835
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

literal b), establece que la pensión vitalicia de jubilación, se otorga con 50 años
de edad y 20 años de servicio continuo o discontinuo.

14. Precisó que esa norma fue modificada por la Ley 4ª de 1966, en lo
concerniente a la liquidación del monto pensional.

15. Luego se refirió a que, durante la vigencia de la Constitución de 1886, y a
partir del análisis del Acto Legislativo 3 de 1910, la Ley 4ª de 1913, el Acto
Legislativo 1 de 1945 y el Acto Legislativo 1 de 1968, se configuró una
competencia compartida en materia salarial: el presidente y los gobernadores
podían fijar los emolumentos de sus empleados, pero siempre sujetos a las leyes
expedidas por el Congreso o las Asambleas. De acuerdo con esto, el
constituyente estableció que la competencia para definir el régimen salarial y
prestacional correspondía al legislador, mientras que las entidades territoriales
podían fijar únicamente las escalas de remuneración.

16. Con la Constitución de 1991, los artículos 150, numeral 19, literal e), 300
numeral 7.º , 305, numeral 7.º, 313 numeral 16, reforzaron que las Asambleas y
Concejos no pueden fijar libremente el régimen salarial y prestacional, pues
requieren autorización legal. Ello obedece a que el Congreso debe expedir las
normas generales y los criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para fijar
ese régimen, consolidando así una competencia compartida: el legislador fija
parámetros y el Ejecutivo determina los elementos concretos. Además, conforme
a la Ley 4ª de 1992, sólo el Congreso puede establecer las normas generales
para el reconocimiento de la pensión de jubilación de los empleados públicos.
Por tanto, son ilegales las normas departamentales o municipales (ordenanzas,
acuerdos, resoluciones), así como las convenciones colectivas, que pretendan
regular este aspecto.

17. Finalmente, se precisó que, aunque desde la Ley 6ª de 1945 hasta la Ley 100
de 1993 se ha regulado el régimen pensional de los servidores públicos, el
artículo 146 de esta última ley convalidó algunas situaciones ilegales y en esa
línea la Corte Constitucional, en la sentencia C-410 de 1997, indicó que las
situaciones pensionales consolidadas con fundamento en normas extralegales
antes del 30 de junio de 1995 quedaron avaladas por mandato del legislador.

18. Citó la sentencia del Consejo de Estado del 29 de septiembre de 2011,
radicado interno (2434-10), donde se indicó que para que sea procedente el
reconocimiento de una pensión de jubilación a un empleado público de
conformidad con normas del orden territorial y que dicha situación se encuentre
dentro de las que fueron amparadas por el artículo 146 de la Ley 100 de 1993,
han de tenerse en cuenta que su prestación haya sido consolidada o adquirida
con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 en el
orden territorial; y, que se halle dentro de los supuestos establecidos en el artículo
146 de la Ley 100 de 1993. Además, como el sistema entraría a regir a partir del
835
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

30 de junio de 1995, no queda duda de que la Ley 100 de 1993 convalidó los
derechos adquiridos sin justo título, con fundamento en normas territoriales
anteriores a su expedición.

19. En el caso se reclamó la aplicación de la Ordenanza 47 del 6 de noviembre
de 1974, donde se estableció una pensión de jubilación para los diputados de la
Asamblea Departamental del Atlántico, para lo cual debían acreditar 45 años de
edad y 15 años de servicios, tiempo este que se podía completar con el ejercicio
de otros cargos públicos nacionales, departamentales, o municipales.

20. En cuanto al caso concreto estimó que el actor nació el 3 de junio de 1943 y
cumplió los 45 años de edad, el 3 de junio de 1988 y en cuanto al tiempo de
servicios estableció lo siguiente:

«De igual manera se encuentra acreditado que el actor laboró en las siguientes
entidades:

Entidad Fecha de ingreso Fecha de retiro Tiempo de servicio
Hospital Santa Clara 01 de enero de 1969 09 de noviembre de 2 años, 10 meses, y
1971 8 días
Asamblea del 01 de octubre de 30 de septiembre de 2 años
Atlántico 1974 1976
Asamblea del 01 de octubre de 30 de septiembre de 2 años
Atlántico 1976 1978
Asamblea del 01 de octubre de 30 de septiembre de 2 años
Atlántico 1978 1980
Director del 08 de septiembre 15 de julio de 1982 1 años, 10 meses, y
Centro de Salud de de 1980 7 días
Buenos Aires
Asamblea del 01 de octubre de 30 de septiembre de 2 años
Atlántico 1980 1982
Médico S.M.O., en el 1° de mayo de 1976 31 de agosto de 1977 1 años, 3 meses, y
Hospital Local de 29 días
Baranoa
Médico de medicina 06 de octubre de 1979 24 de julio de 1986 6 años, 9 meses, y
interna en el Hospital 18 días
Local
de Baranoa
Medico Director en el 18 de julio de 1986 24 de julio de 1986 6 días
Centro de
Salud –Meisel – La
Manga

La sumatoria de los anteriores tiempos de servicios, sin realizar ningún reparo al
respecto, daría a la conclusión que el actor laboró por un lapso de 20 años, 10
meses y 8 días, sin embargo, es de destacar, que el demandante tuvo
vinculaciones laborales simultáneas durante varios periodos, unas como
Diputado del Departamento del Atlántico, y otras como médico del Hospital Local
de Baranoa y como director médico de centros médicos, por lo que habrá de

835
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

analizar si los mismos se pueden computar como tiempos dobles».(Negrilla de
la Sala)

21. Respecto al tema de cotizaciones y aportes cuando existan varios patronos
en un mismo periodo, las vinculaciones simultáneas dan lugar es al incremento
del ingreso base de cotización más no al aumento del tiempo de cotización4;
además el tiempo doble a que se ha referido el Consejo de Estado, es en relación
al lapso desempeñado por los miembros de la Fuerza Pública, en situaciones
especiales. Por ende, se debían depurar los tiempos laborales concomitantes
para saber si el actor cumplió con los requisitos exigidos en la ordenanza antes
mencionada, y de acreditarse el tiempo necesario, establecer si adquirió el
derecho pensional de acuerdo con la convalidación dispuesta en la Ley 100 de
1993.

22. Explicó que esa concomitancia sucedió cuando fue elegido por dos periodos
como diputado para los periodos de 1974 a 1982, y aunque las sesiones
corresponden a 2 meses, el artículo 9.° de la Ley 48 de 1962, estableció que para
los efectos de la jubilación los períodos de sesiones ordinarias o extraordinarias
del Congreso y de Asambleas en cada legislatura anual se equipararán a doce
(12) meses de un año de calendario, o, proporcionalmente al tiempo servido en
el Congreso o Asamblea en la respectiva legislatura. Por ello, consideró que los
periodos de 1974 a 1982, se equiparían cada uno como un año calendario.

23. Sin embargo, como el actor desde el año 1976 y hasta el año 1986, laboró
como médico en el Hospital Local de Baranoa, coincidiendo en los años 1976,
1977, 1978, 1979, 1980, 1981 y 1982, con los desempeñados como diputado,
estimó que no se pueden computar como años adicionales o tiempos dobles.

24. No obstante, para efectos pensionales, debe tenerse en cuenta como tiempo
de servicio, a partir del 1.° de enero de 1983, fecha en la que el demandante ya
no era diputado, y hasta el 24 de julio de 1986, data en que fue retirado del
servicio en el Hospital Local de Baranoa.

25. De acuerdo con ello, el señor Oroño Consuegra laboró en total 14 años, 5
meses y 1 día. Por eso, a pesar de cumplir los 45 años de edad el 3 de junio de
1988, no acreditó los 15 años de servicios que exige la Ordenanza 47 del 6 de
noviembre de 1974, por lo que no le asiste derecho al reconocimiento pensional
solicitado.

26. Concluyó que aun cuando la Ordenanza antes mencionada, resultaba
contraria a la Constitución, no sólo a la de 1886, sino a la de 1991, por no tener
la Asamblea Departamental del Atlántico competencia para fijar un régimen

4 Se refirió al artículo 81
del Decreto 3063 de 1989, y a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 5
de junio de 2012, dentro del expediente radicado núm. 42299.
835
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

pensional, tal situación quedó convalidada por la Ley 100 de 1993, sin embargo,
el actor no cumplió los requisitos establecidos en la disposición territorial.

27. Igualmente, tampoco habría lugar a reconocer la pensión de jubilación, en
atención a la Ley 6ª de 1945, ni tampoco a la luz de la Ley 33 de 1985, pues el
actor no cumplió con los 20 años de servicios que exigen.

28. En consecuencia, negó las pretensiones de la demanda y se abstuvo de
condenar en costas al demandante.

2.6. Recurso de apelación.5

29. El apoderado del demandante presentó un escrito extenso de apelación a
efectos de que sea revocada la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, que se sintetiza así:

30. Según lo indicó, la Ley 48 de 1962, en su artículo 7.°, hizo extensivo a los
miembros de las Asambleas Departamentales, el régimen prestacional
consagrado para los servidores públicos en la Ley 6ª de 1945, y en su artículo
9.°, en relación con la acumulación de tiempos de que trata el artículo 29 de la
Ley 6ª de 1945 indicó en su artículo 9.° que los lapsos o períodos de tiempo en
que se hayan devengado asignaciones por servicios prestados a la Nación, en el
ejercicio del cargo del senador o de representante; a los departamentos, en el de
diputados a la Asamblea, se acumularán a los lapsos de servicio oficial o
semioficial. Y para los efectos de la jubilación precedente, los períodos de
sesiones ordinarias o extraordinarias del Congreso y de Asambleas en cada
legislatura anual se equipararán a doce (12) meses de un año de calendario, o,
proporcionalmente al tiempo servido en el Congreso o Asamblea en la respectiva
legislatura.

31. Igualmente, la Ley 5ª de 1969 en el artículo 3.°, reiteró lo indicado por el
artículo 9.° de la Ley 48 de 1962, relativo a la acumulación de tiempos de servicio
para la obtención de la pensión de jubilación, pero aclarando que para los efectos
de la jubilación precedente, las sesiones ordinarias o extraordinarias de esas
corporaciones en cada legislatura anual, se computarán en materia de tiempo y
de asignaciones como si el congresista o diputado hubiese servido los doce
meses del respectivo año del calendario, y hubiese percibido durante cada uno
de dichos meses idénticas asignaciones mensuales a las devengadas en el
tiempo de sesiones.

32. Explicó que, si los miembros de las mencionadas corporaciones no hubiesen
asistido a todas las sesiones ordinarias o extraordinarias de la legislatura, se hará

5 Folios 201 y s.s. del expediente.

835
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

el cómputo en proporción al tiempo de servicio. Y si las corporaciones públicas
no se hubiesen reunido por cualquier causa, se contabilizarían el tiempo como si
dichas corporaciones hubiesen estado reunidas.

33. Por esto, coligió que no le asiste razón al a quo cuando afirmó que los
periodos en que el demandante fungió como diputado de la Asamblea
Departamental del Atlántico para los periodos de 1974 a 1982, no se pueden
computar como años adicionales o tiempos dobles, comoquiera que el actor
desde el año 1976 y hasta el año 1986, laboró como médico en el Hospital Local
de Baranoa, coincidiendo en los años 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 y
1982, con los desempeñados como diputado.

34. No obstante, de las pruebas aportadas para determinar el tiempo laborado
como diputado, se puede concluir que el procedimiento del tribunal no se ajustó
a lo ordenado en el artículo 9.° de la Ley 48 de 1962, reiterado por el artículo 3.°
de la Ley 5ª de 1969, ya que de su lectura, se entiende que periodos en que se
hayan devengado asignaciones por servicios prestados a los departamentos en
el ejercicio del cargo como diputado se acumularan los lapsos de servicio oficial
o semioficial y que para los efectos de la jubilación, su asistencia a las sesiones
ordinarias o extraordinarias llevada a cabo por la Corporación en cada legislatura
anual, se computarán en materia de tiempo y de asignaciones como si el diputado
hubiese servido los doce meses del respectivo año del calendario, y hubiese
percibido durante cada uno de dichos meses idénticas asignaciones mensuales
a las devengadas en el tiempo de sesiones.

35. Por ello se valoró erróneamente la certificación del 2 de marzo de 2009 (fls
19-20 del expediente), donde el secretario general de la Asamblea
Departamental del Atlántico certificó que el señor Oñoro Consuegra actuó en las
siguientes sesiones ordinarias y extraordinarias:

835
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

36. Por ello, se tiene que actuó ininterrumpidamente como diputado y a partir del
1.° de enero de 1982 los servicios personales prestados a los servicios de salud
del Atlántico en el Hospital Local de Baranoa, y el Centro de Salud de Buenos
Aires de Barranquilla, o en el Centro de Salud Meisel la Manga no son
simultáneos con los servicios prestados al departamento del Atlántico en el
ejercicio del cargo como diputado. En ese sentido, dichos tiempos no deben
excluirse al momento de computar el tiempo total laborado.

37. Dijo que, la última actuación del señor Ignacio Oñoro Consuegra como
diputado de la Asamblea Departamental del Atlántico fue hasta el 30 de
noviembre de 1981, cuando se clausuraron las sesiones ordinarias del respectivo
año. Por ello el tiempo laborado como diputado determinado conforme a lo
ordenado en el artículo 3.° de la Ley 5a de 1969 es el siguiente:

38. Dijo que debe atenderse a lo señalado por el Consejo de Estado en sentencia
del 18 de mayo de 2017, radicación 25000-23-25-000-2011- 01146-01(1167-13)
respecto a cómo se debe contabilizar el tiempo laborado, como diputado para
efectos pensionales.

39. Precisó además que se desconocieron los principios de unidad, necesidad de
la prueba y prohibición de aplicar el conocimiento privado del juez sobre los
hechos, así como de eficacia jurídica y legal de la prueba, porque no se tuvo en
cuenta otras pruebas documentales como son las certificaciones de periodos de
vinculación para pensiones y bonos pensionales (fls 98-104 del expediente)
expedidos por las entidades públicas en las que el señor Ignacio Oñoro
Consuegra prestó los servicios personales como empleado público.
835
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

40. Además, al momento de totalizar los tiempos de servicios prestados como
médico director del Centro de Salud Meisel la Manga se incurrió en un error de
transcripción al momento de acreditar su fecha de nombramiento, la cual
corresponde al 6 de junio de 1986 y no 18 de julio de 1986 como
equivocadamente se consideró.

41. Adujo luego que, acogiéndose a la postura jurisprudencial citada en la
sentencia, respecto a las vinculaciones simultaneas y el cómputo de tales
tiempos, al tiempo total laborado se le debe restar los tiempos durante los cuales
tuvo vinculaciones simultaneas durante varios periodos, coincidiendo unas
cuando actuó como diputado del departamento del Atlántico, y otras laborando
como médico internista en el Hospital Local de Baranoa, de conformidad con el
siguiente cuadro:

42. De acuerdo con lo anterior, el total de tiempo laborado es el siguiente:

43. Por ello, concluyó que le asiste el derecho a que departamento del Atlántico
le reconozca y pague una pensión de jubilación de conformidad a lo ordenado en
el literal a) del artículo primero de la Ordenanza 47 de 1974 expedida por la
Asamblea Departamental del Atlántico, ya que el 3 de junio de 1988 cumplió con
los dos requisitos establecidos por la dicha ordenanza.
835
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

2.7. Trámite correspondiente a la segunda instancia

2.7.1. El apoderado de la parte demandante6 reiteró los argumentos señalados
en la demanda y la apelación.

2.7.2. La entidad demandada7 señaló que las pretensiones de la demanda se
orientan a obtener un reconocimiento pensional que fue solicitado presuntamente
en el año 1990, cuando se ordenó la suspensión parcial de la ordenanza que
sirve de base al reconocimiento de pensión solicitado, y que fue negada en el
año 1993 mediante Resolución 000234 del 2 de abril, por lo que estamos frente
a una situación jurídica definida desde el año 1993 contra la que no se interpuso
los recursos de ley, ni se demandó en su momento; por ello transcurrieron 19
años para que el actor volviera a solicitar el reconocimiento de la pensión
pretendida en el año 1990, en escrito del 14 de junio de 2012, siendo un intento
de revivir términos y situaciones que debieron ser objetadas en su momento y no
se hizo oportunamente.

44. No existe certeza de que la solicitud de pensión haya sido presentada antes
de que la Ordenanza 47 de 6 de noviembre de 1974 expedida por la Asamblea
Departamental del Atlántico fuera suspendida provisionalmente por el Tribunal
Administrativo del Atlántico según auto del 19 de diciembre de 1990, y
posteriormente mediante sentencia de 15 de marzo de 1995 declarada nula,
quedando claro que la norma que le sirve de sustento a las pretensiones del actor
desapareció del panorama jurídico y como consecuencia de ello, no podría
otorgarse la pensión solicitada.

45. Tampoco se configuró una situación jurídica de carácter individual porque la
Ordenanza 47 de 1974 fue suspendida el 19 de diciembre de 1990 y no es claro
que sus efectos puedan predicarse de la pensión solicitada por el actor. Además,
hubo vinculaciones simultáneas:
• Cuando fungió como médico en el Hospital Local de Baranoa y en la
Asamblea del Atlántico del 1° de mayo de 1976 - 31 de agosto de 1977.
• Director del Centro de Salud de Buenos Aires y en la Asamblea del
Atlántico del 8 de septiembre de 1980- 15 de julio de 1982.
• Médico internista en el Hospital Local de Baranoa y en la Asamblea del
Atlántico del 6 de octubre de 1979 – 30 de diciembre de 1982.

46. Por tanto, los tiempos deben excluirse de la sumatoria total de tiempo de
servicio, por lo que no cumple con los 15 años de servicios que exige la
Ordenanza 47 del 6 de noviembre de 1974, ni tampoco los 20 años que exigen
las demás disposiciones pensionales, por lo que debe confirmarse la decisión de
primera instancia y negar las pretensiones de la demanda.

6 Índice 29 de SAMAI.
7 Índice 32 ibidem.
835
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

2.7.3. El Ministerio Público guardó silencio.

47. Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección
procede a decidir previas las siguientes

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia.

48. De acuerdo con el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo8, el Consejo de Estado es competente para
resolver el recurso de apelación interpuesto.

49. De igual manera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328 del
Código General del Proceso9, la competencia del juez de segunda instancia está
circunscrita a los argumentos expuestos por el apelante; en el caso de la
referencia, se observa que únicamente la parte demandante presentó recurso de
alzada, razón por la cual la competencia se encuentra limitada a los argumentos
expuestos en el mencionado recurso.

3.2. Problema Jurídico.

50. Corresponde a la Sala de Subsección establecer si el demandante tiene
derecho al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación establecida en la
Ordenanza 047 de 1974, por su labor como diputado de la Asamblea
Departamental del Atlántico, así como en otras entidades públicas y si la misma
quedó convalidada de acuerdo con el artículo 146 de la Ley 100 de 1993.

3.3. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso.

3.3.1. Competencia para la fijación del régimen pensional y las situaciones
consolidadas conforme al artículo 146 de la Ley 100 de 1993.

51. En numerosas ocasiones ésta Corporación ha sostenido que a partir de la
reforma constitucional de 1968, la competencia para fijar el régimen prestacional
de los empleados públicos territoriales estaba exclusivamente atribuida a las
leyes proferidas por el Congreso de la República, y a partir de la expedición de
la Carta Política actual, la regulación en materia pensional de los empleados
públicos del nivel territorial lo determina el gobierno de conformidad con la ley,

8 «El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos […]».
9 «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los
casos previstos por la ley.»
835
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

en virtud de la competencia conjunta derivada del artículo 150 – numeral 19 –
literal e) del ordenamiento superior y habilitada por el artículo 12 de la Ley 4ª de
1992, dictada en desarrollo de aquél.

52. En tal sentido, ha concluido esta Subsección que ni en vigencia de la
Constitución de 1886 ni a partir de la Carta de 1991, podían las entidades
territoriales o las universidades públicas dictar actos de reconocimiento pensional
con fundamento en acuerdos internos o extralegales, pues no tenían facultades
para ello.

53. No obstante, lo anterior y teniendo en cuenta que en el nivel territorial
coexistían regímenes prestacionales extralegales contrarios al ordenamiento
superior, esta Sala ha venido aplicando el contenido del artículo 146 de la Ley
100 de 1993 por el que el legislador decidió avalar las situaciones jurídicas
consolidadas, como una protección de los derechos adquiridos conforme a
disposiciones normativas preexistentes. Al respecto la norma establece:

«Artículo 146. Situaciones jurídicas individuales definidas por disposiciones
municipales o departamentales. Las situaciones jurídicas de carácter individual
definidas con anterioridad a la presente Ley, con base en disposiciones
municipales o departamentales en materia de pensiones de jubilación
extralegales en favor de empleados o servidores públicos o personas vinculadas
laboralmente a las entidades territoriales o sus organismos descentralizados,
continuarán vigentes.

También tendrán derecho a pensionarse con arreglo a tales disposiciones,
quienes con anterioridad a la vigencia de este artículo, hayan cumplido [o
cumplan dentro de los dos años siguientes] los requisitos exigidos en dichas
normas.

Lo dispuesto en la presente Ley no afecta ni modifica la situación de las personas
a que se refiere este artículo».

Las disposiciones de este artículo regirán desde la sanción de la presente Ley».10
(Se destaca).

54. De conformidad con el artículo trascrito, sin lugar a duda, las situaciones
jurídicas de carácter individual definidas con anterioridad a la Ley 100 de 1993
con fundamento en disposiciones territoriales sobre pensiones extralegales
continuarían vigentes; así mismo, quienes antes de su entrada en rigor
obtuvieren los requisitos para pensionarse conforme a tales ordenamientos,
tendrían derecho a la pensión en las condiciones allí establecidas, en aras de
garantizar los derechos adquiridos.

55. Respecto de la vigencia de la Ley 100 de 1993 en el nivel territorial, el artículo
151 de dicha normatividad establece que el sistema entraría a regir a partir del

10 Nota: La expresión subrayada y entre paréntesis fue declarada inexequible por la Corte Constitucional

mediante Sentencia C-410 de agosto de 1997.

835
13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

30 de junio de 1995; por consiguiente, sólo las situaciones particulares definidas
con anticipación a tal fecha, en principio, deben ser respetadas, en tanto que la
Corte Constitucional retiró del ordenamiento jurídico el aparte subrayado del
artículo 146, que permitía la consolidación del derecho dentro de los dos años
siguientes a la vigencia del Sistema General de Seguridad Social.

56. A pesar de la decisión de la Corte, esta Corporación ha concluido con
fundamento en el artículo 4511 de la Ley 270 de 1996, que el aparte declarado
inexequible por la Corte Constitucional sí desplegó sus efectos protectores sobre
las situaciones pensionales que se consolidaron en el interregno comprendido
entre el 30 de junio de 1995 y el 30 de junio del 1997, en tanto que dicho Tribunal
no moduló los efectos de su decisión12.

57. Por consiguiente, es dable concluir, que las situaciones jurídicas que en
materia pensional se consolidaron con base en disposiciones municipales o
departamentales antes del 30 de junio de 1997 o antes de la fecha en que
hubiese entrado a regir el Sistema General en cada entidad territorial, se deben
garantizar de conformidad con lo dispuesto en el artículo 146 citado.

3.3.2. Régimen pensional de los diputados.

58. Sea lo primero señalar, que los diputados no son empleados, sino que son
servidores con una categoría diferente, como es la de miembros de
corporaciones públicas. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia C -
315 de 1995 afirmó:

«11. El problema que esta Corte debe dilucidar, de acuerdo con los planteamientos
que se han expresado por las partes, se remite al alcance del término “servidores
públicos“ y a sus implicaciones concretas, dadas las proposiciones normativas
examinadas, frente a tres categorías: miembros de las corporaciones públicas
territoriales (1); empleados públicos territoriales (2); trabajadores oficiales territoriales
(3).
12. Los diputados y los concejales, en los términos de los artículos 299 y 312 de la
C.P., no son ni funcionarios ni empleados públicos. De otro lado, con arreglo a las
limitaciones que establezca “la ley“, tienen derecho a “honorarios“ por su asistencia a
las sesiones correspondientes.
El fundamento constitucional de la ley analizada lo constituye la atribución que la
Constitución asigna al Congreso en su artículo 150-19, literales e y f. La facultad del
Legislador se reduce a fijar las normas generales sobre el régimen salarial y
prestacional de los “empleados públicos“ y el régimen de prestaciones sociales
mínimas de los “trabajadores oficiales“. No puede, en consecuencia, hacerse uso
de esta facultad en relación con los concejales y los diputados, que por
definición no son empleados públicos. La inexistencia de una relación laboral o la
propia que se predica de los funcionarios públicos sujetos a una situación legal y

11 «ARTÍCULO 45.REGLAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS SENTENCIAS PROFERIDAS EN

DESARROLLO DEL CONTROL JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD. Las sentencias que profiera la
Corte Constitucional sobre los actos sujetos a su control en los términos del artículo 241 de la Constitución
Política, tienen efectos hacia el futuro a menos que la Corte resuelva lo contrario conforme a lo previsto en
este artículo.
[…]» Aparte tachado declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-037 de 1996.
12 Proceso D0001585. Desfijación edicto 17 de septiembre de 1997.
835
14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

reglamentaria, impide someter a estos servidores públicos a un régimen salarial y
prestacional. Ahora, la materia relativa a los “honorarios” de los concejales y
diputados, es un asunto que concierne exclusivamente a la ley y, por ende, no puede
ser objeto de la técnica peculiar propia de las leyes marco.
13. En lo relativo a los “empleados públicos territoriales”, se pregunta la Corte si la ley
con base en el principio de economía y eficiencia del gasto público (C.P. arts. 209 y
339), puede - sin lesionar el principio de autonomía territorial (C.P. arts. 1 y 287), en
la ley marco sobre el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos (C.P.
art. 150-19-e), establecer como orientación general dirigida al Gobierno la fijación de
un límite salarial que guarde equivalencia con cargos similares del orden nacional»13.

59. En cuanto a su régimen pensional, el artículo 7.° de la Ley 48 de 196214
señala que los diputados «[…] gozarán de las mismas prestaciones e
indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la ley 6ª
de 1945 y demás disposiciones que la adicionen o reformen».

60. Por su parte, la Ley 6ª de 1945 en su artículo 17 dispuso que los empleados
y obreros nacionales de carácter permanente gozarán de las siguientes
prestaciones:

«[…]
b) Pensión vitalicia de jubilación, cuando el empleado u obrero haya llegado o
llegue a cincuenta (50) años de edad, después de veinte (20) años de servicio
continuo o discontinuo, equivalente a las dos terceras partes del promedio de
sueldos o jornales devengados, sin bajar de treinta pesos ($ 30) ni exceder de
doscientos pesos ($200) en cada mes. La pensión de jubilación excluye el auxilio
de cesantía, menos en cuanto a los anticipos, liquidaciones parciales o préstamos
que se le hayan hecho lícitamente al trabajador, cuya cuantía se irá deduciendo
de la pensión de jubilación en cuotas que no excedan del 20% de cada pensión.
[…]».

61. Este mandato fue reiterado en el artículo 6.°15 del Decreto 1723 de 1964, por
el cual se reglamentó la Ley 48 de 1962, así como en el artículo 5616 del Decreto
Ley 1222 de 198617, al disponer que los diputados tendrán derecho a las mismas
prestaciones consagradas para los servidores públicos en la Ley 6ª de 1945.

62. Al respecto, la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación, en
concepto 1700 del 14 de diciembre de 200518, sostuvo que hasta tanto el
legislador se pronuncie, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 299 de la
Constitución Nacional el régimen prestacional de los diputados es el establecido
en la Ley 6a. de 1945, con las modificaciones introducidas en materia de

13 Corte Constitucional, sentencia C – 315 de 19 de julio de 1999.
14 «Por la cual se fijan unas asignaciones, se aclara la Ley 172 de 1959, y se dictan otras disposiciones»

15«Artículo 6.° Los Diputados a las Asambleas Departamentales, tendrán derecho a las mismas
prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley 6a. de 1945,
y demás disposiciones que la adicionen o reformen en las mismas condiciones señaladas para los
miembros del Congreso en el presente Decreto. El seguro por muerte de los Diputados se reconocerá y
liquidará como el de los trabajadores oficiales.»
16 «Artículo 56.Los miembros del Congreso y de las Asambleas Departamentales gozarán de las mismas

prestaciones e indemnizaciones sociales consagradas para los servidores públicos en la Ley 6º de 1945 y
demás disposiciones que la adicionen o reformen».
17 « Por el cual se expide el Código de Régimen Departamental».
18 Con ponencia del Dr. Luis Fernando Álvarez Jaramillo.
835
15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

seguridad social por la Ley 100 de 1993, que es ley derogatoria de los regímenes
generales y especiales de pensiones, razón por la cual en esta materia la Ley 6ª
sólo es aplicable a los diputados en los términos del régimen de transición o sea
del artículo 36 de la ley:

«[…]En conclusión, hasta tanto el legislador se pronuncie, de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 299 de la Constitución Nacional el régimen prestacional
de los Diputados es el establecido en la ley 6 de 1945, con las modificaciones
introducidas en materia de seguridad social por la ley 100 de 1993, que es
ley derogatoria de los regímenes generales y especiales de pensiones,
razón por la cual en esta materia la ley 6 sólo es aplicable a los Diputados en los
términos del régimen de transición o sea del artículo 36 de la ley.[…]».( Negrilla
de la Sala).

63. En este orden de ideas, se ha entendido, que si bien, a partir de la reforma
constitucional de 1968, la competencia para establecer el régimen prestacional
de los miembros de las asambleas departamentales era exclusiva del
legislador, mientras el Congreso de la República no profiriera una nueva ley en
la materia, debía entenderse que el régimen prestacional de los diputados era el
recogido en la Ley 6ª de 1945, con las modificaciones introducidas por las Leyes
100 de 1993, 344 de 1996 y 362 de 199719.

64. En cuanto a la liquidación de las pensiones de jubilación e invalidez y demás
prestaciones de los miembros de las Asambleas departamentales, el artículo 10
del Decreto 1723 de 196420, indicaba:

«Artículo 10. En la liquidación de la pensión de jubilación o de invalidez y demás
prestaciones sociales de los miembros del congreso, de las Asambleas
Departamentales, del Presidente de la República, de los Ministros del Despacho
y del Contralor General de la República, se computarán no solamente los sueldos
y las dietas, sino también los gastos de representación y cualquier otra asignación
de que ellos gozaren o hubieran gozado».

65. Según el artículo 299 de la Constitución Política de 1991, los diputados están
cobijados por un régimen de seguridad social en los términos que fije la ley. En
desarrollo de lo anterior, la Ley 617 del 200021, en su artículo 2922 estableció que

19 Ver al respecto la sentencia de la Corte Constitucional. C- 700 de 2010. Consejo de Estado. Sala de

Consulta y Servicio Civil. Concepto N° 1700 de 14 de diciembre de 2005.
20 «Por la cual se reglamenta la Ley 48 de 1962».
21 «Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se

adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a
fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional.»
22«ARTICULO 29. SESIONES DE LAS ASAMBLEAS. <Ver modificaciones a este artículo directamente en

la Ley 56 de 1993> El artículo 1o. de la Ley 56 de 1993, quedará así:
"Artículo 1o. Sesiones de las Asambleas. Las asambleas sesionarán durante seis (6) meses en forma
ordinaria, así:
El primer período será, en el primer año de sesiones, del 2 de enero posterior a su elección al último del
mes de febrero de respectivo año.
El segundo y tercer año de sesiones tendrá como primer período el comprendido entre el 1o. de marzo y el
30 de abril.
El segundo período será del primero de junio al 30 de julio, y el tercer período, será del 1o. de octubre al 30
de noviembre.
835
16
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

dichos funcionarios de elección popular, se encuentran sujetos al régimen de
seguridad social previsto en la Ley 100 de 1993.

66. Ahora bien, en la Ley 1871 de 2017 «Por medio de la cual se dictan el régimen
de remuneración, prestacional y seguridad social de los miembros de las
Asambleas Departamentales y se dictan otras disposiciones» estableció sobre
las sesiones de las Asambleas Departamentales y su remuneración:

«Artículo 2°. Modifíquese el artículo 29 de la Ley 617 de 2000.
Artículo 29. Sesiones de las asambleas. El artículo 1° de la Ley 56 de 1993,
quedará así:
“Artículo 1°. Sesiones de las Asambleas. Las asambleas sesionarán durante
seis (6) meses en forma ordinaria, así:
El primer período será, en el primer año de sesiones, del 1° de enero posterior a
su elección al último día del mes de febrero del respectivo año.
El segundo, tercer y cuarto año de sesiones tendrá como primer período el
comprendido entre el 1° de marzo y el 30 de abril.
El segundo período será del primero de junio al 30 de julio, y el tercer período,
será del 1° de octubre al 30 de noviembre.
Podrán sesionar igualmente durante dos (2) meses al año de forma
extraordinaria, previa convocatoria del Gobernador, para que se ocupen
exclusivamente de los asuntos que se sometan a su consideración.

Parágrafo 1°. La remuneración de los diputados es incompatible con cualquier
asignación proveniente del tesoro público, excepto con aquellas originadas en
pensiones o sustituciones pensionales y las excepciones establecidas en la Ley
4ª de 1992.
Parágrafo 2°. Los Diputados estarán amparados por el régimen de seguridad
social prevista en la Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias. En
todo caso se les garantizará aseguramiento para salud, pensión y riesgos
laborales, durante el periodo constitucional, del cual se tomará para estos
efectos, como ingreso base de cotización el que resulte de dividir entre doce (12)
el ingreso percibido durante los periodos de sesiones a título de remuneración.
El Gobierno nacional reglamentará la materia.»

67. En lo que respecta al caso particular, la Ordenanza 47 del 6 de noviembre de
197423 «Por la cual se determinan la pensión de jubilación y de más prestaciones
sociales de los diputados a la Asamblea Departamental del Atlántico y se dictan
otras disposiciones» dispuso frente a los diputados del Atlántico:

«[…] Art.- 1. Los diputados a la Asamblea Departamental del Atlántico que
hubieren asistido a las sesiones ordinarias o extraordinarias de la
Corporación, en un lapso de sesenta (60) días continuos, equivalente a un

Podrán sesionar igualmente durante un mes al año de forma extraordinaria, que se remunerará
proporcionalmente al salario fijado.
PARÁGRAFO 1o. La remuneración de los diputados es incompatible con cualquier asignación proveniente
del tesoro público, excepto con aquellas originadas en pensiones o sustituciones pensionales y las
excepciones establecidas en la Ley 4a. de 1992.
PARÁGRAFO 2o. Los Diputados estarán amparados por el régimen de seguridad social previsto en la
Ley 100 de 1993 y sus disposiciones complementarias. En todo caso se les garantizará aseguramiento para
salud y pensiones. El Gobierno Nacional reglamentará la materia».
23 Expediente digitalizado sistema SAMAI. Archivo «6_ED_ACTUACIONE_001EXPEDIENTE2019.PDF»

Folios 23 y s.s.
835
17
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

año de servicio, de acuerdo con el artículo 9º. de la Ley 48 de 1962 y
completaron el tiempo de servicio, que seguidamente se determinará, con
el ejercicio de otros cargos públicos nacionales, departamentales, o
municipales, o en organismos descentralizados oficiales o semioficiales,
como universidades, etc, tendrán derecho, cuando cumplan las edades
que también se señalarán en esta ordenanza, a la pensión de jubilación,
en la siguiente forma y condiciones:
a).- Si el beneficiario tuviere más de cuarenta y cinco (45) años de edad, y
hubiere prestado servicios por más de quince (15) años, sin exceder de
dieciocho (18) años, le corresponderá el sesenta (60) por ciento de lo que
hubiere recibido por concepto de dietas, gastos de representación o de
movilización, durante los últimos treinta (30) días de sesiones ordinarias o
extraordinarias y de la doceava parte de las primas de servicio y de
navidad, que le correspondiere durante el último año de servicio.
[…]».

68. Al respecto es necesario indicar que esta Corporación, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, en sentencia del
24 de julio de 1997, confirmó la providencia del Tribunal Administrativo del
Atlántico del 15 de marzo de 199524 que declaró la nulidad de la Ordenanza antes
citada, bajo el entendido que tanto en la Constitución de 1886 como en la actual,
la regulación normativa en materia pensional es asunto de reserva del legislador
y no de los órganos de las entidades territoriales; sin embargo, se respetaron los
derechos adquiridos mientras la disposición anulada tuvo vigencia.

3.4. Caso concreto.

69. En este caso se tiene que el señor Ignacio Oroño Consuegra nació el 3 de
junio de 194325.

70. En cuanto sus vinculaciones y aportes se advierten tres etapas26:

a) 1.° de enero de 1969 hasta el 9 de noviembre de 1971:
• Según certificación suscrita por el jefe del Departamento de personal del
Hospital Universitario de Cartagena27, de 30 de octubre de 1990, se indicó
que el señor Oroño Consuegra laboró como técnico de laboratorio, en el
desparecido Hospital Universitario Santa Clara de Cartagena, desde el 1.°
de enero de 1969 hasta el 9 de noviembre de 1971. Esto concuerda con
el certificado de información laboral visible a folio 103 ibidem donde se
señaló que los aportes de ese periodo se realizaron a la Caja de Previsión
Social de Bolívar.

24 Ver constancia secretarial del Tribunal Administrativo del Atlántico, visible en el cuaderno principal
digitalizado SAMAI Archivo «6_ED_ACTUACIONE_001EXPEDIENTE2019.PDF». Obra en el folio 38. Allí
se indicó que por auto de 19 de diciembre de 1990 se admitió la demanda de simple nulidad y fue suspendida
provisionalmente.
25 De conformidad con copia de registro civil de nacimiento visible a folio 28 ibidem.
26
Archivo «6_ED_ACTUACIONE_001EXPEDIENTE2019.PDF».
27 Folio 16 cuaderno principal digitalizado SAMAI.
835
18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

b) Periodo como diputado: 1974 – 1982.
• Según certificación de 2 de marzo de 200928 proferida por el secretario
general de la Asamblea Departamental del Atlántico, el demandante fue
elegido diputado para los siguientes periodos: desde el 1.° de octubre de
1974 al 30 de septiembre de 1976, del 1.° de octubre de 1976 al 30 de
septiembre de 1978, del 1.° de octubre de 1978 al 30 de septiembre de
1980, del 1.° de octubre de 1980 al 30 de septiembre de 1982:

28 Visible a folios 19 y 20 ibidem.
835
19
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

• Esto se corrobora con el certificado de información laboral de períodos de
vinculación laboral para bonos pensionales y pensiones expedido el 19 de
septiembre de 2011 por la Asamblea departamental del Atlántico donde
señala que se encontraba vinculado desde el primero de octubre de 1974
hasta el 30 de noviembre de 1981. En cuanto a los aportes señala que se
realizaron a la «caja de pre[vi]sión», en el folio 106 ibidem y en el folio 107
se indica que se realizaron a la Caja de Previsión Departamental – Fondo
Territorial de Pensiones del departamento.

c) Labor como médico, con concomitancias e interrupciones (23 de julio
de 1976 a 31 de julio de 1986).

• De acuerdo con certificación de 5 de septiembre de 201129 expedida por
la Oficina de Talento Humano de la Gobernación del Atlántico el señor
Oroño Consuegra laboró en diferentes instituciones de salud de ese ente
territorial, con concomitancia, por su labor de medio tiempo y además, que
cotizó en pensión a CAJANAL . Para su entendimiento se relacionarán de
la siguiente manera

HOSPITAL LOCAL DE CENTRO DE SALUD CENTRO DE SALUD
BARANOA. DE BUENOS AIRES MEISEL LA MANGA
Fue nombrado como médico - Fue nombrado en - Nombrado en el cargo
mediante la Resolución 0977 el cargo de director del de médico director en el

29 Expediente digitalizado. Archivo «6_ED_ACTUACIONE_001EXPEDIENTE2019.PD». Documento visible

folios 22 y 23 ibidem.
835
20
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

de 12 de mayo de 1976, fue Centro Salud de Centro de Salud - Meisel La
posesionado el 23 de julio de Buenos Aires medio Manga, cuatro (4) horas de
1976 e «inició sus labores el 1 tiempo, mediante trabajo diarias, mediante
de mayo de 1976 según consta Resolución 1648 del Resolución 1256 del 6 de
en la tarjera Kardex». 26 de agosto de 1980, junio de «1986» (sic).
• Mediante Resolución 2235 posesionado el 1.° de
de septiembre 24 de 1976, se septiembre de 1980, Por Resolución 1371 del 18
le concedió licencia por el inició labores el 8 de de junio de «1985» (sic), se
término de sesenta días a partir septiembre de 1980, aclaró el artículo único de la
del 1.° de octubre de 1976, para según consta en la Resolución 1256 para
separarse del cargo de médico tarjeta kardex. (f. 25 señalar que fue reintegrado
del Hospital de Baranoa . idem) al cargo de médico director
• Trabajó hasta el 31 de - Por Resolución en el Centro de Salud
agosto de 1977, según consta 0752 del 12 de julio de Meisel- La manga, con
en la tarjeta kardex 1982, se declaró cuatro (4) horas diarias de
• Nombrado en el cargo de insubsistente su trabajo.
médico internista en el Hospital nombramiento como
de Baranoa, por cuatro (4) médico director del Mediante Resolución 1727
horas diarias, mediante Centro de Salud de del 18 de julio de 1986, se
Resolución 2544 de agosto 6 Buenos Aires, por declara insubsistente del
de 1979, posesionado el 19 de eliminación del cargo, cargo de médico director en
octubre de 1979, inició labores trabajó hasta el 15 de el Centro de Salud Meisel la
el 6 de octubre de 1979, según julio de 1982. Manga dependiente de la
consta en la tarjeta kardex. Unidad Local de Salud
• Mediante Resolución 0957 Nazareth.
Bis del 30 de mayo 30 de 1980,
se concedió licencia por
término de 90 días a partir del
1.° de junio de 1980 como
médico Internista medio tiempo
en la Unidad Local de Salud de
Baranoa.
• Reintegrado al cargo de
médico Internista en el
Departamento de Consulta
Externa en la Unidad Local de
Salud de Baranoa, con cuatro
horas diarias de trabajo
mediante Resolución 1402 del
20 de junio de 1986, de
acuerdo con orden del Tribunal
Contencioso Administrativo del
Atlántico (no indicó radicación,
ni providencia, ni desde cuando
operó el reintegro).
• Se aclaró la Resolución
1402 de junio 20 de 1986, en el
sentido de que el reintegro del
cargo de médico Internista -
Departamento de Consulta
Externa en la Unidad Local de
Salud de Baranoa, con cuatro
(4) horas diarias de trabajo es
en obedecimiento al contrato
de «contra-prestaciones de
servicios de comisión de
estudios en el exterior del país,
suscrito entre el comisionado y
el Servicio de Salud del
Atlántico, y no con base a la
providencia del Tribunal
Contencioso Administrativo del
835
21
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

Atlántico».
• Mediante Resolución 1808
del 24 de julio de 1986, se
declaró insubsistente del cargo
de médico internista-
Departamento de Consulta
Externa de la Unidad Local de
Salud de Baranoa con cuatro
(4) horas diarias de trabajo.
• De acuerdo con certificación
que obra a folios 133 ibidem
suscrita por el asistente
administrativo del Hospital
Local de Baranoa el 9 de junio
de 1987 se indicó que el
demandante laboró en esa
institución hasta el 31 de Julio
de 1986 cuando fue declarado
insubsistente su
nombramiento.

• Adicional a lo anterior a folio 127 ibidem, obra copia de la Resolución 366
de 22 de febrero de 1985 expedida por el jefe del Servicio Seccional de
Salud del Atlántico en la cual se le otorga comisión de estudios al señor
Oroño Consuegra a partir del 21 de febrero de 1985 y por el término de 10
meses; allí se indicó que durante el tiempo en que dure la comisión de
estudios el funcionario sigue recibiendo su respectivo sueldo con los
reajustes a que hubiere lugar y las prestaciones correspondientes.

• A folio 126 idem obra copia de certificación expedida por el director del
hospital local de Baranoa en el que se indica que laboró en esa entidad
desde septiembre de 1979 y se encontraba laborando el 18 de diciembre
de 1984.

835
22
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

• A folio 108 ibidem obra copia del formato de información laboral de 5 de
septiembre de 2011 expedido por la Gobernación del Atlántico donde se
señalan los periodos de cotizaciones e interrupciones:

➢ Actuación administrativa

• A folio 2930 obra petición de 12 de noviembre de 1990, en la cual el
demandante solicitó al gobernador del departamento de Atlántico el
reconocimiento de la pensión de jubilación de conformidad con la
Ordenanza 047 de 1990. Allí señaló que había acreditado 19 años de labor
y 45 años de edad. El 9 de marzo de 199331 reiteró su solicitud. Allí precisó
que no había recibido respuesta.
• Por Resolución 234 de 2 de abril de 199332 el gobernador del
departamento del Atlántico le indicó que no era factible acceder a su
solicitud pues la Ordenanza 0417 de 1974 fue suspendida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico y así mismo dicha Ordenanza se había
expedido sin competencia para regular el régimen prestacional de
diputados.
• La petición de reconocimiento pensional ante el departamento del
Atlántico se reiteró el 19 de febrero de 199833.
• Nuevamente mediante petición de 14 de junio de 201234, se requirió al

30 Ibidem.
31 Folio 31 ibidem
32 Folios 39 y s.s. del documento pdf. Ibidem.
33 Folios 37 a 41. Ibidem.
34 Folios 47 y s.s. Ibidem.
835
23
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

departamento del Atlántico para que le reconociera la pensión de
jubilación en los términos ya indicados.
• Por Oficio 20130500010191 de 6 de diciembre de 201335 el secretario
general de la Gobernación del Atlántico le indicó que no era procedente
acceder a la solicitud por cuanto, se encontraba resuelta desde 1993.

• Mediante auto de mejor proveer de 26 de octubre de 2023 (índice 29) esta
Subsección ordenó oficiar al departamento del Atlántico – Fondo Territorial
de Pensiones del Atlántico, a la Administradora Colombiana de Pensiones
y, a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP-, para
certificaran si al señor Ignacio Oroño Consuegra, le fue reconocida una
pensión de jubilación legal o convencional. En cumplimiento de lo anterior
estas entidades manifestaron que el demandante no percibía pensión
alguna ( índices 38, 39 y 40). Así mismo el demandante bajo la gravedad
del juramento manifestó que no recibía pensión ( índice 34).
• Consultado el sistema SISPRO – RUAF del Ministerio de la Protección
Social el 13 de marzo de 2026, se tiene que el demandante no percibe
ninguna pensión:

-

3.5. Análisis de la Sala

35 Folios 56 y 57 Ibidem.
835
24
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

71. Como se advierte de lo anterior, en cuanto a las vinculaciones laborales se
presentan las siguientes situaciones:

a) Primer periodo. En cuando al primer periodo de vinculación, el demandante
laboró desde el 1.° de enero de 1969 hasta el 9 de noviembre de 1971. Esto es
por 2 años, 10 meses y 9 días.

b) Segundo periodo. Como diputado (1.° de octubre de 1974 al 30 de
septiembre de 1982):

72. Como ya se vio el demandante fue elegido como diputado en la Asamblea
Departamental del Atlántico para los periodos constitucionales comprendidos
entre el 1.° de octubre de 1974 al 30 de septiembre de 1976, del 1.° de octubre
de 1976 al 30 de septiembre de 1978, del 1.° de octubre de 1978 al 30 de
septiembre de 1980, del 1.° de octubre de 1980 al 30 de septiembre de 1982. Y
como ya se indicó sesionó durante los meses de octubre y noviembre de cada
uno de los años por los cuales fue elegido como diputado, salvo el año 1982.

73. Ahora bien, el artículo 9.°36 de la Ley 48 de 1962, estableció que para los
efectos de la jubilación los períodos de sesiones ordinarias o extraordinarias del
Congreso y de Asambleas en cada legislatura anual se equipararán a doce (12)
meses de un año de calendario, o, proporcionalmente al tiempo servido en el
Congreso o Asamblea en la respectiva legislatura:

«Artículo 9º Para los efectos del artículo 29 de la ley 6ª de 1945, los lapsos o
períodos de tiempo en que se hayan devengado asignaciones por servicios
prestados a la nación, en el ejercicio del cargo del Senador o de Representante;
a los Departamentos, en el de Diputados a la Asamblea, se acumularán a los
lapsos de servicio oficial o semioficial.

Para los efectos de la jubilación precedente, los períodos de sesiones ordinarias
o extraordinarias del Congreso y de Asambleas en cada legislatura anual se
equipararán a doce (12) meses de un año de calendario, o,
proporcionalmente al tiempo servido en el Congreso o Asamblea en la
respectiva legislatura.» (Subrayas y negrilla de la Sala).

74. La citada pauta normativa no admite ser interpretada como lo pretende el
demandante para que el tiempo como diputado se sume a lo laborado de forma
simultánea en otras entidades. Al contrario, busca que dichos periodos sean
tomados como anualidades o proporcionales, y que se sumen a lo laborado en

36 «Artículo 9º Para los efectos del artículo 29 de la ley 6ª de 1945, los lapsos o períodos de tiempo en

que se hayan devengado asignaciones por servicios prestados a la nación, en el ejercicio del cargo del
Senador o de Representante; a los Departamentos, en el de Diputados a la Asamblea, se acumularán a
los lapsos de servicio oficial o semioficial.

Para los efectos de la jubilación precedente, los períodos de sesiones ordinarias o extraordinarias del
Congreso y de Asambleas en cada legislatura anual se equipararán a doce (12) meses de un año de
calendario, o, proporcionalmente al tiempo servido en el Congreso o Asamblea en la respectiva
legislatura. »
835
25
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

otras entidades, para garantizar el acceso al reconocimiento pensional, pero en
ningún aparte indica que, en caso de simultaneidad, se compute como
tiempo adicional.

75. Sin embargo, se aprecia que la previsión contenida en el inciso 2.° del artículo
9.° de la Ley 48 de 1962 se refiere a cada legislatura anual. Por tanto, las
sesiones del año 1974 se toman como un año completo, es decir, por el año
1974; las sesiones de 1975 (octubre – noviembre) se toman como un año
completo y así sucesivamente hasta 1981 cuando acudió a sesiones por última
vez (octubre noviembre), con lo que hasta allí se cuentan 8 años de servicios,
según lo establecido en el artículo 9.° de la Ley 48 de 1962. En cambio, en el año
1982 el demandante no acudió a sesiones aunque mantuvo su condición de
diputado, por lo que solo se contabiliza por meses (9 meses) (f. 2237) .

76. De acuerdo con ello, el tiempo de servicios como diputado corresponde a 8
años y 9 meses a la luz de las pautas del artículo 9.° de la Ley 48 de 1962.

77. Ahora bien, como se advierte de lo anterior, entre su primera etapa (2 años,
10 meses y 9 días ) y la labor como diputado acreditaba 11 años, 7 meses y 9
días.

78. De otra parte, en cuanto a su labor cómo médico, es evidente que se
presentaron concomitancias con los periodos en que fue elegido como diputado,
por lo que no se pueden contabilizar aquellos servicios con anterioridad al 30 de
septiembre de 1982.

79. Sin embargo, como ya se advirtió, en la certificación expedida por el director
del Hospital Local de Baranoa38 se indicó que laboró en esa entidad desde
septiembre de 1979 y se encontraba laborando el 18 de diciembre de 1984, así
mismo, sus aportes en pensiones se mantuvieron hasta el 24 de julio de 1986
como lo precisa el formato de información laboral de 5 de septiembre de 2011
expedido por la Gobernación del Atlántico donde se señalan los periodos de
cotizaciones ( f. 108 ibidem). Además, como lo señaló la certificación visible a
folio 133 ibidem suscrita por el asistente administrativo del Hospital Local de
Baranoa el 9 de junio de 1987 se indicó que el demandante laboró en esa
institución hasta el 31 de julio de 1986 cuando fue declarado insubsistente su
nombramiento. Finalmente es de precisar que si bien se produjeron unas
interrupciones estas tuvieron lugar hasta el año 1981, de lo que se colige que no
afectan el cómputo de tiempos de servicios dado que para esa época ostentaba
la condición de diputado.

80. Así entonces, se aprecia que los tiempos servicios como médico que se
pueden contabilizar transcurrieron desde el 1.° de octubre de 1982 hasta el 31

37
cuaderno principal digitalizado SAMAI Archivo «6_ED_ACTUACIONE_001EXPEDIENTE2019.PDF».
38
Folio 126 idem.
835
26
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

de julio de 1986. Es decir, por 3 años, 10 meses y 5 días.

81. De acuerdo con lo anterior acreditó en total :

2 años, 10 meses y 9 días
8 años y 9 meses
3 años, 10 meses y 5 días

Total : 15 años, 5 meses y 14 días

82. De esto se colige que al momento en que el demandante formuló su primera
petición (12 de noviembre de 1990), ya contaba con el tiempo de servicios y por
ende acreditaba los supuestos exigidos por la Ordenanza 47 de 1974.

83. Ahora bien, como ya se indicó, a través de providencia de diciembre de 1990
el Tribunal Administrativo del Atlántico39 suspendió provisionalmente la
mencionada ordenanza y mediante sentencia de 15 de marzo de 199540 declaró
su nulidad: así mismo la Sección Segunda, Subsección B de esta Corporación,
en sentencia del 24 de julio de 1997, confirmó esa decisión bajo el entendido que
tanto en la Constitución de 1886 como en la actual, la regulación normativa en
materia pensional es asunto de reserva del legislador y no de los órganos de las
entidades territoriales; sin embargo, se respetaron los derechos adquiridos
mientras la disposición anulada tuvo vigencia.

84. Ahora, bien, tal como lo señaló esta Corporación a través de la Sección
Segunda, Subsección B, en sentencia de 27 abril de 2017 dictada dentro del
proceso 11001032500020130108700 (2512-2013), la nulidad de un acto
administrativo es declarada por la jurisdicción contenciosa cuando se verifica
que, desde su expedición, estuvo afectado por alguno de los vicios previstos en
la ley. No obstante, antes de perder su presunción de legalidad, dichos actos
suelen producir efectos jurídicos, como la creación de derechos o garantías para
los particulares. Surge entonces el debate sobre el alcance temporal de la
sentencia anulatoria: si los efectos producidos mientras el acto estuvo vigente
deben mantenerse o si también quedan invalidados junto con el acto.

85. Al revisar la legislación previa a la Ley 1437 de 2011 —Leyes 130 de 1913,
167 de 1941 y Decreto 01 de 1984— no se encuentra norma que determine los
efectos temporales de las sentencias de nulidad. La Ley 1437 de 2011, por su
parte, solo alude en el artículo 189 a la cosa juzgada, distinguiendo: i) que las
sentencias que declaran nulidad producen cosa juzgada erga omnes, y ii) que las

39 Certificación del Secretario del Tribunal Administrativo del Atlántico, visible en el cuaderno principal

digitalizado SAMAI donde aparece a folio 34.
40 Ver constancia secretarial del Tribunal Administrativo del Atlántico, visible en el cuaderno principal
digitalizado SAMAI Archivo «6_ED_ACTUACIONE_001EXPEDIENTE2019.PDF». Obra en el folio 38. Allí
se indicó que por auto de 19 de diciembre de 1990 se admitió la demanda de simple nulidad y fue suspendida
provisionalmente.
835
27
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

que niegan la nulidad solo la generan respecto de la causa petendi juzgada. En
consecuencia, tampoco regula expresamente los efectos temporales de la
declaración de nulidad.

86. Tradicionalmente, la jurisdicción contenciosa ha discutido si la nulidad debe
operar hacia el futuro (ex nunc) o si sus efectos pueden retrotraerse a la fecha
de expedición del acto (ex tunc). La Sala precisa que este debate ha sido
construido exclusivamente por la jurisprudencia, dado que no existe regulación
legal expresa sobre este punto.

87. Ahora bien, como ya se indicó, respecto de la vigencia de la Ley 100 de 1993
en el nivel territorial, el artículo 151 de dicha normatividad establece que el
sistema entraría a regir a partir del 30 de junio de 1995; por consiguiente, sólo
las situaciones particulares consolidadas con anticipación a tal fecha, en
principio, deben ser respetadas, en tanto que la Corte Constitucional41 retiró del
ordenamiento jurídico el aparte subrayado del artículo 146, que permitía la
consolidación del derecho dentro de los dos años siguientes a la vigencia del
Sistema General de Seguridad Social. Empero esta Corporación ha concluido
con fundamento en el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, que el aparte declarado
inexequible por la Corte Constitucional sí desplegó sus efectos protectores sobre
las situaciones pensionales que se consolidaron en el interregno comprendido
entre el 30 de junio de 1995 y el 30 de junio del 1997, en tanto que dicho Tribunal
no moduló los efectos de su decisión42. Por consiguiente, es dable concluir, que
las situaciones jurídicas que en materia pensional se consolidaron con base en
disposiciones municipales o departamentales antes del 30 de junio de 1997 o
antes de la fecha en que hubiese entrado a regir el Sistema General en cada
entidad territorial, se deben garantizar de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 146 citado.

88. Es importante destacar que, en este caso, confluyen además los efectos de
la suspensión provisional y la declaratoria de nulidad de la Ordenanza 047 de
1974, con lo cual debe entenderse que solo es posible reconocer el derecho en
caso de que se hayan cumplido los requisitos exigidos en la norma con
anterioridad a su suspensión (diciembre de 1990) y solo en ese sentido, de
acreditarse los requisitos previamente es posible aplicar las previsiones de la Ley
100 de 1993, artículo 146, dado que solo hasta esa fecha se pronunció la
jurisdicción sobre los efectos de la disposición territorial.

89. En este sentido, es evidente, que antes de la suspensión provisional y
anulación de la Ordenanza 047 de 1974 el señor Oroño Consuegra acreditó los
requisitos para que, a la luz del artículo 146 de la Ley 100 de 1993, le fuera
reconocida su pensión, como son contar con «[…] más de cuarenta y cinco (45)

41
Sentencia C – 410 de 1997.
42 Proceso D0001585. Desfijación edicto 17 de septiembre de 1997.

835
28
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

años de edad, y hubiere prestado servicios por más de quince (15) años, sin
exceder de dieciocho (18) años, […]». Eso, dado que el 3 de junio de 1988
cumplió la edad requerida y además ya contaba con el tiempo exigido,
configurándose así su derecho al reconocimiento pensional.

90. De acuerdo con lo anterior, es evidente que debe declararse la nulidad
de la Resolución núm. 000234 del 2 de abril de 1993 y el Oficio 20130500010191
del 6 de diciembre de 2013, expedidos por el departamento del Atlántico,
mediante los cuales se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación de conformidad con la Ordenanza 047 de 1974.

91. En cuanto a la liquidación de la pensión la citada disposición, Ordenanza 047
de 1974, artículo 1.° literal a) dispone:

«Si el beneficiario tuviere más de cuarenta y cinco (45) años de edad, y
hubiere prestado servicios por más de quince (15) años, sin exceder de
dieciocho (18) años, le corresponderá el sesenta (60) por ciento de lo que
hubiere recibido por concepto de dietas, gastos de representación o de
movilización, durante los últimos treinta (30) días de sesiones ordinarias o
extraordinarias y de la doceava parte de las primas de servicio y de
navidad, que le correspondiere durante el último año de servicio».
[…]».

92. Empero como el último año de servicios el demandante se desempeñó como
médico del servicio de salud del Atlántico, la pensión se reconocerá, con una tasa
de reemplazo del 60% del salario percibido durante su labor como médico y la
doceava parte de las primas de servicio y de navidad, que le correspondiere
durante el último año de servicio, comprendido entre el 1.° de agosto de 1985 y
el 31 de julio de 1986, esto, sin que sea inferior a un salario mínimo, con
actualización de la primera mesada pensional dado que el 3 de junio de 1988
se adquirió el estatus pensional.

93. De acuerdo con lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho se ordenará que el reconocimiento pensional se realice con base en el
60 % del promedio del salario devengado en el último año de servicios, y
doceavas partes de las primas de servicios y de navidad si las hubiere percibido.

94. La pensión será efectiva desde el 28 de agosto de 2014 dado que si bien el
demandante realizó varias peticiones de reconocimiento (12 de noviembre de
1990, 9 de marzo de 199343, 19 de febrero de 199844 y 14 de junio de 201245),
no obstante, la demanda se presentó el 28 de agosto de 201746, con lo cual
ocurrió la prescripción de las mesadas anteriores al 28 de agosto de 2014.

43 Folio 31 ibidem
44 Folios 37 a 41. Ibidem.
45 Folios 47 y s.s. Ibidem.
46
Folio 14 Archivo «6_ED_ACTUACIONE_001EXPEDIENTE2019.PDF».
835
29
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

95. Las sumas a reconocer deberán ser actualizadas a la fecha de la liquidación
de la pensión. Así entonces, para efecto del ajuste de la condena, el valor
presente (R) se determinará multiplicando el valor histórico (Rh), que es la
diferencia dejada de percibir por el demandante por concepto de pensión de
jubilación desde la fecha en que ésta se hizo exigible hasta la ejecutoria de la
presente sentencia, con inclusión de los reajustes legales correspondientes a
dicho período, por el guarismo que resulta de dividir el índice final de precios al
consumidor certificado por el DANE (vigente al último día del mes en que se
ejecutoríe esta sentencia) por el índice inicial (vigente al último día del mes en
que se causó el derecho).

96. Es importante precisar que esta obligación estará a cargo del Fondo Territorial
de Pensiones del departamento del Atlántico, dado que si bien en este caso los
últimos aportes que se registran fueron depositados en la Caja Nacional de
Previsión Social, entidad que no fue vinculada al proceso, la misma Ordenanza
en su artículo 11 dispone que las pensiones de jubilación de los diputados de la
Asamblea Departamental del Atlántico serán pagadas con fondos comunes por
el tesorero general del departamento. Sin embargo, se ordenará que el Fondo
territorial realice el proceso de cobro de la cuota parte correspondiente a
CAJANAL, hoy UGPP, para la correcta financiación de la pensión y en
cumplimiento del principio de sostenibilidad del sistema pensional.

97. Además, en el presente caso, la Sala advierte que el demandante, cuenta
actualmente con 83 años de edad y se encuentra en una grave situación de
salud47 y de manifiesta debilidad, por razón de su avanzada edad, lo cual impone
un tratamiento reforzado para garantizar la protección efectiva de sus derechos
fundamentales.

98. En efecto, la jurisprudencia ha precisado que cuando concurren
circunstancias reales, evidentes y verificables que hagan inaplazable la decisión
—entre ellas, la edad avanzada del actor—, resulta indispensable otorgar
prelación al estudio de fondo, pues de lo contrario se comprometerían de manera
directa y definitiva derechos esenciales como el mínimo vital y la vida digna. En
ese sentido, y acreditado documentalmente que el actor depende de la definición
pronta de su situación pensional, esta Sala debe adoptar una decisión que
consulte el principio de dignidad humana y evite afectaciones irreparables
derivadas de una demora adicional en la resolución del litigio.

99. De igual manera, está probado que durante su vida laboral se efectuaron
aportes a CAJANAL, entidad hoy en liquidación, lo que genera la necesidad de
determinar quién debe asumir el reconocimiento de la prestación reclamada.
Conforme al régimen vigente y atendiendo el criterio de sostenibilidad y
continuidad del servicio público pensional, corresponde al departamento del

47
Ver índices 51 y s.s. del proceso digital, donde se manifiesta que el demandante se encuentra
hospitalizado con graves quebrantos de salud.
835
30
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

Atlántico, a través de su Fondo Territorial de Pensiones, asumir el reconocimiento
y pago de la pensión del actor, sin perjuicio de que posteriormente repita contra
la UGPP por concepto de cuota parte pensional. Esta solución garantiza no solo
la protección reforzada que merece una persona de la tercera edad, en tanto evita
que la definición de su derecho dependa de trámites adicionales, sino que
garantiza el principio de sostenibilidad del sistema pensional.

100. De acuerdo con lo anterior se impone revocar la sentencia de primera
instancia, declarar la nulidad de los actos administrativos demandados y ordenar
el restablecimiento del derecho en los términos ya indicados.

3.6. Condena en costas

101. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la
aludida reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del
criterio objetivo que gobierna esta materia.

102. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.

103. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

104. En consecuencia, se impondrán costas de ambas instancias a la entidad
demandada, por cuanto se accede totalmente a los argumentos de la apelación
promovida por el demandante. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico.

105. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

835
31
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

IV. FALLA

PRIMERO.- REVOCAR la sentencia de 16 de diciembre de 2020, por medio
de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico negó las súplicas de la demanda
presentada por el señor Ignacio Oroño Consuegra, contra el departamento del
Atlántico, por las razones expuestas en esta providencia.

SEGUNDO. DECLARAR la nulidad de la Resolución núm. 000234 del 2 de abril
de 1993 y el Oficio 20130500010191 del 6 de diciembre de 2013, expedidos por
el departamento del Atlántico, mediante los cuales se le negó al señor Ignacio
Oroño Consuegra el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación de
conformidad con la Ordenanza 047 de 1974.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento del
derecho, CONDENAR al departamento del Atlántico, Fondo Territorial de
Pensiones, a reconocer y pagar la pensión de jubilación del señor Ignacio Oroño
Consuegra, con una tasa de reemplazo del 60% del salario y la doceava parte
de las primas de servicio y de navidad percibidos durante el último año de
servicio, comprendido entre el 1.° de agosto de 1985 y el 31 de julio de 1986, con
actualización de la primera mesada pensional, esto, sin que sea inferior a un
salario mínimo.

CUARTO.- DECLARAR la ocurrencia del fenómeno de la prescripción de las
mesadas pensionales causadas con anterioridad al 28 de agosto de 2014.

QUINTO: Las sumas que se paguen en favor del demandante se actualizarán en
la forma como se indica en la parte considerativa, a la fecha de la liquidación de
la sentencia, de acuerdo con el régimen general y se aplicarán sobre las mismas
los reajustes de ley.

SEXTO: El departamento del Atlántico, Fondo Territorial de Pensiones, deberá
realizar las actuaciones interadministrativas a efectos de realizar el cobro de la
cuota parte correspondiente a cargo de la UGPP, a fin de solicitar el reembolso
de las cotizaciones a pensión efectuadas a CAJANAL por parte del empleador
del demandante.

SÉPTIMO: La entidad demandada dará cumplimiento a esta sentencia en los
términos previstos en los artículos 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

OCTAVO: Se condena en costas y agencias en derecho de ambas instancias al
departamento del Atlántico. De conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico.

835
32
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08-001-23-33-000-2019-00010-01 (1884-2021)

Demandante: Ignacio Oroño Consuegra

NOVENO.- Efectuar las anotaciones correspondientes en la Sede Electrónica
para la Gestión Judicial del Consejo de Estado – “SAMAI”, y ejecutoriada esta
providencia devolver el expediente al Tribunal de origen.

DÉCIMO.- Ejecutoriada esta providencia devolver el expediente al Tribunal de
origen, previas las anotaciones correspondientes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha

LUIS EDUARDO MESA NIEVES JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado

Constancia: La anterior providencia fue firmada electrónicamente por la Sala a través de la
plataforma SAMAI del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación, y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y demás normas concordantes
del Código General del Proceso.

835
33
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.