Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04893-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-04893-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-04893-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
9 de marzo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-04893-01
Demandante: Ignacio Oñoro Consuegra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., nueve (9) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-04893-01
Demandante IGNACIO OÑORO CONSUEGRA
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Temas Acción de tutela como mecanismo principal para el
reconocimiento de pensión de jubilación: requisitos. Medio de
control en trámite. Mora judicial justificada.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de
28 de octubre de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C que dispuso:
“PRIMERO. NIÉGASE la solicitud de tutela de Ignacio Oñoro Consuegra contra el
Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A y el Departamento del Atlántico”.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 9 de septiembre de 20221, el señor Ignacio Oñoro Consuegra instauró acción de
tutela, mediante apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda
y el Departamento del Atlántico, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al mínimo vital, a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas
y al acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“1. Tutelar los derechos fundamentales al mínimo vital, seguridad social en pensión, la vida
en condiciones dignas, y de acceso efectivo a la administración de justicia del señor
Ignacio Oñoro Consuegra.
1 Índices 1 y 2 en Samai, bajo el radicado 11001-03-15-000-2022-04893-00.
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Demandante: Ignacio Oñoro Consuegra
2. Dejar sin efectos el Oficio No. 20130500010191 de 6 de diciembre de 2013 proferido por
el señor Gobernador del Departamento del Atlántico a través del cual se negó al
accionante el reconocimiento y pago de la pensión mensual vitalicia de jubilación
invocada de conformidad con lo dispuesto en el literal a) del artículo primero de la
Ordenanza No. 47 de noviembre seis (06) de 1974.
3. En consecuencia, ordenar al Departamento del Atlántico-Gobernación del Atlántico, que
en el término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo proceda
de manera inmediata con la expedición del acto administrativo de reconocimiento y pago
de la pensión mensual vitalicia de jubilación del accionante, de conformidad con lo
dispuesto en el literal a) del artículo primero de la Ordenanza No. 47 de noviembre seis
(06) de 1974. Dicho reconocimiento deberá incluir la indexación correspondiente.
4. Ordenar que, el Departamento del Atlántico-Gobernación del Atlántico en el acto
administrativo en que se establezca el reconocimiento a la pensión de jubilación por
aportes del actor, le reconozca y pague el retroactivo de las mesadas pensionales
dejadas de percibir desde el 03 de junio de 1988, sin perjuicio de la prescripción trienal
de que tratan los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo.
5. Ordenar que, por medio de la Secretaría de la Sala de la Sección-Segunda del Consejo
de Estado, se le comunique lo decidido al despacho del Magistrado Gabriel Valbuena
Hernández, para su conocimiento”.
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. En el año 2017, el accionante interpuso demanda ordinaria laboral contra el
Departamento del Atlántico, a fin de obtener el reconocimiento y pago de su
pensión de jubilación. Por reparto, el asunto le correspondió al Juzgado Cuarto
Laboral del Circuito de Barranquilla bajo el radicado Nro. 08001-31-05-004-
2017-00293-00. Este declaró la falta de jurisdicción y competencia para dirimir
el problema jurídico planteado por el demandante. Por lo cual ordenó la
remisión del expediente a la oficina judicial para reparto ante los jueces
administrativos de esa ciudad.
El 13 de diciembre de 2018 el despacho del Juzgado Décimo Administrativo
Oral de Barranquilla, después de avocar el conocimiento del proceso bajo el
radicado Nro. 08001-33-33-010-2018-00266-00, declaró su falta de
competencia por razón de la cuantía de las pretensiones. Por ende, ordenó el
envío del expediente a la oficina de servicios para reparto ante el Tribunal
Administrativo del Atlántico.
2.2. En el Tribunal Administrativo de Atlántico el asunto se tramitó bajo el radicado
Nro. 08001-23-33-000-2019-00010-00. Mediante sentencia del 16 de junio de
2020, tal autoridad negó las pretensiones del demandante.
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2.3. El tutelante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia.
2.4. El 21 de junio de 2021, la Secretaría de la Sección Segunda del Consejo de
Estado ingresó el proceso al despacho ponente para estudiar la admisión del
recurso. El 5 de septiembre de 2022 se admitió el recurso de apelación.
3. Fundamentos de la acción
La parte actora manifestó que la Sección Segunda del Consejo de Estado vulneró
su derecho fundamental al acceso efectivo a la administración de justicia, debido a
que no ha resuelto el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, a pesar de que reiteradamente ha
radicado varias solicitudes de impulso al proceso, no respondidas. Por lo tanto,
aseguró que el medio judicial ordinario es ineficaz para lograr la protección de sus
derechos, pues “el proceso va cumplir 5 años sin un fallo definitivo, y perfectamente la
administración de justicia puede tardar entre 10 a 15 años para resolver de manera definitiva su
situación pensional”. Situación que lo impulsó a presentar “la acción de tutela como un
mecanismo definitivo”.
Asimismo, sostuvo que el Departamento del Atlántico vulneró sus derechos al
mínimo vital, a la seguridad social y a la vida en condiciones dignas, a raíz de su
negativa al reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, pese a que el 3 de
junio de 1988 cumplió los requisitos de tiempo y edad.
Lo anterior hace que su situación económica sea precaria, ya que no cuenta con
otras fuentes de ingresos adicionales o alternativas que le permitan suplir sus gastos
básicos de manutención, por lo que se ha visto obligado a solicitar préstamos.
Relacionado con lo anterior, transcribió fragmentos de la Sentencia T-722 de 2012
sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de
prestaciones sociales y de la Sentencia T-608 de 2019 sobre la procedencia de la
acción como mecanismo definitivo.
También, manifestó que es sujeto de especial protección debido a que tiene 79
años; que el 19 de marzo de 2022 sufrió un accidente de tránsito que le provocó
una fractura de la diáfisis del fémur izquierdo que, consecuentemente, le generó
una limitación en su capacidad para laborar; y que tiene un hijo con discapacidad
física que depende económicamente de él.
Aseveró que lleva 32 años “esperando que se imparta justicia, ya que de manera diligente
gestionó por primera vez el reconocimiento y pago de su pensión de vejez ante el Departamento del
Atlántico el día 13 de diciembre de 1990 e inició el día 25 de agosto de 2017 la acción judicial con el
objetivo de que le sea reconocida la prestación reclamada”.
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Seguido, transcribió jurisprudencia sobre el derecho al acceso a la justicia y la tutela
jurisdiccional efectiva, la seguridad social en materia pensional, el mínimo vital y el
pago de las personas en edad de pensión.
Por último, sostuvo que sí cumple con los 15 años de servicios que exige la
Ordenanza Nro. 47 de 6 de noviembre de 1974 en el literal a) del artículo primero,
pues “actuó ininterrumpidamente como Diputado, es evidente que a partir del 1 de enero de 1982
los servicios personales prestados a los Servicios de Salud del Atlántico laborando ya sea cómo
Médico de Medicina Interna en el Hospital Local de Baranoa, como Médico Director del Centro de
Salud de Buenos Aires de Barranquilla, o como Médico Director del Centro de Salud Meisel la Manga
no son simultáneos con los servicios prestados al Departamento del Atlántico en el ejercicio del cargo
como Diputado, por lo tanto dichos tiempos no deben excluirse al momento de computar el tiempo
total laborado”. Por lo tanto, concluyó que le asiste el derecho al reconocimiento y pago
de la pensión mensual vitalicia de jubilación.
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. Mediante auto de 16 de septiembre de 2022, se admitió la acción de tutela
interpuesta por el señor Ignacio Oñoro Consuegra contra el Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección A y el Departamento del Atlántico; se
reconoció personería al abogado Jorge Luis Oñoro Pájaro como apoderado
del tutelante; y se dispuso efectuar las notificaciones pertinentes.
4.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, mediante el
magistrado Gabriel Valbuena Hernández, informó que los procesos se tramitan
de acuerdo al turno de entrada al despacho; que el 21 de junio de 2021 le
correspondió por reparto el medio de control en el cual funge como
demandante el señor Oñoro Consuegra, para resolver la apelación de
sentencia; y que mediante auto del 5 de septiembre de 2022 se admitió el
recurso de apelación.
Por ende, sostuvo que al proceso ordinario se le ha dado el trámite procesal
conforme lo permite el gran volumen de procesos tramitados en la sección.
Y en cuanto a la petición del accionante consistente en que su caso se
resuelva de manera inmediata, ya que considera que es un sujeto de especial
protección constitucional, aseguró que una vez el proceso ingrese al despacho
para fallo se valorará su situación especial y se tomará la decisión que en
derecho corresponda.
Con base en lo expuesto, solicitó que la tutela presentada sea negada, porque
a su juicio no se ha transgredido derecho fundamental alguno.
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5. Providencia impugnada
Mediante sentencia de 28 de octubre de 2022, el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección C negó el amparo solicitado, porque consideró que en el caso
no se configuró mora judicial injustificada, pues en su criterio la autoridad accionada
no incurrió en una dilación ni ha sido negligente en el trámite del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho.
Y con relación a la solicitud del actor consistente en que se deje sin efectos el acto
que le negó el reconocimiento de su pensión, adujo que no era posible que el juez
de tutela interfiriera en la actuación, pues esta se encuentra vigente y bajo la
dirección del juez natural del asunto.
6. Impugnación
La parte actora impugnó la sentencia, porque consideró que el juez de primera
instancia no analizó el contexto que originó la tutela e incluso los antecedentes
jurisprudenciales invocados de la Corte Constitucional sobre la procedencia
excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento de prestaciones sociales
y como mecanismo definitivo.
Adicionalmente considera que tampoco tuvo en cuenta su avanzada edad que lo
hace sujeto de especial protección constitucional, su expectativa de vida y que no
cuenta con otro mecanismo idóneo ni eficaz para la protección de sus derechos
fundamentales.
Reiteró que se encuentra en un proceso de recuperación física por una fractura en
el fémur izquierdo que lo mantuvo incapacitado para laborar desde el día 19 de
marzo hasta el día 7 de agosto de 2022, que su capacidad para laborar se encuentra
limitada y que tiene un hijo con discapacidad física que depende económicamente
de él. E insistió en que, desde el 3 de junio de 1988 fecha en que cumplió los
requisitos de tiempo y edad, el Departamento del Atlántico le ha vulnerado sus
derechos al negar el reconocimiento; y en que lleva 32 años esperando que le sea
reconocida la prestación reclamada.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 1991, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
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ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. Planteamiento del problema jurídico
La Sala encuentra que lo perseguido por el accionante es que la acción de tutela se
emplee como mecanismo principal para resolver de fondo su asunto pensional, pues
en su criterio el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que se
encuentra en trámite, no es eficaz para resolver su caso, debido a la demora en que
ha incurrido la autoridad judicial accionada. El juez de primera instancia, por su
parte, encausó el asunto como si el actor hubiese interpuesto la acción de tutela por
una mora judicial.
Es cierto que de las pretensiones, de los fundamentos de la tutela y de las
motivaciones de la impugnación se desprende que el actor no interpuso la acción
de tutela por una mora judicial, sino para que a través de esta se le reconociera la
pensión. Sin embargo, no puede desconocerse que el fundamento de su tesis,
justamente, consiste en que en su caso ha existido mora de parte de la autoridad
judicial accionada. Y es que, una y otra vez, el actor aseguró que el medio de control
no es eficaz para resolver la controversia pensional, teniendo en cuenta que es un
adulto mayor, por la dilación en que ha incurrido la Sección Segunda de esta
Corporación; motivo por el cual insistió en que en su caso la tutela procedía como
mecanismo definitivo para el reconocimiento pensional.
Así las cosas, corresponde a la Sala establecer si le asistió razón al juez de primera
instancia en negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por el señor
Ignacio Oñoro Consuegra, al concluir que el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección A no incurrió en mora injustificada, en el medio de control Nro. 08001-
23-33-000-2019-00010-01, y que este mecanismo judicial no es procedente para
resolver la pretensión pensional del actor.
3. La mora judicial injustificada
3.1. Como lo establece el artículo 29 de la Constitución, el derecho fundamental al
debido proceso se aplica a todas las actuaciones judiciales y administrativas,
y al momento de determinar su alcance, la norma señala que toda persona
tiene derecho a “un debido proceso público sin dilaciones injustificadas”.
La Corte Constitucional ha indicado que la vulneración de este elemento del
derecho al debido proceso, trátese de un proceso judicial o administrativo, se
configura cuando: “i) el incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar
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alguna actuación por parte del funcionario competente; ii) que la mora desborde el concepto
de plazo razonable que involucra análisis sobre la complejidad del asunto, la actividad procesal
del interesado, la conducta de la autoridad competente y el análisis global de procedimiento;
iii) la falta de motivo o justificación razonable en la demora”2.
Con base en lo anterior, se puede afirmar que el solo incumplimiento de un
término establecido en la ley no basta para considerar vulnerado el derecho al
debido proceso, sino que debe comprobarse que tal dilación es injustificada.
3.2. Frente a la mora judicial, esta Sala ha reconocido que quien interpone una
acción judicial o algún recurso dentro de un proceso judicial tiene derecho a
que se le resuelva dentro de los términos establecidos en la ley. Sin embargo,
se ha insistido en que dadas las condiciones que producen congestión y
lentitud en los despachos judiciales, no toda dilación en la decisión equivale a
negligencia3. Debe decirse entonces que, la mora judicial corresponde al
incumplimiento injustificado de los plazos legales por parte de los funcionarios
judiciales para la tramitación o decisión de los procesos a su cargo.
Por lo anterior, al juez de tutela le corresponde debe valorar en cada caso, si
la conducta del funcionario o corporación judicial es injustificada y negligente,
pues, existen causas imprevisibles y externas, esto es, circunstancias
objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los plazos para decidir o
para dictar alguna decisión, como lo son la excesiva carga laboral o la falta de
una infraestructura básica en los despachos judiciales, que impiden que los
funcionarios judiciales adopten decisiones oportunas. Circunstancias que no
pueden ser atribuibles a los funcionarios judiciales.
De hecho, la jurisprudencia de altas cortes, como el Consejo de Estado y la
Corte Constitucional, ha reconocido que la razón principal por la que se
incumplen los términos judiciales no se debe al actuar de los funcionarios, sino
a las dificultades prácticas que debe afrontar la Rama Judicial. Por lo tanto, en
el evento en que exista una justificación que explique la tardanza o cuando
esta no sea imputable al actuar del juez no existirá mora judicial injustificada y
en consecuencia no se habrán vulnerado los derechos fundamentales de
quien acudió a la justicia4.
Sobre el particular, en la Sentencia T-366 de 2005, la Corte Constitucional
señaló que “la dilación injustificada de los procesos constituye una grave y seria vulneración
de los derechos fundamentales mencionados. No obstante, esa dilación ha de ser injustificada,
2 Sentencia T-297 de 2006 proferida por la Corte Constitucional.
3 Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.
Radicado: 11001-03-15-000-2014-01444-00.
4 Corte Constitucional. Sentencia T-230 de 2013.
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como lo dispone la propia Carta Política, pues, si la mora judicial obedece a circunstancias
objetivas y razonables, ajenas a la voluntad del fallador, mal podría la Corte Constitucional
acceder a las pretensiones de una tutela en ese sentido, sin analizar con sumo cuidado las
razones de la mora judicial que se alega”.
En cambio, habrá mora judicial injustificada si el afectado con la dilación del
proceso comprueba que el juez u órgano judicial excedió
desproporcionadamente el plazo razonable para pronunciarse sobre el asunto,
sin que exista motivación para justificar la demora en que incurrió. Es decir,
que al juez de tutela le corresponde realizar una valoración de los aspectos
objetivos y subjetivos que rodean la tardanza.
En la sentencia SU-394 de 2016, la Corte Constitucional precisó que la mora
judicial injustificada, se presenta cuando i) existe un incumplimiento objetivo
del plazo judicial, ii) no existe un motivo razonable que justifique la dilación y
iii) la tardanza sea imputable a la falta de diligencia y omisión sistemática de
los deberes del funcionario judicial. Y para identificar la ocurrencia de un plazo
irrazonable, la alta Corte señaló que se deben tener en cuenta: i) las
circunstancias generales del caso concreto; ii) la complejidad del caso; iii) la
conducta procesal de las partes; iv) la valoración global del procedimiento; y
v) los intereses que se debaten en el trámite.
Por otro lado, se ha reiterado que más allá de la dilación judicial el turno en el
que los expedientes pasaron al despacho para fallo debe ser respetado. Esta
posición no es más que el reflejo del contenido del artículo 18 de la Ley 446
de 1998, que prevé lo siguiente: “Artículo 18. Es obligatorio para los Jueces dictar las
sentencias exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho
para tal fin sin que dicho orden pueda alterarse, salvo en los casos de sentencia anticipada o
de prelación legal”.
De lo contrario, se vulneraría el derecho que tienen los ciudadanos de acceder
a la administración de justicia en condiciones de igualdad5. El propósito de esta
regla es impedir que el juez adelante procesos según su arbitrio sobre otros
que estaban antes en el despacho pendientes de decisión.
4. Análisis del caso
4.1. A juicio de la Sala, el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho es eficaz, incluso tratándose de adultos mayores en busca del
reconocimiento pensional, ya que este mecanismo no solo fue el dispuesto por
el legislador para controvertir actos como los acusados por el accionante, sino
5 Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez R.
Radicado: 11001-03-15-000-2014-01444-00 y Corte Constitucional. Sentencia T-945A de 2008.
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que está dirigido por un juez natural especializado en el tema y por una serie
de etapas procesales cuyo objetivo principal es garantizar la justicia material.
A su vez, se subraya que el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho permite el empleo de medidas cautelares. Gracias a los cambios
introducidos en la Ley 1437 de 2011, estas últimas garantizan celeridad y
mayor campo de valoración para el juez contencioso administrativo. Sobre el
tema, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
sostuvo lo siguiente:
“lo que ahora se discute a través de la acción de tutela se podrá discutir promoviendo el
proceso de nulidad o nulidad y restablecimiento del derecho, teniendo en cuenta que: ii) que
la suspensión provisional del nuevo código tiene la misma prontitud y eficacia protectora que
la acción de tutela, por varias razones: a) porque se decide al iniciar el proceso, b) procede
para evitar un “perjuicio irremediable”; y iii) porque la contradicción que se exige para
suspender el acto administrativo ya no tiene el rigor y la exigencia del pasado: que sea
ostensible; de hecho se puede hacer un estudio complejo para concluirlo” 6.
En consecuencia, además de tratarse de un mecanismo idóneo para resolver
el debate planteado por el actor, que el ordenamiento jurídico haya
contemplado la figura de las medidas cautelares garantiza la eficacia del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, pues desde el inicio del
proceso existe la posibilidad de suspender provisionalmente el acto
controvertido. Por ende, no se considera que tal medio de control per se sea
ineficaz ni que en este caso la tutela proceda como mecanismo definitivo para
resolver de fondo el reconocimiento pensional, tal como lo argumentó el
accionante, ya que existen herramientas creadas por el legislador, justamente,
para garantizar su eficacia. Sin embargo, de la consulta del proceso a través
del aplicativo Samai no se advierte que el actor haya hecho uso de las referidas
medidas cautelares.
4.2. Si bien el accionante aseguró que desde el año 2017 empezó el debate judicial
para obtener el reconocimiento pensional, lo cierto es que la demanda
tendiente al reconocimiento pensional fue interpuesta originalmente como una
demanda laboral ordinaria. Esto conllevó a que el asunto fuera conocido
primero por el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Barranquilla y luego por
el Juzgado Décimo Administrativo Oral de Barranquilla.
En este orden de ideas, es de resaltar que el asunto se remitió al Tribunal
Administrativo de Atlántico hasta el 2019. De ahí que no pueda afirmarse que
el medio de control es ineficaz, bajo el argumento de que un asunto interpuesto
6 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de marzo de 2014.
Radicado 25000-23-42-000-2013-06871-01. Actor: Gustavo Francisco Petro Urrego. Demandado:
Procuraduría General de la Nación.
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desde el año 2017 aún no ha sido resuelto, ya que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo avocó el conocimiento del asunto, a partir de la
remisión que se hiciera al mencionado tribunal administrativo.
En ese orden de ideas, se considera que la acción de tutela no procede como
mecanismo definitivo para resolver de fondo el debate pensional del actor
pues, contrario a lo expuesto por la parte actora, el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho es eficaz e idóneo para resolver el debate sobre
la pensión del tutelante, al punto que, mediante sentencia del 16 de junio de
2020, el tribunal resolvió el asunto en primera instancia, negando las
pretensiones del demandante.
4.3. Ahora bien, la revisión del asunto permitió corroborar que, en efecto, sí ha
existido dilación de parte de la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación, como quiera que la admisión del recurso de apelación contra la
sentencia de primera instancia, se extendió del 21 de junio de 2021 (fecha en
la que el proceso ingresó al despacho ponente), hasta el 5 de septiembre de
2022 (cuando se admitió el mencionado recurso de apelación).
Sin embargo, se advierte que la tardanza obedeció a la alta carga laboral y
congestión propia de la Rama Judicial, como lo afirmó el magistrado ponente
en el informe rendido, por lo que no puede hablarse de un retardo deliberado
de parte del despacho ponente.
La situación de congestión judicial, por regla general, no es imputable a los
funcionarios judiciales, sino a las dificultades prácticas que debe afrontar la
Rama Judicial y a condiciones exógenas a los jueces, como el alto número de
demandas que diariamente se presentan, la complejidad de los asuntos que
allí se deciden y el número de servidores judiciales, entre otros factores. Por
lo tanto, aunque en el caso sí ha existido mora judicial, se encuentra justificada
en la situación de congestión expuesta por el magistrado ponente que tiene a
cargo el proceso del actor.
4.4. Finalmente, debe decirse que, la alteración del sistema de turnos procede en
los casos en que aunque la mora judicial sea justificada, la tardanza en emitir
la decisión genera una situación real, verídica, comprobada y grave que hace
inminente la necesidad de priorizar el fallo, en tanto pueden verse
comprometidos los derechos fundamentales de los usuarios de la
administración de justicia.
Por esta razón, ante la obligación legal que le asiste a la autoridad judicial
demandada de respetar el sistema de turnos para proferir sentencia (artículo
18 de la Ley 446 de 1998), y por encontrarse el medio de control de nulidad y
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restablecimiento del derecho en curso, las circunstancias especiales que
invoca el actor, tales como su precaria situación económica o su condición de
adulto mayor, deben ser puestas en conocimiento del magistrado a cargo del
trámite judicial, para que determine si en el caso concreto, se configura alguna
de las excepciones para la alteración del sistema de turnos, y de ser el caso,
otorgue prelación para la decisión del asunto.
4.5. En virtud de las motivaciones expuestas, la Sala confirmará la decisión de
primera instancia, por considerar que en el caso no hay lugar a emplear la
acción de tutela como mecanismo definitivo para resolver sobre el
reconocimiento y pago de la pensión solicitada por el actor; y por encontrar
que aunque, efectivamente, ha existido dilación de parte de la autoridad
judicial accionada, esta no es el producto de un retardo deliberado e
intencional de parte de la autoridad judicial, sino de una deficiencia estructural
que permea a toda la Rama Judicial.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la sentencia de 28 de octubre de 2022, proferida por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
Aclara voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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