Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00124-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00124-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2019-00124-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Magistrado ponente: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00124-01 (4591-2024)
Demandante: Celia Cruz Suárez Ortega
Demandado: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL)
Tema: Asignación de retiro. Sustitución pensional. Convivencia
simultánea. Convivencia por un plazo no menor a los 5 años
anteriores al fallecimiento del causante.
Decisión: Confirmar la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda, por no acreditarse la convivencia
durante los cinco (5) años anteriores al fallecimiento.
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la demandante contra la
sentencia de primera instancia del 15 de mayo de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.
I. ANTECEDENTES
Demanda
1. La señora Celia Cruz Suárez Ortega, por conducto de apoderado judicial,
presentó demanda1 contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL) con
el fin de obtener la nulidad de las Resoluciones Nos. 65 de 24 de enero de 20112,
2082 de 25 de abril de 20113 y 5840 de 21 de julio de 20174, mediante las cuales
se reconoció como beneficiarios de una sustitución de asignación de retiro a la
señora Dolly Pontón de Leaño (como cónyuge supérstite) y al señor Carlos Eduardo
Leaño Suárez (como hijo menor) y se negó dicha condición a la demandante como
compañera permanente del causante.
2. A título de restablecimiento del derecho, la accionante solicitó el
reconocimiento y pago del 100% de la sustitución sobre la asignación de retiro que
percibía su compañero permanente, el señor Carlos Eduardo Leaño Gómez.
Subsidiariamente, solicitó el reconocimiento y el pago del 50% de la prestación
1 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
2 «Por la cual se ordena el pago de los haberes dejados de cobrar por el causante y el reconocimiento y pago
de la pensión de beneficiarios del señor coronel (R) del Ejército Carlos Eduardo Leaño Gómez».
3 «Por la cual se ordena la redistribución de la pensión de beneficiarios del del señor coronel (R) del Ejército
Carlos Eduardo Leaño Gómez».
4 «Por la cual se niega el reconocimiento y pago de la sustitución de asignación de retiro del señor coronel (R)
del Ejército Carlos Eduardo Leaño Gómez».
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Demandante: Celia Cruz Suárez Ortega
reclamada. En uno u otro caso, deprecó igualmente el pago del respectivo
retroactivo pensional.
3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones manifestó que el señor
Leaño Gómez prestó sus servicios en el Ejército Nacional y que, como
consecuencia de ello, le fue reconocida una asignación de retiro en 19705. Indicó
que el causante fijó inicialmente su domicilio en la ciudad de Cartagena donde vivía
de forma simultánea con su esposa la señora Dolly Pontón de Leaño6 y la
demandante en calidad de compañera permanente7, con quien convivió desde
febrero de 1974 hasta el 11 de septiembre de 2010, fecha en la que falleció.
4. Adujo que el señor Leaño se hizo cargo de sus gastos de manutención, así
como los de su hijo en común, cubriendo lo relativo a vivienda, alimentación,
vestuario, servicios públicos, recreación y demás necesidades básicas, hasta el
momento en el que fue obligado por su cónyuge e hijos a domiciliarse en la ciudad
de Bogotá por razones de salud.
5. Señaló que, tras el fallecimiento del causante, CREMIL reconoció como
beneficiarios de la sustitución de la asignación de retiro a la señora Pontón de Leaño
y Carlos Eduardo Leaño Suárez8 a través de las Resoluciones Nos. 65 de 24 de
enero de 2011 y 2082 de 25 de abril de 2011.
6. El 12 de julio de 2017 en calidad de compañera permanente solicitó a
CREMIL el reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación de retiro que
devengaba en vida el señor Leaño Gómez, petición que fue resuelta de manera
negativa mediante Resolución No. 5840 de 21 de julio de 2017, en la que se sostuvo
que no había elementos suficientes para concluir que existió convivencia
ininterrumpida durante los últimos 5 años anteriores de la muerte, entre ella y el
exmilitar fallecido.
7. Como fundamento de la vulneración, alegó que los actos demandados
incurrieron en violación de normas constitucionales y falsa motivación, como quiera
que no cumplen con los fines esenciales del Estado, transgreden los artículos 42 y
53 de la Constitución Política, así como los artículos 47 de la Ley 100 de 1993 y 13
de la Ley 797 de 20039 y desnaturalizaron la figura de la sustitución pensional con
la que se busca mantener a los familiares beneficiarios del causante las mismas
condiciones de vida que existían cuando este estaba vivo, evitando con ello una
subsistencia indigna de aquellos.
8. Señaló que la interrupción de la convivencia se dio por razones ajenas a la
voluntad de la demandante y el causante, quienes nunca tuvieron la intención de
separarse o abandonarse.
5 Resolución No. 92 de 16 de febrero de 1970.
6 Con quien tuvo 4 hijos.
7 Con quien tuvo 1 hijo.
8 Hijo en común entre la demandante y el causante.
9 Igualmente mencionó la Sentencia C-1035 de 2008 de la Corte Constitucional.
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Demandante: Celia Cruz Suárez Ortega
9. Manifestó que la demandada violó el contenido y alcance del derecho a la
seguridad social, así como los principios de favorabilidad e in dubio pro operario.
Contestación de la demanda
10. CREMIL, por conducto de apoderado judicial se opuso a las pretensiones
de la demanda. Precisó que los actos demandados no incurrieron en ninguna de las
causales que pudieran dar lugar a su nulidad, toda vez que la decisión en ellos
contenida se fundó en lo que efectivamente se probó en el trámite administrativo.
11. Adujo que la señora Suárez Ortega no aportó prueba idónea que la hiciera
beneficiaria y/o acreedora de la sustitución pensional que reclamó en condición de
compañera permanente de cara a los requisitos previstos en la Ley 923 de 2004 y
el Decreto 4433 de 2004. Concretamente, se refirió a la falta de prueba del requisito
de convivencia efectiva con el causante durante los 5 años anteriores a su muerte.
12. Aunado a lo anterior, formuló las excepciones de «no configuración de falsa
motivación en las actuaciones de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares» y «no
configuración de causal de nulidad».
Sentencia apelada
13. Mediante sentencia de 15 de mayo de 2024 el Tribunal Administrativo del
Atlántico declaró probadas las excepciones de mérito propuestas por CREMIL 10 y
negó las pretensiones de la demanda.
14. Para ello, sostuvo que en el proceso no quedó demostrado que la señora
Suárez Ortega hubiere convivido de manera real y efectiva con el señor Leaño
Gómez dentro de los últimos 5 años anteriores a su fallecimiento, tal como lo exige
el parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 para acceder a la sustitución
de la asignación de retiro que devengaba en vida el causante.
15. Agregó que, si bien se comprobó la existencia de una relación entre los
antes mencionados, producto de la cual nació un hijo en común, las pruebas del
proceso dieron cuenta que la convivencia se dio solo hasta el 2006, fecha para la
cual el señor Leaño Gómez cambió su domicilio para Bogotá. Asimismo, advirtió
que las declaraciones relativas a que el causante no abandonó a la demandante y
que mantenían comunicación constante no resultan suficientes para acreditar el
requisito en comento.
16. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas porque no se demostró que
las mismas se hubieren causado en esa instancia.
Recursos de apelación
10 «no configuración de falsa motivación en las actuaciones de la Caja de Retiro de las Fuerza Militares» y «no
configuración de la causal de nulidad».
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Demandante: Celia Cruz Suárez Ortega
17. La demandante presentó recurso de apelación en el que manifestó que el
Tribunal erró al exigir la cohabitación con el causante, pues desconoció el contexto
propio del caso, dada la convivencia simultánea con la cónyuge y la circunstancia
excepcional de traslado a Bogotá por razones de salud.
18. Adujo en el proceso se demostró que (i) la pareja no tuvo la intención de
separarse o abandonarse, (ii) el traslado de ciudad se dio por razones de salud y
por terceras personas, (iii) el señor Leaño Gómez mantenía económicamente a la
señora Suárez Ortega y a su hijo y (iv) las circunstancias impidieron que la
demandante pudiera acompañar y cuidar al causante durante los últimos días de su
enfermedad, sin que ello implicara que no existía apoyo moral y espiritual de su
parte.
19. Alegó que el Consejo de Estado ha reconocido excepcionalmente en casos
de reconocimiento de pensión de sobreviviente y sustituciones pensionales, que la
separación física temporal entre el causante y su cónyuge o compañera (o)
permanente no desvirtúa la convivencia exigida para el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional, cuando aquella obedece a
circunstancias justificadas, como razones laborales, de salud, viajes, privación de la
libertad y se mantiene incólume la voluntad de permanencia y el apoyo mutuo propio
de la relación de pareja.11.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
20. Mediante auto de 13 de febrero de 2025, se admitió el recurso de apelación
contra la sentencia de 15 de mayo de 2024. Las partes y el Ministerio Público no se
pronunciaron en esta etapa.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
21. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA),
modificado por el artículo 615 del Código General del Proceso (CGP), el Consejo
de Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos
contra las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales
Administrativos.
Problema jurídico
22. Corresponde a la Sala determinar si la señora Celia Cruz Suárez Ortega
acreditó los requisitos para acceder a la sustitución de la asignación de retiro, en
11 Para ello citó: Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia de 18 de noviembre de 2021,
Rad. 68001-23-33-000-2018-00434-01 (0646-2021); Subsección B. Sentencia de 8 de julio de 2021, Rad.
25000-23-42-000-2016-01773-01 (1840-2019).
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Demandante: Celia Cruz Suárez Ortega
particular, el de convivencia efectiva durante los 5 años inmediatamente anteriores
al fallecimiento del causante.
Análisis del problema jurídico
23. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia del 15 de mayo de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, tras encontrar que no
quedó demostrada la convivencia entre la demandante y el causante dentro de los
5 años inmediatamente anteriores a la muerte de este último.
24. De conformidad con los literales A y B del parágrafo 2 del artículo 11 y el
artículo 40 del Decreto 4433 de 2004, normas vigentes para la época de la
muerte del señor Carlos Eduardo Leaño Gómez, para la sustitución de la asignación
de retiro por la muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero
permanente supérstite deberá acreditar vida marital con el causante hasta su
muerte y haber convivido con el fallecido por no menos de 5 años continuos
inmediatamente anteriores a su muerte.
25. La mencionada norma diferencia 2 supuestos que dependerán de (1) la
edad del beneficiario y (2) si existieron o no hijos en común, para determinar si la
prestación en comento, entiéndase la sustitución pensional, es temporal o vitalicia.
26. Asimismo, el artículo 12 ídem prevé que se pierde el derecho a la pensión
de sobrevivientes o a la sustitución pensional por muerte, nulidad del matrimonio,
divorcio, disolución de la sociedad de hecho, separación legal de cuerpos o
separación de hecho de 5 años o más.
27. En ese contexto normativo, la Sala procederá a valorar las pruebas
debidamente incorporadas al expediente con el fin de establecer si en el presente
asunto se encuentran acreditados los requisitos legales para que la señora Celia
Cruz Suárez Ortega acceda a la prestación reclamada, en particular, lo relativo al
presupuesto de convivencia. Aunado a ello, se pone de presente que el
reconocimiento de la asignación de retiro, el fallecimiento de su titular12 y de la
señora Dolly Ponton de Leaño13 y la edad de la demandante, no se encuentra en
discusión.
28. Expuesto lo anterior, es preciso señalar que junto con la demanda se
allegaron como pruebas las declaraciones extra-juicio rendidas por Eliana Esther
Madrid Suárez14, Paola del Carmen Mora Vásquez15, Oliverio Montealegre Cruz16 y
la demandante17, las cuales coinciden en indicar que la señora Suárez Ortega
compartía techo, lecho y mesa con el señor Leaño Gómez entre 1974 y el 2006 en
la ciudad de Cartagena, pues por temas de salud el causante se trasladó para la
12 El 11 de septiembre de 2010, según consta en el Registro civil de defunción con indicativo serial No. 6994694.
13 El 10 de diciembre de 2013, según consta en el Registro civil de defunción con indicativo serial No. 8597921.
14 13 de mayo de 2017.
15 20 de mayo de 2017.
16 22 de mayo de 2017.
17 30 de mayo de 2017.
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ciudad de Bogotá hasta la fecha de su muerte. Asimismo, concuerdan en señalar
que la demandante y su hijo dependían económicamente del señor Leaño Gómez.
29. Aunado a lo anterior, en audiencia de pruebas de 15 de septiembre de 2022,
se recaudaron los siguientes testimonios:
I. La señora Paola del Carmen Mora Vásquez manifestó que conoció desde
1976 a la señora Celia Cruz Suárez Ortega y al señor Carlos Eduardo Leaño
Gómez, quienes tuvieron un hijo en común y vivieron cerca de ella en la ciudad
de Cartagena (barrio Chile). Puso de presente que sabía que el señor Leaño
Gómez tenía esposa e hijo aparte, quienes vivían en Bocagrande, pero que no
los conoció. Señaló que el causante se trasladó, en contra de su voluntad y
por temas de salud para Bogotá en el 2006 y murió en el 2010. Indicó que el
señor Leaño Gómez presentaba a la demandante como su compañera o la
mamá de su hijo, así como que los vio departir en reuniones sociales. Sostuvo
que le constaba que la señora Suárez Ortega y su hijo dependían
económicamente del causante, quien nunca los abandonó pues mantenían
una comunicación buena y estable. Finalmente, señaló que al señor Carlos lo
cuidó durante sus últimos años de vida su esposa, la señora Pontón de Leaño.
II. El señor Oliverio Montealegre Cruz manifestó haber sido el conductor del
señor Leaño Gómez mientras trabajó como jefe de seguridad de Ecopetrol y
que conoció hacia 1978 a la demandante. Indicó que, pese a que el causante
pasaba más tiempo con la señora Suárez Ortega por la cercanía de su casa a
la empresa, dormía donde la esposa, la señora Dolly Pontón de Leaño, en
Bocagrande. Agregó que le constaba que el causante asumía todos los gastos
de su hijo y la demandante a quien le presentó como su “señora”. Señaló que
hacia el 2007 al señor Leaño Gómez se lo llevaron para Bogotá por temas de
salud donde lo cuidaron su esposa e hijos, pero mantuvo comunicación con la
demandante.
30. A partir de lo anterior, la Sala advierte tal como lo señaló en su momento el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que no se cumplen los requisitos exigidos por
ley para que proceda el reconocimiento de la sustitución de la asignación de
retiro reclamada, por las razones que pasan a explicarse:
31. De los elementos de juicio obrantes en el expediente, se advierte que entre
la demandante y el causante existieron vínculos de naturaleza afectiva. No obstante,
la discusión no radica en la existencia de dicha relación, sino en la acreditación de
la convivencia simultánea o no con vocación de permanencia durante el plazo que
lo exige la ley. En efecto, si bien la sustitución pensional, en este caso de la
asignación de retiro, tiene por objeto que los beneficiarios del pensionado fallecido
no carezcan del apoyo económico que éste les brindaba, también lo es que su
reconocimiento está condicionado a los requisitos legales fijados para ello.
32. Las pruebas arrimadas al proceso no ofrecen certeza de que dentro de los
5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento del señor Leaño Gómez, hubiese
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existido convivencia efectiva con la hoy demandante. Si bien la jurisprudencia ha
admitido, de manera excepcional, la flexibilización del requisito de cohabitación
cuando median circunstancias especiales, como razones laborales, tratamientos
médicos, privación de la libertad o situaciones análoga, en el caso concreto no se
acreditó que, con ocasión del cambio de domicilio del causante por motivos de
salud, hubiera subsistido una verdadera comunidad de vida entre la pareja. En
efecto, no obran elementos de convicción suficientes que permitan inferir la
permanencia de vínculos de acompañamiento, apoyo mutuo, solidaridad y
comunicación constante que evidencien la continuidad material y espiritual propia
de una relación de convivencia permanente.
33. Es preciso señalar que más allá de las afirmaciones hechas por los
declarantes, no fue posible verificar la persistencia de una comunidad de vida entre
la señora Suárez Ortega y el señor Leaño Gómez después del traslado de este
último a la ciudad de Bogotá en el 2006. En efecto, los elementos probatorios
recaudados no permiten concluir, con el grado de certeza exigidos, que entre la
pareja hubiese subsistido una relación caracterizada por la convivencia estable, el
acompañamiento reciproco y la solidaridad permanente, propios de una autentica
vida en común.
34. Contrario a lo que se sostuvo en el recurso de apelación, no se observa una
valoración del material probatorio contraria al contexto sociocultural en la que se dio
la relación entre la demandante y el causante. Las declaraciones valoradas en
conjunto y de conformidad con la sana crítica, no sé advierten las circunstancias de
modo, tiempo y lugar de la convivencia en comento y mucho menos, su vocación de
permanencia tendiente a configurar una vida en común caracterizada por la
compañía y apoyo continuo, más allá del vínculo económico entre el causante y
la accionante durante el tiempo que compartieron en la ciudad de Cartagena.
35. Por lo anterior, la Sala estima necesario resaltar que el contexto que alega
la demandante no la exime de la carga de aportar al proceso toda aquella
prueba que permita al juez de lo contencioso administrativo establecer si se
dan todos los presupuestos para acceder a la prestación solicitada. Era preciso que
se aportaran los medios de prueba suficientes que acreditaran, más allá de la
dependencia económica, la comunidad de vida de por lo menos los 5
años anteriores al deceso del causante.
36. Por lo anterior, es preciso señalar que existe diferencia entre
el apoyo económico y la comunidad de vida. Mientras que el primero se refiere a la
ayuda monetaria y/o en especie de cara a una situación de vulnerabilidad o
dependencia, la segunda se relaciona con la unión afectiva, solidaria y real entre 2
personas. Sin embargo, para el presente caso, estas no fueron debidamente
acreditadas luego de que se diera el cambio de domicilio del señor Leaño Gómez a
la ciudad de Bogotá, más allá de las afirmaciones contenidas en las declaraciones
extrajuicio y testimonios recepcionados en la audiencia de pruebas.
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37. En otras palabras, contrario a lo planteado en el recurso de apelación, más
allá de si resultaba o no aplicable la flexibilización sobre el presupuesto de
cohabitación dado el contexto de la relación y el tema de salud, en el proceso no se
encontró probado que entre el 2006 y el 2010 se hubiere mantenido la alegada
comunidad de vida entre la señora Suárez Ortega y el causante, desvirtuándose así
el cumplimiento del requisito de convivencia dentro de los 5 años anteriores a la
muerte de este último.
38. Por lo anterior, la Sala considera que las pretensiones de la demanda no
están llamadas a prosperar, porque las pruebas arrimadas al proceso no logran
desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados, pues los mismos
no contrariaron las normas en las que debían fundarse, esto es, el régimen
pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública.
Condena en costas en segunda instancia
39. La modificación del artículo 188 del CPACA efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior,
de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de
ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
40. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal respecto de asuntos donde se ventile un interés público,
creando así una excepción a la regla general según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos,
como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo
dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en ese sentido, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el
proceso.
41. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
42. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandante, por cuanto
se niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por
el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas
por la Secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
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Demandante: Celia Cruz Suárez Ortega
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia de primera instancia del 15 de mayo de
2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través de la cual se
negaron las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO. CONDENAR en costas de segunda instancia la señora Celia Cruz
Suárez Ortega, a favor de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (CREMIL). Para
tal efecto, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la
primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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