Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2019-00514-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2019-00514-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 08001-23-33-000-2019-00514-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
15 de febrero de 2024
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00514-01 [27583]
Demandante: Luz Marina Tortello Piñerez
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., quince (15) de febrero de dos mil veinticuatro (2024)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00514-01 [27583]
Demandante: LUZ MARINA TORTELLO PIÑEREZ
Demandado: UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Temas: Contribuciones a salud y pensión (enero a diciembre de 2014).
Trabajador independiente. Base gravable. Costos y deducciones.
Presunción de veracidad de la declaración tributaria
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1 contra la
sentencia del 24 de septiembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda (ordinal
primero), sin imponer condena en costas (ordinal segundo)2.
ANTECEDENTES
El 20 de diciembre de 2016, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en
adelante, UGPP) expidió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir nro. RCD-2016-
03197, por omisión en la afiliación y/o vinculación a los subsistemas de salud y
pensión por los períodos de enero a diciembre de 2014, e impuso sanción por esa
conducta3.
El 29 de agosto de 2017, la citada dependencia profirió la Liquidación Oficial nro. RDO-
2017-03015 por omisión en la afiliación y/o vinculación e inexactitud en las
autoliquidaciones y pagos de los aportes a los subsistemas de salud y pensión por los
citados períodos, e impuso sanciones por omisión e inexactitud4.
1
Índice 2 de Samai. Archivo: «ED_RECURSODE_035RECAPELACION2(.pdf)».
2
Ibidem. Archivo: «ED_SENTENCIA_032SENTENCIADEPR(.pdf)».
3
Ibidem. Carpeta: «ED_ANTECEDENT_ANTECEDENTESADMI NR(.rar)» Archivo: «RCD-2016-03197».
4
Ibidem. Archivo: «ED_ANEXOSDEM_003PRUEBASYANEXO(.pdf)». Págs. 49 a 68.
1
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Demandante: Luz Marina Tortello Piñerez
El 30 de octubre de 2017, la actora interpuso recurso de reconsideración contra la
liquidación oficial5, el cual fue decidido por la Dirección de Parafiscales de la UGPP
mediante la Resolución nro. RDC-2018-01051 del 12 de septiembre de 2018, en el
sentido de modificar el acto recurrido para disminuir los aportes y las sanciones6.
DEMANDA
La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA),
formuló las siguientes pretensiones7:
«PRIMERA PRINCIPAL. - Solicitamos, de manera respetuosa, que se declare la nulidad de los
actos administrativos que a continuación se enuncian, expedidos por la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social -UGPP-,
considerando que los mismos fueron expedidos con violación al derecho de audiencia y defensa,
así como con falsa motivación:
1. Requerimiento de información radicado UGPP No. RQI-M-3467, expedido el veintisiete (27)
de octubre de 2016;
2. Requerimiento para Declarar y/o Corregir No. RCD-2016-03197 expedido el veinte (20) de
diciembre de 2016;
3. Resolución No. RDO-2017-03015, expedida el veintinueve (29) de agosto de 2017,
mediante la cual se profirió Liquidación Oficial;
4. Resolución No. RDC-2018-01051, expedida el doce (12) de septiembre de 2018, por medio
de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución No.
RDO 2017-03015 expedida el veintinueve (29) de agosto de 2017.
PRIMERA SUBSIDIARIA.- En caso de que no se declare la nulidad de los actos administrativos
demandados, solicito, de manera respetuosa, que se proceda con el ajuste del Índice Base de
Cotización -IBC- de conformidad con las pruebas que obran en el expediente y, las cuales, fueron
aportadas en su momento en vía gubernativa.
SEGUNDA.- Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho, se
ordene a la UGPP, que no proceda con el cobro de la suma determinada a través de la
Resolución No. RDO-2017-02946 (Liquidación Oficial) de fecha veintitrés (23) de agosto de 2012
(sic), la cual, asciende a la suma de ciento treinta y cinco millones doscientos setenta y ocho mil
ochocientos ochenta pesos ($135.278.880);
TERCERA.- En caso de que mi poderdante durante el transcurso del proceso contencioso
administrativo realice cualquier pago a la UGPP, por motivo de los actos administrativos
demandados, solicito de manera respetuosa y a título de restablecimiento del derecho que la y/o
las suma(s) pagada(s) sea(n) devuelta(s) indexada(s) de conformidad con el artículo 188 y el
numeral cuatro (4) del artículo 195 de la Ley 1437 de 2011.
CUARTA.- Solicito, respetuosamente, que se ordene a la entidad cubrir los gastos que genere
la disputa del proceso, en especial, las agencias en derecho y las costas procesales».
Invocó como disposiciones violadas, las siguientes:
5
Ibidem. Págs. 69 a 76.
6
Ibidem. Págs. 26 a 45.
7
Ibidem. Archivo: «ED_DEMANDA_001DEMANDA(.pdf)». Págs. 5 a 6.
2
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Demandante: Luz Marina Tortello Piñerez
• Artículo 107 del Estatuto Tributario (ET)
• Artículo 33 de la Ley 1438 de 2011
• Leyes 100 de 1993, 797 de 2003 y 1753 de 2015
• Decreto 3063 de 1989
Como concepto de la violación, expuso:
Violación del derecho de audiencia y defensa. Falsa motivación
La UGPP motivó falsamente los actos administrativos demandados, pues desconoció
el artículo 107 del ET en lo relacionado con la proporcionalidad, causalidad y
necesidad de las expensas. Además, no tuvo en cuenta la Ley 1753 de 2015 para el
cálculo del IBC en los casos de los trabajadores independientes, siendo la aportante
una rentista de capital que pertenece a la mencionada categoría.
Indebida interpretación de las normas y errada valoración de las pruebas
La obligación en la afiliación al sistema de seguridad social estaba reglamentada para
aquellos que prestaran servicios de manera personal, situación diferente de la
demandante, quien es rentista de capital.
Según la Ley 1438 de 2011 (art. 33), las personas frente a quienes se presume la
capacidad de pago están obligadas a afilarse al régimen contributivo o las afilian
oficiosamente. También se desprende de la norma que el Gobierno Nacional debía
reglamentar un sistema de presunción de ingresos para efectos de determinar el
monto de los aportes de los independientes.
Puso de presente que de conformidad con el Decreto 3063 de 1989 (art. 15), el
trabajador independiente o autónomo es aquella «persona natural que ejerce personal y
directamente una profesión, oficio o actividad económica, con o sin trabajadores a su servicio,
sin sujeción a contrato de trabajo», como es el caso de la demandante.
La Ley 100 de 1993, antes de la modificación de la Ley 797 de 2003, disponía que las
personas vinculadas mediante contrato de trabajo y los trabajadores independientes
estaban obligados a cotizar al sistema de seguridad social, excluyendo a los rentistas
de capital, por lo tanto, la señora Luz Marina Tortello Piñerez no estaba obligada a
cotizar.
Una vez la UGPP requirió la liquidación y pago de los aportes a salud y pensión, la
aportante sufragó los valores correspondientes, lo que demuestra que siempre actuó
de buena fe, evitando un desgaste económico y temporal a la entidad.
El vacío legislativo frente a la obligación de los rentistas de capital de aportar al
sistema de seguridad social lo reafirma la DIAN en el Concepto nro. 48256 de 2014 y
el Oficio nro. 100202208-1029 del 27 de agosto de 2014, y el Ministerio del Trabajo
en el Concepto nro. 20042 del 7 de febrero de 2014, posiciones desconocidas por la
entidad demandada.
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Por último, solicitó que se condene en costas en el evento en que se declare la
ilegalidad de los actos administrativos acusados, y que en caso de que se nieguen las
pretensiones de la demanda, se abstenga de hacerlo en razón a que no se evidencia
una conducta reprochable de la parte actora.
OPOSICIÓN
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
siguiente8:
Frente al cargo de violación del derecho de audiencia y defensa, y de falsa
motivación, explicó que las contribuciones parafiscales se catalogan como tributos
de causación inmediata, por lo que no es posible aplicar retroactivamente la Ley 1753
de 2015 (art. 135) según la cual, el IBC corresponde al 40% de los ingresos.
Por consiguiente, la base de cotización la compone los ingresos efectivamente
percibidos por el afiliado durante el período menos las expensas que tengan relación
de causalidad, sean necesarias y proporcionales con la actividad productora de renta
(art. 107 del ET), cuyo valor en ningún caso puede ser inferior a 1 SMMLV ni superior
a 25 SMMLV (arts. 1 y 3 del Decreto 510 de 2003).
No son deducibles las expensas del IBC pues «no basta el denuncio privado de los
mismos sino que además debe probarse la relación de causalidad con la actividad productora
de renta, la necesidad con los ingresos gravados del obligado y deberá también ser
proporcionado o razonable con relación al ingreso; y acreditarse en el período o períodos
objeto de fiscalización»9.
Las decisiones de la Administración deben fundarse en los hechos que aparezcan
demostrados en el expediente por los medios señalados en la ley (art. 742 del ET).
Después de que la entidad propone la modificación de la autoliquidación, al
contribuyente se le traslada la carga de la prueba, por lo que debe allegar los soportes
correspondientes.
En los actos administrativos demandados se dieron a conocer las razones de la
aceptación o rechazo de los costos que la aportante pretendía demostrar en sede
administrativa. Se transcriben apartes de la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración en los que se explica que las facturas expedidas por el proveedor
Laboratorios Farmavic S.A. se rechazan porque son ilegibles, y se relacionan los
costos que se reconocen.
Respecto del cargo de la indebida interpretación normativa y errada valoración
probatoria argumentó que el artículo 1 del Decreto 1406 de 1999 definió el alcance
de la expresión «aportante», incluyendo a los rentistas de capital y demás personas
con capacidad de pago. Además, la Corte Constitucional en la sentencia C-578 de
2009 analizó la noción legal del término «trabajador independiente», considerando que
comprendía la de «rentista de capital».
8
Ibidem. Archivo: «ED_CONTESTACI_008CONTESTACIONPD(.pdf)».
9
Págs. 14 a 15 de la contestación de la demanda.
4
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Por consiguiente, cuando el artículo 13 de la Ley 100 de 1993 se refiere a «trabajadores
independientes», se entiende que incluye a los rentistas de capital como personas
económicamente activas y, por ende, con capacidad económica para contribuir al
sistema de seguridad social integral.
Precisó que los trabajadores independientes con capacidad de pago deben afiliarse
al sistema como cotizantes mediante el régimen contributivo (arts. 157, num. 1, lit. a)
de la Ley 100 de 1993 y 26 del Decreto 806 de 1998) y que la Ley 1438 de 2011 (art.
33) dispone que los declarantes de renta, IVA e ICA se presumen con capacidad de
pago y, por ende, están obligados a afiliarse al régimen contributivo.
Como en el trámite administrativo se demostró la capacidad de pago de la aportante,
esta estaba obligada a afiliarse y pagar los aportes a salud y pensión, tal como se
decidió en los actos administrativos acusados.
No procede la condena en costas porque no se aportaron las pruebas de su
causación, además, la controversia es de interés público.
TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA
Mediante auto del 17 de julio de 2020 el tribunal prescindió de la audiencia inicial y
corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para que presentaran los alegatos
de conclusión y concepto, respectivamente10.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Atlántico en la sentencia apelada negó las pretensiones
de la demanda, sin imponer condena en costas, con fundamento en lo siguiente11:
Las personas con capacidad de pago tienen el deber de realizar aportes al sistema de
seguridad social, independientemente de la actividad económica que desarrollen, por
consiguiente, los rentistas de capital son obligados. En particular, como lo señaló la
UGPP, para el año 2014 sí existía norma que establecía el citado deber.
Para liquidar la base gravable deben considerarse los ingresos producto de la
actividad generadora de renta menos las respectivas erogaciones, los cuales se
determinan a partir de los declarados ante la DIAN.
La Ley 1753 de 2015 no aplica al caso en concreto, pues los artículos 338 y 363 de la
CP prohíben la retroactividad de la norma, independiente de si es o no más favorable
al contribuyente, por lo que se debe tener en cuenta la vigente al momento de la
causación de la obligación, es decir, el artículo 19 de la Ley 100 de 1993, según el
cual, se cotiza sobre los ingresos que se declaren.
10
Índice 2 de Samai. Archivo: «ED_AUTOSENTE_029AUTOSENTENCIA(.pdf)».
11
Ibidem. Archivo: «ED_SENTENCIA_032SENTENCIADEPR(.pdf)».
5
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La UGPP en cumplimiento de la Ley 1438 de 2011 (art. 33), al encontrar diferencias
entre los ingresos reportados ante la DIAN en la declaración de renta y los de las
autoliquidaciones, calculó la obligación teniendo en cuenta la información del denuncio
privado.
Ahora bien, es cierto que de conformidad con el artículo 746 del ET las declaraciones
tributarias gozan de presunción de veracidad, no obstante, el contribuyente debe
aportar las pruebas necesarias para demostrar los hechos reportados.
En la demanda no se indicaron qué pruebas fueron valoradas indebidamente o cuáles
omitió tener en cuenta la UGPP, aclarándose que la fiscalización se fundamentó en
las documentales entregadas por el aportante con la respuesta a los requerimientos,
las cuales fueron valoradas bajo las reglas de la sana crítica.
Si bien «los costos y gastos de la demandante gozaban de la presunción de veracidad, tal
presunción no eximia a la demandante del deber de demostrar primero que todo el monto de
dichas erogaciones, así mismo que dichas erogaciones se causaron dentro de la vigencia
fiscalizada y, finalmente que las mismas guardaban relación con la actividad económica que
desarrollaba, de conformidad con el artículo 107 del Estatuto Tributario»12.
No procede la condena en costas ante la falta de su comprobación.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia en los siguientes
términos13:
Indebida valoración de las pruebas allegadas en sede administrativa y judicial
El a quo no tuvo en cuenta que en sede administrativa se acreditaron los costos y
gastos que guardaban relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la
actividad generadora de renta, pese a lo cual, la entidad los rechazó. Además, omitió
la valoración de algunas pruebas documentales que reposan en el plenario. Relacionó
en un cuadro las facturas que no se apreciaron, describiendo la fecha, el concepto, el
proveedor, el número y el valor.
Desconocimiento del precedente judicial
La interpretación realizada por el tribunal desconoce la posición jurisprudencial de la
Sección Cuarta del Consejo de Estado contenida en la sentencia del 9 de diciembre
de 2021, exp. 25185, C.P. Milton Chaves García. No se explicó el alcance de esa
decisión frente al caso particular.
Inaplicación de las normas vigentes para los períodos fiscalizados
12
Pág. 34 de la sentencia apelada.
13
Índice 2 de Samai. Archivo: «ED_RECURSODE_035RECAPELACION2(.pdf)».
6
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Demandante: Luz Marina Tortello Piñerez
La UGPP no admite que la demandante es un trabajador independiente -rentista de
capital- y, en esa medida, que el IBC se debe determinar atendiendo la Ley 1753 de
2015, por lo que pretender encuadrar la situación de la actora en un supuesto de
hecho que la norma no prevé, vulnera sus derechos.
La entidad desconoce los presupuestos del artículo 107 del ET, en cuanto a la
proporcionalidad, causalidad y necesidad de las expensas, aclarando que, los
ingresos son producto de la actividad de comerciante independiente en cuya
generación se incurre en costos y gastos.
Solicitó que «se aplique únicamente la legislación vigente para el año de fiscalización,
respecto a cómo debió calcularse el Ingreso Base de Cotización -IBC- para los rentistas de
capital, solicitándole que se abstenga de aplicar el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 (Plan
Nacional de Desarrollo) como fundamento legal para el cálculo del IBC con el que debía
realizar los aportes por el año 2014, ya que dicha ley es posterior a los hechos estudiados
y es ilegal desde todo punto de vista que se aplique retroactividad de una norma, que
además carece de favorabilidad para el obligado»14 [negrita y subraya originales].
Además, «[h]asta el momento no existe una reglamentación exclusiva sobre el valor de
los aportes que deben hacer los rentistas de capital al sistema de seguridad social
integral, sin embargo, existen presupuestos normativos que permiten inferir que estas
personas, cuya fuente de ingresos corresponde a inversiones o arrendamientos, si
deben hacer sus respectivos aportes al sistema […]»15 [negrita y subraya originales].
El IBC sobre el cual se liquidan los aportes a salud y pensión de los trabajadores
independientes corresponde a los ingresos efectivamente percibidos, es decir,
aquellos que recibe el obligado menos las expensas que tengan relación de
causalidad y sean necesarias y proporcionales con la actividad productora de renta.
En este caso, la entidad tomó los ingresos de la declaración del impuesto sobre la
renta presentada ante la DIAN, pero en abierto desconocimiento del artículo 107 del
ET rechazó los costos y gastos soportados, que tienen relación directa con la actividad
económica.
En la apelación se pusieron de presente los aspectos generales sobre los trabajadores
independientes, la conformación del sistema de seguridad social integral y las tarifas
que sirven para calcular el monto de la cotización.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante se admitió mediante auto
del 1° de junio de 202316, y la contraparte no se pronunció frente al mismo. Al no ser
necesaria la práctica de pruebas en segunda instancia no se corrió traslado para
alegar de conclusión. El Ministerio Público no emitió concepto (nums. 4 a 6, art. 247
del CPACA).
14
Pág. 32 del recurso de apelación.
15
Ibidem.
16
Índice 4 de Samai.
7
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide la legalidad de la liquidación oficial proferida por la UGPP contra la
demandante, por omisión en la afiliación y/o vinculación al sistema de pensión, e
inexactitud en las autoliquidaciones y pagos al sistema de salud por los períodos de
enero a diciembre de 2014, e impuso sanciones por no declarar por la conducta de
omisión e inexactitud, y del acto que resolvió el recurso de reconsideración, en el
sentido de disminuir los aportes y las sanciones.
Para efectos de resolver los cargos de apelación, la Sala se pronunciará sobre la base
gravable para calcular los aportes al sistema de seguridad social de los trabajadores
independientes – rentistas de capital frente a los períodos de enero a diciembre de
2014. Aspecto dentro del cual se resolverán los argumentos invocados por la parte
actora.
Del IBC para realizar los aportes a salud y pensión a cargo de los trabajadores
por cuenta propia y/o independientes no vinculados mediante contrato de
prestación de servicios
Sobre el IBC para las cotizaciones a salud y pensión de los trabajadores por cuenta
propia y/o independientes no vinculados mediante contrato de prestación de
servicios, la Sección ya se pronunció en varias oportunidades17, concluyéndose que
sí existía base gravable para los períodos de enero a diciembre de 2014, como pasa
a exponerse a partir del siguiente desarrollo normativo:
Tratándose del subsistema de pensión, los artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993,
modificados por los artículos 3 y 6 de la Ley 797 de 2003, respectivamente, disponen
que:
«Artículo 15. Afiliados. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:
1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al
Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de
prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, los trabajadores
independientes18 […]
Parágrafo 1. En el caso de los trabajadores independientes se aplicarán los siguientes principios:
a) El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar
correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado 19. De tal manera que
aquellos que posean capacidad económica suficiente, efectúen los aportes de solidaridad
previstos en la ley […]
17
Sentencias del 14 de septiembre de 2023, exp. 26001, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello, reiterada en sentencias del 28
de septiembre de 2023, exp. 26706, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto y del 16 y 23 de noviembre de 2023, exps. 25409 y
26822, C.P. Wilson Ramos Girón.
18
Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-259 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
19
Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-1089 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis,
«en el entendido que las expresiones “El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar
correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado contenidas en el literal a) del referido parágrafo
presuponen la existencia de un ingreso efectivo por parte del trabajador independiente para hacer obligatoria su cotización».
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601- 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Luz Marina Tortello Piñerez
Artículo. 19. Base de cotización de los trabajadores independientes. Los afiliados al sistema
que no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios o como
servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien,
guardando correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos. […]» [Resalta la Sala].
Nótese que las citadas normas coinciden en señalar que, el ingreso base de cotización
de los trabajadores independientes debe guardar «correspondencia con los ingresos
efectivamente percibidos», no obstante, no se ocupan de puntualizar el alcance de la
expresión.
Fue el parágrafo 1º del artículo 1º del Decreto 510 de 200320, que reglamenta el
artículo 3 de la Ley 797 de 2003, que a su vez modificó el artículo 15 de la Ley 100 de
1993 (antes citado), el que establece que «[s]e entiende por ingresos efectivamente
percibidos por el afiliado aquellos que él mismo recibe para su beneficio personal. Para este
efecto, podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para desarrollar
su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto
Tributario».
Ahora, debe advertirse que el artículo 1º del Decreto 510 de 2003 reglamenta lo
referente al deber de afiliación de «las personas naturales que prestan directamente
servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado bajo la modalidad de
contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de servicios que adopten»,
quienes al igual que los trabajadores independientes, deben realizar las cotizaciones
sobre una base que corresponde a los ingresos efectivamente percibidos, por lo que
el solo hecho de que la definición de este último presupuesto esté delimitada en una
norma que no alude a los sujetos pasivos como la aquí demandante, no impide que
se tenga en cuenta para efectos de establecer lo que en materia de contribuciones
para los trabajadores independientes se entiende por ingresos efectivamente
percibidos, pues se trata de la fijación de la base gravable para cumplir con las
obligaciones del mismo sistema.
Razonar lo contrario implicaría suponer la necesidad de que el legislador o el Gobierno
tuvieran que indicar frente a cada afiliado independiente –género-, el alcance de las
expresiones, desconociendo que en esta materia es imprescindible interpretar de
forma sistemática las normas que regulan los elementos de la obligación.
Al respecto, debe señalarse que la potestad reglamentaria en materia de seguridad
social que ejerce el Presidente de la República, como por ejemplo, al expedir el
mencionado Decreto 510 de 2003, «permiten el desarrollo de la ley, siempre que al hacerlo
no restrinja o exceda los límites previstos por el legislador».
Como lo ha explicado esta Sección21, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe
respetar los principios de necesidad y legalidad, el primero se refiere a la obligación
de desarrollarse únicamente sobre aspectos de la ley que requieran de precisión para
su correcta implementación, por lo tanto, «entre más amplio, general o ambiguo sea el
contenido de la ley, más amplia será la facultad reglamentaria. Mientras que, por el contrario,
entre más precisa sea la ley menor será el ámbito de la facultad»22. Y el segundo, propende
20
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente los artículos 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10° y 14° de la Ley 797 de 2003».
21
Cfr. sentencias del 10 de agosto de 2017, exp. 20464, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (E), del 6 de diciembre de 2017,
exp. 19359, C.P. Milton Chaves García y del 26 de febrero de 2020, exp. 23254, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
22
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de febrero de 2020, exp. 24125, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
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porque no se exceda el alcance de la ley que dice reglamentar, «pues en ese caso no
está asegurando su cumplimiento, sino adicionando un contenido normativo lo que no tiene
sustento en una norma de rango superior»23.
Es preciso mencionar que esta Sección en sentencia del 12 de agosto de 2006 24, al
referirse al cargo relacionado con la competencia del Gobierno Nacional «para regular
los aportes en salud y en pensión, en lo concerniente al ingreso base de cotización para las
personas que se vinculan al Estado o empresas particulares, mediante contrato de servicios»,
advirtió que «la base de cotización al sistema de pensiones, tratándose de trabajadores
vinculados por contrato de servicios fue definida directamente por el legislador, luego el
Gobierno Nacional puede en ejercicio de su facultad reglamentaria (art. 189 [11] C.P.), expedir
los actos que permitan el desarrollo de la ley, siempre que al hacerlo no restrinja o exceda los
límites previstos por el legislador en las disposiciones transcritas».
Postura reiterada por esta corporación en la sentencia del 18 de agosto de 202225,
que decidió el medio de control de nulidad simple promovido contra el artículo 70 del
Decreto 806 de 1998, que regula la «cotización durante la incapacidad laboral, la licencia
de maternidad, vacaciones y permisos remunerados», en la que se precisó que la potestad
reglamentaria «es necesaria para lograr la materialización de los mandatos legislativos, pero
no puede contradecir su texto o espíritu», además que, «el grado de amplitud o detalle con
que el legislador haya regulado un asunto determina el margen de actuación del ejecutivo, por
ende, «ante menos cantidad de materia regulada en la ley, existe un mayor campo de acción
para el ejercicio de la potestad reglamentaria, y viceversa. De hecho, el alcance de la potestad
reglamentaria depende de la valoración política que el Legislador haga de la materia que
desarrolla pues puede regular íntegramente una materia sin dejar margen alguna a la
reglamentación, o abstenerse de reglar algunos aspectos, que el Presidente la reglamente
para su debida aplicación».
En el caso particular, se tiene que la base de cotización al subsistema pensional de
los trabajadores por cuenta propia y/o independientes no vinculados mediante
contrato de prestación de servicios fue establecida directamente por el legislador, al
disponer que serían los «ingresos efectivamente percibidos», situación diferente es que,
el Gobierno Nacional en ejercicio de su facultad reglamentaria definió mediante
decreto el alcance de esa expresión con el propósito de su debida aplicación, frente a
todos los trabajadores independientes, expresión que conforme a la sentencia C-578
de 200926 incluye a todas las personas económicamente activas.
De otra parte, en lo que se refiere al IBC para el subsistema de salud, el parágrafo 2
del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, prevé:
«Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones […]
Parágrafo 2. Para efectos del cálculo de la base de cotización de los trabajadores
independientes, el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunciones de ingreso con
base en información sobre el nivel de educación, la experiencia laboral, las actividades
económicas, la región de operación y el patrimonio de los individuos. Así mismo, la periodicidad
23
Ibidem.
24
Consejo de Estado, exp. 15399, C.P. Ligia López Díaz. En esa providencia se resolvió sobre la nulidad parcial del artículo 23
del Decreto 1073 de 2002 (cotización en contratación no laboral), del artículo 3 del Decreto 510 de 2003 (límites mínimo y máximo
IBC, etc.) y de la Circular Conjunta 00001 del 6 de diciembre de 2004 (IBC de los contratistas).
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, expediente 11001-03-25-000-
2015-00232-00 (0434-2015), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
26
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
10
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de la cotización para estos trabajadores podrá variar dependiendo de la estabilidad y periodicidad
de sus ingresos […]».
Se advierte que en el inciso segundo del artículo 4 del Decreto 1070 de 1995, el
Gobierno Nacional dispuso que «[l]a Superintendencia Nacional de Salud establecerá el sistema
de presunción de ingresos para los trabajadores independientes, el cual deberá ser utilizado por las
Entidades Promotoras de Salud para determinar la base de cotización».
En cumplimiento del anterior mandato, la Superintendencia Nacional de Salud profirió
la Resolución 9 de 199627, en cuyos artículos primero y segundo, estableció:
«Artículo primero. Adoptar el diseño conceptual de la aplicación del sistema de presunción de
ingresos, basado en el modelo de capital humano para los trabajadores independientes, el cual
hace parte integrante de esta Resolución y no podrá ser modificado o adicionado en ningún caso.
Se consideran trabajadores independientes a las personas que se ajustan a la definición indicada
en la parte motiva de esta Resolución.
Artículo segundo. Establecer el sistema de presunción de ingresos para los trabajadores
independientes con base en el diseño adoptado en el artículo anterior, el cual deberá ser utilizado
en la programación o desarrollo de las aplicaciones computacionales por parte de las entidades
promotoras de salud, las cuales deberán estar disponibles a partir del 1 de febrero de 1996».
Posteriormente, el artículo 66 del Decreto 806 de 199828, reafirmó cuál sería la base
de cotización para los trabajadores independientes, en los siguientes términos:
«Artículo 66. Base de cotización de los trabajadores independientes. La base de cotización
para los trabajadores independientes será determinada sobre los ingresos que calcule la EPS de
acuerdo con el sistema de presunción de ingresos definido por la Superintendencia Nacional de
Salud […]».
Por su parte, el artículo 25 del Decreto 1406 de 199929 también se refirió al IBC de los
trabajadores independientes en relación con el sistema de salud, indicando que:
«Artículo 25. Ingreso Base de Cotización para trabajadores independientes afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS. Las entidades promotoras de salud
– EPS deberán, al momento de la afiliación, aplicar con suma diligencia a los trabajadores
independientes los cuestionarios que, con el fin de determinar las bases presuntas mínimas de
los aportes que dichos trabajadores deben efectuar al SGSSS, han establecido los órganos de
control o aquellos que sean establecidos en el futuro.
En todo caso, cuando los ingresos reales del trabajador independiente sean superiores a los que
resulten de la aplicación de las presunciones sobre bases mínimas, los aportes de dicho
trabajador deberán hacerse con base en los ingresos reales. Para tal efecto, los trabajadores
independientes que deseen afiliarse al SGSSS deberán presentar una declaración anual, en la
cual informen a la EPS, de manera anticipada, el Ingreso Base de Cotización que se tendrá en
cuenta para liquidar sus aportes a partir del mes de febrero de cada año y hasta enero del año
siguiente.
27
«Por medio de la cual se establece el Sistema de Presunción de Ingresos para los trabajadores independientes».
28
«Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio
público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional».
29
«Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 91
de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de Aportantes al
Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen de recaudación de aportes que financian dicho sistema y se dictan
otras disposiciones».
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Cuando el trabajador independiente no presente su declaración de Ingreso Base de Cotización
dentro de los plazos previstos en el presente decreto, se presumirá que el Ingreso Base de
Cotización para el período será el declarado en el año inmediatamente anterior, aumentando en
un porcentaje igual el reajuste del salario mínimo legal vigente. En todo caso, dicho Ingreso Base
de Cotización no será inferior a la base mínima legal que corresponda […]». [Subraya de la Sala].
Con la Ley 1438 de 201130, el legislador en el artículo 33 estableció la presunción de
capacidad de pago y de ingresos, así:
«Artículo 33. Presunción de capacidad de pago y de ingresos. Se presume con capacidad
de pago y, en consecuencia, están obligados a afiliarse al Régimen Contributivo o podrán ser
afiliados oficiosamente:
33.1 Las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios, impuesto a
las ventas e impuesto de industria y comercio.
33.2 Quienes tengan certificados de ingresos y retenciones que reflejen el ingreso establecido
para pertenecer al Régimen Contributivo.
33.3 Quienes cumplan con otros indicadores que establezca el Gobierno Nacional.
Lo anterior, sin perjuicio de poder ser clasificado como elegible al subsidio por medio del Sisbén,
de acuerdo con las normas sobre la materia.
El Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunción de ingresos con base en la
información sobre las actividades económicas. En caso de existir diferencias entre los valores
declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los aportes al sistema
estos últimos deberán ser ajustados».
Del recuento normativo, pueden extraerse las siguientes conclusiones:
(i) Por disposición legal, el cálculo del IBC para liquidar los aportes a salud quedó
a cargo del Gobierno Nacional mediante reglamentación de un sistema de presunción
de ingresos, que a su vez el ejecutivo le asignó a la Superintendencia Nacional de
Salud;
(ii) El citado órgano de vigilancia y control por medio de acto administrativo adoptó
y estableció el diseño conceptual del sistema de presunción de ingresos;
(iii) La aplicación del mencionado sistema estaba sujeto a la afiliación voluntaria
por parte del trabajador independiente, en cuyo caso, las entidades promotoras de
salud debían procurar el diligenciamiento de los cuestionarios que permitieran
establecer la base presunta mínima;
(iv) Cuando los ingresos reales del trabajador independiente superaban los que
resultaban de la aplicación de las presunciones sobre bases mínimas, los aportes
debían hacerse a partir de los ingresos reales;
(v) Las personas naturales declarantes de renta, IVA e ICA, y quienes tienen
certificado de ingresos y retenciones que reflejan el ingreso mínimo para pertenecer
al régimen contributivo, se presumen con capacidad de pago, y deben afiliarse, so
pena de ser inscritos oficiosamente;
30
«Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones».
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(vi) El último inciso del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011, encargó al Gobierno
Nacional de la reglamentación de un sistema de presunción de ingresos. Pero también
estableció que, si existían diferencias entre los valores declarados ante la DIAN y los
aportes al sistema, estos debían ajustarse.
De esto último, es claro para la Sala que la presunción de ingresos para efectos de
determinar la base de los aportes al subsistema de salud aplica siempre y cuando el
afiliado no se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 33 de la
Ley 1438 de 2011 -personas naturales declarantes de renta, IVA e ICA, y quienes tienen
certificado de ingresos y retenciones-, pues en esos eventos se cuenta con un indicador
de ingreso que desplaza dicha presunción, cuestión que deberá ser analizada en cada
caso.
De conformidad con lo anterior, se tiene que la base gravable para liquidar las
contribuciones a los subsistemas de salud y pensión por los períodos de enero a
diciembre de 2014 está conformada por los ingresos efectivamente percibidos,
entendidos como aquellos que recibe el aportante para su beneficio personal menos
las expensas necesarias, proporcionales y que guarden relación de causalidad con la
actividad productora de renta.
Es oportuno señalar que la apelante en el recurso argumentó que «la Unidad no admite
que mi poderdante es un trabajador independiente -rentistas de capital y, que, bajo dicho
presupuesto, debe liquidar su ingreso base de cotización conforme a la normatividad aplicable
(Ver: Ley 1753 de 2015), vulnera de manera directa sus derechos al pretender encuadrarlo
en un supuesto de hecho que la norma no prevé»31.
Y llama la atención de la Sala, que en el mismo escrito la apelante solicitó que «se
aplique únicamente la legislación vigente para el año de fiscalización, respecto a cómo debió
calcularse el Ingreso Base de Cotización -IBC- para los rentistas de capital, solicitándole que
se abstenga de aplicar el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 (Plan Nacional de Desarrollo)
como fundamento legal para el cálculo del IBC con el que debía realizar los aportes por el año
2014, ya que dicha ley es posterior a los hechos estudiados y es ilegal desde todo punto
de vista que se aplique retroactividad de una norma, que además carece de
favorabilidad para el obligado»32 [negrita y subraya originales].
Pese a que la apelante dirige la argumentación frente al alcance de la Ley 1753 de
2015 en dos sentidos contradictorios -que se aplique y que no se tenga en cuenta-, debe
advertirse que para la Sección33 la citada norma no puede aplicarse frente a los
períodos de enero a diciembre de 2014, porque ello implicaría desconocer el principio
de irretroactividad en materia tributaria, sin perjuicio de que resulte o no más favorable
al obligado.
Dilucidado que existía base gravable de los aportes a salud y pensión a cargo de los
trabajadores por cuenta propia y/o independientes no vinculados mediante contrato
de prestación de servicios para los períodos de enero a diciembre de 2014, procede
la Sala a verificar la forma en la que se conformó en el caso concreto.
31
Pág. 32 del recurso de apelación.
32
Ibidem.
33
Ver sentencia del 23 de noviembre de 2023, exp. 26822, C.P. Wilson Ramos Girón.
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Vista la liquidación oficial acusada, se tiene que los hechos económicos a partir de los
cuales la UGPP determinó los ingresos para calcular los aportes, son los reportados
en la declaración de renta del año 2014, discriminados así34:
INGRESOS RENGLÓN VALOR
Honorarios, comisiones y servicios 35 475.472.000
Intereses y rendimientos financieros 36 4.178.000
Dividendos y participaciones 37 -
Otros (Ventas, arrendamientos, etc.) 38 -
Total ingresos percibidos por concepto de renta (35 + 36 + 37 + 38) 40 479.650.000
En la resolución que resolvió el recurso de reconsideración, se replicó lo relacionado
con la determinación de los ingresos, afirmándose que, «[l]a Subdirección de
Determinación de Obligaciones tomó los ingresos registrados en la declaración de renta del
año 2014 del aportante en cuantía de $479.650.000, los cuales fueron distribuidos en los doce
meses del año, teniendo en cuenta que el artículo 35 del Decreto 1406 de 1999, prevé que
las cotizaciones deben hacerse por períodos mensuales y ante la ausencia de pruebas que
demostraran que los ingresos fueron percibidos en períodos específicos dicha mensualización
se mantiene en esta instancia»35.
En relación con las deducciones, que como se explicó en precedencia pueden
detraerse de los ingresos percibidos por el aportante, en la liquidación oficial se indicó
que, «para que le sean deducidos los costos y/o gastos inherentes a la actividad desarrollada
en el año 2014, pretende hacer valer la aportante sendos documentos para que sea verificado
el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 107 del Estatuto Tributario y, en virtud
de ello, se modifique el IBC», además, se señaló que «[e]n las pruebas anexas, se
reportaron costos por valor de $497.943.776, sin embargo, efectuada la revisión de las
mismas, se aceptaron costos por valor de $60.550.045»36.
También se informó en el acto de liquidación que «en el archivo anexo a este acto
administrativo, en la pestaña “Costos”, la aportante encontrará el detalle de los costos y/o
gastos que fueron aceptados y los que fueron rechazados y la razón de esa determinación»37.
Por su parte, en la resolución que decidió el recurso de reconsideración, se adujo que
«la deducción de los costos y gastos asociados a la actividad económica del aportante, está
condicionada a que se cumplan los requisitos de causalidad, necesidad y proporcionalidad
previstos en el artículo 107 del E.T. […]»38. En ese acto se aceptaron «costos por valor de
$87.897.728, valor que es sumado al monto aceptado en la liquidación, así: [se relacionan en
un cuadro los costos aceptados en la liquidación oficial y en la resolución que decidió el recurso de
reconsideración para un total de $148.447.773]39, tras considerarse que, «corresponden a la
adquisición de productos que normalmente son usados en las salas de belleza y peluquerías,
como tintes, mascarillas, tratamientos, atomizadores, brochas, esmaltes, entre otros, que
cumplen con la relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad
económica de la aportante» y que «cumplen con los requisitos del artículo 617 del E.T., para
ser aceptados».
34
Pág. 6 de la liquidación oficial.
35
Pág. 10 de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.
36
Pág. 10 de la liquidación oficial.
37
Ibidem.
38
Pág. 10 de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.
39
Pág. 13 de la resolución que resolvió el recurso de reconsideración.
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Así las cosas, se tiene que en sede administrativa los ingresos se fijaron a partir de
los declarados en renta del año 2014 por la suma de $479.650.000 –lo que no es objeto
de discusión-. En cuanto a los costos y deducciones, estos corresponden al monto
aceptado por la UGPP en cuantía de $148.447.773 –ante la entidad la aportante aportó
pruebas con las que pretendía acreditar erogaciones por $497.943.776-.
Para calcular el IBC, la UGPP fijó el ingreso mensualmente en sumas iguales por los
doce períodos, y la erogación la asignó frente a aquél en el cual se probó su
causación, tal como se observa a continuación:
MES INGRESOS COSTOS ACEPTADOS DEPURACIÓN IBC
(ING - COSTOS)
1 39.970.833 3.775.717 36.195.117 14.738.000
2 39.970.833 5.871.982 34.098.852 15.400.000
3 39.970.833 15.263.386 24.707.448 15.400.000
4 39.970.833 10.790.264 29.180.570 15.400.000
5 39.970.833 6.414.116 33.556.718 15.400.000
6 39.970.833 26.015.405 13.955.429 13.955.000
7 39.970.833 8.026.550 31.944.284 15.400.000
8 39.970.833 8.805.217 31.165.617 15.400.000
9 39.970.833 13.909.618 26.061.216 15.400.000
10 39.970.833 3.904.371 36.066.463 15.400.000
11 39.970.833 38.978.427 992.407 992.000
12 39.970.833 6.692.726 33.278.108 15.400.000
TOTAL 479.649.996 148.447.773 331.202.223 168.285.000
En ese contexto, se tiene que, con excepción de los meses de junio y noviembre, la
base gravable para los restantes se fijó en el tope legal de los 25 SMMLV, producto
de la depuración de los ingresos mensualizados y la asignación de la deducción
aceptada en el período causado.
De lo anterior se concluye que, la entidad demandada para fijar el ingreso percibido
por la aportante tomó lo reportado en la declaración de renta del año 2014, pero no
ocurrió lo mismo con los costos, pues frente a ellos le exigió que allegará las pruebas
de las deducciones, cumpliendo los requisitos de necesidad, causalidad y
proporcionalidad previstos en el artículo 107 del ET.
Al respecto, es preciso mencionar que como lo ha considerado la Sección40, «si la
UGPP tiene como sustento probatorio la declaración del impuesto sobre la renta presentada
por el demandante por el año gravable 2014, en los renglones 35 a 40, referidos a los ingresos,
también debe tener en cuenta aquellos rubros que debe erogar para desarrollar su actividad,
en las condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto Tributario; esto es, los renglones
correspondientes a costos y gastos denunciados, que deben cumplir con los requisitos de
dicha norma. Esta conclusión resulta reforzada con lo dispuesto en el artículo 250 del Código
General del Proceso, según el cual “la prueba que resulte de los documentos públicos y
privados es indivisible”».
Por consiguiente, para efectos de determinar el ingreso efectivamente percibido, que
a su vez es la base de cuantificación, en los casos en los que la entidad parte de la
información de la declaración de renta como medio probatorio para establecer los
ingresos, también se deben apreciar los costos y deducciones, pues la presunción de
40
Sentencia del 18 de mayo de 2023, exp. 26808, reiterada en la sentencia del 9 de noviembre de 2023, exp. 27260.
15
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veracidad (art. 746 del ET) ampara todos los hechos económicos registrados en la
declaración.
En este caso, según la declaración de renta del año 2014 presentada por la
demandante, los mencionados rubros corresponden a los siguientes:
INGRESOS 479.650.000
COSTOS Y DEDUCCIONES 221.271.000
RESULTADO 258.379.000
En el sub examine no se discutió el monto de los ingresos, tampoco la mensualización
que efectuó la UGPP en los actos administrativos demandados, por lo que la Sala
procede a determinar el IBC de cada mes dividiendo en los doce períodos los ingresos
efectivamente percibidos, cuyo resultado por mes es de $21.531.583 41, y comoquiera
que es superior al límite de los 25 SMMLV, se fija en ese tope para cada uno de ellos,
así:
PERÍODO IBC42
Enero 14.738.000
Febrero 15.400.000
Marzo 15.400.000
Abril 15.400.000
Mayo 15.400.000
Junio 15.400.000
Julio 15.400.000
Agosto 15.400.000
Septiembre 15.400.000
Octubre 15.400.000
Noviembre 15.400.000
Diciembre 15.400.000
Como la UGPP no valoró integralmente la declaración de renta del año 2014, esto es,
teniendo en cuenta los ingresos como los costos y deducciones denunciados, los
cuales, se reitera, se presumen veraces, en principio habría lugar a declarar la nulidad
de los actos administrativos demandados.
Se dice en principio porque no puede pasarse por alto que, en este asunto particular,
si bien es cierto los costos y deducciones reportados en la declaración de renta del
año 2014 -$221.271.000- son superiores a los aceptados por la Administración en los
actos demandados -$148.447.773-, también lo es que la distribución que se hizo de los
mismos según el período de causación resulta más favorable a la aportante -IBC menor
en los meses de junio y noviembre-, imponiéndose mantener la base gravable fijada en la
resolución que resolvió el recurso de reconsideración.
En cuanto al argumento del recurso de apelación según el cual el tribunal no tuvo en
cuenta que en sede administrativa se acreditaron los costos y gastos que guardaban
relación de causalidad, necesidad y proporcionalidad con la actividad generadora de
renta, pese a lo cual, la entidad los rechazó; y que el a quo omitió la valoración de
algunas de las pruebas que reposan en el plenario, relacionando en un cuadro las
41
$258.379.000/12 = $21.531.583
42
Enero en cuantía de $14.737.500 (se calcula con el SMMLV del año 2013) y de febrero a diciembre por $15.400.000 (SMMLV
año 2014).
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facturas que, a su juicio no se apreciaron, describiendo la fecha -año y mes-, el
concepto, el proveedor, el número, el valor, el porcentaje y monto del costo
reconocido, según el caso, basta con decir que dicha relación no es suficiente para
que la Sala proceda a su análisis de cara a verificar la procedencia o no de la causal
de rechazo indicada por la entidad demanda en los actos enjuiciados, acotando que,
como se analizó con anterioridad, dadas las particularidades de este caso, lo
procedente es negar las pretensiones de la demanda, pero por las razones expuestas
en este providencia.
De otra parte, la apelante advirtió que el a quo desconoció la posición jurisprudencial
de la Sección Cuarta del Consejo de Estado contenida en la sentencia del 9 de
diciembre de 2021, exp. 25185, C.P. Milton Chaves García, pero no explicó el alcance
de la decisión en el sub examine. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala precisa que en la
citada providencia se analizó la interpretación del artículo 30 de la Ley 1393 de 2010,
que trata sobre el límite de los pagos no salariales que se pactan entre las partes de
una relación laboral como no salariales, por lo que dicho pronunciamiento no es
aplicable a esta litis en tanto que en los casos de los trabajadores independientes se
parte del supuesto de que no existe vínculo laboral.
Por último, se advierte que en las pretensiones de la demanda la actora solicitó la
nulidad del Requerimiento de Información nro. RQI-M-3467 del 27 de octubre de 2016
y del Requerimiento para Declarar y/o Corregir nro. RCD-2016-03197 del 20 de
diciembre de 2016, ambos expedidos por la UGPP, frente a lo cual se precisa que por
tratarse de actos de trámite, en tanto no crean, modifican o extinguen una situación
jurídica particular, no es posible someterlos a control de legalidad en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, razón por la cual se
adicionará la sentencia en el sentido de inhibirse la Sala para proferir decisión de fondo
en relación con dicha pretensión de nulidad. En lo demás, se confirmará, por cuanto
se coincide con el tribunal: (i) en que no prosperan las pretensiones de la demanda,
pero por las razones expuestas en esta providencia y (ii) no hay lugar a la condena en
costas en primera instancia, en tanto no fue objeto de reparo concreto en el recurso
de apelación.
Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código
General del Proceso, no se condenará en costas (gastos del proceso y agencias en
derecho) en esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
1. ADICIONAR la sentencia del 24 de septiembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, en el sentido de INHIBIRSE para proferir decisión
de fondo en relación con la pretensión de nulidad del Requerimiento de Información
nro. RQI-M-3467 del 27 de octubre de 2016 y del Requerimiento para Declarar y/o
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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00514-01 [27583]
Demandante: Luz Marina Tortello Piñerez
Corregir nro. RCD-2016-03197 del 20 de diciembre de 2016, ambos expedidos por la
UGPP.
2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.
3. Sin condena en costas en esta instancia.
4. Reconocer personería a la abogada Carmen Amada Ospino García como
apoderada de la UGPP, en los términos y para los efectos del poder visible en el índice
19 de Samai.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO MILTON CHAVES GARCÍA
Presidenta Salva el voto
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través
de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador
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