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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00232-00

Fecha
18 de agosto de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suarez Vargas
Citada por
12 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-25-000-2015-00232-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada por la señora Sandra Milena Quevedo Gómez contra el artículo 70 del Decreto 806 de 1998, «por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en 59 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. 32 Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015) Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional», expedido por el presidente de la República, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Segundo. Sin condena en costas. Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-25-000-2015-00232-00

Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas

18 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: NULIDAD
Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez
Demandado: Nación, Ministerio Salud y Protección Social

Temas: Aportes al sistema de seguridad social - Incapacidad,
licencia de maternidad, vacaciones y permiso
remunerado

SENTENCIA ÚNICA INSTANCIA
__________________________________________________________________

Procede la Sala a dictar sentencia de única instancia dentro del proceso de nulidad
promovido por la señora Sandra Milena Quevedo Gómez contra la Nación,
Ministerio de Salud y Protección Social.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio del medio de control de nulidad, consagrado en el artículo 137 del
CPACA,1 la señora Sandra Milena Quevedo Gómez, actuando en nombre propio,

solicitó declarar la nulidad parcial del artículo 70 del Decreto 806 de 1998, «por el
cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la

1 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en
Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional», expedido
por el presidente de la República.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

La demandante sostuvo que la disposición acusada violó los artículos 121, 150 y
189 de la Constitución Política; 192, 228 y 236 del CST;2 17 de la Ley 21 de 1982; 2,
17 y 18 de la Ley 100 de 1993; 23 de la Ley 344 de 1996; 3 del Decreto 510 de
2003.

Al desarrollar el concepto de violación, la actora planteó los siguientes cargos:

i) El Gobierno nacional excedió la potestad reglamentaria,3 toda vez que modificó la
forma en que debía establecerse el ingreso base de cotización - IBC al sistema de
seguridad social, cuando los empleados particulares se encuentren incapacitados,
en licencia de maternidad, vacaciones o permisos remunerados. A continuación, se
hace un comparativo entre las disposiciones con rango de ley y el decreto
reglamentario acusado:

Situación IBC previsto en normas con fuerza de ley IBC previsto en el
Decreto 806 de 1998

El artículo 228 del CST dispone que, en caso de Para efectos de liquidar
Incapacidad que el trabajador no devengue salario fijo, para los aportes
de origen pagar el auxilio por enfermedad «se tiene como correspondientes al
común base el promedio de lo devengado en el año de período durante el cual
servicio anterior a la fecha en cual (sic) empezó se reconozca al afiliado
la incapacidad, o en todo el tiempo de servicios una incapacidad por
si no alcanzare a un (1) año». riesgo común o una
licencia de maternidad,
El artículo 236 del CST, modificado por la Ley se tomará como
Licencia de 1468 de 2011,4 establecía lo siguiente: Ingreso Base de

2 Código Sustantivo del Trabajo.
3 La accionante fundó su demanda en las siguientes providencias: i) del Consejo de Estado: 1) auto del 1 de abril de 2009,

radicado: 11001-03-26-000-2009-00024-00 (36476); 2) sentencia del 6 de abril de 2011, radicado: 11001-03-24-000-2007-
00242-00 (1687-07); 3) sentencia del 3 de diciembre de 2007, radicado sin identificar; ii) de la Corte Constitucional:
Sentencia C-1005 de 2008.
4 Con posterioridad a la presentación de la demanda la norma fue modificada por las Leyes 1822 de 2017 y 2114 de 2021.

2

Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

maternidad Cotización, el valor de
1. Toda trabajadora en estado de embarazo tiene la incapacidad o de la
derecho a una licencia de catorce (14) semanas licencia de maternidad
en la época de parto, remunerada con el salario según sea el caso,
que devengue al entrar a disfrutar del descanso. manteniéndose la
misma proporción en la
2. Si se tratare de un salario que no sea fijo, como cotización que le
en el caso de trabajo a destajo o por tarea, se corresponde al
toma en cuenta el salario promedio devengado empleador y al
por la trabajadora en el último año de servicios, o trabajador.
en todo el tiempo si fuere menor.

El artículo 192 del CST preceptúa lo siguiente: Las cotizaciones
Vacaciones durante vacaciones y
1. Durante el período de vacaciones el trabajador permisos remunerados
recibirá el salario ordinario que esté devengando se causarán en su
el día en que comience a disfrutar de ellas. En totalidad y el pago de
consecuencia, sólo se excluirán para la los aportes se
liquidación de vacaciones el valor del trabajo en efectuará sobre el
días de descanso obligatorio y el valor del trabajo último salario base de
suplementario en horas extras. cotización reportado
con anterioridad a la
2. Cuando el salario sea variable las vacaciones fecha en la cual el
se liquidarán con el promedio de lo devengado trabajador hubiere
por el trabajador en el año inmediatamente iniciado el disfrute de la
anterior a la fecha en que se concedan. respectivas vacaciones
o permisos
El artículo 17 de la Ley 21 de 1982 dispone que
Permiso para efectos de liquidar los aportes al régimen
remunerado del subsidio familiar, SENA,5 ESAP,6 escuelas
industriales e institutos técnicos, «se entiende
por nómina mensual de salarios la totalidad de
los pagos hechos por concepto de los diferentes
elementos integrantes del salario en los términos
de la Ley Laboral, cualquiera que sea su
denominación y además, los verificados por
descansos remunerados de ley y
convencionales o contractuales».

ii) De acuerdo con los artículos 17 y 18 de la Ley 100 de 1993 y 3 del Decreto 510
de 2003, durante la vigencia de la relación laboral, los afiliados y empleadores
deberán efectuar cotizaciones al sistema de seguridad social en salud y pensiones,
tomando como base el salario mensual, el cual, en el caso de los trabajadores
particulares, corresponde al que resulte de aplicar lo dispuesto en el CST.

5 Servicio Nacional de Aprendizaje.
6 Escuela Superior de Administración.

3

Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

iii) Contrario a lo establecido en el ordenamiento superior, la disposición enjuiciada
no tomó como base de cotización la remuneración efectivamente percibida por los
trabajadores para liquidar los aportes al referido sistema cuando estuvieran
incapacitados, en licencia de maternidad, vacaciones o permisos remunerados, sino
que acudió a lineamientos diferentes como lo son el monto devengado por concepto
de la incapacidad o de licencia y el salario recibido en el mes anterior para el caso
de las vacaciones y permisos, pese a que estos pagos reemplazan al salario durante
dichos descansos.

iv) La discordancia entre el decreto demandado y la normativa en que debió
fundarse ha generado diferencias entre los montos sobre los cuales los
empleadores cotizan al sistema de seguridad social y aquellos que toman como
referente las EPS7 para liquidar el aporte de los trabajadores en caso de incapacidad.

v) En lo que atañe a las vacaciones, el Decreto 806 de 1998 no tuvo en cuenta los
incrementos de los salarios fijos, ni el promedio de los variables; por lo tanto, como
el IBC en época de vacaciones es diferente al valor percibido por ese concepto, «se
afectan gravemente los derechos de los trabajadores al no ver reflejados sus
aportes en los ingresos efectivamente percibidos».

1.2. Contestación de la demanda

El Ministerio de Salud y Protección Social, por intermedio de apoderada, contestó
la demanda y se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con fundamento en
los siguientes razonamientos:8

i) La parte actora interpretó erróneamente el artículo 70 del Decreto 806 de 1998,
toda vez que confunde el ingreso base de cotización – IBC y el ingreso base de
liquidación IBL con la prestación o auxilio económico que se paga al trabajador
durante la incapacidad de origen común, licencia de maternidad, vacaciones o

7 Entidades Promotoras de Salud.
8 Folios 95 a 105.

4

Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

permiso remunerado.

ii) El IBC es el monto sobre el cual se liquidan y pagan los aportes y, por regla
general, corresponde al salario para los servidores públicos y las personas
vinculadas mediante contrato de trabajo, conforme lo prevé el Decreto 1158 de 1994
para los primeros y el artículo 127 del CST para los segundos.

iii) El IBL corresponde al ingreso o salario de cotización sobre el cual se liquida la
prestación económica, conforme lo prevén los artículos 206 y 207 de la Ley 100 de
1993.

iv) Las incapacidades y licencias de maternidad se deben reconocer al tenor de los
artículos 8 y 18 del Decreto 3135 de 1968 o 227, 228 y 236 del CST, dependiendo
de si el trabajador pertenece al sector público o privado.

v) La disposición enjuiciada previó que para liquidar los aportes en los casos de
licencias de maternidad e incapacidades se tomará como IBC el valor de la
prestación, en atención a las siguientes razones: 1) en esas situaciones el
trabajador no recibe salario, sino una prestación económica a cargo del sistema
general de seguridad social; y 2) durante dichos lapsos persiste el deber de efectuar
aportes en salud, por cuanto el vínculo laboral permanece vigente.

vi) La norma acusada dispuso que durante las vacaciones y los permisos
remunerados las cotizaciones se causarán en su totalidad y se tomará como
referente el último salario base de cotización reportado con anterioridad a la fecha
en que se hubiera iniciado el disfrute de dichos descansos. Ello obedece a que
durante el período de vacaciones el empleado no percibe salario, razón por la que
estas no se incluyen para liquidar los aportes al sistema de seguridad social integral,
pues no constituyen factor salarial y, por lo tanto, el valor de dicho beneficio tampoco
puede tenerse como base de cotización.

vii) El Gobierno nacional no desbordó la facultad reglamentaria; por el contrario, su

5

Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

actuación se ajustó a los artículos 1, literal k), de la Ley 10 de 1990; 154, 157 y 159
de la Ley 100 de 1993 y 23 de la Ley 344 de 1996.

1.3. Audiencia inicial

El 27 de mayo de 2019, se celebró la audiencia inicial, en la cual se declaró saneado
el proceso y se adoptaron las siguientes decisiones relevantes:9

i) Aceptar la intervención del señor Juan Diego Buitrago Galindo como coadyuvante
de la parte accionada.

ii) Fijar el litigio en el sentido de indicar que el problema jurídico se contrae a
«precisar si los apartes demandados del artículo 70 del Decreto 806 de 1998, están
ajustados a derecho o si por el contrario, el Gobierno Nacional excedió la facultad
reglamentaria consagrada en el artículo 189 numeral 11 de la Constitución Política
de 1991, al reformar el ingreso base de cotización previsto en el artículo 18 de la
Ley 100 de 1993 y en los artículos 192, 228 y 236 del Código Sustantivo del Trabajo,
hallándose incursa en la causal de anulación de violación de las normas superiores
en que debía fundarse».

iii) Negar el recurso de reposición interpuesto contra la anterior decisión. En tal
sentido, se observa que la actora solicitó tener como norma infractora el Decreto
780 de 2016, por cuanto compiló y derogó la disposición acusada inicialmente; sin
embargo, tal solicitud no puede atenderse favorablemente, por cuanto la demanda
no fue reformada en tal sentido y la referida derogatoria no enerva el ejercicio del
medio de control de nulidad, ya que el decreto enjuiciado pudo producir efectos en
el tiempo que impedirían configurar una sustracción de materia.

iv) Tener como pruebas los documentos aportados con la demanda y correr traslado
a las partes para que presenten sus alegaciones por escrito.

9 Folios 113 a 124.

6

Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

1.4. Coadyuvancia

El señor Juan Diego Buitrago Galindo intervino como coadyuvante de la parte
accionada y solicitó mantener la legalidad de la norma acusada, con fundamento en
los siguientes argumentos:10

i) El artículo 70 del Decreto 806 de 1998 reglamentó la base de cotización en casos
de incapacidad, licencia de maternidad, vacaciones y permisos, pero no modificó el
monto a que tienen derecho los trabajadores por esos emolumentos.

ii) El Decreto 2236 de 1999, incorporado en el artículo 3.2.1.3 del Decreto 780 de
2016, dispuso que la salud se paga de manera anticipada y por ello el aporte
respecto de las vacaciones debe calcularse con base en el IBC del mes anterior. A
su vez, las sumas percibidas por dicho concepto repercuten en la cotización del mes
siguiente.

1.5. Alegatos de conclusión

El Ministerio de Salud y Protección Social reiteró los argumentos expuestos en el
transcurso del proceso.11 La demandante y el coadyuvante guardaron silencio en
esta etapa.12

1.6. El Ministerio Público

La Procuraduría Segunda delegada ante el Consejo de Estado rindió concepto en
el sentido de solicitar que se nieguen las pretensiones de la demanda, con
fundamento en los siguientes razonamientos:13

10 Folios 1 a 4, cuaderno de anexos y traslados.
11 Folios 125 a 132.
12 Según constancia secretarial visible en el folio 142.
13 Folios 133 a 141.

7

Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

i) Mediante Sentencia C-967 de 2003 la Corte Constitucional analizó el artículo 18
de la Ley 100 de 1993, referido a la potestad que tiene el legislador para modificar
la base salarial sobre la que deben hacerse las cotizaciones al sistema general de
seguridad social.

ii) La referida disposición no reguló expresamente la base de cotización en caso de
incapacidad y licencia de maternidad; sin embargo, el Gobierno nacional reglamentó
tales aspectos a través de la norma acusada y los artículos 40 del Decreto 1406 de
1999 y 3.2.1.10 del Decreto 780 de 2016.

iii) El ejecutivo determinó que para el efecto se tendría en cuenta el valor pagado
por incapacidad o licencia de maternidad, lo cual halla justificación en que el
trabajador que se encuentra incapacitado no percibe el salario en forma completa y
en el segundo evento se debe tomar como base el salario anterior al inicio de la
licencia, puesto que en adelante no presta el servicio. Además, los servidores
públicos gozan de un régimen prestacional diferente al de los particulares, por lo
que unos y otros no pueden tratarse indistintamente.

iv) Respecto de las vacaciones, la Sentencia C-229 de 1996 precisó que aquellas
debían liquidarse únicamente con fundamento en la asignación básica y sin incluir
el trabajo suplementario, ya que solo remuneran el descanso. Bajo este entendido,
para determinar la base de cotización al sistema de seguridad social tampoco es
posible tener en cuenta factores como los aportes parafiscales y, a su vez, debe
tomarse como referente el salario percibido en el mes anterior al disfrute de las
vacaciones, pues el empleado no labora durante ese período.

2. Consideraciones

2.1. Cuestión previa

8

Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

Es oportuno indicar que el artículo 70 del Decreto 806 de 1998, acusado en el sub
lite, fue derogado por el Decreto 780 de 2016,14 cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 4.1.1. Derogatoria integral. Este Decreto regula íntegramente las
materias contempladas en él. Por consiguiente, de conformidad con el artículo 3 de
la Ley 153 de 1887, quedan derogados todos los decretos de naturaleza
reglamentaria relativos al Sector Salud y Protección Social que versan sobre las
mismas materias.

Los actos administrativos expedidos con fundamento en las disposiciones compiladas
en el presente decreto mantendrán su vigencia y ejecutoriedad bajo el entendido de
que sus fundamentos jurídicos permanecen en el presente decreto.

De acuerdo con el artículo 91, numeral 5, del CPACA, la fuerza ejecutoria de los actos
administrativos culmina cuando pierden su vigencia. Al respecto, esta corporación
ha explicado que «si la norma ha dejado de regir por haber sido sustraída del
ordenamiento jurídico, la consecuencia es que deja de ser aplicable por la
administración y, por consiguiente, pierde el carácter obligatorio para los
asociados».15

A pesar de que la norma parcialmente acusada perdió fuerza ejecutoria, por razón
de su derogatoria, es importante resaltar que ello no impide estudiar su legalidad,
conforme se explicó en la audiencia inicial celebrada dentro del presente proceso.

En efecto, el medio de control de nulidad no está condicionado a la vigencia del
acto, sino que su finalidad consiste en verificar la legalidad objetiva en aras de
mantener el imperio del orden jurídico.

En tal sentido, esta corporación ha expresado que la derogación o subrogación de
un acto administrativo ocasiona la cesación de sus efectos hacia el futuro, situación
que en nada afecta la posibilidad de resolver sobre su legalidad, pues ello

14 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.
15 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de diciembre de 2017, radicado 25000-23-24-000-

2009-00068-02 (2635-2013).

9

Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

«comprende la evaluación de sus requisitos esenciales a afectos de definir si nació
o no válido a la vida jurídica».16

2.2. El problema jurídico

Consiste en precisar si los apartes demandados del artículo 70 del Decreto 806 de
1998 están ajustados a derecho o si, por el contrario, incurrieron en causal de
anulación por violación de las normas superiores, en los términos alegados por la
actora, esto es, que el Gobierno nacional excedió la facultad reglamentaria en tanto
reformó el ingreso base de cotización al sistema de seguridad social en salud,
previsto en el CST y en la Ley 100 de 1993 para los trabajadores del sector privado.

2.3. Contenido de la norma acusada. Artículo 70 del Decreto 806 de 199817

Artículo 70. Cotización durante la incapacidad laboral, la licencia de maternidad,
vacaciones y permisos remunerados. Para efectos de liquidar los aportes
correspondientes al período durante el cual se reconozca al afiliado una incapacidad
por riesgo común o una licencia de maternidad, se tomará como Ingreso Base de
Cotización, el valor de la incapacidad o de la licencia de maternidad según sea
el caso, manteniéndose la misma proporción en la cotización que le corresponde al
empleador y al trabajador.

Las cotizaciones durante vacaciones y permisos remunerados se causarán en su
totalidad y el pago de los aportes se efectuará sobre el último salario base de
cotización reportado con anterioridad a la fecha en la cual el trabajador hubiere
iniciado el disfrute de la respectivas vacaciones o permisos.

16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de abril de 2021, radicado: 11001-03-26-000-2016-

00017-00 (56307). En igual sentido, la Sala Plena de esta Corporación, mediante sentencia del 14 de enero de 1991,
Expediente S-157, sostuvo:

Estima la Sala que, ante la confusión generada por las dos tesis expuestas, lo procedente será inclinarse por la segunda de
ellas, pues no es posible confundir la vigencia de una disposición con la legalidad de la misma, como ocurriría si se
mantiene la posición que sostiene que sería inoperante y superfluo pronunciarse en los eventos en que la misma
administración ha revocado su acto, así éste sea de carácter general e impersonal. Pues, contrario a lo que se había
afirmado, opina la Sala que la derogatoria de una norma no restablece per se el orden jurídico supuestamente vulnerado,
sino apenas acaba con la vigencia de la norma en cuestión. Porque resulta que un acto administrativo, aún si ha sido
derogado, sigue amparado por el principio de legalidad que le protege, y que sólo se pierde ante pronunciamiento
anulatorio del juez competente; de donde se desprende que lo que efectivamente restablece el orden vulnerado no es la
derogatoria del acto, sino la decisión del juez que lo anula, o lo declara ajustado a derecho, ello, además, se ve confirmado
por los efectos que se suceden en cada evento. La derogatoria surte efecto hacia el futuro, sin afectar lo ocurrido durante
la vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado; la anulación lo hace ab initio, restableciéndose por tal razón el
imperio de la legalidad.
17 Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del

servicio público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional.

10

Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

[…]. [Se resaltan los apartes demandados].

2.4. Marco normativo

2.4.1. Aportes en el sistema general de seguridad social

El artículo 48 de la Constitución Política instituyó la seguridad social como un
derecho y un servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección,
coordinación y control del Estado. Además, se sujeta a los principios de eficiencia,
universalidad y solidaridad.

En consonancia con la referida disposición, la Ley 100 de 1993 creó el sistema de
seguridad social integral, el cual comprende las obligaciones del Estado y la
sociedad, las instituciones y los recursos destinados a garantizar la cobertura de las
prestaciones de carácter económico, de salud y servicios complementarios.

De los principios orientadores de este sistema se destaca el de solidaridad, en virtud
del cual los afiliados tienen la obligación de contribuir a su financiación de acuerdo
con sus capacidades,18 no sólo para poder recibir los distintos beneficios, sino para
preservar el sistema en su conjunto.19

Bajo este hilo argumentativo, la Corte Constitucional ha sostenido que «la
manifestación más integral y completa del principio constitucional de solidaridad es
la seguridad social […] como esfuerzo mancomunado y colectivo, como propósito
común en el que la protección de las contingencias individuales se logra de mejor
manera con el aporte y la participación de todos los miembros de la comunidad».20

Teniendo en cuenta que el sistema tiene vocación de universalidad, esto es,
proteger a la generalidad de la población, sin discriminación alguna y en todas las

18 Corte Constitucional, Sentencia C-258 de 2013.
19 Corte Constitucional, Sentencia C-760 de 2004.
20 Corte Constitucional, Sentencia C-529 de 2010.

11

Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

etapas de la vida, el legislador21 previó que todos los colombianos participarían en
el servicio esencial de salud ya fuera en condición de afiliados al régimen
contributivo o subsidiado o como participantes vinculados.

Dicha diferenciación constituye una expresión del principio de solidaridad y obedece
a la capacidad de pago para cubrir el monto de las cotizaciones. De esta manera,
los ingresos determinan que al régimen contributivo pertenezcan las personas
vinculadas a través de contrato de trabajo, servidores públicos, pensionados y
trabajadores independientes. Mientras que al régimen subsidiado se afilia la
población más pobre y vulnerable del país.22

En lo que respecta al sub lite, es preciso hacer énfasis en el régimen contributivo,
toda vez que la norma enjuiciada atañe al ingreso base de cotización al sistema de
seguridad social en salud por parte de los empleados del sector público y privado23
que se encuentren en licencia de maternidad, incapacidad de origen común,
vacaciones o permiso remunerado.

En tal sentido, se resalta que los artículos 17, 18 y 204 de la Ley 100 de 1993
regularon la obligatoriedad de la cotización con destino a salud y pensiones en los
siguientes términos:

Artículo 17. Obligatoriedad de las cotizaciones. <Modificado por el artículo 4 de la
Ley 797 de 2003> Durante la vigencia de la relación laboral y del contrato de
prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones obligatorias a los regímenes
del sistema general de pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y
contratistas con base en el salario o ingresos por prestación de servicios que aquellos
devenguen.
[…]

Artículo 18. Base de cotización. <Modificado por el artículo 5 de la Ley 797 de
2003> La base para calcular las cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior,
será el salario mensual.

21 Artículo 157 de la Ley 100 de 1993.
22 En igual sentido, la Sentencia C-130 de 2002 expresó que «en el régimen contributivo la persona afiliada cuenta con

capacidad de pago y por ello se le exige el pago de una cotización o aporte».
23 La demandante únicamente se enfocó en el sector privado, pero la disposición enjuiciada también se aplica en el sector

público.

12

Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

El salario base de cotización para los trabajadores particulares, será el que resulte de
aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo.

El salario mensual base de cotización para los servidores del sector público, será el
que señale el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 4ª de 1992.
[…]
Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo la modalidad
de salario integral, se calculará sobre el 70% de dicho salario.

En todo caso, el monto de la cotización mantendrá siempre una relación directa y
proporcional al monto de la pensión.
[…]

Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones.
[…]
Parágrafo 1. La base de cotización de las personas vinculadas mediante contrato de
trabajo o como servidores públicos, afiliados obligatorios al Sistema General de
Seguridad Social en Salud, será la misma contemplada en el sistema general de
pensiones de esta Ley.
[…]

En armonía con los anteriores criterios para liquidar los aportes en el régimen
contributivo, el artículo 3 del Decreto 510 de 2003 indicó que «[l]a base de cotización
para el Sistema General de Pensiones deberá ser la misma que la base de la
cotización del Sistema General de Seguridad Social en Salud, salvo que el afiliado
cotice para el Sistema General de Pensiones sobre una base inferior a la mínima
establecida para el Sistema General de Seguridad Social en Salud».

2.4.2. Incapacidad de origen común, licencia de maternidad, vacaciones y
permisos remunerados

En el presente caso se demanda parcialmente el artículo 70 del Decreto 806 de
1998 en lo que respecta al cálculo del IBC para realizar aportes al sistema de
seguridad social en salud cuando los afiliados estén incapacitados, en licencia de
maternidad, vacaciones o permisos remunerados, por lo cual es preciso analizar
algunas generalidades de los emolumentos percibidos en las anotadas
circunstancias.

Antes de estudiar de forma independiente dichos beneficios, es oportuno indicar
que el sistema de seguridad social para el régimen contributivo no solo prevé la

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atención en salud de sus afiliados, sino también el reconocimiento de prestaciones
económicas correspondientes al pago de las incapacidades por enfermedad de
origen común y licencias de maternidad, las cuales amparan a los servidores
públicos y trabajadores del sector privado y se conceden «de conformidad con las
disposiciones legales vigentes».24

2.4.2.1. Incapacidad de origen común

En lo que respecta a las incapacidades por enfermedad, la Corte Constitucional ha
precisado que su finalidad es «resguardar varios derechos fundamentales que se
pueden ver afectados al disminuirse las capacidades físicas o mentales del
trabajador para acceder a una suma de dinero con el cual solventar una vida en
condiciones de dignidad».25

Ello obedece a que durante la incapacidad el empleado se encuentra en una
imposibilidad transitoria de prestar su servicio, por lo que a nivel institucional debe
activarse un grado de protección que le permita recibir la atención médica requerida
y el pago de las prestaciones económicas que garanticen su subsistencia.26

Las incapacidades en el sector público y privado se pagan a razón de las dos
terceras (2/3) partes del salario durante los primeros 90 días y la mitad del salario
por el tiempo restante.27 Igualmente, se previó que cuando el trabajador tenga un
salario variable se tomará como base el promedio de lo devengado en el año de
servicio anterior a la fecha en la cual empezó la incapacidad o en todo el tiempo de
servicio si fuera inferior a 1 año.28

2.4.2.2. Licencia de maternidad

24 Artículos 206 y 207 de la Ley 100 de 1993.
25 Sentencia T-004 de 2014.
26 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de septiembre de 2016, radicado: 19001-23-31-000-

2002-08000-01 (0412-10).
27 Artículos 227 del CST, 18 del Decreto 3135 de 1968 y 9 del Decreto 1848 de 1969. Al respecto se puede consultar el

Concepto 217851 del 21 de junio de 2021, suscrito por el Departamento Administrativo de la Función Pública, radicado:
20216000217851.
28 Artículo 228 del CST.

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Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

La licencia de maternidad tiene como propósito principal «proteger a las mujeres
trabajadoras en estado de gravidez, durante la época del embarazo y luego del parto
–protección que se extiende, en lo pertinente, a los hombres trabajadores sin
cónyuge o compañera permanente–; así como la de asegurar la protección de la
niñez».29

El período de licencia de maternidad habilita un espacio para iniciar las relaciones
familiares con un respaldo económico que garantice la vida de sus integrantes en
condiciones de calidad y dignidad.

El referido beneficio se remunera en el sector público y privado con el salario
devengado al momento de su disfrute; sin embargo, cuando el ingreso no sea fijo
«como en el caso del trabajo a destajo o por tarea, se tomará en cuenta el salario
promedio devengado por la trabajadora en el último año de servicio, o en todo el
tiempo si fuere menor».30

2.4.2.3. Vacaciones

El artículo 53 de la Constitución Política dispuso que los trabajadores tienen derecho
al descanso remunerado, el cual se ejercita principalmente a través de las
vacaciones, cuya finalidad consiste en que «los trabajadores se recuperen física y
sicológicamente del desgaste que les ha podido significar la aplicación de sus
fuerzas de trabajo continuo»,31 con lo cual se obtienen beneficios para el empleador,
el asalariado y su núcleo familiar, traducidos en la prestación eficiente del servicio,
mejora en la productividad de la empresa, un ingreso que salvaguarde la
subsistencia durante el período vacacional y el respeto de un tiempo que permita
cumplir con las expectativas de vida, el esparcimiento y el libre desarrollo de la

29 Corte Constitucional, Sentencia C-543 de 2010.
30 Artículo 236 del CST.
31 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto del 15 de diciembre de 2021, radicado: 11001-03-06-000-

2019-00214-00 (2441). En similar sentido ver Sentencia C-897 de 2003, proferida por la Corte Constitucional.

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personalidad.32

En el sector privado las vacaciones corresponden al salario ordinario que esté
devengando el trabajador el día en que comience a disfrutarlas, con la salvedad de
que su liquidación no comprende el valor del trabajo en días de descanso obligatorio
o suplementario en horas extras. Además, cuando el salario sea variable, las
vacaciones se liquidan con el promedio de lo devengado por el empleado en el año
inmediatamente anterior a la fecha en que se concedan.33

En el caso de los servidores públicos las vacaciones se liquidan con los siguientes
factores, siempre que correspondan al empleado en la fecha en la cual inicie el
disfrute de aquellas:34

a. La asignación básica mensual señalada para el respectivo cargo;
b. Los incrementos de remuneración a que se refieren los artículos 49 y 97 del
decreto-ley 1042 de 1978;
c. Los gastos de representación;
d. La prima técnica;
e. Los auxilios de alimentación y de transporte;
f. La prima de servicios;
g. La bonificación por servicios prestados.

Es oportuno indicar que en el sector público existen disposiciones especiales para
algunos servidores que impactan el monto de la liquidación de las vacaciones; sin
embargo, para el presente caso la normativa general es ilustrativa frente a su
naturaleza y los factores que pueden incidir en su cálculo, de manera que la Sala
cuenta con un referente para verificar si la forma en que se calcula el IBC para hacer
los aportes al sistema de seguridad social por ese concepto se ajustan al
ordenamiento superior.

32 Corte Constitucional, Sentencias C-035 de 2005 y 669 de 2006.
33 Artículo 192 del CST.
34 Artículo 17 del Decreto 1045 de 1078. En torno a la vigencia de la norma puede consultarse el Concepto 024321 del 22

de enero de 2021, radicado: 20216000024321, proferido por el Departamento Administrativo de la Función Púbica.

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2.4.2.4. Permisos remunerados

De acuerdo con los artículos 57 y 108 del CST, los trabajadores particulares tienen
derecho a permisos o licencias, especialmente para el ejercicio del sufragio,
desempeño de comisiones sindicales y de cargos oficiales transitorios de forzosa
aceptación, asistencia al entierro de compañeros de trabajo y grave calamidad
doméstica.

La Corte Constitucional analizó la exequibilidad del artículo 57 del CST y la
condicionó «a que se entienda que para el caso de la licencia por grave calamidad
doméstica debidamente comprobada, habrá un lapso razonable de permiso
remunerado cada mes; y para las licencias obligatorias que se conceden al
trabajador para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación,
distintos de jurado electoral, clavero o escrutador; las licencias obligatorias para que
los trabajadores del sector privado desempeñen comisiones sindicales inherentes a
la organización; y las licencias obligatorias para que los trabajadores asistan al
entierro de sus compañeros, el tiempo empleado no podrá descontarse del
salario del trabajador ni obligarse a compensar con tiempo igual de trabajo
efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria».35

El máximo tribunal Constitucional indicó que en dichas situaciones el trabajador
debía percibir su remuneración, pues aquél se abstiene de prestar su servicio por
expreso mandato de ley o por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito. En
consecuencia, es preciso acudir a los principios de equidad, solidaridad y dignidad
en las relaciones laborales, los cuales conducen a concluir que en tales casos el
empleado debe percibir su salario y que la carga económica de la suspensión de
sus labores la asume el empleador.

A su vez, el artículo 2.2.5.5.17 del Decreto 1083 de 2015 establece que el servidor

35 Sentencia C-930 de 2009.

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público puede solicitar permiso remunerado hasta por 3 días hábiles cuando medie
justa causa; sin embargo, la norma no define este concepto, sino que radica en
cabeza del nominador la facultad de negar o autorizar el permiso.

Dicho permiso tiene como objetivo «que el empleado pueda separarse
temporalmente de las funciones a su cargo para atender situaciones de orden
personal o familiar que se encuentren justificadas».36

Es preciso aclarar que en el sector público existen otras normas que regulan la
materia en forma específica para algunas entidades del Estado; sin embargo, su
estudio no es relevante al sub lite, pues la enunciación normativa antes efectuada
es un referente suficiente para entender la situación de los empleados del sector
privado o público que en determinado momento disfrutan de un permiso remunerado
y que conducen a concluir que se trata de períodos en los que los empleados no
prestan su servicio, pero mantienen el derecho a devengar su asignación salarial.

2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.5.1. Potestad reglamentaria en materia de seguridad social

Esta corporación ha reivindicado la facultad reglamentaria que detenta el presidente
de la República en asuntos relacionados con la seguridad social, por considerar que
deviene principalmente de los artículos 189, numeral 11, de la Constitución Política
y 156, literal a), de la Ley 100 de 1993.37 El primero determinó expresamente que a
dicho funcionario le corresponde «[e]jercer la potestad reglamentaria, mediante la
expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida
ejecución de las leyes» y el segundo dispuso que «[e]l Gobierno Nacional dirigirá,

36 Departamento Administrativo de la Función Pública, Concepto 330671 del 1 de octubre de 2019, *20196000330671*,

radicado: 20196000330671.
37 Al respecto pueden consultarse las siguientes providencias del Consejo de Estado: i) Sección Segunda, Subsección B,

sentencia del 31 de marzo de 2022, radicado: 11001-03-25-000-2017-00464-00 (2135-2017); ii) Sección Primera, sentencia
del 11 de junio de 2020, radicado: 11001-03-24-000-2004-00343-01; iii) Sección Primera, sentencia del 3 de octubre de
2019, radicado: 11001-03-24-000-2007-00359-00, 11001-03-24-000-2007-00369-00 y 11001-03-24-000-2007-00373-00
(Acumulados); iv) Sección Primera, sentencia del 15 de septiembre de 2011, radicado: 11001-03-24-0002007-00032-00;
v) Sección Primera, sentencia del 15 de agosto de 1996, radicado: 11001032400019950332301 (3323).

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orientará, regulará, controlará y vigilará el servicio público esencial de salud que
constituye el Sistema General de Seguridad Social en Salud».

A su vez, el Consejo de Estado ha explicado que dicha facultad es inalienable,
intransferible, irrenunciable, puede ejercerse en cualquier tiempo y es necesaria
para lograr la materialización de los mandatos legislativos, pero no puede
contradecir su texto o espíritu.

Además, el grado de amplitud o detalle con que el legislador haya regulado un
asunto determina el margen de actuación del ejecutivo, por ende, «ante menos
cantidad de materia regulada en la ley, existe un mayor campo de acción para el
ejercicio de la potestad reglamentaria, y viceversa. De hecho, el alcance de la
potestad reglamentaria depende de la valoración política que el Legislador haga de
la materia que desarrolla pues puede regular íntegramente una materia sin dejar
margen alguna a la reglamentación, o abstenerse de reglar algunos aspectos, que
el Presidente la reglamente para su debida aplicación».38

A su turno, esta corporación tuvo oportunidad de estudiar la legalidad del artículo
23 del Decreto 1703 de 2002, que reglamentó el IBC para los contratistas, y concluyó
que «si la ley no define con exactitud los ingresos que sirven de base para la
cotización, resulta válido que sea a través del reglamento que se haga tal definición,
respetando los límites legales».39

Bajo este contexto, procederá la Sala a analizar si la disposición enjuiciada se ajustó
al ordenamiento superior en cuanto a la manera en que debe calcularse el IBC para
el sistema de salud respecto de los trabajadores particulares, conforme lo solicitó la
actora, que se encuentren incapacitados, en licencia de maternidad, vacaciones o
permisos remunerados.

38 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 11 de junio de 2020, radicado: 11001-03-24-000-2004-00343-01.
39 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de octubre de 2006, radicado: 11001-03-27-000-2005-00025-00-

15399.

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Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

2.5.2. Reglamentación innecesaria y variación en la determinación del
monto legalmente establecido para liquidar incapacidades, licencias de
maternidad, vacaciones y permisos remunerados

La accionante sostuvo que los artículos 17 y 18 de la Ley 100 de 1993 determinaron
la forma en que debían realizarse los aportes al sistema de seguridad social en
vigencia de la relación laboral, por ende, se trataba de una materia que no requería
reglamentación adicional.

Sin embargo, la Sala se aparta del anterior entendimiento, pues dichas normas no
regularon con precisión la manera en que debían liquidarse las cotizaciones cuando
los trabajadores se encontraran incapacitados, en licencia de maternidad,
vacaciones o permiso remunerado, sino que se limitaron a indicar que debían
realizarse «[d]urante la vigencia de la relación laboral».40

A su vez, las anotadas circunstancias no suponen la terminación o solución de
continuidad en la relación laboral,41 por lo que debe seguirse el criterio que ha tenido
esta corporación en el sentido de indicar que «no fue voluntad del legislador
establecer excepciones a la cotización durante la vigencia del vínculo laboral».42

Bajo este contexto, se concluye que el ejecutivo gozaba de un mayor margen para
definir la forma en que debía liquidarse el IBC para el sistema de salud en las
situaciones antes anotadas y garantizar la continuidad de los aportes.

De otro lado, la actora afirmó que el acto acusado modificó los términos establecidos
por el legislador para reconocer las vacaciones, incapacidades y licencias de
maternidad.

40 Artículos 17 y 204 de la Ley 100 de 1993.
41 Al respecto, pueden consultarse las siguientes sentencias del Consejo de Estado - Sección Primera: i) del 8 de junio de

2000, radicado: 11001-03-24-000-1999-05709-01 (5709); ii) del 13 de diciembre de 2001, radicado: 11001-03-24-000-
2000-6337-01 (6337).
42 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2010, radicado: 11001-03-25-000-2006-00049-

00 (1067-06).

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Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

Al respecto, es preciso indicar que la norma enjuiciada no varió la forma dispuesta
por el ordenamiento superior para liquidar dichos beneficios, por lo que no le asiste
razón a la accionante en ese sentido, pues lo que hizo el ejecutivo fue buscar una
fórmula para determinar el ingreso base de cotización a salud en tales
circunstancias.

En efecto, en lo que respecta a las incapacidades de origen común y licencias de
maternidad, la disposición enjuiciada indicó que para liquidar los aportes se tomará
como IBC el valor pagado por esos conceptos, lo cual ratifica que en ningún momento
se modificaron las condiciones para que los empleados accedieran a esos
beneficios ni tampoco el monto fijado por el legislador.

La accionante también sostuvo que el Gobierno nacional debió remitirse a los
artículos 192, 228 y 236 del CST para establecer la cotización al sistema de
seguridad social en los casos de vacaciones, incapacidad y licencia de maternidad.
Agregó que la reglamentación ha generado diferencias entre los aportes que
efectúan los empleadores y los que liquidan las EPS a los trabajadores.

Sin embargo, la Sala no comparte los anteriores razonamientos, ya que la
demandante deja de lado que los servidores públicos y trabajadores particulares
ostentan un régimen salarial distinto, por lo que haber hecho una remisión exclusiva
al CST para liquidar las cotizaciones al sistema de seguridad social hubiera generado
un vacío normativo en el sector oficial.

Además, el CST no se refirió a los aportes al sistema de salud, sino que reguló el
salario, prestaciones y demás beneficios económicos de los empleados del sector
privado, por lo que la simple alusión a dicha normativa hubiera resultado insuficiente
en materia de cotizaciones a la seguridad social integral.

De otro lado, las diferencias que puedan surgir respecto a la liquidación de los
aportes reportados por los empleadores y los liquidados por las EPS son situaciones
que conciernen a la aplicación de la norma frente a casos particulares, por lo que

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Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

su análisis escapa al control de legalidad objetivo y a la competencia asignada a
esta corporación de cara a la naturaleza de la demanda de simple nulidad que se
estudia en el sub lite, cuyo objetivo es restaurar el ordenamiento jurídico que ha sido
quebrantado por la administración al expedir actos violatorios de disposiciones
superiores.43

En lo que respecta a las vacaciones y permisos remunerados la disposición
enjuiciada determinó que el pago de los aportes al sistema de salud se efectuará
sobre el último salario base de cotización reportado con anterioridad a la fecha en
la cual el trabajador hubiere iniciado el disfrute de aquellos.

La demandante expuso que dicho mandato desconoció el artículo 17 de la Ley 21
de 1982 en tanto dispone que para efectos de la liquidación de los aportes al
régimen del subsidio familiar, SENA, ESAP, escuelas industriales e institutos técnicos,
«se entiende por nómina mensual de salarios la totalidad de los pagos hechos
por concepto de los diferentes elementos integrantes del salario en los términos de
la Ley Laboral, cualquiera que sea su denominación y además, los verificados por
descansos remunerados de ley y convencionales o contractuales».

Frente a lo anterior es pertinente indicar que los aportes a la seguridad social no
tienen que coincidir necesariamente con los denominados parafiscales que paga
exclusivamente el empleador.

En tal sentido, esta corporación ha sostenido que «los aportes parafiscales al
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICFB), Servicio Nacional de Aprendizaje
(SENA) y Cajas de Compensación Familiar son contribuciones a cargo de los
empleadores y no del trabajador; también y por lo mismo, que su referente de

43 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, consejero ponente: Dr. Carmen Teresa Ortiz

de Rodríguez, auto de 11 de febrero de 2014, radicado: 54001 23 33 000 2012 00089 01 (19830), actor: Ingeniería Orinoco
y CIA LTDA - INOR LTDA.

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Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

cálculo es la nómina mensual de la empresa44 y no el salario como ocurre en la
liquidación de aportes a la Seguridad Social en salud y pensiones»45.46

De acuerdo con el anterior lineamiento, la referencia a la nómina para pagar dichos
aportes parafiscales no implica que esta base deba tomarse inexorablemente para
liquidar las cotizaciones al sistema de salud, pues se trata de cotizaciones que
tienen destinaciones y finalidades diferentes.

En efecto, los aportes al sistema de seguridad social se dirigen a cubrir los riesgos
de invalidez, vejez y muerte en el caso de las pensiones, así como garantizar la
atención en salud y los beneficios económicos que se conceden por concepto de
licencia de maternidad e incapacidades.

Mientras que los aportes parafiscales a cargo del empleador se encuentran
regulados principalmente en las Leyes 27 de 1974, 7 de 1979, 21 de 1982, 89 de
1988, 119 de 1994 y 789 de 2002, cuyo objetivo es invertir en el desarrollo social y
técnico de los trabajadores; promover programas de recreación social, deportes,
turismo, cultura, vivienda, nutrición, atención de la tercera edad, educación, entre
otros; y sufragar el subsidio familiar que se dirige a «aliviar las cargas económicas
originadas en el sostenimiento de la familia» de los empleados de medianos y
menores ingresos.47

2.5.3. Correspondencia entre el ingreso y el aporte

La demandante afirmó que la forma de liquidación del IBC fijada en el artículo 70 del
Decreto 806 de 1998, desconocía las reglas establecidas en los artículos 17 y 18

44 “Estos pagos corresponden a los llamados aportes parafiscales, obligatorios para toda empresa o unidad productiva que

tenga trabajadores vinculados mediante contrato y correspondientes al 9% de la nómina, de acuerdo con las Leyes 21 de
1982 [art. 7, No. 4] y 89 de 1988, junto con los aportes a la seguridad social (salud, pensiones y ARP” (se subraya) (Consejo
de Estado, Sección Cuarta, Sentencia del 9 de julio de 2010, exp.16516).
45 Arts. 18 y 204-parágrafo 1 de la Ley 100 de 1993. En esa medida, la determinación de la base de liquidación en estos

casos no es la misma que se usa para calcular los aportes al SENA, ICFB y Cajas de Compensación Familiar.
46 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, concepto del 4 de octubre de 2010, radicado: 11001-03-06-000-

2010-00090-00 (2027).
47 Sentencia C-890 de 2012.

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de la Ley 100 de 1993 y 3 del Decreto 510 de 2003, en tanto disponen que durante
la vigencia de la relación laboral, los afiliados y empleadores deberán efectuar
cotizaciones al sistema de seguridad social en salud y pensiones, tomando como
base el salario mensual.

Sin embargo, la norma en comento no toma como referente el salario para liquidar
las cotizaciones al sistema de salud, sino el valor pagado por concepto de licencia
de maternidad o incapacidad o el IBC del mes anterior para el caso de las vacaciones
y permisos remunerados.

En orden a desatar el referido cargo, es preciso retomar el marco normativo de esta
providencia, del cual se extraen las siguientes reglas frente a las cotizaciones que
deben efectuar los empleados de los sectores público y privado al sistema de
seguridad social:

i) Los aportes se realizan mientras el vínculo laboral se encuentre vigente.
ii) Por regla general, la base de cotización debe ser igual para el sistema de
seguridad social en salud y pensiones.
iii) Los afiliados cotizan «con base en el salario» que devenguen, con las
siguientes precisiones:

• El salario base de cotización para los trabajadores particulares, será el
que resulte de aplicar lo dispuesto en el Código Sustantivo del Trabajo.
• El salario mensual base de cotización para los servidores del sector
público, será el que señale el Gobierno, de conformidad con lo dispuesto
en la Ley 4ª de 1992.
• Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración se pacte bajo
la modalidad de salario integral, se calculará sobre el 70% de dicho
salario.
• El monto de la cotización debe mantener una relación directa y
proporcional al monto de la pensión.

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Las anteriores reglas evidencian que el legislador aludió al salario como parámetro
para liquidar la base de cotización de los trabajadores en el sector público y privado;
sin embargo, el cálculo del IBC varía en uno y otro sector.

En efecto, el legislador determinó que en el sector privado el salario que se tomaría
como referente para establecer el IBC sería el que atendiera a los postulados del
CST, del que se destacan las siguientes pautas:48

i) Constituye salario «no sólo la remuneración ordinaria, fija o variable, sino
todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como contraprestación
directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como
primas, sobresueldos, bonificaciones habituales, valor del trabajo suplementario
o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio,
porcentajes sobre ventas y comisiones».

ii) No constituyen salario «las sumas que ocasionalmente y por mera liberalidad
recibe el trabajador del empleador, como primas, bonificaciones o gratificaciones
ocasionales, participación de utilidades, excedente de las empresas de economía
solidaria y lo que recibe en dinero o en especie no para su beneficio, ni para
enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como
gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros
semejantes».

iii) No constituyen salario las prestaciones sociales derivadas de accidentes y
enfermedades de origen común o profesional, el calzado y vestido de labor, la
licencia de maternidad, las cesantías y la prima de servicios.

iv) No constituyen salario «los beneficios o auxilios habituales u ocasionales
acordados convencional o contractualmente u otorgados en forma extralegal por
el empleador, cuando las partes hayan dispuesto expresamente que no

48 Artículos 127 y 128 del CST.

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constituyen salario en dinero o en especie, tales como la alimentación, habitación
o vestuario, las primas extralegales, de vacaciones, de servicios o de navidad».

En contraste con lo anterior, en el sector público le corresponde al Gobierno
nacional establecer los factores que componen el IBC, situación que en la práctica
se ha traducido en que no siempre todos los ingresos salariales se tienen en cuenta
para efectuar los aportes al sistema de seguridad social, puesto que «el concepto
de salario no es una limitación para que el Congreso de la República o el Gobierno
nacional, en el ejercicio de sus competencias constitucionalmente asignadas,
definan que determinado emolumento constituye factor para la liquidación de las
prestaciones o les nieguen tal efecto».49

Este recuento demuestra que existen importantes diferencias al momento de
calcular el IBC para los trabajadores de los sectores público y privado, pues el
concepto de salario y su incidencia en los factores salariales que sirven de base
para los aportes a la seguridad social varían en uno y otro régimen.

En este caso la demandante discute la manera en que debe calcularse el IBC al
sistema de salud cuando los trabajadores del sector privado se encuentran
incapacitados, en licencia de maternidad, vacaciones o permisos remunerados, esto
es, circunstancias en las que reciben un ingreso, pero sin prestar el servicio, es
decir, que no se trata de un salario propiamente dicho.

En efecto, el Convenio 95 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT,
ratificado por la Ley 54 de 1962, define el salario como «la remuneración o ganancia,
sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse
en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un
empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por
el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que
haya prestado o deba prestar».

49 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-027-CE-S2-2022 del 12 de mayo de 2022, radicado:

05001-33-33-000-2013-01009-01 (2263-2018).

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Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

Bajo esta noción, se observa que las incapacidades de origen común, las licencias
de maternidad, las vacaciones y los permisos remunerados no corresponden a
pagos de naturaleza salarial, ya que no remuneran directamente el servicio; por el
contrario, el trabajador los percibe sin cumplir con sus labores, pues la legislación
estableció ese derecho en aras de proteger el descanso, la libre asociación, la
familia, entre otros valores y garantías que son esenciales para promover el trabajo
en condiciones dignas y justas.

También es oportuno indicar que la Ley 100 de 1993 no reguló la manera en que
debían hacerse los aportes al sistema de salud en las circunstancias anotadas; sin
embargo, precisó que era imperativo efectuarlas mientras el vínculo laboral
estuviera vigente.

Por ende, como las vacaciones, incapacidades, licencias de maternidad y permisos
remunerados no interrumpen la relación laboral, el Gobierno nacional se encontraba
facultado para determinar el IBC de las cotizaciones al sistema de salud ante tales
situaciones.

Ahora bien, la Ley 100 de 1993 escogió como parámetro para calcular las
cotizaciones al sistema de seguridad social la relación de correspondencia entre el
ingreso y el aporte.50

Dicho criterio es orientador del sistema e inclusive también se predica respecto de
los independientes y contratistas de prestación de servicios, en otras palabras, el
legislador se encaminó a que el aporte al sistema de seguridad social se efectuara
en consonancia con la capacidad de pago. Esta conclusión encuentra respaldo en
el siguiente pronunciamiento de la Corte Constitucional:51

50 Al respecto, pueden consultarse las siguientes providencias: i) de la Corte constitucional, Sentencia C-760 de 2004; ii)

del Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de agosto de 2004, radicado: 11001-03-25-000-2002-00175-01
(3403-02).
51 Sentencia C-760 de 2004.

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Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

Siendo así, es claro que una lectura completa de las normas que regulan la materia
muestra que el legislador, lejos de implantar una norma discriminatoria o gravosa para
los afiliados, lo que hizo fue buscar la proporcionalidad entre lo devengado y la
cotización a fin de asegurar que quienes coticen lo hagan de conformidad con
su capacidad de pago. Esta refutación desarrolla el principio de igualdad, pues
mal podría considerarse que todo cotizante puede aportar al sistema en la
misma magnitud. Además, ese mismo criterio de proporcionalidad aplica para
los asalariados, quienes deben cotizar de conformidad con su salario. […]

Encuentra esta Corporación que tampoco viola el derecho a la igualdad que la
cotización tenga como base el ingreso devengado por el trabajador independiente
pues este criterio está relacionado con su capacidad de pago, elemento
absolutamente relevante para determinar el monto del aporte. [Resalta la Sala].

Teniendo en cuenta el anterior criterio, la Sala considera que la fórmula escogida
por el ejecutivo para liquidar el IBC al sistema de salud en caso de incapacidades y
licencias de maternidad, esto es, tomando el valor percibido por esos conceptos,
constituye una medida razonable y consulta la proporcionalidad que debe existir
entre el ingreso y el aporte.

En efecto, dicha determinación permite que la cotización se haga por la suma
realmente devengada por el trabajador durante el período en que se encuentre
incapacitado o en licencia de maternidad. De esta manera no se aporta más ni
menos de lo percibido en esos lapsos, lo cual respeta el principio de solidaridad que
orienta el sistema y la capacidad de pago de los aportantes.

En lo que atañe a las vacaciones y permisos remunerados, el decreto enjuiciado
precisó que para liquidar los aportes se tomaría el IBC reportado en el mes anterior
al disfrute de dichos descansos; sin embargo, la accionante sostuvo que ese método
no tiene en cuenta los incrementos de los salarios fijos, ni el promedio de los
variables; por lo tanto, como el IBC en época de vacaciones es diferente al valor
percibido por ese concepto, «se afectan gravemente los derechos de los
trabajadores al no ver reflejados sus aportes en los ingresos efectivamente
percibidos».

Al respecto, es preciso resaltar que la referida metodología para el cálculo del IBC
resulta razonable, puesto que el trabajador que está en vacaciones o en permiso

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Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

remunerado no está ejerciendo la actividad para la cual fue vinculado a un empleo,
es decir, que técnicamente no recibe un salario, entendido como un ingreso por
prestar su fuerza laboral.

Se observa que el Gobierno nacional buscó una fórmula que le permitiera establecer
el IBC para el sistema de salud en caso de vacaciones y permisos remunerados en
los sectores público y privado, pues como lo anotó la parte demandada, las
vacaciones no están enlistadas en el Decreto 1158 de 1994 para efectuar aportes
al sistema en el caso de los servidores oficiales y no existía norma legal que regulara
dicho aspecto.

Así las cosas, en aras de fijar una regla que operara de forma homogénea para los
trabajadores particulares y los servidores públicos, se tomó como referente el último
IBC reportado con anterioridad a la fecha en que comenzara el período de
vacaciones o los permisos.

Dicha remisión no es una medida arbitraria, pues se trata del salario que el
trabajador devengó durante el mes anterior al inicio del descanso remunerado, es
decir, que ante el vacío legal se acudió a un criterio consecuente con la situación
laboral del empleado durante el período en que sí percibió un salario por la
prestación efectiva del servicio.

La demandante aseguró que durante las vacaciones el IBC para el sistema de salud
debía determinarse sobre las sumas devengadas por los trabajadores particulares
en esa época; sin embargo, la interesada no aportó mayores elementos de juicio
para concluir que la fórmula por ella propuesta sea más correcta que la escogida
por el Gobierno nacional.

Ante este panorama, la Sala debe acudir al concepto de discrecionalidad
administrativa para concluir que la metodología implementada por la norma acusada
resulta razonable y proporcionada en contraste con la sugerida por la accionante.

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Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

En efecto, dicha figura denota que las decisiones del ejecutivo muchas veces están
revestidas de variados componentes técnicos, por lo que «no siempre es posible
identificar soluciones científicas únicas o infalibles, lo cual abre a la administración
un margen de escogencia entre las diversas opciones técnicamente viables,
elección que realiza de conformidad con otros criterios legítimos, como se observa,
por ejemplo, en áreas del conocimiento científico como el económico - financiero,
cuyas construcciones y principios de actuación y decisión están impregnados de
criterios políticos y de valor».52

De esta manera, cuando se analiza una norma que atañe a un asunto técnico, como
lo es la liquidación de los aportes al sistema general de seguridad social en salud,
los demandantes deben demostrar «con absoluta claridad y certeza»53 que la
administración infringió alguna norma o principio jurídico, incurrió en arbitrariedad o,
en general, «el juicio, el criterio y el uso de una discrecionalidad técnica ha sido
desacertado»,54 por ende, «si el recurrente acredita el error de apreciación o la mala
conceptuación o calificación, o la arbitrariedad formal o de fondo»,55 las
pretensiones deberán despacharse favorablemente, de lo contrario se mantendrá
incólume la decisión gubernamental.

En este caso no puede acogerse la propuesta de la actora en el sentido de tomar
en integridad el valor pagado por concepto de vacaciones para determinar la
cotización que hacen los trabajadores particulares al sistema de salud, ya que se
enfoca únicamente en el sector privado, pese a que la disposición acusada rige
también en el sector público.

Por lo tanto, acceder a las súplicas de la demanda generaría un desequilibrio en la
forma en que se hacen los aportes al sistema de seguridad social en salud en los
mencionados sectores. Además, implicaría tomar una decisión judicial sin que

52 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de julio de 2022, radicado 11001-03-26-000-2016-00140-00 (57819).
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 7 de julio de 2022, radicado 11001-03-26-000-2016-00140-00 (57819).
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007, radicado 11001-03-26-000-1997-13503-00

(13503).
55 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007, radicado 11001-03-26-000-1997-13503-00

(13503).

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Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

existan suficientes elementos de orden técnico, económico y financiero que
permitan variar la política pública adoptada en esa materia.

Asimismo, se causaría un desequilibrio de cara a la regla tendiente a que la
cotización mantenga «siempre una relación directa y proporcional al monto de la
pensión»,56 pues la base de cotización en salud de los empleados públicos y
privados es la misma para el sistema de pensiones, conforme lo ordena el artículo
204 de la Ley 100 de 1993.

Específicamente, se desconocería que las vacaciones de los servidores oficiales se
liquidan con inclusión de algunos factores que no se encuentran enlistados en el
Decreto 1158 de 1994 como base de cotizaciones para las pensiones, 57 por
ejemplo, la prima de servicios y los auxilios de alimentación y de transporte, es decir,
que en caso de extender la fórmula propuesta por la actora al sector público se
terminaría tomando como referente una suma que viene liquidada con factores que
de ordinario no componen el IBC de los empleados públicos.

También debe tenerse en cuenta que existen otras normas que han regulado de
manera específica factores que impactan la cotización al sistema de seguridad
social en regímenes especiales, como ocurre por ejemplo en la Rama Judicial, la
fuerza Pública, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la
Nación, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, entre otras entidades, por
lo que acoger los lineamientos sugeridos por la actora podría desarticular el
esquema establecido para calcular los aportes al sistema de salud y que se ha
construido con el fin de lograr una mayor uniformidad y eficiencia en el recaudo de
estos dineros parafiscales.58

56 Artículo 18 de la Ley 100 de 1993.
57 Que reglamentó el salario mensual base para calcular las cotizaciones al sistema general de pensiones de los servidores

públicos.
58 Ver las consideraciones del Decreto 1931 de 2006, modificatorio del Decreto 1465 de 2005, que a su vez reglamentó los

artículos 9 de la Ley 21 de 1982, el parágrafo 1 del artículo 1 de la Ley 89 de 1988, 287 de la Ley 100 de 1993, el numeral
4 del artículo 30 de la Ley 119 de 1994, 15 de la Ley 797 de 2003 y 10 de la Ley 828 de 2003.

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Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

A partir del anterior análisis, se deberán negar las súplicas de la demanda, ya que
la fórmula que sugirió la actora para liquidar el IBC en época de vacaciones de los
trabajadores particulares no es razonable ni permite una aplicación uniforme en los
sectores público y privado, por lo que incumplió con la carga que le asistía de
demostrar que el acto acusado quebrantó el ordenamiento superior y que existía un
método de cálculo más correcto que el implementado en el acto acusado.

2.6. La condena en costas

En consideración a que se trata de un medio de control de nulidad, en el que se
ventila un asunto de interés público, no se impondrá condena en costas, de
conformidad con lo previsto en el artículo 18859 del CPACA.

3. Conclusión

Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado y en
el acervo probatorio, se concluye que la accionante no logró desvirtuar la legalidad
del artículo 70 del Decreto 806 de 1998.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Negar las pretensiones de la demanda de nulidad formulada por la señora
Sandra Milena Quevedo Gómez contra el artículo 70 del Decreto 806 de 1998, «por
el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la
prestación de los beneficios del servicio público esencial de Seguridad Social en

59 Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre

la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

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Radicación: 11001-03-25-000-2015-00232-00 (0434-2015)
Demandante: Sandra Milena Quevedo Gómez

Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional», expedido
por el presidente de la República, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de esta sentencia.

Segundo. Sin condena en costas.

Tercero. En firme esta decisión, por Secretaría de la Sección Segunda, háganse
las anotaciones correspondientes y archívese el expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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33

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