Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00602-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 25000-23-37-000-2018-00602-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 25000-23-37-000-2018-00602-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
30 de noviembre de 2023
Radicado: 25000-23-37-000-2018-00602-01 [26899]
Demandante: Javier Mauricio Gómez Parrado
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-37-000-2018-00602-01 [26899]
Demandante: JAVIER MAURICIO GÓMEZ PARRADO
Demandado: UAE DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES
PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP
Temas: Contribuciones a salud y pensión (enero a diciembre de 2014).
Base gravable. Mensualización de ingresos. Valoración probatoria.
Sanción por no declarar. Devolución de aportes
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1 contra la
sentencia del 7 de octubre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, que resolvió2:
«PRIMERO. DECLÁRASE la nulidad parcial de la Resolución No. RDO-2017-01235 del 31 de
mayo de 2017, por medio de la cual le fue proferida al demandante liquidación oficial por omisión
en la afiliación y/o vinculación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en
los subsistemas de salud y pensión por los períodos de enero a diciembre de 2014, y le fue
impuesta sanción por no declarar por la conducta de omisión; y la Resolución No. RDC-2018-
00505 del 15 de junio de 2018, que modificó la anterior al desatar el recurso de reconsideración
interpuesto, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho ORDÉNESE a la Unidad Administrativa
Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP a
eliminar la liquidación efectuada respecto de las contribuciones al Sistema de la Protección Social
por los subsistemas de salud y pensión, por el mes de diciembre de 2014, teniendo en
consideración lo expuesto en la parte motiva de la sentencia e igualmente se reliquiden las
sanciones a que haya lugar.
TERCERO. Se niegan las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO. No se condena en costas a la parte vencida, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva […]».
1
Índice 2 de SAMAI. Carpeta: «ED_CDFOLIO1_1CDFOLIO156(.rar) NroActua 2». Archivo:
«38MemorialRecurso20220317135554.pdf».
2
Índice 2 de SAMAI. Carpeta: «ED_CDFOLIO1_1CDFOLIO156(.rar) NroActua 2». Archivo: «35Sentencia201800602.pdf».
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00602-01 [26899]
Demandante: Javier Mauricio Gómez Parrado
ANTECEDENTES
El 27 de octubre de 2016, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la
UAE de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en
adelante, UGPP) expidió el Requerimiento para Declarar y/o Corregir nro. RCD-2016-
01069, en contra de Javier Mauricio Gómez Parrado, por omisión en la afiliación y/o
vinculación al sistema de seguridad social integral por los períodos de enero a
diciembre de 2014, e impuso sanción por omisión3.
El 31 de mayo de 2017, la Subdirección de Determinación de Obligaciones de la UGPP
profirió la Liquidación Oficial nro. RDO-2017-01235, por las conductas, períodos y
sistemas objeto del requerimiento para declarar y/o corregir4.
El 15 de agosto de 2017, el demandante interpuso recurso de reconsideración contra
la liquidación oficial5, el cual fue decidido por la Dirección de Parafiscales de la UGPP
mediante la Resolución nro. RDC-2018-00505 del 15 de junio de 2018, en el sentido
de modificar los ajustes y la sanción por no declarar6.
DEMANDA
La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA),
formuló las siguientes pretensiones7:
«PRETENSIONES PRINCIPALES:
ACTOS DEMANDADOS Y SOBRE LOS QUE RECAE LA NULIDAD TOTAL:
1. Liquidación Oficial RDO-2017-01235 del treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecisiete (2017),
“Por medio de la cual se profiere Liquidación Oficial al señor JAVIER MAURICIO GÓMEZ
PARRADO […] por omisión en la afiliación y/o vinculación de los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral en los Subsistemas de Salud y Pensión por los períodos de enero a diciembre de
2014”, determinando el valor por CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO MIL PESOS M/CTE ($56.364.000) y una Sanción por Omisión por un valor de CIENTO
DOCE MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL PESOS M/CTE ($112.728.000).
2. Resolución RDC-2018-00505 del quince (15) de junio de dos mil dieciocho (2018) “Por medio
de la cual se resuelve el recurso de reconsideración interpuesto contra la Resolución número
RDO-2017-01235 del treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecisiete (2017), a través de la
cual se profirió liquidación oficial a JAVIER MAURICIO GÓMEZ PARRADO […], por omisión en
la afiliación y/o vinculación de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral en los
Subsistemas de Salud y Pensión por los períodos de enero a diciembre de 2014, determinando
un valor por la suma de CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($56.162.200) y una Sanción por Omisión por un valor de CIENTO
DOCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE
($112.324.400).
PRETENSIONES SUBSIDIARIAS:
3
CD fl. 131 c.p. 1. Archivo: «RCD 2016-01069 DEC Y CORRG.pdf».
4
CD fl. 131 c.p. 1. Archivo: «LIQU OFICIAL.pdf».
5
Así consta en los antecedentes de la resolución que decidió el recurso de reconsideración.
6
CD fl. 131 c.p. 1. Archivo: «recurso recons.pdf».
7
Fls. 4 vto. a 5 c.p. 1.
2
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Demandante: Javier Mauricio Gómez Parrado
De manera cordial y como pretensión subsidiaria solicito a su señoría que, en caso de no
conceder la pretensión principal de nulidad total de los actos administrativos mencionados, se
realice un análisis detallado de cada uno de los cargos imputados en la presente demanda, y
realice la reliquidación de la presunta deuda fijada por la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Parafiscal de los siguientes actos, declarando la nulidad parcial y
restablecimiento del derecho:
ACTOS DEMANDADOS Y SOBRE LOS QUE RECAE LA NULIDAD
1. Liquidación Oficial RDO-2017-01235 del treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
[…].
2. Resolución RDC-2018-00505 del quince (15) de junio de dos mil dieciocho (2018) […].
SOBRE EL RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO:
Como consecuencia de la declaratoria de nulidad total o parcial de los anteriores actos
administrativos, solicito que se restablezca el derecho de la demandante en la siguiente forma:
Por concepto de daño emergente:
1. Que se realice la devolución de los pagos realizados por el señor JAVIER MAURICIO GÓMEZ
PARRADO, por omisión en la afiliación y/o vinculación de los aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral en los Subsistemas de Salud y Pensión por los períodos de enero a diciembre de
2014, sumas que deberán ser indexadas y con intereses, de acuerdo con su demostración.
2. Reconocimiento del pago de los gastos incurridos en la defensa jurídica ejercida durante el
proceso administrativo.
3. Reconocimiento del pago de los gastos incurridos por concepto de un auxiliar administrativo
por el perito que se designe en el transcurso del desarrollo del proceso judicial que da inicio con
la radicación de la presente demanda.
CONDENA EN COSTAS
Solicito que se condene en costas a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP,
de conformidad con el artículo 188 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo».
Invocó como disposiciones violadas, las siguientes8:
• Artículos 23, 29 y 338 de la Constitución Política (CP)
• Artículos 127 y 128 del Código Sustantivo del Trabajo (CST)
• Artículos 5 y 13 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)
• Artículo 59 de la Ley 4 de 1913
• Artículos 15 y 157 de la Ley 100 de 1993
• Artículo 3 de la Ley 797 de 2003
• Artículo 30 de la Ley 1393 de 2010
• Artículos 5 y 13 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA)
• Artículo 2 de la Ley 1562 de 2012
• Artículo 50 de la Ley 1739 de 2014
• Artículos 311 y 313 de la Ley 1819 de 2016
• Artículo 65 del Decreto 806 de 1998
8
Fls. 9 a 13 c.p. 1.
3
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Demandante: Javier Mauricio Gómez Parrado
• Artículos 19 y 21 del Decreto 575 de 2013
Como concepto de la violación, expuso9:
Objeción general al proceso de fiscalización
Antes de la Ley 1753 de 2015 no existía norma que estableciera la base gravable para
los trabajadores independientes por cuenta propia o rentistas de capital para aportar
al sistema de seguridad social integral, razón por la cual los elementos de la obligación
tributaria no eran claros para el contribuyente y, en consecuencia, la UGPP carece de
facultad legal de determinación.
Inexistencia de omisión. Afiliación al sistema de salud
El actor está afiliado a salud como cotizante desde 2009, por lo que resulta
incongruente que la entidad exija el cumplimiento de una obligación acatada. La UGPP
realizó una imputación indebida frente a la conducta, que era de mora y no de omisión;
además, no proceden los ajustes a salud porque, cuando el independiente se
encuentra en mora, se suspende la afiliación y no hay lugar a la prestación de servicios.
Vulneración del principio de legalidad
La entidad no puede reemplazar las funciones del Congreso al crear un método para
determinar las obligaciones de los independientes, estableciendo presunciones
legales y vulnerando el principio de legalidad de los tributos.
Imposibilidad de cotizar por falta de claridad en la base gravable
La UGPP tiene la facultad de iniciar el procedimiento de determinación a los
independientes únicamente por los períodos posteriores al 9 de junio de 2015, fecha
en la que entró en vigor la Ley 1753, que en su artículo 135 estableció la base gravable
aplicable.
La base gravable debe tomarse sobre la utilidad
El IBC fue calculado por la totalidad del contrato de obra, cuando lo procedente es
tomar la utilidad obtenida de la parte correspondiente al AIU -Administración, Imprevistos,
Utilidad-, que es el ingreso efectivamente percibido. La entidad yerra al presumir que el
actor devengó el valor total del contrato, prescindiendo de los costos en que incurrió.
No se tienen en cuenta la realidad de los hechos económicos
La UGPP determinó las sumas mensuales percibidas sin tener en cuenta los
comprobantes de ingreso y egreso durante cada período, que reflejan su realidad
económica.
Los ingresos anuales no se causan en todos los meses del año
9
Fls. 13 a 25 c.p. 1.
4
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La entidad presume que algunos ingresos fueron percibidos durante todos los meses
del año, solamente con el fin de que se generen ajustes por todos los períodos de
2014, desconociendo la primacía de la realidad y omitiendo incluir los valores dentro
del mes en el que efectivamente se devengaron.
La UGPP debe tener en cuenta las deducciones de la declaración de renta
La demandada se extralimitó en sus funciones al obviar las deducciones registradas
en la declaración del impuesto sobre la renta. En consecuencia, la UGPP debe tener
en cuenta el 40% de la renta líquida gravable del actor para liquidar los aportes al
sistema, según la base gravable prevista en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002.
Desconocimiento del artículo 82 del ET
Con la decisión de tomar el ingreso bruto sin el reconocimiento de las deducciones, la
entidad obvió determinar los costos presuntos del demandante (art. 82 del ET).
En un archivo Excel, refirió como ingresos y costos en cada período los siguientes10:
Mes Ingresos Costos
1 5.250 13.990.100
2 5.250 55.783.500
3 53.337.875 61.405.030
4 13.657.250 40.726.657
5 1.168.450 48.821.236
6 270.421.912 137.779.366
7 190.004.853 128.656.067
8 785.397.702 166.414.362
9 5.250 37.511.319
10 503.049.913 163.236.538
11 5.250 42.403.737
12 2.573.855.108 251.391.817
TOTAL 4.390.914.063 1.148.119.729
En escrito separado11, solicitó como medida cautelar ordenar a la UGPP abstenerse
de efectuar el cobro coactivo de la obligación, para garantizar el desarrollo de la
actividad económica del demandante12.
OPOSICIÓN
La UGPP se opuso a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
siguiente13:
De conformidad con los artículos 15 y 157 de la Ley 100 de 1993, todos los
trabajadores independientes están obligados a afiliarse y aportar al sistema de
seguridad social integral sobre un IBC que deberá guardar correspondencia con los
10
CD fl. 68 c.p. 1. Archivo: «ANALISIS JAVIER MAURICIO GOMEZ.xlsx».
11
Fl. 69 c.p. 1.
12
Solicitud negada mediante auto del 23 de mayo de 2019. Cfr. CD fl. 156 c.p. 1. Archivo: «16AutoResuelveSuspProvisional.pdf».
13
Fls. 98 a 120 c.p. 1.
5
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ingresos efectivamente percibidos, por lo que el hecho generador y la base gravable
de la obligación tributaria estaban fijados antes de la Ley 1753 de 2015.
El actor incurrió en la conducta de omisión porque no reportó la novedad de ingreso a
su EPS, a pesar de estar obligado a ello en consideración a su capacidad de pago en
el año 2014, sin que se discuta su afiliación a salud.
Para efectos de la integración de la base gravable, no se requiere establecer un
método y un sistema, sino aplicar la tarifa sobre el IBC y, por lo tanto, no se vulneró el
principio de legalidad.
Si el demandante consideraba que los ingresos reportados en la declaración de renta
se devengaron en cuantías o períodos distintos a los propuestos por la entidad, debió
probar esa circunstancia al encontrarse en mejor situación para ello; no obstante, no
respondió el requerimiento para declarar y/o corregir ni realizó manifestación en ese
sentido en el recurso de reconsideración.
Con la demanda se allegaron comprobantes que certifican las fechas en las que fueron
recibidos los ingresos y, al cotejar dichos valores, existe una diferencia de
$326.800.200 que fueron relacionados en diciembre de 2014 en el cuadro, pero según
el soporte externo, en realidad se percibieron en enero. Se refirió al rechazo de algunos
costos por no cumplir los requisitos para su deducción.
El artículo 82 del ET no es aplicable puesto que dicha norma excede la remisión del
artículo 156 de la Ley 1151 de 2007.
TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA
Mediante providencia del 9 de julio de 2020 se prescindió de la audiencia inicial, se
tuvieron como pruebas las aportadas al expediente y se corrió traslado a las partes
para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto14.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección “A”, en la
sentencia apelada: (i) anuló parcialmente los actos administrativos demandados, (ii) a
título de restablecimiento del derecho ordenó a la UGPP: (a) eliminar los ajustes por
omisión en los subsistemas de salud y pensión por el período de diciembre de 2014 y
b) reliquidar la sanción por no declarar, (iii) negó las demás pretensiones y (iv) no
condenó en costas, con fundamento en lo siguiente15:
De conformidad con los artículos 15 y 157 de la Ley 100 de 1993, los trabajadores
independientes con capacidad de pago deberán afiliarse al sistema de seguridad social
integral. En la declaración de renta del demandante consta que percibió ingresos
superiores a un salario mínimo, por lo que tenía la obligación de afiliarse, liquidar y
pagar aportes al sistema. Negó el cargo.
14
CD fl. 156 c.p. 1. Archivo: «24AutoCancAudNiegPruebTraslAleg201800602.pdf».
15
Índice 2 de SAMAI. Carpeta: «ED_CDFOLIO1_1CDFOLIO156(.rar) NroActua 2». Archivo: «35Sentencia201800602.pdf».
6
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Demandante: Javier Mauricio Gómez Parrado
El actor incurrió en la conducta de omisión porque no se afilió al sistema como
independiente por la actividad económica que le generó ingresos en el año 2014 y, en
consecuencia, no pagó los aportes correspondientes teniendo la obligación de hacerlo,
por tener capacidad de pago. El aportante se vinculó a salud y pensión hasta el año
2016, con ocasión de la respuesta al requerimiento para declarar y/o corregir, lo que
no subsana el incumplimiento que originaron los ajustes en los actos demandados.
Negó el cargo.
El IBC para los trabajadores independientes no podrá ser inferior al salario mínimo y
deberá guardar correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el
afiliado, previa deducción de las erogaciones propias de su actividad. En esa medida,
no existe norma que indique que la base gravable corresponda al AIU. Negó el cargo.
Previo a presumir el ingreso mensualizado, la entidad envió el requerimiento de
información para solicitar al aportante el detalle de los ingresos brutos y los costos
asociados a su actividad económica; sin embargo, no allegó los soportes de las sumas
causadas durante el período fiscalizado. Con el recurso de reconsideración anexó
documentos para acreditar valores percibidos por $3.769.441.836 pero, como en la
declaración de renta los mismos ascendieron a $4.371.007.000, se generó una
diferencia que fue prorrateada en los doce meses del año.
Los certificados de contador sobre los ingresos de marzo, abril, mayo, julio, agosto,
octubre y diciembre de 2014 no cuentan con soportes para constatar que las sumas
allí reflejadas se recibieron en esos períodos y, además, la relación de ingresos en
Excel elaborada por el actor no concuerda con la prueba del contador. Por lo tanto,
proceden los ingresos determinados por la entidad en la resolución que decidió el
recurso de reconsideración.
En cuanto a los costos y deducciones, se aceptaron costos deducibles por
$1.138.687.778 y se rechazó la suma de $9.381.950, porque los documentos
allegados no tienen número de factura o NIT del proveedor.
Con todo, si bien se tuvieron en cuenta los costos procedentes para los meses
comprendidos entre enero y noviembre de 2014, el IBC determinado no varió respecto
de los actos acusados, que continuó superando el tope de 25 SMMLV.
Por el contrario, para el mes de diciembre de 2014 los costos superaron el valor de los
ingresos brutos, y como los aportes solo se pagan cuando se genera un ingreso, no
proceden los ajustes a salud y pensión por ese período. Prosperó el cargo
parcialmente.
La UGPP no desconoció el artículo 82 del ET porque acudió a la declaración de renta
como prueba de los ingresos del actor, como lo prevé esa disposición. Además, el
demandante no allegó prueba tendiente a demostrar los costos en los que incurrió para
desarrollar su actividad económica, pues fue con ocasión de la demanda que aportó
tales soportes, que fueron analizados en sede judicial. Negó el cargo.
RECURSO DE APELACIÓN
7
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Demandante: Javier Mauricio Gómez Parrado
La parte demandante16 apeló la sentencia de primera instancia, con fundamento en
lo siguiente:
Indebida valoración del material probatorio
El tribunal omitió valorar las pruebas aportadas, en específico, los comprobantes de
egresos suministrados por las entidades contratantes, en las que se evidencian los
meses en los que se recibieron los ingresos y, como los documentos no fueron objeto
de reproche por la UGPP, debieron ser analizados por el a quo. Se reiteró que la
entidad «crea un método sin fundamento legal contra los independientes, estableciendo
presunciones legales y vulnerando el principio de legalidad del tributo […] debido a que la ley
exige establecer el ingreso efectivamente percibido de forma mensual, según lo señalado en
el parágrafo del artículo 1 del Decreto 510 de 2003»17.
Los ingresos anuales no se causan en todos los meses del año
Se reitera la inexistencia de presunciones legales que le permitan a la entidad imputar
los ingresos anuales a todos los meses del año. Relacionó los ingresos percibidos por
el actor de la siguiente forma18:
MES TOTAL INGRESO 2014
ENERO 326.800.200
FEBRERO -
MARZO 53.332.625
ABRIL 13.652.000
MAYO 1.163.200
JUNIO 270.416.662
JULIO 189.999.603
AGOSTO 785.392.452
SEPTIEMBRE -
OCTUBRE 503.044.663
NOVIEMBRE -
DICIEMBRE 1.515.574.516
TOTAL 3.332.575.721
La base gravable debe tomarse sobre la utilidad del AIU
El IBC fue determinado por el valor del contrato, cuando lo procedente es tomar la
utilidad obtenida del desglose del AIU, que es el ingreso efectivamente percibido y, por
esa razón, la UGPP no puede liquidar los aportes al sistema sobre la totalidad de los
contratos de obra.
Vulneración del principio de legalidad. Imposibilidad de cotizar por falta de
claridad en la base gravable
Para la vigencia fiscalizada, no existía base gravable sobre la cual realizar los aportes
a seguridad social integral, vacío normativo que fue regulado hasta la expedición de la
16
Índice 2 de SAMAI. Carpeta: «ED_CDFOLIO1_1CDFOLIO156(.rar) NroActua 2». Archivo:
«38MemorialRecurso20220317135554.pdf».
17
Pág. 3 del recurso de apelación.
18
Pág. 5 del recurso de apelación.
8
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Demandante: Javier Mauricio Gómez Parrado
Ley 1753 de 2015, aplicable a partir de junio de 2015. En el presente caso, la entidad
debía tener en cuenta la base gravable para el subsistema de salud prevista en el
artículo 23 del Decreto 1703 de 2002, que corresponde al 40% del valor bruto del
contrato dividido por su tiempo de duración en meses.
Vulneración al principio de igualdad
De considerarse que la base gravable estaba definida para el año 2014, debe
establecerse sobre el 40% del ingreso efectivamente percibido, según lo prevé el
artículo 23 del Decreto 1703 de 2002.
Inexistencia de la omisión
No proceden los ajustes al subsistema de salud ni los intereses moratorios porque el
trabajador se encuentra suspendido del sistema por mora, lo cual implica que no se
generan pagos de prestaciones asistenciales y económicas.
El demandante no está obligado a asumir la sanción por omisión, toda vez que la
norma indica que se liquidará según el número de trabajadores y, en el presente
asunto, el actor fue requerido en calidad de independiente y no como empleador.
Inobservancia de los principios sancionatorios
En la sentencia recurrida no se observa que se dé aplicación a los principios de
lesividad, proporcionalidad y gradualidad de la sanción de conformidad con el artículo
197 de la Ley 1607 de 2012, vulnerándose los derechos a la defensa e igualdad del
actor.
Devolución de aportes y pago mediante planilla tipo J
Solicitó que, si se decreta la nulidad de los actos administrativos demandados, se le
ordene a la UGPP devolver los aportes realizados conforme a lo previsto en el artículo
311 de la Ley 1819 de 2016 y, de existir deuda alguna con el sistema, que dicho pago
se disponga mediante las planillas tipo J.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación interpuesto por la parte demandante se admitió mediante auto
del 6 de septiembre de 202219. Al no ser necesaria la práctica de pruebas en segunda
instancia no se corrió traslado para alegar de conclusión (nums. 4 y 5, art. 247 del
CPACA).
Dentro del término de ejecutoria la parte demandada no se pronunció sobre el recurso.
La demandante reiteró los argumentos expuestos en el escrito de apelación20. El
Ministerio Público no emitió concepto.
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Índice 4 de SAMAI.
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Índice 11 de SAMAI.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide sobre la legalidad de la liquidación oficial proferida por la UGPP contra el
demandante, por omisión en la afiliación y/o vinculación al sistema de seguridad social
integral por los períodos de enero a diciembre de 2014 y, por la que se le impuso
sanción por omisión, así como de la resolución que resolvió el recurso de
reconsideración, en el sentido de reducir los ajustes y la sanción.
En los términos del recurso de apelación de la parte demandante, la Sala deberá
establecer: (i) si antes de la entrada en vigor del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015
(9 de junio), existía o no base gravable sobre la que los trabajadores independientes
no vinculados mediante contrato de prestación de servicios debían liquidar y pagar las
cotizaciones a los subsistemas de salud y pensión, (ii) si por disposición del artículo
209 de la Ley 100 de 1993, cuando se suspende la afiliación no se causa deuda o
interés al subsistema de salud, (iii) si es procedente la mensualización de ingresos que
realizó la UGPP para determinar la base de cotización, (iv) si el tribunal valoró los
comprobantes de egreso para determinar el período de causación de los ingresos, (v)
la legalidad de la sanción por no declarar y si son aplicables los principios de lesividad,
proporcionalidad y gradualidad, y (vi) si hay lugar a la devolución de aportes pagados
en exceso.
1. Del IBC de aportes a salud y pensión a cargo de los trabajadores por
cuenta propia y/o independientes no vinculados mediante contrato de prestación
de servicios
Sobre el IBC -antes de la entrada en vigor del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 (9 de junio)- para
las cotizaciones a salud y pensión de los trabajadores por cuenta propia y/o
independientes no vinculados mediante contrato de prestación de servicios, la
Sección se pronunció en la sentencia del 14 de septiembre de 202321, en la que se
concluyó que sí existía base gravable, como pasa a exponerse a partir del siguiente
desarrollo normativo:
Tratándose del subsistema de pensión, los artículos 15 y 19 de la Ley 100 de 1993,
modificados por los artículos 3 y 6 de la Ley 797 de 2003, respectivamente, disponen
que:
«Artículo 15. Afiliados. Serán afiliados al Sistema General de Pensiones:
1. En forma obligatoria: Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o como
servidores públicos. Así mismo, las personas naturales que presten directamente servicios al
Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de
prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten, los trabajadores
independientes22 […]
Parágrafo 1. En el caso de los trabajadores independientes se aplicarán los siguientes principios:
a) El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar
correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado 23. De tal manera que
21
Exp. 26001, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
22
Expresión declarada exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-259 de 2009, M.P. Mauricio González Cuervo.
23
Aparte subrayado declarado exequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-1089 de 2003, M.P. Álvaro Tafur Galvis,
«en el entendido que las expresiones “El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al salario mínimo y deberá guardar
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aquellos que posean capacidad económica suficiente, efectúen los aportes de solidaridad
previstos en la ley […]
Artículo. 19. Base de cotización de los trabajadores independientes. Los afiliados al sistema
que no estén vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de prestación de servicios o como
servidores públicos, cotizarán sobre los ingresos que declaren ante la entidad a la cual se afilien,
guardando correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos. […]» [Resalta la Sala].
Nótese que las citadas normas coinciden en señalar que, el ingreso base de cotización
de los trabajadores independientes debe guardar «correspondencia con los ingresos
efectivamente percibidos», no obstante, no se ocupan de puntualizar el alcance de la
expresión.
Fue el parágrafo 1º del artículo 1 del Decreto 510 de 200324, que reglamenta el artículo
3 de la Ley 797 de 2003, que a su vez modificó el artículo 15 de la Ley 100 de 1993
(antes citado), el que establece que «[s]e entiende por ingresos efectivamente percibidos
por el afiliado aquellos que él mismo recibe para su beneficio personal. Para este efecto,
podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que debe erogar para desarrollar su
actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto
Tributario».
Ahora, debe advertirse que el artículo 1 del Decreto 510 de 2003 reglamenta lo
referente al deber de afiliación de «las personas naturales que prestan directamente
servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado bajo la modalidad de
contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de servicios que adopten»,
quienes al igual que los trabajadores independientes, deben realizar las cotizaciones
sobre una base que corresponde a los ingresos efectivamente percibidos, por lo que
el solo hecho de que la definición de este último presupuesto esté delimitada en una
norma que no alude a los sujetos pasivos como el aquí demandante, no impide que se
tenga en cuenta para efectos de establecer lo que en materia de contribuciones para
los trabajadores independientes se entiende por ingresos efectivamente percibidos,
pues se trata de la fijación de la base gravable para cumplir con las obligaciones del
mismo sistema.
Razonar lo contrario implicaría suponer la necesidad de que el legislador o el Gobierno
tuvieran que indicar frente a cada afiliado independiente –género-, el alcance de las
expresiones, desconociendo que en esta materia es imprescindible interpretar de
forma sistemática las normas que regulan los elementos de la obligación.
Al respecto, debe señalarse que la potestad reglamentaria en materia de seguridad
social que ejerce el Presidente de la República, como, por ejemplo, al expedir el
mencionado Decreto 510 de 2003, «permiten el desarrollo de la ley, siempre que al hacerlo
no restrinja o exceda los límites previstos por el legislador».
Como lo ha explicado esta Sección25, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe
respetar los principios de necesidad y legalidad, el primero se refiere a la obligación
de desarrollarse únicamente sobre aspectos de la ley que requieran de precisión para
correspondencia con los ingresos efectivamente percibidos por el afiliado contenidas en el literal a) del referido parágrafo
presuponen la existencia de un ingreso efectivo por parte del trabajador independiente para hacer obligatoria su cotización».
24
«Por medio del cual se reglamentan parcialmente los artículos 3°, 5°, 7°, 8°, 9°, 10° y 14° de la Ley 797 de 2003».
25
Cfr. sentencias del 10 de agosto de 2017, exp. 20464, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto (E), del 6 de diciembre de 2017,
exp. 19359, C.P. Milton Chaves García y del 26 de febrero de 2020, exp. 23254, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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su correcta implementación, por lo tanto, «entre más amplio, general o ambiguo sea el
contenido de la ley, más amplia será la facultad reglamentaria. Mientras que, por el contrario,
entre más precisa sea la ley menor será el ámbito de la facultad»26. Y el segundo, propende
porque no se exceda el alcance de la ley que dice reglamentar, «pues en ese caso no
está asegurando su cumplimiento, sino adicionando un contenido normativo lo que no tiene
sustento en una norma de rango superior»27.
Es preciso mencionar que esta Sección en sentencia del 12 de agosto de 200628, al
referirse al cargo relacionado con la competencia del Gobierno Nacional «para regular
los aportes en salud y en pensión, en lo concerniente al ingreso base de cotización para las
personas que se vinculan al Estado o empresas particulares, mediante contrato de servicios»,
advirtió que «la base de cotización al sistema de pensiones, tratándose de trabajadores
vinculados por contrato de servicios fue definida directamente por el legislador, luego el
Gobierno Nacional puede en ejercicio de su facultad reglamentaria (art. 189 [11] C.P.), expedir
los actos que permitan el desarrollo de la ley, siempre que al hacerlo no restrinja o exceda los
límites previstos por el legislador en las disposiciones transcritas».
Postura reiterada por esta Corporación en la sentencia del 18 de agosto de 202229,
que decidió el medio de control de nulidad simple promovido contra el artículo 70 del
Decreto 806 de 1998, que regula la «cotización durante la incapacidad laboral, la licencia
de maternidad, vacaciones y permisos remunerados», en la que se precisó que la potestad
reglamentaria «es necesaria para lograr la materialización de los mandatos legislativos, pero
no puede contradecir su texto o espíritu», además que, «el grado de amplitud o detalle con
que el legislador haya regulado un asunto determina el margen de actuación del ejecutivo, por
ende, «ante menos cantidad de materia regulada en la ley, existe un mayor campo de acción
para el ejercicio de la potestad reglamentaria, y viceversa. De hecho, el alcance de la potestad
reglamentaria depende de la valoración política que el Legislador haga de la materia que
desarrolla pues puede regular íntegramente una materia sin dejar margen alguna a la
reglamentación, o abstenerse de reglar algunos aspectos, que el Presidente la reglamente
para su debida aplicación».
En el caso particular, se tiene que la base de cotización al subsistema pensional de
los trabajadores por cuenta propia y/o independientes no vinculados mediante contrato
de prestación de servicios fue establecida directamente por el legislador, al disponer
que serían los «ingresos efectivamente percibidos», situación diferente es que, el
Gobierno Nacional en ejercicio de su facultad reglamentaria definió mediante decreto
el alcance de esa expresión con el propósito de su debida aplicación, frente a todos
los trabajadores independientes, expresión que conforme a la sentencia C-578 de
200930 incluye a todas las personas económicamente activas.
De otra parte, en lo que se refiere al IBC para el subsistema de salud, el parágrafo 2
del artículo 204 de la Ley 100 de 1993, prevé:
«Artículo 204. Monto y distribución de las cotizaciones […]
26
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 12 de febrero de 2020, exp. 24125, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
27
Ibidem.
28
Consejo de Estado, exp. 15399, C.P. Ligia López Díaz. En esa providencia se resolvió sobre la nulidad parcial del artículo 23
del Decreto 1073 de 2002 (cotización en contratación no laboral), del artículo 3 del Decreto 510 de 2003 (límites mínimo y máximo
IBC, etc.) y de la Circular Conjunta 00001 del 6 de diciembre de 2004 (IBC de los contratistas).
29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, expediente 11001-03-25-000-
2015-00232-00 (0434-2015), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
30
M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
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Parágrafo 2. Para efectos del cálculo de la base de cotización de los trabajadores
independientes, el Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunciones de ingreso con
base en información sobre el nivel de educación, la experiencia laboral, las actividades
económicas, la región de operación y el patrimonio de los individuos. Así mismo, la periodicidad
de la cotización para estos trabajadores podrá variar dependiendo de la estabilidad y periodicidad
de sus ingresos […]».
Se advierte que en el inciso segundo del artículo 4 del Decreto 1070 de 1995, el
Gobierno Nacional estableció que «[l]a Superintendencia Nacional de Salud establecerá el
sistema de presunción de ingresos para los trabajadores independientes, el cual deberá ser utilizado
por las Entidades Promotoras de Salud para determinar la base de cotización».
En cumplimiento del anterior mandato, la Superintendencia Nacional de Salud profirió
la Resolución 9 de 199631, en cuyos artículos primero y segundo dispuso:
«Artículo primero. Adoptar el diseño conceptual de la aplicación del sistema de presunción de
ingresos, basado en el modelo de capital humano para los trabajadores independientes, el cual
hace parte integrante de esta Resolución y no podrá ser modificado o adicionado en ningún caso.
Se consideran trabajadores independientes a las personas que se ajustan a la definición indicada
en la parte motiva de esta Resolución.
Artículo segundo. Establecer el sistema de presunción de ingresos para los trabajadores
independientes con base en el diseño adoptado en el artículo anterior, el cual deberá ser utilizado
en la programación o desarrollo de las aplicaciones computacionales por parte de las entidades
promotoras de salud, las cuales deberán estar disponibles a partir del 1 de febrero de 1996».
Posteriormente, el artículo 66 del Decreto 806 de 199832 reafirmó cuál sería la base de
cotización para los trabajadores independientes, en los siguientes términos:
«Artículo 66. Base de cotización de los trabajadores independientes. La base de cotización
para los trabajadores independientes será determinada sobre los ingresos que calcule la EPS de
acuerdo con el sistema de presunción de ingresos definido por la Superintendencia Nacional de
Salud […]».
Por su parte, el artículo 25 del Decreto 1406 de 199933, también se refirió al IBC de los
trabajadores independientes en relación con el sistema de salud, así:
«Artículo 25. Ingreso Base de Cotización para trabajadores independientes afiliados al
Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS. Las entidades promotoras de salud
– EPS deberán, al momento de la afiliación, aplicar con suma diligencia a los trabajadores
independientes los cuestionarios que, con el fin de determinar las bases presuntas mínimas de
los aportes que dichos trabajadores deben efectuar al SGSSS, han establecido los órganos de
control o aquellos que sean establecidos en el futuro.
En todo caso, cuando los ingresos reales del trabajador independiente sean superiores a los que
resulten de la aplicación de las presunciones sobre bases mínimas, los aportes de dicho
trabajador deberán hacerse con base en los ingresos reales. Para tal efecto, los trabajadores
independientes que deseen afiliarse al SGSSS deberán presentar una declaración anual, en la
cual informen a la EPS, de manera anticipada, el Ingreso Base de Cotización que se tendrá en
31
«Por medio de la cual se establece el Sistema de Presunción de Ingresos para los trabajadores independientes».
32
«Por el cual se reglamenta la afiliación al Régimen de Seguridad Social en Salud y la prestación de los beneficios del servicio
público esencial de Seguridad Social en Salud y como servicio de interés general, en todo el territorio nacional».
33
«Por el cual se adoptan unas disposiciones reglamentarias de la Ley 100 de 1993, se reglamenta parcialmente el artículo 91
de la Ley 488 de diciembre 24 de 1998, se dictan disposiciones para la puesta en operación del Registro Único de Aportantes al
Sistema de Seguridad Social Integral, se establece el régimen de recaudación de aportes que financian dicho sistema y se dictan
otras disposiciones».
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cuenta para liquidar sus aportes a partir del mes de febrero de cada año y hasta enero del año
siguiente.
Cuando el trabajador independiente no presente su declaración de Ingreso Base de Cotización
dentro de los plazos previstos en el presente decreto, se presumirá que el Ingreso Base de
Cotización para el período será el declarado en el año inmediatamente anterior, aumentando en
un porcentaje igual el reajuste del salario mínimo legal vigente. En todo caso, dicho Ingreso Base
de Cotización no será inferior a la base mínima legal que corresponda […]». [Subraya de la Sala].
Con la Ley 1438 de 201134, en el artículo 33, el legislador estableció la presunción de
capacidad de pago y de ingresos, como se advierte a continuación:
«Artículo 33. Presunción de capacidad de pago y de ingresos. Se presume con capacidad de
pago y, en consecuencia, están obligados a afiliarse al Régimen Contributivo o podrán ser
afiliados oficiosamente:
33.1 Las personas naturales declarantes del impuesto de renta y complementarios, impuesto a
las ventas e impuesto de industria y comercio.
33.2 Quienes tengan certificados de ingresos y retenciones que reflejen el ingreso establecido
para pertenecer al Régimen Contributivo.
33.3 Quienes cumplan con otros indicadores que establezca el Gobierno Nacional.
Lo anterior, sin perjuicio de poder ser clasificado como elegible al subsidio por medio del Sisbén,
de acuerdo con las normas sobre la materia.
El Gobierno Nacional reglamentará un sistema de presunción de ingresos con base en la
información sobre las actividades económicas. En caso de existir diferencias entre los valores
declarados ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y los aportes al sistema
estos últimos deberán ser ajustados».
Del anterior recuento normativo, se extraen las siguientes conclusiones:
(i) Por disposición legal, el cálculo del IBC para liquidar los aportes a salud quedó
a cargo del Gobierno Nacional mediante la reglamentación de un sistema de
presunción de ingresos, que a su vez el ejecutivo le asignó a la Superintendencia
Nacional de Salud;
(ii) El citado órgano de vigilancia y control por medio de acto administrativo adoptó
y estableció el diseño conceptual del sistema de presunción de ingresos;
(iii) La aplicación del mencionado sistema estaba sujeto a la afiliación voluntaria al
sistema por parte del trabajador independiente, en cuyo caso, las entidades
promotoras de salud debían procurar el diligenciamiento de los cuestionarios que
permitieran establecer la base presunta mínima;
(iv) Cuando los ingresos reales del trabajador independiente superaban los que
resultaban de la aplicación de las presunciones sobre bases mínimas, los aportes
debían hacerse a partir de los ingresos reales;
(v) Las personas naturales declarantes de renta, IVA e ICA, y quienes tienen
certificado de ingresos y retenciones que reflejan el ingreso mínimo para pertenecer al
34
«Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones».
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régimen contributivo, se presumen con capacidad de pago y deben afiliarse, so pena
de ser inscritos oficiosamente;
(vi) El último inciso del artículo 33 de la Ley 1438 de 2011 encargó al Gobierno
Nacional de la reglamentación de un sistema de presunción de ingresos. Pero también
estableció que, si existían diferencias entre los valores declarados ante la DIAN y los
aportes al sistema, estos últimos debían ajustarse.
De lo anterior, para la Sala resulta claro que la presunción de ingresos para efectos de
determinar la base de los aportes al subsistema de salud aplica siempre y cuando el
afiliado no se encuentre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 33 de la
Ley 1438 de 2011 -personas naturales declarantes de renta, IVA e ICA, y quienes tienen certificado
de ingresos y retenciones-, pues en esos eventos no hay duda de que se cuenta con un
indicador de ingreso que desplaza dicha presunción, cuestión que deberá ser
analizada en cada caso.
Así las cosas, no le asiste razón al apelante al afirmar que antes de la entrada en vigor
del artículo 135 de la Ley 1735 de 2015 no existía base gravable para liquidar los
aportes al sistema de seguridad social integral pues, como quedó señalado, en este
caso dicha base estaba conformada por los ingresos reales establecidos siguiendo la
metodología prevista en el parágrafo 1 del artículo 1 del Decreto 510 de 2003, según
el cual, «[s]e entiende por ingresos efectivamente percibidos por el afiliado aquellos que él
mismo recibe para su beneficio personal. Para este efecto, podrán deducirse las sumas que
el afiliado recibe y que debe erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las mismas
condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto Tributario».
De otra parte, en cuanto al argumento del actor en el sentido que «de considerarse que
sí estaba definida la base gravable esta debía ser establecida sobre el 40% del ingreso
efectivamente percibido a la luz de lo dispuesto en el artículo 23 del Decreto 1703 de 2002
[…]»35, es oportuno precisar que la anterior norma36, vigente para la época de los
hechos, establecía el deber de la parte contratante de verificar la afiliación y pago de
35
Pág. 38 del escrito de apelación.
36
«Artículo 23. Cotizaciones en contratación no laboral. Para efectos de lo establecido en el artículo 271 de la Ley 100 de 1993,
en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o
jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de prestación de servicios,
consultoría, asesoría y cuya duración sea superior a tres (3) meses, la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de
aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud.
En el evento en que el ingreso base de cotización no corresponda con el valor mensualizado del contrato, siempre que estén
pactados pagos mensuales, el contratante deberá requerir al contratista para que justifique la diferencia. Si esta diferencia no
tiene justificación válida, deberá descontar del pago de un (1) mes, lo que falte para completar el equivalente a la cotización del
doce por ciento (12%) sobre el cuarenta por ciento (40%) del valor bruto del contrato, dividido por el tiempo de duración del mismo,
en períodos mensuales, para lo cual se entiende que el 60% restante corresponde a los costos imputables al desarrollo de la
actividad contratada. En ningún caso, se cotizará sobre una base inferior a dos (2) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Las sumas descontadas se entregarán a la entidad promotora de salud, EPS, a la cual se encuentre afiliado el contratista, junto
con un documento en el que se ponga en conocimiento la situación para que la EPS revise la presunción de ingresos del contratista
y este deba efectuar la autoliquidación de aportes sobre el nuevo ingreso.
En el evento en que los pagos no sean mensuales y no exista justificación válida de la diferencia, el contratante deberá informar
tal circunstancia a la entidad promotora de salud, EPS, a la cual se encuentre afiliado el contratista, para que dicha entidad le
revise la presunción de ingresos.
Para los efectos del presente artículo se entiende por "valor bruto", el valor facturado o cobrado antes de aplicarle los recargos o
deducciones por impuestos o retenciones de origen legal.
En los contratos de vigencia indeterminada, el Ingreso Base de Cotización será el equivalente al cuarenta por ciento (40%) del
valor bruto facturado en forma mensualizada».
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las cotizaciones en salud del contratista y, en el evento en que la base de cotización
no corresponda al valor mensualizado del contrato sin que medie una justificación
válida, se autoriza al contratante para descontar del pago de un mes la suma restante
para completar la cotización sobre el 40% del valor bruto del contrato y las entregará
a la EPS a la cual se encuentre afiliado el contratista.
En ese orden, la referida norma no preceptúa una base gravable de aportes para los
trabajadores por cuenta propia y/o independientes no vinculados mediante contrato de
prestación de servicios, sino un procedimiento para verificar la afiliación y pago de
aportes al subsistema de salud que, por demás, reglamentó el inciso final del artículo
271 de la Ley 100, relacionado a la regulación de «mecanismos para el control del pago
de cotizaciones de los trabajadores migrantes o estacionales, con contrato a término fijo o con
contrato por prestación de servicios», supuestos fácticos distintos a los del presente
asunto, comoquiera que, según la declaración de renta del actor37, su actividad
económica corresponde a la «construcción de carreteras y vías de ferrocarril»38.
Por esos motivos, no prospera el cargo de apelación, absteniéndose la Sala de
verificar si el IBC corresponde a la utilidad del AIU de los contratos de obra, puesto
que la base gravable para el período discutido está fijada por el ordenamiento jurídico,
en los términos antes expuestos.
2. Suspensión de la afiliación por mora
El artículo 209 de la Ley 100 de 1993 establece que «[e]l no pago de la cotización en el
sistema contributivo producirá la suspensión de la afiliación y al derecho a la atención del Plan
de Salud Obligatorio. Por el período de la suspensión, no se podrán causar deuda ni interés
de ninguna clase».
Mediante la sentencia C-177 de 199839, la Corte Constitucional analizó la anterior
norma en función de los asalariados y servidores públicos declarando la exequibilidad
condicionada, tras considerar que:
«[L]a Corte concluye que el primer segmento del artículo 209 de la Ley 100 de 1993, según el
cual "el no pago de la cotización en el sistema contributivo producirá la suspensión de la afiliación
y al derecho a la atención del plan de salud obligatorio" es claramente constitucional cuando se
trata de la suspensión de servicios en caso de personas no vinculadas a través de relación laboral,
esto es de pensionados, jubilados y trabajadores independientes, pues ellos directamente deben
realizar los pagos de las correspondientes cotizaciones. Por el contrario, y como se ha visto en
los anteriores fundamentos de esta sentencia, es necesario condicionar el alcance de esta norma
a fin de adecuarla a la Carta, cuando se trata de trabajadores dependientes y a servidores del
Estado, pues una aplicación literal puede transgredir los artículos 13, 49 y 83 de la Constitución.
Es por ello que se declarará la exequibilidad condicionada de ese aparte.
Así, y como se precisó en el fundamento 25, la suspensión de la afiliación resulta
desproporcionada en estos casos. Por el contrario, la interrupción de los servicios de salud por la
EPS es conforme con la Carta, pero con las precisiones efectuadas en los fundamentos 29 a 31
de esta sentencia, esto es, que el patrono asume la obligación primaria de prestar tales servicios
al trabajador y a su grupo familiar y que subsiste una responsabilidad subsidiaria de la EPS en
determinados eventos.
37
CD fl. 68 c.p. 1. Archivo: «declaracion de renta ano 2014.docx».
38
CIIU 4210.
39
M.P. Alejandro Martínez Caballero.
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34- En relación con la parte final del artículo 209 de la Ley 100 de 1993, que dispone
expresamente que "por el período de la suspensión, no se podrán causar deuda ni interés de
ninguna clase", la Corte considera que es necesario también condicionar su constitucionalidad
por las siguientes razones:
De acuerdo con el artículo 49 de la Constitución sólo la atención básica de salud debe ser gratuita
para todas las personas, por ende es razonable que el incumplimiento de una obligación
pecuniaria en este campo origine las consecuencias económicas que le garanticen, a la entidad
que debe responder por el servicio, la estabilidad y el equilibrio del sistema. Además, el artículo
365 de la Constitución dispone que es deber del Estado asegurar la prestación eficiente de los
servicios públicos, el cual debe leerse en concordancia con el artículo 2º de la Carta que dispone
como fin de nuestro Estado la efectividad de los derechos consagrados en la Constitución. Por
tal razón, si no existen serias consecuencias contra el empleador o el individuo que incumple, no
se garantiza "a todas las personas el acceso a los servicios de promoción, protección y
recuperación de la salud" (CP art. 49). Finalmente, no debe olvidarse que el actual sistema de
seguridad social en salud se diseñó para también favorecer a las personas sin capacidad de
pago, pues a través del fondo de solidaridad se busca hacer efectivo el derecho a la salud de
quienes objetivamente no pueden cotizar en el sistema. Por ende, si no existen mecanismos
jurídicos que garanticen el pago efectivo de la cotización de quienes pueden hacerlo, se
desconoce el deber ciudadano de solidaridad social que contempla el numeral 2º del artículo 95
constitucional. Por todo lo anterior, la Corte considera que en aquellos casos en que el
incumplimiento es imputable al patrono, entonces no existe ninguna razón para que se lo excluya
del pago de intereses, pues ello constituye una invitación a eludir el pago de esas contribuciones
parafiscales.
Por el contrario, en el caso de los trabajadores independientes y pensionados, la Corte
considera que es razonable el mandato según el cual durante el periodo de la suspensión,
no se podrá causar deuda ni interés de ninguna clase. En efecto, en tales eventos, la
suspensión de la afiliación constituye una consecuencia drástica para la persona afectada,
por lo cual se justifica que se lo exima del pago de intereses, a fin de no hacer
excesivamente gravosa su posterior vinculación al sistema de salud. Por ende, también
se condicionará la exequibilidad de esta frase». [se destaca].
De la citada jurisprudencia se extrae, para lo que interesa al proceso, que durante el
período de la suspensión de la afiliación no se podrá causar deuda ni interés,
comoquiera que dicha situación acarrea la interrupción de la prestación de servicios
en salud, lo que se constituye como una consecuencia desfavorable para el afectado
que, en el caso de los trabajadores independientes, son las mismas personas
obligadas a cotizar al sistema, distinto a lo que acontece, por ejemplo, en las relaciones
laborales dependientes.
Por su parte, el artículo 57 del Decreto 1406 de 199940 prevé que «[l]a afiliación a la EPS
será suspendida después de un mes de no pago de la cotización correspondiente al afiliado,
al empleador o a la administradora de pensiones, según sea el caso, o cuando el afiliado
cotizante que incluyó dentro de su grupo a un afiliado dependiente no cancele la UPC adicional
que corresponda […]».
De las citadas normas se deduce que la falta de pago de la cotización al subsistema
de salud por un mes conduce a la suspensión de la afiliación y, con ello, la cesación
de la prestación de servicios del Plan Obligatorio de Salud, precisándose que, durante
el período de suspensión, no se podrá causar deuda ni interés.
En la sentencia del 9 de noviembre de 202341, la Sala precisó que «si bien el artículo
209 de la Ley 100 de 1993 dispone que no se podrán causar deudas o intereses por
40
Vigente para la época de los hechos.
41
Exp. 27653, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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cotizaciones, esa consecuencia únicamente se predica durante el periodo mismo de la
suspensión de la afiliación, procedimiento que compete a la respectiva entidad promotora de
salud».
Esto es así porque la referida suspensión se enmarca en la relación afiliado-
administradora, que difiere del vínculo aportante-administración tributaria, razón por la
cual «el cumplimiento de la correspondiente obligación tributaria será exigido por quien
ostente la competencia para hacer valer el derecho de crédito del acreedor», de ahí que «el
artículo 209 de la Ley 100 de 1993, invocado por la apelante única, no contempla una
exoneración de las cotizaciones al subsistema de salud que están a cargo del empleador, ni
enerva el carácter coactivo de las obligaciones tributarias consistentes en realizar aportes al
SPS»42.
Por tales motivos, «[u]n razonamiento contrario implicaría asumir que la falta de pago de las
cotizaciones derivaría, por sí sola y automáticamente en la suspensión de la afiliación en salud
y los consecuentes efectos establecidos por el artículo 209 de la Ley 100 de 1993,
interpretación que tornaría inoperantes las facultades otorgadas a la UGPP por el artículo 156
de la Ley 1151 de 2007 para la “determinación de la adecuada, completa y oportuna liquidación
y pago de las contribuciones parafiscales de la Protección Social” y de “establecer la
ocurrencia de los hechos generadores de las obligaciones definidas por la ley […]”».
En el asunto bajo examen, es un hecho aceptado por las partes que el señor Javier
Mauricio Gómez Parrado se afilió a salud como cotizante el 1º de septiembre de 2009,
cuestión que conduce a la Sala a inferir que no se produjo la suspensión en la afiliación
sino, por el contrario, estuvo vigente en el período fiscalizado.
Así, la conducta de incumplimiento reprochada por la UGPP corresponde a la omisión
en la afiliación y/o vinculación al régimen contributivo en salud dada la capacidad de
pago del demandante. Al no mediar prueba de la suspensión, no procede la
consecuencia legal contenida en el artículo 209 de la Ley 100 de 1993 referente a la
imposibilidad de que se causen deudas o intereses en ese subsistema.
De esa forma, la sola falta de pago de las cotizaciones no es suficiente para agotar las
potestades de determinación de la administración tributaria respecto de la verificación
de los hechos generadores de las obligaciones con el sistema de seguridad social
integral que, se repite, difiere de la relación entre el afiliado y la entidad administradora
para la prestación de servicios en salud. Sumado a que, en sede judicial, se constató
la afiliación del aportante sin acreditarse suspensión alguna.
Por tal razón, la Sala no comparte la posición del apelante en el sentido que la entidad
no puede cobrar las cotizaciones debido a que no se causó deuda, según su
interpretación del artículo 209 de la Ley 100 de 1993 puesto que, de una parte, la
consecuencia prevista por esa norma está referida a que, en efecto, se suspenda la
afiliación en salud y, por otra, en el caso concreto no se probó la aludida cesación, sino
que el demandante estaba afiliado en el año 2014. No prospera el cargo de apelación.
3. Determinación del ingreso base de cotización a los subsistemas de salud
y pensión. Mensualización del ingreso
42
Sentencia del 20 de abril de 2023, exp. 26630, C.P. Wilson Ramos Girón.
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El apelante adujo que no existen presunciones legales que le permitan a la entidad
dividir los ingresos anuales proporcionalmente a todos los meses de la vigencia 2014,
desconociendo en qué períodos efectivamente se devengaron.
Para resolver, en el expediente están probados los siguientes hechos:
• En la declaración del impuesto sobre la renta del año 2014, el señor Javier
Mauricio Gómez Parrado registró los siguientes ingresos:
INGRESOS RENGLÓN VALOR
Ingresos brutos operacionales 42 4.371.007.000
Intereses y rendimientos financieros 44 63.000
Total ingresos brutos 45 4.371.070.000
• En el acto que decidió el recurso de reconsideración, y una vez valoradas las
pruebas allegadas en sede administrativa, la UGPP determinó los ingresos y el IBC de
los períodos fiscalizados de la siguiente forma43:
Mes Ingresos Ingresos mensualizados Total ingreso IBC
mensualizados al no existir prueba del año 2014
soportados con el pago en un mes
recurso específico
1 266.292.724 50.135.680 316.428.404 14.738.000
2 80.339.582 50.135.680 130.475.262 15.400.000
3 89.240.875 50.135.680 139.376.555 15.400.000
4 335.326.400 50.135.680 385.462.080 15.400.000
5 349.925.848 50.135.680 400.061.528 15.400.000
6 521.173.930 50.135.680 571.309.610 15.400.000
7 283.580.076 50.135.680 333.715.756 15.400.000
8 465.446.846 50.135.680 515.582.526 15.400.000
9 532.591.846 50.135.680 582.727.526 15.400.000
10 554.159.346 50.135.680 604.295.026 15.400.000
11 291.364.364 50.135.680 341.500.044 15.400.000
12 0 50.135.680 50.135.680 15.400.000
TOTAL 3.769.441.837 601.628.160 4.371.069.997 ---------
Así, para determinar los ingresos del aportante en el año 2014, la UGPP tomó el total
declarado en renta, restó los montos soportados por el actor con la interposición del
recurso de reconsideración y la diferencia la dividió en los 12 períodos, operación que
se resume de la siguiente forma:
4.371.069.997 – 3.769.441.837 = 601.628.160 / 12 = 50.135.680
El resultado lo sumó a cada uno de los ingresos acreditados por período, como por
ejemplo, en el mes 1, así:
266.292.724 + 50.135.680 = 316.428.404
Luego, fijó el ingreso base de cotización en el tope de los 25 SMMLV, teniendo en
cuenta para calcular el límite en el mes de enero de 2014 el salario mínimo mensual
legal vigente del año 2013 y para febrero a diciembre el del 2014.
43
Pág. 17 de la resolución que decidió el recurso.
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El apelante cuestionó la determinación del ingreso y del IBC realizada por la UGPP,
porque a su juicio no es procedente mensualizar los ingresos ante la inexistencia de
una presunción legal en ese sentido. Para el efecto, relacionó los ingresos percibidos
en el período en discusión, de la siguiente forma44:
Mes Ingresos
1 326.800.200
2 0
3 53.332.625
4 13.652.000
5 1.163.200
6 270.416.662
7 189.999.603
8 785.392.452
9 0
10 503.044.663
11 0
12 1.515.574.516
TOTAL 3.332.575.721
Adicionalmente, con la demanda anexó un certificado expedido por contador público45
y un archivo Excel, en los que constan que el actor recibió los siguientes ingresos en
el año 2014:
Ingresos certificado Ingresos archivo Excel
Mes
contador demanda
1 0 5.250
2 0 5.250
3 53.332.625 53.337.875
4 13.652.000 13.657.250
5 1.163.200 1.168.450
6 0 270.421.912
7 585.656.436 190.004.853
8 170.000.000 785.397.702
9 0 5.250
10 722.780.282 503.049.913
11 0 5.250
12 1.498.890.015 2.573.855.108
TOTAL 3.045.474.558 4.390.914.063
En la sentencia de primera instancia se valoró el certificado contable allegado,
concluyendo que no reúne los requisitos para reconocerlo como prueba suficiente, en
razón a que los valores reflejados carecían de soportes para corroborar la información
y que, en todo caso, la relación de ingresos elaborada por el actor no fungía como
elemento probatorio idóneo que, además, no concuerda con lo acreditado por el
contador.
La Sala advierte que la relación de ingresos aportada con la apelación tampoco
coincide con los dos documentos anteriores, allegados con la demanda.
44
Pág. 5 del recurso de apelación.
45
CD fl. 68. Carpeta: «5. CERTIFICACIONES CONTADOR». Archivo: «CERTIFICACION DE INGRESOS 2014».
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Frente a la diferencia entre el total declarado en renta ($4.371.070.000) y lo soportado
en sede administrativa ($3.769.441.837) que fue mensualizado por la entidad y en que
se concreta el argumento del apelante, se evidencia que la determinación de la
administración se fundamentó en la ausencia de prueba sobre el período en el que se
recibieron los pagos por valor de $601.628.160.
Al respecto, debe precisarse que la manifestación del actor, por sí sola, no conduce a
la nulidad de la actuación, en tanto que al demandante le correspondía desvirtuar la
determinación del ingreso realizada por la entidad a partir de las pruebas sobre el valor
y período en el que se percibió, y si bien en sede judicial se aportó un archivo de
relación de ingresos ($4.390.914.063) y un certificado contable de las sumas
devengadas ($3.045.474.558), no se justificó la diferencia con lo declarado en renta
($4.371.070.000), precisándose que los devengos enunciados en el escrito de
apelación ($3.332.575.721) tampoco guardan concordancia con los elementos
probatorios allegados con la demanda.
De manera que, una vez fijados por la administración los ingresos que conforman la
base gravable a partir de lo registrado en la declaración de renta, si el aportante
considera que no son ciertos, le asiste la carga de aportar las pruebas que soporten el
valor recibido en cada período fiscalizado, lo cual no ocurrió en tanto, se repite, el actor
no justificó la diferencia del total declarado en renta por $601.628.160 ni precisó los
períodos en los que percibió esa suma. Por lo tanto, no prospera el cargo de
apelación.
4. Valoración probatoria
Para el apelante, el tribunal no valoró los comprobantes de egreso de las entidades
contratantes allegados con la demanda, en los que constan los períodos en los que
devengó sus ingresos durante la vigencia 2014.
En relación con la valoración de los medios de prueba referidos, en la sentencia
apelada se afirmó lo siguiente46:
«Ahora bien, la Sala destaca que con la demanda el señor Javier Mauricio Gómez Parrado allegó
un cd visible a folio 68, en el cual se encuentran las carpetas denominadas “1. CONTRATOS”,
“2. COSTOS Y GASTOS”, “3. RETENCIONES AÑO 2014”, “4. COMPROBANTES DE EGRESO”
y “5. CERTIFICACIONES CONTADOR”, además, un archivo Excel “ANALISIS JAVIER
MAURICIO GOMEZ”, en el que se discriminaron pestañas bajo los nombres de “Ingresos”,
“Costos y Gastos, entre otras; los anteriores documentos con el fin de demostrar los
ingresos mensualizados y los costos y deducciones en que se incurrió para los meses
fiscalizados del año 2014.
Así en primera medida la Sala considera pertinente aclarar que en el proceso judicial es
plenamente válido aportar pruebas que no fueron presentadas en sede administrativa, esto en
virtud del principio de libertad probatoria y el derecho que le asiste a las partes de aportar los
medios de prueba necesarios a fin de acreditar los supuestos de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.
En esos términos la Sala procederá a analizar las pruebas aportadas por la parte
demandante, con el fin de determinar los ingresos mensuales percibidos por el señor
Gómez Parrado en el año 2014 y los costos y deducciones en los cuales incurrió en desarrollo
de su actividad económica generadora de renta y, determinar si cumplen con los requisitos de
46
Págs. 32 a 39 de la sentencia apelada.
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causalidad, necesidad y proporcionalidad previstos en el artículo 107 del ET, así como los
señalados en los artículos 771-2 del referido Estatuto.
• Ingresos
Al respecto la parte demandante allegó una serie de contratos suscritos con los municipios de
Chipaque, Fosca, Une, Guayabetal, Villa Gómez y la Empresa de Inmobiliaria Cundinamarquesa,
además, comprobantes de egreso de las anteriores entidades y de la Cooperativa Multiactiva
de Transporte.
Asimismo, se anexó cuadro Excel pestaña denominada “Ingresos” en el cual discriminó mes a
mes los ingresos que obtuvo por el año 2014 […]
En primera medida la Sala destaca que en los ingresos percibidos por el mes de diciembre
de 2014 ($1.515.574.516), el demandante incluyó uno por valor de $326.800.200,
correspondiente al comprobante de egreso suministrado por la Cooperativa Multiactiva de
Transporte; sin embargo, al verificar el documento se advierte que el ingreso corresponde
es al mes de enero de 2014 y no al mes de diciembre de 2014 como lo indicó el demandante.
[…]
En el presente caso, después de examinar los antecedentes administrativos y las pruebas que
fueron allegadas con la demanda, se constata que los certificados del contador del demandante,
respecto de los ingresos de los meses de marzo, abril, mayo, julio, agosto, octubre y diciembre
de 2014, no tiene soportes contables para poder tener total certeza que dicha suma fue percibida
en esos períodos, pues se bien se indica, el mes en el cual se originaron y el valor, no hay registro
del cliente del cual se origina el ingreso, la fuente y la descripción, además, no hay registro o
prueba contable que permita corroborar dicha información […]
Conforme lo anterior, para el año 2014 la Sala tomará los ingresos determinados por la UGPP en
la Resolución No. RDC 2018-00505 del 15 de junio de 2018, por medio de la cual se resolvió el
recurso de reconsideración, pues no puede desconocerse la situación consolidada por la misma
Unidad […]» [Se resalta].
Según lo anterior, se precisa que el a quo valoró las pruebas aportadas con la
demanda para acreditar los períodos en los que el actor devengó sus ingresos,
incluyendo los comprobantes de egreso referidos en la apelación; tanto es así que, de
los valores señalados por el demandante como percibidos en el mes de diciembre, el
tribunal encontró que el comprobante de egreso expedido por la Cooperativa
Multiactiva de Transportadores de Oriente (por $326.800.20047) correspondía al mes
de enero de 2014, y no de diciembre, como lo indicó el aportante en su relación de
Excel48.
Pese a lo anterior, el a quo mantuvo los ingresos determinados por la UGPP en la
resolución que decidió el recurso de reconsideración, ello para no hacer más gravosa
la situación del actor en lo que concierne a la liquidación de aportes por el período de
enero de 2014.
Por otra parte, el tribunal analizó las facturas y documentos equivalentes aportados
con la demanda, reconoció costos por un valor total de $1.138.687.778 y rechazó la
suma de $9.381.950 toda vez que los soportes allegados no contaban con número de
factura o el NIT del tercero.
47
CD fl. 68. Carpetas: «4. COMPROBANTES DE EGRESO» y «4. COOPERATIVA MULTIACTIVA». Archivo: «COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES».
48
Cfr. CD fl. 68. Archivo: «ANALISIS JAVIER MAURICIO GOMEZ».
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De ahí que el a quo depuró los ingresos durante la vigencia de 2014 y concluyó que,
si bien se tuvieron en cuenta las expensas incurridas por el actor, el IBC de enero a
noviembre no varió, pues continuaba superándose el tope de cotización de 25 SMMLV;
y comoquiera que las erogaciones excedieron las sumas devengadas en diciembre,
ordenó a la entidad eliminar los ajustes por ese período, como consta en la depuración
de la base de cotización realizada en la sentencia apelada49:
Valor mensualizado Ingreso IBC
Ingresos (Recurso costos y depurado
Mes
de reconsideración) deducciones
aceptados
Enero 316.428.404 13.990.100 302.438.304 14.738.000
Febrero 130.475.263 55.783.500 74.691.763 15.400.000
Marzo 139.376.555 61.405.030 77.971.525 15.400.000
Abril 385.462.080 39.422.657 346.039.423 15.400.000
Mayo 400.061.528 45.745.236 354.316.292 15.400.000
Junio 571.309.610 133.706.866 437.602.744 15.400.000
Julio 333.715.757 127.919.617 205.796.140 15.400.000
Agosto 515.582.526 166.414.362 349.168.164 15.400.000
Septiembre 582.727.526 37.281.319 545.446.207 15.400.000
Octubre 604.295.026 163.236.538 441.058.488 15.400.000
Noviembre 341.500.044 42.403.737 299.096.307 15.400.000
Diciembre 50.135.680 251.378.816 -201.243.136
TOTAL 4.371.070.000 1.138.687.778 3.232.382.221 168.738.000
En ese contexto, no le asiste razón al apelante en su argumento, según la cual el
tribunal omitió valorar las pruebas aportadas, en específico, los comprobantes de
egreso de las entidades contratantes para determinar los períodos en los que se
devengaron los ingresos durante el año 2014 pues como se analizó, el a quo se
pronunció sobre los elementos probatorios allegados en sede judicial. En
consecuencia, no prospera el cargo de apelación.
5. Sanción por no declarar. Principios de lesividad, proporcionalidad y
gradualidad
El artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 establece como conductas sancionables la
omisión en la afiliación y/o vinculación y no pago de los aportes al sistema de la
protección social en la fecha establecida, así como la inexactitud entre los aportes
declarados y los dejados de pagar. Para cada una de las conductas se establecen
extremos temporales que inciden en el porcentaje de la sanción, y particularmente
frente a la omisión también repercute el número de trabajadores y la calidad del
aportante.
Es así como, tratándose de la omisión en el evento de trabajadores independientes
que, como quedó resuelto, comprende los rentistas de capital, la sanción tiene tres
momentos, a saber: (i) antes de la notificación del requerimiento para declarar (3%),
(ii) con la notificación del requerimiento para declarar (6%), y (iii) con la notificación de
la liquidación oficial (12%).
49
Pág. 46 de la sentencia apelada.
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Con la Ley 1819 de 2016 (art. 314) se redujeron los porcentajes para la citada sanción,
fijándolos de la siguiente forma: (i) a quien se le haya notificado requerimiento para
declarar y/o corregir se le impondrá una sanción equivalente al 5% del valor dejado de
liquidar y pagar por cada mes o fracción de mes de retardo, sin que exceda el 100%
del valor del aporte a cargo, sin perjuicio de los intereses de mora, y (ii) si no se
presentan y pagan las autoliquidaciones dentro del término para responder el
requerimiento para declarar y/o corregir, la sanción se incrementa al 10% y el límite al
200%. Aclarándose que, si la declaración se presenta antes del requerimiento, no hay
lugar a su imposición.
El tribunal consideró que, como el aportante incumplió su deber de afiliación y
vinculación a los subsistemas de salud y pensión procedía la imposición de la sanción
por no declarar establecida en la Ley 1819 de 2016 (art. 314), en aplicación del
principio de favorabilidad, como lo determinó la UGPP en el acto que decidió el recurso
de reconsideración.
A juicio del apelante, la sanción por omisión solo procede en las relaciones laborales
en las que median empleador y trabajador, no siendo así el caso de los independientes,
en tanto aquellos no cuentan con empleados a su cargo.
Al respecto, se precisa que la redacción original del artículo 179 de la Ley 1607 de
2012 (num. 1) disponía que la sanción por omisión50 se liquida «de acuerdo al número
de empleados»; sin embargo, en la tabla de los porcentajes para determinarla, la misma
norma relacionó en la columna «rangos de empleados» la categoría de «independientes»,
fijando la respectiva proporción de los valores a cargo de esos aportantes.
En ese orden, la Sección reitera51 que de la interpretación de la anterior norma no logra
inferirse que la referida sanción proceda exclusivamente frente a los empleadores. Por
el contrario, los trabajadores independientes que incurran en omisión en la afiliación
y/o vinculación al sistema deberán asumir la sanción de acuerdo con los porcentajes
fijados por el artículo 179 de la Ley 1607 de 2012 (num. 1), de modo que, en el presente
caso se configuró la conducta sancionable según las normas que rigen la materia,
como lo decidió el a quo.
En lo pertinente con la aplicación de los principios de lesividad, proporcionalidad y
gradualidad en materia sancionatoria de que trata el artículo 197 de la Ley 1607 de
201252, se destaca que, en el asunto bajo examen, la sanción por no declarar es
procedente toda vez que el actor incurrió en la conducta sancionable contenida en el
artículo 179 de la misma ley, reiterándose el criterio de la Sala según el cual «la
imposición de la sanción legalmente tipificada, y respecto de la cual la actora realizó el hecho
infractor, no contraviene los principios constitucionales [justicia, lesividad, proporcionalidad y
50
Denominada «sanción por no declarar» según la modificación introducida por el artículo 314 de la Ley 1819 de 2016.
51
En el mismo sentido, sentencia del 29 de junio de 2023, exp. 26364, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
52
Derogado por el artículo 376 de la Ley 1819 de 2016. La norma disponía:
«ARTÍCULO 197. Las sanciones a que se refiere el Régimen Tributario Nacional se deberán imponer teniendo en cuenta los
siguientes principios:
[…]
2. LESIVIDAD. La falta será antijurídica cuando afecte el recaudo nacional.
[…]
4. PROPORCIONALIDAD. La sanción debe corresponder a la gravedad de la falta cometida.
5. GRADUALIDAD. La sanción deberá ser aplicada en forma gradual de acuerdo con la falta de menor a mayor gravedad, se
individualizará teniendo en cuenta la gravedad de la conducta, los deberes de diligencia y cuidado, la reiteración de la misma, los
antecedentes y el daño causado […]».
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Radicado: 25000-23-37-000-2018-00602-01 [26899]
Demandante: Javier Mauricio Gómez Parrado
gradualidad] invocados en su demanda, sino que materializa el poder punitivo del Estado a
partir de la debida comprobación de la conducta infractora por parte de la Administración y
reafirmada en sede judicial»53.
Por lo anterior, no prospera el cargo de apelación.
6. Devolución de aportes y pago mediante planilla tipo J
En la demanda se solicitó, a título de restablecimiento del derecho, la devolución
indexada de los pagos realizados por el actor y sus intereses.
La sentencia apelada anuló parcialmente los actos administrativos enjuiciados y, a
título de restablecimiento del derecho ordenó a la UGPP eliminar los ajustes a los
subsistemas de salud y pensión por el mes de diciembre de 2014 y que reliquide las
sanciones a que haya lugar. El a quo no se pronunció sobre la devolución de las
contribuciones.
Con la apelación se expuso que, dada la declaratoria de nulidad parcial de los actos
demandados, deben devolverse los aportes según el artículo 311 de la Ley 1819 de
2016.
En ese orden de ideas, es del caso ordenarle a la UGPP que proceda a la devolución
de los aportes en exceso siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 311 de
la Ley 1819 de 2016, como fue solicitado en el recurso de apelación de la parte actora,
previa verificación de los pagos realizados por los subsistemas y períodos fiscalizados.
Respecto de la solicitud de indexación, se reitera el criterio de la Sección54 en el sentido
que esta no es procedente, teniendo en cuenta la existencia de la anterior norma
especial que, para tales casos, solo determina el pago de intereses.
En relación con la solicitud de la parte actora que, de existir deuda alguna se disponga
su pago mediante planillas tipo J «PLANILLA PARA PAGO SEGURIDAD SOCIAL EN
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA JUDICIAL», la Sala precisa que el uso de una u otra
planilla dependerá de la que conforme a los reglamentos se deba utilizar según la
situación particular del aportante y la causa que da origen al pago de las
contribuciones, por lo que no le corresponde a la Sala impartir directriz en ese
sentido55. Prospera parcialmente el cargo de apelación.
En conclusión, se concuerda con el tribunal en que procede la nulidad parcial de los
actos administrativos demandados (ordinal primero), pero, se adicionará el
restablecimiento del derecho (ordinal segundo), en tanto que, además de lo
dispuesto por el a quo «ORDÉNESE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social-UGPP a eliminar la
liquidación efectuada respecto de las contribuciones al Sistema de la Protección Social por
los subsistemas de salud y pensión, por el mes de diciembre de 2014, teniendo en
consideración lo expuesto en la parte motiva de la sentencia e igualmente se reliquiden las
sanciones a que haya lugar», se deberá proceder con la devolución de los aportes en
53
Sentencia del 27 de octubre de 2022, exp. 23031, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
54
Sentencias del 29 de junio de 2023, exp. 27166, del 19 de julio de 2023, exp. 26571, C.P. Wilson Ramos Girón, y del 21 de
septiembre de 2023, exp. 27628, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
55
Cfr. sentencias del 1 de septiembre de 2022, exp. 26208, y del 23 de marzo de 2023, exp. 26106, C.P. Stella Jeannette Carvajal
Basto.
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exceso, previa verificación de los pagos, de conformidad con el artículo 311 de la
Ley 1819 de 2016. En lo demás, se confirmará la sentencia apelada.
Finalmente, de acuerdo con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código
General del Proceso, no se condenará en costas (gastos del proceso y agencias en
derecho) en esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
1. MODIFICAR el ordinal segundo de la sentencia del 7 de octubre de 2021,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección
“A”, el cual queda así:
SEGUNDO: A título de restablecimiento del derecho ORDÉNESE a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social-UGPP a eliminar la liquidación efectuada respecto de las
contribuciones al Sistema de la Protección Social por los subsistemas de salud y
pensión, por el mes de diciembre de 2014, teniendo en consideración lo expuesto
en la parte motiva de la sentencia e igualmente se reliquiden las sanciones a que
haya lugar. Además, se deberá proceder con la devolución de los aportes en
exceso, previa verificación de los pagos, de conformidad con el artículo 311 de la
Ley 1819 de 2016.
2. En lo demás, CONFIRMAR la sentencia apelada.
3. Sin condena en costas en esta instancia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
Salva el voto
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