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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00518-01

Fecha
12 de junio de 2026
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00518-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR integralmente, la sentencia del Siete (07) de noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda y declaró probada la excepción de prescripción respecto de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias. TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las anotaciones y constancias de rigor. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2019-00518-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

12 de junio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá, D. C., Doce (12) de junio de Dos Mil Veintiséis (2026)

Radicado: 08001-23-33-000-2019-00518-01 (6123-2024)1
Demandante: Constanza Donado de Córdoba
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio – Fomag y
otro
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Sanción moratoria – docentes
Decisión: Apelación sentencia, segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación, interpuesto por la parte demandada,
contra la sentencia del Siete (07) de noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023),
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico2, que negó las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. La demanda3.

1.1 Pretensiones.

1. La señora Constanza Donado Córdoba, por conducto de apoderado judicial,
promovió el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra
el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, con el propósito de
obtener la nulidad del acto ficto producto del silencio administrativo negativo,
configurado por la falta de respuesta de la entidad, a la solicitud mediante la
cual, reclamó el reconocimiento y pago de las sanciones moratorias derivadas
del pago tardío de sus cesantías.

1
Expediente digital
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=080012333000201900518011100103
2
Sala conformada por las Magistradas Lilia Yaneth Álvarez Quiroz, Carmen Rosa Lorduy González y Judith Romero
Ibarra.
3
Expediente digital – Samai – índice 00002 – 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_20241029zip(.zip) – 01Demanda15Feb22.

2

Número Interno: 6123-2024
Demandante: Constanza Donado de Córdoba
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – Fomag

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que, se condene a la
entidad demandada, al reconocimiento y pago de la sanción moratoria,
prevista en la Ley 244 de 1995 y la Ley 1071 de 2006, por el pago
extemporáneo de las cesantías definitivas.

3. Asimismo, pidió el reconocimiento y pago de la sanción moratoria,
contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, en concordancia con el
artículo 13 de la Ley 344 de 1996, por la falta de consignación oportuna de las
cesantías anualizadas, durante el tiempo de vinculación laboral.

4. Finalmente, solicitó la indexación de las sumas objeto de condena, con el
fin de preservar su valor adquisitivo y garantizar la reparación integral del
perjuicio alegado.

1.2 Hechos

5. La señora Constanza Donado Córdoba, señaló que, prestó sus servicios
como docente, al servicio de la Secretaría de Educación Distrital de
Barranquilla, entre el Primero (1º) de julio de Dos Mil Siete (2007) y el Primero
(1º) de mayo de Dos Mil Nueve (2009), fecha en la cual, le fue aceptada la
renuncia, mediante Resolución No. 01101 del Ocho (08) de mayo de Dos Mil
Nueve (2009).

6. Indicó que, el Seis (06) de abril de Dos Mil Quince (2015), presentó solicitud
de reconocimiento y pago de sus cesantías definitivas, ante la Secretaría de
Educación Distrital de Barranquilla.

7. Manifestó que, mediante Resolución No. 05430 del Veinticinco (25) de
septiembre de Dos Mil Quince (2015), la entidad reconoció y liquidó las
cesantías correspondientes a los años Dos Mil Siete (2007), Dos Mil Ocho
(2008) y Dos Mil Nueve (2009), las cuales, fueron pagadas únicamente hasta
el Veintitrés (23) de marzo de Dos Mil Dieciséis (2016).

8. Sostuvo que, la entidad demandada, incurrió en mora en el pago de las
cesantías definitivas, toda vez que, entre la fecha de presentación de la

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Número Interno: 6123-2024
Demandante: Constanza Donado de Córdoba
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – Fomag

solicitud y el pago efectivo de la prestación transcurrieron más de trescientos
cuarenta (340) días. Asimismo, afirmó que la Secretaría de Educación Distrital
de Barranquilla, omitió consignar oportunamente las cesantías anualizadas
correspondientes a las vigencias Dos Mil Siete (2007) y Dos Mil Ocho (2008),
pese a encontrarse legalmente obligada a efectuar dichas consignaciones
dentro de los plazos previstos en la Ley 50 de 1990.

9. Finalmente, manifestó que, el Cuatro (04) de febrero de Dos Mil Diecinueve
(2019), presentó petición ante la entidad demandada, solicitando el
reconocimiento y pago de las sanciones moratorias derivadas del pago tardío
de las cesantías definitivas y de la falta de consignación oportuna de las
cesantías anualizadas; sin embargo, no obtuvo respuesta expresa, por lo que
consideró configurado el silencio administrativo negativo.

1.3 Normas violadas y concepto de violación.

10. La parte demandante, invocó como normas vulneradas el artículo 99 de la
Ley 50 de 1990; el artículo 13 de la Ley 344 de 1996; los artículos 2º de la Ley
244 de 1995 y 5 de la Ley 1071 de 2006; así como, el artículo 16 de la Ley 446
de 1998 y demás disposiciones relacionadas con el reconocimiento y pago
oportuno de las cesantías y de las sanciones moratorias derivadas de su
incumplimiento.

11. Como concepto de violación, sostuvo que, la Secretaría de Educación
Distrital de Barranquilla, desconoció las normas que regulan el pago oportuno
de las cesantías definitivas, al reconocer dicha prestación social y efectuar su
pago por fuera de los términos legalmente establecidos, circunstancia que, a
su juicio, daba lugar al reconocimiento de la sanción moratoria prevista en las
Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006.

12. Señaló que, la entidad demandada, también incumplió la obligación de
consignar oportunamente las cesantías anualizadas, correspondientes a las
vigencias Dos Mil Siete (2007) y Dos Mil Ocho (2008), razón por la cual,
consideró procedente la sanción prevista en el numeral 3º del artículo 99 de la
Ley 50 de 1990.

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Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
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13. Finalmente, manifestó que, las sumas reclamadas debían ser actualizadas,
de conformidad con los principios de reparación integral y equidad previstos
en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, con el fin de preservar su poder
adquisitivo.

2. Contestación de la demanda.

2.1. Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla4.

14. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, por conducto de
apoderado judicial, se opuso a las pretensiones de la demanda, y solicitó negar
las súplicas incoadas, al considerar que, no era la entidad responsable del
reconocimiento y pago de las prestaciones sociales reclamadas por la
demandante.

15. Señaló que, de conformidad con la Ley 91 de 1989, la Ley 962 de 2005 y
el Decreto 2831 de 2005, las prestaciones sociales de los docentes afiliados
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, son reconocidas y
pagadas con cargo a dicho Fondo, razón por la cual, la Secretaría de
Educación Distrital, actúa únicamente como instancia de trámite y gestión
administrativa

16. Indicó que, no se configuró mora en el pago de las cesantías definitivas de
la demandante, puesto que, la actuación administrativa se adelantó conforme
al procedimiento especial, previsto para los docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y dentro de las
competencias asignadas a la entidad territorial certificada.

17. Finalmente, propuso las excepciones de falta de integración del
litisconsorcio necesario5, inepta demanda, falta de legitimación en la causa por

4
Expediente digital – Samai – índice 00002 – 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_20241029zip(.zip) – 01Demanda15Feb22
– folio 38
5
Mediante auto del Nueve (09) de febrero de Dos Mil Veintidós (2022), el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección
“A”, dispuso vincular como litisconsorte necesario por pasiva a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, al considerar que dicha entidad es la encargada del reconocimiento
de las prestaciones sociales de los docentes adscritos al Magisterio.

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Demandante: Constanza Donado de Córdoba
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
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pasiva, inexistencia de la obligación a cargo del Distrito de Barranquilla,
prescripción e innominada, al estimar que, cualquier eventual obligación
derivada del reconocimiento y pago de prestaciones sociales docentes
correspondía a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional
de Prestaciones Sociales del Magisterio.

2.2. Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio6.

18. La entidad vinculada, Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no contestó la demanda.

3. La sentencia de primera instancia7.

19. El Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del Siete (07)
de noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023), negó las pretensiones de la
demanda, relacionadas con la sanción moratoria prevista en las Leyes 50 de
1990 y 344 de 1996; declaró probada la excepción de prescripción respecto
de la sanción contemplada en la Ley 244 de 1995, modificada por la Ley 1071
de 2006; y se abstuvo de condenar en costas a las partes.

20. En primer lugar, el Tribunal precisó que, el litigio se circunscribía a
determinar si la señora Constanza Donado de Córdoba, tenía derecho al
reconocimiento y pago de la sanción moratoria, por la consignación tardía de
las cesantías anualizadas y por el pago extemporáneo de las cesantías
definitivas, en su condición de docente afiliada al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

21. Señaló que, conforme al material probatorio obrante en el expediente, la
demandante, prestó sus servicios como docente entre el Primero (1°) de julio
de Dos Mil Siete (2007) y el Primero (1°) de mayo de Dos Mil Nueve (2009),
solicitó el reconocimiento de sus cesantías definitivas el Seis (06) de abril de
Dos Mil Quince (2015), las cuales, fueron reconocidas mediante Resolución

6
Expediente digital – Samai – índice 00002 – 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_20241029zip(.zip) –
05InformeDespacho28Abr23.
7
Expediente digital – Samai – índice 00002 – 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_20241029zip(.zip) – 14SentenciaNiega.

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No. 05430 del Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil Quince (2015) y
pagadas el Veintitrés (23) de marzo de Dos Mil Dieciséis (2016).

22. Indicó que, de conformidad con la sentencia de unificación del Consejo de
Estado, del Once (11) de octubre de Dos Mil Veintitrés (2023), la sanción
moratoria prevista en el numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, no
resulta aplicable a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, debido a las particularidades del régimen especial de
cesantías establecido en la Ley 91 de 1989.

23. Precisó que, en el régimen especial del Magisterio, los recursos destinados
al pago de cesantías, se administran a través de una cuenta especial, sometida
al principio de unidad de caja, y no mediante cuentas individuales,
circunstancia que, impide equiparar la situación de los docentes a la de los
trabajadores cobijados por el régimen de cesantías de la Ley 50 de 1990.

24. En relación con la sanción moratoria, prevista en la Ley 244 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006, el Tribunal concluyó que, operó el
fenómeno de la prescripción, toda vez que, la demandante se retiró del
servicio, el Primero (1°) de mayo de Dos Mil Nueve (2009), y únicamente
solicitó el reconocimiento de las cesantías definitivas, el Seis (06) de abril de
Dos Mil Quince (2015), esto es, transcurridos más de cinco años desde la
exigibilidad del derecho.

25. Señaló que, tanto el auxilio de cesantías definitivas, como la eventual
sanción moratoria, derivada de su pago tardío, se encontraban afectados por
la prescripción trienal, prevista en el artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social, sin que la expedición posterior de la
Resolución No. 05430 de Dos Mil Quince (2015), tuviera la virtualidad de
impedir la configuración de dicho fenómeno extintivo.

26. Con fundamento en lo anterior, concluyó que, no procedía el
reconocimiento de la sanción moratoria por consignación tardía de cesantías
anualizadas y que la pretensión relacionada con la sanción por pago tardío de
las cesantías definitivas se encontraba prescrita, razón por la cual, negó las

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pretensiones de la demanda, declaró probada la excepción de prescripción y
se abstuvo de imponer condena en costas.

4. El recurso de apelación8.

27. La señora Constanza Donado de Córdoba, por conducto de apoderado
judicial, interpuso recurso de apelación, contra la sentencia del Siete (07) de
noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023), al considerar que, el Tribunal
Administrativo del Atlántico, incurrió en una interpretación errónea del régimen
jurídico aplicable a su situación particular.

28. Sostuvo que, en su condición de docente territorial, vinculada al Distrito de
Barranquilla, no le resultaban aplicables las disposiciones que regulan a los
docentes del orden nacional, afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio.

29. Indicó que, no estuvo afiliada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio, razón por la cual, estimó procedente el reconocimiento de las
sanciones moratorias previstas en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, por
el pago tardío de sus cesantías.

30. Señaló que, las disposiciones invocadas, consagran el derecho de los
servidores públicos, a percibir la sanción moratoria, cuando se configure mora
en el pago de las cesantías definitivas, sin establecer distinciones o
exclusiones respecto de determinados grupos de empleados públicos.

31. Manifestó que, conforme al material probatorio aportado al proceso, se
encontraba acreditado el reconocimiento de sus cesantías definitivas,
mediante la Resolución No. 05430 del Veinticinco (25) de septiembre de Dos
Mil Quince (2015), así como, el pago posterior de dicha prestación,
circunstancias que, en su criterio, daban lugar al reconocimiento de las
sanciones reclamadas.

8
Expediente digital – Samai – índice 00002 – 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_20241029zip(.zip) – 16 RecursoApelación
Demandante29Ene24.

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32. Finalmente, solicitó revocar la sentencia apelada y, en su lugar, acceder a
las pretensiones de la demanda, encaminadas al reconocimiento y pago de las
sanciones moratorias, derivadas de la falta de consignación oportuna de las
cesantías anualizadas y del pago tardío de las cesantías definitivas.

5. Trámite de segunda instancia

33. Con auto del Quince (15) de mayo de Dos Mil Veintiséis (2026)9, el
consejero sustanciador, admitió el recurso de apelación, interpuesto por la
parte demandante y, en virtud del numeral 5º del artículo 67 de la Ley 2080 de
2021, que modificó el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011, se prescindió de la
etapa de alegaciones y ordenó que, una vez ejecutoriada la providencia, el
expediente regresara al despacho para proferir la decisión correspondiente.

6. Concepto del Ministerio Público10.

34. La Procuraduría Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, solicitó
confirmar la sentencia de primera instancia, al considerar que, las pretensiones
de la demanda no estaban llamadas a prosperar.

35. Señaló que, la sanción moratoria prevista en el numeral 3º del artículo 99
de la Ley 50 de 1990, no resulta aplicable a los docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por ser incompatible con el
régimen especial de cesantías consagrado en la Ley 91 de 1989 y con el
sistema de administración de recursos bajo el principio de unidad de caja.

36. Indicó que, la jurisprudencia de unificación del Consejo de Estado, ha
precisado que, únicamente los docentes estatales que no se encuentren
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, pueden
reclamar la sanción moratoria contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de
1990.

37. Manifestó que, en el caso concreto, no existía prueba que acreditara que

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Índice 00004 expediente digital – Samai.
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Índice 00009 expediente digital – Samai.

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la señora Constanza Donado de Córdoba, hubiera estado afiliada a un fondo
privado de cesantías o que no perteneciera al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, por lo que, no resultaba procedente el reconocimiento
de la sanción moratoria por la consignación tardía de cesantías anualizadas.

38. En relación con la sanción moratoria prevista en la Ley 1071 de 2006,
sostuvo que, el derecho reclamado se encontraba afectado por el fenómeno
de la prescripción, dado que, la demandante finalizó su vinculación laboral el
Primero (1º) de mayo de Dos Mil Nueve (2009), y solo presentó la solicitud de
reconocimiento de sus cesantías definitivas, el Seis (06) de abril de Dos Mil
Quince (2015), cuando ya había transcurrido el término legal para reclamar
dicha prestación y las consecuencias derivadas de su pago tardío.

39. Finalmente, concluyó que, los argumentos expuestos en el recurso de
apelación, carecían de sustento fáctico y jurídico, razón por la cual, solicitó
confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que
negó las pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES

2.1 Competencia

40. El Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia
de este proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del
CPACA11.

2.2 Problema jurídico

41. Corresponde a la Sala, establecer lo siguiente:

¿Debe revocarse la sentencia del Siete (07) de noviembre de Dos Mil Veintitrés
(2023), proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las

11
Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia. Modificado por el art. 615, Ley 1564 de
2012. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones
de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de
apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se concedan los
extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia.

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pretensiones de la demanda y declaró probada la excepción de prescripción
respecto de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, modificada
por la Ley 1071 de 2006, al considerar que la señora Constanza Donado de
Córdoba tenía derecho al reconocimiento de las sanciones moratorias
derivadas de la falta de consignación oportuna de las cesantías anualizadas y
del pago tardío de las cesantías definitivas; y, en caso afirmativo, si la
pretensión relacionada con esta última se encuentra afectada por el fenómeno
de la prescripción?

42. Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los
siguientes aspectos: 2.3 Marco normativo y jurisprudencial; 2.4 Hechos
probados; 2.5. Caso concreto y 2.6. Condena en costas.

2.3 Marco normativo y jurisprudencial.

2.3.1. Sobre la sanción moratoria.

43. La Ley 244 del 29 de diciembre de 1995 «por medio de la cual se fijan términos para
el pago oportuno de cesantías para los servidores públicos, se establecen sanciones y se
dictan otras disposiciones», señala el procedimiento para la liquidación y pago de las
cesantías definitivas de todos los servidores públicos, y en el parágrafo del artículo 2
regula la sanción moratoria causada por el incumplimiento de la entidad pública
empleadora consistente en un día de salario por cada día de retardo hasta el pago
efectivo de las mismas12.

44. Esta ley fue adicionada y modificada por la Ley 1071 del 31 de julio de
2006, con el objeto de «reglamentar el reconocimiento de cesantías definitivas o parciales
a los trabajadores y servidores del Estado, así como su oportuna cancelación » (art. 1).

Igualmente, estipuló el término para la expedición de la resolución que
reconoce las cesantías y la procedencia de la sanción moratoria, en los
artículos 4 y 5 así:

Artículo 4. Términos. Dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la
presentación de la solicitud de liquidación de las cesantías definitivas o parciales,

12
“Parágrafo. - En caso de mora en el pago de las cesantías de los servidores públicos, la entidad obligada
reconocerá y cancelará de sus propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que
se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del término
previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la
mora en el pago se produjo por culpa imputable a éste”.

11

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por parte de los peticionarios, la entidad empleadora o aquella que tenga a su
cargo el reconocimiento y pago de las cesantías, deberá expedir la resolución
correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados en la ley.

Parágrafo. En caso de que la entidad observe que la solicitud está incompleta
deberá informársele al peticionario dentro de los diez (10) días hábiles siguientes
al recibo de la solicitud, señalándole expresamente los documentos y/o requisitos
pendientes.

Una vez aportados los documentos y/o requisitos pendientes, la solicitud deberá
ser resuelta en los términos señalados en el inciso primero de este artículo.

Artículo 5°. Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo
máximo de cuarenta y cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme
el acto administrativo que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o
parciales del servidor público, para cancelar esta prestación social, sin perjuicio
de lo establecido para el Fondo Nacional de Ahorro.

Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales
de los servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus
propios recursos, al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta
que se haga efectivo el pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar
la no cancelación dentro del término previsto en este artículo. Sin embargo, la
entidad podrá repetir contra el funcionario, cuando se demuestre que la mora en
el pago se produjo por culpa imputable a este.

45. Ahora bien, con el fin de establecer el momento a partir del cual se hace
exigible la sanción por mora, la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018
estudió las distintas hipótesis que pueden presentarse en cuanto a la forma y
oportunidad del acto de reconocimiento de la prestación (acto ficto o expreso
oportuno o extemporáneo), la notificación, interposición de recursos y términos
de ejecutoria de dicha actuación, y determinó las siguientes reglas
jurisprudenciales13:

SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el
pago tardío de las cesantías, las siguientes reglas:

i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales
se expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción
moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución;
ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago.

ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser
notificado al interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se
verifica la notificación, iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el
acto no fue notificado, para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá
considerarse el término dispuesto en la ley 14 para que la entidad intentará
notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la

13
La Sección Segunda consideró que “en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la prestación
social –cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término para el cómputo de la sanción
moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles
para la expedición del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la
decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en vigencia del Código Contencioso
Administrativo – Decreto 01 de 1984, artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución”.
14
Artículo 69 CPACA.

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Sociales del Magisterio – Fomag

notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y
1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su parte, cuando el
peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto
adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos,
los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables
para sanción moratoria.

iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se
notifique el acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el
pago de la cesantía, correrán pasados 15 días de interpuesto.

46. Por último, la citada sentencia de unificación también sentó jurisprudencia
en cuanto al salario de liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad
de indexar esa base (sin perjuicio de la actualización de la respectiva
condena):

TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base
para calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha
en que se produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las
cesantías parciales, donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la
asignación básica vigente al momento de la causación de la mora sin que varíe
por la prolongación en el tiempo.

CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria
por pago tardío de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 187 del CPACA.

2.3.2 Sobre la prescripción de la sanción moratoria por pago inoportuno
o no pago de cesantías definitivas de la Ley 244 de 1995.

47. En la sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-S2 -2023 del 2 de noviembre de
2023, la Sección Segunda de esta Corporación, estableció las reglas sobre la
prescripción de la sanción moratoria, por pago inoportuno o no pago de cesantías
definitivas así15:

«(i) El plazo trienal de la prescripción de la sanción moratoria por el
incumplimiento en el pago de las cesantías definitivas, regulado por el artículo
151 del CPTSS, se inicia a contabilizar desde que la penalidad se hace exigible,
esto es, al vencimiento del plazo legal para el pago de la prestación social. Si el
reclamo de la sanción se presenta después de los tres años contados desde su
exigibilidad, se configura la prescripción total.

(ii) El término de la prescripción extintiva de la sanción moratoria derivada del
pago tardío o no pago de las cesantías definitivas se interrumpe por una sola vez
con la reclamación oportuna, y por un lapso igual de tres años, que no puede ser
entendido como un término que habilita al beneficiario para presentar múltiples
solicitudes, sin que opere la prescripción.

15
Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de noviembre de 2023,
radicado 080012333000201200200-02 (2459-2014), M.P. Gabriel Valbuena Hernández.

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(iii) Si la administración reconoce y/o paga las cesantías después de extinguido
el derecho por prescripción, esa circunstancia no revive la oportunidad para
reclamar la sanción moratoria.»

2.3.3. Sobre la sanción moratoria de cesantías anualizadas, en el caso de
docentes oficiales.

48. Según lo establecido en el artículo 115 de la Ley 115 de 1994, los docentes
oficiales, se benefician del reconocimiento del auxilio de cesantías, de acuerdo
con los parámetros establecidos por el artículo 15 numeral 3 de la Ley 91 de
1989, norma que, distingue entre los que se benefician del régimen de
cesantías retroactivas y aquellos a quienes les es aplicable el de cesantías
anualizadas, así:

«3. Cesantías:

Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989,
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio
equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente
por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido
modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario
promedio del último año.

Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con
respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un
interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de
cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma
que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la
Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del
sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal
nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán
sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del
orden nacional.»

49. Corresponde al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -
Fomag, liquidar y reconocer el auxilio de cesantías parciales o definitivas de
los docentes oficiales afiliados; deber que, en virtud de la «prestación
descentralizada de los servicios» consagrada en el artículo 3 de la Ley 91 de 1989,

y de la delegación la cual trata el artículo 9 ibidem, cumple a través de las
secretarías de educación de los entes territoriales. Mientras que, el pago de la
prestación, debe ser efectuado a través de la sociedad fiduciaria que
administre los recursos del fondo, que en la actualidad es la Fiduciaria la
Previsora S.A.

14

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Sociales del Magisterio – Fomag

50. En paralelo, correspondía a cada entidad territorial, el reconocimiento de
las cesantías del personal docente no afiliado al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag, situación que, en términos del
artículo 7 del Decreto 196 de 1995, la hacía responsable del pago de las
prestaciones sociales de los docentes departamentales, distritales o
municipales causadas antes de su incorporación al fondo. Más adelante, el
Decreto 3752 de 2003, dispuso que, los docentes del servicio público
educativo, vinculados a las plantas de personal de los entes territoriales,
deberían ser afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, norma a partir de la cual, el reconocimiento y pago de las cesantías
parciales y definitivas, estuvo concentrado en esa entidad.

51. En todo caso, se tiene que los docentes vinculados a partir del 1 de enero
de 1990, gozan del régimen de cesantías anualizadas; no obstante, en
armonía con los criterios fijados por la Corte Constitucional, en fallos SU-098
de 2018 y SU-573 de 2019, y la Sección Segunda del Consejo de Estado, en
sentencia de unificación SUJ-032-CE-S2-2023 de 11 de octubre de 202316, el
sistema especial de administración de cesantías de los docentes afiliados al
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag, es
incompatible con el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. En efecto, en esta última
providencia se fijó la siguiente regla:

«Los docentes estatales afiliados al FOMAG no tienen derecho a la sanción
moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
comoquiera que es incompatible con el sistema de administración de cesantías
regulado por la Ley 91 de 1989. Sin embargo, al personal docente en servicio
activo que no esté afiliado al FOMAG le será aplicable la Ley 50 de 1990 y, por
ende, la sanción moratoria del artículo 99, como un mínimo de protección social
en favor del docente estatal».

52. La precitada regla de unificación de la jurisprudencia, encuentra sustento
en las siguientes consideraciones:

«En este sentido, se advierte que el artículo 13 de la Ley 344 de 1996 amplió
la aplicación de las normas vigentes en materia de cesantías, pero hizo la
salvedad, de que ello es «sin perjuicio de lo estipulado en la Ley 91 de 1989».
Esto se traduce en que lo allí dispuesto no incluyó al personal docente, a esta
misma conclusión llegó la Corte Constitucional en la sentencia C-928 de 2006,
en la cual estudió la constitucionalidad del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

148. Asimismo, el Decreto 1582 de 1998 no extendió la sanción moratoria de

16
C. P. Juan Enrique Bedoya Escobar.

15

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la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales, como tampoco lo hizo el Decreto
1252 de 2000 al disponer que los empleados públicos tienen derecho «al pago
de las cesantías en los términos establecidos en las Leyes 50 de 1990, 344 de
1996 o 432 de 1998, según el caso […]», aun cuando exista un «régimen
especial» que los regule. Lo anterior, por cuanto este último contiene la precisa
referencia al pago de la prestación, que es tan solo uno de los elementos que
integran el régimen anualizado, lo cual, en efecto se cumple, pues los eventos
en los que hay lugar a aquel son comunes en cada uno de los sistemas
especiales cuyo rigor se mantiene, de acuerdo con el inciso señalado.

149. Además, del contenido normativo previsto en el mencionado Decreto 1252
de 2000, se deduce que su intención fue la de precisar que todos los empleados
públicos quedaran sometidos al régimen anualizado de cesantías, que por
regla general es el regulado por la Ley 50 de 1990, sin que ello implicara que
todos quedaran cobijados por dicho sistema de administración. Esta conclusión
es coherente con la mención de la Ley 432 de 1998, cuyos destinatarios
conservaron las reglas a las que se encontraban sometidos y no a la Ley 50 de
1990. En consecuencia, la falta de precisión frente a la Ley 91 de 1989 en modo
alguno podía conllevar la modificación de la normativa que los gobernaba, sino
que se acompasa con la disposición del 2000, puesto que el personal docente
ya estaba regulado por un régimen anualizado de cesantías.

[…]

2.2.4. Regla jurisprudencial

156. De acuerdo con todo lo expuesto en precedencia, se establece que las
leyes 50 de 1990 y 344 de 1996, así como sus decretos reglamentarios no
extendieron la sanción moratoria causada por la falta de consignación del
auxilio de cesantías a los docentes afiliados al FOMAG y regulados por la Ley
91 de 1989 y, en todo caso, es incompatible con el sistema que prevé la sanción
moratoria por la consignación tardía del auxilio en las AFP, comoquiera que se
trata de un sistema especial que establece unas normas acordes con su
funcionamiento.

157. Sin embargo, en el evento en que la entidad territorial haya omitido afiliarlo
al FOMAG el docente estatal no se beneficiaría de aquellas, entre ellas, el
reconocimiento de los intereses a las cesantías sobre el saldo total, en la
medida en que este no existiría, de modo que le reportaría mayor utilidad las
garantías de la Ley 50 de 1990 con fundamento en el cual tendría derecho a la
sanción moratoria derivada del incumplimiento del empleador.»

53. De conformidad con lo anterior, a los docentes estatales que se encuentren
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag,
no le serán aplicables las previsiones contenidas en el artículo 99 de la Ley 50
de 1990, en particular lo atinente a la sanción moratoria, por resultar
incompatible con el sistema de administración de cesantías, establecido en la
Ley 91 de 1989, toda vez que, en el citado fondo, se requiere de la
disponibilidad de recursos para el pago de las prestaciones sociales exigibles
en cada anualidad, por lo que, si bien paga intereses sobre las cesantías, la
forma de realizar dicho cálculo y el plazo, no es igual al establecido en la Ley
50 de 1990.

54. No obstante, en caso que, el docente no haya sido afiliado al Fondo 55.

16

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Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -Fomag por parte de la
entidad territorial correspondiente, allí sí será aplicable el artículo 99 de la Ley
50 de 1990, que prevé la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías
anuales, así:

«Artículo 99. El nuevo régimen especial de auxilio de cesantía tendrá las
siguientes características:

1ª. El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación definitiva de cesantía,
por la anualidad o por la fracción correspondiente, sin perjuicio de la que deba
efectuarse en fecha diferente por la terminación del contrato de trabajo.

2ª. El empleador cancelará al trabajador los intereses legales del 12% anual o
proporcionales por fracción, en los términos de las normas vigentes sobre el
régimen tradicional de cesantía, con respecto a la suma causada en el año o
en la fracción que se liquide definitivamente.

3ª. El valor liquidado por concepto de cesantía se consignará antes del 15 de
febrero del año siguiente, en cuenta individual a nombre del trabajador en el
fondo de cesantía que el mismo elija. El empleador que incumpla el plazo
señalado deberá pagar un día de salario por cada retardo. […]»

55. Nótese que, el régimen de cesantías anualizadas regulado por la Ley 50
de 1990, dispone la realización de la liquidación anual de dicha prestación
social con pago de intereses, suma que deberá ser consignada en el
respectivo fondo de cesantías, antes del 15 de febrero del año siguiente, so
pena que el empleador sea sancionado con el pago de un día de salario, por
cada uno de retardo. Empero, en lo concerniente a la prescripción de tal
sanción moratoria, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 25 de agosto de 201617, precisó:

«1.- Las cesantías anualizadas, son una prestación imprescriptible. Las
cesantías definitivas sí están sometidas al fenómeno de la prescripción.

2.- La sanción o indemnización moratoria sí está sometida al fenómeno de
prescripción trienal y la norma aplicable para ese efecto, es el artículo 151 del
Código de Procedimiento Laboral.

3.- La fecha a partir de la cual procede la reclamación de la indemnización por
la mora en la consignación de las cesantías anualizadas, es el momento mismo
en que se produce la mora, es decir, desde el 15 de febrero del año en que se
debió realizar el pago.

4.- La fecha hasta la cual corre la mora, producto del incumplimiento en la
consignación de las cesantías anualizadas, es aquella en que se produce la
desvinculación del servicio.

17
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación CE-SUJ004
del Veinticinco (25) de agosto de Dos Mil Dieciséis (2016), rad. 08001-23-31-000-2011-00628-01 (0528-14), C.P. Luis
Rafael Vergara Quintero.

17

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5.- El salario a tener en cuenta para liquidar la indemnización moratoria es el
que devenga el empleado en el momento en que se produce la mora, y cuando
concurren dos o más periodos de cesantías y una mora sucesiva, el
salario a tener en cuenta para la liquidación cambia en el momento en que se
genera un nuevo periodo de mora, en los términos previamente descritos.»

56. No obstante, en auto de 7 de noviembre de 201918, esta Sección consideró
necesario aclarar el alcance de la citada providencia, dadas algunas
inconsistencias entre las conclusiones adoptadas en relación con el cómputo
del término prescriptivo de la sanción moratoria, y la solución dada al caso allí
tratado, por lo que, seleccionó el expediente con fines de unificar
jurisprudencia, escenario en el cual profirió la sentencia CE-SUJ-SII-022 de 6
de agosto de 202019, por medio de la que fijó las siguientes reglas:

PRIMERO: UNIFICAR JURISPRUDENCIA en la Sección Segunda del
Consejo de Estado, para señalar en cuanto a la prescripción de la sanción
moratoria de la Ley 50 de 1990, las siguientes reglas jurisprudenciales:

i) El momento a partir del cual se contabiliza el término de la prescripción de la
sanción moratoria de las cesantías anualizadas prevista en la Ley 50 de 1990,
es desde su causación y exigibilidad, es decir, el 15 de febrero de la anualidad
siguiente, por ende, la reclamación administrativa deberá presentarse dentro
de los tres años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva.

ii) En el evento en que se acumulen anualidades sucesivas de mora en la
consignación de cesantías anualizadas, el término prescriptivo de la sanción
prevista en la Ley 50 de 1990 deberá contabilizarse de manera independiente
por cada año, de tal modo que el empleado dispone de 3 años contados a partir
del 15 de febrero del año siguiente a su causación para reclamar la sanción
moratoria por la anualidad correspondiente, so pena de su extinción.

57. En consecuencia, el término de prescripción establecido en el artículo 151
del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en el caso de la
sanción por mora, prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, debe
computarse desde el primer día en que se cause el incumplimiento, de manera
que, si la exigibilidad de aquella sanción, se origina el 15 de febrero frente a
las cesantías correspondientes a la anualidad inmediatamente anterior, la
respectiva reclamación administrativa deberá ser presentada dentro de los tres
años siguientes, so pena de configurarse la prescripción extintiva. Así mismo,
en el caso de acumulación de anualidades, el término prescriptivo deberá
contabilizarse de manera independiente por cada año.

18
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto del Siete (07) de noviembre de
Dos Mil Diecinueve (2019), radicación 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-16), C.P. César Palomino Cortés.
19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación CE-SUJ-
SII-022 del Seis (06) de agosto de Dos Mil Veinte (2020), radicación 08001-23-33-000-2013-00666-01 (0833-16).

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2.4 Hechos probados y valoración del material probatorio.

58. Con fundamento en el material probatorio obrante en el expediente,
valorado en su integridad y conforme a las reglas de la sana crítica, la Sala
tiene por acreditados los siguientes hechos, relevantes para resolver el caso
concreto:

59. A través de solicitud radicada el Seis (06) de abril de Dos Mil Quince
(2015)20, la señora Constanza Donado de Córdoba, solicitó el reconocimiento
y pago de sus cesantías definitivas, ante la Secretaría de Educación Distrital
de Barranquilla.

60. Mediante Resolución No. 05430 del Veinticinco (25) de septiembre de Dos
Mil Quince (2015)21, expedida por la Secretaría de Educación Distrital de
Barranquilla, en representación de la Nación – Ministerio de Educación
Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, se
reconoció y ordenó el pago de una cesantía definitiva a favor de la señora
Constanza Donado de Córdoba, por los servicios prestados como docente
entre el Primero (1º) de julio de Dos Mil Siete (2007) y el Primero (1º) de mayo
de Dos Mil Nueve (2009).

61. Obra comprobante de pago expedido por el Banco BBVA, del cual se
desprende que el Veintitrés (23) de marzo de Dos Mil Dieciséis (2016) 22, la
señora Constanza Donado Córdoba recibió el pago de las cesantías definitivas
reconocidas mediante la Resolución No. 05430 de 2015.

62. El Cuatro (04) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019)23, la señora
Constanza Donado de Córdoba presentó una petición ante la Secretaría de
Educación Distrital de Barranquilla, mediante la cual, solicitó el reconocimiento

20
Solicitud relacionada de forma expresa en la Resolución No. 05430 del Veinticinco (25) de septiembre de Dos Mil
Quince (2015).
21
Expediente digital – Samai – índice 00002 – 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_20241029zip(.zip) – 01Demanda15Feb22
– folio 8 a 10.
22
Expediente digital – Samai – índice 00002 – 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_20241029zip(.zip) – 01Demanda15Feb22
– folio 11 a 12.
23
Expediente digital – Samai – índice 00002 – 5ED_EXPDIGITA_OneDrive_20241029zip(.zip) – 01Demanda15Feb22
– folio 18 a 21.

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y pago de las sanciones moratorias, derivadas de la presunta consignación
tardía de las cesantías anualizadas y del pago extemporáneo de las cesantías
definitivas; sin embargo, no obtuvo respuesta expresa, razón por la cual,
consideró configurado el silencio administrativo negativo.

2.5. Caso concreto.

63. La Sala advierte que, en el sub examine, la parte demandante, sostiene
que, la sentencia apelada debe ser revocada, porque, en su criterio, no le
resultan aplicables las reglas que gobiernan el régimen prestacional de los
docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
– Fomag, toda vez que, no estuvo afiliada a dicha entidad y, por consiguiente,
tiene derecho al reconocimiento de las sanciones moratorias previstas en las
Leyes 50 de 1990, 244 de 1995 y 1071 de 2006.

64. No obstante, la Sala encuentra que, dicho argumento carece de sustento
probatorio y se encuentra desvirtuado por el material obrante en el expediente,
toda vez que, mediante Resolución No. 05430 del Veinticinco (25) de
septiembre de Dos Mil Quince (2015), la Secretaría de Educación Distrital de
Barranquilla, actuando en representación de la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, reconoció y ordenó el pago de una cesantía definitiva a favor de la
señora Constanza Donado de Córdoba.

65. En dicho acto administrativo, se dejó constancia expresa que la prestación,
era reconocida a una docente distrital, y que, el pago de la suma reconocida,
sería efectuado por la entidad fiduciaria administradora de los recursos del
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, esto es, la
Fiduprevisora S.A.

66. Aunado a lo anterior, la Sala encuentra que, la citada resolución da cuenta
que, la demandante prestó sus servicios como docente entre el Primero (1º)
de julio de Dos Mil Siete (2007) y el Primero (1º) de mayo de Dos Mil Nueve
(2009), esto es, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de
1989, circunstancia que, permite concluir que se encontraba sometida al

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régimen anualizado de cesantías administrado por el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

67. En esas condiciones, la Sala advierte que, la apelante no aportó elemento
de convicción alguno, que permita concluir que no fue afiliada al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, o que sus cesantías
hubieran sido administradas por un fondo privado. En tal sentido, debe
recordarse que, de conformidad con el artículo 167 del Código General del
Proceso, incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que
consagran el efecto jurídico que ellas persiguen; por consiguiente,
correspondía a la demandante, acreditar los hechos en que sustentó su
inconformidad con la decisión recurrida, carga que no fue satisfecha en el
presente asunto.

68. Por el contrario, el material probatorio demuestra que, el reconocimiento
de sus cesantías se produjo dentro del régimen especial previsto para los
docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
– Fomag, y que su pago, debía efectuarse con cargo a los recursos
administrados por la Fiduprevisora S.A., en calidad de vocera y administradora
de dicho Fondo. En consecuencia, el fundamento central de la apelación
carece de soporte fáctico.

69. Establecido lo anterior, la Sala debe recordar que, la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de unificación
SUJ-032-CE-S2-2023 del Once (11) de octubre de Dos Mil Veintitrés (2023),
fijó como regla jurisprudencial que, los docentes estatales afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio no tienen derecho a la
sanción moratoria prevista en el numeral 3 del artículo 99 de la Ley 50 de 1990,
por resultar incompatible con el sistema especial de administración de
cesantías regulado en la Ley 91 de 1989.

70. En dicha providencia, se precisó que, el régimen especial del Magisterio,
no opera mediante la consignación de recursos en cuentas individuales,
administradas por fondos privados de cesantías, supuesto que, constituye
precisamente el presupuesto normativo, sobre el cual, descansa la sanción

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contemplada en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

71. Por esa razón, la jurisprudencia unificada concluyó que, la referida sanción,
únicamente procede respecto de docentes estatales, que no hayan sido
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por parte
de la entidad territorial correspondiente.

72. Como quedó demostrado, esa circunstancia excepcional, no se presenta
en el sub examine; por el contrario, el dosier probatorio acredita que, la
demandante sí se encontraba vinculada al régimen especial administrado por
el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, razón por la cual,
no resulta procedente el reconocimiento de la sanción moratoria prevista en el
artículo 99 de la Ley 50 de 1990, conclusión que, coincide plenamente con la
adoptada por el Tribunal Administrativo del Atlántico.

73. Ahora bien, en lo concerniente a la sanción moratoria derivada del pago
tardío de las cesantías definitivas, prevista inicialmente en la Ley 244 de 1995
y posteriormente modificada por la Ley 1071 de 2006, la Sala encuentra
igualmente acertada la decisión de primera instancia. En efecto, se encuentra
acreditado que, la señora Constanza Donado de Córdoba, cesó en sus
funciones docentes el Primero (1º) de mayo de Dos Mil Nueve (2009), mientras
que, la solicitud de reconocimiento de sus cesantías definitivas fue presentada
únicamente el Seis (06) de abril de Dos Mil Quince (2015), esto es, cuando
habían transcurrido cerca de 6 años desde la terminación de la relación laboral.

74. Asimismo, la reclamación administrativa, dirigida específicamente al
reconocimiento de la sanción moratoria, fue radicada el Cuatro (04) de febrero
de Dos Mil Diecinueve (2019). Conforme a la regla de unificación, fijada por la
Sección Segunda en la sentencia SUJ-034-CE-S2-2023, el término de
prescripción de la sanción moratoria se contabiliza desde el momento en que
esta se hace exigible y se extingue si no es reclamada dentro de los tres años
siguientes. Igualmente, se precisó que, el reconocimiento o pago posterior de
las cesantías no revive un derecho previamente extinguido por prescripción.

75. Bajo ese entendimiento, la Sala observa que, la sanción moratoria se hizo

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exigible, el Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Quince (2015), una vez vencido
el término de setenta (70) días hábiles previsto para el reconocimiento y pago
de las cesantías definitivas, contado desde la solicitud presentada el Seis (06)
de abril de Dos Mil Quince (2015); en consecuencia, el término trienal de
prescripción, venció el Diecisiete (17) de julio de Dos Mil Dieciocho (2018).
Dado que, la reclamación administrativa, orientada al reconocimiento de dicha
sanción, fue radicada el Cuatro (04) de febrero de Dos Mil Diecinueve (2019),
para esa fecha, el término prescriptivo se encontraba ampliamente vencido,
razón por la cual, no existe fundamento jurídico para apartarse de la conclusión
alcanzada por el Tribunal.

76. Con fundamento en lo expuesto en líneas precedentes, la Sala concluye
que, los argumentos formulados en el recurso de apelación, no logran
desvirtuar, las razones que sustentan la sentencia recurrida; por el contrario,
el material probatorio demuestra que, la señora Constanza Donado Córdoba,
se encontraba sometida al régimen especial de cesantías, administrado por el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y que, la pretensión
relacionada con la sanción moratoria, por el pago tardío de las cesantías
definitivas, se encuentra afectada por el fenómeno de la prescripción.

77. Siendo así las cosas, la Sala confirmará integralmente la sentencia del
Siete (07) de noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.

2.6 Condena en costas

78. Revisada la conducta de las partes en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es
decir, no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA,
por tanto, no se impondrá condena en costas en esta instancia.

79. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta que, en el trámite no se observa
que se hayan causado, ni de las partes un actuar temerario, esta Sala no
condenará en costas a la parte vencida.

23

Número Interno: 6123-2024
Demandante: Constanza Donado de Córdoba
Demandado: Nación – Ministerio de Educación – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – Fomag

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR integralmente, la sentencia del Siete (07) de
noviembre de Dos Mil Veintitrés (2023), proferida por el Tribunal Administrativo
del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda y declaró probada la
excepción de prescripción respecto de la sanción moratoria prevista en la Ley
244 de 1995, modificada por la Ley 1071 de 2006, conforme a lo expuesto en
la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas en ambas instancias.

TERCERO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones y constancias de rigor.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad.
Integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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