Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00763-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2019-00763-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2019-00763-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
3 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., tres (03) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00763-01 (1523-2025)
Demandante: Jhon Jaime Sandoval Mantilla
Demandados: Ministerio de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio1
Vinculado: Municipio de Soledad [Atlántico]
Temas: Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías
parciales para el personal docente. Prescripción
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Jhon Jaime Sandoval Mantilla presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo2 en
orden a que se declarara la nulidad del acto ficto negativo producto del silencio del
Fomag frente a la petición presentada el 17 de septiembre de 2018 en el que
1 En lo que sigue Fomag
2 En adelante CPACA.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Demandante: Jhon Jaime Sandoval Mantilla
solicitó el reconocimiento de la sanción moratoria por el pago tardío de las
cesantías parciales establecida en la Ley 1071 del 2006.
2. Como consecuencia de lo anterior, y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó i) el pago de la sanción por mora equivalente a 1 día de salario por cada
día de retardo contados desde los 70 días hábiles después de radicada la solicitud
de cesantías parciales y hasta cuando se hizo efectivo el pago; ii) el ajuste del valor
de la condena de conformidad con lo establecido en el artículo 187 del CPACA; iii)
el cumplimiento del fallo en los términos del artículo 192 del CPACA; y iv) la
condena en costas.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Jhon Jaime Sandoval Mantilla se encuentra vinculado como docente oficial y el
22 de mayo de 2015 solicitó ante el Fomag el reconocimiento y pago de las
cesantías parciales.
3.2. Mediante la Resolución 00000491 del 13 de diciembre de 2016, el secretario de
educación del municipio de Soledad, en nombre y representación del Fomag, le
reconoció y liquidó la prestación solicitada por la suma de $7.395.943.
3.3. La entidad incumplió con el plazo máximo con el que contaba para llevar a cabo
el pago definitivo de las cesantías, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 1071
de 2006, toda vez que el pago se efectuó el 1° de marzo de 2017.
3.4. El 17 de septiembre de 2018 presentó reclamación administrativa ante el Fomag
a través de la cual solicitó el reconocimiento de la sanción por mora en el pago de
las cesantías reconocidas en la anterior resolución comoquiera que la entidad
demandada tenía hasta el 7 de septiembre de 2015 para efectuar el pago, por lo
que transcurrieron 541 días de mora. A lo que la citada entidad guardó silencio.
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 5, 9 y 15 de la Ley 91 de 1989; 1 y 2 de la
Ley 244 de 1995; y 4 y 5 de la Ley 1071 de 2006.
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Demandante: Jhon Jaime Sandoval Mantilla
5. En cuanto al concepto de violación, expuso los siguientes argumentos 3:
5.1. El Fomag desconoció las normas que regulan el pago de las cesantías parciales
y definitivas, según las cuales, el reconocimiento se debe efectuar dentro de los 15
días siguientes a la radicación de la reclamación y el pago dentro de los 45 días
siguientes a la expedición del acto administrativo de reconocimiento. Así las cosas,
en tanto se superó el término de «70 días hábiles» se causó la sanción equivalente
a 1 día de salario por cada día de mora.
5.2. De conformidad con el artículo 2.5 de la Ley 91 de 1989, las prestaciones
sociales del personal docente del orden nacional y nacionalizado se encuentran a
cargo del Fomag, por lo que esta es la entidad competente para efectuar el pago de
la sanción moratoria.
1.2. Contestación de la demanda
6. 1.2.1.La Nación, Ministerio de Educación Nacional, Fomag se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo siguiente 4:
6.1. La Ley 91 de 1989, el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y el Decreto 2831 de
2005, son normas de carácter especial, las cuales prevén el procedimiento exclusivo
para el trámite de las solicitudes de reconocimiento de las prestaciones sociales de
los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
en el cual se determinan claramente las etapas, los términos y demás formalidades
para ese efecto. Todas las solicitudes de reconocimiento y pago de las prestaciones
sociales de los docentes afiliados a dicho fondo no pueden sujetarse a otro
procedimiento diferente, pues el artículo 15 de la Ley 91 de 1989 la norma que
define esta situación, imponiendo la obligación especial de pagar las cesantías a los
docentes. En dichas normas, no se estipuló ninguna sanción por mora en el pago
de las cesantías para los educadores.
6.2. De la lectura del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 no es posible concluir que
dicha norma sea aplicable de manera directa a los docentes del Fomag, pues
desarrolla los requisitos y el procedimiento para el reconocimiento oportuno de las
cesantías de los servidores públicos, sin especificar si dentro de estos últimos se
entienden comprendidos los docentes del sector oficial.
3 Samai del tribunal, índice 31,
47_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_08001233300020190076(.zip)
NroActua 31; 08001233300020190076300.pdf; folios 2 al 17.
4 Samai del tribunal, índice 56, 105Agregaescrito_MEMORIAL_CONTESTACIONPRESCRIP(.pdf)
NroActua 56.
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Demandante: Jhon Jaime Sandoval Mantilla
6.3. Según el procedimiento exclusivo previsto para el reconocimiento de las
prestaciones de los docentes afiliados al Fomag, el pago se realiza cuando exista
disponibilidad presupuestal y, en atención, al orden cronológico de aprobación y
recepción «esta sujeción, es la que precisamente influye en el pago tardío que aduce la
demandante».
6.4. Por tratarse de una penalidad de carácter económica y comoquiera que no tiene
como intención compensar ninguna contingencia relacionada con el trabajo, no es
posible su ajuste a valor presente la sanción moratoria.
6.5. Comoquiera que la reclamación de la sanción se presentó 3 años después de
que se «hizo exigible la sanción moratoria, esto es el día» [sic], operó el fenómeno de la
prescripción.
7. Propuso las siguientes excepciones: i) ineptitud sustantiva de la demanda «por no
demostrar la ocurrencia del acto ficto»; ii) prescripción; iii) cobro de lo no debido; iv)
«salario sobre el que se calcula la sanción moratoria, es inferior al expresado por el
demandante»; v) «culpa de un tercero aplicación Ley 1955 de 2019»; vi) improcedencia
de la indexación de la sanción moratoria; vii) «condena con cargo a títulos de tesorería
del Ministerio de Hacienda y Crédito Público»; y viii) la genérica.
8. 1.2.2. El municipio de Soledad contestó la demanda y se opuso a lo pretendido
por la parte demandante, por los siguientes motivos5:
8.1. La entidad territorial cumplió con los términos previstos en los decretos 2831 de
2005 y 1075 de 2015, para la expedición del acto de reconocimiento de la prestación
«y dispuso los trámites concernientes para el reconocimiento y pago de las prestaciones
económicas, respectivamente» [sic].
8.2. Por último, planteó las excepciones de: i) falta de legitimación en la causa por
pasiva; ii) inexistencia de la obligación; iii) improcedencia de la indexación de la
sanción moratoria; y iv) la innominada.
1.3. La sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia proferida el 9 de diciembre
de 2022 declaró la nulidad del acto ficto demandado y, en consecuencia, ordenó al
Fomag reconocer y pagar a favor de Jhon Jaime Sandoval Mantilla una
indemnización equivalente a un día de salario por cada día de retardo en la mora
5 Samai del tribunal, índice 57; 113Agregaescrito_MEMORIAL_Contestacionjhonsand(.pdf)
NroActua 57.
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Demandante: Jhon Jaime Sandoval Mantilla
del pago oportuno de sus cesantías parciales, en los términos de la Ley 244 de 1995
modificada por la Ley 1071 de 2006, por el periodo comprendido entre el 2 de
febrero y el 21 de marzo de 2017 «día anterior a la fecha en la que se hizo efectivo el
pago, la cual se liquidará con base en el salario básico que percibía el demandante en el
momento en que se causó la mora (2017)» [sic].
10. Para tal efecto se pronunció en los siguientes términos6:
10.1. El acto administrativo con el que se reconoció y ordenó el pago de una cesantía
parcial a favor del demandante fue expedido el 13 de diciembre de 2016, por tanto,
la entidad tenía hasta el 1° de febrero de 2017 para efectuar el pago; no obstante,
esto solo ocurrió hasta el 22 de marzo de esa anualidad. Así, se causó una mora de
46 días, esto es «desde el 2 de febrero de 2013 a 21 de marzo de 2017, día anterior a
aquél en que la entidad demandada realizó el pago de las cesantías» [sic].
10.2. En relación con los factores para su liquidación, de acuerdo con la sentencia
de unificación CE-SUJ-SII-012-2018 del 18 de julio de 2018 proferida por la Sala
plena de la Sección Segunda del Consejo de Estado7, será la correspondiente a la
fecha en que se causó la mora por el pago tardío de la prestación.
10.3. Comoquiera que la reclamación de la sanción moratoria se presentó el 17 de
septiembre de 2018 y la entidad tenía plazo para efectuar el pago el 1° de febrero
de 2017, no operó el fenómeno de la prescripción pues la solicitud se presentó
dentro de los 3 años de que trata el Decreto 3135 de 1968.
10.4. Noresulta procedente la indexación de la condena, puesto que según la
sentencia de unificación CE-SUJ-SII-012-2018, sanción moratoria y la indexación
son fenómenos excluyentes entre sí.
10.5. De conformidad con los artículos 188 del CPACA y 365 del CGP, no había lugar
a condenar en costas, porque no demostró la ocurrencia de gastos ordinarios de
proceso en esta instancia, así como tampoco conducta procesal que las justificara.
1.4. El recurso de apelación
11. El Fomag interpuso recurso de apelación en el cual solicitó revocar la sentencia,
y en su lugar, negar las pretensiones de la demanda, con sustento en los siguientes
6 Samai del tribunal, índice 45, 87_SENTENCIAPRIMERAINSTANCIA(.pdf) NroActua 45.
7 Sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia de unificación jurisprudencial
CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
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Demandante: Jhon Jaime Sandoval Mantilla
argumentos8:
11.1. De acuerdo con la jurisprudencia del Consejo de Estado, en tanto la sanción
moratoria se constituye en una expresión del derecho sancionado no puede ser
imprescriptible. En ese orden, y en consideración a que aquella no es accesoria a
la prestación, el término que se debe aplicar para verificar la configuración de este
fenómeno es el previsto en el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la
Seguridad Social.
11.2. Así las cosas, según lo dispuesto en dicho estatuto procesal, el demandante
contaba con un plazo de 3 años para reclamar el reconocimiento de la sanción
objeto de discusión, el cual inicia a computarse a partir del día siguiente a que la
obligación se hace exigible, «es decir al momento en que se causó la mora». En
consecuencia, como la solicitud y pago de la cesantía parcial fue el 22 de mayo de
2015, «la fecha de inicio de la mora 08/09/2015, y la fecha de reclamación de la
sanción fue el 17/09/2018» operó la prescripción.
1.5. Intervenciones en segunda instancia
12. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el artículo
67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de pruebas, no
hubo traslado a las partes para alegar.
1.6. Concepto del Ministerio Público
13. El procurador delegado ante el Consejo de estado no emitió concepto.
2. Consideraciones
2.1. El problema jurídico
14. Con fundamento en el argumento expuesto en el escrito de apelación9, el
problema jurídico se circunscribe en determinar si en el presente asunto ¿operó el
fenómeno jurídico de la prescripción de la sanción moratoria por el pago tardío de
las cesantías parciales del demandante?
8 Samai del tribunal, índice 48; 89_AGREGARMEMORIAL_RECURSODEAPELACION(.pdf)
NroActua 48; folios 4 al 10.
9 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
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Demandante: Jhon Jaime Sandoval Mantilla
2.2. Marco normativo
2.2.1. Régimen de liquidación de cesantías de los docentes
15. LaLey 91 de 1989 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio como una cuenta especial de la nación con el fin de atender « las
prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se encuentren
vinculados a la fecha de la promulgación de la presente Ley, siempre con observancia del
artículo 2, y de los que se vinculen con posterioridad a ella», y estableció la liquidación
anual de las cesantías de sus afiliados, con algunas circunstancias excepcionales
en el momento de su promulgación, así:
«Artículo 2. ° […]
Parágrafo - Las prestaciones sociales del personal nacional, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se reconocerán y pagarán de conformidad con las
normas prestacionales del orden nacional, aplicables a dicho personal.
Las prestaciones sociales del personal nacionalizado, causadas hasta la fecha de
promulgación de la presente Ley, se seguirán reconociendo y pagando de conformidad
con las normas que regían en cada entidad territorial en el momento de entrar en vigencia
la Ley 43 de 1975.
(…)
Artículo 15. ° A partir de la vigencia de la presente Ley el personal docente nacional y
nacionalizado y el que se vincule con posterioridad al 1 de enero de 1990 será regido
por las siguientes disposiciones:
1.- Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de
1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen
prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las
normas vigentes.
Los docentes nacionales y los que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990, para
efectos de las prestaciones económicas y sociales se regirán por las normas vigentes
aplicables a los empleados públicos del orden nacional, Decretos 3135 de 1968, 1848
de 1969 y 1045 de 1978, o que se expidan en el futuro, con las excepciones consagradas
en esta Ley.
(…)
3.- Cesantías:
A. Para los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a
un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.
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B. Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los
docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fecha, pero sólo con respecto
a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo
de estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y
sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de
acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial
promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías
del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan
al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las
normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional» [se resalta].
16. De acuerdo con las disposiciones transcritas, se establece una distinción entre
los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para
quienes el Fomag pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año
de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado, es decir, con aplicación del régimen retroactivo de cesantías y los
docentes que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y los nacionales
vinculados desde antes, solo en lo atinente a las cesantías que se causen desde el
1° de enero 1990, a quienes el Fondo les pagará un interés anual sobre saldo de
estas cesantías existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente
y sin retroactividad; en otras palabras, las cesantías se reconocerán con el régimen
anualizado.
17. En relación con las citadas normas en sentencia del 30 de noviembre de 2017 la
Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación concluyó que « i) los
docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el
régimen prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el
sistema de retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de
enero de 1990 «lo que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, corresponde a
los nacionales o territoriales que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad,
sin hacer distinción entre nacionales y territoriales», se les aplicarán las disposiciones
vigentes para los empleados públicos del orden nacional, es decir, un sistema anualizado
de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento de intereses»10.
18. Asimismo, la jurisprudencia de esta Corporación11, al decidir casos similares ha
establecido que los docentes que ingresaron al sector oficial con posterioridad al 1°
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia
del 30 de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15)
11 Subsección A: Sentencias del 12 de abril de 2018, Rad. 2014-00104; del 26 de julio de 2018, Rad.
2015-02674-01; del 29 de octubre de 2018, Rad. 2015-00447-01; Subsección B: Sentencia del 13
de agosto de 2018 Rad.2014-00683-01 y 2014-00621-01; del 16 de agosto de 2018, Rad. 2015-
00048-01; del 22 de octubre de 2018, Rad. 2015-00186-01 y 2016-00629-01; del 7 febrero de 2019,
Rad. 2016-00298- 01; del 14 de febrero de 2019, Rad. 2015-04922-01;
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Demandante: Jhon Jaime Sandoval Mantilla
de enero de 1990, independientemente de ser designados por el alcalde o
gobernador de un ente territorial u ostentar la calidad de financiados con recursos
propios, se rigen por las disposiciones vigentes para los empleados públicos del
orden nacional que en materia de cesantías prevén la liquidación bajo el sistema
anualizado. En ese sentido, la sentencia del 31 de enero de 2019 12, sostuvo lo
siguiente:
«la citada Ley 91 de 1989, dispuso que aquellos docentes vinculados con anterioridad a
31 de diciembre de 1989, conservarían el régimen prestacional que gozaban en la
entidad territorial a la cual se encontraban adscritos, esto es, la Ley 6 de 1945 y demás
normas concordantes y quienes se incorporaron a partir del 1 de enero de 1990, sin lugar
a distinción entre docentes nacionales y nacionalizados, quienes estarían regulados por
las normas de los empleados públicos del orden nacional, cuyo sistema de liquidación
reviste las siguientes características:
i) Liquidación: El 31 de diciembre de cada año se hará la liquidación, equivalente a un
mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año
laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres
meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año;
ii) Intereses: Anual sobre el valor acumulado de la cesantía al 31 de diciembre de cada
año, más la tasa de interés que de acuerdo con la certificación de la Superintendencia
Financiera, haya sido el comercial promedio efectiva de captación del sistema financiero
durante el mismo período.
Ahora bien, considera la Sala pertinente señalar que el Consejo de Estado al
pronunciarse respecto de sí los docentes oficiales son destinatarios de la prima de
servicios contemplada en el Decreto 1042 de 1978 mediante la Sentencia de Unificación
CE-SUJ2 proferida el 14 de abril de 20164, sostuvo que la finalidad del legislador al
expedir la Ley 91 de 1989 fue la de unificar el régimen prestacional de los docentes a
partir del 1º de enero de 1990, sin desconocer las normas prestacionales que regulaban
a aquellos vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, quienes mantendrían el sistema
que regulaba a los servidores de orden territorial, a diferencia de los educadores que
ingresaren a partir de dicha fecha sin hacer distinción entre nacionales o
territoriales, los cuales se regularían por las normas de los empleados públicos del
orden nacional» [se resalta].
19. Así las cosas, la Ley 91 de 1989 además de crear el Fomag para centralizar la
administración de los recursos destinados al pago sus prestaciones sociales, unificó
el régimen laboral de los docentes oficiales, equiparándolo desde el punto de vista
prestacional al de los empleados públicos del orden nacional, sin desconocer los
derechos adquiridos de aquellos maestros que se hubiesen vinculado con
anterioridad al 31 de diciembre de 1989.
12 Sentencia del 31 de enero de 2019, Radicación 2015-00025-01, MP Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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2.2.2. Sanción moratoria por pago tardío de las cesantías
20. El artículo 313 de la Ley 91 de 198914 dispuso la creación del Fomag, como una
cuenta especial de la Nación sin personería jurídica, con independencia patrimonial,
contable y estadística, cuyos recursos deberían ser manejados por una entidad
fiduciaria estatal o de economía mixta, en la cual el Estado tenga más del 90% del
capital.
21. Respecto de los docentes afiliados al Fomag, la norma en cita determinó que los
docentes nacionales y nacionalizados vinculados a la fecha de su promulgación
quedarían automáticamente afiliados a este, asimismo, el personal vinculado con
posterioridad, siempre que cumplieran con los requisitos de afiliación de naturaleza
formal o normativa y económica.
22. En relación con la finalidad del Fomag, el numeral 1 del artículo 5 de la Ley 91 de
1989, determinó que esta entidad se encargaría de realizar el pago de las prestaciones
sociales de sus afiliados; sin embargo, dejó en cabeza de la nación el reconocimiento
de dichas prestaciones, es decir que el fondo únicamente las pagaría15.
23. Posteriormente, el gobierno nacional mediante Decreto 1775 de 1990 16,
reglamentó su funcionamiento, para lo cual, en relación con el reconocimiento y
pago de las prestaciones económicas de los docentes, precisó que las solicitudes
debían ser radicadas ante la oficina de prestaciones sociales del respectivo fondo
educativo regional, el que procedería a realizar el estudio de la documentación, con
el visto bueno de la entidad fiduciaria, para luego expedir la correspondiente
resolución de reconocimiento.
13 «ARTÍCULO 3. Créase el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, como una
cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, contable y estadística, sin personería
jurídica, cuyos recursos serán manejados por una entidad fiduciaria estatal o de economía mixta, en
la cual el Estado tenga más del 90% del capital. Para tal efecto, el Gobierno Nacional suscribirá el
correspondiente contrato de fiducia mercantil, que contendrá las estipulaciones necesarias para
el debido cumplimiento de la presente ley y fijará la comisión que, en desarrollo del mismo, deberá
cancelarse a la sociedad fiduciaria, la cual será una suma fija, o variable determinada con base en
los costos administrativos que se generen. La celebración del contrato podrá ser delegada en el
Ministro de Educación Nacional.
El Fondo será dotado de mecanismos regionales que garanticen la prestación descentralizada de
los servicios en cada entidad territorial sin afectar el principio de unidad».
14 «Por la cual se crea el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio».
15 Según el artículo 9 de la Ley 91 de 1989.
16 «Por el cual se reglamenta el funcionamiento del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio de que trata la Ley 91 de 1989».
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Demandante: Jhon Jaime Sandoval Mantilla
24. No obstante, más adelante, el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 17, dispuso que
las prestaciones sociales pagadas por el Fomag serían reconocidas «mediante la
aprobación del proyecto de resolución por parte de quien administre el Fondo, el cual debe
ser elaborado por el Secretario de Educación de la Entidad Territorial certificada
correspondiente, a la que se encuentre vinculado el docente. El acto administrativo de
reconocimiento se hará mediante resolución que llevará la firma del Secretario de
Educación de la entidad territorial», trámite que fue reglamentado por los artículos 2,
3, 4 y 5 del Decreto 2831 de 200518.
25. En virtud de la normativa aludida, esta Subsección ha señalado que los actos a
través de los cuales se dispone el reconocimiento y la orden de pago de una
prestación social a favor de los afiliados del Fomag, son actos administrativos
complejos, pues para su formación intervienen varias voluntades jurídicas [secretaría
de educación, o la dependencia o entidad que haga sus veces, de la respectiva entidad
territorial certificada a cuya planta docente pertenezca o haya pertenecido el solicitante o
causahabiente y la sociedad fiduciaria encargada del manejo y administración de los
recursos de tal fondo]19.
26. Como se señaló, el pago de las cesantías, parciales o definitivas, estaba
sometida al trámite previsto en el Decreto 2831 de 2005, que instituyó un
procedimiento administrativo caracterizado por la división de responsabilidades y
cargas administrativas entre las secretarías de educación y la fiduciaria, pero
también, adoptó términos para la ejecución de cada una de ellas, períodos que, en
conjunto, superaban los plazos dispuestos por el legislador para la expedición del
acto administrativo de reconocimiento de las cesantías de los demás servidores
públicos20.
27. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el reconocimiento y pago del auxilio de
cesantías, el artículo 1 de la Ley 244 de 1995 preveía que «dentro de los quince (15)
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud de liquidación de las Cesantías
Definitivas, por parte de los servidores públicos de todos los órdenes, la entidad patronal
deberá expedir la Resolución correspondiente, si reúne todos los requisitos determinados
en la Ley». Tal norma fue subrogada por el artículo 4 de la Ley 1071 de 2006, en
cuanto i) el sujeto destinatario de la obligación, pues no se refirió solo a «la entidad
17 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y procedimientos
administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos».
18 «por el cual se reglamentan el inciso 2° del artículo 3° y el numeral 6 del artículo 7° de la Ley 91
de 1989, y el artículo 56 de la Ley 962 de 2005, y se dictan otras disposiciones».
19 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 12 de diciembre de 2023,
radicado 25000-23-42-000-2013-05975-01 (1384-2017), M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
20 Al respecto, ver párrafos 118 y 119, Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo,
sección segunda, sentencia de unificación jurisprudencial CE-SUJ-SII-012-2018 de 18 de julio de
2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
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patronal», sino a «la entidad empleadora o aquella que tenga a su cargo el reconocimiento
y pago de las cesantías», ii) mantuvo el término de 15 días como plazo máximo para
expedir el acto de reconocimiento de cesantías definitivas y iii) extendió tal deber
también a las solicitudes de cesantías parciales.
28. En concordancia con lo anterior, el artículo 2 de la Ley 244 de 1995, que
establecía el término oportuno para efectuar el pago del auxilio de cesantías
definitivas (45 días hábiles a partir de la cual quede en firme el acto administrativo
que ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor
público) y previó una sanción por el pago tardío de esa prestación, fue subrogado
por el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, de la siguiente manera:
«Mora en el pago. La entidad pública pagadora tendrá un plazo máximo de cuarenta y
cinco (45) días hábiles, a partir de la cual quede en firme el acto administrativo que
ordena la liquidación de las cesantías definitivas o parciales del servidor público, para
cancelar esta prestación social, sin perjuicio de lo establecido para el Fondo Nacional de
Ahorro.
Parágrafo. En caso de mora en el pago de las cesantías definitivas o parciales de los
servidores públicos, la entidad obligada reconocerá y cancelará de sus propios recursos,
al beneficiario, un día de salario por cada día de retardo hasta que se haga efectivo el
pago de las mismas, para lo cual solo bastará acreditar la no cancelación dentro del
término previsto en este artículo. Sin embargo, la entidad podrá repetir contra el
funcionario, cuando se demuestre que la mora en el pago se produjo por culpa imputable
a este».
29. Comoquiera que las aludidas normas no señalaron como beneficiarios en
concreto al personal docente, esto motivó la expedición de la sentencia SU-336 de
201721, en la cual la Corte Constitucional determinó «que aquellas personas que se
desempeñan como docentes al servicio del Estado tienen derecho, previo cumplimiento de
los requisitos legales y según se evalúe en cada caso concreto, al reconocimiento de la
sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías, establecida en la Ley 244 de 1995,
modificada por la Ley 1071 de 2006».
30. A su vez, esta Sección profirió el fallo CE-SUJ-SII-012-201822, en el que sostuvo
que «los docentes integran la categoría de servidores públicos prevista en el artículo 123
de la Constitución Política, pues aunque el estatuto de profesionalización los defina como
empleados oficiales23, lo cierto es que en ellos concurren todos los requisitos que de
carácter restrictivo encierra el concepto de empleado público en atención a la naturaleza
del servicio prestado, la regulación de la función docente y su ubicación dentro de la
21 Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 2017, M. P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
22 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia CE-SUJ-
SII-012-2018 de 18 de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
23 Definición utilizada en el Decreto Ley 3135 de 1968, para significar a los empleados públicos y a
los trabajadores oficiales.
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estructura orgánica de la Rama Ejecutiva del Estado y la implementación de la carrera
docente para la inserción, permanencia, ascenso y retiro del servicio; razón por la cual, se
encuadran dentro del concepto de empleados públicos, establecido en la norma superior
y desarrollado a través de la ley». De manera que unificó la jurisprudencia, «para
señalar que el docente oficial, al tratarse de un servidor público le es aplicable la Ley 244
de 1995 y sus normas complementarias en cuanto a sanción moratoria por mora en el pago
de las cesantías».
31. De igual modo, con el fin de establecer el momento de inicio de la causación de
la sanción, la Corporación estudió las distintas hipótesis que pueden presentarse en
el marco del reconocimiento de las cesantías de los afiliados al Fomag, momento
en el que valoró la forma y oportunidad del acto de reconocimiento de la prestación
(acto ficto o expreso oportuno o extemporáneo), la notificación, interposición de
recursos y términos de ejecutoria de dicha actuación, y determinó a partir de
cuándo, en cada caso, empieza a generarse mora en el pago de la prestación,
según las siguientes reglas:
«SEGUNDO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria por el pago tardío
de las cesantías, las siguientes reglas:
i) En el evento en que el acto que reconoce las cesantías definitivas y parciales se
expida por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la sanción moratoria corre
70 días hábiles después de radicada la solicitud de reconocimiento, término que
corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución; ii) 10 días de ejecutoria del acto; y
iii) 45 días para efectuar el pago.
ii) Así mismo, en cuanto a que el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al
interesado en las condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación,
iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado, para
determinar cuando corre la ejecutoria, deberá considerarse el término dispuesto en la
ley24 para que la entidad intentara notificarlo personalmente, esto es, 5 días para citar al
peticionario a recibir la notificación, 5 días para esperar que compareciera, 1 para
entregarle el aviso, y 1 más para perfeccionar el enteramiento por este medio. Por su
parte, cuando el peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el
acto adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En ninguno de estos casos,
los términos de notificación correrán en contra del empleador como computables para
sanción moratoria.
iii) Cuando se interpone recurso, la ejecutoria correrá 1 día después que se notifique el
acto que lo resuelva. Si el recurso no es resuelto, los 45 días para el pago de la cesantía,
correrán pasados 15 días de interpuesto».
32. Por último, la Sección también sentó jurisprudencia en cuanto al salario de
liquidación de la sanción moratoria y la imposibilidad de indexar esa base (sin
24 Artículo 69 CPACA.
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perjuicio de la actualización de la respectiva condena):
«TERCERO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de
Estado para señalar que, en tratándose de cesantías definitivas, el salario base para
calcular la sanción moratoria será la asignación básica vigente en la fecha en que se
produjo el retiro del servicio del servidor público; a diferencia de las cesantías parciales,
donde se deberá tener en cuenta para el mismo efecto la asignación básica vigente al
momento de la causación de la mora sin que varíe por la prolongación en el tiempo.
CUARTO: SENTAR JURISPRUDENCIA en la sección segunda del Consejo de Estado
para señalar que es improcedente la indexación de la sanción moratoria por pago tardío
de las cesantías. Lo anterior, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 187 del CPACA».
33. A partir de lo anterior, esta corporación ha señalado que los docentes oficiales
afiliados al Fomag tienen derecho al reconocimiento de la sanción moratoria prevista
en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, afirmación que encuentra sustento de
derecho detallado en los pronunciamientos de unificación proferidos por la Corte
Constitucional (sentencia SU-336 de 201725) y por la sección segunda de esta
Corporación (fallo CE-SUJ-SII-012-201826); de manera que la gestión administrativa
necesaria para resolver todas las solicitudes de reconocimiento del auxilio de
cesantías formuladas ante el Fomag debe ajustarse a los plazos y condiciones
contenidos en esas normas y, en consecuencia, resulta claro que la referida sanción
empieza a generarse en caso de retardo en el pago de la prestación, según las
circunstancias de cada situación particular y con independencia de si se trata de
cesantías definitivas o parciales27.
2.3. Caso concreto
34. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:
34.1. El
22 de mayo de 2015, bajo el radicado 2015-CES-016439, Jhon Jaime
Sandoval Mantilla solicitó el reconocimiento de cesantías parciales28.
34.2. Mediante Resolución 00000491 del 13 de diciembre de 2016, el secretario de
educación del municipio de Soledad, en representación del Fomag, le reconoció la
25 Corte Constitucional, sentencia SU-336 de 18 de mayo de 2017, M.P. Iván Humberto Escrucería
Mayolo.
26 Consejo de Estado, sala de lo contencioso-administrativo, sección segunda, sentencia CE-SUJ-
SII-012-2018 de 18 de julio de 2018, expediente 73001-23-33-000-2014-00580-01.
27 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de julio de 2021, radicado
05001-23-33-000-2016-01673-01 (1606-2019), M.P. Carmelo Perdomo Cuéter.
28 Samai del tribunal, índice 27;
40_AGREGARMEMORIAL_DOCUMENTOS_EXPEDIENTECESANTIA(.pdf) NroActua 27; folios 1
al 5.
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prestación reclamada y se ordenó un pago a su favor por concepto de «liquidación
parcial de cesantías»29 [sic].
34.3. La anterior resolución fue notificada personalmente al demandante el 5 de
enero de 201730.
34.4. Según consta en el comprobante de pago del Banco BBVA, el demandante
recibió la suma de $7.395.943,00, por concepto de « nómina de cesantías parciales»,
efectuado por la Fiduprevisora, el 22 de marzo de 201731.
34.5. A través del escrito del 17 de septiembre de 201832, solicitó el reconocimiento
y pago de la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías parciales; no
obstante, frente a esa petición la entidad guardó silencio.
2.3.1. Análisis sustancial del caso concreto
35. En el presente asunto el a quo accedió a las pretensiones de la demanda y en
consecuencia ordenó al Fomag reconocer y pagar a Jhon Jaime Sandoval Mantilla
una indemnización equivalente a un día de salario por cada día de retardo en la
mora del pago oportuno de sus cesantías parciales, en los términos de la Ley 244
de 1995 modificada por la Ley 1071 de 2006, por el periodo comprendido entre el 2
de febrero y el 21 de marzo de 2017.
36. En el recurso de apelación, la entidad demandada, manifestó su desacuerdo con
la condena, toda vez que, según el artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y
de la Seguridad Social, había operado el fenómeno de la prescripción, en la medida
en que entre la fecha en que inició la mora y la de su reclamación, transcurrieron
más de 3 años.
37. De acuerdo con el argumento expuesto en el recurso de apelación, se advierte
que no se planteó reproche alguno frente a la configuración de la sanción moratoria
por el pago tardío. En ese orden, la Sala limitará su estudio a los reproches
planteados por el apelante único, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 328
del Código General del Proceso.
29 Ibidem, folios 6 al 8.
30 Ibidem, folio 9.
31 Samai del tribunal, índice 31,
47_INCORPORAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_08001233300020190076(.zip)
NroActua 31; 08001233300020190076300.pdf; folio 24.
32 Samai, índice 2, 002 DEMANDA ADIXON MORENO GRACIA20210512_16591288.pdf, folios 22
al 24.
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38. Para resolver el problema jurídico planteado, se precisa que, en cuanto a la
configuración del fenómeno jurídico de la prescripción, de conformidad con la
jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación, este se rige por el
artículo 151 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social33, según el
cual:
«ARTICULO 151. PRESCRIPCION. Las acciones que emanen de las leyes sociales
prescribirán en tres años, que se contarán desde que la respectiva obligación se haya
hecho exigible. El simple reclamo escrito del trabajador, recibido por el {empleador},
sobre un derecho o prestación debidamente determinado, interrumpirá la prescripción
pero sólo por un lapso igual».
39. Así las cosas, con el fin de determinar la procedencia del reproche planteado por
la entidad apelante, se debe determinar la fecha en la que se causó el derecho a la
sanción moratoria, para verificar la configuración o no de la prescripción extintiva de
aquel. En ese orden, para contabilizar el plazo para la exigibilidad de la sanción
moratoria por el no pago de las cesantías se tendrán en cuenta las reglas fijadas
por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 18 de julio de
2018 antes citada, de acuerdo con lo cual se tiene:
Fecha de presentación de la solicitud de cesantías 22 de mayo de 2015
15 días para expedir el acto administrativo de
16 de junio de 2015
reconocimiento
10 días de ejecutoria del acto 3 de julio de 2015
45 días hábiles para efectuar el pago 10 de septiembre de 2015
Acto de reconocimiento de las cesantías 13 diciembre de 2016
Notificación del acto de reconocimiento 5 de enero de 2017
Pago de las cesantías 22 de marzo de 2017
Plazo para reclamar la sanción en oportunidad 10 de septiembre de 2018
Fecha de la solicitud de reconocimiento de la
17 de septiembre de 2018
sanción moratoria
40. Así las cosas, comoquiera que la solicitud de las cesantías se efectuó el 22 de
mayo de 2015, la entidad tenía hasta el 10 de septiembre de esa anualidad para
efectuar el pago de manera oportuna, lo cual solo ocurrió el 22 de marzo de 2017,
esto es pasado más de 1 un año y 6 meses, razón por la cual se causó el derecho
al reconocimiento de la sanción por mora.
33Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia SUJ- 034 - CE-S2 -2023: «la Sección Segunda
considera que en el presente caso se debe acoger la regla de interpretación según la cual el derecho
al reconocimiento de la sanción moratoria por el incumplimiento en el pago de las cesantías
definitivas prevista en las Leyes 244 de 1995 y 1071 de 2006, está supeditado a la observancia del
término de prescripción consagrado en el mencionado artículo 151 del CPTSS».
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41. Ciertamente, en este punto la Sala reitera que en casos como el sub judice en el
que el pago de las cesantías se efectuó por fuera del término de ley [22 de marzo
de 2017], la sanción moratoria se hace exigible a partir del día siguiente a la fecha
máxima en la que la entidad tenía la obligación de efectuar el pago [10 de
septiembre de 2015].
42. Ahora, en línea con lo expuesto, esta Subsección recuerda, como se definió en
la sentencia de unificación SUJ- 034 - CE-S2 -202334, que «[s]i bien la sanción se
causa y acumula diariamente, no puede ser considerada como una prestación periódica por
tratarse de una penalidad indivisible de ejecución instantánea, por tanto, está sujeta a un
plazo de prescripción establecido por la ley. En otras palabras, aunque la penalidad
acrecienta con el tiempo, esta acumulación no la convierte en una obligación sin
restricciones, ya que el término de prescripción define un límite claro hasta cuándo se puede
reclamar». «Lo anterior explica que el fenómeno de la prescripción opera en aquellos casos
en los cuales el reclamo de la penalidad se haya efectuado después de los tres años
contados desde la exigibilidad de la sanción y el efecto extintivo se proyecta a todas las
sumas causadas y no reclamadas oportunamente por la inacción del interesado
(prescripción total), sin que resulte procedente reconocer la sanción moratoria de manera
parcial o fraccionada tomando como fecha los tres años anteriores a la reclamación
(prescripción parcial)».
43. En suma, si la solicitud del reconocimiento y pago de la sanción moratoria se
efectúa por fuera del plazo trienal previsto en el artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social, se configura la prescripción total del derecho.
44. En el caso concreto, la solicitud de reconocimiento y pago de la sanción moratoria
se presentó el 17 de septiembre de 2018, esto es por fuera del término de los 3
años contados desde su exigibilidad [10 de septiembre de 2015], por lo que,
contrario a lo concluido por el a quo, se configuró el fenómeno jurídico de la
prescripción extintiva de la penalidad.
45. En consecuencia, la Sala revocará la sentencia de primera instancia, y en su
lugar, declarará probada la excepción de prescripción extintiva del derecho.
2.4. Costas
46. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
34 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de unificación SUJ-034-CE-S2-2023 del 2 de
noviembre de 2023, radicado 080012333000201200200-02 (2459-2014), M.P. Gabriel Valbuena
Hernández.
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«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
47. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
48. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma35.
49. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
50. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.
3. Conclusión
51. Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que, si bien el derecho de Jhon
Jaime Sandoval Mantilla frente a la sanción moratoria se causó el 10 de septiembre
de 2015, solo reclamó ante la administración su reconocimiento hasta el 17 de
septiembre de 2018, esto es por fuera del término previsto en el artículo 151 del
Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por lo que se configuró el
fenómeno jurídico de la prescripción extintiva de la penalidad.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
35 En igual sentido ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
sentencia del 1° de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-23-33-
000-2013-00065-01 (1908-2014).
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Demandante: Jhon Jaime Sandoval Mantilla
F A L L A:
Primero. Revocar la sentencia proferida el 9 de diciembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico. En su lugar, declarar probada la prescripción extintiva
de la sanción moratoria causada por el pago tardío de las cesantías reclamadas por
Jhon Jaime Sandoval Mantilla.
Segundo. No condenar en costas en esta instancia.
Tercero. Efectuar las anotaciones correspondientes en la plataforma Samai del
Consejo de Estado.
Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
Aclara voto
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
DMGT
19
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