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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2019-00801-01

Salvedades en instrumentos contractuales: reiteración de jurisprudencia

Fecha
3 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2019-00801-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la demandante y FIJAR las agencias en derecho en suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente a la ejecutoria de esta providencia, en favor de la entidad accionada. Las costas se liquidarán por el Tribunal a quo. TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 08001-23-33-000-2019-00801-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

3 de diciembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00801-01 (73187)
Demandante: Asesorías, Interventorías, Diseño y Construcción Ltda.
Demandado: Fondo Adaptación
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
Temas: RENUNCIA A RECONOCIMIENTOS ECONÓMICOS- No puede ser desconocida por las partes /
SALVEDADES EN INSTRUMENTOS CONTRACTUALES – Reiteración de jurisprudencia / ACTOS
CONTRACTUALES NO ADMINISTRATIVOS – Impone a quien pretende separarse de ellos enrostrar y
demostrar el incumplimiento contractual de quien los profirió.

1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia proferida el 16 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. Entre el Fondo Adaptación1 y la sociedad Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.2 se celebró el contrato n° 135 de 2016 cuyo objeto consistió
en la interventoría integral a la construcción de las obras de protección de orilla
de la margen derecha del Canal del Dique, a la altura del municipio de Santa
Lucía - Atlántico. La demandante persigue que se anulen los actos expedidos
por el Fondo en los que determinó el incumplimiento del acuerdo de voluntades,
que se declare que la contratante incumplió, a su vez, el contrato y causó el
desequilibrio de la ecuación negocial, que se efectúe la liquidación del contrato
reconociendo mayores costos de permanencia y perjuicios causados por el
desconocimiento del deber de planeación y por aquel desbalance, con los
correspondientes intereses moratorios.

ANTECEDENTES

La demanda

3. El 5 de diciembre de 20193, AIDCON promovió demanda de controversias
contractuales contra el Fondo, elevando las siguientes pretensiones, que se
transcriben con sus propios énfasis y posibles errores:

“PRIMERO. Se liquide el contrato N° 135 de 2016, celebrado entre FONDO ADAPTACIÓN
y AIDCON LTDA, reconociendo los mayores costos de permanencia en obra, así como
los perjuicios causados por el desconocimiento del deber de planeación y el rompimiento
de la ecuación financiera causada.

SEGUNDO. Se declare responsable al FONDO ADAPTACIÓN, por el incumplimientode
las obligaciones contractuales del contrato No. 135 DE 2016, celebrado entre FONDO
ADAPTACIÓN y AIDCON LTDA

1 En adelante, también, el Fondo, la contratante o la demandada.
2 En lo sucesivo, igualmente, AIDCON, la contratista o la demandante.
3 Archivo “3ED_001DemandaAnexos” del expediente digital, índice 002 del aplicativo SAMAI, en segunda
instancia.

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00801-01 (73187)
Demandante: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Demandado: Fondo Adaptación
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

TERCERO. Se declare responsable al FONDO ADAPTACIÓN, por el desequilibrio
económico causado en virtud de su incumplimiento de las obligaciones contractuales en
el contrato No. 135 de 2016.

CUARTO. Se tasen los valores de los ítems no previstos y realizados por AIDCON LTDA,
conforme se demuestre en este proceso.

QUINTO. Se declare que FONDO DE ADAPTACIÓN es responsable por el daño
antijurídico ocasionado al contratista AIDCON LTDA, por el incumplimiento del deber de
planeación en el contrato de obra No. 135 de 2015.

SEXTO. Se declare la nulidad de las Resoluciones No 0344 de 21 de junio de 2019 y de
la No 0303 de 30 de mayo de 2019, proferidas por FONDO ADAPTACIÓN, en las cuales
se declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones contenidas en el contrato No135
de 2016.

SÉPTIMO. Se condene al FONDO DE ADAPTACIÓN a pagar a AIDCON LTDA el valor
de DOS MIL CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y UNO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($2.005.450.831,32), por el
desequilibrio económico generado al contratista en la ejecución del contrato.

OCTAVO. Que se declare que todas las sumas reconocidas, causarán intereses
moratorios desde el momento de su reconocimiento hasta el momento de su pago total.
Para efectos de lo anterior, se imputará cualquier pago en la forma prevista en el Código
Civil.

NOVENO: Se condene a la entidad demandada a las costas y agencias en derecho.”.

4. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se narraron los siguientes:

5. El Fondo remitió invitación a AIDCON para llevar a cabo la contratación de la
interventoría integral a la construcción de las obras de protección de la orilla de
la margen derecha del canal del dique, en el municipio de Santa Lucía,
departamento del Atlántico. En el marco de dicho trámite, AIDCON presentó
propuesta técnica y económica, la cual fue aceptada por la demandada.

6. El 5 de julio de 2016 se celebró el contrato de interventoría n° 135, con el objeto
ya descrito. El presupuesto oficial del negocio ascendió a $1.712’844.072 y el
acta de inicio fue suscrita el 18 de julio siguiente4.

7. En comunicación del 22 de julio de 2016, el contratista de obra puso en
conocimiento de la interventoría que la zona en la que se desarrollaban los
trabajos presentaba una socavación superior a la prevista en el proyecto, lo que
exigía recuperar y conformar el talud con una cantidad superior a la establecida
inicialmente lo cual, a su vez, fue informado por AIDCON a la contratante,
solicitando que le entregara los insumos necesarios (estudios de suelos y
memorias de cálculo) para la revisión y ajuste de los diseños.

8. El 25 de julio siguiente, la interventoría indicó al contratista de obra que, revisada
la batimetría realizada en el tramo de la zona crítica, ubicada frente al municipio
de Santa Lucía, se constató que, efectivamente, existía una diferencia entre los
estudios entregados por el Fondo Adaptación y la realidad del sitio de obra, por
lo que le solicitó la realización de una batimetría en la totalidad del área a
intervenir.

4 En la narración fáctica de la demanda no se especificó el plazo de duración del contrato.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00801-01 (73187)
Demandante: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Demandado: Fondo Adaptación
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

9. Mediante documento 2016-DIQUE-015, el contratista de obra no aceptó los
diseños entregados por la entidad contratante, refiriendo que los mismos
estaban incompletos, no eran adecuados y no aseguraban la durabilidad de la
obra en el largo plazo.

10. En múltiples reuniones celebradas entre contratante, contratista de obra y
AIDCON, ésta planteó al Fondo la revisión de “las condiciones y desempeño del
colchacreto, teniendo en cuenta la estabilidad del talud en la obra”. A pesar de
la insistencia del contratista y la interventoría, el Fondo se negó a cambiar los
diseños.

11. El 30 de diciembre de 2016 se firmó el acta de suspensión n° 1 al contrato de
obra, por un término de 20 días, por inconvenientes relacionados con
inconformidades de la comunidad del municipio de Santa Lucía, la titularización
de predios y el incremento del nivel del agua en el Canal del Dique.

12. El 28 de abril de 2017 se suscribió el acta de suspensión n° 2 al contrato de
interventoría, por un período de 60 días, por razón de la suspensión del contrato
de obra “debido al aumento del nivel de la lámina del canal del dique en el
municipio de Santa Lucía”. Esa suspensión fue ampliada en 5 ocasiones5.

13. El 12 de junio siguiente, AIDCON presentó las facturas correspondientes a las
actas parciales 5, 6, 7 y 8, las cuales, a la fecha de presentación de la demanda,
no habían sido pagadas por la demandada.

14. El 24 de julio siguiente, la demandante entregó a la contratante las batimetrías
por ella realizadas al canal, las cuales demostraron, en definitiva, que los diseños
propuestos por el Fondo no eran adecuados para la correcta culminación de la
obra, “dado que se ha generado y se pueden observar socavaciones por debajo
de los big-bag, generando una falla en el colchacreto”.

15. El 14 de diciembre de 2017, el supervisor del contrato de interventoría informó
sobre un posible incumplimiento parcial, relacionado con las actas 5, 6, 7 y 8. Al
cabo del procedimiento respectivo, el Fondo declaró el incumplimiento y
cuantificó los perjuicios en $203’655.215.

16. A raíz de las labores de topografía y batimetría permanentemente realizadas por
la interventoría, la obra costó $2.380’000.000 menos de lo inicialmente
presupuestado, lo que indica que los controles implementados a lo ejecutado
fueron eficientes.

17. Como fundamentos de derecho, la demandante sostuvo que: (i) las
suspensiones de la obra generaron una mayor permanencia para la interventoría
y, con ello, desequilibraron la ecuación financiera del negocio debatido; (ii)
idéntica consecuencia se predica del hecho de que la demandada no efectuara
los pagos de las actas parciales; (iii) esa circunstancia, también, supuso un
escenario de incumplimiento por parte de la contratante a su débito negocial, el
cual, en los términos del EGCAP, genera la obligación de indemnizar al
contratista interventor por los perjuicios causados; (iv) el principio de planeación

5 Prolongándose hasta el 14 de febrero de 2018.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00801-01 (73187)
Demandante: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Demandado: Fondo Adaptación
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

fue desconocido por la demandada, pues los diseños entregados para la
ejecución del proyecto no eran técnicamente aptos; y (v) la interventoría fue fiel
en el cumplimiento de sus obligaciones.

La contestación de la demanda

18. Dentro del término correspondiente, el Fondo dio respuesta, oponiéndose a la
prosperidad de las pretensiones y proponiendo las excepciones previas 6 de
“pleito pendiente” e “inepta demanda por no cumplir con las cargas procesales”,
y como medios exceptivos de fondo, los que denominó “contrato no cumplido”,
“culpa exclusiva del demandante”, “inexistencia de desequilibrio económico”,
“violación del principio de la buena fe contractual y de la teoría del acto propio
que de ella se deriva por parte del demandante”, “cobro de lo no debido y/o
rechazo de la pretensión de incumplimiento del contrato imputable al FA”,
“inexistencia de responsabilidad imputable al Fondo Adaptación, en tanto la
entidad cumplió lo pactado en el contratos (sic) objeto de este medio de control”
y la genérica7.

19. En sustento de lo anterior, afirmó que: (i) con anterioridad a la presente
controversia, el Fondo promovió proceso de controversias contractuales para
obtener la liquidación del contrato de interventoría, el cual tiene el mismo objeto,
causa y partes, lo que exige al juez la adopción de las medidas necesarias para
evitar decisiones contradictorias; (ii) la demandante no invocó causales
específicas de nulidad de los actos administrativos cuestionados en su libelo
introductorio; (iii) AIDCON no puede enrostrar al Fondo el incumplimiento del
negocio cuando ella misma se encuentra en mora con su propio débito; (iii) las
observaciones efectuadas a las actas parciales presentadas, no fueron
subsanadas por la interventoría, lo que impidió efectuar el pago correspondiente;
(iv) el desequilibrio económico reclamado no se encuentra demostrado; (v) el
contratista, con su demanda, actuó en contra de sus actos propios y desconoció
el principio de la buena fe negocial; (vi) AIDCON no plasmó salvedades en las
actas de suspensión y ampliación del plazo contractual, lo que le impide reclamar
mayores permanencias; y (vii) el Fondo honró en todo momento sus obligaciones
contractuales.

Sentencia de primera instancia

20. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 16 de mayo de 2025,
negó las súplicas de la demanda8. Para sustentar su decisión, señaló que: (i) en
las actas que dispusieron la suspensión del contrato de interventoría se estipuló,
expresamente, que dicha incidencia no generaría reconocimiento económico
alguno para el contratista, lo que constituye una manifestación de la libertad
negocial, vinculante y obligatoria para las partes y para el juez del contrato; (ii)
así, en tanto el fundamento del incumplimiento y el desequilibrio reclamados

6 En providencia del 4 de mayo de 2022, el a quo declaró no probadas las excepciones previas formuladas,
señalando que: (i) la de inepta demanda ataca un aspecto de fondo de la litis, que debe ser decidido en la
sentencia de mérito; y (ii) el otro proceso judicial respecto del cual se pretende predicar la existencia de un pleito
pendiente, no reviste identidad de causa “porque las pretensiones tienen unas finalidades distintas” (Archivo
“19ED_018ResolverExcepcion” del expediente digital, índice 002 del aplicativo SAMAI, en segunda instancia).
7 Archivo “11ED_010ContestacionDeman” del expediente digital, índice 002 del aplicativo SAMAI, en segunda

instancia
8 Archivo “26ED_26SentenciaIncContra”, ibidem.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00801-01 (73187)
Demandante: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Demandado: Fondo Adaptación
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

radicó, justamente, en las suspensiones indicadas, no resulta procedente
acceder a la indemnización deprecada; (iii) en todo caso, la accionante no
satisfizo la carga que le asistía de demostrar los gastos que esas suspensiones
le provocaron, ni el desbalance contractual afirmado; (iv) la demanda no indicó
ni sustentó cuáles vicios aquejan a los actos cuya nulidad se pretende, lo que
impide adentrarse en el estudio de legalidad correspondiente; y (v) los
instrumentos probatorios aportados por AIDCON son insuficientes para proceder
con la liquidación del negocio solicitada. Por su parte, estimó improcedente la
condena en costas por falta de demostración.

Recurso de apelación

21. La demandante interpuso recurso de alzada9, bajo la siguiente argumentación:
(i) las estipulaciones sobre la renuncia a reconocimientos económicos derivados
de las suspensiones al contrato de interventoría son ineficaces de pleno
derecho, en los términos del artículo 24.5 de la Ley 80 de 1993, pues son
abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico y el orden público, en tanto
desconocen el principio de transparencia; (ii) los perjuicios derivados de las
suspensiones contractuales se acreditan con el hecho, admitido por el tribunal,
de que el contrato estuvo suspendido por espacio de 319 días calendario, lo que
supone la causación de una mayor permanencia y permite su estimación en
$1.712’844.072; (iii) el artículo 193 del CPACA posibilita la condena en
abstracto10; (iv) los motivos por los que se solicita la nulidad de los actos que
sancionaron al contratista por incumplimiento parcial sí fueron expresados en la
demanda y desarrollados en el escrito de pronunciamiento a las excepciones
propuestas por la parte accionada11; y (v) a pesar de que existe otro proceso
judicial, promovido por el Fondo contra AIDCON para obtener la liquidación del
mismo contrato que aquí se debate, le resulta extraño que el a quo encontrara
suficientes los elementos de juicio aportados en el proceso promovido por el
Fondo contra AIDCON para acceder a dicha pretensión, pero no concluyera lo
propio en el sub lite, circunstancia que puede comprometer la imparcialidad de
la decisión aquí cuestionada, máxime si se considera que entre este y aquél
trámite judicial se presenta identidad de partes, objeto y causa.

Trámite relevante en segunda instancia

22. El recurso fue admitido mediante auto del 9 de septiembre de 2025 12. Durante
el término de su ejecutoria, la entidad demandada solicitó desestimar el recurso
de apelación, señalando que: (i) lo consignado en los instrumentos contractuales
obedece al querer de las partes en ejercicio de su libertad negocial, (ii) no se
especificó causal alguna de nulidad de los actos administrativos demandados,
(iii) el negocio debatido se rigió por el derecho privado, (iv) no es factible invocar
la figura del desequilibrio económico del EGCAP y, (v) en todo caso, su
causación no fue demostrada13.

9 Archivo “28ED_28RecursoApelacion”, ibidem.
10 Este punto no fue desarrollado en el recurso y, al efecto, el extremo censor se limitó a transcribir la disposición

en cita y un concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación (3699 del 26 de septiembre
de 1990), sin exposición argumental alguna.
11nsisercoa como motivos concretos de censura a los actos administrativos sancionatorios demandados, se

desarrolla al resolver este cargo de la apelación.
12 Índice 004 del aplicativo SAMAI, en segunda instancia.
13 Índice 011 del aplicativo SAMAI, en segunda instancia.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00801-01 (73187)
Demandante: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Demandado: Fondo Adaptación
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

23. El Ministerio Público solicitó confirmar el fallo impugnado, por la renuncia
expresa del demandante a reclamaciones económicas producto de las
suspensiones contractuales, la ineptitud de la pretensión anulatoria de los actos
demandados y la ausencia de prueba del desequilibrio deprecado14.

24. La parte demandante guardó silencio.

CONSIDERACIONES

25. La Sala no advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, de manera que, evidenciado el cumplimiento de los presupuestos
procesales (jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación
en la causa por activa y por pasiva y verificados los requisitos de la demanda en
forma), procede a decidir la segunda instancia de la presente litis.

26. Con ese propósito, se abordarán los siguientes asuntos: (i) el régimen jurídico
aplicable al contrato debatido; (ii) el objeto del recurso de apelación y los
problemas jurídicos para resolver el litigio; (iii) la solución al caso concreto; y (iv)
la condena en costas.

El régimen jurídico del contrato n° 135 de 2016 y naturaleza de los actos
cuestionados

27. Antes de descender al objeto de la litis en esta instancia y la solución que
corresponde a los cargos de la alzada, es necesario precisar el régimen jurídico
que gobernó el acuerdo de voluntades en cuestión, en aras de determinar si se
encontraba sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública15 y, con ello establecer, particularmente: (i) la naturaleza de las
resoluciones que declararon el incumplimiento parcial del contrato; y (ii) si, para
su cuestionamiento en sede judicial, debían atenderse los postulados de la Ley
1437 de 2011 para la anulación de actos administrativos o para la disputa frente
a meros actos contractuales.

28. Con ese propósito, se tiene entonces que el Decreto 4819 de 2010 creó el Fondo
Adaptación como una entidad dotada de personería jurídica, autonomía
presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y
definió su objeto “la recuperación, construcción y reconstrucción de las zonas
afectadas por el fenómeno de ‘La Niña’”. El artículo 7 de la norma en comento
dispuso que “Los contratos que celebre el Fondo para el cumplimiento de su
objeto, cualquiera sea su índole o cuantía, se regirán por el derecho privado y
estarán sujetos a las disposiciones contenidas en los artículos 209 y 267 de la
Constitución Política, dando aplicación a los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de
1993 y el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007”. No obstante, la Corte
Constitucional, en sentencia C-251 de 2011, declaró la exequibilidad
condicionada de la mencionada disposición, “bajo el entendido que el régimen
contractual allí previsto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014,
inclusive”.

14 Índice 012 del aplicativo SAMAI, en segunda instancia.
15 En adelante, también, EGCAP.

6

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00801-01 (73187)
Demandante: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Demandado: Fondo Adaptación
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

29. Posteriormente, la Ley 1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018, estableció en su artículo 155 que: “Los contratos que
celebre el Fondo Adaptación para ejecutar los recursos destinados al programa
de reducción de la vulnerabilidad fiscal ante desastres y riesgos climáticos, se
regirán por el derecho privado”. Por su parte, el artículo 2.13.1.1 del Decreto
1068 de 2015 señaló:

“Los contratos que celebre el Fondo Adaptación para la construcción y reconstrucción
necesarios para la superación de los efectos derivados de la ocurrencia de desastres
naturales a su cargo, y en general todos aquellos necesarios para la ejecución de estas
actividades, se regirán por el derecho privado, estarán sujetos a las disposiciones contenidas
en los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, con plena observancia de lo dispuesto
en el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007, sin perjuicio de la facultad de incluir las cláusulas
excepcionales a que se refieren los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y de aplicar lo
dispuesto en el artículo 17 de la Ley 1150 2007.

Los demás contratos estarán sometidos al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y las normas que
los modifiquen o adicionen”.

30. El contrato n° 135 de 2016, celebrado entre el Fondo y AIDCON el 5 de julio de
2016, tuvo por objeto “ejercer la interventoría integral a la construcción de las
obras de protección de orilla de la margen derecha del Canal del Dique en el
municipio de Santa Lucía en el departamento del Atlántico, en el área de
influencia del Canal del Dique”.

31. Conforme a la descripción de la necesidad plasmada en los “TÉRMINOS Y
CONDICIONES” del negocio, “[e]l fenómeno de La Niña 2010-2011 evidenció la
vulnerabilidad de algunos municipios, incluyendo algunos que sin estar ubicados
directamente sobre las riberas del Canal del Dique, fueron afectados por
inundaciones generadas por el desvío de las aguas provenientes de la rotura
entre Calamar y Santa Lucía hacia el embalse del Guájaro, y desde éste hacia
las ciénagas ubicadas en la margen derecha del canal”. Asimismo, se refirió que
“[l]as obras a contratar en el presente proceso de selección para evitar la erosión
de orilla en el municipio de Santa Lucía, Atlántico, se enmarcan dentro de las
Acciones del componente de navegación del Plan de manejo
hidrosedimentológico y ambiental del Sistema Canal del Dique, contratado por
el FONDO ADAPTACIÓN con el CONSORCIO DIQUE (Contrato 134-2013), con
fecha de inicio 12 de agosto de 2013”.

32. En ese orden de ideas, la Sala advierte que el negocio jurídico en cuestión,
celebrado para la vigilancia de las obras que recayeron sobre la infraestructura
afectada por el fenómeno de La Niña ocurrido entre 2010 y 2011, estuvo
gobernado por el derecho privado. Por ende, los instrumentos expedidos por la
contratante en ese marco no tienen la connotación de actos administrativos,
incluidos los proferidos en los procedimientos sancionatorios que promueve la
entidad contratante, como las resoluciones n° 303 y 344 de 2019, por medio de
las cuales el Fondo declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones de la
interventoría16, por la no realización de “batimetrías de seguimiento y control en

16 El primero de tales actos, además de pronunciar el incumplimiento, declaró el siniestro, cuantificó el monto

del perjuicio y ordenó al garante realizar el pago con fundamento en el amparo correspondiente. Sin embargo,

7

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00801-01 (73187)
Demandante: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Demandado: Fondo Adaptación
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016; y febrero y marzo de
2017”17.

El objeto de la alzada y los problemas jurídicos para resolver la controversia

33. La Sala ha establecido18 que el marco fundamental de competencia del juez de
segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas
que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en
primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los
planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la
instancia superior19.

34. En adición a lo anterior, son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi
mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho fundamental al debido
proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente
con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda, y con las
excepciones planteadas en la contestación, con lo que se busca “impedir que se
sorprenda a las partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que no
fueron objeto de debate en el curso del proceso, salvo los que, de conformidad
con la ley, deban ser resueltos de oficio”20.

35. En este punto, es preciso recordar que el proceso de la referencia fue promovido
por AIDCON para que: (i) se anulen los actos expedidos por el Fondo en los que
determinó el incumplimiento del contrato n° 135 de 2016, (ii) se declare que la
contratante incumplió ese acuerdo de voluntades y causó el desequilibrio de la
ecuación negocial, (iii) se efectúe la liquidación del negocio; y (iv) se condene al
pago de los perjuicios derivados de aquél desbalance, con los correspondientes
intereses moratorios.

36. En el recurso de alzada, por su parte, además de insistir en los tópicos
relacionados con la nulidad de los actos sancionatorios contractuales -afirmando
que los vicios correspondientes sí fueron invocados-, los perjuicios asociados al
supuesto desequilibrio económico del negocio -aludiendo a la ineficacia de pleno
derecho de las renuncias económicas pactadas y reiterando la mayor
permanencia en obra- y la procedencia de la liquidación judicial del contrato -
refiriéndose a lo decidido en otro proceso judicial-, hizo una alusión genérica al
instituto de la condena en abstracto. Sobre este último aspecto, además de que

el segundo de aquellos instrumentos revocó lo concerniente a la declaratoria del siniestro y la cuantificación,
manteniendo el incumplimiento.
17 Carpeta “PruebasContestaciónDemanda”, archivos “30. Resolucion de incumplimiento 0303 de 30 de mayo

de 2019” y “30. Resolucion de incumplimiento 0344 decide recursos”; índice 002 del aplicativo SAMAI, en
segunda instancia.
18 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060, C.P.

Mauricio Fajardo Gómez. Reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de
abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Ver, igualmente, Corte Constitucional, sentencia SU-
061 de 2018.
19 Es necesario precisar, en todo caso, que dicha regla general no es absoluta, pues debe ser entendida sin

perjuicio de las excepciones que se derivan, por ejemplo (i) de las normas o los principios previstos en la
Constitución Política; (ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y
consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos
y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o (iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro
de las cuales se encuentran, a título ilustrativo, aquellos presupuestos procesales que, de configurarse, el juez
de la causa debe decretar de manera oficiosa, pese a que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante
como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencias del 24 de septiembre de 2020, exp. 44707,

C.P. José Roberto Sáchica Méndez; y del 12 de julio de 2024, exp. 70692, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00801-01 (73187)
Demandante: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Demandado: Fondo Adaptación
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

no satisface la carga argumentativa necesaria para ser considerado como un
ataque contra el fallo impugnado21 (el extremo censor se limitó a transcribir el
artículo 193 del CPACA y parte de un concepto de la Sala de Consulta y Servicio
Civil de esta Corporación, sin efectuar razonamiento alguno), no guarda relación
con la litis22 y, en consecuencia, no puede ser abordado en esta instancia.

37. Bajo ese orden de ideas, la Sala dirimirá el objeto de la controversia en esta
instancia mediante la solución a los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿el
tribunal se equivocó al afirmar que las renuncias económicas estipuladas en las
actas de suspensión del contrato debatido impedían al contratista reclamar el
pago de perjuicios asociados al incumplimiento o desequilibrio?; si la respuesta
al anterior interrogante es afirmativa, (ii) ¿el a quo erró al concluir que los
perjuicios derivados de las suspensiones no se encontraban acreditados?; (iii)
¿el juzgador de primera instancia desacertó al no pronunciarse sobre la legalidad
de las resoluciones n° 303 y 334 de 2019, afirmando que la demandante no
esgrimió cargos en su contra?; y (iv) ¿la corporación judicial de primer grado
transgredió el principio de imparcialidad al abstenerse de acceder a la pretensión
de liquidación en el sub lite, contrario a lo decidido en el proceso judicial radicado
bajo el número 08001233300020200061900, promovido por el Fondo contra
AIDCON para obtener la liquidación del mismo contrato que aquí se discute?

Decisión del cargo relativo a las renuncias consignadas en los instrumentos
contractuales

38. En la fundamentación del primer cargo de la alzada, la demandante invocó la
sentencia del 27 de julio de 2023, dictada por la Sección Tercera de esta
Corporación para unificar su criterio en relación con los efectos que produce la
ausencia de salvedades, cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas
del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes. La regla
establecida en la providencia en cita es del siguiente tenor23:

“Cuando se llegue a acuerdos durante la ejecución de un contrato, el juez deberá estudiar
las pretensiones, aunque la parte no haya elevado una reclamación específica o no haya
formulado una salvedad cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo
contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes o haya guardado silencio al suscribir
tales acuerdos. El deber del juez será desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo
de las partes y su alcance según las reglas de interpretación de los contratos, las
normas supletivas aplicables a los tipos contractuales contenidas en las reglas civiles
y comerciales y, por supuesto, la ejecución de buena fe del contrato. Conforme a dichas
reglas, establecerá si las partes pretendieron o no, con ese acuerdo, regular los asuntos

21 La Subsección ha precisado que, de advertir la falta de sustentación suficiente, adecuada o material del

recurso de apelación, el superior jerárquico deberá confirmar el fallo apelado, sin evaluar el fondo del asunto en
razón a los raciocinios deficientes que formuló el apelante (sentencia del 19 de junio de 2020, exp. 49.572, C.P.
María Adriana Marín).
22 La Sala ha precisado que son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi mediante el recurso de

apelación, en virtud del derecho fundamental al debido proceso, y el principio de congruencia que impone fallar
de forma coherente con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda, y con las excepciones
planteadas en la contestación, con lo que se busca “impedir que se sorprenda a las partes con decisiones que
recaigan sobre aspectos que no fueron objeto de debate en el curso del proceso, salvo los que, de conformidad
con la ley, deban ser resueltos de oficio” (sentencia del 24 de septiembre de 2020, exp. 44.707, C.P. José
Roberto Sáchica Méndez). Reiterada en sentencia del 12 de julio de 2024, exp. 70.692, C.P. Fernando Alexei
Pardo Flórez. Para el efecto, obsérvese que lo considerado por el a quo no fue que los perjuicios (por mayores
costos) se hubieran acreditado pero no su monto (escenario propio de la condena en abstracto), sino que
aquellos no fueron demostrados en absoluto y, por ende, la pretensión debía desestimarse. En cualquier caso,
por las razones que se indicarán en el acápite subsiguiente, relacionadas con las negociaciones a las que
llegaron las partes sobre las prórrogas, abordar ese aspecto no resulta necesario.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 27 de

julio de 2023, exp. 39.121, C.P. Guillermo Sánchez Luque.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00801-01 (73187)
Demandante: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Demandado: Fondo Adaptación
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

cuya reclamación ahora se formula y los términos de ese pacto. De ahí que, si no se acordó
nada por las partes o se guardó silencio, deberá estudiarse, en cada caso, si esas
pretensiones judiciales tienen fundamento o no en lo pactado en el contrato y según lo que
resulte probado” (énfasis añadido)

39. En aquella oportunidad, se explicó que no solo el contrato inicialmente celebrado
entre la entidad y el contratista, sino también los acuerdos posteriores, son
expresión genuina de la libertad contractual y de la autonomía negocial para
regular aspectos de la ejecución del pacto, para facilitar su cumplimiento,
precisar el objeto, ampliar el plazo, desistir de ciertas reclamaciones o adoptar
decisiones transaccionales. Esos acuerdos, entonces, “también son, como el
contrato, objeto de la interpretación a cargo del juez. No hay una voluntad
preponderante por la primacía temporal. El juez debe determinar la intención de
las partes, no solo en lo acordado inicialmente en el contrato, sino en los
acuerdos posteriores, pues esos acuerdos son fundamentales para determinar
si la ejecución del objeto se ajustó a lo pactado. El juez no solo debe tener en
cuenta lo dispuesto en el contrato, sino en sus modificaciones, adiciones u
otrosíes posteriores y no puede limitarse a constatar su ejecución, sin antes
desentrañar lo acordado en las distintas manifestaciones de la voluntad de las
partes”24.

40. Por ello, el juez debe encargarse, en cada caso, de determinar el alcance del
pacto, de acuerdo con la intención de las partes, sin que el silencio de una de
ellas en acuerdos modificatorios, contratos adicionales u otrosíes constituya
necesariamente una renuncia automática e inmediata a la posibilidad de formular
reclamaciones, pues “el silencio no puede ser interpretado por el juez del
contrato como una declaración dispositiva”. Ello tampoco significa, y así se
precisó en la sentencia de unificación, que el contratista, como titular de
determinados derechos subjetivos, no pueda renunciar válidamente a ellos, en
tanto consultan solo el interés individual y no el colectivo y social; y es justamente
en esta última hipótesis en donde se ubica el sub lite, pues el extremo activo no
discute la ausencia de salvedades, sino que las estipuladas -sobre la no
causación de valores adicionales por razón de las suspensiones contractuales-
son ineficaces de pleno derecho por contrariar el orden público y el principio de
transparencia.

41. Así, la jurisprudencia de la Sección Tercera ha sostenido, de manera pacífica,
que las renuncias expresas -cuando son en concreto- a las reclamaciones25
elevadas en el marco de un contrato estatal, por las extensiones del plazo y la
afectación económica que ello pudiera desencadenar, constituyen
manifestaciones de la autonomía de la voluntad y, por tal virtud, resultan
vinculantes y obligatorias26.

42. Esa premisa, que se afinca en los principios de la buena fe y rectitud
contractual27, encuentra su fundamento en el artículo 15 del Código Civil, al tenor

24 En diversas oportunidades, la Sala se ha remitido a la referida regla de unificación del 27 de julio de 2023,

aun en la solución de controversias relacionadas con contratos estatales sometidos a derecho privado (ver,
entre otras: sentencias del 11 de julio de 2025, exp. 72.160; 11 de agosto de 2025, exp. 72.529; y 26 de
septiembre de 2025, exp. 72.875, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez).
25 Entendidas como causación de efectos económicos, no como la materialización del derecho de acción.
26 Al respecto, ver, entre otras: Subsección A, sentencia del del 13 de abril de 2016 (exp. 42.297); y Subsección

B, sentencia del 29 de octubre de 2012 (exp. 21.429).
27 Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 23 de septiembre de 2022, exp. 68.443, C.P. Martha Nubia

Velásquez Rico.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00801-01 (73187)
Demandante: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Demandado: Fondo Adaptación
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

del cual: “Podrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con tal que
sólo miren al interés individual del renunciante, y que no esté prohibida la
renuncia”.

43. En reciente oportunidad, la Subsección reiteró que, en el marco de la libertad
negocial y en respeto de la buena fe, “no resulta jurídicamente admisible que la
sociedad luego de sentar su aprobación respecto de la ausencia de un impacto
económico en cada prolongación del vínculo convencional, posteriormente, y de
forma unilateral, pretenda apartarse de ella, desconociendo los términos en que
quedó trabada la negociación en cada prórroga; una postura en tal dirección
supone un apartamento de lo estipulado y desconoce que los pactos alcanzados,
son contenedores de obligaciones llamadas a cumplirse”28. También ha
señalado la Sala que la consecuencia de la renuncia a reclamaciones
económicas por la prolongación del vínculo obligacional, “ha de observarse no
solo cuando las renuncias recaen sobre reclamaciones que son producto de
prolongaciones de plazo causado por supuestos constitutivos de desequilibrio
económico, sino que también habrá de ocurrir lo mismo cuando sean el resultado
del apartamiento obligacional de su contraparte, pues aun cuando tal proceder
no deja de resultar censurable, no por ello los derechos mutan su condición de
ser libremente disponibles por su titular”29.

44. De las circunstancias anotadas emana la fuerza vinculante de la renuncia
expresa a las reclamaciones o reconocimientos pecuniarios derivados de la
extensión del plazo, en las que se traslada al particular la carga de asumir las
consecuencias económicas que eventualmente se habrían de presentar durante
ese período.

45. Con esas precisiones, y descendiendo a las particularidades del caso concreto,
se tiene que las partes del contrato nº 135 de 2016, suscrito el 5 de julio de 2016,
estipularon un plazo inicial de ejecución de 10 meses y 21 días30. El acuerdo de
voluntades contó con 2 suspensiones, la segunda de las cuales fue prorrogada
en 5 oportunidades, como se describe a continuación:

Instrumento contractual Fecha de suscripción Tiempo de suspensión
Acta de suspensión nº 131 30 de diciembre de 2016 20 días calendario
Acta de suspensión nº 232 28 de abril de 2017 60 días calendario
Primera ampliación de la 27 de junio de 2017 30 días calendario
suspensión nº 233
Segunda ampliación de la 27 de julio de 2017 30 días calendario
suspensión nº 234
Tercera ampliación de la 27 de agosto de 2017 30 días calendario
suspensión nº 235

28 Sentencia del 26 de septiembre de 2025, exp. 72.791, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
29 Sentencia del 26 de agosto de 2022, exp. 58.485, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
30 Carpeta “PruebasContestaciónDemanda”, archivo “6. Contrato de interventoria 135 de 2016”; índice 002 del

aplicativo SAMAI, en segunda instancia.
31 Carpeta “PruebasContestaciónDemanda”, archivo “24. Acta de Suspensión No. 1 Contrato 135 de 2016”;

índice 002 del aplicativo SAMAI, en segunda instancia.
32 En las pruebas aportadas por las partes no obra ese instrumento. Sin embargo, al mismo hacen referencia,

de manera uniforme, las subsecuentes ampliaciones a la suspensión nº 2 del contrato.
33 Carpeta “CD PRUEBAS”, subcarpeta “ANTECEDENTES”, archivo “AMPLIACION 1 DE LA SUSPENSION 2”;

índice 002 del aplicativo SAMAI, en segunda instancia.
34 Archivo “AMPLIACION 2 DE LA SUSPENSION 2”, ibidem.
35 Archivo “AMPLIACION 3 DE LA SUSPENSION 2”, ibidem.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00801-01 (73187)
Demandante: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Demandado: Fondo Adaptación
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

Cuarta ampliación de la 27 de septiembre de 2017 110 días calendario
suspensión nº 236
Quinta ampliación de la 15 de enero de 2018 30 días calendario
suspensión nº 237

46. En todos y cada uno de los anteriores documentos los contrayentes estipularon
lo siguiente:

“CLÁUSULA SEGUNDA: Las partes acuerdan que la presente suspensión del plazo de
ejecución del contrato nº 135 de 2016, no genera reconocimiento económico a favor del
INTERVENTOR” (énfasis del texto original)

47. En ese orden de ideas, a la luz de los lineamientos normativos y la regla
jurisprudencial explicada previamente, la Sala concluye que AIDCON aceptó, de
forma expresa, que las suspensiones al plazo de ejecución, acordadas con su
contraparte, no causarían derecho a reconocimiento económico alguno.

48. Adicionalmente, el contratista no cuestionó en su demanda la validez de tales
estipulaciones, ni invocó que la suscripción de los dispositivos contractuales a
los que atribuyó el incumplimiento o el desequilibrio hubiera estado mediada por
vicios del consentimiento que erosionaran su legalidad y pusieran en tela de
juicio el carácter vinculante y obligatorio de lo que allí se consignó.

49. Así, considerando que los efectos de ese acuerdo se proyectan tanto al
escenario de desequilibrio como al de incumplimiento, los reclamos que al efecto
formuló la demandante, insistidos en el primer cargo de la alzada 38, resultan
improcedentes, pues el tribunal acertó al concluir su improcedencia, lo que
permite dar respuesta negativa al primer problema jurídico propuesto.

50. Por la misma razón, la Sala se releva de abordar el segundo problema jurídico
delineado en el itinerario de esta providencia, en tanto la improcedencia de las
reclamaciones del demandante hace inane constatar si su causación se
encuentra demostrada, en punto a la indemnización deprecada, conforme a lo
decidido en primera instancia y lo impugnado.

Decisión del cargo relativo a los reparos contra las resoluciones de
incumplimiento

51. Recapitulando el tercer cargo esgrimido en la alzada contra la sentencia de
primera instancia, AIDCON aseveró que “en el escrito de demanda, sí se
presentaron las circunstancias por las cuales se solicitó la nulidad de las
resoluciones 0344 y 0303 de 2019”, citando para el efecto lo consignado en el
acápite “IV. CONCLUSIÓN” del libelo introductorio. Por su relevancia y
pertinencia para solventar este aspecto de la litis, la Sala transcribe, in extenso,
el aparte referenciado (con sus propios énfasis y errores):
36 Archivo “AMPLIACION 4 DE LA SUSPENSION 2”, ibidem.
37 Carpeta “PruebasContestaciónDemanda”, archivo “48. Ampliación 5 suspensión N. 2 contrato 135”, índice

002 del aplicativo SAMAI, en segunda instancia
38 En el recurso de apelación se hizo mención a dos pronunciamientos de esta Corporación: (i) la sentencia de

unificación de la Sección Tercera, dictada el 27 de julio de 2023, exp. 39.121; y (ii) la sentencia de la Sección
Tercera, Subsección B, proferida el 24 de julio de 2024, exp. 48.833. Sobre la primera de ellas, la Sala ya se
pronunció al inicio del presente acápite, y precisó su relación con el caso concreto; sobre la segunda, debe
señalarse que hace alusión genérica a la ineficacia de “las estipulaciones de los pliegos y de los contratos que
contravengan la ley”, sin relación directa con las particularidades del caso concreto, razón por la cual no
constituye precedente.

12

Radicación: 08001-23-33-000-2019-00801-01 (73187)
Demandante: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Demandado: Fondo Adaptación
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

“IV. CONCLUSIÓN:

En primera medida, debe manifestarse que la interventoría expuso siempre, desde de un
inicio de la ejecución de la obra, que los diseños no eran los adecuados para el desarrollo
de la obra, evidenciando así que, los estudios entregados por el FONDO ADAPTACIÓN no
estaban actualizados, lo que de inmediato evidencia la falta de correcta planeación del
proyecto.

Atendiendo a lo anterior, se hace evidente que el FONDO ADAPTACIÓN, Contrarió de forma
directa las políticas de la contratación estatal, así mismo a los principios de economía y
planeación los cuales tal como lo indica la normativa expuesta, deben estar implícitos en el
actuar de los servidores públicos.

Así mismo, debe recalcarse, que las suspensiones que se realizaron en el desarrollo del
contrato, acarrearon gastos que fueron asumidos por la interventoría y el contratista, y por
lo tanto debe manifestarse que es la entidad quien debe asumir estos costos.

También que, es falso la afirmación de que no se ejecutaron los controles topobatrimetricos,
ya que el acta de recibo final demuestra lo contrario, y es gracias a esos controles que la
obra costo DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES ($2.380.000.000) menos.

Ahora bien, indicamos que, la entidad no puede solicitar el cumplimiento de obligaciones que
no se encuentran dentro del contrato de interventoría, como pretendió hacerlo dentro del
desarrollo del mismo, pues al respecto se demuestra que la interventoría en cumplimiento
de su deber, manifestó en varias ocasiones el desarrollo frustrado que tendría el proyecto
de no cambiarse los diseños, y en segundo lugar cumplió con todas las obligaciones
enmarcadas dentro del contrato 135 de 2016.

Bajo los argumentos dados podría pensarse que, en atención al presente asunto, cabe la
posibilidad de presentarse una responsabilidad fiscal en contra de la entidad, teniendo en
cuenta que, según la información que reposa en el expediente donde se evidencia lo
entregado por la Interventoría, se entrevió desde el principio que fa obra iba a fallar, así
mismo, también sería interesante presentar las denuncias respectivas a los organismos de
control, de las advertencias que fueron realizadas por la Interventoría y que nunca fueron
escuchadas por el fondo, porque lo que se evidencia del actuar de la misma en todo el
proceso, es que la entidad estaría buscando evadir su responsabilidad en el caso de que la
obra no cumpliera con su objetivo y al momento de llegar a ocurrir en un siniestro, poder
inculpar a la Interventoría por el mal control de calidad durante la ejecución de las obras”.

52. De conformidad con el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011, la acción
contencioso-administrativa con pretensiones relacionadas con las controversias
contractuales puede ejercitarse, también, para pedir “que se declare la nulidad
de los actos administrativos contractuales”. Debido a esa naturaleza y de lo
dispuesto en el artículo 137 ibidem, la anulación procederá cuando tales
instrumentos infrinjan las normas en que debían fundarse, sean expedidos con
falta de competencia, de forma irregular, mediante falsa motivación o desviación
de poder, y cuando desconozcan el derecho de audiencia y defensa.

53. No obstante, como quedó establecido previamente, las resoluciones 303 y 344
de 2019, por medio de las cuales el Fondo declaró el incumplimiento parcial de
las obligaciones de la interventoría, no revisten la naturaleza de actos
administrativos, de manera que su cuestionamiento en sede judicial exige al
demandante justificar en qué medida tales instrumentos quebrantan el marco
obligacional del acuerdo de voluntades celebrado -y, por vía de ello, el
ordenamiento que lo regula-, verbigracia, constituyendo un incumplimiento al
débito negocial o haciendo excesivamente onerosa su ejecución39.

39 En reciente providencia, la Subsección reiteró que en aquellos casos en los que se cuestiona por vía judicial

actos que no son el producto de prerrogativas de poder público (por ende, jurídicos, no administrativos) lo que
corresponde es esclarecer, desde la óptica de la responsabilidad contractual, si el contenido de las decisiones
cuestionadas conllevó o no a un incumplimiento del contrato (sentencia del 1° de septiembre de 2025, exp.

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Demandado: Fondo Adaptación
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

54. Ahora, en los términos del artículo 162-4 de la Ley 1437 de 2011, toda demanda
que se promueva en esta jurisdicción debe contener “los fundamentos de
derecho de las pretensiones”.

55. En ese contexto, se aprecia que AIDCON, de un lado, pretendió que se declarara
la “nulidad” de las resoluciones de incumplimiento, como si de actos
administrativos se tratase; y, del otro, no efectuó cuestionamiento alguno al
contenido de dichos actos jurídicos, no expresó los motivos por los cuales solicita
su “invalidación”, ni indicó qué disposiciones -legales o convencionales- fueron
desconocidas y por qué lo fueron; esa misma omisión se observa en el resto de
los apartados de la demanda40.

56. Adicionalmente, en el cuerpo del recurso, el extremo apelante también afirmó
que “en el escrito de contestación a las excepciones propuestas por el Fondo de
Adaptación, las cuales tienen fecha de 30 de abril de 2021 se manifestó en su
acápite segundo, que las resoluciones 0344 y 0303 de 2019 padecen de falsa
motivación por lo siguiente”. Al respecto, conforme las disposiciones traídas a
colación en precedencia, era en el escrito inicial y no en el traslado de las
excepciones formuladas por la demandada, que debían señalarse y sustentarse,
con toda claridad, los cargos que soportaban la pretensión anulatoria de los
instrumentos bajo estudio.

57. En el sub lite, el deber procesal que le asistía al extremo censor no fue atendido,
lo que derrota el tercer cargo de la apelación y conduce a concluir que el
problema jurídico que le corresponde debe ser respondido negativamente, pues
el a quo acertó al abstenerse de juzgar los actos sancionatorios demandados -
aun cuando las razones empleadas para el efecto se soportaran en su
concepción de que las resoluciones en comento comportaban actos
administrativos-.

El cargo relacionado con el afirmado desconocimiento del principio de
imparcialidad por la negación de la pretensión liquidatoria del contrato

58. En su recurso, la parte demandante hizo alusión al proceso radicado bajo el
número 08001233300020200061900 -promovido por el Fondo contra AIDCON
para obtener la liquidación del mismo contrato que aquí se discute-, y refirió que,
en aquella causa, la misma Sala que resolvió en primera instancia el sub
examine accedió a la pretensión de liquidación; y afirmó que “resulta extraño que
el aquí demandado, para dicho proceso sí aportara material probatorio que
permitiera realizar la liquidación judicial del contrato, pero que para el presente

72.745, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez). En anterior oportunidad, se señaló que “la extralimitación de
funciones y el actuar sin competencia, pregonado en las pretensiones del actor, si bien no pueden ser objeto de
nulidad y restablecimiento, dispositivo que sólo se predica de los actos administrativos, sí es susceptible de
sanción judicial, en aplicación del principio iura novit curia el escrutinio que se realiza bajo el régimen de derecho
privado deriva en la declaratoria de incumplimiento del negocio jurídico, comoquiera que lo que se cuestiona es
la determinación originada en la actuación de una de las partes, emitida en el acontecer contractual, pero por
fuera de las autorizaciones vertidas en el pacto” (sentencia del 27 de octubre de 2023, exp. 54.709, C.P. José
Roberto Sáchica Méndez).
40 En la citada sentencia del 1° de septiembre de 2025, se precisó que en aquellos eventos en que las

pretensiones de la demanda y los cargos de la apelación se enfilen de modo que se eleven cargos propios de
nulidad contra actos administrativos, “los argumentos del recurrente se deben interpretar para efectos de
abordar la controversia desde la óptica de la responsabilidad contractual, en atención al mandato imperativo de
la máxima iura novit curia”. Sin embargo, en el caso concreto, se echan de menos, justamente, argumentos o
cargos que permitan ese ejercicio hermenéutico.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00801-01 (73187)
Demandante: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Demandado: Fondo Adaptación
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

proceso no lo aportara, cuando era y es un deber judicial que el CPACA ordeno
(sic) a las entidades públicas que se encuentren demandadas, tal y como lo
ordena el parágrafo 1 del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011”.

59. Por lo anterior, prosiguió, “se advierte de la posible existencia de nulidad en los
procesos con radicado No. 08001233300020190080100 y
08001233300020200061900 en caso de evidenciarse una posible vulneración al
principio de imparcialidad judicial como quiera (sic) que la H. Juez (sic) Carmen
Rosa Lorduy González del Tribunal De Lo Contencioso Administrativo Del
Atlantico (sic) Sala A, fue la magistrada ponente de 2 procesos relativamente
idénticos, pues se trata de las mismas partes, los mismos hechos y pretensiones
similares”.

60. Al respecto, la Subsección observa que: (i) en providencia del 4 de mayo de
2022, dictada en el sub lite, el tribunal declaró no probada la excepción previa
de pleito pendiente, señalando que el proceso judicial respecto del cual se
pretende predicar la existencia de un pleito pendiente, no reviste identidad de
causa “porque las pretensiones tienen unas finalidades distintas”41; (ii) esa
decisión no fue impugnada por las partes; y (iii) aunque, efectivamente, cursa en
esta jurisdicción (y, en particular, en esta Subsección) el proceso señalado por
el apelante (bajo el radicado interno 73.188), no se configura la triple identidad
exigida por la jurisprudencia de la Corporación para considerar configurado un
pleito pendiente42, pues en él solo se pretendió la liquidación del acuerdo de
voluntades (diferencia en el objeto) y las partes ocupan diferentes extremos
procesales (el Fondo obra como demandante y AIDCON como demandado)43.

61. En ese orden de ideas, de un lado, era contra la decisión de las excepciones
previas que debía enfilarse el eventual cuestionamiento respecto de la incidencia
del proceso 08001233300020200061900 en el sub lite; y, del otro, no se observa
la configuración de un pleito pendiente que obligara al a quo a adoptar una
decisión diferente de la que ahora es objeto de la alzada. En todo caso, es
necesario puntualizar que el hecho de que al mismo magistrado ponente le fuera
asignado el conocimiento de ambas causas no supone, en modo alguno, un
quebrantamiento al principio de imparcialidad.

62. Adicionalmente, en cuanto atañe al incumplimiento al parágrafo 1 del artículo
175 del CPACA en el que, según la recurrente, habría incurrido la demandada,
la Sala encuentra, en primer lugar, que el extremo pasivo, con su escrito de
contestación, allegó el expediente contractual, como se aprecia en el archivo
“33ED_PruebasContestacionD(.zip) NroActua 2(.zip) NroActua 2”. En segundo
lugar, lo anterior (en caso de que la documentación del expediente sea

41 Archivo “19ED_018ResolverExcepcion” del expediente digital, índice 002 del aplicativo SAMAI, en segunda

instancia.
42 La excepción de pleito pendiente, catalogada como previa por el legislador en el artículo 100, numeral 8 del

CGP, exige que se presente una triple identidad (de partes, objeto y causa) entre el proceso en el que se formula
la excepción y aquél que la sustenta (Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, auto del 11 de agosto de 2016, exp. 2013-01290-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala).
43 Al respecto, los artículos 189 del CPACA y 303 del CGP refieren que la identidad de partes, necesaria para

que se configure el fenómeno de la cosa juzgada (que comparte los rasgos característicos del pleito pendiente
-triple identidad-), debe ser jurídica, de lo que se sigue que, más allá de la simple coincidencia de personas,
debe existir la misma relación jurídica respecto de la pretensión y la causa, lo que “implica que quienes actúan
como demandante y demandado en el proceso anterior deben actuar de la misma forma en el nuevo proceso”
(Sección Tercera, Subsección “B” auto del 24 de noviembre de 2017, exp. 60.048, C.P. Danilo Rojas
Betancourth).

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00801-01 (73187)
Demandante: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Demandado: Fondo Adaptación
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

insuficiente para soportar el petitum) no enerva la carga que recae sobre las
partes -en este caso la demandante- de probar el supuesto de hecho de las
normas que consagran el efecto jurídico perseguido -en los términos del artículo
167 del CGP- y entre ellos, para el asunto debatido, los insumos necesarios para
llevar a cabo la liquidación en la forma pretendida. En tercer lugar, se aprecia
que, en este aspecto, la demandante no efectuó un reproche concreto contra
alguno de los razonamientos vertidos en la sentencia del Tribunal, sino frente a
la actuación desplegada por su contraparte, circunstancia que escapa del objeto
de la apelación. Y, finalmente, en tanto la remisión de los antecedentes debe
producirse durante el término para contestar la demanda, la insuficiencia de los
elementos de juicio que debían obrar en la actuación pudo ser objeto de
cuestionamiento en primera instancia antes de la sentencia y, al efecto, la
accionante guardó silencio.

63. Bajo el anterior razonamiento, la Sala da respuesta negativa el cuarto problema
jurídico propuesto al inicio de estas consideraciones, puesto que no están dadas
las condiciones para concluir que la otra causa judicial -o lo decidido en ella-
incide en el sub examine; que, en razón de ello, el tribunal debiera decidir de
forma diferente la pretensión de liquidación del contrato; ni que el hecho de que
la misma Sala hubiese conocido de uno y otro proceso lesione el principio de
imparcialidad. En esa medida, el último punto de la alzada resulta -igualmente-
impróspero.

Conclusiones

64. En las condiciones previamente analizadas, la Subsección confirmará el fallo
impugnado, por las razones que a continuación se recapitulan:

65. La cuestión relacionada con el instituto de la condena en abstracto, contenida
en la alzada, no satisface la carga argumentativa necesaria para ser considerado
como un ataque contra el fallo impugnado ni se relaciona con el objeto de la litis.

66. Las renuncias expresas a las consecuencias pecuniarias elevadas en el marco
de un contrato estatal, por las extensiones del plazo y la afectación económica
que ello pudiera desencadenar, constituyen manifestaciones de la autonomía de
la voluntad y, por tal virtud, resultan vinculantes y obligatorias.

67. AIDCON aceptó, de forma expresa, que las suspensiones al plazo de ejecución,
acordadas con su contraparte, no causarían derecho a reconocimiento
económico alguno. Adicionalmente, el contratista no cuestionó en su demanda
la validez de tales estipulaciones, ni invocó en el libelo introductorio que la
suscripción de los dispositivos contractuales a los que atribuyó el incumplimiento
o el desequilibrio hubiera estado mediada por vicios del consentimiento que
erosionaran su legalidad y pusieran en tela de juicio el carácter vinculante y
obligatorio de lo que allí se consignó.

68. La improcedencia de las reclamaciones del demandante hace inane constatar si
su causación se encuentra demostrada, en punto a la indemnización deprecada.

69. Las resoluciones de incumplimiento demandadas no tienen la connotación de
actos administrativos, pues el negocio celebrado estuvo gobernado por el

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00801-01 (73187)
Demandante: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Demandado: Fondo Adaptación
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

derecho privado. Con esa premisa, la demandante debía justificar en qué medida
tales instrumentos quebrantaron el marco obligacional del acuerdo de
voluntades celebrado, verbo y gracia, constituyendo un incumplimiento al débito
negocial o haciendo excesivamente onerosa su ejecución. En tanto ese deber
procesal fue desatendido, acertó el a quo al abstenerse de juzgar los actos
contractuales en cuestión.

70. No están dados los presupuestos para concluir que el proceso
08001233300020200061900 -o lo decidido en él- incide en el sub examine, que
el tribunal debiera decidir de forma diferente la pretensión de liquidación del
contrato o que el hecho de que la misma Sala hubiese conocido de uno y otro
proceso lesione el principio de imparcialidad.

La condena en costas

71. De conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del CPACA44,
y según lo establecido en el artículo 365 del CGP, la condena en costas no
requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte a la cual se
le imponen45.

72. Así, la Subsección condenará en costas de segunda instancia a la parte
demandante, pues, según lo dispuesto en el artículo 365, numerales 3 y 8 del
CGP, los argumentos de la alzada resultaron imprósperos. Las costas de
segunda instancia serán liquidadas por el Tribunal de origen, según lo previsto
en el artículo 366 del CGP.

73. Respecto de las agencias en derecho, en la medida que la parte demandada
ejerció su defensa a través de la designación de apoderada judicial, que debió
vigilar el proceso en sede de apelación, y quien allegó pronunciamiento frente a
la alzada, se considera que dicha situación es suficiente para entenderlas
causadas. Así, por ese concepto, en los términos del Acuerdo PSAA16-10554
de 201646, se fijará la suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente a la ejecutoria de esta sentencia en favor del Fondo Adaptación.

74. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

44 Cuya modificación, introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, resulta aplicable al caso concreto,

atendiendo la fecha de interposición del recurso de apelación (26 de abril de 2024). “Artículo 188. Condena en
costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
45 En asuntos como el presente, el magistrado ponente estima que, para condenar en costas a la demandante

(no así a la demandada vencida), podría acudirse a un criterio subjetivo, en aplicación del mandato incorporado
-con la Ley 2080 de 2021- en el artículo 188 del CPACA, conforme al cual en todos los casos (salvo en litigios
relacionados con grave violación de derechos humanos, donde no procede, o en las actuaciones gobernadas
con reglas especiales, como en recursos extraordinarios) corresponde comprobarse si la demanda careció
manifiestamente de fundamento legal. Sin embargo, también reconoce que no es una interpretación pacífica,
por lo que -hasta tanto la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo no unifique la subregla- acogerá la actual
posición mayoritaria de la Sección Tercera, que se inclina por mantener la aplicación del elemento objetivo.
46 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:

1. Procesos declarativos en general (...) En segunda instancia entre 1 y 6 S.M.L.M.V. (...)”.

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Radicación: 08001-23-33-000-2019-00801-01 (73187)
Demandante: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Demandado: Fondo Adaptación
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de mayo de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que negó las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la demandante y FIJAR
las agencias en derecho en suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente a la ejecutoria de esta providencia, en favor de la entidad accionada. Las
costas se liquidarán por el Tribunal a quo.

TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta sentencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono
celular el código QR que aparece a la derecha.
VF

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