Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2020-00619-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
De pleito pendiente: requiere que medie identidad de partes, objeto y causa
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 08001-23-33-000-2020-00619-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 08001-23-33-000-2020-00619-01
Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez
3 de diciembre de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Bogotá, D. C., tres (3) de diciembre de dos mil veinticinco (2025)
Radicación: 08001-23-33-000-2020-00619-01 (73188)
Demandante: Fondo Adaptación
Demandado: Asesorías, Interventorías, Diseño y Construcción Ltda.
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
Temas: LIQUIDACIÓN JUDICIAL DEL CONTRATO – Está sujeta a la existencia de una causa / EXCEPCIÓN
DE PLEITO PENDIENTE – Requiere que medie identidad de partes, objeto y causa
1. La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
contra la sentencia proferida el 16 de mayo de 2025 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que accedió a las pretensiones de la demanda.
SÍNTESIS DEL CASO
2. Entre el Fondo Adaptación1 y la sociedad Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.2 se celebró el contrato n° 135 de 2016, cuyo objeto consistió
en la interventoría integral a la construcción de las obras de protección de orilla
de la margen derecha del Canal del dique, en el municipio de Santa Lucía
(Atlántico). La demandante, que declaró previamente el incumplimiento del
negocio por parte del contratista, pretende que se efectúe la liquidación del
contrato y, en consecuencia, se ordene la liberación de los recursos no
ejecutados por AIDCON, a favor del Fondo, y el pago del saldo pendiente al
demandado.
ANTECEDENTES
La demanda
3. El 6 de octubre de 20203, el Fondo promovió demanda de controversias
contractuales contra AIDCON, elevando las siguientes pretensiones, que se
transcriben con sus propios énfasis y posibles errores:
“PRIMERA. – Que se declare la liquidación judicial del contrato de interventoría 135 de
2016 suscrito entre el FONDO y ASESORIAS, INTERVENTORÍAS, DISEÑO Y
CONSTRUCCIÓN AIDCON LTDA., con el siguiente balance de ejecución financiera.
Balance de Ejecución Financiera del contrato 135 de 2016
CONCEPTO VALOR
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO $1.712.844.072,00
2. ADICIONES $0,00
3. VALOR FINAL CONTRATO $1.712.844.072,00
4. VALOR EJECUTADO $1.712.844.072,00
1 En adelante, también, el Fondo, la contratante o la demandante.
2 En lo sucesivo, igualmente, AIDCON, la contratista o la demandada.
3 Archivo “3ED_01DemandaAIDCON135VF” del expediente digital, índice 002 del aplicativo SAMAI, en segunda
instancia.
Radicación: 08001-23-33-000-2020-00619-01 (73188)
Demandante: Fondo Adaptación
Demandado: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
5. VALOR PAGADO $1.011.861.078,42
6. SALDO DEL CONTRATO $700.982.993,58
7. VALOR PENDIENTE DE PAGO $700.982.993,58
8. RETENCIÓN DE GARANTÍA $101.186.107,84
PRACTICADA
9. RETENCIÓN DE GARANTÍA $ 0,00
REINTEGRADA
10. ANS PRACTICADA $89.924.313,18
11. ANS POR PRACTICAR $30.831.194,00
12. RETESANCION POR PRACTICAR DE $122.915.637,00
CONFORMIDAD CON RESOLUCION 0344
de 2016 - ACTIVIDADES
TOPOBATIMETRICAS NO EJECUTADAS
(ACTAS 5, 6, y 7)
13. ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES $8.722.940,32
RETENIDA
14. SALDO PENDIENTE DE PAGO $547.236.162,58
(NUMERAL 7- NUMERALES 11 Y 12)
15. SALDO POR LIBERAR EN FAVOR DEL $153.746.831,00
FONDO (NUMERALES 11+12)
Nota 1: Este valor está compuesto por:
(i) Actas parciales de interventoría presentadas por AIDCON LTDA al Fondo Adaptación,
que están pendientes de pago, de acuerdo con la siguiente relación:
Acta Radicado Total Pago 30% pago 70% contra Periodo
N° Devolución pendiente mensual avance de obra
5 E-2017- $108.354.631,75 $46.713.929,24 $61.640.701,51 18/11/2016
030668 al
17/12/2016
6 E-2017- $129.520.303,62 $46.713.929,24 $82.806.373,39 18/12/2016
030668 al
31/12/2016
20/01/2017
al
08/02/2017
7 E-2017- $196.864.511,27 $46.713.929,24 $150.150.582, 09/02/2017
030668 04 al
08/03/2017
8 E-2017- $125.495.357,47 $46.713.929,24 $78.781.428,24 09/03/2017
030668 al
08/04/2017
$560.234.802,11 $186.855.717,95 $373.379.085,17
(ii) Valor pendiente por facturar por $140.748.791,47
SEGUNDA: Que como consecuencia de lo anterior se ordene la liberación de los recursos
a favor del Fondo Adaptación en la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
($153.746.831,00).
TERCERA: Que en razón al balance de ejecución financiera que se apruebe con la
liquidación judicial se ordene el pago del saldo a favor del contratista, esto es de la suma
de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS
($547.236.162,58).
CUARTA: Que se condene al demandado, al pago de las costas y agencias en derecho,
de conformidad con las disposiciones legales vigentes al momento de proferirse sentencia
que ponga fin al presente proceso”.
2
Radicación: 08001-23-33-000-2020-00619-01 (73188)
Demandante: Fondo Adaptación
Demandado: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
4. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se narraron los siguientes:
5. El 5 de julio de 2016 se celebró con AIDCON el contrato n° 135, cuyo objeto
consistió en “la interventoría integral a la construcción de las obras de protección
de orilla de la margen derecha del Canal del Dique en el municipio de Santa
Lucía en el departamento del Atlántico, en el área de influencia del Canal del
Dique”. El precio pactado en el negocio fue de $1.712’844.072 y el acta de inicio
fue suscrita el 18 de julio siguiente4. La labor de interventoría fue desarrollada
respecto del contrato de obra n° 133 de 2016, celebrado entre el Fondo y A
Construir S.A.
6. El contrato n° 135, cuya ejecución se prolongó hasta el 31 de mayo de 2018,
tuvo las siguientes incidencias: (i) el 30 de diciembre de 2016, se suspendió por
20 días calendario; (ii) el 28 de abril de 2017, tuvo una suspensión por 60 días
calendario, la cual fue ampliada posteriormente por 230 días adicionales; y (iii)
el 6 de abril de 2018, se suscribió el otrosí n° 1 que prorrogó el plazo contractual
por 45 días calendario.
7. En el desarrollo del contrato se hicieron efectivos al contratista 7 descuentos por
concepto de los denominados Acuerdos de Niveles de Servicio (ANS), por un
total de $89’924.313,18. Según indicó, “en el marco del proceso de liquidación,
está pendiente por practicar los descuentos por concepto de Acuerdos de
Niveles de Servicio (ANS)” en cuantía de $30’831.194.
8. En informe del 10 de agosto de 2017, el supervisor del contrato solicitó iniciar
procedimiento sancionatorio por el presunto incumplimiento parcial por parte de
la interventoría5. Adelantado el trámite correspondiente, mediante Resolución n°
303 del 30 de mayo de 2019, el Fondo declaró el incumplimiento parcial, declaró
la ocurrencia del siniestro correspondiente y ordenó hacer efectivas la cláusula
penal pecuniaria (por valor de $203’655.215) y la garantía respectiva.
9. Contra la decisión antedicha, el contratista y la compañía de seguros que
amparó el negocio en cuestión interpusieron -por separado- recurso de
reposición. A través de la Resolución n° 344 del 21 de junio de 2019, la
contratante confirmó el incumplimiento parcial del contrato y “revocó la
efectividad de la cláusula penal pecuniaria, la ocurrencia de siniestro y el
descuento por valor de $203.655.215”. Adicionalmente, afirmó, se dispuso6 que
se efectuara la liquidación del contrato y, en el marco de la misma, se abstuviera
de pagar los servicios y actividades no ejecutadas por el contratista, durante los
períodos de pago 5, 6 y 7.
10. El balance financiero del contrato, de conformidad con el estado de cuenta
emitido por el Grupo de Trabajo de Gestión Financiera de la demandante, indicó
que al contratista se le han pagado $1.011’861.078,42, se le adeudan
$547’236.162,58 y queda un saldo de $153’746.831, pendiente por ser liberado
en favor del Fondo.
4 En la narración fáctica de la demanda no se especificó el término (inicial o total) de duración del contrato.
5 No se especifica en qué consistieron los presuntos incumplimientos.
6 Si bien el libelo introductorio no lo especificó, la orden fue emitida al supervisor del contrato, conforme a los
elementos probatorios que más adelante se analizan.
3
Radicación: 08001-23-33-000-2020-00619-01 (73188)
Demandante: Fondo Adaptación
Demandado: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
11. El 20 de agosto de 2020 la contratante remitió a AIDCON el proyecto de acta de
liquidación bilateral para su revisión, comentarios o inclusión de salvedades.
Pese a múltiples requerimientos, la contratista guardó silencio.
12. Como fundamentos de derecho, la demandante sostuvo que: (i) el Fondo
Adaptación fue creado por el Decreto 4819 de 2010 para la recuperación,
construcción y reconstrucción de las zonas afectadas por el fenómeno de “La
Niña”, ocurrido durante el mismo año; (ii) mediante el Decreto 2918 de 2011, el
Gobierno nacional estableció la estructura de la entidad y determinó que los
contratos por ella celebrados se regirían por el derecho privado, previo proceso
de escogencia que se sujetará a los procedimientos de “Selección Directa”,
“Convocatoria Cerrada” y “Convocatoria Abierta”; (iii) el incumplimiento de una
de las partes del contrato causa un daño antijurídico a la otra, y le otorga el
derecho de reclamar, por vía judicial, la indemnización correspondiente; (iv) en
tanto el contratista incumplió, adicionalmente, con su obligación de concurrir a la
liquidación del negocio, y el Fondo carece de facultades para liquidarlo
unilateralmente, debió acudir a la presente vía judicial con ese propósito; y (v)
las resoluciones mediante las cuales declaró el incumplimiento del contrato
gozan de presunción de legalidad y plena firmeza.
La contestación de la demanda
13. Dentro del término correspondiente, AIDCON dio respuesta, oponiéndose a la
prosperidad de las pretensiones y proponiendo como excepciones previas7 las
de “inepta demanda por insuficiencia de poder” y “pleito pendiente”, y como
medios exceptivos de mérito los que denominó “excepción de fondo sobre
obligaciones de las entidades públicas de respetar el principio de planeación”,
“inexistencia de la obligación”, “cobro de lo no debido”, “injusto detrimentos (sic)
patrimonial de AIDCON LTDA.”, “enriquecimiento sin justa causa”, “buena fe
contractual” y el genérico8.
14. En sustento de lo anterior, afirmó que: (i) el poder otorgado para demandar no
especificó el medio de control correspondiente; (ii) entre las mismas partes cursa
otro proceso judicial en el que también se ventila la liquidación del negocio; (iii)
el Fondo no respetó el principio de planeación, pues los términos y condiciones
del contrato no especificaron que la interventoría estuviese obligada a realizar
controles topobatimétricos si no mediaba solicitud expresa de la contratante,
requerimiento que solo se produjo hasta el acta de interventoría nº8; (iv) el
contratista de obra adelantó la construcción en cumplimiento de lo pactado en el
respectivo acuerdo de voluntades, de manera que los pagos a aquél realizados,
atienden a las cantidades de obra entregadas, aprobadas por la interventoría y
7 En providencia del 20 de noviembre de 2023, el a quo declaró no probadas las excepciones previas
formuladas, señalando que: (i) en el poder otorgado para demandar se señaló con claridad y detalle la gestión
encomendada; y (ii) si bien existe otro proceso en curso, en el que funge como demandante AIDCON y
demandado el Fondo, en el que se persiguió la liquidación del mismo contrato que aquí se disputa; las
pretensiones de una y otra causa judicial no son idénticas, pues en aquella otra se solicita el incumplimiento del
contrato, el restablecimiento del desequilibrio, el reconocimiento de los perjuicios ocasionados al contratista y
la nulidad de los actos que declararon su incumplimiento. En consecuencia, sostuvo, la decisión que se adopte
en el sub lite no tiene la virtud de configurar el fenómeno de cosa juzgada respecto del promovido por la
interventoría (Archivo “15ED_13ResuelveExcepcione” del expediente digital, índice 002 del aplicativo SAMAI,
en segunda instancia.).
8 Archivo “10ED_08ContestacionDemand, ibidem.
4
Radicación: 08001-23-33-000-2020-00619-01 (73188)
Demandante: Fondo Adaptación
Demandado: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
recibidas a satisfacción por el Fondo; (v) AIDCON no le adeuda a la demandante
suma alguna por la ejecución del contrato de interventoría; (vi) las resoluciones
que declararon el incumplimiento contienen errores técnicos y jurídicos; (vii) la
retención de los valores ejecutados por la interventoría (incluida la estampilla pro
universidad) representa un enriquecimiento sin justa causa para el Fondo; y (viii)
el contratista actuó siempre en el marco de sus obligaciones.
Sentencia de primera instancia
15. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia del 16 de mayo de 2025,
accedió a las súplicas de la demanda, de la siguiente forma (transcrita con sus
propios énfasis y eventuales errores)9:
“PRIMERO: DECLÁRASE liquidado judicialmente el Contrato de Interventoría No. 135 de
2015 que suscribió el Fondo de Adaptación y la Sociedad Asesorías, Interventorías, Diseño
y Construcción AIDCON Ltda., de la manera en que se encuentra establecido en el balance
de ejecución financiera allegado por la demandante, así:
Balance de Ejecución Financiera del contrato 135 de 2016
CONCEPTO VALOR
1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO $1.712.844.072,00
2. ADICIONES $0,00
3. VALOR FINAL CONTRATO $1.712.844.072,00
4. VALOR EJECUTADO $1.712.844.072,00
5. VALOR PAGADO $1.011.861.078,42
6. SALDO DEL CONTRATO $700.982.993,58
7. VALOR PENDIENTE DE PAGO $700.982.993,58
8. RETENCIÓN DE GARANTÍA PRACTICADA $101.186.107,84
9. RETENCIÓN DE GARANTÍA REINTEGRADA $ 0,00
10. ANS PRACTICADA $89.924.313,18
11. ANS POR PRACTICAR $30.831.194,00
12. RETESANCION POR PRACTICAR DE $122.915.637,00
CONFORMIDAD CON RESOLUCION 0344 de 2016 -
ACTIVIDADES TOPOBATIMETRICAS NO
EJECUTADAS (ACTAS 5, 6, y 7)
13. ESTAMPILLA PROUNIVERSIDADES RETENIDA $8.722.940,32
14. SALDO PENDIENTE DE PAGO (NUMERAL 7- $547.236.162,58
NUMERALES 11 Y 12)
15. SALDO POR LIBERAR EN FAVOR DEL FONDO $153.746.831,00
(NUMERALES 11+12)
SEGUNDO: ORDENASE, en consecuencia de lo anterior, el pago en favor de la contratista
Sociedad contratista Asesorías, Interventorías, Diseño y Construcción AIDCON Ltda., de la
suma de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS
MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS
$547.236.162,58, como saldo a su favor.
TERCERO: ORDENASE, en consecuencia de lo anterior, la liberación de los recursos a
favor del Fondo Adaptación en la suma de CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS
($153.746.831,00), como saldo a su favor.
CUARTO: No condenar en costas.
QUINTO: NOTIFICASE esta sentencia, en los términos del artículo 203 de la Ley 1437 de
2011.
9 Archivo “31ED_29SentenciaLiqJudici”, ibidem.
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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00619-01 (73188)
Demandante: Fondo Adaptación
Demandado: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
SEXTO: Ejecutoriada la presente decisión, archívese el expediente”.
16. Para sustentar su decisión, indicó que: (i) en los casos en los que los
contrayentes no hayan liquidado el contrato bilateralmente o por mutuo acuerdo,
ni la entidad estatal lo haya hecho unilateralmente, el juez del contrato detenta
la competencia para conocer de la pretensión de liquidación y definir el estado
final de las obligaciones y derechos de las partes para darle finiquito, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 141 del CPACA; (ii) con la demanda
se aportó el balance de la ejecución financiera del negocio, en el que se
relacionaron las prestaciones ejecutadas y los descuentos practicados; (iii) la
demandada manifestó (en la contestación) su acuerdo con el valor inicial del
contrato, sus adiciones, el valor final, el monto ejecutado, lo efectivamente
pagado, la suma pendiente de pago, las retenciones efectuadas por el fondo y
las pendientes por deducir (por ANS); (iv) en consecuencia, tales rubros deben
tenerse por probados para efectos del cálculo final, lo que reduce el litigio a las
retenciones por practicar por virtud de los actos que declararon el incumplimiento
por actividades no ejecutadas (actas 5, 6 y 7), la estampilla pro universidad
retenida, el saldo pendiente de pago y el saldo por liberar a favor del fondo; (v)
las resoluciones nº 303 y 344 de 2019, que declararon el incumplimiento
anotado, se presumen legales, pues no hay evidencia de sus suspensión o
anulación por esta jurisdicción, gozan de firmeza y, por ende, lo en ellas
consignado es de obligatorio cumplimiento para los extremos negociales; (vi) la
cuantificación de los conceptos por incumplimiento contractual que tales
instrumentos efectuó, no es motivo de controversia en el presente proceso; (vii)
el saldo pendiente de pago al contratista y el que queda por liberar a favor del
Fondo, se encuentran debidamente acreditados y procede su reconocimiento;
(viii) el carácter tributario de la estampilla prouniversidades retenida supone que
la entidad estatal se encuentra plenamente facultada para su respectivo cobro,
siempre que se cumpla el hecho generador, y sobre dicho aspecto la demandada
no planteó inconformidad alguna; y (ix) no estimó pertinente la condena en
costas, en tanto no encontró pruebas que las demuestren o justifiquen.
Recurso de apelación
17. La demandada interpuso recurso de alzada10, bajo la siguiente argumentación:
18. El a quo basó sus conclusiones en lo decidido en la resolución nº 344 de 2019,
sin considerar que, conforme a lo probado en el proceso y en particular los
términos y condiciones del contrato, AIDCON no estaba obligada a efectuar
mediciones por batimetría, que fue la razón por la cual la contratante declaró el
incumplimiento parcial del negocio.
19. El tribunal afirmó que no hay prueba que demuestre la suspensión o anulación
de las resoluciones que declararon el incumplimiento del acuerdo de voluntades,
a pesar de reconocer expresamente la existencia de otra causa judicial (la
promovida por la contratista contra el Fondo) en la que se persigue su anulación.
20. La sentencia de primera instancia pasó por alto la declaración del ingeniero
residente en la obra, según la cual el contrato fue cumplido a cabalidad por la
10 Archivo “33ED_31RecursoApelacion”, ibidem.
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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00619-01 (73188)
Demandante: Fondo Adaptación
Demandado: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
contratista, y a pesar de la tacha formulada por el demandante, dicha persona,
como testigo presencial de los hechos, se encontraba en la mejor posición para
relatar de forma completa, precisa y detallada los pormenores de la ejecución
del contrato.
21. Los descuentos ordenados por la demandante rompen el equilibrio económico
del contrato.
22. Si bien al Fondo no le asistía el derecho a recurrir a instancias judiciales para
obtener la liquidación del contrato, sostuvo, no se opone a dicha eventualidad
“pero sí a que se le reconozcan los dineros que se señalan en el balance de
ejecución financiera, el cual rompe el equilibrio contractual en detrimento
económico de mi representada”.
23. El contratista debe ser indemnizado por la totalidad de los daños derivados del
incumplimiento del contrato, tanto los que se manifiesten en la disminución
patrimonial, como los que se traducen en la privación de utilidades o ganancias
esperadas.
24. AIDCON actuó prevalido de la buena fe contractual, en el marco de sus
obligaciones, al punto que si bien el valor inicial del contrato de obra fue de
$21.000’000.000, como resultado de la labor de interventoría ese monto se
redujo a $18.000’000.000, y la diferencia debió ser reintegrada por el contratista
de obra al Fondo.
Trámite relevante en segunda instancia
25. El recurso fue admitido mediante auto del 9 de septiembre de 2025 11. Durante
el término de su ejecutoria, las partes guardaron silencio. A su vez, el Ministerio
Público no rindió concepto.
CONSIDERACIONES
26. La Sala no advierte la configuración de causal de nulidad alguna que invalide lo
actuado, de manera que, evidenciado el cumplimiento de los presupuestos
procesales (jurisdicción, competencia, oportunidad de la demanda, legitimación
en la causa por activa y por pasiva y verificados los requisitos de la demanda en
forma), procede a decidir la segunda instancia de la presente litis.
27. Con ese propósito, se abordarán los siguientes asuntos: (i) el régimen jurídico
aplicable al contrato debatido; (ii) el objeto del recurso de apelación y los
problemas jurídicos para resolver el litigio; (iii) la solución al caso concreto; y (iv)
la condena en costas.
El régimen jurídico del contrato n° 135 de 2016
28. Antes de fijar el objeto de la litis en esta instancia y la solución que corresponde
a los cargos de la alzada, es necesario precisar el régimen jurídico que gobernó
el acuerdo de voluntades en cuestión, en aras de determinar si se encontraba
11 Índice 004 del aplicativo SAMAI, en segunda instancia.
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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00619-01 (73188)
Demandante: Fondo Adaptación
Demandado: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 12 y,
con ello, si: (i) el trámite de liquidación -en sede administrativa- se debía sujetar
a sus postulados; (ii) su planteamiento por vía judicial resulta procedente, a la
luz de la postura mantenida por la Subsección; y (iii) las resoluciones que
declararon su incumplimiento parcial revisten la naturaleza de actos
administrativos. Esto último resulta relevante para el sub examine pues, como
se precisará infra, aunque tales instrumentos no fueron objeto de demanda en
este proceso, la accionada cuestionó, al apelar, su contenido.
29. Con ese propósito, se tiene, entonces, que el Decreto 4819 de 2010 creó el
Fondo Adaptación como una entidad dotada de personería jurídica, autonomía
presupuestal y financiera, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y
definió como su objeto “la recuperación, construcción y reconstrucción de las
zonas afectadas por el fenómeno de ‘La Niña’”. El artículo 7 de la norma en
comento dispuso que “Los contratos que celebre el Fondo para el cumplimiento
de su objeto, cualquiera sea su índole o cuantía, se regirán por el derecho
privado y estarán sujetos a las disposiciones contenidas en los artículos 209 y
267 de la Constitución Política, dando aplicación a los artículos 14 a 18 de la Ley
80 de 1993 y el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007”; no obstante, la Corte
Constitucional, en sentencia C-251 de 2011, declaró la exequibilidad
condicionada de la mencionada disposición, “bajo el entendido que el régimen
contractual allí previsto tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2014,
inclusive”.
30. Posteriormente, la Ley 1753 de 2015, “Por la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo 2014-2018, estableció en su artículo 155 que: “Los contratos que
celebre el Fondo Adaptación para ejecutar los recursos destinados al programa
de reducción de la vulnerabilidad fiscal ante desastres y riesgos climáticos, se
regirán por el derecho privado”. Por su parte, el artículo 2.13.1.1 del Decreto
1068 de 2015 señaló:
“ARTÍCULO 2.13.1.1. Régimen contractual. Los contratos que celebre el Fondo
Adaptación para la construcción y reconstrucción necesarios para la superación de los
efectos derivados de la ocurrencia de desastres naturales a su cargo, y en general todos
aquellos necesarios para la ejecución de estas actividades, se regirán por el derecho
privado, estarán sujetos a las disposiciones contenidas en los artículos 209 y 267 de la
Constitución Política, con plena observancia de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1150
de 2007, sin perjuicio de la facultad de incluir las cláusulas excepcionales a que se refieren
los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y de aplicar lo dispuesto en el artículo 17 de la
Ley 1150 2007.
Los demás contratos estarán sometidos al Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, contenido en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y las normas que
los modifiquen o adicionen”.
31. El contrato n° 135 de 2016, celebrado entre el Fondo y AIDCON el 5 de julio de
2016, tuvo por objeto “ejercer la interventoría integral a la construcción de las
obras de protección de orilla de la margen derecha del Canal del Dique en el
municipio de Santa Lucía en el departamento del Atlántico, en el área de
influencia del Canal del Dique”.
32. En ese orden de ideas, la Sala advierte que el negocio jurídico en cuestión,
celebrado para la vigilancia de las obras que recayeron sobre la infraestructura
12 En adelante, también, EGCAP.
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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00619-01 (73188)
Demandante: Fondo Adaptación
Demandado: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
afectada por el fenómeno de La Niña ocurrido entre 2010 y 2011, estuvo
gobernado por el derecho privado. Por ende, los instrumentos expedidos por la
contratante en ese marco no tienen la connotación de actos administrativos,
como las resoluciones n° 303 y 344 de 2019, por medio de las cuales el Fondo
declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones de la interventoría13, por la
no realización de “batimetrías de seguimiento y control en los meses de agosto,
septiembre y octubre de 2016; y febrero y marzo de 2017”.
33. Ahora bien, en este punto es necesario precisar que, conforme a la postura de
la Sala, en los asuntos en los que la entidad pública contratante persigue la
liquidación del negocio celebrado, esa posibilidad está condicionada al hecho de
que, para acudir al trámite judicial, exista una verdadera causa, bien porque se
presente tensión o contraposición de posturas entre contratante y contratista,
ora porque la administración se vea impedida para desplegar sus potestades
administrativas en punto a efectuar, de forma unilateral, aquél ejercicio
liquidatorio. En efecto, ha referido la Subsección que no puede emplearse la vía
contenciosa para “sustituir a la administración en el cumplimiento de sus deberes
o coadministrar con ella”14. En esos deberes se encuentra, tanto el de ejercer las
prerrogativas públicas unilaterales que detenta en virtud de la ley, como el de
atender las obligaciones que provienen del acuerdo de voluntades, en virtud del
principio de autotutela y del rol de dirección del contrato estatal que le asiste, y
por virtud de ello la potestad de liquidar unilateralmente el negocio, en los
términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
34. En el caso concreto, la entidad contratante dijo acudir al contencioso para
obtener el cruce final de cuentas del contrato, amparada en: (i) que la cláusula
décima previó que sería liquidado por las partes dentro de los 8 meses siguientes
al vencimiento del plazo de ejecución15; (ii) que el mismo se prolongó hasta el
31 de mayo de 201816 y a la fecha de presentación de la demanda (6 de octubre
de 2020) tal actuación no se había producido, pese a la continua insistencia del
Fondo y a la previa remisión del proyecto de acta correspondiente al
13 El primero de tales actos, además de pronunciar el incumplimiento, declaró el siniestro, cuantificó el monto
del perjuicio y ordenó al garante realizar el pago con fundamento en el amparo correspondiente. Sin embargo,
el segundo de aquellos instrumentos revocó lo concerniente a la declaratoria del siniestro y la cuantificación,
manteniendo el incumplimiento.
14 Sentencia del 21 de noviembre de 2022, exp. 68.646, C.P. Martha Nubia Velásquez Rico. En aquella
oportunidad, se precisó: “Según lo analizado previamente, so pena de inmiscuirse en las competencias que son
propias de la Administración, al juez no le corresponde definir el incumplimiento y realizar la liquidación judicial
del contrato para incluir las consecuencias pecuniarias solicitadas por la DIAN, debido a que la facultad legal
para declarar el incumplimiento y el balance final de cuentas recaía en la entidad pública contratante. Aceptar
lo contrario equivaldría a convalidar que la Administración se sustraiga del ejercicio de sus deberes legales,
trasladándole al juez el conflicto que subyacía entre las partes en relación con ese aspecto, cuando era a ese
organismo, en calidad de entidad pública contratante y habilitada legalmente para tal efecto, a quien le
correspondía solucionarlo de manera unilateral y por vía administrativa, haciendo uso de las prerrogativas
públicas que le fueron asignadas por la ley, y que por lo mismo son de carácter irrenunciable”. Criterio reiterado
por al Subsección, entre otras, en sentencia del 26 se septiembre de 2025 (exp. 72.791, C.P. José Roberto
Sáchica Méndez), en la que se precisó: “De acuerdo con el EGCAP, la liquidación de los contratos sometidos a
tal régimen constituye la fase de cierre integral y definitiva del contrato, cuya función jurídica le ha merecido la
calificación de corresponder al corte de cuentas del negocio jurídico, no solo en perspectiva económica y
contable, sino como un verdadero ejercicio de verificación de lo que aconteció durante su ejecución a nivel
técnico, administrativo, económico y jurídico, con miras a establecer su completo balance en todos estos
aspectos. A la misma se puede llegar de manera convencional o en ejercicio de una prerrogativa del poder
público –esta última fase reservada a los contratos regidos por el EGCAP–”.
15 Carpeta “ANEXOS”, archivo “I-2020-004671 Solicitud de liquidación judicial (2)”, folio 44, índice 002 del
aplicativo SAMAI, en primera instancia.
16 Conforme fue admitido por la demandada en su contestación (pronunciamiento al hecho 13) y quedó
consignado en el borrador del acta de liquidación bilateral, que AIDCON se abstuvo de suscribir (Carpeta
“ANEXOS”, archivo “I-2020-004671 Solicitud de liquidación judicial (2)”, folio 4, índice 002 del aplicativo SAMAI,
en primera instancia).
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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00619-01 (73188)
Demandante: Fondo Adaptación
Demandado: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
contratista17; y (iii) el hecho de que el acuerdo de voluntades estaba excluido del
EGCAP y, por ende, no podía practicar la liquidación de forma unilateral en los
términos de dicho estatuto18.
35. En ese orden de ideas, para la Sala existe causa19 suficiente para que la entidad
hiciera uso de la pretensión autónoma que otorga el artículo 141 del CPACA 20 y
perseguir por vía judicial el cierre financiero del negocio, pues efectivamente,
conforme a lo acreditado en el sub lite, ese balance definitivo no se ha producido
pese al interés reiterado de la contratante, y el plazo convencional había
expirado al momento en que se acudió a la jurisdicción, sin que le fuera dable
al Fondo el despliegue de potestades unilaterales para el efecto.
El objeto de la alzada y los problemas jurídicos para resolver la controversia
36. La Sala ha establecido21 que el marco fundamental de competencia del juez de
segunda instancia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas
que se aducen y esgrimen en contra de la decisión que se hubiere adoptado en
primera instancia, por lo cual, en principio, los demás aspectos, diversos a los
planteados por el recurrente, están llamados a excluirse del debate en la
instancia superior22.
37. En adición a lo anterior, son inadmisibles las modificaciones a la causa petendi
mediante el recurso de apelación, en virtud del derecho fundamental al debido
proceso y el principio de congruencia, que imponen fallar de forma coherente
con los hechos y las pretensiones formulados en la demanda, y con las
excepciones planteadas en la contestación, con lo que se busca “impedir que se
17 Tal como fue aceptado por la accionada en su escrito de contestación (pronunciamiento frente a los hechos
15 y 16).
18 En el cuerpo de la demanda, la contratante sostuvo: “Es de advertir, que el Fondo Adaptación no tiene
facultades para liquidar unilateralmente el contrato, razón por la cual, debe recurrir al medio de control de
controversias contractuales, para que sea el contencioso administrativo, que, por vía judicial, liquide el contrato
objeto de la presente. (…) En lo tocante al Régimen Contractual, no queda la menor duda que, cualquiera sea
su índole o cuantía, “se regirán por el derecho privado y estarán sujetos a las disposiciones contenidas en los
artículos 209 y 267 de la Constitución Política, dando aplicación a los artículos 14 a 18 de la Ley 80 de 1993 y
el artículo 13 de la Ley 1150 de 2007’”.
19 Ver, entre otras, sentencia del 21 de marzo de 2025 (exp. 69.721 C.P. José Roberto Sáchica Méndez), en la
que se sostuvo: “Por regla general, la sola pretensión de liquidación del contrato no revela, per se, un conflicto
que deba ser resuelto en el marco del medio de control de controversias contractuales, razón por la cual, cuando
se formula, resulta necesario indagar por la causa que motiva al demandante a acudir a la vía jurisdiccional y,
de manera concordante, por las consecuencias jurídicas que espera que se sean declaradas en juicio, en aras
de determinar con claridad el objeto del litigio que deberá ser desatado por el juez”.
20 “ARTÍCULO 141. Controversias contractuales. Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir
que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se
declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los
perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la
liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal
no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo
convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley” (énfasis
añadido).
21 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 9 de febrero de 2012, exp. 21060, C.P.
Mauricio Fajardo Gómez. Reiterada en: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del 6 de
abril de 2018, exp. 46005, C.P. Danilo Rojas Betancourth. Ver, igualmente, Corte Constitucional, sentencia SU-
061 de 2018.
22 Es necesario precisar, en todo caso, que dicha regla general no es absoluta, pues debe ser entendida sin
perjuicio de las excepciones que se derivan, por ejemplo (i) de las normas o los principios previstos en la
Constitución Política; (ii) de los compromisos vinculantes asumidos por el Estado a través de la celebración y
consiguiente ratificación de Tratados Internacionales relacionados con la protección de los Derechos Humanos
y la vigencia del Derecho Internacional Humanitario, o (iii) de las normas legales de carácter imperativo, dentro
de las cuales se encuentran, a título ilustrativo, aquellos presupuestos procesales que, de configurarse, el juez
de la causa debe decretar de manera oficiosa, pese a que no hubieren sido propuestos por la parte impugnante
como fundamento de su inconformidad para con la decisión censurada.
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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00619-01 (73188)
Demandante: Fondo Adaptación
Demandado: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
sorprenda a las partes con decisiones que recaigan sobre aspectos que no
fueron objeto de debate en el curso del proceso, salvo los que, de conformidad
con la ley, deban ser resueltos de oficio”23.
38. El proceso de la referencia, es preciso recordarlo, fue promovido por el Fondo
Adaptación para obtener, exclusivamente, la liquidación judicial del contrato n°
135 de 2016, y las consecuencias que se deriven de dicho ejercicio. Bajo tal
entendimiento, los siguientes aspectos propuestos en el recurso de alzada no
pueden ser introducidos por el extremo pasivo en segunda instancia: (i) el
eventual incumplimiento del extremo activo y los perjuicios derivados del mismo
-en tanto no hizo parte del petitum de la controversia propuesta-; y (ii) las
incidencias relacionadas con el contrato de obra sobre el que recayó la labor de
interventoría ejecutada por la sociedad Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda. -por idéntica razón-.
39. A su vez, en lo que atañe al cuestionamiento que efectuó la demandada sobre
(i) la legalidad de las resoluciones n° 303 y 344 de 2019, que declararon su
incumplimiento; (ii) las razones que motivaron su expedición (no haber realizado
las batimetrías de seguimiento y control durante los períodos de pago
correspondientes a las actas 5, 6 y 7); y (iii) el desequilibrio de la ecuación
negocial en detrimento de AIDCON, supuestamente provocado por tales actos;
debe decirse lo siguiente:
40. Si bien aquellas circunstancias fueron esgrimidas en primera instancia, a modo
de excepción, ese reproche habría resultado admisible como medio de oposición
-obligando, con ello a su estudio, por parte de la Sala- si, en el caso concreto, la
contratante hubiera perseguido la inclusión de los valores y conceptos asociados
al incumplimiento en el ejercicio liquidatorio, de forma directa y no como
consecuencia de las resoluciones que determinaron el incumplimiento. Empero,
en la medida que la revisión de aquellos instrumentos, para dejarlos sin efectos,
no son materia del petitum en el sub lite, no resulta procedente cuestionar en
este expediente los tópicos arriba indicados.
41. A lo anterior debe agregarse que AIDCON detenta la condición de extremo
pasivo de la relación jurídico procesal, por lo cual no se encuentra habilitado para
formular pretensiones que introduzcan cuestiones adicionales a la propuesta por
su contraparte, pues su rol en el trámite judicial se restringe, en principio -y sin
perjuicio de la posibilidad de presentar demanda de reconvención 24- a
controvertir el reclamo que se le efectúa, mediante la proposición de medios
exceptivos como los resaltados previamente.
42. Como argumento adicional que soporta la imposibilidad para la Subsección de
pronunciarse de fondo en este proceso sobre los aspectos de la apelación que
acaban de relacionarse, se tiene que, en esta Corporación, cursa otro proceso,
radicado bajo el número 08001-23-33-000-2019-00801-01 (73.187), que
comprende como parte demandante a AIDCON y como demandado al Fondo.
En esa causa, el contratista persigue que: (i) se declare el incumplimiento del
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Sentencias del 24 de septiembre de 2020, exp. 44707,
C.P. José Roberto Sáchica Méndez; y del 12 de julio de 2024, exp. 70692, C.P. Fernando Alexei Pardo Flórez.
24 Que no fue ejercida en el sub examine.
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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00619-01 (73188)
Demandante: Fondo Adaptación
Demandado: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
mismo contrato n° 135 de 2016, (ii) se reconozca la ruptura del equilibrio
negocial; (iii) se liquide el acuerdo de voluntades; (iv) se tasen los valores de los
ítems no previstos; (v) se declare la nulidad de las resoluciones 303 y 344 de
2019; y (vi) se condene a la contratante al pago de los perjuicios derivados del
desequilibrio sufrido por el contratista. Como se observa, los aspectos
destacados previamente respecto del recurso de apelación incoado en esta
cuerda procesal están englobados en el petitum de aquél otro, lo que denota la
intención de AIDCON de emplear la alzada para extender o traer la discusión del
otro expediente a éste, lo cual no resulta admisible -sin perjuicio de lo que, bajo
la noción de pleito pendiente, se dirimirá infra-.
43. Decantado lo anterior, se tiene, mediante una hermenéutica integral del escrito
de apelación -en conjunto con las excepciones formuladas en primera instancia-
, que los demás cargos de la alzada versan sobre: (i) la determinación del tribunal
de acoger el balance presentado por el extremo activo y liquidar el contrato con
la inclusión del incumplimiento parcial declarado en las resoluciones 303 y 344
de 201925; y (ii) la existencia de otro pleito que incidiría en el sub examine, y que
habría sido ignorado en la sentencia de primera instancia26.
44. Con esas premisas, la Sala abordará el objeto de la litis mediante la solución a
los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿el tribunal se equivocó al afirmar que no
hay prueba que demuestre la suspensión o anulación de las resoluciones que
declararon el incumplimiento del acuerdo de voluntades, pese a la afirmada
existencia de un pleito pendiente que incidiría eventualmente en su legalidad?;
y (ii) ¿el a quo erró al concluir que el rubro correspondiente al incumplimiento
podía ser tenido en cuenta en el balance final del contrato?
Solución al cargo relacionado con la existencia de un pleito pendiente
45. La excepción de pleito pendiente, catalogada como previa por el legislador en el
artículo 100, numeral 8 del CGP27, y conforme lo ha entendido la jurisprudencia
de esta Corporación, exige que se presente una triple identidad (de partes,
objeto y causa) entre el proceso en el que se formula la excepción y aquél que
la sustenta28.
25 En la apelación se consignó: “Para llegar a esa conclusión [de que resulta procedente la liquidación pretendida
en la demanda] encontró sustento en la resolución No 344 de 2019, donde el Fondo de Adaptación, al resolver
los recursos de reposición interpuestos por la demandada AIDCON Ltda. y la compañía Liberty Seguros S.A.,
por la cual se declaró el incumplimiento parcial de las obligaciones contenidas en el Contrato No. 135 de 2016
por AIDCON Ltda., mantuvo el incumplimiento parcial de las obligaciones contenidas en el mismo (…)”.
26 En el mismo escrito, se afirmó: “Por otra parte, la Sala misma señala en su decisión que no obra prueba
alguna que demuestre la suspensión o anulación de dichos actos administrativos, desconociendo la existencia
de acción judicial promovida por la sociedad AIDCON LTDA. contra el FONDO DE ADAPTACIÓN derivada del
incumplimiento del mismo contrato (135 de 2016), que también cursa ante este mismo despacho bajo la
radicación No. 08-001-23-33-000-2019-00801-00-CH, acción anterior a la promovida por el Fondo, pero que
extrañamente, sobre la cual no se ha pronunciado, a pesar de que se encuentran satisfechas todas las etapas
procesales correspondientes, con una mayor antelación, y que está a la espera de su decisión desde el mes de
Octubre del año 2023 . (…) el a-quo se aportó de ese derrotero probatorio y tuvo por ciertas, sólo las
afirmaciones de la parte actora, las que fundamentó en una resolución sancionatoria, que, tal como lo señalé
renglones arriba, sí son objeto de controversia en la acción contractual con radicado No. 08-001-23-33-000-
2019-00801-00-CH, que tramita ante el mismo despacho, en la que, además de la liquidación judicial del
contrato, se busca una indemnización por los daños y perjuicios causados a favor de mi representada, por la
ruptura del equilibro contractual y el incumplimiento del contrato por parte del Fondo de Adaptación”.
27 Aplicable al presente asunto por remisión del artículo 306 del CPACA.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, auto del 11 de agosto de 2016,
exp. 2013-01290-01, C.P. Guillermo Vargas Ayala.
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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00619-01 (73188)
Demandante: Fondo Adaptación
Demandado: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
46. El expediente respecto del cual se afirmó la existencia de un pleito pendiente,
radicado bajo el número 08001-23-33-000-2019-00801-01 (73.187), tiene como
demandante a AIDCON y como demandado al Fondo, por controversia suscitada
en el mismo negocio que aquí se debate (el contrato nº 135 de 2016); de lo que
se desprende, en general, una identidad de causa. No obstante, no se predica
una identidad de partes -en tanto aquellas no ocupan los mismos extremos
procesales en ambos trámites29- y tampoco de objeto, pues a pesar de la
coincidencia parcial en un punto específico -la liquidación- no se puede sostener
que el objeto de uno y otro proceso judicial sea plenamente asimilable -en aquél
asunto el contratista persigue, además de la liquidación, que se declare el
incumplimiento del pacto, se reconozca la ruptura del equilibrio negocial, se
tasen los valores de los ítems no previstos, se declare la nulidad de las
resoluciones 303 y 344 de 2019 (según lo visto en el régimen jurídico, debe
entenderse como dejarlas sin efectos, al no ser actos administrativos) y se
condene a la contratante al pago de los perjuicios derivados del desequilibrio
sufrido por el contratista-.
47. Adicionalmente, la parte accionada no presentó demanda de reconvención 30 -
como se precisó previamente-, no cuestionó el auto que declaró no probada la
excepción de pleito pendiente (en relación con la otra causa judicial) 31, no pidió
la acumulación de ambos trámites32 y no solicitó la suspensión del presente
asunto por prejudicialidad33. Así, las oportunidades procesales con las que
contaba AIDCON para introducir cuestiones adicionales a la litis -por vía de
pretensión-, condicionar la decisión que se adopte en el sub lite a lo que se falle
en el otro proceso (en relación con los efectos de las resoluciones que
declararon su incumplimiento) o sujetar la suerte del petitum de la otra causa a
la sentencia que se dicte en esta, precluyeron.
48. En consecuencia, la Sala no encuentra mérito para declarar probado el medio
exceptivo de pleito pendiente, como lo pretende el demandante, lo que impone,
de contera, dar respuesta negativa al primer problema jurídico, pues, en suma:
no hay prueba que demuestre una decisión judicial que haya dejado sin efectos
los actos que declararon el incumplimiento del contratista, ni la existencia de otro
proceso que, por ser idéntico en partes, causa y objeto, condicione la decisión
que debe adoptarse en este expediente.
29 Al respecto, los artículos 189 del CPACA y 303 del CGP refiere que la identidad de partes, necesaria para
que se configure el fenómeno de la cosa juzgada (que comparte los rasgos característicos del pleito pendiente
-triple identidad-), debe ser jurídica, de lo que se sigue que, más allá de la simple coincidencia de personas,
debe existir la misma relación jurídica respecto de la pretensión y la causa, lo que “implica que quienes actúan
como demandante y demandado en el proceso anterior deben actuar de la misma forma en el nuevo proceso”
(Sección Tercera, Subsección “B” auto del 24 de noviembre de 2017, exp. 60.048, C.P. Danilo Rojas
Betancourth).
30 En el término del traslado para contestar el libelo introductorio (artículos 172 y 177 del CPACA).
31 Mediante recurso de reposición (artículo 242 del CPACA).
32 Antes de que se señalara fecha y hora para la audiencia inicial (como lo dispone el artículo 148, numeral 1,
literal b) del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA) considerando que las pretensiones de
uno y otro trámite son conexas y las partes son demandantes y demandados recíprocos.
33 Antes de que se dictara sentencia, en los términos del artículo 161 del CGP.
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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00619-01 (73188)
Demandante: Fondo Adaptación
Demandado: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
Solución al cargo referido a la inclusión del rubro de incumplimiento en la
liquidación efectuada por el a quo
49. Para resolver el segundo problema jurídico -relacionado, como se recuerda, con
la inclusión del rubro correspondiente al incumplimiento en el balance final del
contrato en cuestión-, se tiene lo siguiente:
50. Como se precisó, el 30 de mayo de 2019 el Fondo expidió la resolución n° 303,
“Por la cual se decide sobre la declaratoria de incumplimiento parcial de las
obligaciones descritas en el contrato n.° 135 de 2016, suscrito entre el Fondo
Adaptación y Aidcon Ltda”34. Según se consignó en el cuerpo de dicho acto, la
falta al débito negocial de la contratista que derivó en la apertura del
procedimiento sancionatorio, consistió en no haber realizado “las batimetrías de
seguimiento y control en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2016; y
febrero y marzo de 2017, incumpliendo así la obligación de contar con un equipo
mínimo y realizar un control batimétrico para establecer las condiciones reales
de borde de talud y las cantidades de obra realmente ejecutadas en la parte
sumergida, y así efectuar los pagos de las actividades desarrolladas por el
contratista de obra (…)”.
51. En el instrumento en cita se dispuso, como consecuencia del incumplimiento
declarado, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria pactada35, cuantificando
para el efecto los perjuicios causados a la contratante en $203’655.215, así
como declarar la ocurrencia del siniestro correspondiente y hacer efectiva la
garantía que lo amparaba.
52. Por su parte, a través de la resolución n° 344 del 21 de junio de 2019, la
contratante resolvió los recursos de reposición interpuestos por AIDCON y
Liberty Seguros S.A. contra el primer acto36. En la misma, se confirmó el artículo
primero -que declaró el incumplimiento- y se revocaron los artículos segundo,
tercero, cuarto y quinto -entre ellos el que hizo efectiva la cláusula penal
pecuniaria-. En sus consideraciones, señaló el Fondo lo siguiente:
“Así las cosas, como quiera (sic) que el pago de las Actas 5, 6 y 7 del contrato de
interventoría no ha sido reconocido por la entidad a favor de AIDCON LTDA, la entidad se
abstendrá de cuantificar en razón de ello los perjuicios ocasionados por el incumplimiento
en la autorización y trámite de dichos pagos y en esa medida se abstendrá de ordenar la
efectividad de la cláusula penal pecuniaria y de declarar la ocurrencia del siniestro amparado
por la póliza n.° 2681026 expedida por la Compañía Aseguradora LIBERTY SEGUROS S.A.
Sin embargo, frente a la declaratoria de incumplimiento ordenada en la resolución y que será
conformada en el presente Acto Administrativo lo procedente será que en el marco de la
liquidación del contrato n.° 135 de 2016, el supervisor del contrato realice el cruce de cuentas
respectivo, absteniéndose de pagar el valor correspondiente a los servicios y actividades
34 Carpeta “ANEXOS”, archivo “I-2020-004671 Solicitud de liquidación judicial (2)”, folios 73 a 130, índice 002
del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
35 La cláusula décima segunda del contrato, numeral 1, estipuló lo siguiente: “CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA:
En caso de incumplimiento parcial o definitivo en la ejecución oportuna del contrato o de las obligaciones a
cargo del INTERVENTOR después de terminado el plazo de ejecución y por tanto EL FONDO (sic), podrá hacer
efectiva la cláusula penal pecuniaria, a título de pena, por un monto equivalente hasta (sic) por el veinte por
ciento (20%) valor total (sic) del contrato. El pago del valor acá señalado a título de cláusula penal pecuniaria
se considera como indemnización parcial y no definitiva de los perjuicios causados por el incumplimiento del
contratista, razón por la cual, EL FONDO, tendrá derecho a obtener del INTERVENTOR el pago de la
indemnización correspondiente a los demás perjuicios que con dicho incumplimiento se le hayan irrogado”.
36 Carpeta “ANEXOS”, archivo “I-2020-004671 Solicitud de liquidación judicial (2)”, folios 131 a 157, índice 002
del aplicativo SAMAI, en primera instancia.
14
Radicación: 08001-23-33-000-2020-00619-01 (73188)
Demandante: Fondo Adaptación
Demandado: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
(controles topobatimétricos) que no fueron realmente ejecutadas por el interventor durante
los períodos de pago 5, 6 y 7”.
53. En la documentación aportada con la demanda obra la certificación emitida por
el Grupo de Trabajo de Gestión Financiera del Fondo, fechada el 9 de abril de
2019, bajo el título “ESTADO DE CUENTA DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE
CONTRATOS O CONVENIOS” en el que se detalló la siguiente información37:
CONCEPTO VALOR
VALOR TOTAL $1.712.844.072,00
CONTRATO/CONVENIO
INFORMACIÓN
FINANCIERA
Anticipos Entregados $0.00
Amortización Anticipos $0.00
Pagos Realizados $1.011.861.078,42
Total ejecución $1.011.861.078,42
Presupuestal
ESTADO DE
CUENTA
Valor Contrato/Convenio $1.712.844.072,00
Valor Ejecutado $1.011.861.078,42
Saldo por Ejecutar $700.982.993,58
Saldo por Amortizar $0.00
DEDUCCIONES
Retención de Garantía $101.186.107,84
Practicada
Retención de Garantía $0.00
Reintegrada
Retesanción o ANS $89.924.313,18
Retención según $0.00
contrato
Arras $0.00
Embargos $0.00
Otros Descuentos $0.00
Contribución Especial de $0.00
Obra Pública Retenida
Estampilla $8.722.940,32
Prouniversidades
Retenida
54. La información que acaba de relacionarse coincide con la consignada en el
“INFORME CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°. 135 DE 2016, SUSCRITO
CON AIDCON LTDA”, fechado el 21 de septiembre de 2020, elaborado por el
Líder Macroproyecto Canal del Dique de la entidad contratante 38. En dicho
documento, además, se complementó el balance financiero antedicho, en los
siguientes términos:
CONCEPTO VALOR
1. VALOR INICIAL $1.712.844.072,00
DEL CONTRATO
2. ADICIONES $0,00
3. VALOR FINAL $1.712.844.072,00
CONTRATO
4. VALOR $1.712.844.072,00
EJECUTADO
5. VALOR PAGADO $1.011.861.078,42
37 Ibidem, folio 19.
38 El documento, sin embargo, no precisa si quien lo suscribió detentaba la calidad de supervisor del contrato.
Carpeta “ANEXOS”, archivo “I-2020-004805 respuesta oficio I-2020-004700” (1)”, índice 002 del aplicativo
SAMAI, en primera instancia
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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00619-01 (73188)
Demandante: Fondo Adaptación
Demandado: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
6. SALDO DEL $700.982.993,58
CONTRATO
7. VALOR $700.982.993,58
PENDIENTE DE
PAGO
8. RETENCIÓN DE $101.186.107,84
GARANTÍA
PRACTICADA
9. RETENCIÓN DE $ 0,00
GARANTÍA
REINTEGRADA
10. ANS $89.924.313,18
PRACTICADA
11. ANS POR $30.831.194,00
PRACTICAR
12. RETESANCION $122.915.637,00
POR PRACTICAR DE
CONFORMIDAD CON
RESOLUCION 0344
de 2016 -
ACTIVIDADES
TOPOBATIMETRICAS
NO EJECUTADAS
(ACTAS 5, 6, y 7)
13. ESTAMPILLA $8.722.940,32
PROUNIVERSIDADES
RETENIDA
14. SALDO $547.236.162,58
PENDIENTE DE
PAGO (NUMERAL 7-
NUMERALES 11 Y
12)
15. SALDO POR $153.746.831,00
LIBERAR EN FAVOR
DEL FONDO
(NUMERALES 11+12)
55. Como se deduce de la información relacionada, si bien las resoluciones n° 303
y 344 de 2019 no fijaron el monto que se le impuso al contratista por el
incumplimiento declarado, sí dispusieron que, en la liquidación del contrato, se
retuvieran los valores correspondientes a las actividades no ejecutadas de las
actas 5, 6 y 7, las cuales -según los informes del Fondo- ascendieron a $
122’915.637.
56. Bajo dicho escenario, y considerando que el eje de la inconformidad del
contratista con el balance financiero efectuado por la contratante no versó sobre
la cuantificación efectuada para el rubro relacionado con el incumplimiento, sino
sobre el incumplimiento mismo; la Sala concluye que, en tanto este tiene
fundamento en actos contractuales que no son materia del petitum del sub lite -
como quedó establecido supra-, no es posible excluir del ejercicio liquidatorio el
ítem cuestionado.
57. Adicionalmente, no puede perderse de vista que el principio de la autonomía de
la voluntad permite a las partes de un contrato estatal de derecho privado pactar
cláusulas que le asignen a una de ellas la potestad de declarar el incumplimiento
del negocio, declarar la ocurrencia del siniestro y hacer efectiva la cláusula penal
pecuniaria; en ese caso, el ejercicio no deviene directamente de la ley sino del
acuerdo de voluntades, sin que al efecto sea necesaria la intervención previa del
juez. En el caso concreto, las partes convinieron expresamente (cláusulas
décima segunda y décima tercera) que el Fondo podría “hacer efectiva” la
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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00619-01 (73188)
Demandante: Fondo Adaptación
Demandado: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
cláusula penal y “hacer exigible” multas por mora en la ejecución del
contratista39, de manera que el Fondo, en todo caso, contaba con la atribución
unilateral (de origen convencional) para declarar el incumplimiento y, por su
virtud, hacer efectiva la decisión adoptada en los instrumentos correspondientes.
58. En consecuencia, el fallo impugnado debe ser confirmado, pues el segundo
cargo de la apelación, analizado en esta oportunidad, también quedó
desestimado, de manera que la liquidación efectuada por el a quo se mantendrá
incólume40.
Conclusiones
59. En las condiciones previamente analizadas, la Subsección confirmará la
sentencia apelada, por las razones que a continuación se recapitulan:
60. El contrato nº 135 de 2016 estuvo gobernado por el derecho privado. En
consecuencia, los instrumentos por ella expedidos, que declararon el
incumplimiento parcial de las obligaciones del contratista, no tienen la
connotación de actos administrativos.
61. La Subsección ha establecido que no puede emplearse la vía contenciosa para
sustituir a la administración en el cumplimiento de sus deberes o coadministrar
con ella; en esos deberes se encuentra, tanto el de ejercer las prerrogativas
públicas unilaterales que detenta en virtud de la ley, como el de atender las
obligaciones que provienen del acuerdo de voluntades, en virtud del principio de
autotutela y del rol de dirección del contrato estatal que le asiste, y por virtud de
ello la potestad de liquidar unilateralmente el negocio, en los términos del artículo
11 de la Ley 1150 de 2007.
62. En el caso concreto, existió causa suficiente para que la entidad contratante
acudiera al contencioso para obtener el cruce final de cuentas del contrato, pues
efectivamente, conforme a lo acreditado en el sub lite, ese balance definitivo no
se ha producido pese al interés reiterado de la contratante, y el plazo
convencional había expirado al momento en que aquella acudió a la jurisdicción,
sin que le fuera dable al Fondo el despliegue de potestades unilaterales para el
efecto.
63. Los aspectos propuestos en el recurso de alzada, relacionados con el eventual
incumplimiento del extremo activo y los perjuicios derivados del mismo y las
incidencias relacionadas con el contrato de obra sobre el que recayó la labor de
interventoría, no pueden ser abordaros por la Sala, en tanto no hicieron parte del
petitum de la controversia propuesta en primera instancia.
39 Carpeta “ANEXOS”, archivo “I-2020-004671 Solicitud de liquidación judicial (2)”, folios 42 y 43, índice 002 del
aplicativo SAMAI, en primera instancia.
40 Al respecto, aunque en la sentencia de primera instancia se ordenó el reconocimiento de sumas líquidas de
dinero como consecuencia de la liquidación practicada, no procede -en este grado- su actualización de oficio,
en tanto (i) no corresponden, en estricto sentido, a condenas, sino a saldos; (ii) en cualquier caso, la fijada en
favor del demandado no atañe a una condena por él pretendida (recuérdese que no formuló demanda de
reconvención); y (iii) la establecida en favor del demandante incumbe a la liberación de recursos, es decir,
dineros que -se deduce- no salieron de sus arcas. Por ello mismo, se entiende, el a quo no dispuso la indexación
de esos valores, sin que tal abstención hubiese sido impugnada por las partes.
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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00619-01 (73188)
Demandante: Fondo Adaptación
Demandado: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
64. En cuanto al cuestionamiento que efectuó la demandada sobre (i) la ilegalidad
de las resoluciones n° 303 y 344 de 2019, (ii) las razones que motivaron su
expedición y (iii) el desequilibrio de la ecuación negocial en detrimento de
AIDCON, supuestamente provocado por tales actos; aquellas circunstancias
comportan aspectos que, si bien fueron esgrimidos como excepciones, no
resultan admisibles en este proceso, en la medida que la demandante no
persiguió la inclusión de los valores y conceptos asociados al incumplimiento en
el ejercicio liquidatorio, de forma directa, sino como consecuencia de las
resoluciones que determinaron la separación del contrato (y que son objeto de
litigio en otro proceso judicial, en el que se persigue dejarlas sin efectos).
65. No existe mérito para declarar probada la excepción de pleito pendiente respecto
del proceso 08001-23-33-000-2019-00801-01 (73.187), pues a pesar de que
tienen, en general, la misma causa, no hay identidad de partes ni de objeto.
66. La censura del contratista al balance financiero efectuado por la contratante, y
acogido por el tribunal, no versó sobre la cuantificación efectuada para el rubro
relacionado con el incumplimiento, sino sobre el incumplimiento mismo. Por lo
tanto, en la medida que el fundamento de tal inclusión reside en actos
contractuales que no han sido dejados sin efectos, y son materia de debate en
otro expediente, no es posible excluir del ejercicio liquidatorio el ítem
cuestionado.
67. El principio de la autonomía de la voluntad permite a las partes de un contrato
estatal de derecho privado pactar cláusulas que le asignen a una de ellas la
potestad de declarar el incumplimiento del negocio, declarar la ocurrencia del
siniestro y hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria; en ese caso, el ejercicio
no deviene directamente de la ley sino del acuerdo de voluntades, sin que al
efecto sea necesaria la intervención previa del juez. En el caso concreto, la
contratante contaba con esa potestad convencional.
La condena en costas
68. De conformidad con la remisión del primer inciso del artículo 188 del CPACA41,
y según lo establecido en el artículo 365 del CGP, la condena en costas no
requiere de la apreciación o calificación de una conducta de la parte a la cual se
le imponen.
69. Así, la Subsección condenará en costas de segunda instancia a la demandada
apelante, pues, según lo dispuesto en el artículo 365, numerales 3 y 8 del CGP,
los argumentos de su alzada resultaron imprósperos. Las costas de segunda
instancia serán liquidadas por el Tribunal de origen, según lo previsto en el
artículo 366 del CGP.
70. Respecto de las agencias en derecho, en la medida que la parte demandante
actuó a través de la designación de apoderado judicial, que debió vigilar el
41 Cuya modificación, introducida por el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021, resulta aplicable al caso concreto,
atendiendo la fecha de interposición del recurso de apelación (26 de abril de 2024). “Artículo 188. Condena en
costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en
costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la
demanda con manifiesta carencia de fundamento legal”.
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Radicación: 08001-23-33-000-2020-00619-01 (73188)
Demandante: Fondo Adaptación
Demandado: Asesorías, Interventorías, Diseño y
Construcción Ltda.
Referencia: Controversias contractuales (Ley 1437 de 2011)
proceso en sede de apelación, se considera que dicha situación es suficiente
para entenderlas causadas. Así, por ese concepto, en los términos del Acuerdo
PSAA16-10554 de 201642, se fijará la suma equivalente a un (1) salario mínimo
legal mensual vigente a la ejecutoria de esta sentencia en favor del Fondo
Adaptación.
71. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 16 de mayo de 2025 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió a las pretensiones de la demanda,
por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: CONDENAR en costas de segunda instancia a la demandada y FIJAR
las agencias en derecho en suma equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual
vigente a la ejecutoria de esta providencia, en favor de la accionante. Las costas se
liquidarán por el Tribunal a quo.
TERCERO: DEVOLVER, por Secretaría, el expediente al Tribunal de origen, una
vez ejecutoriada esta sentencia.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Con aclaración de voto
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Nota: Esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo
SAMAI, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.
Igualmente puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono
celular el código QR que aparece a la derecha.
VF
42 “Artículo 5. Tarifas. Las tarifas de agencias en derecho son:
1. Procesos declarativos en general (...) En segunda instancia entre 1 y 6 S.M.L.M.V. (...)”.
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