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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2019-00809-01

Fecha
25 de abril de 2024
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2019-00809-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de julio de 2021 por el Tribunal Administrativo del Atlántico. SEGUNDO: Para los efectos previstos por el artículo 80 de la Ley 472 de 1998, remitir copia de la presente decisión al Registro Público de acciones populares de la Defensoría del Pueblo. TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez ejecutoriada la presente providencia. 28 Radicación: 08001 23 33 000 2019 00809 01 Accionante: Organización Clínica General del Norte SA y otros Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2019-00809-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

25 de abril de 2024

Radicación: 08001 23 33 000 2019 00809 01
Accionante: Organización Clínica General del Norte SA y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN POPULAR
Radicación: 08001 23 33 000 2019 00809 01
Accionante: ORGANIZACIÓN CLÍNICA GENERAL DEL NORTE S.A. Y
OTROS
Accionado: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.- FIDUPREVISORA

Tesis: No hay lugar a la protección de los derechos colectivos a la
moralidad administrativa, al acceso al servicio público de
salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna, por el
hecho de que en el documento de selección para la
contratación de entidades para la prestación de servicios de
salud de los docentes y en el respectivo contrato se haya
previsto que el contratista mantuviera una reserva técnica
durante su ejecución.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante en
contra de la sentencia proferida el 13 de julio de 2021 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, que negó el amparo de los derechos colectivos a
la moralidad administrativa, al acceso al servicio público de salud y a que su
prestación sea eficiente y oportuna.

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Radicación: 08001 23 33 000 2019 00809 01
Accionante: Organización Clínica General del Norte SA y otros

I. ANTECEDENTES

1.1. LA DEMANDA

La organización Clínica Central del Norte S.A., la Unión Temporal del Norte
Región Cinco y la Unión Temporal Servisalud San José, actuando por conducto
de apoderado, interpusieron demanda de acción popular1, solicitando la
protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, al acceso
al servicio público de salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna,
para lo cual formularon las siguientes pretensiones:

“[…] PRIMERO: Que se declare que la Fiduciaria La Previsora (Fiduprevisora)
como administradora y vocera del Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), ha vulnerado o puesto en riesgo latente de vulneración
los derechos o intereses colectivos (i) a la moralidad administrativa y (ii) al
acceso al servicio público de salud y a que su prestación sea eficiente y
oportuna, al sustraerse de las obligaciones que le asisten como responsable
del aseguramiento en salud en lo atinente a constituir y mantener una reserva
técnica, en los términos del artículo 2.5.2.2.1.2. y siguientes del Decreto 780
de 2016, Decreto Único Reglamentario del Sector Salud (modificado por el
Decreto 2147 de 2016). La vulneración se concretó al pretender transferir tales
obligaciones, vía contrato, a los prestadores de servicios de salud, mediante el
numeral 4.3.2-1 del Documento para la Selección de Contratistas que regentó
la Invitación Pública 002 de 2017 y, posteriormente, al estipular la cláusula
quinta - Obligaciones específicas del contratista - Obligaciones Financieras -
Numeral 1, de los contratos para la prestación de servicios de salud 12076-
008-2017, celebrado entre la Fiduprevisora y la Unión Temporal del Norte
Región Cinco; 12076-007-2017, celebrado entre la Fiduprevisora y la
Organización Clínica General del Norte S.A.; y 12076-013-2017, celebrado
entre la Fiduprevisora y la Unión Temporal Servisalud San José.

SEGUNDO: Que se amparen los derechos e intereses colectivos (i) a la
moralidad administrativa y (ii) al acceso al servicio público de salud y a que su

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 08001 23 33 000 2019 00809 01.”3_ED1fl133DEMANDA(PDF).

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prestación sea eficiente y oportuna, así como los demás derechos e intereses
colectivos que el juez de la acción popular advierta que resultan amenazadas
o vulnerados con el actuar de la Fiduprevisora, como administradora y vocera
del FOMAG, potestad que a juicio del Consejo de Estado es del todo válida.

TERCERO: Que, sin perjuicio de las demás órdenes o medidas que el juez de
la Acción Popular considere necesario impartir para hacer cesar la vulneración
o proteger los derechos colectivos cuyo amparo se pretende en esta demanda,
se decrete la suspensión de los efectos de las siguientes cláusulas
contractuales. Del numeral 1 del acápite 4.3.2. del Documento para la
Selección de Contratistas que regentó la Invitación Pública No. 002 de 2017.

[…]”. (Negrillas y mayúsculas del original).

1.2. LOS HECHOS

La parte accionante expuso que, acorde con lo dispuesto por el artículo 4 de
la Ley 91 de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-
FOMAG atiende las prestaciones sociales de los docentes y, con fundamento
en ello, la Fiduprevisora, como su administradora y vocera, garantiza la
prestación de los servicios médico – asistenciales de los docentes y sus
beneficiarios.

Aseguró que esa responsabilidad supone que el FOMAG asuma el rol de
asegurador en salud en lo que tiene que ver con la prestación de los servicios
y administrar el riesgo inherente a esa actividad.

Señaló que la Superintendencia Nacional de Salud, mediante el concepto nro.
84408 de 2011, indicó que el FOMAG es el asegurador para el caso de la
prestación de los servicios de salud del personal docente y sus afiliados.
Agregó que el Decreto 780 de 2016, en el artículo 2.5.2.2.1.9, previó en
cabeza de los entes aseguradores o de quienes cumplan las funciones de

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aseguramiento en salud el deber de constituir una reserva técnica, señalada
a manera de inversión permanente, que deben mantener las entidades
aseguradoras en salud y, particularmente, las Empresas Promotoras de Salud.
EPS.

Argumentó que el artículo 2.5.2.2.1.2 del Decreto 780 de 2016 permite
advertir que no les corresponde constituir las reservas técnicas a las
instituciones prestadoras de salud - IPS o a los entes que fungen como tal,
que no son promotores ni tienen deberes de aseguramiento, sino que se trata
de una carga obligacional de orden legal que tienen solamente las EPS, las
organizaciones de economía solidaria vigiladas por la Supersalud autorizadas
para operar el aseguramiento en salud y las cajas de compensación familiar.

Aseveró que, con desconocimiento de las disposiciones citadas, en el marco
de la Invitación Pública 002 de 2017, el FOMAG impuso como condición de las
contrataciones originadas en dicha convocatoria para las diez regiones del
país, la constitución de una reserva técnica equivalente a la sumatoria de una
Unidad Per Cápita del Magisterio (UPCM) mensual, por todos los afiliados y
durante todo el período de ejecución del contrato, obligación que asignó
indebidamente en las instituciones prestadoras de salud que resultaron
adjudicatarias, pese a que las mismas no son aseguradoras en salud ni EPS.
Informó que, en razón de la precitada invitación pública, los aquí accionantes
resultaron adjudicatarios y celebraron contratos para tres de las diez regiones
en que la Fiduprevisora seccionó el territorio nacional y se les impuso la
cláusula relacionada con la obligación de mantener una reserva técnica, con
lo cual pretendió sustraerse de dicho deber y atribuirlo a las IPS.

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Sostuvo que cada uno de los contratos suscritos por la Fiduprevisora con
ocasión de la Invitación Pública 002 de 2017 fue concebido bajo el esquema
de pago por capitación y en esa clase de contratos no es jurídicamente posible
que se traslade a los prestadores de los servicios de salud los deberes u
obligaciones propias del aseguramiento, como es el caso de la constitución y
mantenimiento de una reserva técnica, y es el FOMAG el que debe garantizar
la prestación de los servicios médico-asistenciales a los docentes y sus
beneficiarios en el país, según lo dispuesto por el artículo 5 de la Ley 91 de
1989.

Explicó que los contratos para la prestación de servicios de salud nro. 12076-
007-2017, 12076-008-2017 y 12076-013-2017 estaban en ejecución y, en
atención a que los contratistas solo son prestadores de servicios de salud y no
entidades autorizadas para operar el aseguramiento en salud, han tenido
serias dificultades para constituir y mantener una reserva técnica
indebidamente prevista.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN POPULAR EN PRIMERA INSTANCIA

2.1. La demanda fue radicada el 6 de diciembre de 2019 en el Tribunal
Administrativo del Atlántico2 y correspondió por reparto al despacho del
magistrado Jorge Eliécer Fandiño Gallo3.

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
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2.2. Por auto del 23 de enero de 20204, el magistrado conductor del proceso
admitió la demanda y ordenó notificar personalmente al representante legal
de Fiduciaria La Previsora S.A. Adicionalmente, en proveído del 11 de agosto
de 2020, negó la medida cautelar solicitada.

2.3. Por auto del 8 de octubre de 2020 se tuvieron como coadyuvantes a los
señores Henry Rada Varela, Ana Maria Valencia, Patricia Arteta, Vicente
Antonio Goenaga, Luz Martínez, Candelaria Lemus, Elisa Torres, Esperanza
Ávila, Danny Villegas Torres, Elsy Brochero Sanabria, Denirys Esther Polo
Galindo, Yadira Elvira Polo, Carmen Karina Hernández, Kelly Barrios Muñoz,
José Ignacio Jiménez, Lilian Jiménez, Jorge Luis de León, Walter Ordoñez
Gómez, Carmen Martínez, Rubén Darío Villa, María Alin Valencia, Claudia
Hernández, Ruth Rubio, Jaider Díaz Noriega, Ismenia Estrada Pérez, Yomaira
Linares Villalba, Eva Cervantes, Jesús Ávila Terán, Luis Grimaldo, José Luis
Castillo Pérez, Flor Benavidez Mendoza, Nohora Montes, Audy Ruiz, Wilson
Madrid, Oscar Licona, Fernando Burgos Ballesteros, Fabio Nisperuza, Jorge
Agamez, Juan José Caldera, Eleazar Pérez, Nafer Arrieta, Aldrín Licona y
Néstor González, en calidad de usuarios de los servicios de salud del
magisterio y miembros del sindicato de trabajadores de la educación5.

2.4. CONTESTACIÓN DEL ACCIONADO

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 08001 23 33 000 2019 00809 01.”4_ED_(…)ADM (PDF).
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La fiduciaria La Previsora S.A., actuando por conducto de apoderada judicial,
mediante escrito radicado de manera oportuna, se opuso a las pretensiones
con fundamento en lo siguiente6:

Afirmó que la fiduciaria, en calidad de vocera y administradora del Patrimonio
Autónomo- Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG,
pactó con los contratistas la constitución de una reserva técnica para acudir a
ella de manera inmediata con el fin de atender eventualidades que puedan
afectar gravemente el derecho fundamental a la vida y a la salud por la no
prestación oportuna de la atención médica a los afiliados.

Precisó que Fiduprevisora S.A., en nombre del patrimonio autónomo Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, no tiene la obligación de
cumplir requisitos de habilitación como EPS, por lo que no es cierto, como lo
señalaron los demandantes, que tenga el deber de constituir una reserva
técnica con el fin de proteger los derechos colectivos de los docentes.

Anotó que, en la etapa precontractual de las invitaciones públicas 002 y 006
de 2017, no se presentó ninguna oposición por parte de los oferentes respecto
a la reserva técnica, pues la presentación de la propuesta constituye evidencia
de que se estudiaron completamente las especificaciones técnicas, formatos,
anexos y demás documentos; por el contrario, los prestadores de salud
tomaron la decisión libre de participar en cada uno de los procesos de

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 08001 23 33 000 2019 00809 01.”27_ED_(…)CON (pdf).

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selección y en razón a ello fueron conscientes de las obligaciones que de éstos
se derivarían.

Añadió que los contratos para la prestación de servicios de salud del plan de
atención integral y la atención médica derivada de los riesgos laborales para
los afiliados al FOMAG en cada una de las regiones del país, suscritos con los
prestadores de servicios de salud, son de obligatorio cumplimiento para las
partes intervinientes; por lo tanto, deben ejecutar las prestaciones que de
cada uno emana, de suerte que el incumplimiento de las mismas es
sancionado por el ordenamiento jurídico y por el mismo contrato celebrado.

Expuso que la naturaleza de la acción popular se dirige a proteger derechos
colectivos frente acciones u omisiones de entes públicos; sin embargo, la
conducta debe estar sucediendo, amenazando o vulnerando en tiempo
presente el derecho, pues su efecto es hacer cesar o detener estas actuaciones
y, por lo anterior, en este caso ya no procedía la acción popular, pues ésta
debe interponerse cuando dichas anomalías aun estén en etapa de
negociación y no cuando el contrato ya fue celebrado, y que la acción popular
no es un mecanismo alternativo a la acción de controversias contractuales.

En ese sentido, propuso las excepciones de improcedencia de la acción popular
para la suspensión de cláusulas contractuales, inexistencia de vulneración de
derechos colectivos y la genérica.

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2.5. La audiencia de pacto se celebró el 21 de enero de 20217 y se declaró
fallida ante la falta de presentación de una fórmula, y por auto del 1 de marzo
de 20218 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

III. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

3.1. El Tribunal Administrativo del Atlántico, en sentencia proferida el 13 de
julio de 2021, negó las pretensiones de la demanda9.

Para decidir en dicho sentido, precisó que, si bien estaba acreditado que la
Fiduprevisora S.A. había pactado con los hoy demandantes la constitución de
una reserva técnica para atender el riesgo futuro en salud de la población
afiliada, también lo era que dicha cláusula se estableció desde la etapa
precontractual, pactándose dicha obligación a cargo de los contratistas, “sin
que se tratara de un tributo nuevo que afectara la ejecución del contrato, por
lo que, al no hacer objeción alguna frente a tal obligación y al suscribirse los
respectivos contratos, no se advertía la vulneración de los derechos colectivos
invocados en la demanda”.

Recordó que, acorde con el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad
social es un servicio público de carácter obligatorio que se presta por entidades
públicas o privadas bajo la dirección, coordinación y control del Estado en

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sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, y que se
garantiza a todos los habitantes como un derecho irrenunciable; y que la Ley
1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud, que comprende el
acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad.

Explicó también que el artículo 154 de la Ley 100 de 1993 previó la
intervención del Estado en el servicio público de seguridad social en salud con
el fin de desarrollar las responsabilidades de dirección, coordinación, vigilancia
y control de la seguridad social en salud y sobre ese marco legal el gobierno
nacional expidió el Decreto 780 de 2016, Único del sector salud y protección
social, en cuyo artículo 2.5.2.2.1.9. estableció en cabeza de los entes
aseguradores o de quienes cumplan funciones de aseguramiento en salud el
deber de constituir una reserva técnica.

Aseguró que, si bien es cierto que las IPS no están en la obligación de
constituir reservas técnicas, tienen el deber de mantener las condiciones de
suficiencia patrimonial y financiera previstos en el Decreto 780 de 2016 y la
Resolución 2003 de 2014, lo que garantiza que los prestadores sean estables
a mediano plazo, competitivos, líquidos y que cumplan sus obligaciones
contractuales en el corto plazo.

Razonó que, “(…) como se desprende de la formulación de las pretensiones
de la demanda, para la Sala es evidente que la parte actora, aunque no lo
señala expresamente, en el fondo lo que pretende es que se declare la nulidad
parcial de los contratos de prestación de servicios de salud, pues la exigencia
contractual establecida en el Pliego de Condiciones, mediante la cual se
imponen obligaciones financieras referida a la constitución de la reserva
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técnica, se traduce en un traslado o transferencia ilegal del riesgo en salud,
efectuada por la Fiduprevisora en contra de las IPS contratistas (…)”,

Argumentó que en este caso, si se considera que el contrato para la Prestación
de Servicios de Salud contiene cláusulas violatorias del orden público, lo
procedente sería que el legitimado procesalmente por activa intente el medio
de control ordinario de controversias contractuales, y que no se advertía la
vulneración de los derechos colectivos invocados, por lo que debían negarse
las pretensiones.

3.2. En proveído del 22 de julio de 202110 el tribunal concedió el recurso de
apelación interpuesto por la parte accionante.

IV. EL RECURSO DE APELACIÓN

Inconformes con lo decidido por el a quo, los actores populares presentaron
en oportunidad recurso de apelación, que sustentaron así11:

Que, contrario a lo concluido en la sentencia de primera instancia, la reserva
técnica contenida en los contratos suscritos por Fiduprevisora S.A. para la
prestación de los servicios de salud sí es violatoria de los derechos de la
moralidad administrativa y de acceso a los servicios públicos.

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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 08001 23 33 000 2019 00809 01.”27_ED(..)CON(PDF).
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Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 08001 23 33 000 2019 00809 01.”25_ED_RECURSODEAPELA (PDF).

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Que, acorde con pronunciamientos del Consejo de Estado, desde el punto de
vista objetivo, el derecho a la moralidad pública alude al quebrantamiento del
orden jurídico, y subjetivo, a la demostración de conductas amañadas,
corruptas y arbitrarias12, y con la presente demanda se demostró que, en el
caso, concurren estos elementos, puesto que el consejo directivo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, administrado por
FIDUPREVISORA S.A., “de forma exorbitante y arbitraria, abusando del poder,
extralimitándose en sus funciones y obrando fuera de la legalidad, impuso a
los contratistas una obligación de carácter financiero contraria a derecho,
como es mantener una reserva técnica que implica el traslado del riesgo
exclusivo de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) o Aseguradoras”.

Aseguraron que la constitución de la reserva técnica que se exige en los
contratos de prestación de servicios de salud a las IPS por parte de
Fiduprevisora S.A. sí afecta y vulnera la prestación eficiente y oportuna de los
servicios de salud a los afiliados y beneficiarios del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

Argumentaron que se equivoca la sentencia de primera instancia al presumir
que la acción popular pretende la nulidad de parcial de los contratos que
contienen la ilegal reserva técnica y que ya instauraron la acción contractual
que busca que se declare la nulidad del numeral 1, acápite de OBLIGACIONES
FINANCIERAS – OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA de la
Cláusula Quinta del Contrato de Prestación de Servicios Médico-Asistenciales,

12
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del
21 de agosto de 2020. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación nro. 13001
23 33 000 20217 01 (AP).

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en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bajo el radicado
25000233600020190008500.

Solicitaron se revoque la sentencia de primera instancia y, en su lugar: “(i)
Declarar que Fiduciaria La Previsora S.A. como administradora y vocera del
FOMAG, ha vulnerado o puesto en riesgo latente de vulneración los derechos
o intereses colectivos a la moralidad administrativa y al acceso al servicio
público de salud. (ii) Decretar la suspensión de los efectos del numeral 1 del
acápite 4.3.2 del Documento para la Selección de Contratistas que regentó la
Invitación Pública No. 002 de 2017 y la cláusula quinta - Obligaciones
específicas del contratista - Obligaciones Financieras - Numeral 1, de los
contratos para la prestación de servicios de salud 12076-008-2017, 12076-
007-2017 y 12076-013-2017. (iii) Ordenar a Fiduciaria La Previsora S.A. que
realice un estudio de orden jurídico y financiero sobre la normatividad vigente
en materia de reservas técnicas y, con fundamento en ello, reasuma su deber
como entidad autorizada para operar el aseguramiento en salud en el régimen
de excepción para el magisterio y, así mismo, revise y aplique tales
conclusiones a los contratos suscritos y por suscribir para la prestación de
servicios de salud a los docentes beneficiarios”.

V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
5.1. El recurso de apelación fue asignado mediante acta individual de reparto
del 2 de agosto de 202113 y admitido en proveído del 15 de marzo de 202214.

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Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
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5.2. El expediente ingresó a despacho para fallo el 18 de abril de 202215.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley 472 del 5 de
agosto de 1998, el artículo 150 del Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo y el artículo 13 del Acuerdo 80 del 12 de
marzo de 201916 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado, esta
Corporación es competente para conocer, en segunda instancia, de los
recursos de apelación en contra de las sentencias proferidas por los Tribunales
Administrativos en las acciones populares; por lo tanto, es procedente
descender al estudio de los recursos presentados de manera oportuna.

6.2. Planteamiento del problema

En el asunto bajo examen, la parte accionante pretende la protección de los
derechos colectivos a la moralidad administrativa y al acceso al servicio público
de salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna17, los cuales consideró
vulnerados por la fiduciaria La Previsora S.A., Fiduprevisora, en su carácter de
administradora del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio- FOMAG, por
el hecho de exigir vía contrato a las instituciones prestadoras del servicio de

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Visto en el índice 11 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
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Que compiló y actualizó el Reglamento del Consejo de Estado.
17
Los cuales están previstos en los literales b) y j) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998.

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salud, IPS, la constitución de una reserva técnica. A su turno, la parte
accionada estima que la acción popular no es la vía para formular esta clase
de reclamaciones, por cuanto los respectivos contratos ya se celebraron y lo
procedente es instaurar el medio de control de controversias contractuales.

El a quo negó el amparo de los derechos colectivos invocados, bajo la
consideración que, aunque la parte actora no lo señaló de manera expresa, lo
pretendido era la declaratoria de nulidad parcial de los contratos de prestación
de servicios ya celebrados entre las IPS accionantes y Fiduprevisora S.A., por
lo que lo procedente era instaurar el medio de controversias contractuales.

En el recurso de apelación los actores populares insisten en que se demostró
la vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, al
servicio público de salud y a que su prestación sea eficiente y oportuna, por lo
que deben suspenderse los efectos del documento para la selección de
contratistas que regentó la invitación pública nro. 002 de 2017,
específicamente lo relacionado con la reserva técnica y, en lo pertinente, lo
previsto en los respectivos contratos.

Precisados los disensos de las partes, la Sala para resolver se referirá a: (i) los
hechos probados; (ii) la procedencia de la acción popular para cuestionar actos
administrativos y contratos estatales, para finalmente descender (iii) al caso
concreto.

6.3. Hechos probados

En el asunto está acreditado lo siguiente:
15

Radicación: 08001 23 33 000 2019 00809 01
Accionante: Organización Clínica General del Norte SA y otros

6.3.1. Mediante la invitación pública nro. 002-2017 la fiduciaria La Previsora
S.A., Fiduprevisora, expidió “el documento de selección definitivo para la
contratación de entidades que garanticen la prestación de los servicios de
salud del plan de atención integral y la atención médica derivada de los riesgos
laborales para los afiliados al fondo nacional de prestaciones sociales del
magisterio en el territorio nacional, asumiendo y gestionando el riesgo en
salud, operativo y financiero que del contrato se derive”18.

Entre las obligaciones a cargo del contratista se estableció:

“[…] 4.3.2. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

(…)

OBLIGACIONES FINANCIERAS
1. Mantener durante todo el periodo de ejecución del contrato una reserva
técnica equivalente a la sumatoria de una (1) UPCM mensuales por todos sus
afiliados de conformidad con el valor estimado del contrato […]”.

6.3.2. Se aportaron al proceso los contratos para la prestación de servicios de
salud nros. 12076-007-2017, 12076-008-2017 y 12076-013-2017, suscritos
con la fiduciaria La Previsora S.A., de los cuales se desprende lo siguiente:

Se observa que en el contrato nro. 12076-013-2017, celebrado el 30 de
octubre de 2017 entre Fiduprevisora S.A., obrando como vocera y
administradora del patrimonio autónomo Fondo Nacional de Prestaciones del
Magisterio, y la Unión Temporal Servisalud San José, “para la prestación de
servicios de salud del plan de atención integral y la atención médica derivada

18
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 08001 23 33 000 2019 00809 01.”31_ED_DOCUMENTODESELECCI (PDF).

16

Radicación: 08001 23 33 000 2019 00809 01
Accionante: Organización Clínica General del Norte SA y otros

de los riesgos laborales para los afiliados al fondo nacional de prestaciones
sociales del magisterio para la región 10 conformada de la ciudad de Bogotá
y los departamentos de Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Vaupés, amazonas
y Vichada”, se indica que, en sesión del 25 de octubre de 2017, el consejo
directivo del FOMAG recomendó adjudicar a los proponentes habilitados que
obtuvieron el mayor puntaje de calificación, conforme a lo señalado en el acta
de evaluación presentada por el comité evaluador, y que, mediante acta de
audiencia pública de adjudicación a la invitación pública nro. 002 de 2017
publicada en el SECOP el 26 de octubre de 2017, se adjudicó a la unión
temporal Servisalud San José el respectivo contrato19.

En la cláusula segunda del contrato se previó como objeto: “EL
CONTRATISTA se compromete con EL CONTRATANTE, con autonomía
técnica y administrativa, a prestar los servicios de salud del Plan de Atención
Integral y la Atención Médica Derivada de los riesgos laborales para los
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio para la
región 10 conformada por la ciudad de Bogotá y los Departamentos de
Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Vichada, asumiendo
y gestionando el riesgo en salud, operativo y financiero que del contrato se
derive”.

6.3.3. Se anexó copia de la respuesta dada el 14 de enero de 2019 por el
grupo de conceptos y derechos de petición de la Superintendencia Nacional
de Salud a la señora María Isabel Olarte Alfonso, respecto de las “reservas

19
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 08001 23 33 000 2019 00809 01.”29EDContrato”.

17

Radicación: 08001 23 33 000 2019 00809 01
Accionante: Organización Clínica General del Norte SA y otros

técnicas en instituciones prestadoras de servicios de salud”, en la que se
indica20:

“[…] es claro que las aludidas normas hacen alusión a las Entidades Promotoras
de Salud, (…) sin embargo, es preciso indicar que, de acuerdo con lo previsto
en el artículo 2.5.1.3.2.2. del Decreto 780 de 2016, las instituciones
prestadoras de servicios de salud se encuentran en la obligación de cumplir
condiciones de suficiencia patrimonial y financiera, las cuales se decantan en
la Resolución 2003 de 2014 “Por la cual se definen los procedimientos y
condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de
habilitación de servicios de salud” (…) y el Manual de Inscripción de
Prestadores y Habilitación de Servicios de Salud que esta contiene […]”.

6.3.4. El 9 de octubre de 2019 los representantes legales de la Unión Temporal
Servisalud San José, la Organización Clínica General del Norte S.A,, la Unión
Temporal del Norte Región Cinco, la Unión Temporal Tolihuila, Cosmitet Ltda,
la Unión Temporal Red Vital, Unión Temporal Red Integrada CUB y la Unión
Temporal Medisalud Región 4, radicaron una “solicitud para la adopción de
medidas tendientes a la protección de intereses o derechos colectivos -artículo
144 del CPACA” dirigida al vicepresidente del Fondo de Prestaciones Sociales
del magisterio- FOMAG, en la que le solicitaron “(…) se adopten las medidas
tendientes a revisar y modificar el Contrato de Prestación de Servicios Médico-
Asistenciales No. 12076- 013-2017, en lo pertinente, eliminando o modulando
la obligación contenida en el numeral 4.3.2. del Documento para la Selección
de Contratistas que regentó la Invitación Pública No. 002 de 2017, en el sentido

20
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 08001 23 33 000 2019 00809 01.”34ED_RESPUESTAPETICION”.

18

Radicación: 08001 23 33 000 2019 00809 01
Accionante: Organización Clínica General del Norte SA y otros

de ajustar la constitución de reservas a la normatividad que regula dicha
figura”21, sin que conste la respuesta dada.

6.4. La procedencia de la acción popular para cuestionar actos
administrativos y contratos estatales

Las acciones populares, acorde con su definición constitucional, artículo 88 de
la Carta Política, y legal, artículo 2, inciso 2, de la Ley 472 de 1998, se ejercen
para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, vulneración
o agravio sobre los derechos e intereses colectivos previstos por la Constitución
y la ley, o para restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible.

Según lo dispone el artículo 9 de la ley 472, se trata de un procedimiento que
se instaura contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o de
particulares que hayan violado o amenacen violar los derechos e intereses
colectivos.

Su objeto, como lo ha afirmado esta Corporación, “no es otro que la tutela de
aquellos derechos que la Constitución y la Ley han reconocido de manera
indivisible y global a la comunidad en cuanto cuerpo social titular de unos
intereses merecedores de protección, en tanto que presupuestos o condiciones
determinantes para el buen funcionamiento de la sociedad y la realización del

21
Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado
nro. 08001 23 33 000 2019 00809 01.”32_ED_RECLAMACIONPREVIA(PDF).

19

Radicación: 08001 23 33 000 2019 00809 01
Accionante: Organización Clínica General del Norte SA y otros

orden jurídico, político, económico y social justo que aspira implantar la Norma
Fundamental”22.

Por consiguiente, la acción popular está destinada para la protección y defensa
de los derechos e intereses colectivos y goza de una estructura especial que la
diferencia de los demás procesos litigiosos23.

Tratándose de actos administrativos o de contratos estatales, al tenor de lo
dispuesto por el artículo 144 del CPACA, cuando la vulneración de derechos e
intereses colectivos provenga de la actividad de una entidad pública, podrá
demandarse su protección, inclusive cuando la conducta vulnerante provenga
de un acto administrativo o de un contrato, sin que en uno u otro evento, el
juez popular pueda anularlos, pero podrá adoptar las medidas que sean
necesarias para hacer cesar la amenaza o la vulneración de los derechos
colectivos24.

22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 15
de mayo de 2014, Rad. No. 25000 23 24 000 2010 00609 01(AP). C.P.: Guillermo Vargas Ayala.
23
Corte Constitucional. Sentencia C-622 del 14 de agosto de 2007. M.P. Rodrigo Escobar Gil.
24
En el mismo sentido lo ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación. Ver entre otras
sentencias. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera.
Sentencia del 11 de febrero de 2016. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. Expediente radicación
nro. 25000 23 24 000 2010 00372 02. Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sentencia del 13 de febrero de 2018. C.P. William Hernández Gómez. Expediente
radicación nro. 25000 23 15 000 2002 02704 01 (SU); Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo. Sala Séptima Especial de Decisión. Sentencia del 16 de junio de 2020. C.P. Martín
Bermúdez Muñoz. Expediente radicación nro. 11001 33 31 033 2008 00097 01; Consejo de
Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera Subsección A, sentencia del 13
de agosto de 2021. C.P. José Roberto Sáchica Méndez. Expediente radicación nro. 25000 23 41
000 2016 00087 01.

20

Radicación: 08001 23 33 000 2019 00809 01
Accionante: Organización Clínica General del Norte SA y otros

La Corte Constitucional, en la sentencia C- 644 del 31 de agosto de 2011,
explicó que, no obstante el carácter principal de la acción popular y que “(…)
su trámite no se supedita a la existencia de otros mecanismos de defensa
judicial, no es menos cierto que no son acciones configuradas para desplazar
los otros medios de defensa judicial ordinarios establecidos por la ley para la
solución de las diversas controversias jurídicas, dado que los bienes jurídicos
que protege la acción constitucional y su órbita de acción son diferentes a
aquellos que corresponden a los jueces ordinarios 25. Es decir, se está frente a
mecanismos judiciales independientes con propósitos distintos y específicos”.

En dicha providencia26 la Corte Constitucional señaló que “(…) la acción popular
no fue diseñada por el legislador como mecanismo a través del cual el juez
competente pueda decretar la anulación de un acto administrativo o un
contrato, por esta razón, la limitación expresa de adoptar estas decisiones, no
contraviene el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia
(art. 229 C.P.)”, y que “(…) el juez popular no cumple funciones jurisdiccionales
como las que ejerce el juez administrativo cuando decide un conflicto entre el
Estado y un particular en la que deba decidir si un acto administrativo o un
contrato está afectado de alguna causal de nulidad, sino que aquí tiene el papel
de garante de un derecho colectivo”.

25
Corte Constitucional. Sentencia SU-067 de 1993.
26
Corte Constitucional. Sentencia C-644 de 2011.

21

Radicación: 08001 23 33 000 2019 00809 01
Accionante: Organización Clínica General del Norte SA y otros

Frente a la finalidad que persigue el medio ordinario y la acción popular, esta
Corporación ha distinguido27:

“[…] La acción de nulidad tiene como finalidad la protección y el
restablecimiento del orden jurídico general o abstracto, es decir, el respeto del
principio de legalidad y de la Constitución, sin que con ella necesariamente se
busque proteger los derechos e intereses colectivos vulnerados con su
expedición, salvo que estos se involucren en el concepto de violación y se pida
su nulidad por ello. Su fin último es retirar del ordenamiento jurídico la norma
demandada.

A su vez, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho o de plena
jurisdicción, busca proteger un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica y su restablecimiento, así́ como la indemnización de perjuicios
causados a cualquier persona que se crea lesionada con el acto. Es decir, su
finalidad radica no solo en que se declare nulo el acto, sino en que su objetivo
principal es amparar e indemnizar la violación de derechos subjetivos
protegidos por la Constitución y la ley.

Por otra parte, el objeto de la acción popular se circunscribe a la protección
de los derechos e intereses colectivos, que si bien tienen profundas
repercusiones jurídicas, sociales y económicas, no están protegidos
necesariamente por las acciones ordinarias mencionadas. Su finalidad, por
tanto, se aleja de la salvaguarda del orden jurídico abstracto y no culmina con
el restablecimiento de derechos subjetivos ni con indemnización de perjuicios,
salvo la condena al pago de perjuicios cuando se haya causado daño a un
derecho o interés colectivo en favor de la entidad pública no culpable que los
tenga a su cargo.

[…]”.

27
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 13 de febrero
de 2018. C.P. William Hernández Gómez. Expediente radicación nro. 25000 23 15 000 2002
02704 01 (SU).

22

Radicación: 08001 23 33 000 2019 00809 01
Accionante: Organización Clínica General del Norte SA y otros

Así mismo, esta Sección ha explicado cuáles son los criterios diferenciadores
entre la acción popular y el medio de control de nulidad [o de controversias
contractuales], en el siguiente sentido28:

“[…] Tal consideración tiene sustento en lo dispuesto en el artículo 144 del
CPACA, cuando se refiere a la actividad de la entidad pública que, cuando
deriva de la ejecución de un acto - y no de su expedición -, habilita a cualquier
ciudadano para que exija la protección del derecho colectivo amenazado o
vulnerado.

Obsérvese que en este caso el acto administrativo pasa a un segundo plano,
pues el debate no girará en torno a establecer su contenido y alcance, sino
que girará en torno a los derechos colectivos que pueden resultar
amenazados o vulnerados, y las órdenes que imparta el juez constitucional
no versarán sobre el acto, sino sobre medidas suficientes y adecuadas para
remediar la situación; precisamente por ello el citado artículo 144 del CPACA
advierte que el juez no puede anular el acto o contrato, pero sí puede “(…)
adoptar las medidas que sean necesarias para hacer cesar la amenaza o
vulneración de los derechos colectivos.”

Bajo los parámetros enunciados, en la acción popular no se espera que el
juez constitucional se pronuncie sobre el acto, pues ello es función del juez
de lo contencioso administrativo, sino que se espera que se pronuncie sobre
los derechos colectivos y la manera adecuada y suficiente de aliviar la
situación, cuando ellos están siendo amenazados o vulnerados; y las órdenes
que imparta el juez se harán al margen del acto mismo, y deberán ser
cumplidas, aun cuando ello suponga desconocer el contenido y el alcance del
acto que amparaba la actividad de la administración.

Ahora, si el debate gira alrededor del acto, porque la expedición del mismo
genera potencialmente la vulneración de derechos colectivos, los reparos
habrán de canalizarse a través de la acción de nulidad, o de nulidad y
restablecimiento del derecho (…).

En ese entendimiento, lo que debe hacer el juez de la acción popular es mirar
la amenaza o vulneración que le genera la actividad de la entidad

28
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. C.P. Oswaldo
Giraldo López. Auto del 29 de febrero de 2024. Expediente radicación 11001 03 24 000 2023
00222 00. Medio de control de nulidad.

23

Radicación: 08001 23 33 000 2019 00809 01
Accionante: Organización Clínica General del Norte SA y otros

pública, mientras que el juez de lo contencioso mira la validez del acto
colectivo.

[…]”. (negrillas originales)

6.4.3. El caso concreto

En el asunto bajo examen, la parte recurrente, es decir, los actores populares,
insisten en que, contrario a lo concluido por el a quo, la cláusula de la exigencia
de la reserva técnica contenida en los contratos número 12076-008-2017,
celebrado entre la Fiduprevisora y la Unión Temporal del Norte Región Cinco;
número 12076-007-2017, celebrado entre la Fiduprevisora y la Organización
Clínica General del Norte S.A., y número 12076-013-2017, celebrado entre la
Fiduprevisora y la Unión Temporal Servisalud San José, para la prestación de
los servicios de salud de los docentes, transgrede los derechos colectivos a la
moralidad administrativa y el acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna.

Tal vulneración la radican en el hecho de que el consejo directivo del Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG, administrado por
Fiduprevisora S.A., a través de la invitación pública nro. 002 de 2017, “de
forma exorbitante y arbitraria, abusando del poder, extralimitándose en sus
funciones y obrando fuera de la legalidad, impuso a los contratistas una
obligación de carácter financiero contraria a derecho, como es mantener una
reserva técnica que implica el traslado del riesgo exclusivo de las Entidades
Promotoras de Salud (EPS) o Aseguradoras”.

24

Radicación: 08001 23 33 000 2019 00809 01
Accionante: Organización Clínica General del Norte SA y otros

Adicionalmente, manifiestan que la reserva técnica contenida en los Contratos
de Prestación de Servicios Médico-Asistenciales suscritos por Fiduprevisora,
objeto de esta acción popular, viola lo dispuesto en el artículo 2.5.2.2.1.9 del
Decreto 780 de 2016, ya que sólo puede ser constituida por Entidades
Promotoras de Salud – EPS en su calidad de aseguradoras, no por IPS y, en
razón de ello, solicitan se decrete la suspensión de los efectos de las cláusulas
contractuales en la que se fijó dicha obligación.

Conforme con lo anterior, para la Sala resulta evidente que lo aquí pretendido
no trasciende a la esfera de los derechos colectivos invocados, puesto que, lo
que se alega es que, la inclusión de la exigencia de la reserva técnica durante
todo el período de ejecución de los contratos números 12076-008-2017,
12076-007-2017 y 12076-013-2017 prevista desde la invitación pública nro.
002 de 2017 impactó en la prestación eficiente y oportuna de los servicios de
salud para los afiliados y beneficiarios del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio- FOMAG, y ello escapa al objeto de la acción popular,
que no es otro, que la protección de derechos colectivos.

Lo anterior, teniendo en cuenta que los servicios de salud para los docentes
afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio- FOMAG,
hacen parte de un régimen especial exceptuado del Sistema Integral de
Seguridad Social regulado por la Ley 100 de 199329, de manera que, lo
reclamado no tiene la potencialidad de afectar el derecho colectivo a la

29
Acorde con lo señalado por el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, “Por la cual se crea el
sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”.

25

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Accionante: Organización Clínica General del Norte SA y otros

prestación del servicio de salud, en la medida que solo cobija a sus beneficiarios
y solo éstos pueden solicitar su protección.

Al efecto, esta Sección en sentencia del 11 de octubre de 201930 al estudiar
una acción popular también referida a un sector exceptuado de la aplicación
de la Ley 100 de 199331 como es Ecopetrol, en la que la parte actora estimó
que dicha empresa vulneraba los derechos colectivos a la moralidad
administrativa, de los consumidores y usuarios y al acceso al servicio público
de salud y a que su prestación fuera eficiente y oportuna “(…) por cuanto la
accionada con la Inteligencia de Mercado IM-V7797 busca tercerizar la
prestación del servicio de salud, lo cual, a su juicio, vulnera el artículo 35 de la
Convención Colectiva de Trabajo 2014-2018 y el artículo 279 de la Ley 100,
que prevén que dicha empresa debe prestar el servicio de salud directamente”
y adicionalmente alegó que, “pese a que el servicio de salud de Ecopetrol está
exceptuado del sistema general de la Ley 100”, la accionada buscaba
implementar la estrategia de atención primaria en salud, la Sala puso de
manifiesto que lo allí pretendido escapaba al objeto de la acción popular. Al
efecto señaló32:

“[…] a juicio de la Sala, en atención a que los derechos adquiridos por los
trabajadores de Ecopetrol consignados en la Convención Colectiva, así como
la Inteligencia de Mercado cuestionada, no son predicables de la comunidad
en general, lo reclamado en la demanda no persigue realmente el amparo de
derechos de naturaleza colectiva, pues dicha Convención establece derechos

30
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del
11 de octubre de 2019. C.P. Nubia Margoth Peña Garzón. Expediente radicación nro. 68001
23 33 000 2016 006673-01(AP).
31
Que en el artículo 279 estableció que el Régimen General de Seguridad Social no aplica a
los servidores públicos de la Empresa Colombiana de Petróleos – Ecopetrol.
32
Expediente radicación nro. 68001 23 33 000 2016 006673-01(AP).

26

Radicación: 08001 23 33 000 2019 00809 01
Accionante: Organización Clínica General del Norte SA y otros

particulares que solamente pueden ser reclamados por sus beneficiarios y no
por la colectividad general.

[…]” (negrillas originales)

Por consiguiente, le asiste razón al a quo al negar las pretensiones de la
demanda, ya que los accionantes no explicaron por qué las situaciones jurídicas
concretas previstas en tales contratos inciden en derechos con vocación
colectiva o trascienden a la comunidad, por afectar la moralidad administrativa
o la prestación eficiente y oportuna del servicio de salud.

Adicionalmente, tampoco se advierte que la consideración en que se sustentó
la acción popular tenga que ver con la actividad de la administración derivada
de la ejecución contractual del Estado, sino que el debate gira en torno al
contenido y alcance de la cláusula pactada con ocasión de lo establecido en la
invitación pública nro. 002-2017, en la que se impusieron como obligaciones a
cargo del contratista “mantener durante todo el periodo de ejecución del
contrato una reserva técnica equivalente a la sumatoria de una (1) UPCM
mensuales por todos sus afiliados de conformidad con el valor estimado del
contrato”, que como se dijo, no trasciende a los derechos colectivos porque no
afectan a la comunidad en general.

Así las cosas, como los reparos aquí expuestos giran alrededor de cláusulas
contractuales previstas en los contratos suscritos entre las partes, los
reproches deben canalizarse a través del medio de control de controversias
contractuales, que constituye el mecanismo dispuesto por el ordenamiento
jurídico para cuestionar su validez, que la misma parte accionante informó ya
radicó.

27

Radicación: 08001 23 33 000 2019 00809 01
Accionante: Organización Clínica General del Norte SA y otros

En conclusión, la Sala estima que los actores populares no demostraron la
conexión entre los hechos aludidos y los derechos colectivos invocados y, por
el contrario, lo que se evidencia es que se pretende a través de este mecanismo
constitucional que se deje sin efectos una cláusula contractual pactada entre
las partes, lo que exige un juicio de legalidad mediante la confrontación con
normas superiores, por lo que se trata de peticiones que no trascienden a los
derechos colectivos.

Por las razones explicadas será confirmada la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativa, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 13 de julio de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico.

SEGUNDO: Para los efectos previstos por el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
remitir copia de la presente decisión al Registro Público de acciones populares
de la Defensoría del Pueblo.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, una vez
ejecutoriada la presente providencia.

28

Radicación: 08001 23 33 000 2019 00809 01
Accionante: Organización Clínica General del Norte SA y otros

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada
por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

29

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