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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2022-00112-01

Fecha
28 de agosto de 2025
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 63001-23-33-000-2022-00112-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR, el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia proferida el 28 de enero de 2025 por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal 55 Cfr. Índice 5 expediente digital Consejo de Estado. 56 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia de Unificación de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate. 41 Radicación: 63001-23-33-000-2022-00112-01 Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro Administrativo del Quindío, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, el cual quedará así: “[…] TERCERO: ORDENAR, para la vigilancia y cumplimiento de las órdenes dadas en esta providencia y de conformidad con el art. 34 de la Ley 472 de 1998, la conformación de un Comité de verificación de cumplimiento, el cual estará integrado por el Magistrado Ponente -quien lo presidirá-, un representante de la Policía Nacional, un representante de la Superintendencia de Salud, los actores populares y el representante del Ministerio Público, el cual rendirá informes trimestrales desde la ejecutoria de la sentencia ante esta autoridad judicial En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo del Quindío, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las órdenes de la sentencia […]”. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia de 28 de enero de 2025, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia. CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998. QUINTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 63001-23-33-000-2022-00112-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

28 de agosto de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintiocho (28) de agosto de dos mil veinticinco (2025)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: MEDIO DE CONTROL DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS E
INTERESES COLECTIVOS
Radicación núm.: 63001-23-33-000-2022-00112-01
Demandantes: CARLOS ARTURO LÓPEZ RÍOS Y OTRO
Demandados: NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
– POLICÍA NACIONAL- CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE
LAS FUERZAS MILITARES Y DE POLICÍA – COMITÉ DE
SANIDAD, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, MINISTERIO DE
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD, MINISTERIO DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO, UNIÓN TEMPORAL MEDIPOL 16
Vinculados: CORPORACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS
INTERNACIONALES THEM & CIA LTDA - COSMITET LTDA,
DUANA & CIA LTDA, COMERCIALIZADORA DUARQUINT S.A.S.
Y ÉTICOS SERRANO GÓMEZ LTDA

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación oportunamente presentado por la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional contra la sentencia de 28 de
enero de 2025, proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo
del Quindío.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda1

1. Los señores Carlos Arturo López Ríos y Julio Andrés Oyola Ledezma2,
demandaron a la Nación- Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional,
Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de Policía- Comité de Sanidad,
el Departamento del Quindío, el Ministerio de Salud y Protección Social, la
Superintendencia Nacional de Salud, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
la Unión Temporal Medipol 16, con el propósito de obtener la salvaguarda del
derecho establecido en el literal j) del artículo 4°3, de la Ley 472 de 5 de agosto de
19984.
1
Cfr. índice 4, del expediente digital Tribunal Administrativo del Quindío, documento denominado
“003DemandaAccionPopular(.docx) NroActua 4”.
2
Actuando a nombre propio y en representación de la Veeduría de la Sanidad de la Salud del Personal Retirado, Activo y
Civil de las Fuerzas Militares y Policía Nacional (VEESANPERCIV).
3
“Artículo 4o.- Derechos e Intereses Colectivos. Son derechos e intereses colectivos, entre otros, los relacionados con:
[…]
j) El acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna;
[…]”.
4
“[…] Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las
acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones […]”.

2

Radicación: 63001-23-33-000-2022-00112-01
Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

2. Los demandantes formularon las siguientes pretensiones:

“[…]
1. Que se declare al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - Director
General de Sanidad Policía Nacional, responsable por la vulneración, agravio,
peligro y/o amenaza de los derechos o intereses colectivos: Acceso al servicio
público de Seguridad Social y a que su prestación sea eficiente y oportuna en
conexidad con los fundamentales a la vida digna, la salud y la vida de cada uno
de los usuarios del servicio de sanidad policía nacional.

2. Que como consecuencia de la declaración anterior, se impartan las
siguientes órdenes al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - Director
General de Sanidad Policía Nacional, con el propósito de hacer cesar la
vulneración, agravio, peligro y/o amenaza de los derechos o intereses
colectivos en mención:

2.1. Que se ordene al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - Director
General de Sanidad Policía Nacional la transferencia de los recursos
necesarios para efectuar las contrataciones en red interna y externa
correspondientes a efecto de impartir la atención inmediata de los usuarios DE
FORMA CONTINUA e (sic) tal manera que tenga la garantía de atención en
oportunidad.

2.2. Que se ordene al MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - Director
General de Sanidad Policía Nacional efectuar la respectiva caracterización en
forma real, teniendo en cuenta todas las atenciones efectuadas por parte del
Establecimiento de Sanidad en el Departamento del Quindío y destinar los
respectivos recursos para la vigencia 2019, tenido en cuenta la cifra real de
usuarios en la Regional.

2.3. Que se garantice la existencia de servicios y tecnologías e instituciones de
salud, así como los programas de salud medico asistencias, con personal
idóneo y competente, dentro de los términos establecidos por la ley para la
atención de los servicios.

2.4. Que se entreguen los medicamentos y tratamientos con oportunidad, en el
lugar de residencia del usuario, sin poner trabas administrativas o instrumentos
que van en contra de la legislación como los denominados Comités técnicos.

2.5. Conminar a la Superintendencia de Salud, para que en próximas
oportunidades, imparta el respectivo trámite a las quejas allegadas, otorgando
respuesta dentro de los términos de ley a los usuarios.

2.6. Conminar al Ministerio de Salud para que conforme las respectivas
funciones asignadas de control y vigilancia en materia de salud, de manera
oportuna elabore las visitas y determine el efectivo cumplimiento de la
normatividad legal vigente.

2.7. Conminar al Departamento del Quindío para que conforme las respectivas
funciones asignadas de control y vigilancia en materia de salud, de manera
oportuna elabore las visitas y determine el efectivo cumplimiento de la
normatividad legal vigente.

2.8. Que el despacho de conocimiento imparta las demás órdenes5 que
considere pertinentes y adecuadas, tendientes a proteger derechos o intereses
5
Corte Constitucional sentencia T-176 del 11 de abril de 2016, Magistrada Ponente Gloria Stella Ortiz Delgado: “Tal y como
se estableció en los fundamentos jurídicos 28 a 34 de esta providencia, en ejercicio de su deber de proteger los derechos
colectivos, el juez de acción popular está facultado para proferir fallos ultra y extra petita y, por regla general, el ejercicio de
tales facultades no desconoce el principio de congruencia que rige a los operadores judiciales”.

3

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Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

colectivos adicionales a los invocados, prevenir amenaza o vulneración de los
mismos y/o procurar la restauración de daños, siempre que aquello se
encuentre debidamente acreditado […]”6.

3. Como fundamento fáctico, la parte demandante indicó que el personal de la
Policía Nacional activo, retirado, pensionado y su núcleo familiar, al no estar
cobijados por las disposiciones de la Ley 100 de 23 de diciembre de 19937,
obligatoriamente deben recibir los servicios de salud en el Subsistema de Sanidad
de la Policía Nacional sin poder afiliarse a la EPS de su preferencia.

4. Relató que el departamento del Quindío y algunos municipios ubicados al norte
del Valle del Cauca pertenecen a la Regional Tercera de Aseguramiento en Salud,
en la que se presta el servicio aproximadamente a 47.000 usuarios en toda la
regional y 12.290 en el departamento del Quindío, sin incluir a aquellas personas
que requieren el servicio y se encuentran de paso por la zona.

5. Mencionó que hay deficiencias en el servicio de salud, la entrega oportuna de
los tratamientos, la realización de exámenes diagnósticos y en los medios para
acceder al servicio como el centro de atención telefónica, teniendo en cuenta el gran
número de usuarios en edad avanzada.

6. Precisó que no hay médicos especializados en el municipio de Armenia, por lo
que las citas se agendan en ciudades donde sí han realizado la contratación
correspondiente, lo cual obliga al paciente a incurrir en gastos adicionales de
transporte, alimentación y hospedaje.

7. Señaló que la falta de profesionales ocurre en especialistas para oftalmología,
optometría y enfermedades crónicas, generando suspensión en tratamientos o falta
de atención, sumado a que la contratación se efectúa entre el hospital y el
profesional, lo cual genera que en unas pocas atenciones se agote el presupuesto
y no se pueda prestar más el servicio. Actualmente no se cuenta con contratación
para el tratamiento de enfermedades oncológicas.

8. Informó que tanto el suministro de medicamentos como la toma de exámenes
de laboratorio y la atención a los usuarios son inadecuados, en muchas ocasiones
los medicamentos que se deben entregar en Caicedonia son remitidos a Armenia
debido a que la empresa contratada, hace más de veinte años, no presta el servicio
en aquella localidad y obliga al paciente a asumir la carga del transporte, que no es
una suma menor. Asimismo, los exámenes son tomados por una persona que solo
atiende por tiempos muy cortos de manera insuficiente y el trato brindado a los
usuarios del servicio, que en su mayoría son de la tercera edad, no es amable.

9. Adujo que han informado la situación a diversas autoridades como la
Superintendencia Nacional de Salud, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría
General de la Nación y el Ministerio de Defensa; sin que aquellas hayan adelantado
medidas definitivas en pro de superar los inconvenientes mencionados. Además,

6
Cfr. índice 4, expediente digital Tribunal Administrativo del Quindío, documento denominado
“003DemandaAccionPopular(.docx) NroActua 4”.
7
“[…] Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones […]".

4

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Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

que en los últimos años han interpuesto más de 600 acciones de tutela por hechos
relacionados y hay afiliados que han perdido la vida en la espera de atención
médica.

10. Por último, puso de presente que muchos afiliados no presentan denuncias o
solicitades por temor a represalias, destacando que en los carnés de afiliación se
encuentra visible el rango del usuario y han evidenciado casos en los cuales se
surte atención preferencial para aquellas personas con altos cargos, por lo cual
solicitará la supresión de dicha información en los mencionados documentos.

I.2. Actuación procesal en primera instancia

11. El magistrado del Tribunal Administrativo del Quindío a cargo de la
sustanciación del proceso, mediante auto de 24 de noviembre de 20228, admitió la
demanda y ordenó la notificación y el traslado correspondiente a los demandados
para que contestaran, propusieran excepciones y aportaran y/o solicitaran la
práctica de pruebas. Igualmente, notificó al agente del Ministerio Público y a la
ANDJE. Por último, dispuso comunicar la acción de la referencia a los miembros de
la comunidad.

12. El tribunal de primera instancia en auto de 13 de enero de 20239 negó la medida
cautelar solicitada en el escrito de la demanda, consistente en ordenar a la
Superintendencia Nacional de Salud que supervise la red de centros de atención en
salud de la Policía Nacional en aras de determinar la infraestructura necesaria para
una prestación suficiente del servicio y excluya a las instituciones prestadoras del
servicio que no cumplan con los tiempos de atención. El tribunal no descartó que
pudiera existir una dificultad en cuanto al ingreso de los pacientes al servicio de
sanidad de la Policía Nacional. Sin embargo, consideró que, con base en los
documentos aportados, no se advierte un caso puntual o de carácter urgente,
particular y concreto que de no otorgarse la medida genere un perjuicio irremediable
o que existan serios motivos para considerar que de no acceder a la medida los
efectos de las sentencias podrían ser nugatorios.

13. A través de providencia de 29 de mayo de 202310 se vinculó como demandadas
a las sociedades Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them & CIA
Ltda - Cosmitet Ltda, Duana & Cia Ltda y Comercializadora Duarquint S.A.S.

14. Por auto de 11 de agosto de 202311 se vinculó como demandada a la sociedad
Éticos Serrano Gómez Ltda.

15. El 16 de noviembre de 202312 se declaró fallida la audiencia especial de que
trata el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, porque no se formuló proyecto de pacto
de cumplimiento.

8
Ibidem, índice 15, documento denominado “015AutoAdmiteDemandaAcciónPopular(.pdf) NroActua 15”.
9
Ibidem, índice 40, documento denominado “88_AUTONIEGAMEDIDASCAUTELARES(.pdf) NroActua 40”.
10
Ibidem, índice 75, documento denominado “136AutoOrdenaVinculacion(.pdf) NroActua 75”.
11
Ibidem, índice 96, documento denominado “166_AUTOORDENANOTIFICAR(.pdf) NroActua 96”.
12
Ibidem, índice 127, documento denominado “226_ACTAAUDIENCIA_000202200112ACTA(.pdf) NroActua 127”.

5

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Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

I.3. Contestaciones de la demanda

I.3.1. Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional

16. La apoderada judicial de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, mediante escrito de 15 de diciembre de 202213, solicitó desestimar las
pretensiones de la demanda, porque acceder a ellas generaría traumatismos y
dilaciones en la prestación del servicio de salud. Además, no hay elementos de
juicio que permitan establecer vulneración al derecho e interés colectivo incoado por
cuanto la entidad no ha incumplido.

17. Explicó que, de conformidad con los artículos 18 y 19 del Decreto 1795 de 2000,
la Dirección de Sanidad es una dependencia de la Policía Nacional que, a su vez
hace parte de la estructura orgánica del Ministerio de Defensa Nacional, encargada
de administrar el subsistema de salud e implementar las políticas que emita el
Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, así
como los planes y programas que coordine el Comité de Salud de la Policía
Nacional.

18. Precisó que los servicios médicos y asistenciales del Plan de Servicios de
Sanidad Militar y Policial se prestan a todos los afiliados al Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, con sujeción a la disponibilidad
presupuestal de cada uno de los subsistemas y de acuerdo con lo que establece el
Consejo Superior de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

19. Adujo que la prestación del servicio se enmarca en el principio de legalidad, en
virtud del cual no puede suministrar servicios médicos asistenciales sino a quienes
está obligada por ley. Además, que la Dirección de Sanidad ha dispuesto de sus
recursos para brindar, por medios propios o a través de servicios contratados, la
atención que los afiliados requieren pese a las políticas de austeridad en el gasto y
las limitaciones de orden presupuestal.

20. Explicó que el presupuesto proyectado para la Unidad Prestadora de Salud
Quindío, en vigencia 2023, se consolidó por un valor de tres mil ciento seis millones
seiscientos seis mil ochocientos treinta pesos ($3.106.606.830) y para toda la
Regional 3 por un valor de sesenta y siete mil novecientos ochenta y siete millones
seiscientos ochenta y nueve mil novecientos dieciocho pesos ($67.987.689.918).

21. Afirmó que la Unidad Prestadora de Salud Quindío, por ubicación geográfica,
brinda cobertura a los municipios de Sevilla, Caicedonia, Alcalá y Ulloa Valle. En el
Municipio de Sevilla hay un establecimiento de sanidad policial primario en el cual
se presta una serie de servicios y, adicionalmente, la Regional de Aseguramiento
en Salud 3 se encontraba adelantando una contratación con los Hospitales de esas
localidades, en cuyo acuerdo quedan establecidos todos los servicios que la entidad
tenga habilitados de acuerdo con su nivel de complejidad.

13
Ibidem, índice 33, documento denominado “070Contestación demanda Polinal(.pdf) NroActua 33”.

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Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

22. Indicó que, ante la falta de oferta en el departamento del Quindío de algunas
especialidades y subespecialidades, se realiza solicitud a las diferentes Regionales
de Aseguramiento en Salud y Unidades Prestadoras de Servicios en Salud para
suplir el servicio. De igual forma ocurre con la atención de los pacientes de
enfermedades crónicas, los cuales son atendidos por profesionales contratados,
para lo cual relacionó los contratos suscritos en los años 2018, 2019, 2020, 2021 y
2022.

23. Manifestó que el contrato de suministro de medicamentos es centralizado y que
se suscribió entre la Policía Nacional – Dirección de Sanidad y la sociedad Unión
Temporal Medipol 16 con vigencia desde diciembre de 2018. En su ejecución se
crearon ochenta y ocho puntos de dispensación a nivel nacional incluyendo los
departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda; los cuales dependen del
cumplimiento de los requisitos mínimos que exija el Ministerio de Salud para su
funcionamiento, específicamente los establecidos en los Decretos 2200 de 2005 y
780 de 2016, y no estarán a cargo del contratista.

24. Explicó que para prestar el servicio de laboratorio clínico se suscribió el
Contrato 86-7-20092-22 cuyo objeto es prestar el servicio en los municipios de
Alcalá, Calcedonia, Sevilla y Ulloa Valle. De allí que, el laboratorio clínico del centro
médico de Sevilla se encuentra a quince minutos del municipio de Caicedonia.

25. Destacó que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución
3280 de 2018, mediante la cual se elaboraron las Rutas Integrales de Atención para
la Promoción y Mantenimiento de la Salud (RPMS), por las que se implementó un
modelo de atención integral en salud que incluía estrategias de intervención para la
espera del usuario, prevención de la enfermedad, tratamiento, rehabilitación y
paliación. Además, adujo se brindan servicios de calidad sin presentarse barreras
discriminatorias para la atención oportuna de este grupo poblacional.

26. Advirtió que en el Acuerdo 080 de 27 de mayo de 2022, “[…] por el cual se
dictan políticas y lineamientos generales para la Gestión Farmacéutica y se
determina el Manual Único de Medicamentos y Terapéutica para el Sistema de
Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional […]”, se incluyeron 204
nuevos medicamentos que no requieren ser aprobados por el Comité Técnico
Científico debido a que son de formulación primaria.

27. Finalmente, señaló que desde el 2018 la Superintendencia Nacional de Salud
no ha impuesto sanciones o ha obtenido hallazgos en su contra por la prestación
del servicio de salud, toda vez que han dado respuesta oportuna a las peticiones de
los afiliados. Adicionalmente, indicó que la prestación del servicio de salud se presta
indiscriminadamente sin tener en cuenta el nivel de jerarquía del usuario.

I.3.2. Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público

28.El apoderado judicial de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
mediante escrito de 16 de diciembre de 202214, solicitó desestimar las pretensiones

14
Ibidem, índice 34, documento denominado “073Contestación demanda Minhacienda y Crédito Público(.pdf) NroActua 34”.

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Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

de la demanda respecto a la entidad, con sustento en que carece de competencia
legal para intervenir en la prestación de los servicios de salud a miembros de la
Policía Nacional; por lo tanto, habría falta de legitimación en la causa por pasiva e
inexistencia de obligaciones de vigilancia y control frente al subsistema de salud de
la Policía Nacional.

I.3.3. Superintendencia Nacional de Salud

29. La apoderada judicial de la Superintendencia Nacional de Salud, mediante
escrito de 16 de diciembre de 202215, solicitó desestimar las pretensiones de la
demanda, toda vez que carecen de fundamento normativo y de los hechos
constitutivos como presuntos transgresores de los derechos alegados, ninguno
tiene relación causal con la entidad.

30. Señaló que no se cumplió el requisito para demandar de la reclamación
administrativa previa y solicitó la desvinculación de la entidad. Asimismo, advirtió
que Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional - SSMP se
caracteriza por su autonomía y, de acuerdo con el artículo 279 de la Ley 100 de
1993, el Sistema Integral de Seguridad Social no es aplicable, entre otros, a los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por
el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la
vigencia de la dicha ley.

31. Agregó que, de acuerdo con el literal a) del artículo 40 de la Ley 1122 de 2007
y el numeral 121.1 del artículo 121 de la Ley 1438 de 2011, esta superintendencia
ejerce funciones de inspección, vigilancia y control de las actividades de salud de
aquellas entidades pertenecientes a los regímenes de excepción señalados en el
artículo 279 de la Ley 100 de 1993, sobre todo en las áreas de financiación,
aseguramiento, prestación de servicios de atención en salud pública, atención al
usuario y participación social.

32. Afirmó que las actividades de inspección, vigilancia y control a cargo de la
entidad están direccionadas a asegurar que el servicio de salud se preste de forma
oportuna, permanente y eficiente, así como a que los recursos destinados a su
financiación se utilicen exclusivamente para ese propósito destacando que no tiene
a su cargo la prestación efectiva del servicio.

I.3.4. Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Consejo Superior de Salud
de las Fuerzas Militares y Policía – Comité de Sanidad

33. La apoderada judicial de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Consejo
Superior de Salud de las Fuerzas Militares y Policía – Comité de Sanidad, mediante
escrito de 11 de enero de 202316, solicitó desestimar las pretensiones de la
demanda, en la medida que no hay argumentos de fondo que den lugar a su
prosperidad y no se encuentra probado el presunto peligro o daño.

15
Ibidem, índice 35, documento denominado “075Contestacion Dda Supersalud(.pdf) NroActua 35”.
16
Ibidem, índice 36, documento denominado “78_MemorialWeb_ContestaciOnDem anda(.pdf) NroActua 37 (.pdf) NroActua
36”.

8

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Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

34. Afirmó que se realizan contrataciones por medio de la Dirección de Sanidad y
entidades prestadoras de salud para garantizar la prestación de los servicios
asistenciales a los afiliados, de acuerdo con las necesidades de la población del Eje
Cafetero, especialmente en la ciudad de Armenia, debido a que en el departamento
del Quindío no existe hospital de cuarto nivel que sea del Sistema de Salud de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional.

35. Aseveró que la entidad no está llamada a ser condenada, en razón a que no
se ha demostrado la vulneración ni se aportó una relación de afiliados que haya
solicitado a la entidad. Además, quien eventualmente está incumpliendo con la
prestación del servicio de salud es la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y
no el Ministerio de Defensa Nacional - Consejo Superior de Salud de las Fuerzas
Militares y de la Policía.

I.3.5. Departamento del Quindío

36. El apoderado judicial del Departamento del Quindío, mediante escrito de 19 de
enero de 202317, allegó escrito de contestación; sin embargo, el tribunal profirió auto
del 28 de julio de 2023 mediante el cual tuvo por no contestada la demanda, toda
vez que fue allegada por fuera del término legal.

I.3.6. Corporación de Servicios Médicos Internacionales Them & Cía. Ltda. -
Cosmitet Ltda., Duana & Cía. Ltda y Comercializadora Duarquint S.A.S.

37. La apoderada judicial de las sociedades vinculadas Corporación de Servicios
Médicos Internacionales Them & Cía. Ltda - Cosmitet Ltda, Duana & Cía. Ltda. y
Comercializadora Duarquint S.A.S., mediante escrito de 21 de junio de 202318,
solicitó desestimar las pretensiones de la demanda, toda vez que, en su calidad de
contratistas integrantes de la Unión Temporal Medipol 16, han cumplido a cabalidad
con las obligaciones del contrato como responsables del suministro y dispensación
de medicamentos, y de servicios ambulatorios y hospitalarios del subsistema de
salud de la Policía Nacional.

38. Enfatizó en que no llevan más de veinte años a cargo de la prestación del
servicio de salud, por cuanto la Unión Temporal Medipol 16 se constituyó el 25 de
septiembre de 2018 para ejecutar el contrato vigente hasta el 30 de junio de 2023.
Además, indicó que no hay punto de dispensación de medicamentos en el municipio
de Caicedonia, en virtud de que no fue un requisito establecido en el contrato, en el
cual se dispuso que en el norte del Valle del Cauca solo habría puntos de
dispensación en los municipios de Sevilla, Roldanillo y Tuluá.

39. Relacionó una serie de solicitudes a las cuales ha dado respuesta e indicó que
las otras peticiones enunciadas por el demandante deberán ser demostradas en el
proceso. Igualmente, adujo que los medicamentos son suministrados de acuerdo

17
Ibidem, índice 45, documento denominado “90_MemorialWeb_ContestaciOnDem anda(.pdf) NroActua 45 (.pdf) NroActua
45”.
18
Ibidem, índice 85, documento denominado “151Contestacion Cosmitet(.pdf) NroActua 85”.

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Radicación: 63001-23-33-000-2022-00112-01
Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

con la normativa que regula este asunto y se brindan sin trato discriminatorio o
preferente.

40. Reiteró que únicamente podían entregar los medicamentos en aquellas
farmacias o dispensarios relacionadas en la Tabla 3 del Anexo 2 del Contrato 07-8-
20098-18, por lo que no era posible ampliar el alcance del contrato conforme a la
exigencia del accionante. Adicionalmente, destacó que algunos medicamentos
requieren una autorización previa de comités médicos científicos u otros trámites
administrativos, teniendo en cuenta que la entidad encargada del aseguramiento en
salud y el contratante proceden de acuerdo con lo establecido en la normativa
aplicable, la naturaleza de la enfermedad o la falta de certificación INVIMA de
algunos medicamentos.

I.3.7. Éticos Serrano Gómez Ltda.

41. La sociedad Éticos Serrano Gómez Ltda. en escrito de 29 de agosto de 202319
contestó la demanda, no obstante, a través de auto del 25 de octubre de 2023 se
tuvo por no contestada, toda vez que el escrito fue allegado sin representación
judicial de quien se anunció como apoderado.

II. LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

42. La Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, mediante
sentencia de 28 de enero de 202520, resolvió lo siguiente:

“[…] PRIMERO: DECLARAR que la Nación – Ministerio de Defensa- Policía Nacional
– Sanidad se encuentra vulnerando el derecho colectivo al acceso al servicio de salud
y a que su prestación sea eficiente y oportuna en el Departamento del Quindío y los
municipios del Norte del Valle - Caicedonia, Sevilla, Alcalá y Ulloa- contenido en el
art. 4° literal J de la Ley 472 de 1998.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ordenará a la Nación – Ministerio
de Defensa - Policía Nacional – Sanidad EJECUTAR todas las gestiones necesarias
para mejorar las condiciones de eficiencia, oportunidad, continuidad, accesibilidad y
calidad del servicio de salud de los usuarios del Departamento del Quindío y los
municipios del Norte del Valle -Caicedonia, Sevilla, Alcalá y Ulloa, de la siguiente
manera:

Nro. Actividad/orden Tiempo de Ejecución Responsable
Socialización hallazgo Nro. 01. Dentro de la semana La Policía Nacional
Depuración de la información. siguiente a la – Sanidad
Total de afiliaciones, verificación ejecutoria del fallo convocará la
de multiafiliación y personas reunión con la
fallecidas. Superintendencia
de Salud. (Mesa de
Deberá la Policía Nacional en trabajo interna)
1.
coordinación con la
Superintendencia de Salud verificar
los criterios respecto del listado del
censo demográfico de los afiliados
pertenecientes al Subsistema en
Salud de la Policía Nacional –
Unidad Prestadora de Salud Quindío

19
Ibidem, índice 106, documento denominado “181Contestación Demanda Vinculado(.pdf) NroActua 106”.
20
Ibidem, índice 181, documento denominado “299SentenciaPrime_000202200112Popular1(.pdf) NroActua 181”.

10

Radicación: 63001-23-33-000-2022-00112-01
Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

y Municipios del Norte del Valle, a fin
de unificar un listado lo más
cercano a la realidad.

Para tal efecto deberá igualmente
examinarse el tema de
multiafiliaciones al Sistema General
de Salud respecto del Subsistema
de la Policía Nacional y la
clasificación de las personas en
estado “fallecido”.
15 días hábiles La Policía Nacional
contados desde la – Sanidad remitirá la
Ejecución hallazgo Nro. 01.
reunión ordenada en el información vía
numeral 1° correo electrónico a
La Policía Nacional – Sanidad -
la Superintendencia
Unidad Prestadora de Servicios
2. de Salud para la
DEQUI deberá ejecutar -consolidar-
evaluación y
la información de acuerdo con los
supervisión de la
criterios previamente establecidos
misma conforme a
por la Superintendencia de Salud.
los parámetros ya
establecidos.
1 semana siguiente al La
Supervisión hallazgo 01. vencimiento de los 15 Superintendencia
días ordenados en el de Salud dentro de
Una vez recibida la información numeral 2° la semana otorgada
3.
debidamente consolidada, deberá la deberá remitir un
Superintendencia de Salud proceder correo electrónico
a verificar el resultado. informando lo que
corresponda.
Eventualidades.

De presentarse alguna situación que deba corregirse o aclararse, la Policía Nacional
– Sanidad tendrá máximo 1 semana para proceder de manera definitiva a culminar
con la actividad y presentarla conforme lo establezca la Superintendencia de Salud.

Por su parte, la Superintendencia de Salud tendrá una semana siguiente para
evaluarla nuevamente.
Socialización hallazgo Nro. 02 1 semana siguiente al La Policía Nacional
Depuración de la información. vencimiento de lo – Sanidad
Caracterización de la población – ordenado en el convocará la
diagnósticos y/o morbilidad de los numeral 3° o posterior reunión con la
usuarios en salud. a las eventualidades. Superintendencia
en Salud. (Mesa de
4. Deberá la Policía Nacional en trabajo interna)
coordinación con la
Superintendencia de Salud verificar
los criterios respecto a los
lineamientos técnicos establecidos
para la caracterización anual de la
población.
15 días hábiles La Policía Nacional
Ejecución hallazgo Nro. 02. contados desde la – Sanidad remitirá la
reunión ordenada en el información vía
La Policía Nacional – Sanidad - numeral 4° correo electrónico a
Unidad Prestadora de Servicios la Superintendencia
5.
DEQUI deberá ejecutar -consolidar- para la evaluación y
la información de acuerdo con los supervisión de la
criterios previamente establecidos misma conforme a
por la Superintendencia de Salud. los parámetros ya
establecidos.
1 semana siguiente al La
Supervisión hallazgo 02.
6. vencimiento de los 15 Superintendencia
de Salud dentro de

11

Radicación: 63001-23-33-000-2022-00112-01
Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

Una vez recibida la información días ordenados en el la semana otorgada
debidamente consolidada, deberá la numeral 5° deberá remitir un
Superintendencia de Salud proceder correo electrónico
a verificar el resultado. informando lo que
corresponda.
Eventualidades.

De presentarse alguna situación que deba corregirse o aclararse, la Policía Nacional
– Sanidad tendrá máximo 1 semana para proceder de manera definitiva a culminar
con la actividad y presentarla conforme lo establezca la Superintendencia de Salud.

Por su parte, la Superintendencia de Salud tendrá una semana siguiente para
evaluarla nuevamente.

Respecto de este hallazgo se informó que la Policía Nacional ya inició con la
corrección de los datos para una adecuada planeación de la red, por lo que, si a la
fecha de ejecutoria de esta providencia ya existe un resultado debidamente
aprobado, se omitirán los tiempos otorgados en precedencia.
Socialización hallazgo Nro. 03 Deberá realizarse junto La Policía Nacional
Medicamentos – mejora del con la socialización – Sanidad
tiempo de respuesta. ordenada en el convocará la
numeral 1° -hallazgo reunión con la
Deberá la Policía Nacional en Nro. 01-, dentro de la Superintendencia
coordinación con la semana siguiente a la en Salud. (Mesa de
Superintendencia de Salud verificar ejecutoria del fallo. trabajo interna)
los criterios respecto a los
lineamientos técnicos establecidos
7. para la entrega de medicamentos,
en especial observando los
establecidos en la ley.

Deberá la Policía Nacional –
Sanidad contar con un listado de los
usuarios que registran desde un (1)
medicamento pendiente,
discriminando la causa por la no
entrega y desde cuándo.
• 01 semana siguiente
Ejecución hallazgo Nro. 03.
al vencimiento de la
orden dada en el
• La Policía Nacional – Sanidad -
numeral 1° -
Unidad Prestadora de Servicios
socialización hallazgos
DEQUI deberá ejecutar, entiéndase
1° y 3°- para que la
entregar, los medicamentos
Unidad Prestadora de
pendientes o en espera a los
Servicios del Quindío
usuarios en salud para el
realice a través de su La Policía Nacional
Departamento del Quindío y los
contratista la entrega – Sanidad remitirá la
municipios del Norte del Valle
de los medicamentos información
(Caicedonia, Sevilla, Alcalá y Ulloa).
pendientes. Deberá (debidamente
Para tal efecto, deberá coordinar con
ponerse al día. soportada) vía
el proveedor nacional (contratista) a
correo electrónico a
8. fin de gestionar la consecución de
• De igual manera, la la Superintendencia
estos para que sean entregados a
entrega de los para la evaluación y
los interesados.
medicamentos deberá supervisión de la
observar lo regulado misma, conforme a
• Se aclara que aquellos
en el art. 131 del los parámetros ya
medicamentos que por
Decreto 019 de 2012, y establecidos.
circunstancias especiales
es que cuando estos
(excepcionales) no estén
no se puedan entregar
disponibles definitivamente, deberá
de manera inmediata
la Policía Nacional en
sino dentro de las 48
acompañamiento al usuario
horas, deberá
adelantar las gestiones que
realizarse en el lugar
correspondan ante el médico
de residencia o de
tratante a fin de evaluar con el
trabajo del afiliado,

12

Radicación: 63001-23-33-000-2022-00112-01
Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

profesional en salud la situación y cuando lo haya
determinar lo que corresponda. autorizado21.

• La Policía Nacional –
Sanidad – Unidad
Prestadora del Quindío
deberá mantener
actualizado el listado
de entrega de
medicamentos, y en
caso de no tenerse
disponible para
entrega inmediata
deberá gestionar (con
soporte o prueba) lo
pertinente para
conseguir su
consecución dentro de
las 48 horas. De igual
manera, deberá dejar
registro de aquellas
personas que no
otorgaron su
consentimiento de
entrega en su domicilio
y que no regresaron a
reclamar el
medicamento.
1 semana siguiente al La
Supervisión hallazgo 03.
vencimiento de los 03 Superintendencia
meses ordenados en el de Salud dentro de
Una vez recibida la información
numeral 8° la semana otorgada
9. debidamente consolidada y
deberá remitir un
clasificada, deberá la
correo electrónico
Superintendencia de Salud proceder
informando lo que
a verificar el resultado.
corresponda.
Eventualidades.

De presentarse alguna situación que deba corregirse o aclararse, la Policía Nacional
– Sanidad tendrá máximo 1 semana para proceder de manera definitiva a culminar
con la actividad y presentarla conforme lo establezca la Superintendencia de Salud.

Por su parte, la Superintendencia de Salud tendrá una semana siguiente para
evaluarla nuevamente.
Socialización hallazgo Nro. 05 Deberá realizarse junto La Policía Nacional
Seguimiento contratos, Acuerdos con la socialización – Sanidad
de voluntades. ordenada en el convocará la
Indicadores de gestión y numeral 1° y 07°- reunión con la
resultados en salud. hallazgo Nro. 01 y 03-, Superintendencia
dentro de la semana en Salud. (Mesa de
Deberá la Policía Nacional – siguiente a la trabajo interna)
Sanidad en coordinación con la ejecutoria del fallo.
Superintendencia de Salud verificar
10.
los criterios respecto a los
lineamientos en contratación estatal
en especial respecto de la
supervisión a fin de evaluar a la
terminación del ejercicio contractual
si la prestación del servicio de salud
se dio o no en debida forma, o
adoptar en el curso de las
contrataciones las decisiones que

https://www.minsalud.gov.co/Lists/FAQ/DispForm.aspx?ID=1094&ContentTypeId=0x01003F0A1BD895162D4599DC1992
21

34219AC7.

13

Radicación: 63001-23-33-000-2022-00112-01
Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

correspondan en la materia, a fin de
garantizarse que el mismo se preste
en condiciones de eficiencia y
oportunidad.
Ejecución hallazgo Nro. 05. 02 meses siguientes al La Policía Nacional
vencimiento de la – Sanidad deberá
La Policía Nacional – Sanidad – orden dada en el elaborar y remitir un
tanto a nivel nacional (en lo que numeral 1° informe
cobije al Departamento del Quindío y socialización hallazgos pormenorizado a la
los municipios del Norte del Valle) y 1°, 3° y 5° Superintendencia,
la Unidad Prestadora de Servicios con los parámetros
DEQUI deberán revisar y evaluar los determinados en la
distintos contratos de salud o los reunión de
Acuerdos de Voluntades celebrados socialización.
11. verificando que la ejecución de
estos, se este a lo pactado,
ejerciendo en todo caso una debida
supervisión. Para tal efecto, se
dejará constancia en el expediente
contractual de la revisión aquí
ordenada o de las observaciones
advertidas a fin de que la Oficina
Jurídica – área de contratación
adelante las acciones que
correspondan.
1 semana siguiente al La
vencimiento de los 02 Superintendencia
Supervisión hallazgo 05.
meses ordenados en el de Salud dentro de
numeral 11. la semana otorgada
12. Una vez recibido deberá la
deberá remitir un
Superintendencia de Salud proceder
correo electrónico
a verificar el resultado.
informando lo que
corresponda
Eventualidades.

De presentarse alguna situación que deba corregirse o aclararse, la Policía Nacional
– Sanidad tendrá máximo 1 semana para proceder de manera definitiva a culminar
con la actividad y presentarla conforme lo establezca la Superintendencia de Salud.

Por su parte, la Superintendencia de Salud tendrá una semana siguiente para
evaluarla nuevamente.
Socialización hallazgo Nro. 04 1 semana siguiente al La Policía Nacional
vencimiento de lo – Sanidad
Deberá la Policía Nacional en ordenado en el convocará la
coordinación con la numeral 12 o posterior reunión con la
13.
Superintendencia de Salud verificar a las eventualidades. Superintendencia
de manera general los hallazgos en Salud. (Mesa de
encontrados en la red de servicios trabajo interna)
interna y externa.
Diagnóstico completo de la red 1 mes siguiente a la La Policía Nacional
interna y externa. orden dada en el deberá recopilar,
Recopilación de la información. numeral anterior 13. clasificar, medir
Servicios de baja, mediana y alta (análisis de datos) la
complejidad. información
concerniente a la
Deberá la Policía Nacional en red interna y externa
14. coordinación con la de servicios de baja,
Superintendencia de salud proceder mediana y alta
a elaborar y consolidar los datos complejidad. La cual
necesarios para poder evaluar - deberá remitir a la
diagnosticar la red interna y externa- Superintendencia
de los servicios de baja, mediana y de Salud.
alta complejidad, en la medida que la
medición de la cobertura y

14

Radicación: 63001-23-33-000-2022-00112-01
Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

oportunidad no se pudo llevar a cabo
completamente en tanto no se
cuenta con dicha información, o por
lo menos la misma no está
consolidada de manera satisfactoria.

Al respecto, deberá la
Superintendencia de Salud señalar a
la Policía Nacional qué y cómo
levantar y consolidar dicha
información a fin de que permita
evaluar los estándares de salud de
eficiencia y oportunidad, para ofrecer
una cobertura frente a las
necesidades o la demanda de salud
en cuanto a la zona y de cara a la
caracterización de los usuarios.

Se recuerda que, del informe
técnico, fueron pocos los aspectos
que se pudieron evaluar en tanto no
se cuenta con la información que
permita efectuar análisis de
suficiencia y/o oportunidad.
Diagnóstico completo de la red 15 días siguientes a la La
interna y externa. orden dada en el Superintendencia
Calificación de la información. numeral anterior 14. de Salud deberá
Servicios de baja, mediana y alta calificar la
complejidad. información a fin de
determinar si la
Una vez recibida la información por misma resulta
15. parte de la Policía Nacional, deberá suficiente para
la Superintendencia de Salud deberá elaborar de manera
proceder a su verificación a fin de completa el análisis
establecer que en efecto la misma de suficiencia de la
cumpla con los parámetros red.
necesarios para efectuarse un
análisis completo de suficiencia de la
red.
Eventualidades.

De presentarse alguna situación que deba corregirse o aclararse, la Policía Nacional
– Sanidad tendrá máximo 1 semana para proceder de manera definitiva a culminar
con la actividad y presentarla conforme lo establezca la Superintendencia de Salud.

Por su parte, la Superintendencia de Salud tendrá una semana siguiente para
evaluarla nuevamente.
Diagnóstico completo de la red 4 meses siguientes a la La
interna y externa. orden dada en el Superintendencia
Elaboración de un informe con la numeral anterior 15 o de salud deberá
calificación completa de la red al vencimiento del elaborar un informe
interna y externa, servicios de término dado en y en caso de
baja, mediana y alta complejidad. eventualidades. anomalías que
pongan en peligro o
Deberá la Superintendencia de vulneren el derecho
Salud proceder a elaborar un a la salud, deberá
16.
informe diagnóstico de la red interna establecer un plan
y externa, en el que se evalúe la de mejoramiento.
prestación de los servicios de salud
de cara a los principios de
continuidad, eficiencia y
oportunidad.

De encontrar situaciones irregulares
(que sigan amenazando o

15

Radicación: 63001-23-33-000-2022-00112-01
Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

vulnerando el derecho a la salud),
deberá elaborar un plan de
mejoramiento para la entidad Policía
Nacional - Sanidad específicamente
para este Departamento y algunos
municipios del Norte del Valle
detallando cada elemento y
determinando un tiempo prudencial
para su ejecución.
Contratación. Principio de continuidad en el servicio de salud.

Se ordenará, y teniendo en cuenta el informe técnico (citas por medicina general,
odontología y pediatría sin contratación vigente o con poco personal) y la matriz de
contratos (algunos ya habían finalizado) la garantía del derecho a la salud en cuanto
al principio de continuidad para los usuarios del servicio.
17.
En consecuencia, la Policía Nacional – Sanidad deberá velar porque no existan
interrupciones en la prestación del servicio de salud, para lo cual deberá garantizar
que, pese a la terminación de la actividad contractual, el servicio no se suspenda o se
dilate por falta de personal o contratación, por lo que deberá asegurar que los usuarios
puedan acceder al mismo, sin barreras de tipo administrativo
Garantía de entrega de medicamentos.
18.
Se ordenará a la Policía Nacional – Sanidad que deberá garantizar la entrega
inmediata de todos los medicamentos que se formulen a los usuarios 22.

TERCERO: ORDENAR para la vigilancia y cumplimiento de las órdenes dadas en
esta providencia y de conformidad con el art. 34 de la Ley 472 de 1998, la
conformación de un Comité de verificación de cumplimiento, el cual estará integrado
por el Magistrado Ponente -quien lo presidirá-, un representante de la Policía
Nacional, un representante de la Superintendencia de Salud, el actor popular y el
Procurador Judicial Delegado ante esta Corporación, el cual dentro de los tres (03)
meses siguientes a la ejecutoria de la sentencia rendirá informes ante esta autoridad
judicial.

CUARTO: Sin condena en costas, por lo expuesto en antecedencia.

QUINTO: Para los fines indicados en el art. 80 de la Ley 472 de 1998, por Secretaría
remítanse las copias pertinentes a la Defensoría del Pueblo.

SEXTO: ACEPTAR la renuncia del poder de la abogada, Claudia Jimena Castaño
Vélez identificada con Nro. de cédula […] y portadora de la tarjeta profesional Nro.
[…] del C.S. De la J en calidad de apoderada judicial de la Nación- Ministerio de
Defensa Nacional – Consejo superior de Salud de las Fuerzas Militares.

SÉPTIMO: EFECTUAR las anotaciones pertinentes en la plataforma SAMAI […]”.

43. Consideró que se encontraba probada la amenaza y vulneración de los
derechos colectivos invocados en la demanda, por cuanto advirtió falencias en la
oportunidad y continuidad del servicio de salud en el departamento del Quindío y en
los municipios del norte del Valle -Caicedonia, Sevilla, Alcalá y Ulloa- desde la
misma planeación, hasta la entrega de medicamentos y la superación del tiempo de
espera en citas por medicina general, odontología y pediatría.

44. Puso de presente que se encontró demostrado que para el año 2018 fueron
instauradas 185 tutelas de primera instancia y para el año 2019 con corte al 23 de

22
En un asunto de este Tribunal y similar en cuanto a la temática – Acción Popular, prestación del servicio de salud, afiliados
al FOMAG- el consejo de Estado en segunda instancia emitió una orden de similar connotación. C.E. Sección Tercera.
Radicación 63001-2333-000-2016-00286-01. 28 de abril de 2021.

16

Radicación: 63001-23-33-000-2022-00112-01
Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

septiembre se instauraron 157 tutelas de primera instancia contra Sanidad de la
Policía Nacional.

45. Agregó que en el informe técnico realizado por la Superintendencia de Salud,
para evaluar la prestación del servicio de salud de la Unidad Prestadora de Salud
del Quindío de Sanidad de la Policía Nacional en Armenia, se señaló, entre otras,
que la entidad registró datos que no corresponden a la morbilidad de sus afiliados y
que deben ser ajustados para poder garantizar una adecuada planeación de la red
y su suficiencia, así como que para el periodo comprendido del 26 de julio al 26 de
agosto de 2024 se registraron 594 usuarios con medicamentos pendientes.

46. En el mismo estudio se evaluó parcialmente la suficiencia en la red interna en
servicios de baja complejidad concluyendo que: i) había falta de oferta en medicina
general porque para los meses de abril, mayo, junio y julio de 2024 la oportunidad
de la atención en las citas de medicina general superó el estándar normado de 3
días; y ii) en el caso de odontología, se superó el estándar normado y en atención
en laboratorio clínico se encontró que hay 13.585 personas en lista de espera.

47. Adicionalmente, respecto a los servicios de mediana complejidad, es decir,
especialidades básicas, se señaló que no hubo contratación para las especialidades
de pediatría y ginecoobstetricia en los meses de mayo a julio de 2024. En la
evaluación de los servicios de alta complejidad se encontró que un 0% de cobertura.

48. En la red externa se advirtió que las IPS contratadas resultan insuficientes de
cara al número de afiliados al sistema de salud para el departamento del Quindío y
algunos municipios del norte del Valle del Cauca; por ejemplo, se evidenciaron 4
contratos finalizados precisando que, para el servicio de odontología, desde el 2 de
agosto de 2024, no se cuenta con un nuevo contrato.

49. De lo señalado, el tribunal indicó que “[…] sin dubitación alguna existe
vulneración al derecho colectivo invocado por el actor popular, en la medida que las
pruebas debidamente incorporadas al proceso dan cuenta que existen
irregularidades, anomalías, tardanza, falta de planeación, entre otros, en la
prestación del servicio de salud […] el reporte del número de tutelas instauradas,
las diversas denuncias ante la Superintendencia de Salud y Defensoría del Pueblo,
el vencimiento de contratos de prestación de servicios, el informe de auditoría con
05 hallazgos, son pruebas suficientes que dan cuenta de una prestación de servicios
que presenta obstáculos de cara a los principios de eficiencia y oportunidad […]”.

50. Adujo que la Nación – Policía Nacional – Dirección de Sanidad al ser la
encargada de la prestación del servicio de salud para los policías, es quien debe
velar por la prestación óptima del servicio, independiente si es a través de su propia
red o de manera externa. Asimismo, si bien la Superintendencia no es a quien le
compete la prestación del servicio, sí tiene competencia para vigilarlo a fin de que
se brinde una mejor prestación, por lo que la entidad tiene compromisos del orden
de su naturaleza.

17

Radicación: 63001-23-33-000-2022-00112-01
Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

51. Por todo lo mencionado, el tribunal ordenó la estructuración de mesas de
trabajo internas conforme a las cuales se debían adelantar una serie de estudios
que permitirían calcular tanto la cantidad de usuarios como la relación entre oferta
y demanda de los servicios médicos. Lo anterior, con el propósito de identificar las
brechas de atención y establecer un proyecto de trabajo claro, superando las fallas
estructurales del subsistema de salud en los municipios objeto de esta acción
popular.

III. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

52. La apoderada judicial de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional, mediante correos electrónicos de 3 y 4 de febrero de 202523, solicitó la
revocatoria de la sentencia de primera instancia.

53. Adujo que el tribunal no realizó una valoración probatoria adecuada, ya que
“[…] solo tuvo en cuenta lo favorable […]” para el accionante, limitándose al informe
de la Superintendencia Nacional de Salud, y no tuvo en cuenta los avances que la
demandada ha venido desarrollando para atender oportunamente a los usuarios del
sistema. Además, indicó que los inconvenientes expuestos en las acciones de tutela
mencionadas en el Oficio DESAJARO 19-2946 de 25 de octubre de 2019, ya han
sido superados.

54. Indicó que no se realizó una valoración probatoria que incluyera las
conclusiones de la auditoría realizada por la Secretaría de Salud del departamento
del Quindío, el 13 de septiembre de 2024, denominada “Acta de visita de inspección,
vigilancia y control de la calidad en la prestación de servicios de salud”, por no haber
sido allegada por el departamento. Destacó que el fondo debía primar sobre la forma
y, en ese sentido, para proferir la sentencia era necesario tener presente el citado
escrito en el que la Policía Nacional da respuesta al informe de la Superintendencia
Nacional de Salud.

55. Manifestó que la Dirección de Sanidad – Regionales de Aseguramiento y
Unidades realiza la gestión de verificar si se presentan multiafiliaciones según los
requerimientos de las EPS del régimen general contributivo, subsidiado y las
alcaldías municipales; por lo tanto, ha venido realizando un proceso de depuración
de multiafiliados y fallecidos en el sistema, dentro de lo cual el 2 de enero de 2025
solicitó la desvinculación de los usuarios en estado fallecido para el corte 2020-2024
y a la fecha no hay usuarios con multiafiliación.

56. Explicó que, posterior a la depuración, se realizó el Análisis de Situación en
Salud (ASIS) con un censo de la población en los municipios de Sevilla, Calarcá y
Armenia asignada a la Regional 3 de Aseguramiento que corresponde a 47.671
afiliados donde el 42% están en Risaralda, el 31.8% en la unidad de Caldas y el
26.2% en la unidad de Quindío.

23
Ibidem, índices 185 y 187, documentos denominados “303_MemorialWeb_Recurso-2022112DTECARLOS(.pdf) NroActua
185” y “306_MemorialWeb_Recurso-2022112DTECARLOS(.pdf) NroActua 187”.

18

Radicación: 63001-23-33-000-2022-00112-01
Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

57. Señaló que los municipios de Armenia y Calarcá, en Quindío, y Sevilla, en Valle
del Cauca, cuentan tanto con establecimientos de sanidad policial para servicios de
primer nivel como con red contratada para servicios de segundo y tercer nivel de
complejidad. Asimismo, aportó un análisis de accesibilidad a sitios para brindar
cobertura de servicios de salud en donde indica que el tiempo de desplazamiento a
un centro de atención desde distintos municipios oscila entre 6 y 18 minutos, así
como el precio del transporte público varía entre $3.300 y $6.600.

58. Desarrolló, en definición y análisis, una serie de factores que pueden ser la
principal causa de mortalidad en adultos como, entre otras, la calidad del agua, la
calidad de los alimentos, las enfermedades transmitidas por vectores, la salud
cardiovascular, las enfermedades osteomusculares, salud mental y enfermedades
gastrointestinales; señalando que esa información permite a la Unidad Prestadora
de Salud Quindío la planeación y cálculo de necesidades para la prestación del
servicio.

59. Refirió que, en el marco del Plan Decenal de Salud Pública 2022-2031, ha
realizado cuatro jornadas de fumigación anuales y creó mesas de trabajo con las
secretarías de salud para evaluar asuntos relacionados con vacunación y
sustancias psicoactivas.

60. Manifestó que ha venido haciendo seguimiento a los medicamentos para su
compra y entrega, de acuerdo con la información relacionada, todos los
medicamentos son entregados antes de 48 horas a menos que haya
desabastecimiento.

61. Respecto al análisis de la red interna y externa para la prestación del servicio,
argumentó que la Unidad Prestadora de Salud del Quindío garantiza la cobertura
de servicios de salud a 12.767 usuarios en los 12 municipios del Quindío y, por su
cercanía, en 4 del Valle del Cauca. Dicha unidad cuenta con una metodología de
demanda y oferta en la cual se censa anualmente la población para establecer el
número de afiliados, camas y ambulancias contratadas por municipio, así como
otras estadísticas que permitan garantizar una cobertura integral de servicios que
responda a las necesidades de los usuarios.

62. Asimismo, advirtió que cuenta con un módulo red denominado SISAPWEB que
reporta la cobertura de prestadores de la red externa, corroborado por el grupo de
Redes Integrales de la Dirección de Sanidad, en donde se pueden conocer en
tiempo real los servicios contratados y cuál es la red contingente para garantizar el
servicio.

63. Explicó que la oferta de talento humano asistencial por disciplinas generales y
especializadas necesarias para prestar el servicio, se contrataron de acuerdo con
el perfil demográfico y epidemiológico de una matriz contenida en los instructivos
025 DISAN 2008 y 012 DISAN 2011.

64. Agregó que la Dirección de Sanidad ha enfrentado dificultades para contratar
prestadores externos debido a los estrictos requisitos establecidos para la

19

Radicación: 63001-23-33-000-2022-00112-01
Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

presentación de cotizaciones y ofertas a través de la plataforma SECOP II, por lo
que han implementado acercamientos con entidades de salud, capacitaciones y
acompañamiento en el uso de la citada plataforma.

65. Asimismo, destacó que, por las exigencias de los profesionales, ocurre que los
posibles oferentes no cumplen con los requisitos y se declara desierto el proceso
de contratación, convirtiéndose en una imposibilidad fáctica para garantizar la no
existencia de interrupciones en el servicio.

66. Adicionó que están cumpliendo con los requisitos normativos pertinentes a su
operación teniendo en cuenta que “[…] la Policía Nacional opera bajo un régimen
especial, no se desconocen las disposiciones generales aplicables a otras entidades
del sistema de salud, sin embargo, en este caso específico, las obligaciones
establecidas en el Decreto 780 de 2016 y el Decreto 441 de 2022 no son
directamente aplicables debido a las particularidades normativas de nuestro
régimen y a través de la Resolución 256 de 2016, se han regulado de manera
precisa los indicadores y mecanismos de seguimiento para la Dirección de Sanidad
[…]”.

67. Manifestó que la Unidad Prestadora de Salud Quindío presta el servicio con
continuidad, dando cumplimiento al principio de planeación que rige la contratación
estatal elabora anualmente el plan de las necesidades a satisfacer, por lo que
solicitó la revisión del alcance del ítem 17 del numeral 2 de la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia, en tanto que no se estaba considerando la
posibilidad de declarar desierto algún proceso de contratación.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

68. Mediante auto de 10 de febrero de 202524 se concedió ante el Consejo de
Estado el recurso de apelación interpuesto por la Nación - Ministerio de Defensa
Nacional - Policía Nacional.

69. El consejero sustanciador por auto de 16 de mayo de 202525 admitió el recurso,
informó a los sujetos procesales que podían pronunciarse en relación con la alzada
hasta la ejecutoria de esa decisión, y advirtió que no había lugar a dar traslado para
alegar de conclusión. Igualmente, informó al Ministerio Público que podía emitir
concepto en la presente causa, hasta que el proceso ingresara al despacho para
emitir sentencia.

70. La apoderada judicial de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía
en memorial de 29 de mayo de 202526 solicitó la revocatoria de la sentencia de
primera instancia, al estimar que no se configuró una vulneración del derecho
colectivo, en la medida que se ha prestado el servicio de salud en las calidades de
la Ley 1751 de 2015.

24
Ibidem, índice 189, documento denominado “310Autoresuelvec_0002022000112POPULAR(.pdf) NroActua 189”.
25
Cfr., índice 6, expediente digital Consejo de Estado, documento denominado
“12Autoqueadmite_APA20220011201CARLOS(.pdf) NroActua 6”.
26
Cfr., índice 21, expediente digital Consejo de Estado, documento denominado “20_MemorialWeb_Alegatos-
TRASLADORECURSOCON(.pdf) NroActua 21”.

20

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Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

71. Señaló que los términos establecidos en las órdenes impartidas en la sentencia
de primera instancia no se acompasan con aquellos principios que rigen la
contratación pública, solicitando su ampliación y reiteró que, ante la inobservancia
del documento expedido por la Secretaría de Salud del Quindío debido a que no fue
aportada directamente por una de las partes, “[…] resulta jurídicamente
cuestionable que en el presente proceso de acción popular se haya desestimado el
análisis de pruebas pertinentes por consideraciones meramente formales, sin
atender al contenido y relevancia de las mismas […]”. Por lo anterior, solicitó sea
reconsiderada la exclusión del citado escrito y se proceda con el respectivo análisis
dentro del marco probatorio del proceso.

72. Manifestó que, con relación a la orden del hallazgo 1, la Oficina de Atención al
Ciudadano adelanta el proceso de multiafiliación no solo para el departamento del
Quindío sino para las 8 Regionales de Aseguramiento en Salud y 32 Unidades
Prestadoras de Servicios de Salud. Además, que la orden del hallazgo 2 ya fue
plenamente adelantada.

73. Mencionó que, respecto a la orden del hallazgo 3 sobre suministro de
medicamentos, hay una supervisora del contrato a cargo de dicha función y,
respecto al hallazgo 4 de evaluar la terminación del contrato si la prestación no se
dio en debida forma, adujo que “[…] son las partes contractuales las que deben
propender por la liquidación del contrato una vez se finalice el tiempo contractual
[…]”, considerando que la Superintendencia no puede establecer ninguna medida
al respecto aparte de promover una conciliación.

74. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio.

75.A efectos de decidir la presente controversia, se abordará el análisis de la
competencia y, más adelante, resolver el caso concreto.

V. CONSIDERACIONES DE LA SALA

V.1. Competencia

76. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, en
concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 de la Ley 1437 de 18 de enero
de 2011 y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 201927, la Sección Primera del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias proferidas en
primera instancia por los Tribunales Administrativos, en el marco de las acciones
populares.

27
“Mediante el cual se establece la distribución de los negocios entre las secciones de la Sala de lo Contencioso Administrativo
del Consejo de Estado”.

21

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V.2. Cuestión previa sobre la procedencia del medio de control judicial
ejercido

77. En el caso sub examine, los actores populares atribuyeron la responsabilidad a
las entidades demandadas por la transgresión del derecho colectivo previsto en el
literal j) del artículo 4.° de la Ley 47228.

78. El conocimiento del proceso le correspondió en primera instancia a la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, autoridad judicial que
amparó el derecho colectivo al advertir falencias en la oportunidad y continuidad del
servicio de salud desde la planeación, hasta la entrega de medicamentos y la
superación del tiempo de espera en citas de medicina general, odontología,
pediatría entre otras problemáticas.

79. Previo a resolver el caso concreto, es pertinente evaluar si el medio de control
ejercido es o no procedente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 32829 de
la Ley 1564 de 2012.

80. Para tal efecto, se advierte que la Corte Constitucional30 y esta corporación
judicial31 han sostenido en su jurisprudencia que el uso y goce de los derechos
colectivos se encuentra a disposición de cualquier persona, sin obedecer, en
principio, a algún tipo de condición. Esto significa que, a diferencia de los derechos
individuales, las prerrogativas colectivas no pueden atribuirse al ámbito privado de
un solo individuo, una organización, una entidad natural o un conjunto concreto y
diferenciable de individuos32.

81. Siguiendo este criterio jurisprudencial, la Sección Primera del Consejo de
Estado explicó en la sentencia de 11 de octubre de 201933 que los derechos
adquiridos de los trabajadores de regímenes especiales, al ser “[…] derechos
particulares que solamente pueden ser reclamados por sus beneficiarios y no por la
colectividad general […]”, no son pasibles de análisis a través de la acción popular.
La misma tesis se prohijó en la sentencia de 25 de abril de 202434.

28
Cfr. Índice 2, expediente digital del Consejo de Estado, documento denominado: “006ED_Demanda(.docx) NroActua 2”, en
el capítulo de fundamentos de derecho de la demanda se precisó que: “[…] se han efectuado múltiples solicitudes
directamente a sanidad policía nacional para solicitar la efectiva y eficiente prestación del servicio público en salud y con ello
que se adopten las medidas necesarias para la protección del derecho colectivo A LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD POR
LA DEFICIENTE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD – […]. Es de anotar su Señoría que en el caso que nos
ocupa, actualmente existe un INMINENTE PELIGRO de OCURRENCIA DE UN PERJUICIO IRREMEDIABLE respecto a los
intereses colectivos aquí vulnerados como es la reiterada desatención por parte de SANIDAD POLICIA NACIONAL. a los
usuarios enfermos, en donde está de por medio la VIDA de dichos usuarios, configurándose en repetidas ocasiones la figura
de pérdida de oportunidad, al no otorgarse el tratamiento que requiere en forma oportuna, poniendo en riesgo su vida por la
inexistencia, en múltiples ocasiones de contratación para la prestación de dichas atenciones médicas, en enfermedades
catastróficas, servicios derivados de urgencias […]”.
29
“[…] Artículo 328. Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los
argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por
la ley. […]”
30
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-622 de 14 de agosto de 2007 (M. P.: Rodrigo Escobar Gil).
31
Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 10 de febrero de 2005. C.P: María Elena Giraldo Gómez. Rad.
25000-23-25-000-2003-00254-01(AP). Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo de 2010. C.P. (E):
María Claudia Rojas Lasso, Rad. 44001-23-31-000-2005-00328-01(AC).
32
Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente (E): María Claudia
Rojas Lasso. Bogotá D.C., sentencia de 18 de marzo de 2010, Rad. 44001-23-31-000-2005-00328-01(AC).
33
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm. 68001-23-33-000-2016-00673-01(AP), C.P. Nubia Margoth Peña
Garzón.
34
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, radicación núm. 08001 23 33 000 2019 00809 01 (AP). C.P. Oswaldo Giraldo
López.

22

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82. Sin embargo, al aplicar esta regla jurisprudencial, se debe tener en cuenta que,
algunos problemas vinculados con los derechos subjetivos o individuales de los
miembros de los sistemas de salud de regímenes especiales también pueden
impactar o amenazar otros derechos e intereses colectivos.

83. En ese escenario, excepcionalmente el juez de la acción popular podrá emitir
un pronunciamiento si advierte que existe una conexidad entre ambas prerrogativas
que comporta un daño o riesgo sobre un derecho propiamente colectivo. La
naturaleza y alcance de la acción popular no supone un obstáculo para que el juez
constitucional atienda al principio de eficacia directa de los derechos
constitucionales35.

84. La Sección Primera del Consejo de Estado, en sentencia de 28 de abril de
201136, reconoció “[…] la factibilidad de que unos mismos hechos puedan generar
vulneración de derechos fundamentales y afectación, amenaza o vulneración de
derechos colectivos; y en este sentido ha precisado que en ese evento procede
examinarlos tanto por la vía de acción popular como de acción de tutela […]”.

85. Teniendo en cuenta lo anterior, al examinar la demanda, junto con las pruebas
allegadas al expediente, se colige que la situación fáctica debatida en este proceso
judicial no solo atañe a la presunta afectación del derecho subjetivo de acceso al
servicio a la salud de los afiliados y beneficiarios actuales del sistema de salud de
la Policía Nacional de la Unidad Prestadora de Salud Quindío – Establecimiento de
Sanidad Quindío.

86. En el caso sub examine, se pretende la protección del derecho e interés
colectivo del literal j) sobre acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea
eficiente y oportuna, previsto en el artículo 4 de la Ley 472 de 5 de agosto de 1998,
por cuanto no se está garantizando el acceso, continuidad, oportunidad y eficiencia
en la prestación del servicio de salud.

87. Cabe resaltar que, el artículo 49 de la Constitución Política determina que la
atención en salud es un servicio público a cargo del Estado.

88. Además, establece una garantía de acceso a los servicios de promoción,
protección y recuperación de la salud. La Corte Constitucional37 ha considerado que
la accesibilidad es un factor determinante para la garantía del derecho a la salud,
que se traduce en el uso real y efectivo de los servicios y se materializa en todas
las etapas de prevención, asignación de citas, atención, continuidad de los
tratamientos, etc.

89.Además, en relación con la eficiencia, este principio implica que los trámites
administrativos a los que está sujeto el paciente sean razonables, no demoren

35
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación núm.: 44001-23-33-000-2013-
00160-01 (AP) y radicación núm.: 88001-23-33-000-2020-00072-01; Consejo de Estado, Sección Primera, C.P. Germán
Eduardo Osorio Cifuentes, radicación núm.: 88001-23-33-000-2021-00041-02.
36
Cfr. Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia de 28 de abril de 2011, radicación núm. 76001-23-31-000-2004-
02843-01 (AP). C.P.: María Claudia Rojas Lasso.
37
Cfr. Corte Constitucional, sentencia de 9 de mayo, T-147 de 2023, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.

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excesivamente el acceso y no impongan al interesado una carga que no le
corresponde asumir38.

90. De conformidad con la Ley 352 de 17 de enero de199739 el Sistema de Salud
de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional -SSMP- tiene como objetivo prestar el
servicio integral de salud en las áreas de promoción, prevención, protección,
recuperación y rehabilitación del personal afiliado y de sus beneficiarios y el servicio
de sanidad inherente a las operaciones militares y policiales, el cual se encuentra
orientado, además, por los principios generales de ética, equidad, universalidad y
eficiencia y, los específicos de racionalidad, obligatoriedad, equidad, protección
integral u autonomía, descentralización y desconcentración, unidad, integración
funcional, independencia de los recursos y atención equitativa y preferencial40.

91. En consecuencia, el derecho e interés colectivo de acceso a los servicios
públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, no es susceptible de
apropiación por un grupo determinado de sujetos, porque el derecho a la salud es
un servicio público que debe ser garantizado bajo los principios de accesibilidad,
oportunidad, eficacia y continuidad, el cual no solo cobija a los afiliados y
beneficiarios actuales del sistema de salud de la Policía Nacional de la Unidad
Prestadora de Salud Quindío – Establecimiento de Sanidad Quindío, sino que la
problemática afectará a un número indeterminado de futuros afiliados y
beneficiarios.

92. Debe tenerse en cuenta que, el acceso al servicio de salud en el subsistema de
la Policía Nacional se rige por el principio de protección integral en los aspectos de
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, lo cual se traduce en la
garantía de accesibilidad del servicio.

93. En este punto es pertinente reiterar que mediante sentencia de 9 de agosto de
202441 esta Sección consideró la procedencia excepcional de la acción popular para
efectos de determinar el acceso a la prestación de los servicios de salud en los
regímenes exceptuados en la Ley 100 de 1993, en especial, sobre la accesibilidad
a los dispensarios médicos del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, en
esa oportunidad se consideró que:

“[…]
62. La accesibilidad en los dispensarios médicos se refiere a la posibilidad de que
todos los miembros actuales y futuros del Subsistema de Salud de las Fuerzas
Militares (personal activo o con asignación de retiro, pensionado por invalidez o
beneficiario), así como sus acompañantes, puedan acceder, circular, orientarse y
utilizar los elementos de la infraestructura que lo conforman de forma segura.

63. Por ello, si bien es cierto, en este caso, las pretensiones refieren a los obstáculos
que afrontan las personas con movilidad reducida que actualmente asisten al
dispensario para recibir los servicios de salud o para acompañar a sus familiares.
También es una realidad que esa problemática afectará un número sin identificar e

38
Cfr. Corte Constitucional, sentencia C-313 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
39
“Por la cual se reestructura el Sistema de Salud y se dictan otras disposiciones en materia de Seguridad Social para las
Fuerzas Militares y la Policía Nacional”.
40
Principios desarrollados en el artículo 3 de la Ley 352 de 1997.
41
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 9 de agosto de 2024, Rad. 76001-
23-33-000-2023-00566-01, C.P. Germán Eduardo Osorio Cifuentes.

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indeterminado de sujetos que en el futuro podrían llegar a afrontar la aludida
restricción, máxime cuando las acciones de amparo solicitadas se extienden a la
órbita de lo colectivo […]”.

94. La Sala anticipa que en este caso concreto se encuentra probada la
existencia de deficiencias estructurales y generalizadas en la prestación de los
servicios de salud por parte de la Policía Nacional que, en síntesis, se presenta por:
i) la presencia de afiliaciones múltiples al Sistema General de Seguridad Social en
Salud y al régimen especial; ii) la presentación de errores en los diagnósticos de
morbilidad para presentar el perfil de demanda de servicios; iii) la no entrega de
medicamentos pendientes en el término a los afiliados; iv) la falta de articulación de
la red de servicios que garanticen la eficiencia, el acceso efectivo y la garantía de la
calidad en la prestación de los servicios de salud; y v) las falencias en el seguimiento
de los indicadores de la prestación de los servicios.

95. Problemáticas que influyen en la accesibilidad, continuidad, eficiencia y
oportunidad en la prestación de los servicios de salud que afectan a más de 12.000
usuarios (personal activo, retirado, pensionados de la Policía Nacional y sus
beneficiarios), lo que implica la vulneración del derecho colectivo por la indebida
prestación del servicio de una manera eficiente y oportuna.

96. En consecuencia, se considera que, en este caso concreto, es procedente la
acción popular para solicitar la protección del derecho colectivo de acceso al servicio
público de salud, en la medida que está acreditado, más allá de situaciones
subjetivas y particulares relacionadas con la prestación del servicio en el régimen
objeto de este caso, que existen deficiencias que son estructurales en la prestación
del servicio a los miembros de la Policía Nacional en los departamentos de Quindío
y algunos municipios del norte del Valle del Cauca, lo cual hace que dicha
problemática trascienda al interés general y que impacte en los derechos colectivos
según se explicará a continuación.

V.3. Planteamiento del problema jurídico

97. La apoderada judicial de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional solicitó la revocatoria de la sentencia de 28 de enero de 2025 porque el
tribunal de primera instancia no valoró las pruebas que acreditaban la actividad de
la recurrente y, en consecuencia, que demostraban la no transgresión del derecho
colectivo previsto en el literal j) del artículo 4.º de la Ley 472.

98. Fundamentó dicho argumento en que: (i) ha prestado el servicio de salud en
óptimas condiciones; (ii) no se valoró la totalidad de las pruebas, sobre todo el acta
de visita de inspección realizada por el departamento del Quindío, el 13 de
septiembre de 2024, por meras formalidades; y (iii) ha adelantado una serie de
medidas que tendrían como superadas las órdenes de la sentencia.

99. Para resolver estos reparos, la Sala estudiará: (i) la viabilidad de estudio de las
pruebas allegadas al plenario en aras de determinar si el tribunal acertó o no al
tenerlas como no presentadas; (ii) la vulneración o amenaza del derecho colectivo
previsto en el literal j) del artículo 4.º de la Ley 472, por cuenta de las situaciones

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fácticas descritas por los demandantes; y (iii) si lo acreditado en el plenario permite
dilucidar que se haya logrado el cumplimiento de las órdenes impartidas en
sentencia de primera instancia.

V.3.1. La presentación de documentos dentro de la oportunidad probatoria

100. La apoderada judicial de la Nación - Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional argumentó que debía primar el fondo sobre la forma respecto a quien
aportó el “acta de visita de inspección, vigilancia y control de la calidad en la
prestación de servicios de salud”, razón por la cual dicha información se debió tener
en cuenta al analizar el material probatorio para tomar la decisión de primera
instancia.

101. Al respecto, la entidad apelante señaló, en el escrito del recurso, lo siguiente:

“[…] [En la prueba de oficio se dispuso que también la Secretaría de Salud del Quindío
realizara auditoría, la cual se realizó el 13 de [s]eptiembre de 2024 y se denominó como
‘ACTA DE VISITA DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LA CALIDAD EN
LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD’ siendo descartado por el A quo al
considerar que debió aportarlo el Departamento del Quindío y por ello no se tendría en
cuenta (página 21 de la sentencia), al respecto [el tribunal] señaló:

‘(...) para lo cual decretó como prueba informe técnico-tipo auditoria- a cargo de la
Superintendencia de Salud con apoyo del Departamento del Quindío, no obstante,
quien lo realizó y lo allegó en la oportunidad procesal correspondiente, fue la primera
entidad mencionada, del cual se corrió traslado a las partes. Aclara de una vez la
Corporación que la apoderada judicial de la Policía Nacional aportó con otros
informes después del decreto de pruebas ‘Acta de visita de inspección, vigilancia y
control de la calidad en la prestación de servicios de salud’ elaborado por el
Departamento del Quindío, sin embargo, el mismo nunca fue aportado por dicha
entidad -que es una de las demandadas- en la oportunidad procesal
correspondiente, por lo cual el mismo no se tendrá en cuenta (...) Cursiva fuera del
texto […]”.

102. Ahora bien, esta Corporación42 ha reiterado que, en esta acción, la prueba de
los supuestos de hecho a través de los cuales se asegura la vulneración de los
derechos colectivos corresponde al accionante, quien, si bien puede ser auxiliado
por el juez en esta tarea, no se ve relevado totalmente de esa carga, como
expresamente lo estableció el artículo 30 de la Ley 472 de 1998.

103. En razón de lo anterior, al revisar el trámite surtido por el tribunal, se encuentra
que el magistrado ponente consideró necesario el decreto de pruebas de oficio para
esclarecer las circunstancias de hecho; por lo tanto, profirió el auto de pruebas de
8 de agosto de 202443 en el cual resolvió:

“[…] 4.1. DOCUMENTAL.

Por resultar necesaria, conducente, pertinente y útil se ordena oficiar:

1. A la Policía Nacional - DEQUI para que en el término de cinco (05) días siguientes a
la notificación por estado de este auto, remita un listado actualizado del número de

42
Consejo de Estado, Sección Tercera, radicación: 080012331000200301630-01(AP), C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
Sentencia de 17 de mayo de 2007.
43
Ibidem, índice 141, documento denominado “243Auto de prueba_020220011200Autodecr(.pdf) NroActua 141”.

26

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afiliados al sistema en Salud del Departamento del Quindío y del Norte del Valle, con
copia a la Superintendencia de Salud.

2. A la Policía Nacional - DEQUI para que en el término de cinco (05) días siguientes a
la notificación por estado de este auto, remita de manera organizada el número total de
contratos de salud vigentes, discriminados por especialidad o servicio.

Al respecto, deberá la Policía Nacional realizar un cuadro relacionando los contratos de
salud en orden descendente discriminando el objeto contractual, la durabilidad del mismo
y si esta por vencerse señalar si ya se está adelantando o ya culminó una nueva
contratación, además de anexar los respectivos contratos. Dicha información deberá
remitirla al Despacho con copia a la Superintendencia de Salud.

3. A la Policía Nacional - DEQUI para que informe en qué IPS se atienden las urgencias
médicas y para el caso del Departamento del Quindío y algunos municipios del Norte del
Valle que requieran un ente hospitalario de categoría superior al nivel III qué
procedimiento se adelanta o dónde son remitidos los pacientes, y en qué tiempo.

4. A la Policía Nacional -DEQUI para que informe respecto al servicio de farmacia en
el evento de no existir inventario respecto de un medicamento en el Departamento del
Quindío, cuál es el manejo y el tiempo de respuesta para dar solución al usuario de salud.

Se conmina a la apoderada judicial de la Policía Nacional, en virtud a la cercanía con el
material probatorio a colaborar en la gestión de la información que aquí se solicita (art.
167 del CGP)

5. Al Departamento del Quindío – Secretaría de Salud para que informe en el término
de cinco (05) días qué servicios de salud tiene habilitados la Policía Nacional – Dequi
para el Departamento del Quindío.

6. Al Departamento del Quindío – Secretaría de Salud para que informe si bajo su
función de inspección, vigilancia y control ha adelantado quejas de los usuarios del
servicio de Salud de la Policía Nacional, además de haber adelantado algún tipo de
trámite administrativo entre los años 2023 y 2024 en su contra.

Se conmina a la apoderada judicial del Departamento del Quindío, en virtud a la cercanía
con el material probatorio a colaborar en la gestión de la información que aquí se solicita
(art. 167 del CGP).

4.2. INFORME TÉCNICO.

Por ser necesario, pertinente y útil, en los términos del artículo 32 de Ley 472 de 1998,
se decreta como prueba un informe técnico44. En tal virtud se ordena a la
Superintendencia de Salud y a la Secretaría de Salud del Departamento del Quindío
rendir de manera coordinada y en todo caso a través de la primera entidad un informe
que consulte los principios establecidos en el art. 6° de la Ley 1751 de 2015 en especial
el de oportunidad y calidad en el cual se establezca, lo siguiente:

1. Verificar y establecer si la red de IPS contratadas (red externa) por la Policía Nacional
– DEQUI resulta ser suficiente de cara al número de afiliados al Sistema de Salud para
el Departamento del Quindío y algunos municipios del Norte del Valle.

Al respecto, deberá desagregar la información por servicios o especialidad a fin de
determinar si la contratación realizada cumple o no con los parámetros necesarios para
atender la población en salud afiliada en este Departamento, deberá emitir un concepto
completo (tipo auditoria) sobre la red de servicios de salud de la Policía Nacional -

44
De conformidad con el artículo 28 inciso 3 de la Ley 472 de 1998, el juez podrá “ordenar a las entidades públicas y a sus
empleados rendir conceptos a manera de peritos, o aportar documentos u otros informes que puedan tener valor probatorio…
las órdenes deberán cumplirse en el estricto término definido por el juez”.

27

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DEQUI que permita determinar si lo existente es suficiente o si se hace necesario
aprovisionar los servicios de salud contratados.

2. Verificar y establecer si el número de profesionales en salud (médicos, jefes de
enfermeras, auxiliares de enfermería, odontólogos, auxiliar en odontología,
bacteriólogos y asistentes de laboratorios – red interna) son suficientes para atender la
población en salud del Departamento del Quindío y algunos municipios del Norte del
Valle, además de indicar en caso de ser insuficiente cuál sería el porcentaje idóneo o
mínimo que deb[erí]a tener.

3. Verificar y establecer si las citas por medicina general y especialistas son asignadas
de manera pronta, bajo el principio de oportunidad.

4. Verificar el número de sitios habilitados para atender el servicio de odontología y
establecer si el mismo resulta ser suficiente.

5. Verificar el número de sitios habilitados para la atención por el servicio de laboratorio
y establecer si el mismo resulta ser suficiente.

6. Verificar de acuerdo a los servicios autorizados por parte de la Secretaría de Salud
del Departamento del Quindío a la Policía Nacional -DEQUI si los mismos se prestan en
condiciones de calidad y oportunidad. En caso negativo deberá especificar las
condiciones en que el servicio debería prestarse y de qué manera se podría superar la
situación.

7. Verificar si el servicio contratado de Farmacia ha sido de manera permanente e
ininterrumpida.

8. Verificar si el servicio de Psicología se presta de manera permanente, y si el mismo
es suficiente frente a la población que habitualmente demanda del servicio. En caso
negativo informar de qué manera y con qué número de profesionales se supera dicha
situación

La carga del recaudo de la prueba se impone a la Superintendencia de Salud y al
Departamento del Quindío - Secretaría de Salud quienes deberán coordinar la
elaboración de un único informe técnico y deberán prestarse colaboración mutua
para la elaboración del mismo. Se advierte que la Policía Nacional deberá estar
presta a brindar la información y todo aquello que dichas entidades requieran para
la elaboración del informe […]” (Negrilla de texto original).

104. En cumplimiento a lo ordenado, por un lado, la Policía Nacional remitió la
información solicitada y, por otro, la Superintendencia Nacional de Salud solicitó una
prórroga para unificar los múltiples documentos en los que había presentado el
informe.

105. Con relación a ello, el artículo 28 de la Ley 472 de 1998 establece que “[…] el
juez decretará, previo análisis de conducencia, pertinente y eficacia, las pruebas
solicitará y las que de oficio estime pertinente, señalando día y hora para su
práctica, dentro del término de veinte (20) días prorrogables por veinte (20)
días más si la complejidad del proceso lo requiere. […] También podrá el juez
ordenar a las entidades públicas y a sus empleados rendir conceptos a manera de
peritos, o aportar documentos u otros informes que puedan tener valor probatorio.
Así mismo, podrá requerir de los particulares certificaciones, informaciones,
exámenes o conceptos. En uno u otro caso las órdenes deberán cumplirse en
el estricto término definido por el juez […]” (Negrilla fuera de texto).

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106. Así, el magistrado45 prorrogó por quince días el plazo para la práctica de la
prueba debido a que en el recaudo de la prueba la elaboración y recaudo de esta
requiere un trabajo extenso en la recolección de información, análisis de datos y
formulación de conclusiones sumado a que se advirtió un comportamiento activo
por parte de la entidad demandada. En esa misma providencia se requirió al
departamento del Quindío para que aportara los soportes de las quejas de los
usuarios y las decisiones adoptadas por la secretaría de salud.

107. Por lo anterior, dentro del término establecido, el departamento del Quindío
allegó el memorial de 29 de octubre de 2024 que contenía la información de las
PQRD recibidas en vigencia 2023 junto con el “informe final inspección vigilancia y
control de calidad en la prestación de servicios de salud” realizado a las
instalaciones de Sanidad de la Policía Nacional, el cual recoge toda la información
plasmada en el archivo titulado “acta de visita de inspección, vigilancia y control de
la calidad en la prestación de servicios de salud”, mencionado por la Policía
Nacional en el recurso de apelación.

108. Para resolver el planteamiento, la Sala destaca que en la sentencia de primera
instancia sí se incluyó esa prueba en el recuento de elementos probatorios, pero no
se tomó como “acta” sino como el informe final que tuvo como insumo el acta
mencionada; así, la Sala señala que la Superintendencia Nacional de Salud no fue
la única que había aportado el informe técnico por cuanto, como evidencia la
constancia al despacho suscrita por la secretaria general el 8 de noviembre de 2024,
el departamento del Quindío allegó, en tiempo, el informe técnico denominado
“informe final inspección vigilancia y control de calidad en la prestación de servicios
de salud” que será valorado con posterioridad en esta sentencia.

V.3.2. Análisis del caso concreto

109. La apoderada judicial de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional indicó en su recurso de apelación que no se había realizado una debida
valoración probatoria de los elementos que se habían aportado al proceso, los
cuales demostraban que no había vulneración de derechos e intereses colectivos.
Asimismo, insistió en que no se tuvo en cuenta que habían adelantado una serie de
actividades que daban cumplimiento a las órdenes de la sentencia y que los
problemas expuestos en las acciones de tutela ya se encontraban superados.

110. En ese sentido, es pertinente anotar que se estudiará si los elementos
probatorios aportados evidencian que no se incurrió en amenaza o vulneración de
derechos colectivos y, adicionalmente, si la problemática señalada en este caso se
encuentra resuelta con las actividades que se han adelantado por parte de la Nación
• Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional, en los siguientes términos:

111. La Constitución Política en su artículo 49 estableció el derecho a la salud,
determinando que es un servicio público esencial a cargo del Estado, que debe ser
prestado con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en
los términos que establezca la ley, que para este caso fue regulado en la Ley

45
Mediante auto de 9 de octubre de 2024.

29

Radicación: 63001-23-33-000-2022-00112-01
Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

Estatutaria núm. 1751 de 16 de febrero de 201546 en la cual se determinó su
naturaleza y alcance, la obligación del Estado de respetar, proteger y garantizar el
goce efectivo del derecho y la garantía de los principios de accesibilidad,
disponibilidad, continuidad, oportunidad, sostenibilidad y eficacia.

112. A su vez, el artículo 279 de la Ley 100 de 1993 excluyó del Sistema Integral
de Seguridad Social, entre otros, al Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de
la Policía Nacional, los cuales a pesar de contar con un régimen especial debe
ceñirse a los postulados y principios desarrollados en la Ley 1751 de 2015.

113. Por su parte, el Decreto núm. 1795 de 2000 estructuró el Sistema de Salud
en las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, estableciendo la composición del
Sistema por: el Ministerio de Defensa Nacional, el Consejo Superior de Salud de las
Fuerzas Militares y de la Policía Nacional (CSSMP), el Subsistema de Salud de las
Fuerzas Militares (SSFM), el Subsistema de Salud de la Policía Nacional (SSPN), y
los afiliados y beneficiarios del Sistema. Asimismo, se determinó como
características del sistema la calidad, eficiencia, universalidad y protección integral.

114. Para dar solución al planteamiento se evaluarán las pruebas aportadas,
destacando, en primer lugar, que el jefe de la Unidad Prestadora de Salud del
Quindío de la Policía Nacional allegó oficio UPRES-GUMEL-1.10 de 16 de agosto
de 2024, mediante el cual señaló que el listado actualizado del número de afiliados
al sistema en salud de los departamentos del Quindío y norte del Valle del Cauca
es el siguiente:

46
“[…] Por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la salud y se dictan otras disposiciones […]”.

30

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Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

115. En el mismo memorial agregó, respecto al punto 2, sobre “[…] el número total
de contratos de salud vigentes, discriminados por especialidad o servicio […]”, que
se habían suscrito 83 contratos en el año 2024 relacionados con prestación de
servicios en salud que habían perdido vigencia o estaban próximos a finalizar. Y,
respecto al punto 3, sobre las instituciones prestadoras de servicios que atienden
urgencias médicas en los municipios objeto de la presente acción popular, mencionó
un listado que contiene diez (10) establecimientos de primer nivel, dos (2) de
segundo nivel y uno (1) de tercer nivel a donde acuden todos los usuarios de dichos
municipios, destacando que la distancia hasta el hospital oscila entre 12 a 75
minutos de recorrido, dependiendo el punto de inicio.

116. En el punto 4, sobre la información de cuál era el manejo y tiempo de respuesta
para dar solución a los usuarios con solicitudes de medicamentos, se señaló que,
según el Acuerdo 080 de 27 de mayo de 202347, la Policía Nacional da cumplimiento
al Manual de Gestión Farmacéutica del Subsistema de Salud de la Policía Nacional,
el cual establece que “[u]na vez radicada la fórmula en farmacia, y cumpliendo los
requisitos para ser dispensada, el proveedor deberá garantizar la entrega oportuna
de los medicamentos formulados. Sin embargo, para los medicamentos pendientes
no suministrados de manera inmediata y que estén incluidos en el vademécum
deberá garantizar su entrega en el domicilio del afiliado dentro de las 48 horas
siguientes, salvo si ésta es de extrema urgencia. Condición particularmente exigida
para las personas mayores de 62 años”.

117. Sobre el mismo punto indicó que cuando hay desabastecimiento se notifica
la novedad ante la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, la cual verifica con
el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (INVIMA) y, dado
el caso, se indica al cuerpo médico para evaluar la pertinencia de elegir otra
alternativa farmacoterapéutica al paciente.

118. En segundo lugar, se recibió respuesta del departamento del Quindío, el
21 de agosto de 202448, advirtiendo que los servicios de salud corresponden a lo
dispuesto en el artículo 2 de la Resolución 3100 de 2019 como instituciones
prestadoras de servicios de salud, servicios de transporte especial de pacientes o
profesionales independientes de salud y que, respecto al punto 6 del auto de
pruebas, en la vigencia 2023 ha recibido un total de 4 PQRS, las cuales fueron
resueltas por parte del equipo encargado, y en la vigencia 2024 no hay registro de
ningún proceso administrativo en el área jurídica en contra de la Policía Nacional.

119. La misma providencia que dio apertura a la etapa probatoria ordenó la
realización de un informe técnico, a cargo de la Superintendencia Nacional de
Salud y la secretaría de salud del departamento del Quindío, en el cual se pudiera
establecer: (i) si la red externa resultaba suficiente o no para los municipios objeto
de la presente acción popular; (ii) si los profesionales en salud (red interna) son
suficientes o no para atender la población; (iii) si las citas médicas son asignadas
prontamente; (iv) si son suficientes los lugares habilitados para atención

47
“Por el cual se dictan políticas y lineamientos generales para la Gestión Farmacéutica y se determina el Manual Único de
Medicamentos y Terapéutica para el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional”.
48
Ibidem, índice 148, documento denominado “257_MemorialWeb_Respuesta-respuestarequerimie(.pdf) NroActua 148 ”.

31

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odontológica y de laboratorio; (v) si el servicio es de calidad o no; y (vi) si los
servicios de psicología y farmacia se prestan de forma permanente.

120. En cumplimiento a lo anterior, la Superintendencia Nacional de Salud
incorporó el informe técnico49 cuyo contenido corresponde a una auditoría realizada
los días 26, 27 y 28 de agosto de 2024 en la Regional 3 de la Unidad de Sanidad
Policial (USP)50. En respuesta a los interrogantes del auto, la entidad auditora
informó lo relacionado a continuación:

121. La plataforma del Fondo de Transferencia de Pacientes (FTP) de la Dirección
de Sanidad arrojó que en la región 3 USP Quindío, a julio de 2024, se contaba con
12.724 afiliados incluyendo los usuarios en condición de titulares, beneficiarios y no
cotizantes, discriminados así:

122. En la base de datos nominal de la entidad se consultó la presencia de múltiples
afiliaciones y se encontró, lo que sería denominado como hallazgo 1, que 109
personas también estaban afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en
Salud y 27 en estado fallecido; por tal razón, se consideró que “[…] la Dirección de
Sanidad de Policía Nacional en Quindío incumple el artículo 2.1.3.14 - Afiliaciones
múltiples del Decreto 780 de 2016 en cuanto ninguna persona podrá estar afiliado
simultáneamente al Sistema General de Seguridad Social en Salud y a un régimen
exceptuado o especial […]”.

123. Allí mismo, la unidad 3 informó que ya había dado inicio con la corrección de su
base de datos respecto a la morbilidad de sus afiliados y a la múltiple afiliación, la
cual debe ser ajustada para garantizar una planeación adecuada de la red y su
suficiencia.

49
Ibidem, índice 157, documento denominado “270_MemorialWeb_Otro-Respuesta202200112(.pdf) NroActua 157”.
50
Esta regional incluye todos los municipios del departamento del Quindío y cuatro municipios del Valle del Cauca.

32

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124. A pesar de los errores advertidos en la caracterización anual de la población,
por los diagnósticos de morbilidad, el proceso para el cálculo de suficiencia de red
se realizó con el reporte de la Dirección de Sanidad para el segundo trimestre de
2024 y se obtuvieron los siguientes datos como hallazgo 2:

i) La Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) -corte junio 2024- reportó que hay
12.724 afiliados, distribuidos en 16 municipios, los cuales registran cobertura de
servicios de baja complejidad para medicina general, odontología y servicios de
promoción y prevención, aunque para el servicio de laboratorio clínico la entidad
registró 0% de cobertura:

ii) En el análisis de los servicios de alta complejidad, si bien en las especialidades
de UCI adultos, neonatal, oncología, hematología oncológica, oncología pediátrica,
quimioterapia, radioterapia, nefrología, diálisis, infectología, reumatología, ortopedia
y/o traumatología hay cobertura, en para los servicios de UCI pediátrica,
inmunología y laboratorio clínico de alta complejidad la entidad registró 0% de
cobertura:

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iii) Para el cálculo de suficiencia de red interna, se analizó que la zona bajo estudio
cuenta con 3 Establecimientos de Sanidad Policial Primario (ESPRI): uno ubicado
en Armenia con 10.054 afiliados y con una serie de servicios en especialidades de
baja y mediana complejidad; otro ubicado en Calarcá con 1.456 afiliados con
servicios de baja complejidad y otro en Sevilla con 981 afiliados también con
servicios de baja complejidad.

iv) De la situación de citas en medicina general se tuvo que “[…] para los meses de
abril, mayo, junio y julio de 2024 la oportunidad de la atención en las citas de
medicina general super[ó] el est[á]ndar normado de 3 días (7.2 a 12.4 días),
situación que identific[ó] la entidad se produjo por: ‘falta de oferta relacionada con
terminación de contratos médicos. Se espera mejorar la oferta en el mes siguiente
con el avance de los procesos contractuales que son la causa de perdida (sic) de
este indicador’ […]”.

v) Respecto a odontología se indicó que “[…] para los meses de marzo, abril, mayo,
junio y julio de 2024 la oportunidad de la atención en las citas de odontología general
supero el estándar normado de 3 días (3.9 a 14.4 días), situación que identific[ó] la
entidad se produjo por: ‘no se logra la meta del indicador, aumenta en relación al
mes anterior por ausencia de un profesional de 6 horas, se baja la oferta de citas’
[…]”. Adicionalmente, en la atención del laboratorio clínico no se indicó cuantos
profesionales de bacteriología y auxiliar se requieren para cubrir las horas día
requeridas y satisfacer la demanda de servicios.

vi) Así, se concluyó que “[…] la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional en la
unidad de Quindío no realizó análisis completo de la suficiencia de red que permita
establecer que los prestadores (ESPRI) ofrecen cobertura a la totalidad de
necesidades y/o demanda de servicios de la población a intervenir de acuerdo a la
caracterización de la población; puesto que no reportó en el ST010 y ST011
cobertura en laboratorio clínico, el cálculo para la consulta de medicina general y
odontología tiene observaciones en los datos presentados, el resultado de los
indicadores de oportunidad determina incumplimiento en la oferta por barreras en la
contratación de los profesionales y adicionalmente, los datos se presentaron
únicamente para la ESPRI Armenia, dejando sin análisis los municipios de Calarcá,
Buena Vista, Córdoba, Génova, Pijao, Caicedonia y Sevilla […]”.

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vii) Respecto a los servicios de mediana y alta complejidad para la ESPRI Armenia,
se informó que “[…] para los servicios de mediana complejidad prestados a través
de la red interna, se concluye que la Dirección de Sanidad […] no realizó análisis
completo de la suficiencia de red que permita establecer que los prestadores
(ESPRI) ofrecen cobertura a las necesidades y/o demanda de servicios de la
población a intervenir según la caracterización de la población; porque para la
especialidad de cirugía general y obstetricia hospitalaria no se presentó análisis de
suficiencia de red […]” (Negrilla fuera de texto).

viii) Y, sobre la suficiencia de red para prestación de servicios de salud de alta
complejidad, la unidad Quindío indicó que esos servicios son contratados a través
de la red externa; sin embargo, “[…] para los procedimientos quirúrgicos, laboratorio
clínico, hospitalización básica, camas de cuidado intensivo, imágenes diagnósticas
y medicamentos no se encuentra análisis de la suficiencia de red para atender las
necesidades de la población afiliada […]”.

ix) Respecto a los medicamentos pendientes se observó que “[…] para el periodo
comprendido del 26 de julio al 26 de agosto de 2024 se registraron 594 usuarios
con medicamentos pendientes así: […] • Armenia: 301 usuarios que registran
mínimo 1 medicamento pendiente. […] • Sevilla: 293 usuarios que registran mínimo
1 medicamento pendiente […]”. Teniendo en cuenta que no se advierte cuál es la
razón de la falta de entrega de los medicamentos, si es por desabastecimiento, falta
de stock en farmacia, insuficiencia del producto, entre otros.

125. Destacó que la Dirección de Sanidad, como hallazgo 3, no entregó los
medicamentos en Armenia y Sevilla dentro de las 48 horas que establece el artículo
131 del Decreto 019 de 2012, por lo que incurrió en incumplimiento.

126. Como hallazgo 4, encontró que no se articula una red de servicios que
garanticen la eficiencia, el acceso efectivo y la garantía de la calidad en la prestación
de los servicios de salud, toda vez que al preguntar por la metodología utilizada para
identificar las necesidades de demanda y oferta de los servicios, la Policía Nacional
le entregó a la Superintendencia un documento en el cual “[…] únicamente se toma
en cuenta el registro de los servicios prestados, no hace parte de este cálculo la
caracterización de la población en pacientes oncológicos, diagnósticos de VIH,
enfermedades huérfanas, hipertensión, diabetes, entre otras y los servicios no
consumidos y/o no atendidos por diferentes causas entre las que se encuentra la
falta de oportunidad […]”, por lo que no es posible establecer que los prestadores
tanto internos como externos ofrezcan cobertura a las necesidades y/o demanda de
servicios según la caracterización de la población.

127. En el hallazgo 5, se estudió el Contrato 86-5-20076-24, suscrito entre Sanidad
de Policía Nacional y ESE Hospital Departamental Universitario de San Juan de
Dios del Quindío, para evaluar si se da cumplimiento a la regulación especial. Este
no incluye en el expediente contractual, indicadores de estructura, proceso o
resultado, ni su respectiva ficha técnica que dé cuenta de la gestión y los resultados
en salud; por lo tanto, esto implica que no acreditó la implementación y seguimiento

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Radicación: 63001-23-33-000-2022-00112-01
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de los indicadores establecidos en los numerales 2 y 3 del artículo 2.5.3.4.3.1 del
Decreto 780 de 2016, sustituido por el artículo 1º del Decreto 441 de 2022.

128. Asimismo, se revisaron los procesos de acciones de tutela en las cuales se
había proferido sentencia desfavorable para la demandada y se encontró que, de
las 39 acciones de tutela con fallo desfavorable, a la fecha de la auditoria, la
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, no había dado cumplimiento a lo
ordenado por los despachos judiciales. Ello predica las deficiencias de control y
seguimiento en la contratación con la red prestadora, lo que derivó en barreras de
acceso a los afiliados y a su vez no se garantizó de forma oportuna y continua, la
prestación de los servicios de salud, generando un riesgo de salud a los usuarios.

129. Del anterior documento, se puede concluir que la Superintendencia analizó los
distintos elementos como redes internas, externas, contratos, entre otros, con
juicioso detalle para finalmente concluir que el sistema presenta falencias en los
municipios objeto de la presente acción popular.

130. Posteriormente, el departamento del Quindío allegó el “INFORME FINAL
INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD EN LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE SALUD”51 de 24 de septiembre de 2024, mediante el cual se
evidenció lo siguiente:

“[…] 3. HALLAZGOS

Con base a los puntos objetos de revisión se evidenció la siguiente información:

1. Se revisó la red externa contratada, se concluye que es suficiente para el número
de afiliados del departamento del Quindío. Revisando el censo poblacional y el censo
hospitalización del día real (13/09/2024). Las especialidades y subespecialidades que
no se encuentran ofertadas en el departamento del Quindío son realizadas en las
otras ciudades de la regional 3 (Valle, Risaralda, Caldas).

Se revisa el informe de servicios por especialidades en donde se evidencia que la
contratación cumple con los parámetros necesarios para la atención de la población
afiliada. Igualmente, se revisa el modelo de cálculo de suficiencia, el historial de
servicios, la justificación y demanda para la contratación de acuerdo a lo establecido
en la [L]ey 80 de 1993 (Estatuto general de contratación pública)

Se revisa la matriz de acción de georreferenciación y la matriz de contratos del talento
humano.

2. Se verifica base de datos de los profesionales de salud de todos los servicios de la
red interna que se complementa con la red externa contratada del Quindío y los
demás departamentos de la Regional 3.

Se revisa la caracterización de la demanda y oferta de servicios de salud (documento
anexo).

Se revisan minutas de los contratos y el seguimiento al cumplimiento con los
parámetros de calidad.

3. Se encuentra que la oportunidad para la cita con medicina general está a 5 días lo
que se encuentra por encima de los 3 días que indica la norma.
51
Ibídem, índice 156, documento denominado “269_MemorialWeb_Respuesta-RESPUESTASOLICITUD(.pdf) NroActua
156”.

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4. Para el servicio de odontología se evidencia que este se presta con un total de 30
horas/día para el municipio de [A]rmenia. (se evidencia con la necesidad de personal
asistencial). De igual manera se tiene contratado como red externa el servicio con la
IPS Orthoconexion: No se encontraron fallas en la oportunidad y calidad en la
prestación del servicio de odontología.

5. Se revisa la red propia de laboratorio y la red contratada, ambos resultan suficiente
para la atención a la población, igualmente, no se evidencias PQRD relacionados con
este servicio[.]

6. Analizando los servicios prestados por la Policía Nacional -DEQUI, se evidencia
que se prestan los servicios con calidad y oportunidad, sin embargo, para el servicio
de medicina general se evidencio que la oportunidad ha bajado gradualmente pero
no se ha llegado a un tiempo de oportunidad óptimo.

7. Para el área farmacia se evidencia:

Dispensación de un promedio de 5400 formulas mensuales, operador logístico Éticos
serrano 3.5% de fórmulas pendientes que son entregadas posteriormente, la mayoría
por desabastecimiento logístico

Existe un antecedente de penalización por no entregas.

La facturación es realizada por evento

Manejan la figura de marcas pactadas y no existe fraccionamiento...

Los tiempos de atención están entre 20-30minutos
El servicio farmacéutico que realiza la entrega presenta 96% en el concepto dado por
la secretaria de salud Departamental.

Según la información evidenciada y analizada, no se encontraron anomalías ni
barreras en la oportunidad en el servicio de farmacia.

8. El servicio de psicología se presta de manera permanente se solicitan los contratos
de los profesionales que desempeñan esta labor durante el año 2024, evidenciando
que se cuenta con 3 profesionales que prestan servicios asistenciales en la institución
de los cuales 2 se emplean por 6 horas diarias cada y uno, y el otro por 8 horas, así
mismo, para observar la suficiencia frente a la población que habitualmente demanda
el servicio se solicita el número de horas de atención por cada psicólogo en el día (Se
anexa documento de soporte). Queda como compromiso la entrega la base de
oportunidad de psicología la cual se envía desde la central de Bogotá ya que en el
momento de la visita no se presenta en la sede, de igual manera la macro agenda
con las horas asignadas a cada uno de los profesionales. Es preciso anotar que en
este servicio también se observan Historias clínicas de pacientes aleatorios tanto de
programas de rutas de atención, como de atención clínica psicológica sin encontrar
en el momento de la visita barreras en la oportunidad, la encargada finalmente se
audita el sistema de PQRD para observar si existen procesos relacionados con la
asignación continuidad y calidad de la atención, sin hallazgos en el mismo.

[…]

5. CONCLUSIONES

1. En relación con la accesibilidad, oportunidad, pertinencia, continuidad y seguridad
en la atención integral al usuario, se ha revisado la red externa contratada y se
concluye que esta es suficiente para el número de afiliados del departamento del
Quindío, de acuerdo con el censo poblacional y el censo de hospitalización del día 13
de septiembre de 2024. Es importante destacar que, aunque algunas especialidades

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Radicación: 63001-23-33-000-2022-00112-01
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y subespecialidades no se encuentran ofertadas dentro del departamento del
Quindío, estas son cubiertas de manera oportuna y segura en otras ciudades de la
regional 3 (Valle, Risaralda y Caldas). Por lo tanto, se garantiza que la atención
integral al usuario se mantiene dentro de los estándares requeridos en cuanto a
continuidad y pertinencia, cumpliendo con los criterios de accesibilidad y seguridad
establecidos. En resumen, el sistema de atención de implementación en la región
muestra eficiencia y cobertura adecuada, asegurando que las necesidades de salud
de los afiliados del Quindío sean atendidas de forma integral dentro de la red regional.

2. Tras revisar la caracterización de la demanda y oferta de servicios de salud, así
como las minutas de los contratos y el seguimiento del cumplimiento de los
parámetros de calidad, se concluye lo siguiente: Accesibilidad y Oportunidad, la red
interna en combinación con la red extrema contratada garantiza una accesibilidad
adecuada para los usuarios, brindando servicios oportunos. El acceso a las
especialidades que no están disponibles en Quindío es cubierto de manera eficiente
por los departamentos de la Regional 3 (Valle, Risaralda y Caldas), asegurando la
continuidad de la atención.

3. Se encuentra que la oportunidad para la cita con medicina general está a 5 días lo
que está por encima de la normatividad vigente.

4. El servicio de odontología es accesible a los usuarios con una cobertura de 30
horas diarias, lo cual cubre adecuadamente la demanda del municipio.

5. La revisión de la red propia de laboratorio y la red contratada en el municipio de
Armenia concluye lo siguiente: Suficiencia del servicio, tanto la red propia de
laboratorio como la red contratada son suficientes para atender adecuadamente a la
población, cubriendo las necesidades en cuanto a capacidad y disponibilidad del
servicio.

6. En relación con los servicios prestados por la Policía Nacional-DEQUI, se concluye
la Calidad y Oportunidad y en general, los servicios prestados se realizan con un buen
nivel de calidad y dentro de un marco de oportunidad razonable para la atención de
los usuarios.

7. Respecto al área de farmacia se concluye que en el volumen de dispensación se
dispensan aproximadamente. 5,400 fórmulas mensuales, lo que refleja-un alto nivel
de actividad en el servicio, gestionado por el operador logístico Éticos Serrano.

8. Respecto al área de psicología es de disponibilidad permanente: El servicio de
psicología según lo evidenciado en los contratos y las historias clínicas se presta de
manera continua, garantizando atención permanente a los usuarios durante el año
2024, sin embargo[,] se hace necesario observar el análisis de oportunidad que no se
reporta, y completar el estudio de suficiencia en lo referido al origen de la información
[…]”.

131. Con posterioridad, la Policía Nacional aportó memorial de 18 de noviembre
de 2024, dando respuesta a lo presentado en el informe de auditoría conforme a lo
señalado en oficio GS-2024-075082/DISANARASI 29.25, en donde indicó que la
modificación en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) está a cargo de la
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(ADRES) y son ellos quienes deben retirar los fallecidos o modificar el sistema
respecto a quienes estén en multiafiliación.

132. Allí mismo señaló que el subsistema de salud y la Dirección de Sanidad de
la Policía Nacional está sujeta a un régimen especial normativo con fundamento en
el acuerdo 070 de 2019, la Resolución 1552 de 2013 y la Resolución 256 de 2016;

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estas disposiciones regulan los contratos suscritos por la Dirección de Sanidad, por
lo tanto, en los contratos que evaluaron de muestra en la auditoría de la
Superintendencia de Salud se encuentran los respectivos indicadores de calidad.

133. De lo mencionado anteriormente, la Sala considera que, si bien se encuentra
un listado de contratos aportados por la Policía Nacional, aquellos corresponden a
vigencias 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022; aun cuando en los informes aportados
por la Superintendencia de salud y el departamento del Quindío se mencionó la
prestación de servicios médicos en el año 2024, a la fecha no hay prueba que
demuestre la vigencia de contratos suficientes para garantizar la continuidad y
permanencia en la prestación del servicio de salud en las distintas especialidades
con la capacidad de cobertura apropiada que responda a las necesidades de los
afiliados.

134. Asimismo, se considera que lo manifestado en el informe del departamento
del Quindío no desvirtúa las falencias del subsistema de salud a cargo de la Policía
Nacional, la Sala evidencia que, si bien considera que la red externa contratada es
suficiente para el número de afiliados de la fecha de la visita, es necesario que se
revise si con las modificaciones en el censo sigue siendo suficiente. Asimismo, en
el documento se advierte que el agendamiento de citas médicas es demorado, que
la entrega de medicamentos es tardía e incluso que hay un antecedente de
penalización por no entregas.

135. En ese sentido, el informe del departamento no es contrario al allegado por
la Superintendencia Nacional de Salud, por el contrario demuestra la ocurrencia de
algunas falencias señaladas por la superintendencia, la cual realizó tabulaciones
claras con la información aportada, mencionó los datos obtenidos de las
comparaciones entre los niveles de complejidad del servicio de salud, entre otras,
lo cual permite un análisis completo.

136. Frente a lo mencionado en el recurso de apelación sobre el inciso 2 del
numeral 17 de la parte resolutiva de la sentencia, cuando se señala que “[…] la
orden judicial se encuentra emitida de forma generalizada sin considerar diferentes
circunstancias fácticas de imposibilidad como sería la declaratoria de desierta de
los procesos contractuales […]”, la Sala destaca la importancia de establecer una
estructura y planeación suficientes donde se aborden estos escenarios
inesperados, lo cual está incluido en el numeral 10 cuando señala que se debe hacer
un seguimiento a los contratos y acuerdos de voluntades de acuerdo con la
regulación vigente.

137. Se aclara que las acciones adelantadas son un progreso en el sistema de
salud y no se desconoce que la entidad a cargo de la prestación del servicio ha
procurado cierta mejoría; sin embargo, con lo probado en este proceso no se ha
logrado demostrar la superación de la afectación al derecho e interés colectivo
incoado.

138. Asimismo, la Sala comparte el criterio del tribunal al considerar relevante la
participación de la Superintendencia de Salud, en ejercicio de sus funciones de

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inspeccionar, vigilar y controlar a las entidades que presten el servicio de salud, en
gestiones de apoyo y verificación de lo adelantado por la Nación – Ministerio de
Defensa – Policía Nacional para que se logre la aplicación de los principios de
calidad, continuidad y permanencia en la prestación del servicio público de salud,
ello en virtud del artículo 121 de la Ley 1438 de 19 de enero de 201152 que estableció
como sujetos supeditados a inspección, vigilancia y control “[…] las entidades
pertenecientes al régimen de excepción de salud […]”, como lo es el Subsistema de
la Policía Nacional.

V.3.3. En relación con el término para el cumplimiento de las órdenes

139. En memorial allegado por la Policía Nacional, el 29 de mayo de 202553, se indicó
que los términos establecidos en las órdenes no son adecuados de acuerdo con la
regulación de contratación pública, solicitando su ampliación. Respecto a ello, la
Sala indica que esta solicitud no fue presentada en la oportunidad correspondiente
para interponer el recurso de apelación y constituye un argumento nuevo planteado
en el escrito de alegatos.

140. Esta Sección54 en diversas oportunidades ha considerado que “[…] el juez de la
segunda instancia está sujeto, al decidir la apelación, a los planteamientos
expuestos en el recurso de alzada sin que esté facultado para pronunciarse sobre
aspectos o puntos de la sentencia de primera instancia que no fueron objeto de
impugnación […]” porque ello constituiría vulneración del principio de congruencia
y, en consecuencia, de los derechos del debido proceso, contradicción y de defensa
de la parte que resulte afectada.

141. No obstante lo anterior, se considera que la contratación en la sanidad militar
se rige principalmente por el Estatuto General de Contratación de la Administración
Pública y por normas especiales como el Decreto 1795 de 2000 y la Ley 352 de
1997 que establecen el Sistema de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía
Nacional (SSMP) las cuales determinan el marco para la contratación de servicios
de salud, la gestión de recursos y la atención a afiliados y beneficiarios del sistema.

142. Así que, los principios reguladores entre dichas disposiciones normativas no
son contrarios sino complementarios, si bien debe haber una preparación y
planeación para la suscripción de contratos, como se ha señalado previamente,
también se debe organizar una estructura en los subsistemas de salud que prevea
los rangos de tiempo y las posibles vicisitudes que puedan surgir en la contratación,
para así garantizar la protección a los derechos e intereses colectivos con el
cumplimiento de las órdenes impartidas en esta sentencia.

143. Por esa razón, la Sala recuerda que en caso de que durante el desarrollo del
cumplimiento de las órdenes impartidas surjan obstáculos que hagan necesario
prorrogar los plazos establecidos, se podrá acudir ante el Comité de Verificación de

52
“[…] Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones […]”.
53
Cfr., índice 21, expediente digital Consejo de Estado, documento denominado “20_MemorialWeb_Alegatos-
TRASLADORECURSOCON(.pdf) NroActua 21”.
54 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo: Sentencia de 7 de mayo de 2015, Expediente: 2005-00270 y

Sentencia de 8 de junio de 2016, Expediente 2006-00234, C.P. María Claudia Rojas Lasso.

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Radicación: 63001-23-33-000-2022-00112-01
Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

Cumplimiento para solicitar la ampliación de los términos, previa justificación técnica
y administrativa.

144. De ese modo, la Sala no accederá a la solicitud de revocar la sentencia
apelada por cuanto considera que hay suficiente evidencia de las falencias
existentes en el subsistema de salud de la Policía Nacional y, en ese sentido,
mantendrá las obligaciones impartidas, en caso de que no se hayan hecho, en
concreta coordinación con la Policía Nacional.

145. Teniendo en cuenta lo mencionado, la Sala modificará el ordinal tercero de
la parte resolutiva de la sentencia de 28 de enero de 2025, proferida por la Sala
Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío; en el sentido de precisar
que se trata de dos actores populares quienes deben hacer parte del comité de
verificación y determinar que se deben allegar informes trimestrales de los avances
en el cumplimiento de esta sentencia desde la ejecutoria de esta hasta que se haya
logrado el cometido de superar la afectación al derecho e interés colectivo.

146. Asimismo, se adicionará el respectivo ordinal en el sentido de indicar que si
durante la ejecución de la sentencia se observa que razonablemente es necesario
otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas, el Tribunal Administrativo del
Quindío, en el marco del Comité de Verificación, podrá adoptar las decisiones que
considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo que incluye todas las
órdenes de la sentencia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

147. Respecto a la solicitud de apertura de un incidente de desacato por la falta
de cumplimiento de la sentencia proferida en primera instancia55, la Sala destaca lo
establecido en el artículo 41 de la Ley 472 cuando señala que “[…] [l]a sanción [por
el incumplimiento de una orden judicial] será impuesta por la misma autoridad que
profirió la orden judicial, mediante trámite incidental […]”. Por lo mencionado, se
remitirá el escrito correspondiente, para lo cual se dispondrá la devolución del
expediente de la referencia al Tribunal Administrativo del Quindío.

148. Por último, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 y 365 del
Código General del Proceso y conforme el criterio sostenido por la Sala Especial de
Decisión núm. 27 en providencia del 6 de agosto de 2019 56, no se condenará en
costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR, el ordinal tercero de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 28 de enero de 2025 por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal

55
Cfr. Índice 5 expediente digital Consejo de Estado.
56
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia de Unificación de
6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.

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Demandantes: Carlos Arturo López Ríos y otro

Administrativo del Quindío, por las razones expuestas en la parte considerativa de
esta providencia, el cual quedará así:

“[…] TERCERO: ORDENAR, para la vigilancia y cumplimiento de las órdenes dadas
en esta providencia y de conformidad con el art. 34 de la Ley 472 de 1998, la
conformación de un Comité de verificación de cumplimiento, el cual estará integrado
por el Magistrado Ponente -quien lo presidirá-, un representante de la Policía
Nacional, un representante de la Superintendencia de Salud, los actores populares y
el representante del Ministerio Público, el cual rendirá informes trimestrales desde la
ejecutoria de la sentencia ante esta autoridad judicial

En el evento que durante la ejecución de la sentencia se observe que
razonablemente es necesario otorgar un plazo adicional a las autoridades obligadas,
el Tribunal Administrativo del Quindío, en el marco del Comité de Verificación, podrá
adoptar las decisiones que considere necesarias para garantizar su cumplimiento, lo
que incluye todas las órdenes de la sentencia […]”.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás, la sentencia de 28 de enero de 2025,
proferida por la Sala Cuarta de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, por
las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

CUARTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

QUINTO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen una vez ejecutoriada esta
providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA
Consejera de Estado Consejero de Estado
Presidenta
Salva voto

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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