Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2019-00815-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 08001-23-33-000-2019-00815-01
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 08001-23-33-000-2019-00815-01
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
26 de octubre de 2023
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00815-01 [27748]
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá, D.C., veintiséis (26) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2019-00815-01 [27748]
Demandante: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A.
(SPRB)
Demandado: DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA
Temas: Impuesto predial año 2018. Bienes de uso público y bienes fiscales.
Sujeción pasiva
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante1 contra la
sentencia del 24 de junio de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
por medio de la cual se negaron las pretensiones de la demanda, sin imponer condena
en costas2.
ANTECEDENTES
La Superintendencia General de Puertos y la Sociedad Portuaria Regional de
Barranquilla S.A. (en adelante, SPRB, la sociedad o la compañía), suscribieron el
contrato de concesión nro. 008 de 1993 para la construcción y puesta en funcionamiento
de un puerto de servicio público habilitado para el comercio exterior y prestación de
servicios a toda clase de carga, ubicado en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla. La concesión se otorgó con el derecho para el concesionario de ocupar y
utilizar en forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas
accesorias en un área específica3.
Mediante la Liquidación Oficial nro. 0118546595 de 2018, la Secretaría Distrital de
Hacienda – Gerencia de Gestión de Ingresos de Barranquilla determinó a cargo de la
sociedad el impuesto predial unificado respecto del bien identificado con la referencia
catastral 01-02-00-00-0244-0003-0-00-00-0000 (entregado en concesión) en cuantía de
$3.804.376.000 por la vigencia 20184.
1
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_RECURSODE_014PARTEDTEAPELA(.pdf)».
2
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_SENTENCIA_013FALLO201900(.pdf)».
3
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_ANEXOSDEM_002ANEXOSFL21(.pdf)». Págs. 131 a 211.
4
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_RESPUESTA_0052LIQUIDACIONO(.pdf)».
1
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Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.
El 18 de junio de 2018, la SPRB interpuso recurso de reconsideración contra el anterior
acto, el cual fue decidido por la citada dependencia el 20 de agosto de 2019 mediante
la Resolución nro. GGI-DT-RS-195-2019, en el sentido de confirmarlo5.
El valor del impuesto predial unificado liquidado se pagó en 7 cuotas sufragadas entre
el 3 de julio de 2018 y el 27 de diciembre del mismo año.
DEMANDA
La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (en adelante, CPACA),
formuló las siguientes pretensiones6:
«1.- Que se declare la nulidad de los actos administrativos contenidos en la LIQUIDACIÓN Oficial-
Factura No. 118546595 de 2018 de la Gerencia de Gestión de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda Distrital de Barranquilla y el Recibo Oficial de Pago No. 2153837 de 2018, junto con la
Resolución No. GGI-DT-RS-195-2019 del 20 de agosto de 2019 “Por medio de la cual se resuelve
un Recurso de Reconsideración”, la cual fue expedida por la Gerencia de Gestión de Ingresos de
la Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla.
2.- Que como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los actos que se demandan y a título
de restablecimiento del derecho se declare que la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE
BARRANQUILLA S.A. no es la responsable del pago del impuesto predial que recae sobre el
inmueble con referencia catastral 01-02-0244-0003-000 y folio de matrícula inmobiliaria 040-71229
de propiedad del INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS para la vigencia fiscal año 2018 y
consecuentemente se ordene el reintegro de las sumas indebidamente pagadas por el cobro que
se le hizo».
Invocó como disposiciones violadas, las siguientes7:
• Artículos 6, 29 y 90 de la Constitución Política (CP)
• Artículo 177 de la Ley 1607 de 2012
• Leyes 14 de 1983, 44 de 1990 y 1 de 1991
• Decretos 1301 de 1940, 3496 de 1983 y 2113 de 1992
Como concepto de la violación, expuso8:
Violación de normas de orden constitucional y legal
Como se advirtió desde el recurso de reconsideración interpuesto contra el acto de
liquidación, el ente territorial vulneró el debido proceso y el derecho de defensa por no
atender la remisión al Estatuto Tributario del orden nacional, prevista en el artículo 121
del Estatuto Tributario Distrital de Barranquilla.
Ausencia de acto previo al que liquida oficialmente el impuesto
5
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_ANEXOSDEM_002ANEXOSFL21(.pdf)». Págs. 75 a 97 y 15 a 71.
6
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_DEMANDA_DEMANDA(.zip)». Pág. 3.
7
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_DEMANDA_DEMANDA(.zip)». Pág. 15.
8
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_DEMANDA_DEMANDA(.zip)». Págs. 15 a 35.
2
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Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.
En la sede administrativa no se expidió un acto previo (de trámite) que le concediera a
la sociedad la oportunidad para controvertir el impuesto predial del año 2018, liquidado
sobre el inmueble entregado en concesión.
La Gerencia de Ingresos de la Secretaría de Hacienda Distrital de Barranquilla no es
autoridad catastral y, por ende, no puede determinar los elementos físicos, jurídicos y
económicos de los inmuebles.
En el caso particular no hay prueba del procedimiento de actualización de la formación
catastral por parte de la autoridad competente, en el que se haya establecido que la
SPRB es la propietaria o poseedora del bien inmueble objeto del tributo, y no el Instituto
Nacional de Vías (en adelante, INVIAS), y en el que se hubiere fijado el valor catastral
del bien.
Como no se adelantó el trámite previo para determinar el nuevo sujeto pasivo del
impuesto predial, los actos acusados son nulos.
En el trámite del recurso de reconsideración se practicaron algunas pruebas
decretadas por la entidad, de las cuales no se dio traslado al recurrente
Con posterioridad a la práctica de las pruebas la contribuyente presentó un escrito en
el que hizo referencia a los siguientes argumentos:
La titularidad del contrato de concesión, las áreas que conforman el bien de uso público
cedido, los bienes fiscales que fueron de propiedad de la extinta Empresa Puertos de
Colombia – COLPUERTOS, la tradición de los mismos, y los tipos de contraprestación
que se pagan por la concesión.
Indicó que la condición de sujeto pasivo del inmueble entregado en concesión está en
cabeza del propietario, en la actualidad del INVIAS. Aclarándose que la sociedad nunca
ha ostentado la condición de poseedora, usufructuaria, ni propietaria.
Puso de presente los antecedentes sobre la creación y liquidación de la Empresa
Puertos de Colombia - COLPUERTOS, los entes que asumieron las competencias
(administrativas, pensionales y de operación), y la forma en la que se dispuso sobre los
activos de la entidad liquidada.
En la cláusula segunda del contrato de concesión se estableció lo referente al área
entregada en concesión, estipulándose que sería «la línea de playa y zona de bajamar»,
descrita como «la zona de bajamar se desarrolla en forma longitudinal a lo largo de la Ribera
del Río Magdalena. Dentro de esta línea se encuentra construido el denominado Muelle Viejo
que comprende los atracaderos 1 al 4 y con una longitud de 701 metros. El denominado Muelle
Nuevo comprende los atracaderos 5 y 6 con una longitud de 357 metros. La longitud promedio
de esta playa y zona de bajamar que se entrega en concesión es de 1.058 metros sobre la cual
se realizó el cálculo de la contraprestación»9.
El bien inmueble objeto del proceso es de carácter fiscal y no de uso público, lo que se
infiere del contenido de la Resolución nro. 005731 del 19 de diciembre de 2007,
mediante la cual el Ministerio de Transporte le transfirió a título gratuito al INVIAS el
9
Página 21 de la demanda.
3
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derecho de dominio y la posesión real y material, pacífica e ininterrumpida sobre el
predio, en la que también se indicó que era de propiedad de la entidad transferente, que
estaba libre de todo gravamen, embargo, pleito, etc. y se pactó la condición resolutoria.
Sumado a lo anterior, los antecedentes referentes al dominio del bien dan cuenta de
que en alguna oportunidad COLPUERTOS vendió una porción del inmueble a una
empresa privada, por lo que si no fuera un bien fiscal no podría haberse vendido.
En la resolución que resolvió el recurso de reconsideración la entidad se abstuvo de
valorar las anteriores razones, señalando que se trataba de la reiteración de los
argumentos del recurso inicial, el que fue presentado por fuera de la oportunidad legal.
Para la entidad demandada la sociedad no tenía derecho a que se le diera el traslado
de las pruebas practicadas, ni presentar alegaciones frente a la evaluación de los
resultados de las mismas, circunstancia que vulneró el debido proceso de la
contribuyente, que implica la garantía para solicitar, presentar y controvertir las pruebas.
Falta de motivación de los actos acusados
Como se planteó en sede administrativa el contrato de concesión versa sobre dos tipos
de bienes, los de uso público, que no están gravados con el impuesto predial y los
fiscales. En los actos no se explican las razones por las cuales algunos bienes de uso
público concesionados mutaron a fiscales para exigirse el tributo, desconociendo la
validez del folio de matrícula en el que consta la propiedad del Estado.
OPOSICIÓN
El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla contestó la demanda,
dirigiendo la argumentación al procedimiento administrativo que culminó con la
expedición de la «Resolución No. GGI-RE-RD-02649-2019 del 15 de noviembre de 2019» por
medio de la cual se decidió una solicitud de devolución y/o compensación por el pago
de lo no debido del impuesto predial unificado presentada por la actora, y de la
«Resolución No. GGI-DT-RS-20-2021 del 18 de febrero de 2021», que resolvió el recurso de
reconsideración en el sentido de confirmar el acto recurrido, actos que son ajenos a la
litis10.
En lo que interesa para este proceso, las razones se sintetizan de la siguiente forma:
La sociedad portuaria no desestimó la condición de responsable del pago del impuesto
predial, por el contrario, el solo hecho de ser la concesionaria de los predios le impone
el deber de cumplir la obligación tributaria.
La Ley 1430 de 2010 (art. 54) estableció la regla especial de la sujeción pasiva del
impuesto predial para los bienes explotados por particulares, que para el caso del
Distrito se fijó en el artículo 15 del Decreto 924 de 2011, al señalar que, a partir de la
entrada en vigor de la citada ley «son igualmente sujetos pasivos del Impuesto Predial los
tenedores de Inmuebles Públicos a Título de Concesión».
10
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_CONTESTACI_DEIPDEBARRANQU(.rar)».
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Además, en el Acuerdo 033 de 2013 (art. 1) se acogió la postura de la Ley 1607 de
2012 (art. 177) al establecer que «son sujetos pasivos del impuesto predial, los tenedores a
título de arrendamiento, uso, usufructo u otra forma de explotación comercial que se haga
mediante establecimiento mercantil de los bienes de uso público, dentro de las áreas objeto del
contrato de concesión correspondiente a puertos aéreos y marítimos».
En los actos acusados no se cambió ni se desconoció la naturaleza jurídica del bien
inmueble, por el contrario, la motivación se ajustó a la realidad del predio, según la cual,
es un bien inmueble de uso público entregado en concesión.
El hecho de que el propietario del bien sea la Nación – INVIAS no exime a la actora del
pago del tributo, dada su condición de concesionaria que lo explota en la actividad
portuaria.
La autoridad catastral y la tributaria son diferentes, sin embargo, sus actuaciones están
coordinadas para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado, para el caso, la
determinación del impuesto predial unificado.
La Gerencia de Gestión Catastral mediante informe determinó las zonas homogéneas
físicas y geoeconómicas del predio en discusión, encontrando que11:
«[...] El predio identificado con referencia catastral No. 01.02.00.00.0244.0003.0.00, tiene
asignadas dos zonas homogéneas físicas, la ZHF 70, la cual está asignada a la gran mayoría del
predio y corresponde a las áreas de terreno donde se encuentran las construcciones acordes a los
usos industriales, comerciales y portuarios, y la ZHF 97 que corresponde a la zona asignadas a
los cuerpos de agua que se encuentran dentro de los predios.
[...]
Las zonas homogéneas geoeconómicas del predio identificado con referencia catastral No.
01.02.00.00.0244.0003.0.00, están distribuidas en dos, la ZHG 89, la cual está asignada a la gran
mayoría del predio y corresponde a las áreas de terreno donde se encuentran las construcciones
y la ZHG 19, que corresponde a la zona donde se cuenta las dársenas dentro del predio [...]».
En el mismo informe, sobre la línea longitudinal de 1.058 metros descrita en la cláusula
segunda del contrato de concesión, se especificó que12:
«[...] encontramos que la destinación hecha los anexos clasificados como MUELLES-CÓDIGO 48
(se diferencian de acuerdo a su estructura, longitud, capacidad, usos turísticos o de carga); a pesar
de existir físicamente a lo largo de una franja de 1.058 mts, no están valorados, calificados ni
inscritos en la base predial catastral del Distrito de Barranquilla [...]».
Lo anterior denota que, a lo largo de la línea longitudinal catalogada como bien de uso
público se encuentran muelles que no están inscritos en la base predial catastral, lo cual
indica que los predios están avaluados catastralmente por debajo de la realidad, debido
a la falta de actualización de las construcciones que tiene.
Debe tenerse en cuenta que, según la cláusula tercera del otrosí nro. 006 se acepta
que en el contrato de concesión se entregaron tanto bienes de uso público como bienes
fiscales.
11
Página 24 de la contestación de la demanda.
12
Ibidem.
5
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Ahora, en el informe de fiscalización se detalló el resultado de la inspección realizada,
de la cual se extrae que en el predio objeto de discusión «se evidencia la realización de
actividades propias de su objeto social, así mismo, se constata la ocupación y el uso que le
están dando al predio tanto en zonas construidas como en las que no hay construcción,
encontrándose asentamientos de container, depósitos con mercancía de todo tipo,
parqueaderos de máquinas de transporte y de camiones de gran tamaño, dejando claro que el
predio es utilizado y explotado con diferentes actividades»13.
Los bienes fiscales están gravados con el impuesto predial, en razón a que sobre ellos
se ejerce el derecho de dominio, es decir, son susceptibles del uso y goce. También lo
están los de uso público cuando son aprovechados económicamente por terceros, como
ocurre en el caso particular.
TRÁMITE PROCESAL EN PRIMERA INSTANCIA
Mediante providencia del 16 de marzo de 2021, el tribunal rechazó la demanda respecto
del Recibo Oficial de Pago nro. 2153837 de 2018, y la admitió frente a la liquidación
oficial y la resolución que resolvió el recurso de reconsideración. Decisión en firme14.
Por medio de auto del 9 de marzo de 2022 se prescindió de las audiencias inicial y de
alegaciones y juzgamiento, se fijó el litigio, se tuvieron como pruebas las aportadas al
expediente, y se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio
Público para que emitiera concepto15.
SENTENCIA APELADA
El Tribunal Administrativo del Atlántico en la sentencia apelada negó las pretensiones
de la demanda sin condenar en costas, con fundamento en lo siguiente16:
La administración tiene la facultad legal para determinar el impuesto predial mediante
la expedición de la liquidación oficial contenida en una factura en la que se detallan los
elementos de la obligación y que presta mérito ejecutivo. Aclarándose que algunos de
los factores no los establece directamente el Distrito, pues esto se toman de otras
fuentes, como las del catastro, pero no puede entenderse como que aquél las estuviera
fijando. Por consiguiente, la liquidación oficial es suficiente para cobrar el tributo, sin
que se requiera de acto previo para su procedencia.
Las instalaciones y demás estructuras hechas sobre bienes de uso público están
gravadas con el impuesto predial cuando son explotados por particulares y lo asume
este último. Por su parte, la carga tributaria respecto de los bienes fiscales recae en los
propietarios de los mismos (la entidad pública titular del inmueble).
En el caso particular, si bien es cierto el inmueble pertenece al INVIAS, también lo es
que el mismo comprende espacios catalogados como bienes de uso público (la orilla
13
Página 25 de la contestación de la demanda.
14
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_AUTOADMIT_007AUTO201900815(.pdf)».
15
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_AUTOFIJA_010AUTO201900815(.pdf)».
16
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_SENTENCIA_013FALLO201900(.pdf)».
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del río), en los que se ubican edificaciones y estructuras cuya destinación es la
explotación portuaria, situación que da lugar al cobro del impuesto predial.
En el evento que en parte del terreno correspondiente al folio de matrícula se hayan
construido bienes inmuebles sobre suelo de uso público gravados con el tributo, es a la
interesada en excluir esas fracciones de la liquidación en quien recae la carga
argumentativa y probatoria al respecto, lo que no se cumplió en este caso.
Como la sociedad no desvirtuó la legalidad de los actos en torno a que tiene la condición
de sujeto pasivo del impuesto predial unificado, se niegan las pretensiones de la
demanda.
Por último, no se condena en costas por no aparecer causadas ni probadas.
RECURSO DE APELACIÓN
La parte demandante apeló la sentencia de primera instancia, en los siguientes
términos17:
Puso de presente que «se abstiene de entrar a presentar argumentaciones relacionadas con
determinar si los bienes fiscales y los bienes de uso público son susceptibles de ser gravados
con el Impuesto Predial Unificado, dado que la legislación y la jurisprudencia son claras en
cuanto a que SI pueden recaer cargas tributarias sobre estas dos clases de bienes y en
particular el impuesto predial»18.
La apelación se concreta en la naturaleza jurídica del bien inmueble gravado con el
tributo, la existencia dentro del predio de espacios catalogados como de uso público y
de edificaciones y estructuras cuya destinación es la explotación portuaria, la
acreditación de que algunas fracciones del bien debían excluirse de la liquidación, y
frente a ellas asumir el pago el INVIAS. Y en general, si se desvirtuó la condición de
sujeto pasivo.
El inmueble sobre el que recae el impuesto predial se cataloga como un bien fiscal, y
se trata de uno de los que fue de propiedad de COLPUERTOS en donde funcionaba el
terminal portuario de Barranquilla.
La sociedad portuaria es titular de un contrato de concesión que comprende un área de
bienes de uso público (cláusula segunda), y otras de carácter fiscal cuya titularidad
ostentó COLPUERTOS entregados en concesión de infraestructura portuaria (cláusula
tercera) que atañe a las zonas accesorias.
En el folio de matrícula inmobiliaria en la anotación nro. 12 de fecha 14-10-2009 se hace
referencia a la «TRANSFERENCIA DE DOMINIO BIENES FISCALES:0172 transferencia de
dominio bienes fiscales a título gratuito con prohibición de enajenar el inmueble sin la
autorización previa del ministerio de transporte»19.
17
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_RECURSODE_014PARTEDTEAPELA(.pdf)».
18
Página 2 del recurso de apelación.
19
Página 5 del recurso de apelación.
7
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En el plano del terreno de la concesión se delimita el área del bien de uso público objeto
del contrato de concesión portuaria (se señala en color rojo - ribera del Río Magdalena),
y el de naturaleza fiscal, bien que fuera de propiedad de COLPUERTOS (se señala en
verde – estructuras, edificaciones y dársena20).
Para el tribunal el predio sobre el que recae el impuesto es un bien de uso público,
desconociendo que lo que determina dicha naturaleza es su incorporación al uso o goce
de la comunidad, que según la jurisprudencia21 requiere de dos aspectos, a saber: (i) el
material (existencia del bien) y (ii) el intencional o subjetivo (voluntad del Estado).
En el caso particular, no se acredita alguna actuación de la autoridad catastral tendiente
a cambiar el carácter de bien fiscal al de uso público. Por el contrario, en el certificado
de catastro aparece como titular del inmueble el INVIAS, lo que denota su naturaleza
fiscal. Tampoco está probado el cambio del contrato de concesión para incorporar todas
las áreas y bienes objeto del mismo bajo la categoría de bien de uso público.
El tribunal es impreciso al calificar el bien simultáneamente como fiscal y de uso público,
pues se reitera, es diferente los bienes fiscales del área correspondiente al bien de uso
público objeto de la concesión (ribera del Río Magdalena). No hay prueba que acredite
que el folio de matrícula inmobiliaria que corresponde al bien que fue de COLPUERTOS
incluye las áreas de uso público, tampoco que determinen que dicho terreno hace parte,
catastralmente, de la carta urbana del bien.
La fuente legal de la sujeción pasiva del impuesto predial en materia de bienes públicos
no es la Ley 768 de 2002 (art. 6, num. 3), sino la Ley 1430 de 2010 (art. 54), modificada
por la Ley 1607 de 2012 (art. 177). Esta última norma es relevante para efectos del
cobro del tributo a concesiones portuarias sobre las áreas que tengan la condición de
uso público, pues excluye los bienes y la infraestructura, y solo grava la tenencia de
terceros (diferentes al concesionario) de porciones ocupadas a título de arrendamiento,
uso, usufructo u otra forma de explotación comercial que se haga de los bienes de uso
público mediante establecimiento mercantil.
Como el inmueble sobre el que se determina el impuesto predial es un bien de uso
público destinado a la explotación portuaria, la autoridad catastral es la competente para
calcular la base gravable, pues es la que debe fijar el avalúo que resulte de la proporción
de las áreas sujetas a aprovechamiento. Por ese motivo, se estima que debieron
surtirse las actuaciones previas a la liquidación oficial por parte de la autoridad catastral,
con el propósito de que se excluyeran de la base los bienes de uso público y la
infraestructura portuaria.
La anterior circunstancia desvirtúa el argumento del tribunal, según el cual, la falta de
las pruebas sobre las fracciones de bien fiscal es imputable a la demandante, pues
como se expuso desde el recurso de reconsideración, a la administración le asistía el
deber de establecer, previo a la asignación del sujeto pasivo, la determinación de las
áreas y mejoras gravadas que no correspondieran al carácter de bien de uso público, y
su avalúo, para lo cual debió acudir a la autoridad catastral.
20
«Parte de un puerto resguardada artificialmente y adecuada para el fondeo y la carga y descarga de embarcaciones», según
definición de la RAE: https://dle.rae.es/d%C3%A1rsena.
21
Citó apartes de la sentencia T-150 de 1995 de la Corte Constitucional, M.P. Alejandro Martínez Caballero.
8
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Todos los motivos expuestos desvirtúan la condición de sujeto pasivo del impuesto
predial de la sociedad actora sobre el bien inmueble en discusión.
TRÁMITE PROCESAL EN SEGUNDA INSTANCIA
El recurso de apelación de la demandante se admitió mediante auto del 25 de julio de
202322. Dentro del término de ejecutoria la parte demandada se pronunció23 reiterando
los argumentos de la contestación de la demanda.
El Ministerio Público rindió concepto24, indicando que comparte la decisión del tribunal
en razón a que «el aprovechamiento económico se da respecto de los bienes de uso público
avaluable en dinero, y se configura en el presente caso en tanto la parte demandante, dentro
de la concesión realizó explotación económica, además, el bien sobre el que recae el impuesto
se encuentra en manos de la demandante y fue gravado y por ende sujeto al pago del impuesto
predial». Además, el «inmueble, objeto del tributo cuenta con espacios que son de uso público,
como es la orilla del río, lo cierto es que las edificaciones y estructuras aledañas y cuya
destinación es la explotación portuaria, sí están sujetos al tributo por mandato mismo de la
Ley»25.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
Se decide sobre la legalidad de los actos por medio de los cuales la Secretaría Distrital
de Hacienda – Gerencia de Gestión de Ingresos de Barranquilla determinó el impuesto
predial a cargo de la actora por el año 2018.
En los términos del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, la Sala
debe establecer si el inmueble sobre el que se cobró el impuesto predial por el año 2018
es un bien de uso público o uno de naturaleza fiscal. Definido lo anterior, se analizará
la sujeción pasiva del tributo.
Para resolver, se reiterará en lo pertinente la sentencia del 30 de marzo de 2023,
expediente 2678526, en la que se decidió acerca de la procedencia del impuesto predial
unificado sobre los bienes entregados en concesión a la Sociedad Portuaria Regional
de Santa Marta S.A., por tener connotaciones fácticas y jurídicas similares.
Para el tribunal, si bien es cierto el inmueble sobre el que recae el cobro del impuesto
predial pertenece al INVIAS, también lo es que el mismo comprende espacios
catalogados como bienes de uso público (la orilla del río), en los que se ubican
edificaciones y estructuras cuya destinación es la explotación portuaria, situación que
da lugar al cobro del tributo en cabeza de la SPRB.
También señaló el a quo que, podría ocurrir que no en todo el terreno correspondiente
al folio de matrícula se hayan construido bienes inmuebles sobre suelo de uso público
gravados con el tributo, sin embargo, la interesada en excluir esas fracciones de la
22
Índice 4 de SAMAI.
23
Índice 11 de SAMAI.
24
Índice 12 de SAMAI.
25
Páginas 12 y 13 del concepto del Ministerio Público.
26
C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
9
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liquidación para que se le cobraran al propietario del predio, no cumplió con la carga
argumentativa y probatoria al respecto.
En el recurso de apelación la parte actora reconoce que tanto los bienes de uso público
como los de naturaleza fiscal están gravados con el impuesto predial. No obstante,
concreta su argumentación en definir en cuál de las dos categorías clasifica el bien
inmueble objeto del cobro, aclarando que, si es fiscal está gravado en cabeza de su
propietario (INVIAS), y si es de uso público, se excluyen del cobro los bienes y la
infraestructura, y solo se grava la tenencia de terceros (diferentes al concesionario) de
porciones ocupadas a título de arrendamiento, uso, usufructo u otra forma de
explotación comercial que se haga de los bienes de uso público mediante
establecimiento mercantil.
Perspectiva legal del impuesto predial unificado27
El impuesto predial unificado fue establecido en la Ley 44 de 1990 28 «[p]or la cual se
dictan normas sobre catastro e impuestos sobre la propiedad raíz […]», como impuesto del
orden municipal cuya administración, recaudo y control corresponde a los respectivos
municipios.
Esta normativa tiene sus remotos antecedentes en la Ley 48 de 1887, por la cual se
autorizó a los departamentos para crearlo y recaudarlo a título de impuesto real sobre
la propiedad inmueble, destinando un porcentaje del 2% en favor de los municipios.
De acuerdo con esa facultad, la Ley 20 de 1908 permitió que los municipios cobraran
dicho tributo sobre la propiedad raíz, pero, paralelamente, el Decreto 1226 del mismo
año les prohibió gravar a los bienes de la Nación y a los de los Distritos ubicados en
territorio de otro por la municipalidad en donde se hallaren situados (art. 21).
Esa prohibición se elevó a la categoría de excepción tributaria para «las propiedades
públicas cualquiera que sea la denominación de la persona o entidad que la administre», según
el artículo 14 del Decreto 1227 de 1910.
Por su parte, la Ley 4ª de 1913 ordenó que las Asambleas Departamentales
reglamentaran el impuesto sobre la propiedad raíz que debían cobrar los departamentos
y los municipios. De hecho, la Ley 128 de 1941 distinguió al impuesto predial como todo
aquél que bajo ese nombre fuera cobrado por tales entidades territoriales, así como el
que recaudaran otros municipios bajo la denominación de impuesto de caminos, sobre
el valor de los bienes raíces de su respectivo territorio29.
Con el Decreto 2185 de 1951 dicho impuesto pasó a ser una renta municipal, y se
facultó a los alcaldes para recaudarlo y disponer del mismo en la respectiva jurisdicción.
27
En el marco de la reseña contenida en la sentencia del 24 de febrero de 1994, exp. 5001, C.P. Jaime Abella Zárate, reiterada en
la sentencia del 9 de marzo de 2017, exp. 19850, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
28
Fusionó el impuesto predial regulado por el Decreto 1333 de 1986 y demás normas complementarias, especialmente las Leyes
14 de 1983, 55 de 1985 y 75 de 1986, el de parques y arborización regulado en el Código de Régimen Municipal, el de estratificación
socioeconómica creado por la Ley 9ª de 1989 y la sobretasa de levantamiento catastral de que tratan las Leyes 128 de 1941, 50
de 1984 y 9 de 1989.
29
Por el Decreto Ley 2473 de 1948 se estableció un impuesto adicional del dos por mil sobre toda propiedad raíz, cobrado con el
de catastro, exceptuando del mismo a los municipios que tuvieren una tarifa para el impuesto predial o contribución de caminos
superior al dos por mil.
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La Ley 29 de 1963, que fortaleció los fiscos de las entidades territoriales, derogó las
disposiciones nacionales que decretaban exoneraciones o exenciones respecto del
citado gravamen a favor de personas privadas, y permitió conservar las que venían
aplicándose a entidades de beneficencia o asistencia pública. También señaló que las
exenciones sobre el impuesto predial decretadas por el legislador con carácter
temporal, continuarían vigentes por dos años más, y que las exenciones del impuesto
predial y gravamen por valorización debían decretarse separadamente y solo
beneficiaban el inmueble o las actividades económicas o sociales que las motivaron.
En el año 1985, la Ley 55 amplió el objeto imponible del impuesto predial, para
extenderlo a ciertas entidades del orden nacional, como se desprende del artículo 61,
según el cual, «[l]os bienes inmuebles de propiedad de los establecimientos públicos,
empresas industriales y comerciales del Estado y sociedades de economía mixta del orden
nacional podrán ser gravados con el impuesto predial en favor del correspondiente municipio».
El artículo 194 del Decreto 1333 de 1986 «[p]or el cual se expide el Código de Régimen
Municipal» incorporó la autorización legal transcrita, y la Ley 44 de 1990 mantuvo ese
tratamiento excepcional para las entidades públicas, en cuanto se abstuvo de derogar
el artículo 61 de la Ley 55 de 1985 que, a la luz del principio de legalidad de los tributos
y predeterminación de sus elementos esenciales, entre ellos el subjetivo, sólo los
inmuebles de las entidades que allí se indican serían pasibles del impuesto predial.
El ordenamiento positivo levantó esa exclusividad para los bienes de uso público,
mediante: (i) el numeral 3º del artículo 6 de la Ley 768 de 2002, «[p]or la cual se adopta
el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla,
Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta» y,
(ii) los artículos 54 de la Ley 1430 de 2010 y 177 de la Ley 1607 de 2012, por las cuales
se dictaron normas tributarias de control y competitividad, y se expidieron normas en
materia tributaria junto con otras disposiciones, respectivamente.
El numeral 3º del artículo 6 de la Ley 768 de 2002 gravó con el impuesto predial las
construcciones, edificaciones o mejoras sobre bienes de uso público de la Nación que
estuvieren en manos de particulares, entendiéndose, por el contexto de la ley30, que
ellos deben ubicarse en el territorio de los distritos para las cuales se adoptó el régimen
especial.
Al examinar la constitucionalidad de la norma mencionada, la sentencia C-183 de 2003
consideró el hecho de que tales bienes se encontraran en manos de los particulares
que los aprovechaban y explotaban económicamente en beneficio propio.
30
«Artículo 1°. Objeto. La presente ley consagra las normas que integran el Estatuto Político, Administrativo y Fiscal de los
Distritos Especiales de Barranquilla, Cartagena de Indias y Santa Marta; su objeto es dotar a estos de las facultades, instrumentos
y recursos que les permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo; promover el desarrollo integral de su territorio
para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a partir del aprovechamiento de sus recursos y ventajas
derivadas de las características, condiciones y circunstancias especiales que presentan éstos, considerados en particular.
Artículo 2°. Régimen aplicable. Los Distritos Especiales de Barranquilla, Cartagena de Indias y Santa Marta, son entidades
territoriales organizadas de conformidad con lo previsto en la Constitución Política, que se encuentran sujetos a un régimen especial
autorizado por la propia Carta Política, en virtud del cual sus órganos y autoridades gozan de facultades especiales diferentes a
las contempladas dentro del régimen ordinario aplicable a los demás municipios del país, así como del que rige para las otras
entidades territoriales establecidas dentro de la estructura político administrativa del Estado colombiano.
En todo caso las disposiciones de carácter especial prevalecerán sobre las de carácter general que integran el régimen ordinario
de los municipios y/o de los otros entes territoriales; pero en aquellos eventos no regulados por las normas especiales o que no se
hubieren remitido expresamente a las disposiciones aplicables a alguno de los otros tipos de entidades territoriales previstas en la
C.P. y la ley, ni a las que está sujeto el Distrito Capital de Bogotá, estos se sujetarán a las disposiciones previstas para los
municipios».
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En ese sentido, se precisó que la norma analizada revestía al hecho generador del
impuesto predial de contenido y significación patrimonial, asociándolo a la explotación
económica sobre un bien de uso público y a su aprovechamiento por parte de un
particular en beneficio propio, avaluable en dinero.
Por su parte, el artículo 54 de la Ley 1430 de 2010 y su modificatorio, artículo 177 de la
Ley 1607 de 2012, le atribuyeron la calidad de sujetos pasivos de impuestos
departamentales y municipales a las personas naturales, jurídicas, sociedades de
hecho y todas aquellas que incurrieran en el hecho gravado, a través de consorcios,
uniones temporales y patrimonios autónomos.
Para el caso del impuesto predial y la valorización de los bienes de uso público y obras
de infraestructura, la Ley 1607 de 2012 previó la continuidad de su exclusión, excepto
tratándose de áreas ocupadas por establecimientos mercantiles, y reconoció como
sujetos pasivos del primero de dichos tributos a los tenedores a título de arrendamiento,
uso, usufructo u otra forma de explotación comercial que se hiciera mediante
establecimiento mercantil dentro de las áreas objeto del contrato de concesión,
correspondientes a puertos aéreos y marítimos.
La Corte Constitucional en la sentencia C-822 de 201131 al revisar la constitucionalidad
de la expresión «[e]n materia de impuesto predial y valorización, igualmente son sujetos
pasivos del impuesto los tenedores de inmuebles públicos a título de concesión» contenida en
el inciso primero del artículo 54 de la Ley 1430 de 2010, consideró entre otras cosas
que, no se vulneraban los principios de equidad, igualdad y justicia tributaria «ya que se
ha demostrado que la disposición acusada grava a los tenedores en relación con la tenencia y
no con la propiedad ni con la posesión. Además, se ha resaltado que no hay punto de
comparación con los tenedores corrientes y los tenedores concesionarios en virtud de la
relación que éstos últimos establecen con los bienes inmuebles públicos y por el provecho que
obtienen en términos de explotación económica del bien. Además, se ha reiterado que es
factible gravar el beneficio derivado de la misma tenencia sobre el inmueble público entendido
como las edificaciones, construcciones y mejoras adheridas de manera permanente a dichos
bienes. Nada de lo anterior contradice la Constitución».
Así pues, desde la perspectiva de la nueva legislación, la explotación económica por
parte de los nuevos sujetos pasivos mencionados y en las condiciones que dispone la
ley, constituye el elemento determinante para tener a los bienes de uso público como
objeto pasible del impuesto predial.
Naturaleza de los bienes entregados en concesión a las sociedades portuarias
Como lo ha considerado la corporación a partir del contenido de los artículos 63, 72, 82,
102 y 332 de la CP, y 674 del CC, son bienes de dominio público «los destinados al
desarrollo o cumplimiento de las funciones del Estado o los que están afectados al uso
común»32.
Dentro de la anterior categoría se clasifican los bienes de uso público definidos como
«aquellos cuyo dominio resulta también del Estado pero su uso pertenece a todos los habitantes
31
M.P. Mauricio González Cuervo.
32
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 12 de noviembre de 2009, exp. 5001-23-31-000-2005-00213-01 (AP), C.P.
Marco Antonio Velilla Moreno.
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del territorio y están a su servicio permanente. Como ejemplo de ello se relacionan las calles,
plazas, parques, puentes, caminos, ejidos, etc. A partir de tales características se impone que
ninguna entidad estatal tiene sobre ellos la titularidad de dominio equivalente a la de un
particular, por estar destinados al servicio de todos los habitantes»33.
También se catalogan los bienes fiscales o patrimoniales que son «aquellos que
pertenecen a sujetos de derecho público de cualquier naturaleza u orden y que, por lo general,
están destinados al cumplimiento de las funciones públicas o servicios públicos, tales como los
terrenos, edificios, fincas, granjas, equipos, enseres, acciones, rentas y bienes del presupuesto,
etc., es decir, afectos al desarrollo de su misión y utilizados para sus actividades, o pueden
constituir una reserva patrimonial para fines de utilidad común. Su dominio corresponde a la
República, pero su uso no pertenece generalmente a los habitantes, de manera que el Estado
los posee y los administra en forma similar a como lo hacen los particulares con los bienes de
su propiedad […]»34.
Como lo señaló la Sección en la sentencia del 11 de octubre de 202335, sobre los bienes
de uso público, «el Estado como titular de los mismos tiene la facultad de celebrar contratos
de concesión, definidos en el numeral 4 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, y caracterizados
porque en su forma de financiación el concesionario ejecuta el objeto contractual por su cuenta
y riesgo; se llevan a cabo con la continua vigilancia y control de la entidad concedente respecto
de la correcta ejecución de la obra o del adecuado mantenimiento del bien o servicio; y el
concesionario recupera la inversión realizada y obtiene la ganancia esperada con los ingresos
que produzca la obra, el bien público o el servicio concedido, mediante una remuneración que
puede consistir en derechos, tarifas, tasas, y, en general, en cualquier contraprestación
acordada».
Es oportuno mencionar que los anteriores tipos de bienes pueden gravarse con el
impuesto predial unificado, ya sea por regla general o por vía de excepción. De ese
modo, en el caso de los bienes de uso público solo están gravados los previstos en la
ley, en lo que atañe al objeto de la litis, en los artículos 6 (num. 3) de la Ley 768 de 2002
y 177 de la Ley 1607 de 201236. Según esta última norma, «[e]n materia de impuesto
predial y valorización los bienes de uso público y obra de infraestructura continuarán excluidos
de tales tributos, excepto las áreas ocupadas por establecimientos mercantiles. Son sujetos
pasivos del impuesto predial, los tenedores a título de arrendamiento, uso, usufructo u otra
forma de explotación comercial que se haga mediante establecimiento mercantil dentro de las
áreas objeto del contrato de concesión correspondientes a puertos aéreos y marítimos».
Alcance que como se explicó en precedencia, parte de la explotación económica como
elemento determinante para que los bienes de uso público sean objeto del impuesto
predial.
La posibilidad de gravar los bienes de uso público por vía de excepción, la reafirma el
artículo 23 (par. 2) de la Ley 1450 de 2011, que establece que «todo bien de uso público
será excluido del impuesto predial, salvo aquellos que se encuentren expresamente
gravados por la Ley» [se destaca].
Ahora, los bienes fiscales pueden ser afectados con el tributo puesto que «el objeto
imponible es la propiedad raíz, y este tipo de bienes se administra de igual forma a como lo
hacen los particulares, pues al tratarse de bienes fiscales también se ejerce el derecho de
33
Ibidem.
34
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 30 de abril de 2012, exp. 21699, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
35
Exp. 26129, C.P. Milton Chaves García.
36
Modificatorio del artículo 54 de la Ley 1430 de 2010.
13
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dominio y por tanto el uso y goce del mismo»37. Tratándose del sujeto pasivo es el
«propietario y/o poseedor del bien, que generalmente es una entidad pública con personería
jurídica de la Nación, o aquellos entes u organismos autónomos que forman parte de la
estructura orgánica del Estado»38.
A nivel territorial, la sujeción pasiva del impuesto predial en torno a la situación de la
actora, se establece en el artículo 15 del Decreto 924 de 201139, según el cual, «[…] a
partir de la vigencia de la Ley 1430 de 2010, son igualmente sujetos pasivos del Impuesto
Predial los tenedores de Inmuebles Públicos a Título de Concesión», además, «son sujetos
pasivos del impuesto predial, los tenedores a título de arrendamiento, uso, usufructo u otra
forma de explotación comercial que se haga mediante establecimiento mercantil de los bienes
de uso público, dentro de las áreas objeto del contrato de concesión correspondiente a puertos
aéreos y marítimos»40.
Hechas las anteriores precisiones de orden legal y conceptual, pasa la Sala a
determinar si el bien objeto de la litis es de naturaleza fiscal en cuyo caso el sujeto
pasivo es la Nación, o es de uso público, por lo que solo estará gravado en cabeza de
la SPRB si se explota económicamente mediante establecimiento mercantil.
En este caso, la SPRB ostenta la calidad de concesionaria según el contrato de
concesión nro. 008 de 1993 celebrado con la Superintendencia General de Puertos, de
cuyas cláusulas se extraen las que interesan al proceso, así41:
En la cláusula primera se describe el objeto del contrato de concesión, en los siguientes
términos:
«CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: LA SUPERINTENDENCIA en virtud del
presente contrato otorga a la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA S.A. una
concesión portuaria en los siguientes términos: a) otorga a EL CONCESIONARIO el derecho a
ocupar y utilizar de forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas
accesorias a aquellas o estas descritas en la Cláusula Segunda del presente contrato a cambio de
la contraprestación económica de que trata la Cláusula Décima Primera de este contrato a favor
de la Nación y del Municipio de BARRANQUILLA, donde operará el mencionado terminal. El
Terminal será de servicio público habilitado para el comercio exterior […]».
En la cláusula segunda del contrato se específica el área entregada en concesión, de
la siguiente forma:
«CLÁUSULA SEGUNDA: ÁREA ENTREGADA EN CONCESIÓN. DESCRIPCIÓN EXACTA DE LA
UBICACIÓN, LINDEROS Y EXTENSIÓN DE LOS BIENES DE USO PÚBLICO ENTREGADOS EN
CONCESIÓN: DESCRIPCIÓN DE LA LINEA DE PLAYA Y ZONA DE BAJAMAR: La zona de
bajamar se desarrolla en forma longitudinal a lo largo de la Ribera del Río Magdalena. Dentro de
esta línea se encuentra construido el denominado Muelle Viejo que comprende los atracaderos 1
al 4 y con una longitud de 701 metros. El denominado Muelle Nuevo comprende los atracaderos 5
y 6 con una longitud de 357 metros. La longitud promedio de esta playa y zona de bajamar que se
entrega en concesión es de 1.058 metros sobre la cual se realizó el cálculo de la contraprestación».
37
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2021, exp. 24138, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
38
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 30 de marzo de 2023, exp. 26785, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
39
Por el cual se renumera la normativa tributaria del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla contenida en el Decreto
0180 de 2010.
40
Adicionado por el Acuerdo 033 de 2013, por el cual se adecúa y ajusta el Estatuto Tributario Distrital Decreto 180 de 2010 en
virtud de lo establecido en las leyes 1430 de 2010, 1450 de 2011 1493 de 2011 y 1607 de 2012, y se dictan otras disposiciones en
materia tributaria distrital.
41
Índice 2 de SAMAI. Archivo: «ED_ANEXOSDEM_002ANEXOSFL21(.pdf)». Págs. 137 a 151
14
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En la cláusula tercera del contrato se lleva a cabo la «DESCRIPCIÓN EXACTA DE LA
UBICACIÓN, LINDEROS Y EXTENSIÓN DE LAS ZONAS ACCESORIAS EN DONDE SE
ENCUENTRAN LOS BIENES DE LA EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA – EN
LIQUIDACIÓN ENTREGADOS EN CONCESIÓN», destacándose que «los bienes entregados
en concesión en virtud de este contrato, están ubicados en el Municipio de Barranquilla,
Departamento del Atlántico [se detallan los linderos (puntos, secuencias, coordenadas, etc.) de
los predios a partir del levantamiento topográfico efectuado el 31 de mayo de 1993, que hace
parte integral del contrato]».
La cláusula quinta contiene la «DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES ENTREGADOS EN
CONCESIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS», de los cuales se destacan los muelles
(viejo, nuevo y fluvial), las bodegas, los talleres de mantenimiento, almacén general e
«instalaciones de la PVP», patios, edificio de capacitación, obras de urbanismo, etc.
En los Otrosíes nros. 006 y 007 de 2008, se evidencia que a las áreas inicialmente
entregadas en concesión se sumaron otras porciones de terreno, así como
edificaciones, que se identifican de forma genérica como bienes de uso público y bienes
fiscales.
Es un hecho no discutido, que uno de los predios entregado en concesión es el
identificado con la matrícula inmobiliaria 040-71229, respecto del cual, la Secretaría
Distrital de Hacienda de Barranquilla – Gerencia de Gestión de Ingresos determinó
mediante la Liquidación nro. 0118546595 el impuesto predial unificado por la vigencia
2018 en cuantía de $3.804.376.000.
Para efectos de calificar la naturaleza del bien, es oportuno referirse al artículo 5 de la
Ley 9 de 198942, que define el espacio público como «el conjunto de inmuebles públicos y
los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles privados, destinados por su
naturaleza, por uso o afectación, a la satisfacción de necesidades urbanas colectivas que
trascienden, por tanto, los límites de los intereses, individuales de los habitantes». La misma
norma enuncia las áreas que constituyen el espacio público, de las cuales se destacan
«los necesarios para la preservación y conservación de las playas marinas y fluviales, los
terrenos de bajamar, así como de sus elementos vegetativos, arenas y corales y, en general,
por todas las zonas existentes o debidamente proyectadas en las que el interés colectivo sea
manifiesto y conveniente y que constituyan, por consiguiente, zonas para el uso o el disfrute
colectivo».
Por su parte, el artículo 166 del Decreto Ley 2324 de 198443 establece que «las playas,
los terrenos de bajamar y las aguas marítimas, son bienes de uso público, por tanto
intransferibles a cualquier título a los particulares, quienes sólo podrán obtener concesiones,
permisos o licencias para su uso y goce de acuerdo a la ley y a las disposiciones del presente
Decreto. En consecuencia, tales permisos o licencias no confieren título alguno sobre el suelo
ni subsuelo».
En concordancia con las anteriores disposiciones, el artículo 5 (num. 5.2.) de la Ley 1ª
de 199144 define la concesión portuaria como «un contrato administrativo en virtud del cual
la Nación, por intermedio de la Superintendencia General de Puertos, permite que una sociedad
portuaria ocupe y utilice en forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y
42
«Por la cual se dictan normas sobre planes de desarrollo municipal, compraventa y expropiación de bienes y se dictan otras
disposiciones».
43
«Por el cual se organiza la Dirección General Marítima y Portuaria».
44
«Por la cual se expide el Estatuto de Puertos Marítimos y se dictan otras disposiciones».
15
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zonas accesorias a aquéllas o éstos, para la construcción y operación de un puerto, a cambio
de una contraprestación económica a favor de la Nación, y de los municipios o distritos donde
operen los puertos».
A su turno, el artículo 6 ibidem prevé que «solo las sociedades portuarias podrán ser titulares
de concesiones portuarias», las cuales requieren de una concesión «para ocupar y usar en
sus actividades las playas y las zonas de bajamar y zonas accesorias de aquéllas o éstas».
Las anteriores disposiciones le permiten a la Sala inferir que el predio objeto del cobro
del impuesto predial que se discute, se cataloga como un bien de uso público, pues
consta que mediante el contrato de concesión para la construcción y puesta en
funcionamiento de un puerto de servicio público habilitado para el comercio exterior y
prestación de servicios a toda clase de carga, ubicado en el Distrito Especial, Industrial
y Portuario de Barranquilla, se otorgó el derecho al concesionario de ocupar y utilizar
en forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas accesorias
en un área específica, que comprende, según el clausulado, los muelles (viejo, nuevo y
fluvial), las bodegas, los talleres de mantenimiento, almacén general e «instalaciones de
la PVP», patios, edificio de capacitación, obras de urbanismo, etc.
A la misma conclusión llegó la Sección en la sentencia del 30 de marzo de 202345 al
calificar la naturaleza de los bienes entregados en concesión a la Sociedad Portuaria
Regional de Santa Marta S.A., en la que se precisó que «[d]e acuerdo con los artículos 5
de la Ley 9 de 1989 y 166 del Decreto Ley 2324 de 1984, las playas, terrenos de bajamar y
aguas marítimas son bienes de uso público». De igual forma, «[l]as zonas accesorias a los
anteriores bienes también pueden tener la calidad de bienes de uso público, si se considera
que pueden destinarse a una finalidad pública. En este sentido el artículo 6 de la Ley 1ª de 1991
establece que bajo el contrato de concesión portuaria se permite a una sociedad portuaria que
ocupe y utilice de “forma temporal y exclusiva las playas, los terrenos de bajamar y zonas
accesorias a aquéllas o éstos, para la construcción y operación de un puerto, a cambio de una
contraprestación económica a favor de la Nación, y de los municipios o distritos donde operen
los puertos» [subraya de la sentencia que se cita].
Para la parte apelante, no toda el área de los inmuebles entregados en concesión
corresponde a «la línea de playa y zona de bajamar», lo cual, sustenta con un gráfico del
plano del terreno en donde opera el puerto, en el que señala de forma específica la orilla
del Río Magdalena afirmando que es la única porción de bien de uso público, frente a
lo cual, se reitera la posición de la Sección, en el sentido que, para estos casos, «no
puede perderse de vista cuál es la finalidad y el uso de la totalidad de los predios entregados
[…] para efectos de clasificar los mismos como de uso público. Esto por cuanto todos los
terrenos entregados en concesión están destinados a la prestación del servicio público de
transporte marítimo. Se observa entonces que dichos predios [...] no son utilizados directamente
por el Estado para el ejercicio de sus funciones, sino que fueron entregados por este para que
a través de una concesión se destinen a una finalidad pública del Estado, como lo es la de los
puertos, para promover el transporte, en virtud del derecho constitucional a la locomoción
establecido en el artículo 24 de la Constitución Política»46.
Por los anteriores motivos, considera la Sala que el inmueble objeto del proceso se
clasifica como un bien de uso público y, por consiguiente, se debe establecer si la
demandante era sujeto pasivo del tributo, para lo cual, se determinará si se llevaba a
45
Exp. 26785, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
46
Ibidem.
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Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.
cabo la explotación comercial mediante establecimiento de comercio dentro del
inmueble.
Para la sociedad apelante, tratándose de un bien de uso público, la normativa solo grava
la tenencia de terceros (diferentes al concesionario) de porciones ocupadas a título de
arrendamiento, uso, usufructo u otra forma de explotación comercial que se haga de los
bienes de uso público mediante establecimiento mercantil.
En la sentencia que en esta oportunidad se reitera, respecto de la explotación comercial,
se indicó que «la misma consiste en ejercer una actividad con ánimo de lucro, y, de acuerdo
con el artículo 515 del Código de Comercio, “se entiende por establecimiento de comercio un
conjunto de bienes organizados por el empresario para realizar los fines de la empresa”. Es
decir, el establecimiento mercantil es una unidad económica que comprende todos aquellos
bienes que estén destinados a los fines de la actividad ejercida por el comerciante, y en esa
medida no se limita a un único tipo de bien».
En el caso particular, reposa como prueba el Certificado de Existencia y Representación
Legal de la SPRB, en el que consta que tiene por objeto social principal «la
administración, inversión, construcción, mantenimiento, operación, expansión y modernización
de todo tipo de terminales portuarios marítimos y fluviales nacionales y extranjeros, y en
especial la administración, inversión, construcción, mantenimiento, operación, expansión y
modernización del Terminal Marítimo y Fluvial de Barranquilla concesionado mediante el
Contrato No. 008 de 1993 […]».
Así mismo, se evidencia a nombre de la sociedad un establecimiento de comercio para
desarrollar como actividad principal la de «ACTIVIDADES DE PUERTOS Y SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE ACUATICO» en la dirección «CL. 1a. CR 38
ORILLA DEL RIO M/NA», que si bien es cierto no coincide con la del inmueble con
matrícula 040-71229, sí corresponde a la dirección con la que se identifica como un
todo el Terminal Marítimo o Puerto de Barranquilla.
Lo anterior denota que, la SPRB como concesionaria del Puerto de Barranquilla ejerce
actividades de explotación económica de los terrenos que hacen parte del mismo, pues
presta servicios portuarios de los cuales se lucra. Sumado a que, existe un
establecimiento de comercio registrado para ejecutar las actividades, el cual se
encuentra ubicado en el Terminal Marítimo de Barranquilla. Además, la parte actora no
probó, como era su carga, que no fuera quien explotara económicamente el terminal
marítimo. Por esos motivos, para la Sala la sociedad actora es el sujeto pasivo del
impuesto predial objeto de discusión.
De otra parte, en relación con los argumentos de la demandante, según los cuales, no
se adelantó ante la autoridad catastral, de manera previa al acto de liquidación, los
procedimientos administrativos tendientes a calificar la naturaleza del bien (como de
uso público o fiscal), y que en el certificado de tradición y libertad figura como anotación
que al INVIAS se le transfirió el dominio de un bien fiscal, basta con señalar que, para
efectos de determinar en debida forma el tributo a cargo del contribuyente, no es
necesaria la actuación previa de catastro que se echa de menos, pues en cualquier
caso en sede judicial el interesado puede desplegar la carga argumentativa y probatoria
tendiente a demostrar las características reales del bien - elementos jurídicos, físicos o
económicos-, las cuales deben ser valoradas por el juez, como ocurrió en este caso.
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Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.
Como los argumentos del recurso de apelación no prosperaron, se confirmará la
sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.
Finalmente, de conformidad con lo previsto en los artículos 188 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y 365 del Código
General del Proceso, no se condenará en costas (gastos del proceso y agencias en
derecho) en esta instancia, comoquiera que no se encuentran probadas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de
la Ley,
FALLA
1. CONFIRMAR la sentencia del 24 de junio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.
2. Sin condena en costas en esta instancia.
Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.
La presente providencia se aprobó en la sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA WILSON RAMOS GIRÓN
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