RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2024-00827-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-00827-00

Fecha
29 de abril de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2024-00827-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla SA, de conformidad con las razones expuestas. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General15. TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2024-00827-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

29 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá DC, 29 de abril de 2024

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00827-00
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla SA
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL | Relevancia constitucional

Síntesis del caso: La parte actora enjuició la providencia de segunda instancia que confirmó
la decisión de primer grado, por medio de la cual se negaron las pretensiones de una
demanda de nulidad y restablecimiento de derecho, en la que se cuestionaron unos actos
administrativos relacionados con el cobro del impuesto predial para la vigencia fiscal de
2018, en Barranquilla.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por la Sociedad Portuaria
Regional de Barranquilla SA contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 20 de febrero de 2024, la Sociedad Portuaria Regional de
Barranquilla SA, por intermedio de apoderado judicial, presentó acción de
tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por la presunta
vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, así como de los
principios de supremacía constitucional, buena fe y confianza legítima, con
ocasión de la Sentencia de 26 de octubre de 20232, proferida por la
autoridad accionada dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho Rad. 08001-23-33-000-2019-00815-01.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“PRIMERO: Solicito se sirvan tutelar los derechos fundamentales referentes a la
buena fe, la confianza legítima y el debido proceso en concomitancia con las
normas de rango constitucional invocadas en este amparo que le asisten a la

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.
2 Notificada a través de mensaje de datos enviado el 30 de octubre de 2023.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00827-00
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla en relación con la sentencia
objeto de este trámite.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se deje sin efectos el fallo
tutelado.”

3. Como hechos relevantes, a partir del escrito de tutela y sus anexos, se
destacan los siguientes:

4. 1) La Superintendencia General de Puertos y la Sociedad Portuaria
Regional de Barranquilla SA (en adelante SPRB) suscribieron el contrato de
concesión portuaria No. 8 para la construcción y puesta en funcionamiento
de un puerto de servicio público habilitado para el comercio exterior y toda
prestación de servicios de carga, ubicado en el distrito de Barranquilla, a
cambio de una contraprestación económica.

5. 2) La Gerencia de Gestión de Ingresos de la Secretaría Distrital de
Hacienda de Barranquilla, a través de la Liquidación Oficial No. 118546595
de 2018, liquidó a cargo de la SPRB el impuesto predial unificado para la
vigencia de 2018, sobre el inmueble entregado en concesión3.

6. 3) El 18 de junio de 2018, al no estar de acuerdo con la anterior
decisión, la sociedad accionante presentó recurso de reconsideración, el
cual fue resuelto a través de la Resolución No. GGI-DT-RS-195-2019 de 20 de
agosto de 2019, en el sentido de confirmar la liquidación del impuesto a
cargo de la SPRB.

7. 4) La SPRB presentó una demanda4 para que se declarara la nulidad
de la Liquidación Oficial No. 118546595 de 2018, el Recibo Oficial de Pago
No. 2153827 de 20185 y la Resolución No. GGI-DT-RS-195-2019 de 20 de
agosto de 2019 y que, a título de restablecimiento del derecho, se declarara
que dicha sociedad no era la responsable del pago del aludido impuesto
predial y, que, además, se ordenara el reintegro del monto pagado por
dicho concepto6.

8. En su demanda adujo que los bienes entregados en concesión eran
bienes fiscales de los cuales nunca ejerció posesión dado que eran
imprescriptibles, no los usufructuó pues no existía contrato de usufructo sino
de concesión y no era el propietario de los mismos. En este sentido indicó
que el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) era el sujeto pasivo del impuesto

3 Ubicado en la Calle 4 No. 30 - 412, identificado con el código catastral 01-02-00-00-0244-0003-0-00-00-0000 y la

matricula inmobiliaria 040-71229.
4 En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
5 A través de Auto de 16 de marzo de 2021, el Tribunal Administrativo del Atlántico rechazó la demanda respecto

del Recibo de Pago No. 2153827 de 2018 y, la admitió frente a los demás actos administrativos demandados.
6 Dado que la SPRB pagó dicho impuesto en 7 cuotas, a saber: (1) recibo oficial de pago No. 50984655 de 29 de

agosto; (2) recibo oficial de pago No. 50984656 de 1 de octubre de 2018; (3) recibo oficial de pago No. 509846572
de 9 de octubre de 2018; (4) recibido oficial de pago No. 50984658 de 29 de noviembre de 2018; (5) recibo oficial
de pago No. 50984659 de 28 de diciembre de 2018; (6) recibo oficial de pago No. 501006597 de 4 de julio de 2018;
7 (7) recibo oficial de pago No. 2153837 de 31 de mayo de 2018.

2 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00827-00
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

señalado dado que era el propietario del bien. Además, que dicha
autoridad pagó el impuesto aludido en las vigencias fiscales anteriores.

9. Señaló que no se realizó un procedimiento de actualización catastral,
previo a la expedición de la liquidación demandada, que estableciera que
el INVIAS no era el propietario o poseedor del inmueble objeto de tributo,
sino que lo era la SPRB. Aunado a ello, al no realizarse dicho trámite, se
vulneró su derecho al debido proceso por la falta de acto previo a la
liquidación, pues no se le brindó la posibilidad de controvertir el impuesto
generado a su cargo. Finalmente, que la Secretaría Distrital de Hacienda de
Barranquilla no ejercía la función de autoridad catastral que le permitiera
determinar dicho tributo.

10. 5) En Sentencia de 24 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de
Atlántico negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su
decisión indicó que la expedición de la liquidación oficial por parte del
distrito de Barranquilla tuvo como sustento el artículo 354 de la Ley 1819 de
20167 y que, además, no era cierto que dicha autoridad debió emitir unos
actos previos para cobrar el impuesto predial a la sociedad demandante
pues la liquidación oficial era suficiente para tal fin.

11. Explicó que, aunque el bien otorgado en concesión pertenecía al
INVIAS, dicho inmueble era de uso público de acuerdo a los espacios que lo
comprendían, como lo era la orilla del Río Magdalena. En este sentido
aclaró que las edificaciones y estructuras construidas sobre un bien de uso
público cuya explotación comercial era generada por un particular,
permitía que sobre él recayeran los impuestos generados.

12. Finalmente, señaló que, si bien la parte demandante afirmó que no
todo el bien inmueble era de uso público pues adujo que existían fracciones
de terreno que eran de uso fiscal, lo cierto era que no demostró ese aspecto.

13. 6) La parte demandante presentó recurso de apelación8, por lo que,
a través de Sentencia de 26 de octubre de 2023, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado confirmó la decisión de primer grado tras concluir que no

7 Por medio del cual se adoptó una reforma tributaria.
8 En el que manifestó que, si bien los bienes de uso público y fiscales pueden ser gravados con el impuesto predial,

el inmueble objeto del tributo era catalogado como un bien fiscal. Refirió que el bien dado en concesión
comprendía un área de bienes de uso público y otras de carácter fiscal de acuerdo a lo establecido en las
cláusulas 2 y 3 del contrato de concesión. Señaló que para el tribunal el bien sobre el cual recaía el impuesto era
de uso público, no obstante, que dichos bienes tenían por naturaleza el uso y goce de la comunidad, además,
que dicha autoridad erró al calificar simultáneamente el bien como fiscal y de uso público. Reiteró que no existía
actuación alguna por parte de la autoridad catastral tendiente a cambiar el carácter del bien, de fiscal a uso
público. Aclaró que (1) el titular del bien era el INVIAS lo que denotaba su naturaleza fiscal por lo cual dicho
impuesto debía ser gravado a su propietario y que (2) como se trataba de un bien de uso público destinado a la
explotación portuaria, la autoridad catastral era la competente para calcular la base gravable, además que se
debía aplicar lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 1430 de 2010, la cual resultaba relevante para el caso de
cobro de impuestos a concesiones portuarias sobre áreas de uso público, dado que de acuerdo a dicha norma
solo se debía gravar la tenencia de terceros, diferentes al concesionario, de porciones ocupadas a título de
arrendamientos, uso, usufructo u otra forma de explotación comercial que se realice de bienes de uso público
mediante establecimiento comercial.

3 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00827-00
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

era un hecho discutido que uno de los bienes entregado en concesión era
el identificado con matrícula inmobiliaria No. 040-71229, el cual fue gravado
con el impuesto predial unificado para la vigencia fiscal de 2018. De esta
manera observó las normas correspondientes al espacio público, así como
las que definen las áreas que lo constituyen, entre las que se destacan las
playas marinas y fluviales, terrenos de bajamar, entre otros.

14. En este sentido, indicó que el contrato de concesión portuaria
permitía la ocupación y utilización de forma temporal y exclusiva de playas,
terrenos de bajamar y zonas accesorias, para la construcción y operación
de puertos, lo que permitió determinar que el bien objeto de controversia
era de uso público.

15. Explicó que, de acuerdo al Certificado de Existencia y Representación
Legal de la SPRB, así como de su actividad principal, aquella sociedad
ejercía actividades de explotación económica de los inmuebles entregados
en concesión, por lo que se lucraba de dicha actividad. Además, que la
SPRB no acreditó que no era quien ejercía la actividad de explotación
económica, por ello, dicha sociedad era el sujeto pasivo del impuesto
predial.

16. Por último, refirió que no era necesario realizar una actuación previa
para liquidar el impuesto señalado dado que (se trascribe): “en cualquier
caso en sede judicial el interesado puede desplegar la carga
argumentativa y probatoria tendiente a demostrar las características reales
del bien - elementos jurídicos, físicos o económicos-, las cuales deben ser
valoradas por el juez, como ocurrió en este caso”.

17. Como fundamento de la vulneración, la parte actora manifestó que
la providencia tutelada incurrió en un defecto fáctico pues se desconoció
el material probatorio sobre la propiedad que tenía el INVIAS del inmueble
objeto del impuesto predial. Además, un defecto sustantivo pues si bien se
aceptó que el bien inmueble era de propiedad del INVIAS, luego se
concluyó que el bien era de uso público, dicha contradicción, a su juicio,
vulneró el artículo 63 de la Constitución Política. A su vez, que la sentencia
enjuiciada tuvo como fundamentó las Leyes 1607 de 2012 (artículo177) y 768
de 2002 (artículo 6, numeral 3) pero, en su criterio, ninguna de las 2 aplicaba
a su caso, por lo que la providencia tutelada desconoció que (se trascribe):
“en materia de impuesto predial y valorización los bienes de uso público y
obras de infraestructura están excluidos del impuesto”.

18. Afirmó que la decisión enjuiciada vulneró sus garantías
constitucionales al establecer que el inmueble objeto del impuesto era un
bien de uso púbico y, por ende, que no diferenció los 2 tipos de bienes que
conformaban el inmueble entregado en concesión: un área que era de uso
público (ribera del Río Magdalena) y los bienes fiscales que fueron

4 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00827-00
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

entregados en la modalidad de concesión de infraestructura portuaria.
Aunado a ello señaló que, desde la firma del contrato de concesión, se
establecieron 2 tipos de bienes diferentes, un área de uso fiscal y una de uso
público, por lo cual nunca se consideró que todo el bien se tratara de uso
público.

19. Por otra parte, expresó que la Nación, como propietaria del inmueble,
pagó el impuesto predial desde 1993 hasta 2017, por lo que, para la vigencia
fiscal de 2018, el distrito de Barranquilla mutó la naturaleza jurídica del
inmueble para que fuera un bien de uso público y, de esta manera, los
ocupantes de dicho bien fueran considerados como sujetos pasivos del
impuesto. Lo anterior implicó que se debía producir un acto que
transformara la condición del inmueble, pasando de ser un bien fiscal a uno
de uso público. No obstante, dicha actuación nunca le fue informada a la
SPRB por lo que se le negó la posibilidad de controvertir la liquidación del
impuesto a su cargo, aunado a que el distrito no tenía la facultad para
realizar dicha mutación.

20. Reiteró que el bien le pertenecía al INVIAS pues le fue transferido a
través de la Resolución No. 5731 de 2007, por parte del Ministerio de
Transporte, lo que resultaba incompatible con el concepto de bien de uso
público. De todo lo anterior, adujo que la autoridad judicial accionada con
su actuar vulneró los principios de buena fe y confianza legitima; así como
los artículos 123, 362 y 363 de la Constitución Política.

1.2. Posición de la parte demandada y demás vinculados9

21. La Sección Cuarta del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo
del Atlántico y el distrito de Barranquilla, pese haber sido debidamente
notificados10, guardaron silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. 2.2.
Conclusiones.

2.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial11

23. La Sala advierte que la acción de tutela es improcedente porque no
se satisfizo el requisito de relevancia constitucional.

9 Mediante Auto de 22 de febrero de 2024, (1) se admitió la acción de tutela, (2) se tuvo como demandado a la

Sección Cuarta del Consejo de Estado y, (3) se vinculó al Tribunal Administrativo de Atlántico y al distrito de
Barranquilla como terceros con interés en el asunto.
10 A través de mensajes de datos de 26 de febrero de 2024.
11 El siguiente análisis se hace de conformidad con el orden establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia

T-66 de 2019.

5 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00827-00
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

24. De conformidad con la Corte Constitucional, (se trascribe) “el juez [de
tutela] no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones”12.

25. En ese sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado, en Sentencia de
5 de agosto de 2014, adujo expresamente que el requisito que se analiza
requiere la conjunción de 2 elementos: la carga argumentativa por parte
del demandante en la que explique la relevancia de la controversia para el
juez de tutela13 y que la solicitud de amparo no se presente con el objeto de
obtener una nueva instancia14; y que se trate de una controversia sobre
derechos fundamentales y no asuntos de simple legalidad15.

26. Asimismo, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia
constitucional tiene por finalidades preservar la competencia e
independencia del juez ordinario, restringir la acción de tutela a asuntos
donde se afecten los derechos fundamentales e impedir que esta se
convierta en una instancia adicional16.

27. De la revisión del escrito de tutela, la Sala evidenció que la accionante
(1) no cumplió con la carga argumentativa necesaria para determinar los
motivos por los cuales este asunto tenía trascendencia constitucional y (2)
pretendió revivir un debate propio del juez natural sobre una situación
definida y consolidada. Así, buscó que, a través de la acción de tutela, se
estudiara un aspecto que ya fue resuelto, es decir, utilizarla como una
instancia adicional17.

28. Lo anterior obedece a que, si bien la parte actora refirió que la
cuestión discutida era de relevancia constitucional, en razón a que (se
trascribe): “se han afectado los derechos fundamentales de la parte
tutelante en íntima conexidad con varias normas de orden constitucional,
por lo que el tema sólo puede ser entendido en el contexto de la vinculación
existente entre los derechos fundamentales invocados y las normas
constitucionales violadas como resultado del fallo que se tutela”, lo cierto es
que tal argumento no resulta suficiente para explicar por qué era necesaria

12 Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005.
13 Consejo de Estado. Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, Exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01. “El primer

elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es
de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la
vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales.// A juicio de la Sala, si bien es cierto que el juez de tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de
argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el juez pueda determinar si se cumple tal requisito,
so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional.”
14 Idem. “El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal

adicional. En consecuencia, en caso [de] que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor,
la decisión será rechazarla o declararla improcedente.”
15 Idem. “La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos

fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre
aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.”
16 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.
17 Corte Constitucional, Sentencias T-422 de 2018 y T-555 de 2019.

6 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00827-00
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

la intervención del juez de tutela, de cara a la decisión adoptada por el juez
de la nulidad y restablecimiento del derecho, pues se presentó, junto con
los reparos hechos a la decisión enjuiciada, como simples diferencias o
discrepancias interpretativas respecto la decisión del juez natural de la
causa.

29. Además, aunque la parte accionante encuadró sus reparos en unos
defectos, la Sala considera que la intención del demandante era poner de
presente un aparente desconocimiento de unas pruebas18 en lo
relacionado con la propiedad que ejercía INVIAS sobre el bien inmueble
objeto del impuesto y una indebida interpretación normativa sobre la
diferenciación entre bien de uso público y bien fiscal, lo cual, a su juicio, lo
excluía del pago del impuesto, con el fin de reabrir el debate relacionado
con el sujeto pasivo del cobro del impuesto predial y, con ello, insistir en la
nulidad de los actos administrativos demandados.

30. Esos reparos fueron abordados y resueltos por la Sección Cuarta del
Consejo de Estado a través de la Sentencia de 26 de octubre de 2023, en la
cual la referida autoridad judicial estudió disposiciones tales como los
artículos 17719 de la Ley 1607 de 201220, 2321 de la Ley 1450 de 201122 y 1523

18 Las cuales no fueron mencionadas de manera puntual, sino que el demandante indicó de manera general que

se refería al ”acervo probatorio acreditado en relación con la PROPIEDAD que tiene el Instituto Nacional de Vías-
INVIAS, del inmueble objeto del tributo”.
19 ”Artículo 177. Modifíquese el artículo 54 de la Ley 1430 de 2012, el cual quedará así:

Artículo 54. Sujetos pasivos de los impuestos territoriales. Son sujetos pasivos de los impuestos departamentales y
municipales, las personas naturales, jurídicas, sociedades de hecho y aquellas en quienes se realicen el hecho
gravado a través de consorcios, uniones temporales, patrimonios autónomos en quienes se figure el hecho
generador del impuesto.
En materia de impuesto predial y valorización los bienes de uso público y obra de infraestructura continuarán
excluidos de tales tributos, excepto las áreas ocupadas por establecimientos mercantiles. Son sujetos pasivos del
impuesto predial, los tenedores a título de arrendamiento, uso, usufructo u otra forma de explotación comercial
que se haga mediante establecimiento mercantil dentro de las áreas objeto del contrato de concesión
correspondientes a puertos aéreos y marítimos.”
20 ”Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones.”
21 ”ARTÍCULO 23. Incremento de la tarifa mínima del Impuesto Predial Unificado. El artículo 4 de la Ley 44 de 1990

quedará así:
"ARTÍCULO 4. La tarifa del impuesto predial unificado, a que se refiere la presente ley, será fijada por los respectivos
Concejos municipales y distritales y oscilará entre el 5 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo.
Las tarifas deberán establecerse en cada municipio o distrito de manera diferencial y progresivo, teniendo en
cuenta factores tales como:
1. Los estratos socioeconómicos.
2. Los usos del suelo en el sector urbano.
3. La antigüedad de la formación o actualización del Catastro.
4. El rango de área.
5. Avalúo Catastral.
A la propiedad inmueble urbana con destino económico habitacional o rural con destino económico
agropecuario estrato 1, 2 y 3 y cuyo precio sea inferior a ciento treinta y cinco salarios mínimos mensuales legales
vigentes (135 smlmv), se le aplicará las tarifas que establezca el respectivo Concejo Municipal o Distrital a partir del
2012 entre el 1 por mil y el 16 por mil.”
22 ”Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.”
23 ”ARTÍCULO 15. Sujeto pasivo. Es sujeto pasivo del impuesto predial unificado, la persona natural o jurídica,

propietaria o poseedora de predios ubicados en la jurisdicción del Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla.
Responderán solidariamente por el pago del impuesto, el propietario y el poseedor del predio Cuando se trate de
predios sometidos al régimen de comunidad serán sujetos pasivos del gravamen los respectivos propietarios, cada
cual en proporción a su cuota, acción o derecho del bien indiviso.
Si el dominio del predio estuviere desmembrado, como en el caso del usufructo, la carga tributaria será satisfecha
por el usufructuario.
Cuando se trate de predios vinculados y/o constitutivos de un patrimonio autónomo serán sujetos pasivos del
gravamen los respectivos fideicomitentes y/o beneficiarios del respectivo patrimonio.
También serán sujetos pasivos del impuesto los particulares ocupantes de las construcciones, edificaciones o
cualquier tipo de mejora sobre bienes de uso público de la Nación o el Distrito. El pago de este impuesto no genera
ningún derecho sobre el terreno ocupado.”

7 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00827-00
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

del Decreto 924 de 201124 del municipio de Barranquilla, así como la
Sentencia de 11 de octubre de 2023 de la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, Exp. 26.129, para establecer que, si bien, por regla general, los bienes
de uso público estaban excluidos del pago del impuesto predial y
valorización, lo cierto era que la existencia de áreas ocupadas por
establecimientos mercantiles permitían el cobro del tributo.

31. Posteriormente, realizó un estudio de pruebas como el Contrato de
Concesión No. 8 de 1993, los contratos adicionales (otrosí) No. 7 y 8 de 2008,
el certificado de existencia y representación de la SPRB, e indicó que no
estaba en discusión que uno de los predios entregados en concesión
correspondía al identificado con la matrícula inmobiliaria No. 040-71229,
sobre el cual se generó la liquidación No. 0118546595 para el pago del
impuesto predial unificado.

32. A partir de ello, concluyó que el inmueble objeto de liquidación se
catalogaba como de uso público y que la SPRB ejercía actividades de tipo
económicas en los terrenos que hacían parte de dicho bien, pues prestaba
servicios portuarios de los cuales se lucraba, e indicó que la parte
demandante no demostró que no ejercía dichas actividades de
explotación económica. En consecuencia, había mérito suficiente para
determinar que la entidad demandante se constituía en el sujeto pasivo del
impuesto objeto de discusión.

33. Finalmente, la Sección Cuarta del Consejo de Estado sostuvo que no
era necesaria la actuación previa al cobro del tributo, relacionada con la
calificación de la naturaleza del bien con el fin de determinar el sujeto
pasivo, toda vez que, en el proceso judicial, el interesado podía desplegar
la carga argumentativa y probatoria tendiente a demostrar las
características reales del bien, estudio que en efecto realizó dicha autoridad
judicial.

34. En virtud de lo anterior, debe señalarse que no se evidenció la
necesidad de intervención del juez de tutela en un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural, quien puso de presente las razones por las cuales
consideró que no existían argumentos para declarar la nulidad de los actos
administrativos demandados y para declarar que la SPRB no era la
responsable del impuesto predial.

35. Así las cosas, debe aclarase que las diferencias interpretativas que
existieren entre la parte demandante y el juez natural de la causa no
constituyen, por sí mismas, la justificación para que el juez de tutela revise las
decisiones del juez ordinario. En otras palabras, la presentación de las
discrepancias entre lo decidido por el juez y el criterio de quien enjuicia

24 ”Por el cual se renumera la normativa tributaria del distrito especial, Industrial y portuario de barranquilla

contenida en el decreto 0180 de 2010”

8 de 9

Radicación: 11001-03-15-000-2024-00827-00
Demandante: Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla S.A.
Demandado: Consejo de Estado - Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Declara improcedente
_________________________________________________________________________________________________________

dicha decisión, vía tutela, no da por cumplido el requisito de relevancia
constitucional. Más, si se trata de una tutela contra providencia judicial, pues
este es un mecanismo constitucional de amparo de derechos
fundamentales de carácter excepcional.

2.4. Conclusiones

22. Con fundamento en las razones expuestas, la Sala declarara la
improcedencia de la solicitud de amparo habida cuenta que no se satisfizo
el requisito de relevancia constitucional.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo solicitado por la Sociedad
Portuaria Regional de Barranquilla SA, de conformidad con las razones
expuestas.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirlo, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General15.

TERCERO: De no ser impugnada esta providencia REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CUARTO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con aclaración de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

9 de 9

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.