Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2019-00868-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2019-00868-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 08001-23-33-000-2019-00868-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C. veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 08001-23-33-000-2019-00868-01
Demandante: Luz María Amador Peñaloza
Demandados: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio
Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos
Tema: Derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente; la realización de construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de
manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de calidad de
vida de los habitantes; los derechos de los consumidores y usuarios
Decisión: Revocar la sentencia de primera instancia y, en su lugar, declarar la
vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente; a la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, dando prevalencia al beneficio de la calidad
de vida de los habitantes
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte accionante en contra de
la sentencia del 24 de agosto de 2023 del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante
la cual se negaron las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El 19 de diciembre de 2019, por medio de apoderado judicial, la señora Luz María
Amador Peñaloza demandó al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla (en
adelante el Distrito) y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, para obtener la
protección de los derechos e intereses colectivos a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente, a la realización de las construcciones, edificaciones
y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y los derechos de
los consumidores y usuarios.
Específicamente, la parte actora formuló las siguientes pretensiones:
Primero. Que mediante sentencia que haga tránsito a cosa juzgada se le protejan a mi
poderdante, al igual que a los propietarios y/o habitantes o poseedores del conjunto
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Demandante: Luz María Amador Peñaloza
Demandados: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y otro
residencial "Privilegios”, bloque 3, 4 y 5, los derechos colectivos a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y los derechos de los
consumidores y usuarios contemplados en los literales i) m) y n) del artículo 4º de la ley
472 de 1998.
Segundo. Que, en desarrollo de la protección señalada en el punto primero, ordene la
evacuación de todos los habitantes y/o propietarios del conjunto residencial "Privilegios”,
bloque 3,4, y 5, situado en la carrera 41 No. 89-90, hasta cuando se establezca la real
situación estructural de los mencionados bloques; procediendo, además, si no lo hubiese
hecho, a cancelarle como medida cautelar subsidios de arrendamientos a los que se
ordene la evacuación.1
1.2. Como sustento de las anteriores pretensiones, en la demanda se narró que, previa
la obtención de licencias expedidas por el Departamento Administrativo de Planeación
Distrital de Barranquilla, la sociedad Proyectos Barranquilla Ltda. construyó en las
carreras 41 y 41B entre las calles 89 y 90 del noroccidente de la ciudad de Barranquilla
el conjunto residencial “Privilegios”.
Describió que en el año 2001 se produjo el deterioro estructural de los bloques 1 y 2 del
mencionado conjunto residencial y en el año 2002 los propietarios de esos bloques
presentaron una acción popular.
Mediante sentencia del 18 de octubre de 2007, el Tribunal Administrativo del Atlántico
amparó los derechos colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente, a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas y dando prevalencia al beneficio de la calidad de
vida de los habitantes, y los derechos de los consumidores y usuarios de los residentes.
Señaló que en el fallo se ordenó al Distrito y a la sociedad Proyectos Barranquilla Ltda.
de manera solidaria iniciar los trámites para contratar la ejecución de los trabajos de
adecuación y estabilización de los bloques 1 y 2 del conjunto residencial “Privilegios” para
hacer cesar la vulneración, de conformidad con los informes técnicos del expediente, así
como, la continuidad con el apoyo logístico de los residentes hasta la conclusión de los
trabajos que permitieran habitar los inmuebles de manera permanente y sin riesgo.
Manifestó que el 12 de noviembre de 2009, la sentencia fue confirmada por la Sección
Primera del Consejo de Estado.
Adujo que los bloques 3, 4 y 5 del mismo conjunto residencial, se habían deteriorado de
tal manera que en el acta núm. 06 de 2013 el Consejo Distrital del Riesgo de Desastres
de Barranquilla ordenó la evacuación; sin embargo, no se había realizado en su totalidad.
Sostuvo que el Distrito no había adoptado las acciones necesarias, a pesar de los
requerimientos de la Oficina de Gestión de Riesgos de Barranquilla y las
recomendaciones de estudiar en detalle la patología estructural del conjunto residencial,
para complementar la evaluación de las amenazas debido al fenómeno de remoción en
masa, la erosión de las zonas aledañas y socavación lateral del canal “Parrish”.
Afirmó que, al no realizarse los estudios señalados para los bloques 3, 4 y 5, la
evacuación parcial o total de los residentes y los subsidios que se hubieran pagado
1Índice 2 de SAMAI de la primera instancia. Anexo 3_AUTOADMITEDEMANDA(.pdf) NroActua 2.
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parcial o totalmente, se prolongarían en el tiempo. Por tanto, la situación de los
propietarios, habitantes y poseedores de los apartamentos no tendría solución, lo que
conllevaba una vulneración del derecho a una vivienda digna y a que el constructor, el
Distrito y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio no resarcieran la negligencia
ocurrida.
Finalmente, aseguró que, conforme al acta núm. 6 de 2004 inscrita en la Cámara de
Comercio, la sociedad Proyectos de Barranquilla Ltda. se encontraba liquidada.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. Por auto del 15 de enero de 20202, el Tribunal Administrativo del Atlántico
admitió la demanda y ordenó la notificación personal del Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, del Ministerio
Público y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
2.2. Mediante escrito del 27 de enero de 20203, el Distrito Especial, Industrial y
Portuario de Barranquilla contestó la demanda.
Al oponerse a las pretensiones, propuso como excepción la falta de prueba de la
vulneración de los derechos colectivos por parte de la entidad, por cuanto no se
encontraba demostrada la omisión. Contrario a ello, afirmó que el Consejo Distrital de
Gestión del Riesgo ordenó la evacuación inmediata de las torres del conjunto Residencial
“Privilegios”.
Señaló que, aunque el Distrito dio las garantías a los residentes y propietarios de los
inmuebles, muchas personas decidieron quedarse en estos, y que, a la fecha se mantenía
vigente la orden de evacuación por las condiciones del terreno y el riesgo de remoción
en masa.
Adujo que, ante la renuencia de los habitantes de los bloques 3, 4 y 5 del conjunto
residencial “Privilegios” para desalojar los inmuebles, se les había requerido mediante
comunicaciones sobre la necesidad de actuar con precaución, solidaridad,
autoconservación y protección.
Indicó que había otorgado 20 subsidios de arriendo temporal a los residentes de los
mencionados bloques del conjunto residencial que se habían acogido al desalojo.
Puso de presente que expidió el Decreto Distrital núm. 0959 de diciembre de 2015
denominado “Plan Integral de la Ladera Occidental del Distrito de Barranquilla”, para
desarrollar una estrategia de gestión integral del riesgo en la ladera occidental del Distrito
de Barranquilla, asociada a los fenómenos de remoción en masa.
Concluyó que había agotado todos los mecanismos previstos en la ley para enervar
cualquier contingencia o peligro; sin embargo, los moradores insistían en permanecer en
el lugar, lo que no era atribuible al Distrito, ya que el riesgo era asumido por estos
directamente.
2Índice 2 de SAMAI de la primera instancia. Anexo 3_AUTOADMITEDEMANDA(.pdf) NroActua 2.
3 Índice 4 del SAMAI de la primera instancia.
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2.3. El 6 de febrero de 2020, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio4 contestó
la demanda. Al oponerse a las pretensiones formuló la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva, al no tratarse de un asunto previsto funcionalmente para esa
cartera. Alegó adicionalmente, la inexistencia de la vulneración de los derechos colectivos
por parte de esa entidad.
2.4. Mediante auto del 28 de marzo de 20225, el Tribunal Administrativo del Atlántico
fijó fecha para la celebración de la audiencia de pacto de cumplimiento, la cual se declaró
fallida el 26 de mayo del mismo año6.
2.5. El 21 de junio de 2022, se abrió el proceso a la etapa probatoria7 y el 1º de febrero
del 2023 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión8.
III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
Mediante sentencia del 24 de agosto de 2023, el Tribunal Administrativo del Atlántico
negó el amparo solicitado. Específicamente, en la parte resolutiva señaló9:
[…]
Primero. – DECLÁRASE probada la excepción de falta de legitimación por pasiva propuesta
por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, de conformidad con las consideraciones
expuestas en la parte motiva del presente proveído.
Segundo. – DENIÉGUENSE las pretensiones de la presente acción popular por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
Tercero. – NOTIFÍQUESE esta providencia personalmente a la parte actora, señora Luz
María Amador Peñaloza, a las entidades accionadas Distrito Especial, Industrial y portuario
de Barranquilla y Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, así como al procurador judicial
delegado para ante este Tribunal.
Cuarto. – Sin costas en esta instancia.
Quinto. – En firme esta Sentencia por Secretaría archívese el expediente, previas
anotaciones y constancias a que haya lugar.
El Tribunal Administrativo del Atlántico señaló que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio no estaba legitimado para ser demandado, porque el artículo 2º del Decreto
3571 del 27 de septiembre de 2011 no contemplaba competencias directas frente a las
pretensiones de la demanda.
Por otra parte, al resolver el asunto de fondo, se planteó si se encontraba demostrada la
afectación de los derechos colectivos invocados, a pesar de que el Distrito alegó el
cumplimiento de sus funciones, al ofrecer las herramientas necesarias a los residentes o
4Índice 5 de SAMAI de la primera instancia.
5Índice 9 de SAMAI de la primera instancia.
6Índice 21 de SAMAI de la primera instancia. Anexo
25_ACTADEAUDIENCIA_PACTOCUMP_20190086800LUZAM(.pdf) NroActua 21.
7Índice 23 del SAMAI de la primera instancia. Anexo ED-06AUTODECRETAPRUEBA(.pdf) NroActua2.
8Índice 57 de SAMAI de la primera instancia. Anexo 57_AUTOCORRETRASLADO_CORRETRAS(.pdf)
NroActua 57.
9Índice 72 de SAMAI de la primera instancia. Anexo 77_SENTENCIA_DENIEGA(.pdf) NroActua 72
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propietarios de los inmuebles ubicados en el conjunto residencial “Privilegios” bloques 3,
4 y 5 para que los evacuaran.
Sobre el problema jurídico señalado anteriormente, después de constatar las pruebas del
proceso, señaló que estaba demostrado que las unidades residenciales ubicadas en los
bloques núm. 3, 4 y 5 del conjunto residencial “privilegios” corrían peligro de colapsar y
no estaban en condiciones de brindar a sus moradores las condiciones mínimas de
seguridad, por tanto, lo procedente era el desalojo total de las unidades residenciales que
aún se encontraban habitadas.
Así mismo, mencionó que se acreditó que el Consejo Distrital de Gestión de Riesgo
ordenó la evacuación inmediata de los bloques 3, 4 y 5 y había aprobado dos meses de
subsidio para alojamiento temporal de las familias que estaban como arrendatarias y
subsidio de alojamiento temporal indefinido para los núcleos familiares de los propietarios
residentes; sin embargo, algunos de los residentes se mantenían renuentes al desalojo
por decisión voluntaria, desconociendo los deberes de autoprotección y el principio de
precaución consagrado en la Ley 1523 de 2012.
Finalmente, afirmó que la acción popular buscaba la protección de derechos e intereses
colectivos y que los conflictos jurídicos que versaran sobre derechos particulares o
patrimoniales individuales, como la continuidad de los subsidios, se debían resolver por
medio de los mecanismos legales contemplados para ello.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
4.1. La demandante10 en el recurso manifestó que estaba en desacuerdo con la
sentencia de primera instancia.
Argumentó que era una sentencia incongruente entre la parte motiva y la parte resolutiva,
la cual, además, negaba el peligro en que se encontraban los habitantes y propietarios
de los tres bloques.
Señaló que, a pesar de haber tenido en cuenta un proceso similar, con radicado 08001-
23-31-006-2002-01193-01, relacionado con los bloques 1 y 2 del mismo conjunto
residencial “Privilegios”, no replicó el razonamiento y la conclusión adoptada por la misma
Corporación en sede de primera instancia y el Consejo de Estado, en segunda instancia,
decisiones en las cuales se ampararon los derechos colectivos. Además, no se explicó
porque se apartaba de dichas providencias.
Adujo que el hecho de que algunos propietarios no hubieren acatado la orden de desalojo
del Distrito no justificaba una sentencia denegando las pretensiones, pues la renuencia
de los habitantes de los bloques 3, 4 y 5, sin razón jurídica para no desalojar, vulneraba
los derechos fundamentales de quienes si cumplieron con la medida de desalojo.
Afirmó que el Tribunal al negar las pretensiones, puso en riesgo a las personas que aún
habitan los bloques 3, 4 y 5 del edificio “Privilegios” ocasionando con ello, la vulneración
de los derechos colectivos reclamados.
V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
10Índice 2 de SAMAI en esta instancia.
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5.1. En proveído del 24 de mayo de 2024 se admitió el recurso de apelación11 y se
prescindió del traslado para alegar de conclusión.
5.2. El 7 de junio de 2024, el expediente ingresó al Despacho para fallo12.
VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo 150
de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 2019, proferido por el
Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda instancia,
de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los Tribunales
Administrativos en los medios de control de defensa de intereses y derechos colectivos.
6.2. Delimitación de la decisión de segunda instancia
Del recurso de apelación se extrae que son dos los cargos que formula la apelante: el
primero de ellos consiste en que, para la demandante, el Tribunal no debió negar las
pretensiones del libelo introductorio, con fundamento en que el Distrito había adelantado
las actuaciones administrativas que le correspondían, si aún existían habitantes en los
bloques 3, 4 y 5 del conjunto residencial “Privilegios” que se rehusaban a desalojar los
inmuebles, lo que constituiría la vulneración de los derechos invocados.
El segundo aspecto, se relaciona con el desconocimiento de la decisión adoptada por el
Consejo de Estado en el proceso con radicado 08001-23-31-006-2002-01193-01-H en el
que se estudiaron situaciones similares a las propuestas en el expediente de la referencia
del que se apartó sin justificación el a quo.
6.3. Análisis de la Sala
a) Sobre la vulneración de los derechos colectivos invocados
Respecto del primer cargo, la Sala procederá a analizar si se vulneran los derechos a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes de los
bloques 3,4 y 5 del conjunto residencial “ Privilegios”, que no han desalojado los
inmuebles de acuerdo con la orden del Distrito, si la zona en la que se ubican se
encuentra catalogada como de alto riesgo.
Con el fin de desatar el anterior cuestionamiento, se trae a colación el material probatorio
que reposa en el expediente:
a). El Acta núm. 006-2013 de “Reunión Extraordinaria en Atención a la Calamidad Pública
decretada en el Distrito de Barranquilla contenida en el Decreto Distrital 0776 de 2013”,
de la cual se extrae:
[…]
11Índice 4 de SAMAI en esta instancia.
12Índice 12 de SAMAI en esta instancia.
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La Ing. Ana Saltarin, expone al Consejo que el Conjunto Residencial Privilegios ubicado en
la carrera 41 No 89-90 del barrio Campo Alegre, requiere de atención prioritaria. Al respecto
se hace claridad en que el Tribunal Administrativo del Atlántico mediante auto de fecha 07
de noviembre de 2003 dispone en su artículo 1 y 2 del Conjunto Residencial Privilegios,
ubicado en la carrera 41 con calle 89 de Barranquilla, para evitar un desastre, la cual será
dirigida y coordinada por el Departamento de Atención y Prevención de Desastres del
Distrito de Barranquilla con apoyo de la Policía Nacional, si fuese necesario. 2º Ordénese
al Departamento de Atención y Prevención de Desastres del Distrito de Barranquilla
apoye logísticamente tanto la evacuación como la reubicación de las personas
ocupantes de los bloques mencionados que se encuentren en condiciones
económicas precarias para atenderlas con sus propios recursos. Este aspecto será
evaluado en cada caso específico por dicho departamento…” y de igual modo el Consejo
de Estado en sentencia de fecha 12 de noviembre de 2009 confirmó el citado fallo del
Tribunal Administrativo del Atlántico.
Que, en ese sentido, el Distrito de Barranquilla cumplió con dicha orden judicial y, por ende,
a la fecha se encuentran evacuados los bloques 1 y 2 del citado conjunto. No obstante lo
anterior, recomienda atender prioritariamente las evacuaciones de los bloques restantes de
ese conjunto que se encuentran habitados.
[…]
Por su parte la Ing. Saltarín informa que el conjunto residencial privilegios (sic) fue censado
con el apoyo de la Defensa Civil. Este censo constaba de 47 familias residentes.
El quorum decisorio aprueba la evacuación inmediata de estas 47 familias previo
cumplimiento de los siguientes requisitos;
[…]
De esta manera el Consejo aprueba la entrega de las siguientes ayudas humanitarias:
Dos meses de subsidio de alojamiento temporal para las familias que son arrendatarias,
por valor de $750.000 c/u.
b. Subsidio de alojamiento temporal de manera indefinida para el núcleo familiar de los
propietarios residentes por valor de $750.000 mensual.
Se aprueba a la coordinación del consejo, realizar solicitudes ante Secretaría de Gobierno,
Ejército y Policía Nacional para que se brinde amparo policivo en las jornadas de
evacuación que se requieran y de igual modo para conservar la seguridad de los inmuebles
desalojados; también se aprueba a la coordinación del consejo, realizar solicitudes a la( sic)
empresa prestadoras de servicios públicos domiciliarios para la suspensión de los servicios
de agua, luz y gas únicamente, siendo que los demás actos correspondientes a estos
contratos de prestación de servicios le corresponde exclusivamente al usuario.
[…] [Negrillas fuera de texto].
b). En el informe de visita de Campo y Concepto Técnico sobre la intervención del Canal
Parrish y Los Conjuntos Residenciales “La Colina Campestre y Privilegios” elaborado por
la Universidad de Cartagena de noviembre de 2013, se estableció lo siguiente:
[…] Localización del Conjunto Residencial Privilegios
El conjunto residencial está ubicado entre la carrera 41 y 91 al canal Parrish
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[…]
2.2 Conjunto Residencial Privilegios
El conjunto residencial consta de 5 edificios de 5 y 6 pisos, construido mediante un sistema
estructural de muros de carga y losas con viguetas prefabricadas, muros y losas a la vista,
se debe mencionar que dos bloques se encuentran deshabitados.
Las edificaciones presentan alto deterioro por oxidación en los refuerzos de
viguetas, vigas y muros, los recubrimientos en general no se cumplieron, los refuerzos
con mayor recubrimiento ya oxidados han fracturado el concreto y los muros.
[…]
Se presentan grietas verticales de 2 a 4 centímetros definidas entre las escaleras y
los dos bloques laterales de cada edificación lo que indica una separación entre
estos bloques por asentamiento diferencial y falta de vigas de amarre entre ellas que
obligara a trabajar en conjunto.
[…]
Existe un muro de contención que sirve de apoyo lateral a una edificación, dicho
muro presenta un acabado irregular y una inclinación (abombamiento) que mediante
la información visual obtenida no es posible determinar su condición de estabilidad o
deterioro. Pero es fundamental su evaluación detallada, porque su colapso puede generar
problemas graves en la estructura.
[…]
Se presentan problemas de humedad por capilaridad en planta baja y por filtración
en los muros y losas de niveles superiores lo que ha contribuido al alto grado de
oxidación presente en las estructuras.
El canal Parrish que recoge las aguas de toda esta zona y que pasa a pocos metros del
conjunto, se ha visto afectado por posibles movimientos en masa, debido a la proximidad
de la ladera, gracias a ello no se descartan posibles incrementos de los niveles de agua
del arroyo debido al estancamiento del canal con material de la ladera.
Geológicamente las edificaciones se localizan sobre la unidad litológica de
Formación Perdices, constituida por arcillolitas limosas con esporádicas intercalaciones de
limos y arenas finas, los suelos residuales producto de la meteorización son arcillosos, muy
plásticos expansivo y altamente susceptible a movimientos en masa.
Fundamentado en los estudios de Evaluación por Amenazas a movimientos en masas
realizados por INGEOMINAS (2011), las torres que conforman el Conjunto Privilegio se
encuentran afectadas en sus alrededores por laderas categorizadas de alta a media
a los movimientos en masas.
[…]
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
[…]
b.) Para emitir un concepto detallado de la condición de estabilidad de las estructuras, se
debe tener los estudios geotécnicos, diseños estructurales con sus respectivas memorias
de cálculos, planos de construcción, información del proceso de construcción y posibles
reparaciones.
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Se recomienda realizar estudio detallado de patología estructural del conjunto residencial,
además de complementar el mismo mediante un estudio de evaluación de las amenazas
presentes en entorno debido a procesos de remoción en masa y erosión en las laderas
aledañas, y socavación lateral del canal Parriish.
Es pertinente evitar y deshabitar las estructuras comprometidas, hasta realizar estudios
más detallados que garanticen la condición de estabilidad de la estructura. [Negrillas fuera
de texto].
c). El oficio del 19 de noviembre de 2019 de la Oficina de Gestión de Riesgo de
Barranquilla que da respuesta a la solicitud con número de registro EXT-QUILLA 19-
202126, en el que se resalta lo siguiente:
[…]
En relación con su primera petición, en donde manifiesta que se debe “ Proteger de
manera inmediata los derechos e intereses colectivos a la seguridad y a la prevención
de desastres previsibles técnicamente; a la realización de construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas de manera
ordenada y dando prevalencia (sic) la beneficio de calidad de vida de los habitantes
y de los derechos de los consumidores […] que se han vulnerado y/o amenazado de
los propietarios y/o poseedores o habitantes de los bloques 3, 4, 5 del Conjunto
Residencial Privilegios situado en la carrera 41 No 89-90 de esta ciudad”. Me permito
poner bajo su conocimiento que estos derechos, ya han sido susceptibles de
protección mediante la expedición del Acta 06 de 2013, emitida por el Consejo Distrital
de Gestión del Riesgo, incluyendo como una de las medidas que buscaba proteger la
vida e integridad de las personas que allí residían, fue la de ordenar la evacuación
inmediata de las torres del conjunto residencial Privilegios, basándonos en el principio
de Precaución que establece la Ley 1523 de 2012. Sin embargo, a pesar que el
Distrito ofreció todas las herramientas para ayudar a los residentes y/o propietarios
de los inmuebles, muchas de las personas decidieron quedarse, incluso conociendo
del posible riesgo que corren al habitar estas viviendas.
2.- En la segunda petición, donde solicita “Ordenar un estudio de suelo y estructura
de los bloques 3,4 y 5 del conjunto residencial Privilegios”. Es preciso mencionar;
Sobre la situación del sector donde se encuentra ubicado el citado inmueble, se le
informa que a través del Decreto Distrital No. 0959 de diciembre de 2015, el Distrito
de Barranquilla se encuentra atendiendo la problemática desencadenada por la
remoción en masa, a través del Plan Integral de la Ladera Occidental del Distrito de
Barranquilla”, el cual tiene como objetivo principal “ desarrollar una estrategia de
Gestión Integral del Riesgo en la Ladera Occidental del Distrito de Barranquilla,
asociada a los fenómenos de movimientos en masa e inundación, consolidando la
gestión del riesgo como un PROCESO SOCIAL en el que todos los responsables,
mediante procesos de uso y ocupación sostenible del territorio, con el propósito de
contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo
de la ciudad”
A su vez este plan se compone de diversos programas y proyectos destinados al
conocimiento y reducción del riesgo de desastres y al manejo del desastre en la
Ladera Occidental de la ciudad […]
Por esa razón y con el fin de cumplir con el objetivo de realizar dicho estudio, la Oficina
de Gestión del Riesgo, solicitó y realizó la gestión necesaria para lograr la asignación
de los recursos correspondientes mediante los oficios QUILLA-16-087905, QUILLA
17-103001, QUILLA […] y QUILLA 19-141-477. Sin embargo, a la fecha no se ha
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Demandados: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y otro
obtenido una respuesta positiva por parte de la Secretaría de Hacienda Distrital para
poner en marcha este proyecto.
Por último, reiteramos que Mediante Acta 06 de 2013, emitida por el Consejo Distrital
de Gestión del Riesgo, se ordenó la evacuación de las torres 3, 4 y 5 del conjunto
residencial Privilegios con un ingreso nuevo que está en trámite este mes de
noviembre de 2019. De igual forma, se han realizado operativos de desalojo en las
torres antes mencionadas, sin embargo, las familias no quieren evacuar y no tienen
ánimo de cumplir la orden de evacuación.
[…] [Negrillas fuera de texto].
d). En el dictamen pericial del arquitecto Carlos Arturo Acevedo Juliao 13 de septiembre
de 2022, decretado en el proceso mediante auto del 21 de junio de 2022 14se precisó lo
siguiente:
[…]
1) CENSO DE LOS ACTUALES MORADORES: A continuación me permito suministrar la
lista de los actuales moradores del condominio en su calidad de propietarios o inquilinos
13 Índice 43 de Samai en la primera instancia. Arquitecto adjuntó su hoja de vida como perito avaluador y
los diferentes trabajos que ha adelantado como auxiliar de la justicia ante despachos judiciales y como
particular en el ejercicio de su profesión.
14 Índice 23 de Samai en la primera instancia.
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(…)
4) CARACTERISTICAS URBANAS DEL SECTOR
4.1) Tipo de zona y estratificación
El sector está catalogado como “ZONA DE ALTO RIESGO”, como su nombre lo indica
y se encuentra ubicado en el sector denominado barrio “Campo Alegre” dentro del perímetro
urbano del “Distrito Especial Inudstrial y Portuario de la Ciudad de Barranquilla”.
(…)
5) ANALISIS HISTÓRICO DE LA SITUACIÓN DE COLINAS CAMPESTRE
En el informe realizado al sector Campo Alegre y otros sectores de las laderas occidentales
de Barranquilla, Departamento de Atlántico, realizado por el INGEOMINAS, Subdirección
de Amenazas y Entorno Ambiental, en marzo de 2006. Este- se advierte- fue ejecutado por
solicitud de la administración distrital y es el resultado del “análisis general” y de la “visión
global geológica y geomorfológica de la región”, a partir de una visita efectuada por el
término de 2,5 días.
A continuación, este análisis determinó que agregado a los materiales que componen las
laderas barranquilleras, las principales causas de los movimientos de tierras están en alta
pluviosidad, característica de esta zona del país, agregada a la ausencia de un drenaje de
las aguas subterráneas y superficiales. En seguida, previo a relacionar las conclusiones y
recomendaciones respectivas, este estudio alertó lo siguiente “este tipo de procesos de
inestabilidad han venido ocurriendo hace más de 5 décadas en la región y en la actualidad
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lo que sucede es una reactivación de estos fenómenos acentuados por la actividad
antrópica asociada con deforestación y disposición de aguas servidas de manera
antitécnica”. Además, dentro del capítulo de conclusiones generales, el informe advirtió que
los deslizamientos pueden seguir avanzando, “constituyéndose aún más en un problema
inmanejable”, y concretó que las medidas técnicas que deben implementarse deberían
tener en cuenta el estudio realizado por INGEOMINAS en el año 1997 […] del cual-
denuncia- no ha tenido “gran impacto” sobre las diferentes administraciones distritales de
los últimos años.
Bajo las condiciones antedichas, este informe relaciona el conjunto de recomendaciones a
corto, mediano y largo plazo, que deberían implementarse para controlar “los efectos de los
procesos de remoción en masa evidenciados”. Dentro de las primeras, insiste en la
implementación del estudio elaborado por INGEOMINAS en el año 1997, obtenido mediante
el método del “talud infinito”, reparando que “es el más real tenido en cuenta la ausencia
total de medidas de mitigación en los sectores identificados y el incremento en la
colonización de las laderas occidentales tanto por desarrollos ilegales como por
urbanizaciones legales”. Además, como estrategias prioritarias para afrontar
deslizamientos, en estudio considera que se deben ejecutar obras que garanticen el drenaje
de aguas y se debe adelantar la cartografía detallada de cada uno de los movimientos.
Finalmente, respecto de las recomendaciones a mediano y largo plazo, se hizo énfasis en
la elaboración de estudios geomorfológicos y geotécnicos detallados, entre otros, en los
que se identifiquen los factores detonantes de cada deslizamiento y se aconsejó efectuar
campañas educativas con la población afectada “para darle a conocer las causas y
consecuencias de los fenómenos geológicos que se pueden presentar en la región”.
[…]
6) ANTECEDENTES
6.1. A través del informe presentado por INGEOMINAS y el DADIMA al Distrito de
Barranquilla, consistente en los peligros que representaban adelantar obras civiles de
urbanismo y construcción en el sector denominado “Campo Alegre”, informes los cuales los
urbanizadores y constructores debían tener conocimiento de ellos por razones de su oficio.
Aun así el, el Distrito de Barranquilla a través de la SECRETARÍA DE PLANEACIÓN expidió
los alineamientos que le fueron solicitados por los interesados en adelantar las obras de
construcción de condominios en ese sector y peco(sic), al no advertirle a los interesados,
fueran personas naturales o jurídicas del grave riesgo en que incurrían al adelantar obras
en estos terrenos en las condiciones conocidas por (sic)El Distrito.
6.2 EL POT, en su artículo No 331- DE LAS ZONAS DE PROTECCIÓN POR ALTO
RIESGO NO RECUPERABLES
Dice textualmente “ Son aquellas áreas urbanas o rurales, en gran parte ocupadas con
vivienda u otro tipo de edificación, que por su conformación topográfica de altas pendientes,
características hidrogeológicas, o por la presencia de procesos de inestabilidad geológica
activos o latentes, por estar sometidas a una amenaza potencial o riesgo externo, son
altamente inestables y de difícil tratamiento para su recuperación; así como aquellos
terrenos ubicados en márgenes de arroyos, quebradas o ríos y en planicies de inundación
carentes de obras de protección y que no son aptas para la localización de asentamientos
humanos. (ACUERDO 0003 DE 2007.ARTÍCULO 189)”.
Indudablemente el riesgo que representa el deterioro de la infraestructura se puede
considerar de alto riesgo, porque de acuerdo al estudio presentado por INGEOMINAS Y
DADIMA desde el año 1.997, denominado “EVALUACIÓN GEOTÉCNICA DE LAS
LADERAS OCCIDENTALES DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA” se advertía sobre la
peligrosidad de adelantar obras de urbanismo y construcción es esse (sic) sector de la
ciudad denominado “Campo Alegre”.
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7) CONCLUSIONES FINALES
7.1. Situación actual de las unidades residenciales. Las viviendas que tuve la
oportunidad de visitar corren el peligro de colapsar, tanto es así que aproximadamente
el 85% de sus moradores ya sean en calidad de propietarios o inquilinos han optado por
desalojarlas.
7.2. Daños que pude apreciar en la estructura de los bloques No 3-4 y 5 en la fecha de
Inspección Judicial y en mi posterior visita. Los bloques mencionados presentan un
aspecto de abandono total, observé fisuras en las losas de cubierta de las unidades
residenciales, las comunicaciones verticales (Escaleras) entre los diversos niveles (Pisos)
presentan una desigualdad en las alturas de sus contrahuellas y longitud de sus huellas lo
que permite una circulación peatonal bastante incómoda propensa a las caídas.
7.3. Riesgo que representa el deterioro de la infraestructura. Indudablemente el riesgo
que representa el deterioro de la infraestructura se puede considerar de “Alto
Riesgo”, porque de acuerdo a los estudios presentados por INGEOMINAS Y DADIMA
desde el año 1.997, denominado “EVALUACIÓN GEOTÉCNICA DE LAS LADERAS
OCCIDENTALES DE LA CIUDAD DE BARRANQUILLA” se advertía sobre la peligrosidad
de adelantar obras de urbanismo y construcción en este sector.
7.4. Daños que ha sufrido la infraestructura del condominio “LOS PRIVILEGIOS” Se pudo
observar que las vías vehiculares internas no presentan los niveles adecuados para un
tránsito automotor seguro que conlleve a ejercer presiones a unas áreas que ya de por sí
presenta fallas en el sub-suelo. […] [Negrillas fuera de texto].
De acuerdo con lo anterior, está demostrado que el lugar donde se ubica el conjunto
residencial es una zona de riesgo por movimiento en masa, tal como lo describe el
informe de visita de Campo y Concepto Técnico sobre la intervención del Canal Parrish
y Los Conjuntos Residenciales “La Colina Campestre y Privilegios” elaborado por la
Universidad de Cartagena de noviembre de 2013, el cual tuvo en cuenta, adicionalmente,
los estudios de evaluación por amenazas a movimientos en masa realizados por
INGEOMINAS del 2011. De ese documento también se concluye que el estado del
conjunto residencial y los inmuebles tiene un alto deterioro.
Así mismo, se puede evidenciar que el Distrito, mediante el Acta núm. 006-2013
determinó evacuar los bloques restantes a los bloques 1 y 2 del conjunto residencial
“Privilegios”-. Con el mismo medio de prueba se demostró la aprobación de los recursos
para alojamiento tanto de arrendatarios como de los propietarios.
Adicionalmente, está demostrado, mediante el dictamen pericial practicado en el proceso,
el cual no fue cuestionado, ni fue materia de aclaración o adición, que las características
urbanas de la zona son de “Alto Riesgo” y que, al censar los bloques 3, 4 y 5, en el año
2022 permanecían trece (13) familias asentadas en el lugar.
Por otra parte, se acreditó que, de acuerdo con la respuesta de la Oficina de Gestión del
Riesgo de noviembre de 2019, que aun cuando se adoptaron medidas de evacuación y
de asignación de recursos para alojar a los moradores en riesgo, algunos de los
moradores se negaron a dejar el lugar.
En el mismo medio probatorio – respuesta de la Oficina de Gestión de Riesgo del Distrito
de Barranquilla- frente a la necesidad de estudios de suelos y estructuras de los bloques
3,4 y 5, se acreditó que la Oficina de Gestión de Riesgo resolvería dicha solicitud por
medio del “Plan Integral de la Ladera Occidental del Distrito de Barranquilla”, la cual tiene
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como objetivo principal desarrollar la estrategia para enervar las problemáticas a los
fenómenos de movimientos en masa e inundaciones del sector.
De igual forma, frente a la implementación del precitado plan de la ladera occidental del
Distrito de Barranquilla el documento acredita que no se habían obtenido los recursos
requeridos al no obtener respuesta positiva de la Secretaría de Hacienda Distrital.
El precitado documento, además, acredita que se han intentado operaciones de desalojo
y las familias se niegan a dejar el lugar, en términos de la Oficina de Gestión del Riesgo
del Distrito “no tienen ánimo de cumplir la orden de evacuación”.
Al abordar el tema a la luz del ordenamiento jurídico, conforme la Ley 388 de 199715 se
establece para los municipios -dentro de los límites de su competencia fijados por la
Constitución y las leyes- el deber de promover el ordenamiento de su territorio, mediante
el conjunto de acciones político administrativas y de planificación física concertadas, en
orden a disponer de instrumentos eficientes para orientar el desarrollo del territorio bajo
su jurisdicción y regular la utilización, transformación y ocupación del espacio, de acuerdo
con las estrategias de desarrollo socioeconómico y en armonía con el medio ambiente y
las tradiciones históricas y culturales.
En esa vía, se traza como objetivo de la precitada ley el establecimiento de mecanismos
que le permitan al municipio, en ejercicio de su autonomía, la promoción de su
ordenamiento territorial, y entre otros aspectos, la prevención de desastres en
asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas eficientes
y la mejora de los asentamientos humanos ante riesgos naturales.
Dentro de la acción urbanística, por ejemplo, se impone la necesidad de determinación
de zonas no urbanizables que presenten riesgos para la localización de asentamientos
humanos, por amenazas naturales y son factores determinantes del orden territorial para
la elaboración y adopción de los planes de ordenamiento territorial la temática de
prevención de amenazas y riesgos de desastres.
Por su parte, el artículo 14 de la Ley 1801 de 201616, en ejercicio del poder extraordinario
para la prevención del riesgo o ante situaciones de emergencia, seguridad y calamidad,
obliga a los municipios a adoptar medidas necesarias -acciones transitorias de policía-
ante la materialización de un evento de riesgo o de una situación que afecte el medio
ambiente.
15 “Por la cual se modifican la Ley 9ª de 1989 y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
16 Artículo 14 Poder extraordinario para prevención del riesgo o ante situaciones de emergencia,
seguridad y calamidad. Los gobernadores y los alcaldes, podrán disponer acciones transitorias de Policía,
ante situaciones extraordinarias que puedan amenazar o afectar gravemente a la población, con el
propósito de prevenir las consecuencias negativas ante la materialización de un evento amenazante o
mitigar los efectos adversos ante la ocurrencia de desastres, epidemias, calamidades, o situaciones de
seguridad o medio ambiente; así mismo, para disminuir el impacto de sus posibles consecuencias, de
conformidad con las leyes que regulan la materia.
Parágrafo. Lo anterior sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9ª de 1979, la Ley 65 de 1993, Ley 1523 de
2012 frente a la condición de los mandatarios como cabeza de los Consejos de Gestión de Riesgo de
Desastre y las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, con respecto a las facultades para
declarar la emergencia sanitaria.
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Bajo la misma línea, el artículo 40 de la Ley 1523 de 201217 establece la obligación para
los municipios de identificar los asentamientos en riesgo y definir los mecanismos de
reubicación de éstos, así como ofrecer soluciones de vivienda.
En armonía con lo anterior, para responder al problema del caso concreto, se tiene que
el inciso 4 del artículo 56 de la Ley 9 de 1989 dispone textualmente:
[…]
Si los habitantes de inmuebles ubicados en sitios de alto riesgo rehúsan a abandonar el
sitio, corresponderá al alcalde o al Intendente de San Andrés y Providencia ordenar la
desocupación con el concurso de las autoridades de policía, y la demolición de las
edificaciones afectadas. Esta orden se considerará, para todos los efectos, como una orden
policiva en los términos del Código Nacional de Policía.
[…]
Esta Corporación18, sobre el particular ha establecido cuál es el deber ser frente a
problemáticas como la que nos ocupa. Veamos:
[…]
50. En el mismo sentido, la Ley 9ª advierte que las autoridades municipales tienen las
obligaciones de: i) levantar un inventario de los asentamientos humanos que presenten alto
riesgo para la seguridad o la salud de sus habitantes; ii) reubicar a estos habitantes en
zonas apropiadas; y iii) tomar todas las medidas y precauciones necesarias para que los
inmuebles desocupados no vuelvan a ser usados para vivienda humana.
51. Es más, si los habitantes de los inmuebles ubicados en sitios de alto riesgo se rehúsan
abandonarlos, corresponderá al alcalde ordenar la desocupación con el concurso de las
autoridades de policía, y la demolición de las edificaciones afectadas.
52. De la misma manera, esas autoridades gozan de la facultad de ordenar la desocupación
y demolición de las edificaciones construidas sin la debida autorización, que representen
un riesgo para la seguridad, tranquilidad o salubridad de la comunidad, o que vayan en
contra de las normas de urbanismo y planeación. Y podrán ordenar la ejecución de las
obras de conservación o restauración del bien inmueble que estimen necesarias
53. Esas competencias, nuevamente fueron reiteradas por la Ley 715 que atribuyó a los
municipios la obligación de reubicar asentamientos, así como de adecuar las áreas urbanas
17 Incorporación de la gestión del riesgo en la planificación. Los distritos, áreas metropolitanas y municipios
en un plazo no mayor a un (1) año, posterior a la fecha en que se sancione la presente ley, deberán
incorporar en sus respectivos planes de desarrollo y de ordenamiento territorial las consideraciones sobre
desarrollo seguro y sostenible derivadas de la gestión del riesgo, y por consiguiente, los programas y
proyectos prioritarios para estos fines, de conformidad con los principios de la presente ley.
En particular, incluirán las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de 1997, o normas que la
sustituyan, tales como los mecanismos para el inventario de asentamientos en riesgo, señalamiento,
delimitación y tratamiento de las zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales, socio
naturales o antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de reubicación de asentamientos;
la transformación del uso asignado a tales zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo; la constitución
de reservas de tierras para hacer posible tales reasentamientos y la utilización de los instrumentos jurídicos
de adquisición y expropiación de inmuebles que sean necesarios para reubicación de poblaciones en alto
riesgo, entre otros.
18 Consejo de Estado. Sentencia del 10 de marzo de 2022. C.P Roberto Augusto Serrato Valdés.
Radicación 17001-23-33-000-2019-00256-01.
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y rurales en zonas de alto riesgo. Valga recordar que estas actividades podrán ser
cofinanciadas por la Nación y los departamentos.
54. Como puede apreciarse, nuestro régimen jurídico no solo encomendó a los municipios
la obligación de adelantar acciones correctivas de desalojo de inmuebles y de reubicación
de familias en sectores en riesgo no mitigable, sino que también contempló en el
ordenamiento territorial el camino adecuado para evitar desarrollos urbanísticos en zonas
susceptibles de desastres.
55. En ese contexto normativo, es claro que el municipio cuenta con la responsabilidad de
orientar el proceso de desarrollo en función del riesgo. Además, la labor correctiva de
desalojo y reubicación se enmarca en unos postulados constitucionales y legales que
impiden al ente territorial actuar de forma ineficiente, arbitraria o desconocer los derechos
de los propietarios de los bienes inmuebles.
En la misma providencia, esta Corporación se remitió al análisis efectuado por la Corte
Constitucional, al revisar las reglas que deben seguir las autoridades territoriales en los
procesos de reubicación. Sobre el particular se trajo lo siguiente:
[…] (i) los alcaldes deben llevar a cabo un inventario de las zonas que presenten altos
riesgos para la localización de asentamientos humanos, entre otros factores, por estar
sujetas a derrumbes o deslizamientos; (ii) adelantar programas de reubicación de quienes
se encuentran en estos sitios, o implementar las medidas necesarias para eliminar el
respectivo riesgo; (iii) la entidad o el funcionario público que no cumpla con lo anterior
incurrirá en causal de mala conducta; (iv) cualquier interesado puede presentar ante el
alcalde o intendente, la solicitud de incluir una zona o asentamiento al señalado inventario;
(v) los inmuebles y las mejoras de quienes deben ser reubicados, pueden ser adquiridos a
través de enajenación voluntaria directa o mediante expropiación; (vi) los bienes antes
mencionados, adquiridos a través de las modalidades señaladas, pueden ser recibidos en
pago de los inmuebles donde fueren reubicados; (vii) el terreno a obtener debe pasar a ser
un bien de uso público administrado por la entidad que lo adquirió; (viii) las zonas de alto
riesgo deben ser desalojadas de manera obligatoria, por tanto, en caso de que quienes las
habitan se nieguen a ello, los alcaldes deben ordenar la desocupación en concurso con la
policía, así como la demolición de las construcciones averiadas. Finalmente, según lo
establecido en el artículo 56 de la Ley 9 de 1989, modificado por el artículo 5º de la Ley 2ª
de 1991, las autoridades que incumplan con lo dispuesto en la norma incurren en el delito
de prevaricato por omisión […]
De igual forma, esta Sección en la sentencia de 1° de junio de 202019, precisó cuáles son
las acciones que deben observar los municipios cuando reubican a las familias asentadas
en zona de riesgo, así:
[…] En consecuencia, la Sala considera que es necesario precisar las órdenes en el
siguiente sentido: […]
120.1 El Municipio (…) tiene la carga de reubicar directamente a las familias que no
resultaron damnificadas con ocasión del Fenómeno de la Niña y que no han sido
beneficiadas con un subsidio de vivienda, pero que habitan en zonas de alto riesgo no
mitigable (…) teniendo en cuenta que con ocasión de este proceso se probó que existe una
situación de vulnerabilidad de familias que no resultaron afectadas con el fenómeno
invernal.
120.1.1 En consecuencia, la Sala ordenará al Municipio (…) dentro del término de dos (2)
meses, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, adelante las gestiones
19Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente:
Hernando Sánchez Sánchez, radicación: 680012331000201200091-01
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administrativas, presupuestales y financieras para la reubicación definitiva de las familias
que no resultaron damnificadas con ocasión del Fenómeno de la Niña y que no han sido
beneficiadas con un subsidio de vivienda, pero que habitan en zonas de alto riesgo no
mitigable, en las rondas hídricas o en cotas de inundación en La Ceiba, El Bambú y Espuma
Baja.
120.1.2 Vencido el término anterior, el Municipio (…) deberá reubicar de forma definitiva en
un lugar que permita el acceso a los servicios públicos, por medio de un plan de vivienda
subsidiada, a las familias que no resultaron damnificadas con ocasión del Fenómeno de la
Niña y que no han sido beneficiadas con un subsidio de vivienda, pero que habitan en zonas
de alto riesgo no mitigable, en las rondas hídricas o en cotas de inundación en La Ceiba, El
Bambú y Espuma Baja. Lo anterior, en el término máximo de diez (10) meses, contado a
partir de la ejecutoria de la presente providencia.
121. La Sala le ordenará al Municipio (…) que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, en el término máximo de quince (15) días,
contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia, realice un censo con el objeto
de determinar las características de la población beneficiaria de la medida de reubicación
indicada en el inciso anterior. El censo deberá contener la siguiente información:
121.1 El número de familias que habitan en zonas de alto riesgo no mitigable (…)
122. Para la reubicación de las familias que habitan viviendas ubicadas en las zonas de alto
riesgo no mitigable o en las zonas de inundación y que fueron construidas atendiendo la
normativa vigente y con la autorización expresa de las autoridades competentes, siguiendo
el procedimiento previsto para el efecto, la administración deberá aplicar el inciso segundo
del artículo 56 de la Ley 9. ° de 1989, que dispone:
“[…] Se podrán adquirir los inmuebles y mejoras de las personas a ser reubicadas, mediante
enajenación voluntaria directa o mediante expropiación en los términos de la presente ley.
Cuando se trate de una enajenación voluntaria directa, se podrá prescindir de las
inscripciones en el folio de matrícula inmobiliaria de que trata el artículo 13 de esta ley. Los
inmuebles y mejoras así adquiridos podrán ser recibidos en pago de los inmuebles donde
fueren reubicados los habitantes. Adquirido el inmueble, pasará a ser un bien de uso público
bajo la administración de la entidad que lo adquirió […]”.
123. Ahora bien, si los habitantes de los inmuebles ubicados en las zonas de alto riesgo no
mitigable, (…) se rehúsan a abandonar el sito, el Alcalde Municipal de Rionegro debe
ordenar la desocupación con el apoyo de las autoridades de Policía, en marco de la Ley
1801 de 29 de julio de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y
Convivencia Ciudadana.
124. Las entidades demandadas, durante este trámite, deben atender de forma especial el
principio de economía para optimizar el uso del tiempo y procurar el nivel más alto de
calidad en sus actuaciones, en atención a las graves condiciones en que se encuentra la
comunidad. […]
Así las cosas, de las pruebas del proceso se observa que, en el marco de la declaratoria
de calamidad pública del Decreto Distrital 0776 de 2013, la administración distrital
reconoció el riesgo que presentaba el conjunto residencial “Privilegios”; adoptó algunas
medidas tales como ordenar el desalojo y aprobar los recursos para alojamiento de las
personas desalojadas.
No obstante lo anterior, de la lectura del oficio de 19 noviembre de 2019 de la Oficina de
Gestión de Riesgo del Distrito de Barranquilla a la solicitud con número de registro EXT-
QUILLA 19-202126 como de los estudios realizados por la Universidad de Cartagena y
el dictamen pericial practicado en el proceso, la Sala concluye que, a pesar de
encontrarse demostrado el alto riesgo que tienen esas comunidades y familias ubicadas
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en el edificio “Privilegios” bloques 3, 4 y 5 y que se ha intentado el desalojo no se ha
logrado.
Así mismo, el Distrito tampoco ha establecido si se encuentra frente a un riesgo mitigable
o no mitigable, de acuerdo con estudios técnicos, pues aunque señala estar incluido en
el mencionado plan de la ladera, no se demostró que este se hubiera iniciado y que como
consecuencia de ello se efectuaran medidas al respecto. Por el contrario, lo evidenciado
es que la Secretaría de Hacienda del Distrito aún no había aprobado los recursos para
poner en marcha el denominado “Plan Integral de la Ladera Occidental del Distrito de
Barranquilla”.
Así, aunque los moradores se hubieren resistido a la evacuación, la administración
distrital no demostró técnicamente la mitigabilidad o no del riesgo en el lugar, y que, ante
dicha conclusión usara los demás mecanismos contemplados para proteger derechos
colectivos a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes.
En ese sentido será declarada la vulneración de los precitados derechos y se procederá
a ordenar las medidas en la parte resolutiva de la presente providencia. Amén de que se
hubiera permitido o por lo menos inobservado que en ese lugar se construyera, a pesar
de que, antaño se conoce como zona de movimiento en masa y que el Distrito no hubiera
realizado los controles correspondientes.
Lo anterior, además porque, para la Sala no basta con ordenar los desalojos o intentarlos
sino que debe acudirse a todas las medidas para salvaguardar los derechos amparados,
esto es, medidas como el desalojo, la calificación o estudio técnico para determinación
de mitigabilidad o no del riesgo en el lugar, y en tal caso, las medidas de reubicación y la
garantía de no reasentamiento en el lugar.
Por los anteriores razonamientos, habrá lugar a revocar la sentencia de primera instancia
en esos aspectos, declarar la vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente y a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones
jurídicas, dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
En cuanto al derecho colectivo de los consumidores y usuarios, también demandado, la
Sala no encontró probada una relación de consumo que comprometiera derechos de la
colectividad en el caso concreto y tampoco una situación fáctica descrita en la demanda
en ese sentido, por lo tanto, se abstendrá de referirse a este aspecto y denegará el
amparo solicitado.
b) En cuanto al desconocimiento de un precedente similar
En cuanto al segundo cargo, lo primero que debe advertir la Sala es que, si bien el
apelante acudió a la figura de la incongruencia para hacer referencia a la falta de
aplicación por parte del A quo de la decisión adoptada por el Consejo de Estado el 12 de
noviembre de 2009, que confirma el fallo del 18 de octubre de 2007 proferido por el
Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del proceso con radicado 08001-23-31-006-
2002-01193-01 , lo que se interpreta del argumento es que la apelante busca es que se
aplique la regla que se definió en dicha providencia que se relaciona con los bloques 1 y
2 del conjunto residencial “ Privilegios”, en la que se declaró el amparo de los derechos
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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00868-01
Demandante: Luz María Amador Peñaloza
Demandados: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y otro
invocados y se emitieron una serie de órdenes encaminadas a mitigar el daño que se
estaba generando en el sector. Por lo tanto, así lo analizará esta Sala.
Así las cosas, esta Sección procederá a analizar si el Tribunal Administrativo del Atlántico
incurrió en un desconocimiento del precedente definido por el Consejo de Estado en la
providencia del 12 de noviembre de 2009, que confirma el fallo del 18 de octubre de 2007
proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del proceso con radicado
08001-23-31-006-2002-01193-01.
Así, debe precisarse que la Corte Constitucional, a través de su jurisprudencia, ha
definido como precedente judicial “la sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que, por su pertinencia o semejanza en los problemas jurídicos resueltos,
debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al momento de emitir
un fallo”20. Al respecto, estableció como criterios para concluir cuando se está ante un
precedente, los siguientes: “i) que en la ratio decidendi de la sentencia anterior se
encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a resolver; ii) que esta ratio resuelva
un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso y iii) que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente.”21
De acuerdo con la anterior definición, el precedente se configura cuando la sentencia
resuelve un problema idéntico, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo que supone un
mismo aspecto jurídico a considerar, unos mismos hechos relevantes, probados y
debidamente connotados e iguales fundamentos en derecho. Asimismo, se evidencia que
dicha providencia debe contener una regla que sea vinculante y que, por ende, la haga
aplicable a un caso semejante, para lo cual es necesario que la misma hubiere adquirido
firmeza.
Teniendo claro lo anterior, se procede a hacer el respectivo estudio, para lo cual se hace
un análisis comparativo entre los hechos relevantes y el problema jurídico de cada caso:
Hechos relevantes Problema jurídico
La Sociedad Proyectos de
Barranquilla Ltda efectuó la ¿Se vulneran los derechos
construcción del conjunto colectivos a la seguridad y
residencial denominado prevención de desastres previsibles
“Privilegios”, que se ubicó en técnicamente y a la realización de
las carreteras 41 y 41B entre construcciones, edificaciones y
cales 89 y 90 del noroccidente desarrollos urbanos respetando las
Sentencia Consejo de la ciudad de Barranquilla. disposiciones jurídicas, dando
de Estado prevalencia al beneficio de la
Expediente: 08001- El 23 de agosto de 2001, le calidad de los habitantes de un
23-31-006-2002- fue reportado a la sociedad grupo de personas que se
01193-02. Proyectos de Barranquilla encuentran asentadas en una
(Demandante: Ltda que los bloques 1 y 2 construcción que presenta
Alirio Roncancio venían presentando fallas afectaciones en su parte
Barbosa y otros- estructurales que generaron estructural, si la autoridad
Demandados: el desprendimiento de las competente otorgó los permisos de
Sociedad escaleras y agrietamientos. construcción sin tener en cuenta las
Proyectos condiciones técnicas del terreno en
Barranquilla Ltda.; Se estableció que, el conjunto el que se levantó el proyecto de
Distrito Especial, residencial “Privilegios” se vivienda?
Industrial y encontraba en riesgo, en
20. Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018, T-499 de 2017, T-292 de 2006 y Auto 397 de 2014.
21 Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y SU-053 de 2015.
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Demandante: Luz María Amador Peñaloza
Demandados: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y otro
Portuario de razón a que fue construido en ¿Se vulnera el derecho colectivo de
Barranquilla- suelos inestables, que los consumidores y usuarios,
Departamento de ocasionaron problemas en las cuando una entidad financiera no
Planeación edificaciones. revisa las condiciones técnicas de
Distrital, Banco AV un terreno en donde se realiza un
Villas, Banco El Distrito de Barranquilla al proyecto inmobiliario y participa en
Conavi; Banco efectuar la revisión de los la operación financiera de
Ganadero BBVA) planes aportados para la desarrollo del proyecto?
construcción del conjunto,
aprobó la obra garantizando
que el terreno era factible
para el levantamiento de los
diferentes bloques.
Los bloques 1 y 2 presentaron
filtraciones de aguas
pluviales.
El Distrito omitió ejercer su
función de control respecto de
la expedición de las licencias
de construcción y el
distanciamiento de la
Sociedad Proyectos
Barranquilla en la aplicación
de las reglas vigentes en
materia urbanística; lo cual
generó el riesgo de desastre
en el conjunto residencial.
Las entidades financieras
indujeron en error a los
compradores, al no conocer y
prever las condiciones
técnicas donde se construía
el proyecto, poniendo en
riesgo los intereses de los
ahorradores y autorizando la
financiación de las obras.
La Sociedad Proyectos de ¿Se vulneran los derechos
Barranquilla Ltda construyó el colectivos a la seguridad y
conjunto residencial prevención de desastres previsibles
“Privilegios” en la carrera 41 # técnicamente y a la realización de
89-90 en la ciudad de construcciones, edificaciones y
Barranquilla. desarrollos urbanos respectando
las disposiciones jurídicas, dando
Para el año 2013, los bloques prevalencia al beneficio de la
3, 4 y 5 de dicho conjunto, calidad de los habitantes de las
Caso bajo examen. presentaron deterioro en su personas que residen un conjunto
estructura, lo que generó que residencial, si este presenta
(Demandante: Luz el Distrito efectuara un deterioro en su estructura por
María Amador estudio a través de la encontrarse en una zona que fue
Peñaloza- Universidad de Cartagena, determinada como de riesgo por el
Demandados: que concluyeron que era fenómeno de inestabilidad del
Distrito Especial, necesaria la evacuación de terreno por movimiento en masa,
Industrial y dichos inmuebles, debido a
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Demandados: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y otro
Portuario de que se encontraban en una por parte de la autoridad
Barranquilla y zona de riesgo, por lo que el competente?
Ministerio de Consejo Distrital del Riesgo
Vivienda, Ciudad y de Desastres de Barranquilla
Territorio) emitió el acta núm. 06 de
2013 ordenó el desalojo de
los habitantes.
Se afirmó que, aún reside un
grupo de personas que han
hecho caso omiso a la orden
de evacuación.
El Distrito no había adoptado
las acciones necesarias, a
pesar de los requerimientos
de la Oficina de Gestión de
Riesgos de Barranquilla y las
recomendaciones de estudiar
en detalle la patología
estructural del conjunto
residencial, para
complementar la evaluación
de las amenazas debido al
fenómeno de remoción en
masa, la erosión de las zonas
aledañas y socavación lateral
del canal “Parrish”, y que
como consecuencia de ello, al
no realizarse los estudios
señalados para los bloques 3,
4 y 5, la situación de los
propietarios, habitantes y
poseedores está en
indefinición frente al
verdadero riesgo.
De acuerdo con lo anterior, la regla que se define en la providencia del Consejo de Estado
es que existe vulneración de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente y a la realización de construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de calidad de vida de los habitantes, cuando no se cumplen las
condiciones técnicas requeridas en un terreno para efectuar construcciones de inmuebles
y aun así se conceden los permisos respectivos.
Así las cosas, lo que concluye la Sala es que le asiste razón a la apelante cuando afirma
que el A quo debió aplicar la decisión establecida por el Consejo de Estado en la
sentencia del 12 de noviembre de 2009, que confirmó el fallo del 18 de octubre de 2007
proferido por el Tribunal Administrativo del Atlántico dentro del proceso con radicado
08001-23-31-006-2002-01193-02, debido a que los problemas jurídicos planteados en
cada uno de los casos son equiparables, pues, si bien se trata de bloques diferentes, las
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problemáticas que se exponen están relacionadas con las fallas estructurales que se
presentan en el conjunto residencial “Privilegios”, como consecuencia de la naturaleza
del terreno en el que fue construido; situación que pone en peligro a las personas que
aún residen en estos inmuebles.
Por lo tanto, es claro que se debe dar aplicación al precedente allí establecido en lo que
respecta a la protección de los derechos colectivos a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente y a la realización de construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, dando prevalencia al
beneficio de la calidad de los habitantes. Sin embargo, se adecuarán las órdenes a las
particularidades fácticas del caso en concreto de la siguiente manera:
Se le ordenará al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla llevar a cabo la
diligencia prevista en el artículo 56 de la Ley 9 de 1989, a fin de realizar efectivamente la
desocupación del inmueble en los bloques 3, 4 y 5, con el concurso de las autoridades
de policía. Para cumplir con la orden cuenta con un (1) mes a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.
Asimismo, deberá iniciar los estudios técnicos requeridos a fin de definir si los bloques 3,
4 y 5 del conjunto residencial “Privilegios” ubicado en la carrera 41 No. 89-90 se clasifican
como riesgo mitigable o no mitigable. Para la realización de los mismos tendrá un plazo
de dos (2) meses, a partir de la notificación de la presente providencia.
Una vez concluidos los estudios, en caso de determinar que sean mitigables, el Distrito
Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla deberá realizar todas las obras que
requieran y garanticen la seguridad de los residentes – propietarios y arrendatarios- de
los bloques 3, 4 y 5 del conjunto residencial “Privilegios” ubicado en la carrera 41 No. 89-
90 del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, para lo cual cuentan con 6
meses.
En caso de que, la determinación sea que el riesgo es no mitigable al tiempo que ha
desalojado la totalidad de los residentes que continúan en el lugar especificado - bloques
3, 4 y 5- deberá proceder de la siguiente manera:
a) Adoptar un plan transitorio dentro del término de un (1) mes contado a partir de la
ejecutoria de esta providencia, en el que incluirá las gestiones administrativas,
presupuestales, financieras, policivas y los subsidios de arrendamiento más urgentes
para la reubicación temporal de las familias identificadas en el censo realizado en el
dictamen pericial dentro de este proceso, mientras implementa la estrategia de vivienda
definitiva.
b) Vencido el término anterior, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
deberá reubicar de forma definitiva a las familias censadas, en un lugar de condiciones
similares, por medio de un plan de vivienda subsidiada o de la estrategia que estime
pertinente, en el término máximo de diez (10) meses, contado a partir de la ejecutoria de
la presente providencia.
c) De igual forma deberá realizar monitoreos periódicos a la zona y ejecutar las medidas
de contención que sean necesarias para conservar que el territorio sea reubicado.
d) El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla deberá atender de forma
especial el principio de economía para optimizar el uso del tiempo y procurar el nivel más
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Demandante: Luz María Amador Peñaloza
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alto de calidad en sus actuaciones, en atención a las graves condiciones en que se
encuentra la comunidad.
Por último, en lo que respecta al comité para la verificación del cumplimiento de esta
providencia, se establece que estará integrado por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, a través de su magistrado ponente -quien lo presidirá-, por la parte demandante,
y por la alcaldía municipal del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla , de
conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, quienes deberán
hacer seguimiento a lo ordenado en la presente decisión y rendir informes bimensuales
sobre las decisiones y acciones que se adopten y ejecuten para el cabal cumplimiento de
la sentencia.
6.4. Finalmente, la Sala confirmará las demás órdenes de amparo, y según lo previsto en
los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 y atendiendo
al criterio sostenido por la Sala Especial de Decisión núm. 27 en la providencia de 6 de
agosto de 201922, no se condenará en costas en esta instancia porque no se acreditó su
causación.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 24 de agosto de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo del Atlántico y, en consecuencia, se ordena AMPARAR el derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente y a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los
habitantes, en consideración a que el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla no ha ejercido de manera oportuna y diligente sus obligaciones en materia
de gestión de riesgo de desastres en el conjunto residencial “ Privilegios”.
SEGUNDO: ORDENAR al Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla llevar a
cabo la diligencia prevista en el artículo 56 de la Ley 9 de 1989, a fin de realizar
efectivamente la desocupación de los inmuebles ubicados en los bloques 3, 4 y 5, con el
concurso de las autoridades de policía. Para cumplir con la orden cuenta con un (1) mes
a partir de la ejecutoria de la presente providencia.
TERCERO: Al tiempo que da cumplimiento del ordinal segundo de esta providencia,
deberá iniciar los estudios técnicos requeridos a fin de definir si los bloques 3, 4 y 5 del
conjunto residencial “Privilegios” ubicado en la carrera 41 No. 89-90 se clasifican como
riesgo mitigable o no mitigable. Para la realización de los mismos tendrá un plazo de dos
(2) meses, a partir de la notificación de la presente providencia.
CUARTO: Una vez concluidos los estudios, en caso de determinar que sean mitigables,
el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla deberá realizar todas las obras
que requieran y garanticen la seguridad de los residentes – propietarios y arrendatarios-
de los bloques 3, 4 y 5 del conjunto residencial “Privilegios” ubicado en la carrera 41 No.
89-90 del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, para lo cual cuentan con
6 meses. En caso de que, la determinación sea que el riesgo es no mitigable al tiempo
22Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia
de Unificación de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
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Demandante: Luz María Amador Peñaloza
Demandados: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y otro
que ha desalojado la totalidad de los residentes que continúan en el lugar especificado-
bloques 3,4 y 5- deberá proceder de la siguiente manera:
4.1. Adoptar un plan transitorio dentro del término de un (1) mes contado a partir de la
ejecutoria de esta providencia, en el que incluirá las gestiones administrativas,
presupuestales, financieras, policivas y los subsidios de arrendamiento más urgentes
para la reubicación temporal de las familias identificadas en el censo realizado en el
dictamen pericial dentro de este proceso, mientras implementa la estrategia de vivienda
definitiva.
4.2. Vencido el término anterior, el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla
deberá reubicar de forma definitiva a las familias censadas, en un lugar de condiciones
similares, por medio de un plan de vivienda subsidiada o de la estrategia que estime
pertinente, en el término máximo de diez (10) meses, contado a partir de la ejecutoria de
la presente providencia.
4.3. De igual forma deberá realizar monitoreos periódicos a la zona y ejecutar las medidas
de contención que sean necesarias para conservar que el territorio sea reubicado.
4.4. El Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla deberá atender de forma
especial el principio de economía para optimizar el uso del tiempo y procurar el nivel más
alto de calidad en sus actuaciones, en atención a las graves condiciones en que se
encuentra la comunidad.
QUINTO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de esta
providencia, el cual estará integrado por el Tribunal Administrativo del Atlántico, a través
de su magistrado ponente -quien lo presidirá-, por la parte demandante, y por la alcaldía
municipal del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, de conformidad con
lo establecido en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998, quienes deberán hacer seguimiento
a lo ordenado en la presente decisión y rendir informes bimensuales sobre las decisiones
y acciones que se adopten y ejecuten para el cabal cumplimiento de la sentencia.
SEXTO: SIN COSTAS en esta instancia.
SÉPTIMO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.
OCTAVO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 23 de
abril de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
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Radicado: 08001-23-33-000-2019-00868-01
Demandante: Luz María Amador Peñaloza
Demandados: Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y otro
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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