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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2019-00256-01

Fecha
10 de marzo de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 17001-23-33-000-2019-00256-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia, los ordinales primero, segundo y tercero de la sentencia recurrida, los cuales quedarán así: […] PRIMERO: AMPARAR el derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, en consideración a que la alcaldía municipal de Manizales no ha ejercido de manera oportuna y diligente sus obligaciones en materia de gestión del riesgo de desastres en la zona del barrio Bajo Cervantes declarada como de riesgo alto no mitigable. [SEGUNDO: ORDENAR al municipio de Manizales que reubique directamente a las familias que resultaron damnificadas con ocasión de los hechos que acontecieron el 19 de abril de 2017, las cuales residen en el sitio geográfico conocido como barrio bajo Cervantes en la Calle 31C n° 33-14 en una zona de alto riesgo no mitigable. En consecuencia, el municipio de Manizales deberá adoptar un plan transitorio, dentro del término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, en el que incluirá las gestiones administrativas, presupuestales, financieras, policivas y los subsidios de arrendamiento más urgentes para la reubicación temporal de las familias identificadas en el censo que ya adoptó, mientras implementa la estrategia de vivienda definitiva. Vencido el término anterior, el municipio de Manizales deberá reubicar de forma definitiva a las familias censadas, en un lugar de condiciones similares, por medio de un plan de vivienda subsidiada o de la estrategia que estime pertinente, en el término máximo de diez (10) meses, contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia. Ahora bien, si los habitantes de los inmuebles ubicados en las zonas de alto riesgo no mitigable, se rehúsan a abandonar el sito, el Alcalde Municipal debe ordenar la desocupación con el apoyo de las autoridades de Policía, en marco de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. De igual forma deberá realizar monitoreos periódicos a la zona y ejecutar las medidas de contención que sean necesarias para conservar el territorio que sea reubicado. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 17001-23-33-000-2019-00256-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

10 de marzo de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diez (10) de marzo de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERO PONENTE: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación número: 17001-23-33-000-2019-00256-01
Demandantes: LUZ ELENA TORRES AMAYA y MARÍA LUZ DARY OSORIO CASTRILLÓN
Demandados: MUNICIPIO DE MANIZALES, CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE
CALDAS -CORPORCALDAS- y AGUAS DE MANIZALES S.A. E.S.P.
Referencia: ACCIÓN POPULAR – RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA
Derechos colectivos presuntamente conculcados: SEGURIDAD Y SALUBRIDAD PÚBLICAS,
ACCESO A UNA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS QUE GARANTICE LA SALUBRIDAD
PÚBLICA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE DESASTRES PREVISIBLES TÉCNICAMENTE, y
REALIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES Y DESARROLLOS URBANOS
RESPETANDO LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS, DE MANERA ORDENADA, Y DANDO
PREVALENCIA AL BENEFICIO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES
Tema: Le es atribuible a la alcaldía municipal de Manizales la afectación del derecho
colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, en
consideración a que no ha ejercido de manera oportuna y diligente sus obligaciones en
materia de gestión del riesgo de desastres en la zona del barrio Bajo Cervantes declarada
como de riesgo alto no mitigable

Sentencia de segunda instancia

La Sala procede a decidir el recurso de apelación interpuesto por el municipio de
Manizales, en contra de la sentencia de 10 de junio de 2021, proferida por la Sala
Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas.

I. SOLICITUD

1. Las ciudadanas Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón, en
ejercicio de la acción popular -medio de protección de los derechos e intereses colectivos-
establecida en el artículo 88 de la Constitución Política y desarrollada por las leyes 472
de 19981 y 1437 de 20112, presentaron demanda3 en contra del municipio de
Manizales (Caldas) y la Corporación Autónoma Regional de Caldas –
Corpocaldas, con miras a obtener la protección de los derechos colectivos
relacionados con la seguridad y salubridad públicas, con el acceso a una
infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, con la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, y con la realización de
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones

1 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las

acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”.
2 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”.
3 Folios 1 y ss. del expediente de la referencia. Demanda presentada el 30 de mayo de 2019.

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Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida
de los habitantes.

2.Las demandantes consideraron vulnerados tales derechos en virtud del riesgo de
desastre de deslizamiento y remoción en masa que se presenta en un sector del barrio
Bajo Cervantes del municipio de Manizales.

II. HECHOS

3. Los hechos que fundamentaron la demanda de la acción popular, en síntesis, fueron
los siguientes:

3.1. Distintas viviendas ubicadas en la Calle 31 C N.° 33 del barrio Bajo Cervantes del
municipio de Manizales resultaron seriamente afectadas por cuenta de un fenómeno de
remoción en masa que se presentó el 19 de abril de 2017 y que fue activado por una
ola invernal. Dicho fenómeno generó la inestabilidad del terreno sobre el cual se
edificaron tales viviendas.

3.2. Con ocasión de dicha emergencia, la administración municipal construyó algunos
anclajes pasivos. Sin embargo, estos se encuentran sumamente deteriorados, al
extremo de presentar filtraciones de agua que afectan las casas aledañas.

3.3. El sector, actualmente, se encuentra en una situación de riesgo de desastre, la cual
no ha sido conjurada pese a las recomendaciones formuladas por la Personería
Municipal de Manizales en el informe de visita del 1.º de febrero de 2019.

III. PRETENSIONES

4. La parte actora formuló las siguientes pretensiones:

«declarar que se encuentran expuestos, vulnerados y en alto riesgo los derechos
colectivos y del medio ambiente, en cuanto tienen que ver con la prevención de
desastres técnicamente previsibles, la seguridad y salubridad públicas, el acceso a
construcciones técnicas en que se de prevalencia a la calidad de vida de los
ciudadanos, el goce del espacio público y la utilización de defensa de los bienes de
uso público, por lo cual se servirá ordenar a los accionados:

Adoptar las medidas administrativas, jurídicas, presupuestales, técnicas e
institucionales necesarias a fin que:

1. Efectuar una inspección completa del terreno para encontrar una solución técnica y
concreta sobre el problema, no solo del talud, sino de los riesgos que posee
actualmente la casa y las de los vecinos.

2. Realizar un trabajo de estabilidad sobre el talud que amenaza riesgo.

3. Intervenir con trabajo de arreglo y mantenimiento sobre las canales que transportan
el agua que llegan del talud y de esta manera contrarrestar el Fenómeno de Remoción
en Masa (FRM).

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Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

4. Efectuar monitoreos constantes y permanentes con el fin de conjurar posibles
deslizamientos que pongan en riesgo nuestra integridad.

5. Las demás acciones que sean necesarias y prioritarias para garantizar a nuestro
grupo humano y la protección y garantía de sus derechos.

6. Por tratarse de una acción en nombre de nuestra comunidad donde no se persigue
ningún tipo de indemnización o compensación, solicitamos que los gastos que
ocasione el trámite del presente juicio se atiendan con cargo al Fondo de Acciones
populares y de Grupo manejado por la Defensoría del Pueblo».

IV. ACTUACIÓN PROCESAL

5. El magistrado del Tribunal Administrativo de Caldas a cargo de la sustanciación del
proceso, mediante auto de 3 de julio de 20194, admitió la demanda y ordenó la
notificación y el traslado correspondiente a las autoridades accionadas para que
contestaran, propusieran excepciones y aportaran y/o solicitaran la práctica de las
pruebas que consideren pertinentes. Igualmente, notificó al agente del Ministerio
Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Además, dispuso
comunicar la acción de la referencia a los miembros de la comunidad.

6. Posteriormente, mediante providencia de 21 de octubre del mismo año5, el mismo
magistrado vinculó a la sociedad Aguas de Manizales S.A. E.S.P. al trámite de la
referencia.

7.Finalmente, mediante auto de 5 de mayo de 20216, el magistrado negó la medida
cautelar solicitada por la parte demandante, consistente en adoptar medidas de control
sobre nuevas construcciones que están empeorando la situación del sector7. Esa
decisión tuvo fundamento en que «la entidad territorial ya está desarrollando las
gestiones administrativas pertinentes para dar solución a esta problemática».

V. CONTESTACIONES DE LA DEMANDA

V.1. El apoderado judicial del municipio de Manizales (Caldas), mediante escrito
allegado el 22 de julio de 20198, se opuso a las pretensiones de la demanda tras
afirmar que la zona en donde habitan las demandantes se encuentra en buen estado.

8. Igualmente explicó que el fenómeno de remoción en masa de 19 de abril de 2017
se generó no solo por la inestabilidad del terreno, sino también por el factor invernal.
Sin embargo, ese riesgo se encuentra controlado y, además, las obras realizadas por el
municipio para tal efecto se encuentran en buen estado y no presentan deterioro.

4 Ibid., folio 18.
5 Ibid., folios 76 y ss.
6 Ibid., folios 247 y ss.
7 Ibid., folio 233.
8 Ibid., folios 24 y ss.

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Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

9. Explicó que el riesgo del sector no tiene las dimensiones que mencionan las
demandantes. También anotó que, debido a la inclinación de la ladera, las obras que
se desarrollen serán aún más inclinadas y tendientes a acumular un mayor desgaste.

10. Agregó que la Alcaldía municipal y Corpocaldas han realizado diferentes
inspecciones y acciones de vigilancia y monitoreo con miras a mitigar el riesgo de
desastre de la zona objeto de la controversia. Según esos estudios las obras indicadas
en las pretensiones de la demanda no son necesarias.

11. Respecto de la situación particular de la accionante Luz Elena Torres Amaya,
indicó que esa ciudadana, debido a la ola invernal de 2017, fue seleccionada para una
solución de vivienda. Sin embargo, no ha acreditado los requisitos solicitados para
otorgarle la asistencia y ha mostrado una actitud de indiferencia.

12. En consideración a lo anterior, propuso las excepciones que denominó:
«inexistencia de violación de derechos colectivos» y «genérica».

V.2. El apoderado judicial de la Corporación Autónoma Regional de Caldas
(Corpocaldas), mediante escrito presentado el 29 de agosto de 20199, solicitó que
dicha entidad fuera absuelta de todo cargo pues las pretensiones de la demanda no
son de su resorte.

13. Afirmó que «Corpocaldas ha actuado conforme a los postulados legales y
constitucionales», puesto que ha asistido a la comunidad atendiendo sus solicitudes y
además ha rendido los conceptos técnicos necesarios para evaluar los riesgos del
sector objeto de la demanda.

14. Propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva, debido a que
las funciones de Corpocaldas no están directamente relacionadas con la problemática
traída a colación por las demandantes. Explicó que «la competencia para la atención y
prevención de desastres corresponde a la autoridad municipal», según lo dispuesto en
La Ley 1523 de 2012. Ese estatuto aclara que el rol de las corporaciones autónomas
en la materia es complementario y subsidiario. Además, «corresponde
(exclusivamente) a la entidad municipal el proceso de reubicación cuando las viviendas
no cumplen con los requisitos de habitabilidad».

15. Por todo ello, concluyó que no vulneró los derechos reclamados y que cumplió con
las funciones asignadas por la ley, si se tiene en cuenta que realizó visitas de asesoría
técnica al sitio, y presentó los respectivos informes con las recomendaciones
necesarias para tratar la problemática existente.

V.3. La apoderada judicial de la sociedad Aguas de Manizales S.A. E.S.P., mediante
escrito presentado el 18 de diciembre de 201910, solicitó que dicha empresa fuera

9 Ibid., folios 51 y ss.
10 Ibid., folios 119 y ss.

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Radicación: 17001233300020190025601 (AP)
Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

exonerada de toda responsabilidad, en atención a que: i) las redes que opera están
funcionando adecuadamente y no aportan aguas al talud asociado a la problemática
existente; ii) el sector se encuentra rodeado por viviendas que corresponden a un
asentamiento subnormal que no cuenta con el servicio de acueducto desde 2017, y iii)
dichas construcciones no poseen sistemas adecuados de manejo de las aguas lluvias
que provienen de sus techos.

16. Explicó que la situación de riesgo de desastre presente en la zona es ajena al
objeto social de Aguas de Manizales. En el sector existe un alto nivel freático e
infiltración de aguas de nacimiento y aguas lluvias en el suelo, por falta de canalización,
pero el manejo de esas aguas no es responsabilidad de la empresa.

17. Por lo anterior, propuso las excepciones de: «inexistencia del nexo causal», falta de
legitimación en la causa, «inexistencia de violación a los derechos colectivos por parte
de Aguas de Manizales» y «genérica».

VI. AUDIENCIA DE PACTO DE CUMPLIMIENTO

18. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 27 de
octubre de 202011, declaró fallida la audiencia especial de que trata el artículo 27 de la
Ley 472 de 5 de agosto de 1998 -la cual fue iniciada el 21 de octubre de 201912-, en tanto
que no se llegó a un acuerdo sobre el proyecto de pacto de cumplimiento.

VII. LA SENTENCIA APELADA

19. Mediante sentencia de 10 de junio de 202113, la Sala Primera de Decisión del
Tribunal Administrativo de Caldas declaró la vulneración del derecho colectivo a la
seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, luego de concluir que el
sector bajo análisis fue catalogado como de alto riesgo no mitigable en el POT de
Manizales y en los estudios allegados al plenario.

20. A juicio del a quo, la zona no era apta para construir edificaciones o viviendas,
teniendo en cuenta la inestabilidad del terreno y los procesos erosivos y de
deslizamiento de talud que se presentaron en el pasado.

21. En tal virtud, afirmó que no era «técnicamente razonable que las personas que
tienen sus viviendas en ese sector sigan residiendo en ese lugar», ni que las
autoridades competentes desarrollen obras adicionales de mitigación del riesgo de
desastre, pues la única medida adecuada para el amparo del derecho colectivo
afectado consistía en que la Alcaldía de Manizales reubicara a las familias cuyas
viviendas se encuentran en esa zona.

11 Ibid., folios 203 y 204.
12 Ibid., folios 76 y ss.
13 Ibid., folios 267 y ss.

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Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

22. En el marco de las anteriores consideraciones, adoptó las siguientes
determinaciones:

«PRIMERO: DECLARAR la existencia de vulneración al derecho colectivo a la
prevención de desastres previsibles técnicamente, a las actoras y a la población
aledaña al sitio geográfico conocido como barrio bajo Cervantes en la Calle 31C n° 33-
14.

SEGUNDO: ORDENAR al MUNICIPIO DE MANIZALES, para poner a salvo la
población residente en el sitio, el cumplimiento de las siguientes ordenes:

1.- Dentro del término de un mes siguiente a la ejecutoria de esta sentencia, hacer un
censo poblacional para determinar con precisión la población en riesgo.

2.- Una vez lo anterior y dentro del mes siguiente, deberá iniciar un programa de
sensibilización y socialización sobre la necesidad de reubicación de la población en
riesgo.

3.- Culminada las tareas anteriores, dentro de los dos meses siguientes deberá iniciar
todos y cada uno de los trámites administrativos y presupuestales necesarios para
reubicar la población que tiene sus viviendas en la zona de alto riesgo no mitigable
objeto de la acción popular, en dos fases:

a) Entregando un subsidio para arrendamiento de vivienda, el cual se mantendrá
mientras sean reubicados definitivamente en los planes de vivienda que el Municipio
de Manizales señale.

b) Ubicarlos definitivamente en los planes de vivienda adelantados propiamente por el
Municipio o en convenio con otras entidades oficiales.

c) Todo lo anterior con previo socialización, coordinación y orientación necesaria a la
población en riesgo, para cuya solución definitiva se otorga un plazo definitivo de dos
años.

4.- De igual forma deberá realizar monitoreos periódicos a la zona y ejecutar las
medidas de policía que sean necesarias para evitar nuevos asentamientos en la
misma, este monitoreo también con el objeto de realización de obras que sean
necesarias para mantener el riesgo controlado.

TERCERO: CONFORMAR EL COMITE DE VERIFICACION DE CUMPLIMIENTO el
cual estará integrado por un delegado de la Personería del municipio de Manizales
quien lo presidirá, un representante de la parte accionante, un delegado de
Corpocaldas y un delegado del municipio de Manizales. El Delegado de la Personería
convocará e informará a esta Corporación sobre el comité de verificación. […].

OCTAVO: Sin costas. […]».

VIII. FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN

23.El apoderado judicial del municipio de Manizales (Caldas), mediante escrito de
21 de junio de 202114, solicitó modificar o revocar la sentencia de primera instancia,

14 Ibid., folios 279 y ss.

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Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

luego de considerar que la parte actora no acreditó que esa entidad territorial haya
vulnerado el derecho colectivo objeto de amparo. En su criterio, «Las demandantes
utilizaron la acción popular para demandar derechos violados por acciones que ellas
mismas provocaron y que son el motivo del riesgo que denuncian».

24. Explicó que la Unidad de Gestión de Vivienda de ese municipio ha actuado con
diligencia en la contención de los peligros propios del sector demandado catalogado
como zona de alto riesgo no mitigable. Es más, el municipio desde hace más de dos
años ha realizado gestiones administrativas para proteger a las demandantes y
ofrecerles una vivienda digna. Sin embargo, ellas se reúsan a desarrollar los trámites
administrativos de reubicación, pues insisten en el desarrollo de obras no viables de
estabilidad del suelo.

25. Insistió en que, según el concepto técnico aportado por las demandantes, ellas son
las responsables del uso inadecuado del suelo porque construyeron sus viviendas sin
licencia en zona de alto riesgo. Adicionalmente, esa actividad antrópica favorece la
desestabilización de la ladera y constituye una amenaza de alto riesgo para la vida de
las personas.

26. Informó que el municipio inició oportunamente los trámites administrativos para
reubicar a la parte actora, notificándole de la oferta para solución de vivienda. Pese a
ello, las demandantes manifestaron que no les interesaba ser reubicadas en el barrio
San Sebastián y se negaron a presentar la documentación correspondiente, tal y como
fue reconocido en la audiencia de testimonios.

27. En su criterio, de los informes allegados al proceso, es dable afirmar que el
municipio ha ejercido sus labores de monitoreo, inspección, vigilancia y control
urbanístico, pues también adelantó procesos policivos de suspensión de nuevas
ocupaciones o asentamientos ilegales en el barrio Bajo Cervantes.

28. Adujo que las demandantes pretenden que el municipio realice obras de
estabilidad, pero lo cierto es que ello no es posible y la causa del daño es su
negligencia propia al adelantar construcciones ilegales y negarse a ser reubicadas en
viviendas más dignas. Esta situación desconoce las mínimas responsabilidades de
autoprotección.

29. Finalmente, resaltó que las demandantes, junto con otras familias del sector, fueron
incluidas y registradas en el Registro Único de Damnificados, así como en la oferta de
los 251 subsidios familiares de vivienda urbana que otorga el Fondo Nacional de
Vivienda - Fonvivienda.

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Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

IX. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

30. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso en segunda instancia,
mediante auto de 24 de agosto de 202115 y conforme al artículo 247 del CPACA,
modificado por la Ley 2080 de 202116, admitió el recurso de apelación interpuesto por
el municipio de Manizales.

31. Una vez cobró fuerza ejecutoria la referida providencia, se advirtió que las partes
se abstuvieron de emitir algún pronunciamiento. Igualmente, a la fecha de ingreso del
proceso al despacho, el agente del Ministerio Público optó por no emitir concepto en
torno al asunto que ahora convoca a la Sala.

X. CONSIDERACIONES DE LA SALA

X.1. Competencia

32. De conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998 17, en
concordancia con lo preceptuado en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo18 y con el artículo 13 del Acuerdo N.°
080 de 201919, la Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer
en segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las fallos
proferidos por Tribunales Administrativos en primera instancia y respecto de acciones
populares.

X.2. Planteamiento del problema

33. En el asunto sub examine, las ciudadanas Luz Elena Torres Amaya y María Luz
Dary Osorio Castrillón atribuyeron al municipio de Manizales y a la Corporación
Autónoma Regional de Caldas la afectación de los derechos colectivos a la seguridad y
salubridad públicas, al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la
salubridad pública, a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente,
y a la ejecución de desarrollos urbanos conforme al orden jurídico. La parte actora
afirmó que las entidades demandadas no efectuaron acciones suficientes y pertinentes

15 Cfr.: Sistema de consulta judicial “SAMAI” - consulta de procesos: Radicado N.° 17001-23-33-000-2019-00256-01

Luz Elena Torres Amaya y otra contra el municipio de Manizales y otros. Registro N.° 4: “Actuación: AUTO QUE
ADMITE EL RECURSO. Documento firmado electrónicamente por :ROBERTO AUGUSTO SERRATO […]”.
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1700123330002019002560111
00103
16 “Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -

Ley 1437 de 2011- y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante
la Jurisdicción”
17 “Por la cual se desarrolla el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia en relación con el ejercicio de las

acciones populares y de grupo y se dictan otras disposiciones”. Disposición referente a la procedencia de los
recursos de apelación interpuestos contra las sentencias proferidas primera instancia en acciones populares.
18 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. Disposición

relativa a la competencia del Consejo de Estado en segunda instancia.
19 Mediante el cual se establece la distribución de los negocios entre las secciones de la Sala de lo Contencioso

Administrativo del Consejo de Estado.

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Radicación: 17001233300020190025601 (AP)
Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

para controlar el riesgo de desastre de deslizamiento y de remoción en masa presente
en un sector el barrio Bajo Cervantes del municipio de Manizales.

34. La Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo de Caldas amparó el
derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente,
luego de advertir que el área objeto de amparo fue catalogada como de alto riesgo no
mitigable y, por lo tanto, la Alcaldía de Manizales debía reubicar a las familias que
habitaban el sector, realizar monitoreo periódico, evitar nuevos asentamientos y realizar
las obras necesarias para mantener el riesgo controlado.

35. Inconforme con esa determinación, el municipio de Manizales apeló la sentencia
de primera instancia argumentando que la vulneración de ese derecho colectivo no le
era atribuible, bajo la premisa consistente en que el municipio está actuando con
diligencia, desplegó las actividades de monitoreo y de control de la zona y adelantó los
trámites necesarios para ofrecerles a sus habitantes soluciones de vivienda digna.

36. Sumado a lo anterior, señaló que las propias demandantes son las causantes del
peligro al construir sus viviendas sin tener licencia, negarse a ser reubicadas e insistir
en la ejecución de obras improcedentes.

37. Así las cosas, corresponde a la Sala: (i) establecer si le es atribuible a la alcaldía
municipal de Manizales la afectación del derecho colectivo a la seguridad y prevención
de desastres previsibles técnicamente, y (ii) determinar si las actuaciones de las
accionantes y de los residentes del sector en riesgo no mitigable, exoneran al ente
territorial del deber de reubicar a esas familias y adelantar las actuaciones necesarias
para contener esos riesgos.

38. Para efectos de lo anterior, y por razones metodológicas, la Sala estudiará: (i) las
obligaciones de los municipios en materia de prevención de riesgos de desastres en
zonas catalogadas como de riesgo no mitigable. Y, posteriormente, (ii) resolverá los
cargos en consideración a las actuaciones acreditadas en el plenario por parte de la
administración municipal de Manizales para gestionar el riesgo derivado del
deslizamiento que se presentó en el barrio Bajo Cervantes el 19 de abril de 2017.

X.2.1. De las obligaciones de los municipios en materia de prevención de riesgos
de desastres en zonas catalogadas como de riesgo no mitigable

39. El artículo 2° de la Constitución Política señala que «[…] [l]as autoridades de la
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia,
en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares».

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Radicación: 17001233300020190025601 (AP)
Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

40.En el marco de esas responsabilidades, la Ley 1523 de 24 de abril de 201220
adoptó la política nacional de gestión del riesgo de desastres, estableció el Sistema
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y definió la gestión del riesgo de
desastres como:

«[…] una política de desarrollo indispensable para asegurar la sostenibilidad, la
seguridad territorial, los derechos e intereses colectivos, mejorar la calidad de
vida de las poblaciones y las comunidades en riesgo y, por lo tanto, está
intrínsecamente asociada con la planificación del desarrollo seguro, con la gestión
ambiental territorial sostenible, en todos los niveles de gobierno y la efectiva
participación de la población.

[…]. [El riesgo de desastres] Corresponde a los daños o pérdidas potenciales que
pueden presentarse debido a los eventos físicos peligrosos de origen natural,
socio-natural tecnológico, biosanitario o humano no intencional, en un período de
tiempo específico y que son determinados por la vulnerabilidad de los elementos
expuestos; por consiguiente el riesgo de desastres se deriva de la combinación de la
amenaza[21] y la vulnerabilidad[22][23].

[…]. [Por su parte, el desastre] Es el resultado que se desencadena de la
manifestación de uno o varios eventos naturales o antropogénicos no
intencionales que al encontrar condiciones propicias de vulnerabilidad en las
personas, los bienes, la infraestructura, los medios de subsistencia, la prestación de
servicios o los recursos ambientales, causa daños o pérdidas humanas, materiales,
económicas o ambientales, generando una alteración intensa, grave y extendida en
las condiciones normales de funcionamiento de la sociedad, que exige del Estado y
del sistema nacional ejecutar acciones de respuesta a la emergencia, rehabilitación y
reconstrucción[24]. […]». [Resalta y subraya la Sala].

41. Asimismo, la Ley 1523 describió el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres como «el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de
políticas, normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos,
así como la información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada
para garantizar la gestión del riesgo en el país»25.

42. Esta normativa señala que: «[l]a gestión del riesgo es responsabilidad de todas
las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano […] [por lo tanto] las
entidades públicas, privadas y comunitarias desarrollarán y ejecutarán los
procesos de gestión del riesgo […] en el marco de sus competencias, su ámbito

20 “Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de

Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”.
21 “Artículo 4. […] 3. Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido por la

acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para causar pérdida de vidas,
lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. […]”.
22 Ibid., “[…] 27. Vulnerabilidad: Susceptibilidad o fragilidad física, económica, social, ambiental o institucional que

tiene una comunidad de ser afectada o de sufrir efectos adversos en caso de que un evento físico peligroso se
presente. Corresponde a la predisposición a sufrir pérdidas o daños de los seres humanos y sus medios de
subsistencia, así como de sus sistemas físicos, sociales, económicos y de apoyo que pueden ser afectados por
eventos físicos peligrosos. […]”.
23 Ibid., numeral 25.
24 Ibid., numeral 8.
25 Artículo 5.

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de actuación y su jurisdicción, como componentes del Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres»26. [resalta la Sala].

43. Como puede apreciarse, la Ley 1523 estableció deberes concretos en distintas
entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, dirigidos a
orientar, articular y armonizar las actividades de gestión ambiental, ordenación del
territorio, planificación del desarrollo, adaptación al cambio climático y gestión del
riesgo de desastres27.

44. Aun así, en dicha estructura participativa «administrativamente, son los
municipios las entidades territoriales que ostentan la responsabilidad principal y
directa en la prevención y en la atención de desastres, de allí que los alcaldes
como máximas autoridades son los encargados de la implementación de los procesos
de gestión del riesgo, incluyendo su conocimiento y reducción y, el manejo de los
desastres en el área de su jurisdicción, en la forma señalada por el artículo 14 de la Ley
1523»28.

45. Nótese que, según lo dispuesto en las Leyes 9ª de 1989, 388 de 1997, 715 de
2001 y 1523 de 2012, las entidades territoriales municipales cuentan con un papel
protagónico en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de riesgo de
desastres. En el proceso de planificación del territorio, los municipios deben considerar
factores técnicos y sociales relacionados con las condiciones geográficas y las
características de arraigo e identidad poblacional, pero también adoptar estrategias de
ordenamiento que respeten los principios de economía29 y costo-beneficio30.

46. Precisamente, para mejorar la seguridad de los asentamientos humanos ante los
riesgos naturales31, las Leyes 388 y 1523 indicaron que la herramienta de
ordenamiento territorial municipal -POT o PBOT- incluiría un análisis del riesgo en el
diagnóstico biofísico, económico y socio-ambiental, y consideraría el riesgo de
desastres como un factor condicionante del uso y ocupación del territorio 32.

26 Artículo 2.
27 Artículos 21, numeral 8; 23, numeral 2; y 31, parágrafo 2.º.
28Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 12 de julio de

2018, C.P. Dr. Hernando Sánchez Sánchez, núm. único de radicación 660012331000201000385-02(AP)
29 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. “Artículo 3º. Principios. Todas las

autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulan las actuaciones y procedimientos
administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, en la Parte Primera de este Código
y en las leyes especiales.
Las actuaciones administrativas se desarrollarán, especialmente, con arreglo a los principios del debido proceso,
igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación,
eficacia, economía y celeridad. […].
12. En virtud del principio de economía, las autoridades deberán proceder con austeridad y eficiencia, optimizar el
uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección
de los derechos de las personas. […]”.
30 Ley 1931 de 2018. “Artículo 2. Principios. En el marco de la presente Ley se adoptan los siguientes principios

orientadores para su implementación y reglamentación: […]. 4. Costo-beneficio: Se priorizará la implementación de
opciones de adaptación al cambio climático que traigan el mayor beneficio en términos de reducción de impactos
para la población al menor costo o esfuerzo invertido, y con mayores cobeneficios sociales, económicos o
ambientales generados. […]”.
31 Artículo 3, numeral 4.
32 Artículo 39.

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47. El Decreto 1807 de 19 de septiembre de 201433 reglamentó tales disposiciones
indicando que resulta imprescindible realizar estudios básicos y detallados al momento
de expedir una nueva herramienta de ordenación, o de llevar a cabo la revisión de sus
contenidos de mediano y largo plazo, o cuando se pretenda implementar las medidas
de ordenamiento34.

48. Tales estudios contendrían, de un lado, la delimitación y zonificación de las áreas
en condición de amenaza y de riesgo 35, y del otro, determinarán las medidas de
intervención orientadas a establecer restricciones y condicionamientos urbanísticos36.
En otras palabras, esos estudios detallados permitirán conocer las amenazas,
categorizar el nivel de riesgo en alto, medio o bajo (en función del nivel de afectación
esperado37) y establecer las medidas de mitigación correspondientes.

49. Así las cosas, la autoridad territorial tendrá que definir con fundamento en los
estudios detallados si el riesgo es mitigable o no38. Además, cuando establezca que el
riesgo alto de desastre no se puede mitigar, las únicas medidas de intervención que
podrá adoptar serán las de reubicación del asentamiento humano, junto con las obras
de estabilización necesarias para evitar el incremento del fenómeno en estudio39.

50. En el mismo sentido, la Ley 9ª advierte que las autoridades municipales tienen las
obligaciones de: i) levantar un inventario de los asentamientos humanos que presenten
alto riesgo para la seguridad o la salud de sus habitantes; ii) reubicar a estos habitantes
en zonas apropiadas; y iii) tomar todas las medidas y precauciones necesarias para
que los inmuebles desocupados no vuelvan a ser usados para vivienda humana 40.

51. Es más, si los habitantes de los inmuebles ubicados en sitios de alto riesgo se
rehúsan abandonarlos, corresponderá al alcalde ordenar la desocupación con el
concurso de las autoridades de policía, y la demolición de las edificaciones afectadas.
33 “Artículo 1°. Objeto y ámbito de aplicación. Las disposiciones contenidas en el presente decreto establecen las

condiciones y escalas de detalle para incorporar de manera gradual la gestión del riesgo en la revisión de los
contenidos de mediano y largo plazo de los planes de ordenamiento territorial municipal y distrital o en la expedición
de un nuevo plan. […]”.
34 Artículo 2.
35 “[…]. Parágrafo 1º. Para efectos de la aplicación de lo dispuesto en la presente sección, se adoptan las siguientes

definiciones:
Áreas con condición de amenaza, son las zonas o áreas del territorio municipal zonificadas como de amenaza alta
y media en las que se establezca en la revisión o expedición de un nuevo POT la necesidad de clasificarlas como
suelo urbano, de expansión urbana, rural suburbano o centros poblados rurales para permitir su desarrollo.
Áreas con condición de riesgo, corresponden a las zonas o áreas del territorio municipal clasificadas como de
amenaza alta que estén urbanizadas, ocupadas o edificadas así como en las que se encuentren elementos del
sistema vial, equipamientos (salud, educación, otros) e infraestructura de servicios públicos. […].
Parágrafo 2º. Aquellos municipios o distritos que se encuentren expuestos a amenazas por otros fenómenos
naturales (sísmicos, volcánicos, tsunami, entre otros) o de origen tecnológico, deben evaluarlas con base en la
información disponible generada por las autoridades y sectores competentes y de acuerdo con la situación de cada
municipio o distrito. […]”
36 Artículo 3.

“Artículo 13. Determinación de medidas de intervención. Con base en los resultados de los estudios básicos, se
deben determinar las medidas de mitigación no estructurales orientadas a establecer el modelo de ocupación del
territorio y las restricciones o condicionamientos para el uso del suelo cuando sea viable, mediante la determinación
de normas urbanísticas”.
37 Artículo 14.
38 Artículos 18, 24 y 25 in fine.
39 Artículo 20, 1.
40 artículo 56.

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52.De la misma manera, esas autoridades gozan de la facultad de ordenar la
desocupación y demolición de las edificaciones construidas sin la debida autorización,
que representen un riesgo para la seguridad, tranquilidad o salubridad de la
comunidad, o que vayan en contra de las normas de urbanismo y planeación. Y
podrán ordenar la ejecución de las obras de conservación o restauración del bien
inmueble que estimen necesarias41.

53. Esas competencias, nuevamente fueron reiteradas por la Ley 715 que atribuyó a
los municipios la obligación de reubicar asentamientos, así como de adecuar las áreas
urbanas y rurales en zonas de alto riesgo42. Valga recordar que estas actividades
podrán ser cofinanciadas por la Nación y los departamentos.

54. Como puede apreciarse, nuestro régimen jurídico no solo encomendó a los
municipios la obligación de adelantar acciones correctivas de desalojo de inmuebles y
de reubicación de familias en sectores en riesgo no mitigable, sino que también
contempló en el ordenamiento territorial el camino adecuado para evitar desarrollos
urbanísticos en zonas susceptibles de desastres.

55. En ese contexto normativo, es claro que el municipio cuenta con la responsabilidad
de orientar el proceso de desarrollo en función del riesgo. Además, la labor correctiva
de desalojo y reubicación se enmarca en unos postulados constitucionales y legales
que impiden al ente territorial actuar de forma ineficiente, arbitraria o desconocer los
derechos de los propietarios de los bienes inmuebles.

56. Respecto de las reglas que deben seguir las autoridades territoriales en los
procesos de reubicación, la Corte Constitucional identificó los siguientes parámetros:

[…] (i) los alcaldes deben llevar a cabo un inventario de las zonas que presenten
altos riesgos para la localización de asentamientos humanos, entre otros factores,
por estar sujetas a derrumbes o deslizamientos; (ii) adelantar programas de
reubicación de quienes se encuentran en estos sitios, o implementar las medidas
necesarias para eliminar el respectivo riesgo; (iii) la entidad o el funcionario
público que no cumpla con lo anterior incurrirá en causal de mala conducta;
(iv) cualquier interesado puede presentar ante el alcalde o intendente, la solicitud
de incluir una zona o asentamiento al señalado inventario; (v) los inmuebles y las
mejoras de quienes deben ser reubicados, pueden ser adquiridos a través
de enajenación voluntaria directa o mediante expropiación; (vi) los bienes
antes mencionados, adquiridos a través de las modalidades señaladas, pueden
ser recibidos en pago de los inmuebles donde fueren reubicados; (vii) el terreno a
obtener debe pasar a ser un bien de uso público administrado por la entidad
que lo adquirió; (viii) las zonas de alto riesgo deben ser desalojadas de
manera obligatoria, por tanto, en caso de que quienes las habitan se nieguen
a ello, los alcaldes deben ordenar la desocupación en concurso con la
policía, así como la demolición de las construcciones averiadas. Finalmente,

41 Artículo 69.
42 Artículo 76.9.2.

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según lo establecido en el artículo 56 de la Ley 9 de 1989, modificado por el
artículo 5º de la Ley 2ª de 1991, las autoridades que incumplan con lo dispuesto
en la norma, incurren en el delito de prevaricato por omisión […] 43.

57. También esta Sección, en la sentencia de 1° de junio de 202044, precisó cuáles son
las acciones que deben observar los municipios cuando reubican a las familias
asentadas en zona de riesgo no mitigable, así:

[…] En consecuencia, la Sala considera que es necesario precisar las órdenes en el
siguiente sentido: […]

120.1 El Municipio (…) tiene la carga de reubicar directamente a las familias que no
resultaron damnificadas con ocasión del Fenómeno de la Niña y que no han sido
beneficiadas con un subsidio de vivienda, pero que habitan en zonas de alto riesgo no
mitigable (…) teniendo en cuenta que con ocasión de este proceso se probó que existe
una situación de vulnerabilidad de familias que no resultaron afectadas con el fenómeno
invernal.

120.1.1 En consecuencia, la Sala ordenará al Municipio (…) dentro del término de
dos (2) meses, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, adelante las
gestiones administrativas, presupuestales y financieras para la reubicación
definitiva de las familias que no resultaron damnificadas con ocasión del Fenómeno de
la Niña y que no han sido beneficiadas con un subsidio de vivienda, pero que habitan en
zonas de alto riesgo no mitigable, en las rondas hídricas o en cotas de inundación
en La Ceiba, El Bambú y Espuma Baja.

120.1.2 Vencido el término anterior, el Municipio (…) deberá reubicar de forma
definitiva en un lugar que permita el acceso a los servicios públicos, por medio de
un plan de vivienda subsidiada, a las familias que no resultaron damnificadas con
ocasión del Fenómeno de la Niña y que no han sido beneficiadas con un subsidio de
vivienda, pero que habitan en zonas de alto riesgo no mitigable, en las rondas
hídricas o en cotas de inundación en La Ceiba, El Bambú y Espuma Baja. Lo anterior,
en el término máximo de diez (10) meses, contado a partir de la ejecutoria de la
presente providencia.

121. La Sala le ordenará al Municipio (…) que, en el marco de sus competencias
constitucionales, legales y reglamentarias, en el término máximo de quince (15)
días, contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia, realice un censo
con el objeto de determinar las características de la población beneficiaria de la
medida de reubicación indicada en el inciso anterior. El censo deberá contener la
siguiente información:

121.1 El número de familias que habitan en zonas de alto riesgo no mitigable (…)

122. Para la reubicación de las familias que habitan viviendas ubicadas en las zonas de
alto riesgo no mitigable o en las zonas de inundación y que fueron construidas
atendiendo la normativa vigente y con la autorización expresa de las autoridades
competentes, siguiendo el procedimiento previsto para el efecto, la administración deberá
aplicar el inciso segundo del artículo 56 de la Ley 9.° de 1989, que dispone:

43 Al respecto, ver sentencia T-1094 de 2002 y T-149 de 2017.
44Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Hernando
Sánchez Sánchez, radicación: 680012331000201200091-01, Demandantes: Leonardo Fabio Lizarazo Velandia.

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“[…] Se podrán adquirir los inmuebles y mejoras de las personas a ser reubicadas,
mediante enajenación voluntaria directa o mediante expropiación en los términos de la
presente ley. Cuando se trate de una enajenación voluntaria directa, se podrá
prescindir de las inscripciones en el folio de matrícula inmobiliaria de que trata el
artículo 13 de esta ley. Los inmuebles y mejoras así adquiridos podrán ser recibidos
en pago de los inmuebles donde fueren reubicados los habitantes. Adquirido el
inmueble, pasará a ser un bien de uso público bajo la administración de la entidad que
lo adquirió […]”.

123. Ahora bien, si los habitantes de los inmuebles ubicados en las zonas de alto
riesgo no mitigable, (…) se rehúsan a abandonar el sito, el Alcalde Municipal de
Rionegro debe ordenar la desocupación con el apoyo de las autoridades de
Policía, en marco de la Ley 1801 de 29 de julio de 2016, por la cual se expide el
Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

124. Las entidades demandadas, durante este trámite, deben atender de forma especial
el principio de economía para optimizar el uso del tiempo y procurar el nivel más alto
de calidad en sus actuaciones, en atención a las graves condiciones en que se
encuentra la comunidad.
[…](Resaltado del texto).

58. Ambos precedentes jurisprudenciales, junto con la normatividad transcrita, explican
cuál es el alcance de las responsabilidades del municipio demandado en el caso
concreto.

XI.2.2. De la resolución de los cargos

59. Como se mencionó previamente, el municipio de Manizales sostuvo en su
apelación que esa entidad territorial no vulneró el derecho colectivo a la seguridad y
prevención de desastres previsibles técnicamente, y que la responsabilidad del daño le
es atribuible a la parte demandante y a los residentes del sector en riesgo que no
quieren acceder al proceso de reubicación.

60. Indicó que la Unidad de Gestión de Vivienda de Manizales adelantó las acciones
necesarias para reubicar a quienes residen en esa zona de alto riesgo no mitigable. Sin
embargo, algunos accionantes se reúsan a acceder al procedimiento de reubicación
porque prefieren el desarrollo de obras de estabilidad del suelo, aun cuando tales obras
de mitigación no son procedentes y, además, construyeron sus viviendas sin obtener
previamente las respectivas licencias y autorizaciones. También afirmó que el
municipio ha ejercido las labores exigibles de monitoreo, inspección, vigilancia, control
urbanístico y policivo a efectos de suspender las nuevas ocupaciones o asentamientos
ilegales en el barrio Bajo Cervantes.

61. En este contexto problemático, a efectos de resolver, la Sala estudiará: (i) el
material probatorio relacionado con la actuación de la entidad territorial demandada
para gestionar el riesgo derivado del deslizamiento que se presentó en el barrio Bajo
Cervantes el 19 de abril de 2017, y determinará si (ii) las actuaciones de las
accionantes y de los residentes del sector en riesgo no mitigable, exoneran al ente
territorial de sus deberes constitucionales, legales y reglamentarios en materia de
gestión de riesgos.

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XI.2.2.1. De las actuaciones del municipio de Manizales en el caso concreto

62. En el acápite X.2.1 de este proveído, la Sala explicó que nuestro régimen jurídico
contempló en el ordenamiento territorial el camino adecuado para evitar desarrollos
urbanísticos en zonas susceptibles de desastres. Además, en el evento en que se
materialice un siniestro, surge la obligación estatal de reubicar a las familias en riesgo y
adelantar las obras de contención necesarias. Por ende, conforme a la normatividad
antes recopilada, la responsabilidad del municipio en el caso concreto dependerá de
los aspectos acreditados en el plenario frente al cumplimiento de las aludidas
obligaciones.

63. Siendo ello así, es importante destacar que, según el documento titulado «Cuarta
verificación inventario físico y poblacional de viviendas en zonas de alto riesgo
municipio de Manizales»45, elaborado por el ente territorial, se observa que la
permanencia de las viviendas ubicadas en el sector en riesgo data entre 20, 27, 37 y 45
años.

64. Lo anterior significa que la Alcaldía de Manizales contó con un periodo de 37 años
para cumplir con sus deberes de ordenación territorial y gestión del riesgo, periodo en
el que no evitó el establecimiento permanente de grupos humanos en el sector donde a
la postre se materializaría un desastre.

65. Precisamente, el fenómeno de deslizamiento y remoción en masa objeto del litigio,
se presentó en la parte alta del barrio Bajo Cervantes el 19 de abril de 2017 y generó
no solo el colapso de viviendas e infraestructura física, sino que también cobró vidas
humanas. Al respecto, el documento denominado «Plan de Contingencia Específico
ante la Primera y Segunda Temporada de Lluvias», elaborado por el Consejo Municipal
para la Gestión del Riesgo de Desastres del municipio de Manizales en febrero de
2019, precisó que: «un fuerte aguacero que cayó en la madrugada del pasado 19 de
abril [de 2017] ocasionó varios deslizamientos que sepultaron varios barrios, calles y
avenidas. El saldo fatal: 17 muertos, 23 heridos, un desaparecido, 80 viviendas
destruidas y 500 familias damnificadas»46.

66. Cabe agregar que las condiciones naturales y antrópicas del sector aledaño a la
Calle 31 A N.º 32 del barrio Cervantes de Manizales fueron recopiladas en el Informe
de Visita Técnica y de Verificación N.º CEMAI1700-2019-II-00000810 de 23 de enero
de 201947, elaborado por los funcionarios de la Personería Municipal de Manizales
Elkin Yesid Molina48 y Andrés Mauricio Parra Arias49, así:

45 Ibid., folios 98 y ss.
46 Documento disponible en: https://caldas.gov.co
47 Ibid., folios 4 y ss.
48 En su calidad de personero Delegado Grado 2 del área de Contratación Estatal, Medio Ambiente e Ingeniería de

la Personería Municipal de Manizales.
49 En su calidad de auxiliar administrativo del área de Contratación Estatal, Medio Ambiente e Ingeniería de la

Personería Municipal de Manizales.

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[…] La región ha sido impactada fuertemente por la actividad antrópica. Los
bosques nativos han sido talados, modificando así el paisaje. (…)

Las precipitaciones propias de la región y el inadecuado uso del suelo
favorecen la desestabilización de las laderas y constituye una amenaza por
escenario geomorfológico. (…)

Se evidenciaron edificaciones al interior de las franjas de retiro de una quebrada y
sobre las zonas de tratamiento geotécnico, sin que se tenga ningún control por
parte de la Administración. (…)

El sitio se encuentra afectado por amenazas naturales principales de origen
geomorfológico y geológico, producto de las condiciones climáticas.(…)

En la zona se presentan procesos erosivos y de remoción en masa, esto es,
movimientos y desplazamientos de talud hacia abajo con materiales térreos,
suelos, rocas y vegetación bajo la influencia de la gravedad. En estos procesos
inciden la forma del terreno, la intensidad y concentración de las lluvias, el uso de la
tierra y la falta de cobertura vegetal. (…)

Otro escenario amenazante consiste en que el departamento de Caldas está
ubicado en una zona de amenaza sísmica media. El municipio de Manizales
está clasificado como altamente sísmico, por lo que se hace necesario tomar
medidas adecuadas de prevención. (…)

Se denotó la falta de canalización de las aguas lluvias de las viviendas aledañas, la
presencia de nuevas edificaciones sobre la faja de retiro de la quebrada y la
obra de tratamiento geotécnico, y que el avance del fenómeno de remoción en
masa ha alcanzado los cimientos y las paredes de una de las viviendas,
generando fisuras y agrietamientos. La medida de los plásticos no ha sido
efectiva. (…)

El sitio está afectado por: i) zona de amenaza alta por eventos de origen
geomorfológico (erosión y remoción en masa); ii) zona de amenaza media por
eventos de origen geológico (sísmico); y iii) zona de amenaza media por eventos de
origen hidrometeorológicos (inundaciones). (…)

En los procesos de inestabilidad intervienen: factores inherentes, como las
características de los materiales; factores externos de tipo natural, como la
lluvia y la actividad sísmica; y factores externos de tipo antrópico, como la
intervención de cauces, la tala, el manejo inadecuado de aguas superficiales,
urbanizaciones y construcciones antitécnicas, entre otros […]50.

67. En tal virtud, en el proceso quedó demostrado que, en la generación del riesgo de
desastre del barrio Bajo Cervantes, confluyen junto con las acciones antrópicas, otros
factores de riesgo de índole natural, tales como las características de los materiales,
las precipitaciones, las condiciones climáticas y la actividad sísmica propias de la
región.

68.Ahora bien, en atención al desastre ocurrido, la Alcaldía municipal de Manizales,
mediante Decreto 0291 de 19 de abril de 2017, declaró la situación de calamidad
50 Informe suscrito por el “Personero Delegado Grado 02 Area de Contratación Estatal, Medio Ambiente e Ingenieria

CEMAI, Elkin Yesid Molina Orozco” y por el “Auxiliar Administrativo Grado 04 Area de Contratación Estatal, Medio
Ambiente y de Ingeniería CEMAI, Andres Mauricio Parra Arias”.

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pública en el municipio de Manizales, por el término de seis (6) meses prorrogables por
un término igual o superior, y, en tal sentido, dispuso lo siguiente:

«[…] ARTÍCULO 2º: En virtud de la presente declaración de calamidad pública el
Municipio dará aplicación al régimen normativo especial para las situaciones de
calamidad pública contemplado en el Capítulo VII de la Ley 1523 de 2012.

ARTÍCULO 3º: La Unidad de Gestión del Riesgo procederá a elaborar un Plan de
Acción Específico para el manejo de la situación de calamidad pública de conformidad
con lo establecido en el artículo 61 de la Ley 1523 de 2012.

Parágrafo 1: Los lineamientos generales para el manejo de la situación de calamidad
pública, comprenderá diversas líneas de acción, entre ellas:

1. Asistencia humanitaria a las familias afectadas con alimentación y elementos de
dormitorio, aseo, cocina, durante el tiempo que dure la emergencia y un tiempo
adicional necesario en el desarrollo del proceso de recuperación.

2. Administración y manejo de albergues y/o subsidios de arrendamiento temporal
para las familias que evacuaron sus viviendas.

3. Agua potable y saneamiento básico.

4. Salud integral, control y vigilancia epidemiológica.

5. Recuperación y/o construcción de vivienda (averiada y destruida).

6. Reactivación económica y social.

7. Ordenamiento territorial.

8. Alertas tempranas.

9. Obras de emergencia y obras de prevención y mitigación.

[…]» [Resalta la Sala].

69. En la parte considerativa del referido decreto se precisó que, para atender esa
emergencia, el municipio adoptaría medidas en materia de: «contratación del Estado,
empréstitos, control fiscal de recursos; ocupación, adquisición, expropiación,
demolición de inmuebles e imposición de servidumbres; reubicación de
asentamientos, solución de conflictos, moratoria o refinanciación de deudas,
suspensión de juicios ejecutivos, créditos para afectados, incentivos para la
rehabilitación, reconstrucción y el desarrollo sostenible; administración y destinación de
donaciones y otras medidas tendientes a garantizar el regreso a la normalidad».

70. Frente a las acciones que efectivamente adoptó el ente territorial, Corpocaldas
explicó en su escrito de contestación de la demanda que, en enero de 2018, el
municipio inició unas obras de perfilamiento del terreno y de anclajes pasivos de hierro

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(apuntillamiento) en un tramo de la cara expuesta del talud tendientes a contener el
riesgo51.

71. En el expediente también obra el memorial 2018-IE-00006259 de 15 de mayo de
201852, en el que John Jairo Chisco Leguizamon, en su calidad de Subdirector de
Infraestructura Ambiental de Corpocaldas, informó a la parte actora que, en una visita
técnica, observó que: «en el talud posterior y lateral a 4 viviendas – evacuadas- se
presenta un alto nivel de amenaza y vulnerabilidad física». El mismo documento
explica que el municipio está interviniendo el talud afectado, y que las actividades
evidenciadas fueron: (i) «el perfilado de un tramo del área total a intervenir»; (ii) «la
construcción de algunos anclajes pasivo», y (iii) «la instalación de plásticos para
protección del talud».

72.La Subdirección de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas resaltó en ese
documento lo siguiente:

«[…] Teniendo en cuenta las condiciones de RIESGO ALTO POR
DESLIZAMIENTO que presenta la zona objeto de la visita, cualquier intervención
que se desarrolle en el talud, debe estar encaminada a controlar el avance de las
problemáticas de inestabilidad detonadas con ocasión de las fuertes lluvias del
mes de abril de 2017. Dadas las condiciones de vulnerabilidad física de las
viviendas y el tipo de intervención que se propone, la sola ejecución de
estas medidas, no garantiza la permanencia de las mismas en el lugar, y por
el contrario, lo que se busca es disminuir la posibilidad que los fenómenos
se extiendan involucrando mayores áreas. (…)

El municipio de Manizales, debe incluir estas familias, en programas de
reubicación de viviendas localizadas en zonas de alto riesgo por deslizamiento,
con el fin de que sean objeto de asignación de viviendas con mejores condiciones
estructurales y menores condiciones de riesgo. […]»

73. El «Plan de Contingencia Específico ante la Primera y Segunda Temporada de
Lluvias» sobre el particular, señala lo siguiente: «la Corporación Autónoma Regional de
Caldas (CORPOCALDAS) como ejecutor del Convenio 134-2018 con el Municipio de
Manizales, expide el contrato de consultoría No. 212-2018, con objeto: “ESTUDIOS
DETALLADOS DE ZONIFICACIÓN DE LA AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO
EN LOS BARRIOS BAJO ANDES, SUB-ANDES, SECTORES BELLA VISTA Y BAJO
VILLA PILAR, Y DEFINIR Y DISEÑAR LAS OBRAS DE MITIGACIÓN EN LAS ZONAS
EN DONDE ÉSTE SEA MITIGABLE. MUNICIPIO DE MANIZALES” con la empresa
QUASAR INGENIEROS CONSULTORES SAS, con el fin de identificar las
características geológicas, geotécnicas e hidráulicas de la zona de estudio, y con esto
determinar la estabilidad general y local del terreno para presentar las pautas y
lineamientos acerca del futuro de las comunidades asentadas en las laderas
involucradas».

51 Ibid., folios 59 y ss, 66 y ss, 71 y ss, 76 y ss, 97 y ss. y 106 y ss., Oficios de 15 de mayo de 2018, 23 de mayo de

2019, 27 de mayo de 2019 (Corpocaldas), 18 de julio de 2019 (alcaldía de Manizales) y contestación de la demanda
de Corpocaldas.
52 Folios 63 y 64 del expediente de la referencia

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74. En el acervo probatorio obra el oficio 2018-IE-000 de 4 de diciembre de 2018 de la
Subdirección de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas53, en el que la autoridad
ambiental dio respuesta a un derecho de petición de la parte demandante, advirtiendo
que: «la Secretaría de Obras Públicas del municipio de Manizales debía priorizar la
ejecución de obras de mitigación de riesgos, relacionadas con el manejo de aguas
lluvias a través de la construcción de una zanja colectora». De igual forma, la
Subdirección recalcó que: «en la zona existe un riesgo alto por deslizamiento», y
agregó que: «las viviendas allí ubicadas, poseen una alta vulnerabilidad física debido a
su ubicación y tipo de construcción».

75. Según el oficio 2019-IE-0001307 de 23 de mayo de 201954, elaborado por el
subdirector de Infraestructura Ambiental de la Secretaría de Obras Públicas de
Manizales55, se tiene que el municipio adelantó «labores de perfilamiento», así como:
«la construcción de anclajes pasivos (apuntillamiento) en un tramo de la cara expuesta
del talud». Además:

«[…] en el talud se proyectarán actividades adicionales conforme lo plantea
Corpocaldas, relacionadas con apuntillamiento del talud, perfilado del terreno en
áreas adyacentes del talud intervenido, empradización y manejos de aguas. No
obstante, es importante indicar que en vista de las condiciones de la zona estas
actividades están encaminadas a evitar y controlar el avance de problemas de
inestabilidad, buscando disminuir que el fenómeno se extienda e involucre áreas
mayores, mientras se adoptan medidas no estructurales como la reubicación de
viviendas […]»

76. En el oficio de 18 de julio de 201956, elaborado por la Unidad de Gestión del
Riesgo y la Secretaría de Obras Públicas, se precisó lo siguiente:

«[…] En el marco de un convenio interadministrativo suscrito entre Corpocaldas y la
Administración Municipal, en primera instancia se realizaron actividades de perfilado, y
la construcción de anclajes pasivos (apuntillamiento) en un tramo de la cara expuesta
del talud. Actualmente las obras se encuentran sin deterioro, y no se evidencian signos
que indiquen la reactivación de problemas de inestabilidad en el sector.

Ahora bien, en el talud se proyectan actividades adicionales conforme lo plantea
Corpocaldas, relacionadas con apuntillamiento del talud, perfilado del terreno en áreas
adyacentes del talud intervenido, empradización y manejos de aguas. No obstante, es
importante indicar que en vista de las condiciones de la zona estas actividades están
encaminadas a evitar y controlar el avance de problemas de inestabilidad, buscando
disminuir que el fenómeno se extienda e involucre áreas mayores; por lo que se
requieren medidas no estructurales, como la reubicación de algunas viviendas.

En este punto, se debe indicar que las siguientes personas del sector se encuentran
inscritas en el Registro Único de Damnificados -RUD- y están en el listado de las 251
soluciones de vivienda las cuales se desarrollarán en el marco del convenio
interadministrativo celebrado entre la Alcaldía de Manizales, FONVIVIENDA y el

53 Ibid., folio 66. JOHN JAIRO CHISCO LEGUIZAMON Subdirector Infraestructura Ambiental
54 Ibid., folio 48.
55 Jhon Jairo Chisco Leguisamon
56 Ibid., folios 40 y ss.

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Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, para implementar y ejecutar
rehabilitación, reconstrucción y/o construcción de viviendas en el marco de la
declaratoria de situación de calamidad pública del Municipio de Manizales del 19 de
abril de 2017, tal como lo indicó la Unidad de Gestión del Riesgo […].

FOLIO NOMBRES APELLIDOS NO. DOCUMENTO BARRIO
168 CLAUDIA PATRICIA MORALES GONZÁLEZ 30396301 CERVANTES
306 JORGE ALBERTO MEZA CHICA 15905440 CERVANTES
2967 JHON EDWIN MARTÍNEZ ÁRIAS 1053789336 CERVANTES
42 YEISON ANDRÉS HOYOS 1005927022 CERVANTES
194 GUSTAVO GIRALDO VARGAS 4318342 CERVANTES
271 LUZ FANNY HOYOS 1005927020 CERVANTES
274 LUZ ELENA TORRES AMAYA 30336753 CERVANTES
297 MARÍA LUZ DARY OSORIO CASTRILLÓN 25159307 CERVANTES
1620 ANIBAL DE JESÚS BETANCURT 10288754 CERVANTES

[…]. Ahora bien, es importante mencionar en este punto, que se ha evidenciado un
crecimiento de la cantidad de asentamientos sub normales, en una zona que se
encuentra en el interior de una franja de protección hidráulica a la luz del Plan de
Ordenamiento Territorial. Esta situación ha sido reportada a la Secretaría de Gobierno,
con el fin de que se inicien los procesos y trámites pertinentes […].

Considerando la importancia de la comunidad en los procesos de gestión del riesgo,
desde la Administración Municipal se exhorta a realizar constante monitoreo de la
zona y reportar cualquier anomalía o cambio significativo al Cuerpo Oficial de
Bomberos (Línea 119) o a la Unidad de Gestión del Riesgo, entidades que de igual
manera se encuentran en completa disposición para dar respuesta inmediata y evitar
la materialización de posibles escenarios de riesgo […]».

77. La anterior información fue corroborada en la audiencia de pruebas celebrada el 2
de marzo de 2021, en la que el testigo Jhon Jairo Chisco, en su calidad de Subdirector
de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas, indicó que el proceso de deslizamiento
presente en el sector objeto de la presente acción, no es mitigable, por lo que no se
pueden realizar obras de estabilidad más allá de las construidas hasta este momento.
El ingeniero fue enfático en señalar que las únicas obras procedentes eran las
efectuadas para minimizar el riesgo, pero no para permitir la permanencia de la
población en las viviendas que se ubican en dicho sector y, por ello, la mejor forma de
mitigar el riesgo, era la reubicación de la población.

78. Igualmente, y en lo atinente a la vigilancia de lo que viene ocurriendo en el sector
afectado con la problemática, es pertinente mencionar el oficio SOPM-3891-GEO-18 de
19 de diciembre de 201857, en el que los funcionarios de la Secretaria de Obras
Públicas de Manizales Cesar Alberto Gutiérrez García y Norberto Arenas Canabal, le
informaron a la Secretaría de Gobierno que en el sector circundante a la Calle 31 C N.º
33 del barrio Bajo Cervantes «se pudo evidenciar la presencia de algunos nuevos
asentamientos de viviendas localizadas sobre lo que se denomina como una
zona de protección hidráulica […]». De ese modo, aquella Secretaría le solicitó
adoptar las «pertinentes acciones de control».

57 Ibid., folio 44.

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79. Además, en el oficio SOPM-1628-GEO-19 de 31 de mayo de 2019, los mismos
funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas58 pusieron en conocimiento de la
Inspección Quinta Urbana de Policía que, en el sector aledaño a la Calle 31 C N.º 33
del barrio Bajo Cervantes, se observó «la instalación de nuevos asentamientos
humanos en una zona de protección hidráulica […], lugar donde fueron
construidas algunas obras en años pasados».

80. A su vez, a través del oficio SOPM-3063-GEO-19 de 22 de octubre de 201959, la
Secretaría de Obras Públicas de Manizales60 solicitó a la Secretaría de Gobierno que,
en razón de los reportes sobre la presencia de nuevos asentamientos subnormales en
áreas ambientales y de riesgo, debía informarle «sobre las gestiones adelantadas en la
zona con el fin de que dichas actuaciones obren en el expediente de la acción popular
[…]».

81. La misma Secretaría de Obras Públicas, el 19 de diciembre de 2019 61, le informó a
la Secretaría de Gobierno que, en el sector aledaño a la Calle 31 C N.º 33 del barrio
Bajo Cervantes, se evidenció «la presencia de algunos nuevos asentamientos de
viviendas localizadas sobre […] zona de protección hidráulica […], por lo cual se
solicita que en atención a sus competencias se adopten las medidas pertinentes para
ejercer posibles acciones de control al respecto».

82. En el plenario también obra el informe de 16 de abril de 2021, de la Secretaría
Jurídica de Manizales que contiene el listado de procesos e informes que el Grupo de
ingenieros de la Oficina de Control Físico Urbanístico de la Secretaría de Gobierno ha
remitido a las inspecciones de Policía Nacional, con miras a que se impongan las
respectivas sanciones, derivadas de las construcciones irregulares en el sector del Bajo
Cervantes. El referido informe, en sus acápites pertinentes, es del siguiente tenor:

«[…] SGM ve 0548-2018; no existe nada en la secretaria de gobierno

SGM ve 0415-2019: En la Inspección Doce Urbana de Felicia se realizó apertura
del proceso 2019-10549 el día 22 de Abril de 2019 por el numeral 4 del art 135
de la ley 1801 de 2016, el día 17 de junio de 2020 se impone multa por un valor
de $9.655.800 y se ordena orden de demolición de lo construido.

SGM ve 1192-2019: En el informe SGM VC 1192 se informa conclusión "Al
realizar visita y no encontrarse labores constructivas ni materiales de
construcción no se estableció un comportamiento contrario a la integridad
urbanística a la luz de la Ley 1801 de 2016. Artículo 135", por lo cual el día 23
de septiembre de 2019 se realiza el archivo de la queja 2019-16342 que se
había abierto en la Inspección Doce Urbana de Policía el 20 de septiembre de
2019.

SGM VC 1214-2019: En la Inspección Doce Urbana de Policía se tuvo abierto el
proceso 2019-18002, la cual fue archivada el día 21 de octubre de 2020,

58 Ibid., folio 43. El entonces secretario de Obras Públicas de Manizales y el profesional universitario de esa entidad
59 Ibid., folio 116.
60 Cesar Alberto Gutiérrez García.
61 Ibid., folios 43 y 44.

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después de escucharen audiencia pública a la presunta infractora y a su
abogada, quienes informan que al tener conocimiento de que las obras
realizadas en la zona no son licenciables, se suspenden las obras en su
totalidad, considerando esto como un restablecimiento del orden
urbanístico, en el archivo se tiene en cuenta también la situación de seguridad y
vulnerabilidad de la propietaria al tratarse de una persona de la tercera edad con
movilidad reducida.

SGM VC 0081-2020: Se realizó apertura de la queja de 2020-2333 el día 17 de
febrero de 2020, al momento de la visita no se encontraron personas
trabajando, aunque existían materiales de construcción en el predio no se
pudo evidenciar que se estuviera construyendo en el momento, adicional a
ello se encontraba duplicada la queja con la 2019-18002, por lo que el día 21 de
octubre de 2020 se ordena el archivo del proceso.

SGM VC 0730-2020: Se encuentra en curso en este momento la queja 2020-
14530 en la inspección Doce Urbana de Policía, proceso en el cual se
encuentran suspendidos los términos mediante SENTENCIA DE TUETELA N°
147 DEL JUZGADO DECIMO CIVIL MUNICIPAL.

SGM VC 0205-2021: En la Inspección Doce Urbana de Policía se encuentra
abierto el proceso 2021-2564, dentro del proceso se recibió de parte de los
presuntos infractores el radicado N° 17001-2-21-0120, por lo cual se les
concede plazo hasta el 11 de agosto de 2021 para restablecer el orden
urbanístico mediante resolución de licencia de construcción aprobada.

SGM VC 0404-2021: En la Inspección Doce Urbana de Policía se encuentra
abierta la queja 2021-5753, proceso que en este momento se encuentra en
etapa de argumentos.

SGM VC 1287-2019// SGM VC 1450-2019// SGM VC 1560-2019// SGM VC
0749-2020: se enviaron a la Inspección Quinta Urbana de Policía para ser
anexado al expediente 2019-13682, el cual en este momento se encuentra en
etapa de pruebas. SGM VC 0108-2020 INSPECCIÓN TERCERA URBANA DE
POLICÍA

Vivienda número 1: (…) Resolución No. 1187 de 2020 Declara el Estado de
Ruina e impone la medida correctiva de demolición. Demolición efectuada el día
16 de febrero de 2021

Vivienda número 2: (…) En la fecha se está dentro de los términos de la
publicación en el diario la Patria (Aviso de Notificación a Terceros) previo a
proyección de Resolución que declara el estado de ruina.

Vivienda número 3: (…) Mediante UGR1800-2020 se concluye que la
Amenaza de ruina es parcial, a la espera de informe que puntualice la parte
de la vivienda afectada o las reparaciones requeridas.

Vivienda número 4: (…) Mediante UGR 1801-2020 se concluye que la Amenaza
de ruina es parcial, a la espera de informe que puntualice la parte de la vivienda
afectada o las reparaciones requeridas. […]».

83. En este mismo eje temático, el informe SGM VC 0430 – 2021 de 15 de abril de
202162, de la Secretaría de Gobierno de Manizales63 da cuenta de la construcción de

62 Ibid., folios 242 y ss.

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una vivienda de dos pisos sin licencia en un predio que le pertenece a la Caja de
Vivienda Popular, además de que se estaba invadiendo el referido lote de
carácter fiscal.

84. En materia de reubicación, también se acreditó en el plenario que la UNGRD, el
Ministerio de Vivienda y Fonvivienda suscribieron un convenio para la construcción de
251 viviendas en el sector urbano del municipio de Manizales, con el propósito de
reubicar a las familias afectadas por ese desastre natural. Al respecto, en el boletín
informativo N.° 029 de 20 de febrero de 2018, la Unidad para la Gestión del Riesgo de
Desastres comunicó lo siguiente:

«[…] a través de la UNGRD y el Ministerio de Vivienda con Fonvivienda se construirán
251 viviendas en el sector urbano de Manizales por medio de un convenio ya firmado
por más de 13.934 millones de pesos. Actualmente se encuentra en el proceso
contratación para iniciar la ejecución de este proyecto.

En materia de vivienda rural, 8 familias se vieron afectadas y a través de un convenio
ya firmado entre la UNGRD, el Ministerio de Agricultura por Banco Agrario (sic), se
ejecutará este proyecto. Como compromiso para la continuidad del mismo, la alcaldía
municipal empezará el proceso de identificación de predios disponibles y aptos para la
construcción de estas 8 viviendas rurales.

Cabe resaltar que en este proceso de recuperación, la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres, continúa brindando el Subsidio de arriendo a
estas familias que perdieron su vivienda, apoyo que se mantendrá hasta tanto
no se haga la entrega de las viviendas construidas.

En esta misma línea de reconstrucción, se adelantarán las obras de rehabilitación y
recuperación de la quebrada Manizales, proyecto a desarrollar por parte de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y Corpocaldas por un valor de
10.000 millones de pesos. En este momento la Corporación adelanta los estudios y
diseños de la obra, los cuales se entregarán el próximo mes de marzo y de allí se dará
inicio a la ejecución y construcción de la misma. […]»64. [Resalta la Sala].

85.Aunado a ello, debe resaltarse que, a través del oficio SOPM-3403-DESP-19 de 29
de noviembre de 201965, la Secretaría de Obras Públicas de Manizales 66 explicó el
avance que ha tenido el proceso de reubicación, en los siguientes términos:

«[…]. 9 de las 15 viviendas que se encuentran en el área objeto de la acción popular
se encuentran incluidas en el Registro Único de Damnificados -RUD-, lo que indica
que fueron objeto de medidas preventivas durante la emergencia invernal; estas son:

FICHA NOMBRE No. RUD TENENCIA POSTULADA
01 Luz Elena Torres 274 Propietaria Si
02 Mary Luz Loaiza 154 Propietaria No
03 Gustavo Giraldo Vargas 194 Propietario Si
07 Martha Rocío Morales 207 Propietaria No

63 Elaborado por Juan Pablo Gómez Gómez y Hernan Pareja Pareja, funcionariso de Equipo técnico de Vigilancia y

Control Urbanístico Secretaria de Gobierno Municipal.
64 Documento disponible en https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co
65 Ibid., folios 94 y ss.
66 Suscrito por Cesar Alberto Gutiérrez García (Secretario de Despacho) y Jairo López Baena (Director técnico

Unidad de Gestión de Riesgos)

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08 Vanesa Alzate 1478 Propietaria No
10 Diana Francine Grisales 263 Propietaria No
11 Claudia Belén López 245 Propietaria No
13 Jorge Alberto Chica 306 Propietario Si
15 Claudia Patricia Morales 168 Propietaria Si

Como se observa en el cuadro anterior 4 de las 9 viviendas que se encuentran
reportadas en el Registro Único de Damnificados, están postuladas a un programa de
solución de vivienda efectuado a partir de los eventos suscitados en abril del año
2017.

De acuerdo con el estudio de microzonificación del riesgo desarrollado por
Corpocaldas, las 4 viviendas que se encuentran postuladas al programa de solución
de vivienda se encuentran en un área no mitigable. El resto de viviendas, de acuerdo
con el estudio, se encuentran en un área mitigable con obras de estabilidad.

Es de especial importancia mencionar que en la parte baja de la zona objeto de la
acción popular existe un cauce intervenido, en donde recientemente se han
implantado 8 estructuras tipo vivienda adicionales y con características
deficientes (asentamiento sub normal), las cuales poseen cimentación superficial
sobre una estructura de canalización, situación que ha sido reportada a la Secretaría
de Gobierno […]». [Resalta la Sala].

86. Además, según el documento denominado «Plan de Contingencia Específico ante
la Primera y Segunda Temporada de Lluvias», para la Gestión del Riesgo de Desastres
de Manizales se destinó un presupuesto de $186.000.000 para «ayudas humanitarias
y auxilios de arrendamiento», cuyo avance a 26 de abril de 2019 era el siguiente:

«[…]

[…]»

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87. Igualmente obra el oficio UGR-1453-19 de 17 de mayo de 201967, en el que la
Unidad de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Manizales68 invitó a la señora Luz
Elena Torres Amaya para que allegara ante esa dependencia los documentos
requeridos para postularse a una de las 251 soluciones de vivienda para las personas
afectadas por la calamidad pública que tuvo lugar el 19 de abril de 2017.

88. En la misma comunicación, la UGR de Manizales advirtió lo siguiente:

«[…] Ahora bien, nos permitimos informar que mediante oficio UGR 3619-18 de 11 de
diciembre de 2018, la Unidad de Gestión del Riesgo remitió a la Cruz Roja
Colombiana Seccional Caldas el listado oficial para el pago de los auxilios de
arrendamiento a las personas afectadas por la emergencia del 19 de abril de
2017 y que hicieron entrega de la documentación pertinente en la Unidad de Gestión
de Vivienda para iniciar el proceso de postulación de una de las 251 soluciones de
vivienda […]». [Resalta la Sala].

89. La anterior información fue corroborada por el testigo Jhon Jairo Chisco en la
audiencia de pruebas de 2 de marzo de 2021, quien manifestó que Corpocaldas
advirtió a la señora Luz Helena Torres Amaya que su vivienda está ubicada en un
sector de alto nesgo no mitigable por las características geológicas, el material
permeable y la alta pendiente geográfica69.

90. De otro lodo, valga precisar que la zona objeto de amparo, según lo acreditado en
el plenario, se encuentra catalogada como de alto riesgo por deslizamiento en el plan
de ordenamiento territorial (POT) de Manizales adoptado mediante Acuerdo 0958 de
2017.

91. En efecto, el oficio 2019-IE-00013607 de 23 de mayo de 201970 de la Subdirección
de Infraestructura Ambiental de Corpocaldas71 aclara que:

«[…] Se evidencia la construcción de viviendas en materiales como guadua y teja de
zinc en la base del talud, al interior de la zona de protección hidráulica y ambiental
de un drenaje intervenido.

La zona en donde se encuentra la vivienda de la peticionaria se encuentra catalogada
como de ALTO RIESGO POR DESLIZAMIENTO por el plan de ordenamiento
territorial (POT). […].

Cabe recordar que el sector en donde se ubica la vivienda se halla en una zona de alto
riesgo catalogado por el acuerdo 0958 de 2017 Plan de Ordenamiento Territorial
(POT), las viviendas que se ubican en este sector presentan una alta vulnerabilidad
física debido a su ubicación y el sistema que fue empleado para su construcción. […].

Se reitera que teniendo en cuenta la condición de alto riesgo de deslizamiento que se
presenta en el sector, cualquier intervención que se desarrolle en el talud está

67 Ibid., folio 47.
68 Documento elaborado por Jairo Alfredo López Baena (Director técnico) y Esteban Diaz Osorio.(profesional
universitario)
69 Folio 13 cuaderno 2 del expediente digital.
70 Ibid., folios 45 y 46 y 69 y 70.
71 JOHN JAIRO CHISCO LEGUIZAMON Subdirector Infraestructura Ambiental

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encaminada a controlar el avance de la problemática de inestabilidad. Se busca
disminuir la posibilidad de que el fenómeno se extienda e involucre mayores áreas.
Por lo tanto, es necesario que la administración Municipal implemente acciones
no estructurales como la reubicación de viviendas. […]». [Resalta la Sala].

92. Las recomendaciones que indica CORPOCALDAS en el mencionado informe
técnico son las siguientes:

«[…] RECOMENDACIONES

Completar el apuntillamiento del talud y realizar el recubrimiento de los cabezales
del apuntillamiento actualmente construido en concreto u otro material que proteja
al acero de refuerzo instalado de la intemperie.
Completar el perfilado del terreno del talud y realizar el retiro del material suelto del
talud.

Empradizar el talud con el fin de reducir la infiltración del agua lluvia y el lavado de
finos que pueda presentarse.
Manejo de aguas lluvias por medio de una zanja colectora en concreto localizada
en la base del talud.

Como se evidencia en la fotografía 1, se recomienda el manejo de aguas lluvias en
los techos de las viviendas, por medio de la instalación de canales y bajantes con
entrega adecuada al sistema de alcantarillado, mientras estas permanezcan
ubicadas en la zona. […]».

93. Paralelamente, el informe denominado «Estudios detallados de zonificación de la
amenaza, vulnerabilidad y riesgo en los barrios Bajo Andes, Sub-Andes, sectores Bella
Vista y Bajo Villa Pilar, y definir y diseñar las obras de mitigación en las zonas en donde
éste sea mitigable», elaborado en julio de 2019 por la Alcaldía de Manizales y los
consultores «UASAR»72, da cuenta de lo anterior en el siguiente sentido:

«[…] la zona de estudio se encuentra localizada en el sector sur central del área
urbana del municipio de Manizales, limitando al sur con la vía Panamericana, al
norte con el barrio El Nevado, al oeste con El Nevado y Andes y al oriente con Villa
Carmenza:

[…] el sector afectado se ubica en el extremo nororiental del polígono ya definido,
esto es, aproximadamente, donde se realizaron los sondeos números 1, 2, 3, 5 y 6
[…]

72 Ibid., Sistema de consulta judicial “SAMAI” - consulta de procesos: Radicado N.° 17001-23-33-000-2019-00256-01

Luz Elena Torres Amaya y otra contra el municipio de Manizales y otros. Registro N.° 2: Expediente digital,
anotación N.º 7.
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=1700123330002019002560111
00103

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Figura 65 Localización de sondeos en el área de estudio. (Página 124).
[…]»

94. El estudio en mención mapeó la caracterización de la amenaza por deslizamiento,
así:

«[…]

Figura 182. Mapa de amenaza de la zona de estudio. (Página 298).

95. Ese estudio advierte que las áreas con amenaza alta corresponden a sectores con
condiciones morfométricas fuertes, asociadas con sitios en los cuales han ocurrido
fenómenos de movimientos en masa y con población en condiciones de alta
vulnerabilidad.

96. En el siguiente grafico se zonificó el componente de vulnerabilidad así:

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«[…]

Figura 185. Mapa de vulnerabilidad de la zona de estudio. (Página 399).
[…]»

97. En relación con la vulnerabilidad alta, el estudio pronosticó los siguientes daños:

«[…]
CLASIFICACIÓN EDIFICACIONES RED VIAL REDES DE REDES ELÉCTRICAS Y
DE LA ACUEDUCTO Y DE
VULNERABILIDAD ALCANTARILLADO TELECOMUNICACIONES
Colapso parcial o Bloqueo total de la Rotura inminente de Los postes son derribados
total de la estructura. vía. Se afecta las tuberías. o fragmentados. Las
ALTA Rotura de muros. totalmente el Interrupción del líneas de tensión se ven
Destrucción total de tránsito de servicio. Es necesario afectadas y se interrumpe
acabados y vehículos reconstruir el tramo de el servicio
accesorios la red
Tabla 84. Daños esperados según resultados de vulnerabilidad

CLASIFICACIÓN RANGO DE VULNERABILIDAD DESCRIPCIÓN
ALTA 0,5 – 1,0 Alta posibilidad de muerte o lesiones
serias
Tabla 85. Clasificación de la vulnerabilidad para las personas
[…]»

98. El mismo estudio definió el riesgo alto como «aquel de carácter inaceptable.
Agregó que es necesaria la ejecución de investigaciones detalladas, planeación e
implementación de medidas para reducir el riesgo. Las medidas de intervención
estructural pueden ser dispendiosas y poco prácticas; además, pueden ser más
costosas que el valor mismo de la propiedad»73.

99. A su vez, sugirió que: «Las viviendas se encuentran en un alto nivel de
vulnerabilidad, expuestas a una amenaza alta por deslizamiento». Además, «las
características morfométricas y geológicas de las laderas hacen que se tenga una gran
susceptibilidad ante deslizamientos».

73 Tabla 96 Riesgo en bienes físicos.

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100. En materia de conclusiones y recomendaciones, ese estudio planteó lo siguiente:

«[…]• Los estudios fueron motivados dada la zonificación existente dentro del Plan
de Ordenamiento Territorial (POT) y a la recurrente problemática que se genera tras
la acción de las fuertes lluvias que se pueden llegar a presentar en la ciudad, lo cual
puede generar deslizamientos en estas zonas catalogadas como de amenaza alta
produciendo grandes daños materiales y la pérdida de vidas humanas en muchos
sectores de la ciudad.

• Desde el punto de vista técnico se puede concluir que la zona geológicamente
cuenta con elementos muy complejos asociados a la condición litológica de
los materiales tales como depósitos de relleno, cenizas volcánicas apoyadas
sobre estratos impermeables consolidados, a las condiciones morfométricas
donde predominan las fuertes pendientes en las laderas, al inadecuado uso
del suelo reflejado en zonas de cultivo, pastoreo, de asentamientos humanos
sin la debida planeación. Todos estos elementos antes descritos se ven
potenciados por la actividad tectónica, a la geomorfología y en general a toda una
serie de factores que propician una susceptibilidad alta para la ocurrencia de
fenómenos de desplazamiento en masa.

• A su vez la fuerte intervención antrópica en la zona genera conflictos que
favorecen notablemente la ocurrencia de eventos de inestabilidad producto
de la informalidad en el proceso constructivo y la falta de cultura ciudadana
en el manejo de escombros y basuras.

• Las evaluaciones definitivas de amenaza por deslizamiento en este territorio
muestran que los factores de seguridad encontrados para condiciones
determinísticas y probabilísticas no alcanzan los valores mínimos recomendados en
la norma (NSR-10) generando entonces que más del 70% de este territorio este
calificado como de amenaza alta por deslizamiento. (…)

• En lo que tiene que ver con la vulnerabilidad todas las construcciones ubicadas
en la zona de estudio están por fuera de la normatividad lo que las clasifica
como estructuras de vulnerabilidad alta. […]»

101. Respecto de los apartes de ese estudio relacionados con el caso concreto,
mediante oficio de 9 de marzo de 202174, el apoderado judicial de Corpocaldas atendió
el requerimiento solicitado por el a quo en la audiencia de pruebas de 2 de marzo de
2021, en el sentido de precisar lo siguiente:

«[…] Es importante precisar que en el Estudio del Barrio Andes y Sub Andes, está
incluido el Barrio Bajo Cervantes que es el sitio objeto de la presente acción
popular. En los numerales 2.4 (Páginas 36 a 38) y 3.5.1 (Páginas 43 y 44) del
Estudio se hace una descripción de la localización del sitio objeto de estudio. (Ver
también Figura 65, página 124)

Igualmente es pertinente mencionar, que la parte del Estudio alusiva a la
Evaluación del Riesgo de la zona objeto de la demanda se encuentra del
Capítulo 10 en adelante (páginas 402 a 410); así mismo, el mapa final de la
Categorización del Riesgo en Mitigable y No mitigable de la zona en
mención, se encuentra en la figura 187 de la página 463 del Informe (La

74 Ibid., folios 230 y ss.

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pequeña mancha roja que está en medio del área azul es donde se localiza el
sitio objeto de la demanda). […]»

102. En el mismo sentido, el documento denominado «Plan de Contingencia Específico
ante la Primera y Segunda Temporada de Lluvias», contiene los estudios requeridos
para la identificación y zonificación del riesgo por deslizamiento en las laderas
existentes en el barrio Bajo Andes y Sub Andes del municipio de Manizales, en las
categorías de bajo, medio, alto, o alto no mitigable. Adicionalmente, incluyó la
propuesta de obras realizada para cada sector crítico involucrado en el estudio con el
fin de reducir o evitar los posibles daños ante la eventual ocurrencia de procesos de
remoción en masa.

103. Respecto de la caracterización de los niveles de riesgo, el informe destacó lo
siguiente:

«[…]

Figura 1. Información POT vigente áreas de amenaza por deslizamiento Barrios Andes y Sub-Andes. (Página 29). […]»

104. Con base en lo anterior, la Sala observa que el extremo nororiental del polígono
objeto del litigio coincide, aproximadamente, con el sector determinado entre las calles
30 y 31, y las carreras 33 y 34 del barrio Bajo Cervantes de Manizales. Adicionalmente,
ese territorio fue catalogado como de alto riego de desastre no mitigable, en el
documento denominado «Estudios detallados de zonificación de la amenaza,
vulnerabilidad y riesgo en los barrios Bajo Andes, Sub-Andes, sectores Bella Vista y
Bajo Villa Pilar, y definir y diseñar las obras de mitigación en las zonas en donde éste
sea mitigable». Es decir, en ese lugar se restringe el desarrollo y permanencia de
estructuras urbanas (líneas vitales, viviendas unifamiliares y multifamiliares,
infraestructura urbana).

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Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

105. Según el mismo estudio, la zona mencionada cuenta con condiciones de riesgo alto
y registra la presencia de viviendas de vulnerabilidad también alta. Dentro de esta
categoría de riesgo se define una «alta probabilidad de víctimas fatales y lesiones
serias en la población, a pesar de las acciones de mejoramiento». Por ello, las
acciones correctivas más adecuadas corresponden a la reubicación de
asentamientos e infraestructura, acompañadas de intervenciones prospectivas y
prescriptivas, como lo son la prohibición de nuevos asentamientos e
infraestructura, y la determinación de obras o acciones que disminuyan la
amenaza.

106. De las pruebas recopiladas hasta el momento, la Sala arriba a las siguientes
conclusiones:

i) Las viviendas del sector se encuentran construidas en materiales como guadua y
teja de zinc; es decir, con sistemas estructurales que no cumplen con los
requisitos mínimos establecidos por la normativa sismo resistente.

ii) El sitio está afectado por zona de amenaza alta por eventos de origen
geomorfológico: fenómenos de inestabilidad del suelo, erosión, remoción en masa
y deslizamientos.

iii) El avance del fenómeno de remoción en masa ha alcanzado los cimientos y las
paredes de las viviendas, generando fisuras y agrietamientos.

iv) La zona en donde se encuentra la vivienda de una de las demandantes -señora Luz
Helena Torres Amaya- está catalogada como de alto riesgo por deslizamiento
conforme al plan de ordenamiento territorial -Acuerdo 958 de 2017-.

v) Es necesario que la alcaldía de Manizales implemente acciones no estructurales
como la reubicación de viviendas.

vi) El sector objeto de la controversia está catalogado como de alto riesgo de desastre
no mitigable. Es decir que allí se debe restringir el desarrollo y permanencia
de estructuras urbanas, en consideración a la alta probabilidad de víctimas
fatales y lesiones serias en la población. Por ello, las acciones correctivas más
adecuadas corresponden a la reubicación de asentamientos e infraestructura,
acompañadas de intervenciones prospectivas y prescriptivas, como lo son la
prohibición de nuevos asentamientos e infraestructura, y la determinación de
obras o acciones que disminuyan la amenaza y, por ende, el riesgo.

107. Respecto del proceso de reubicación, esta autoridad judicial observa que la Unidad
de Gestión del Riesgo de la alcaldía de Manizales inició el proceso de postulación a las
251 soluciones de vivienda para las accionantes damnificadas por aquella calamidad,
dos años después del deslizamiento de 17 de mayo de 2019. Además, el municipio de
Manizales no cumplió con la carga procesal de acreditar la notificación oportuna de ese

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beneficio a todas las familias afectadas, ni demostró cual es el estado actual del
proceso de reubicación.

108. De las pruebas obrantes en el expediente se deduce que solo 4 de las 15 familias
residentes en el sector objeto del litigio, se han postulado a los respectivos programas
de vivienda subsidiada. Aunado a ello, el municipio de Manizales no demostró cuál es
el estado de avance de esos procesos, ni acreditó que hubiese promovido acciones
conminatorias, persuasivas o de socialización, para lograr la reubicación de las otras 11
familias que no se han vinculado a esa oferta.

109. Significa lo anterior que, al margen de la situación general de riesgo de desastre, la
Alcaldía de Manizales no demostró que haya ejecutado a cabalidad las medidas que le
son exigibles para materializar el derecho a la vivienda digna de las personas que
residen en la zona objeto de amparo.

110. Además, conforme a los hechos probados en el proceso, lo cierto es que el
municipio ejecutó algunas obras de mitigación del riesgo en el sector, las cuales no
presentan deterioro, según el informe técnico de CORPOCALDAS (oficio 2019-IE-
00013607 del 23 de mayo de 2019); sin embargo, ese mismo documento precisó que el
ente territorial debía acatar otras recomendaciones cuyo cumplimiento no se acreditó
en el plenario.

111. En este orden de ideas, esta autoridad judicial reconoce que la administración
municipal de Manizales ha desplegado acciones iniciales de control de riesgos
de desastre, demolición de edificaciones y reubicación de las familias. Sin
embargo, estas medidas no han sido suficientes ni efectivas para declarar la
configuración del fenómeno de carencia actual de objeto por hecho superado.

112. Es más, en el plenario ningún medio demostrativo sugiere que la
administración distrital haya cumplido todos sus deberes legales y adelantado
medidas de restauración y conservación de las zonas que debían haber sido
reubicadas. Esto resulta mucho más gravoso en consideración al escenario de
responsabilidad que tendría que asumir la administración pública en caso de que un
nuevo suceso de deslizamiento vuelva a causar lesiones y víctimas fatales en la
población del sector.

113. Concretamente, el artículo 56 de la Ley 9°,75 modificado por el artículo 5º de la Ley
2ª de 1991, prevé la obligación del municipio de realizar un inventario de aquellos

75 Artículo 56º.- Los alcaldes y el Intendente de San Andrés y Providencia procederán a levantar, en el término
máximo de seis (6) meses contados a partir de la vigencia de la presente Ley, un inventario de los asentamientos
humanos que presenten altos riesgos para sus habitantes, en razón a su ubicación en sitios anegadizos, o
sujetos a derrumbes y deslizamientos, o que de otra forma presenten condiciones insalubres para la
vivienda y reubicarán a estos habitantes en zonas apropiadas, con la participación del Instituto de Crédito
Territorial. Además, tomarán todas las medidas y precauciones necesarias para que el inmueble desocupado no
vuelva a ser usado para vivienda humana. Ver el literal a) del art. 80, Ley 9 de 1989
Se podrán adquirir los inmuebles y mejoras de las personas a ser reubicadas, mediante enajenación
voluntaria directa o mediante expropiación, en los términos de la presente Ley.

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asentamientos ubicados en zonas de alto riesgo, para adquirir los inmuebles y
mejoras de las personas a ser reubicadas y efectuar los desalojos que sean
pertinentes cuando este comprometida la seguridad de la población del lugar76.

114. La Ley 388 agregó que una vez culminan los procesos de reubicación: «las áreas
(…) que hayan sido desalojadas a través de planes o proyectos de reubicación de
asentamientos humanos serán entregadas a las Corporaciones Autónomas
Regionales o a la autoridad ambiental para su manejo y cuidado de forma tal que se
evite una nueva ocupación. En todo caso el alcalde municipal o distrital respectivo
será responsable de evitar que tales áreas se vuelvan a ocupar con viviendas y
responderá por este hecho»77.

115. La Ley 1753 de 201578 estableció que las entidades públicas en el marco de
proyectos de reasentamiento por alto riesgo y/o desastre, podían adquirir, por vía de
permuta, la propiedad, posesión o mejoras de los inmuebles allí ubicados. Además, si
tal opción no era viable, sería posible aplicar el procedimiento previsto en los
artículos 22 a 38 del título IV capítulo I de la Ley 1682 de 201379.

116. Adicionalmente, el artículo 157 ibidem indicó que las entidades públicas, según lo
dispuesto en la normatividad del respectivo ente territorial, tienen la facultad de
adelantar, entre otras acciones: (i) la provisión temporal de una solución de
alojamiento; (ii) la adquisición de los predios ubicados en zona de alto riesgo o de
desastre; (iii) asesorar y apoyar en la formulación de un programa de vivienda para su
reubicación, de adquisición de la nueva alternativa o solución habitacional; (iv) disponer
el otorgamiento del Valor Único de Reconocimiento, cuando a este hubiere lugar; (v)
adquirir el inmueble ubicado en zona de alto riesgo o de desastre por la vía de permuta
por la nueva solución habitacional ofrecida, y (vi) acompañar a la población objeto de
reasentamiento para que pueda acceder a la oferta pública preferente de servicios
sociales en el nuevo hábitat.

Cuando se trate de la enajenación voluntaria directa, se podrá prescindir de las inscripciones en el folio de matrícula
inmobiliaria de que trata el artículo 13 de esta Ley. Los inmuebles y mejoras así adquiridos podrán ser recibidos en
pago de los inmuebles donde fueren reubicados los habitantes. Adquirido el inmueble, pasará a ser un bien de uso
público bajo la administración de la entidad que lo adquirió.
Si los habitantes de inmuebles ubicados en sitios de alto riesgo rehúsan abandonar el sitio, corresponderá al alcalde
o al Intendente de San Andrés y Providencia ordenar la desocupación con el concurso de las autoridades de policía,
y la demolición de las edificaciones afectadas. Esta orden se considerará, para todos los efectos, como una orden
policiva en los términos del Código Nacional de Policía.
Las multas de que trata el numeral 9 del artículo 2 del Decreto-Ley 78 de 1987 ingresarán al tesoro de la entidad que
las hubiere impuesto y se destinarán para financiar los programas de reubicación de los habitantes en zonas de alto
riesgo.
Las autoridades que incumplieren las obligaciones que se les impone en el presente artículo, incurrirán en el delito
de prevaricato por omisión previsto en el artículo 150 del Código Penal, sin que respecto de ellos proceda el
beneficio de excarcelación.
76 Artículos 56 y 69 de la Ley 9 de 1989.
77 Artículo 121
78 Parágrafo 2° del artículo 156.
79 El artículo 22 de la Ley 1682 de 2013, modificado por el artículo 8° de la Ley 1882 de 2018, indica que, en caso de

existir acuerdo de negociación entre la entidad Estatal y el titular o poseedor del predios objeto de reasentamiento
por alto riesgo inscrito, la entidad estatal, con cargo al valor del proyecto, podrá descontar la suma total o
proporcional que se adeuda por concepto de gravámenes, limitaciones, afectaciones, medidas cautelares,
impuestos, servicios públicos y contribución de valorización y pagar directamente dicho valor al acreedor.

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Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

117. En este contexto normativo, y en armonía con lo indicado por la Corte
Constitucional, «las zonas de alto riesgo deben ser desalojadas de manera
obligatoria, por tanto, en caso de que quienes las habitan se nieguen a ello, los
alcaldes deben ordenar la desocupación en concurso con la policía, así como la
demolición de las construcciones averiadas. (…) Según lo establecido en el artículo
56 de la Ley 9 de 1989, modificado por el artículo 5º de la Ley 2ª de 1991, las
autoridades que incumplan con lo dispuesto en la norma, incurren en el delito de
prevaricato por omisión».

118. De conformidad con lo expuesto, es indudable que la entidad demandada está
admitiendo que el nivel de riesgo de desastre de la zona afectada se eleve
progresivamente al permitir e incluso consentir -al igual que hace 40 años- que esta
área sea ocupada por cada vez más personas.

119. Nótese que, según las pruebas recaudadas, existen nuevos asentamientos y
edificaciones en la zona afectada y, particularmente, en áreas de especial importancia
ecosistémica y determinante ambiental80 como la zona de ronda de una quebrada
aledaña. La ley es clara al «ordenar, (al Alcade) con el concurso de las autoridades de
policía, la desocupación de los inmuebles ubicados en sitios de alto riesgo cuando los
habitantes se rehúsen abandonarlos».

120. Es menester resaltar que el alto riesgo de desastre que se presenta en la zona
afectada del barrio Bajo Cervantes, en criterio de la Sala no obedece exclusivamente a
actividades humanas. Por ende, en el marco de la planificación ambiental sostenible,
resulta claro que el municipio de Manizales, de manera prioritaria, debe disponer de las
medidas técnicas necesarias para gestionar el riesgo de desastres, proteger a la
población y, simultáneamente, salvaguardar los recursos naturales mediante las
delimitaciones, categorizaciones y zonificaciones específicas. La armonización de estos
tres elementos resulta fundamental para una adecuada planificación del territorio.

121. De todo lo dicho, la Sala concluye que el municipio de Manizales ha cumplido
parcialmente con sus obligaciones en materia de gestión del riesgo de desastres, pero
su actividad, en materia de control urbanístico y ambiental, ha sido deficiente, conforme
a lo que se ha señalado anteriormente. Por ende, al ente territorial le es atribuible la
perturbación del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles
técnicamente.

XI.2.2. De la corresponsabilidad de la comunidad que reside en el barrio
Cervantes

122. En segundo lugar, el apoderado judicial del municipio de Manizales alegó que las
accionantes Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón vulneraron los
derechos colectivos y que están generando un riesgo en contra de su propia vida,

80 Las zonas de ronda hídrica han sido definidas como áreas de especial importancia ecológica, áreas de especial

importancia ecosistémica, áreas para la conservación y preservación del sistema hídrico, ecosistemas y zonas de
protección prioritaria, norma de superior jerarquía y determinante ambiental.

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Radicación: 17001233300020190025601 (AP)
Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

porque sus viviendas no cuentan con licenciamiento previo, fueron construidas en un
sector prohibido y se reúsan a acceder a la oferta de vivienda que promueve el ente
territorial para quienes deben ser reubicados.

123. Para resolver el punto, es pertinente recordar que el artículo 2 de la Ley 1523
establece que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los
particulares, en tanto «los habitantes del territorio nacional, (como) corresponsables de
la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad, autoprotección, tanto
en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo dispuesto por las
autoridades».

124. Con fundamento en lo anterior, la jurisprudencia de esta Sección ha reconocido
que, en eventos como los aquí descritos, resulta procedente ordenar a los sujetos
corresponsables que concurran con las entidades gubernamentales en el
restablecimiento del derecho colectivo a la prevención de desastres, en aras de hacer
efectivos los deberes de precaución, solidaridad y autoprotección81.

125. En el precedente de 1 de marzo de 201882, esta Sección puso de presente que el
principio de corresponsabilidad «implica que los demandantes concernidos deban
concurrir con acciones conducentes a la eficaz gestión del riesgo» y, en
consecuencia, «no (es) dable al juez constitucional exonerar a los ciudadanos y a las
comunidades de la corresponsabilidad que les sea exigible en la gestión de sus propios
asuntos, ni relevarlos de la obligación de asumir las consecuencias que se derivan de
sus propios actos».

126. Sin embargo, la Sección Primera del Consejo de Estado también ha aclarado que:
«aun cuando la vulneración de los derechos colectivos invocados se deba en parte a
acciones atribuibles a la comunidad, quienes se encuentran conformando
asentamientos ilegales en zonas (…) de alto riesgo no mitigable (…) exponiendo
incluso sus propias vidas, ello en modo alguno exime a las autoridades del
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, máxime cuando está de
por medio la recuperación del medio ambiente y la protección de vidas humanas»83.

127. Consecuentemente, se ha sostenido que: «el ente territorial no puede excusar su
responsabilidad alegando que los habitantes de las viviendas que sufren el riesgo o
amenaza (…) son responsables de su causación por tratarse de un asentamiento
ilegal, pues la violación de la ley por los ciudadanos en modo alguno exonera a las
autoridades del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales. Cosa distinta
es que también resulte inaceptable que deriven provecho de su proceder ilegal, por lo

81 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 1 de marzo de 2018

(19001333100520110029401) 22 de febrero de 2018 [Radicado 17001-23-31-000-2011-00220- 01(AP)], 15 de
noviembre de 2018 [Radicado 66001-23-33-000-2013-00070-02(AP)], 3 de diciembre de 2018 [Radicado 76001-23-
31-000-2011-01493-01], 16 de mayo de 2019 [Radicado 17001-23-33-000-2017-00452-01(AP)] y 26 de septiembre
de 2019 [Radicado 68001-23-33-000- 2016-00592-01(AP)]. MP. Hernando Sánchez Sánchez.
82
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 1.º de marzo
de 2018, Rad. N.º 19001-33-31-005-2011-00294-01 C.P: Hernando Sánchez Sánchez.
83 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el 16 de mayo de

2019, Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez.

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Radicación: 17001233300020190025601 (AP)
Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

que deben concurrir con el ente territorial, en la medida de sus posibilidades, a hacer
realidad la solución de vivienda que posibilite su reubicación»84.

128. En el mismo sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-1094 de 2002,
precisó lo siguiente:

[…] Sería contrario a los principios de dignidad humana, de trabajo, de
solidaridad social y de prevalencia del interés general así como a los deberes
ciudadanos, que los infortunios y riesgos de la persona fuesen asumidos
íntegramente por el Estado. Esto hace, por ejemplo, que las consecuencias
negativas de la conducta negligente, e incluso dolosa, de algunos, se traslade al
Estado, y a través de éste a toda la sociedad, con la consiguiente anulación de la
responsabilidad individual en el manejo de sus propios asuntos. Tal no puede
ser, por lo tanto, el alcance de los deberes sociales derivados de las disposiciones
constitucionales citadas […] (Resaltado de la Sala).

129. De conformidad con los referidos criterios jurisprudenciales, los cuales prohíja la
Sala en esta oportunidad, «la responsabilidad de la comunidad en la causación del
riesgo no constituye una causal de exoneración de responsabilidad para las
autoridades públicas por haber omitido el cabal cumplimiento de sus funciones, en el
marco de las competencias administrativas establecidas en el ordenamiento jurídico,
por cuanto los entes territoriales no pueden excusar su responsabilidad alegando que
la comunidad que sufre el riesgo es responsable de su causación (…), pues la violación
de la ley por los ciudadanos en modo alguno exonera a las autoridades del
cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales».

130. En virtud de lo anterior, y en aras a hacer efectivos los principios de
responsabilidad, resulta procedente exhortar a la comunidad ubicada en el sector
objeto de amparo, para que cumplan sus deberes de prevención del riesgo
impuestos por el artículo 2 de la Ley 1523, particularmente en lo relacionado con
el desalojo de las viviendas ubicadas en zona de alto riesgo no mitigable, y en la
postulación a la oferta de vivienda que ofrezca para tal efecto el ente territorial.

XI.2.3. De las órdenes de amparo

131. Por último, y teniendo en cuenta la situación de riesgo de desastre no mitigable que
se presenta en el sector, cuya probabilidad de materialización es alta, resulta
imperativo modificar las órdenes emitidas por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caldas, con miras a que se ajusten a los lineamientos que fijó esta
Sección en materia de reubicación en la sentencia de 1° de junio de 202085.

132. Es preciso resaltar que la acción prevista en el artículo 88 de la Constitución
Política tiene como finalidad la protección de los derechos e intereses colectivos, razón

84 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia proferida el 13 de mayo

de 2004; proceso identificado con número único de radicación 760012331000-2002-2821-01, C.P. Camilo Arciniegas
Andrade.
85 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, Consejero Ponente: Hernando

Sánchez Sánchez, radicación: 680012331000201200091-01, Demandantes: Leonardo Fabio Lizarazo Velandia.

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Radicación: 17001233300020190025601 (AP)
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por la cual el artículo 34 de la Ley 472 atribuyó al juez popular el deber de adoptar
todas las órdenes de hacer o de no hacer que sean necesarias para su
restablecimiento, con un grado de especificidad que facilite su ejecución.

133. Al respecto, en la providencia de 28 de marzo de 201486, esta Sección indicó lo
siguiente:

[…] Quiere decir, entonces que, en atención a la naturaleza de la acción, su origen
constitucional, la clase de derechos e intereses que protege y los efectos de las
medidas que puede adoptar, el juez de la acción popular no limita su decisión a
los hechos, pretensiones y excepciones alegadas y probadas por las partes,
como se infiere de los poderes que le otorgó la Ley 472 de 1998, sino que su
deber tiene que ver con la adopción de las medidas que sean necesarias para
restablecer la cosas al estado precedente a la vulneración del derecho o del
interés colectivo, de ser ello posible, como lo demandan los mandatos
superiores bajo análisis […]”.(Subraya la Sala)

134. Así las cosas, la Sala modificará las órdenes de amparo con el objeto de
implementar una estrategia urgente de atención y reacción inmediata, y prescindirá de
las actividades relacionadas con el censo, socialización y sensibilización de las
medidas de reubicación, ante la inminencia de un evento de desastre en la zona del
barrio Bajo Cervantes catalogada como de riesgo alto no mitigable, bajo la premisa
consistente en que la entidad condenada ya inició tales labores.

135. Con fundamento en lo anterior, el numeral segundo la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia será del siguiente tenor:

[…] SEGUNDO: ORDENAR al municipio de Manizales que reubique directamente a
las familias damnificadas con ocasión de los hechos que acontecieron el 19 de abril de
2017, las cuales residen en el sitio geográfico conocido como barrio bajo Cervantes en la
Calle 31C n° 33 en una zona de alto riesgo no mitigable.

En consecuencia, el municipio de Manizales deberá adoptar un plan transitorio, dentro del
término de un (1) mes, contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, en el que
incluirá las gestiones administrativas, presupuestales, financieras, policivas y los subsidios
de arrendamiento87 más urgentes para la reubicación temporal de las familias identificadas
en el censo que ya adoptó, mientras implementa la estrategia de vivienda definitiva.

En el término máximo de diez (10) meses, el municipio de Manizales deberá reubicar de
forma definitiva a las familias censadas, en un lugar de condiciones similares, por medio
de un plan de vivienda subsidiada o de la estrategia que estime pertinente.

Ahora bien, si los habitantes de los inmuebles ubicados en las zonas de alto riesgo no
mitigable se rehúsan a abandonar el sito, el Alcalde Municipal debe ordenar la
desocupación con el apoyo de las autoridades de Policía, en marco de la Ley 1801 de 29
de julio de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

86 Consejo de Estado, Sección Primera, Consejero Ponente: Marco Antonio Velilla Moreno, Radicación número:
25000-23-27-000-2001-90479-01(AP)
87 El municipio podrá adoptar medidas tal y como la reubicación inmediata en un hotel, o la entrega urgente de

subsidios de arrendamiento, según lo previsto en su normatividad local.

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Radicación: 17001233300020190025601 (AP)
Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

De igual forma deberá realizar monitoreos periódicos a la zona y ejecutar las
medidas de contención que sean necesarias para conservar el territorio que sea
reubicado.

Las entidades demandadas, durante este trámite, deben atender de forma especial el
principio de economía para optimizar el uso del tiempo y procurar el nivel más alto de
calidad en sus actuaciones, en atención a las graves condiciones en que se encuentra la
comunidad. […]

136. De otro lado, se modificará el ordinal TERCERO de la sentencia impugnada en el
sentido de integrar el comité para la verificación de su cumplimiento conforme a los
lineamientos del artículo 34 de la Ley 472 de 1998, el cual quedará así:

«[…]. TERCERO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de
esta providencia, el cual estará integrado por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caldas a través de su magistrado ponente -quien lo presidirá-, por
las demandantes, por la alcaldía municipal de Manizales - Caldas, por la Corporación
Autónoma Regional de Caldas -Corpocaldas-, por la sociedad Aguas de Manizales
S.A. E.S.P., por la personería municipal de Manizales y por el agente del Ministerio
Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley 472 de 1998,
quienes deberán hacer seguimiento a lo ordenado en la presente decisión y rendir
informes trimestrales sobre las decisiones y acciones que se adopten y ejecuten para
el cabal cumplimiento de la sentencia. En el comité podrá participar cualquier persona
que habite en la zona afectada del barrio Bajo Cervantes. […]».

137. Adicionalmente, como ya se indicó, conforme a la jurisprudencia de esta
Sección88 y los principios de solidaridad social89, autoconservación90 y participación91,
se exhortará a la comunidad que habita en el sector catalogado como de alto riesgo no
mitigable para que participe en los programas de reubicación y contribuya a prevenir
nuevos eventos que atenten contra la vida y la integridad de las personas.

138. Por último, según lo previsto en los artículos 38 de la Ley 472 de 1998 92 y 365 del
Código General del Proceso93, y atendiendo el criterio sostenido por la Sala Especial

88 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de septiembre de

2019. Rad. N.° 68001-23-33-000-2016-00592-01(AP). C.P.: Hernando Sánchez Sánchez.
89 Ley 1523 de 2012. “Artículo 3°. Principios generales. Los principios generales que orientan la gestión del riesgo

son: […]. 3. Principio de solidaridad social: Todas las personas naturales y jurídicas, sean estas últimas de derecho
público o privado, apoyarán con acciones humanitarias a las situaciones de desastre y peligro para la vida o la
salud de las personas. […]”. [Resalta la Sala].
90 Ibid., “[…]. 4. Principio de autoconservación: Toda persona natural o jurídica, bien sea de derecho público o

privado, tiene el deber de adoptar las medidas necesarias para una adecuada gestión del riesgo en su ámbito
personal y funcional, con miras a salvaguardarse, que es condición necesaria para el ejercicio de la solidaridad
social. […]”. [Resalta la Sala].
91 Ibid., “[…]. 5. Principio participativo: […]. Es deber de todas las personas hacer parte del proceso de gestión

del riesgo en su comunidad. […]”. [Resalta la Sala].
92 “Artículo 38.- Costas. El juez aplicará las normas de procedimiento civil relativas a las costas. Sólo podrá condenar

al demandante a sufragar los honorarios, gastos y costos ocasionados al demandado, cuando la acción presentada
sea temeraria o de mala fe. En caso de mala fe de cualquiera de las partes, el juez podrá imponer una multa hasta
de veinte (20) salarios mínimos mensuales, los cuales serán destinados al Fondo para la Defensa de los Derechos e
Intereses Colectivos, sin perjuicio de las demás acciones a que haya lugar”.
93 “Artículo 365. Condena en costas. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya

controversia la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:
1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso
de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. Además, en los casos especiales
previstos en este código.

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Radicación: 17001233300020190025601 (AP)
Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

de Decisión No. 27 en providencia del 6 de agosto de 2019 94, a través del cual se
unificó la jurisprudencia de la Corporación respecto de la condena en costas procesales
en acciones populares, no se condenará en costas en esta instancia, porque no se
comprobó su causación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley.

FALLA:

PRIMERO: MODIFICAR, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta
providencia, los ordinales primero, segundo y tercero de la sentencia recurrida, los
cuales quedarán así:

[…] PRIMERO: AMPARAR el derecho colectivo a la seguridad y prevención de
desastres previsibles técnicamente, en consideración a que la alcaldía municipal de
Manizales no ha ejercido de manera oportuna y diligente sus obligaciones en
materia de gestión del riesgo de desastres en la zona del barrio Bajo Cervantes
declarada como de riesgo alto no mitigable.

[SEGUNDO: ORDENAR al municipio de Manizales que reubique directamente a las
familias que resultaron damnificadas con ocasión de los hechos que acontecieron el 19 de
abril de 2017, las cuales residen en el sitio geográfico conocido como barrio bajo
Cervantes en la Calle 31C n° 33-14 en una zona de alto riesgo no mitigable.

En consecuencia, el municipio de Manizales deberá adoptar un plan transitorio, dentro del
término de un (1) mes contado a partir de la ejecutoria de esta providencia, en el que
incluirá las gestiones administrativas, presupuestales, financieras, policivas y los subsidios
de arrendamiento más urgentes para la reubicación temporal de las familias identificadas
en el censo que ya adoptó, mientras implementa la estrategia de vivienda definitiva.

Vencido el término anterior, el municipio de Manizales deberá reubicar de forma definitiva
a las familias censadas, en un lugar de condiciones similares, por medio de un plan de
vivienda subsidiada o de la estrategia que estime pertinente, en el término máximo de
diez (10) meses, contado a partir de la ejecutoria de la presente providencia.

Ahora bien, si los habitantes de los inmuebles ubicados en las zonas de alto riesgo no
mitigable, se rehúsan a abandonar el sito, el Alcalde Municipal debe ordenar la
desocupación con el apoyo de las autoridades de Policía, en marco de la Ley 1801 de 29
de julio de 2016, por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia
Ciudadana.

De igual forma deberá realizar monitoreos periódicos a la zona y ejecutar las
medidas de contención que sean necesarias para conservar el territorio que sea
reubicado.

Además se condenará en costas a quien se le resuelva de manera desfavorable un incidente, la formulación de
excepciones previas, una solicitud de nulidad o de amparo de pobreza, sin perjuicio de lo dispuesto en relación con
la temeridad o mala fe. (…)”
94 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 6 de agosto de

2019, CP. Rocío Araújo Oñate, radicación número: 15001-33-33-007-2017-00036-01.

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Radicación: 17001233300020190025601 (AP)
Demandantes: Luz Elena Torres Amaya y María Luz Dary Osorio Castrillón

Las entidades demandadas, durante este trámite, deben atender de forma especial el
principio de economía para optimizar el uso del tiempo y procurar el nivel más alto de
calidad en sus actuaciones, en atención a las graves condiciones en que se encuentra la
comunidad. […]

TERCERO: CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de esta
providencia, el cual estará integrado por la Sala Primera de Decisión del Tribunal
Administrativo de Caldas a través de su magistrado ponente -quien lo presidirá-,
por las demandantes, por la alcaldía municipal de Manizales - Caldas, por la
Corporación Autónoma Regional de Caldas -Corpocaldas-, por la sociedad Aguas
de Manizales S.A. E.S.P., por la personería municipal de Manizales y por el
agente del Ministerio Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 34
de la Ley 472 de 1998, quienes deberán hacer seguimiento a lo ordenado en la
presente decisión y rendir informes trimestrales sobre las decisiones y acciones
que se adopten y ejecuten para el cabal cumplimiento de la sentencia. En el
comité podrá participar cualquier persona que habite en la zona afectada del
barrio Bajo Cervantes. […]».

TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia recurrida.

CUARTO: EXHORTAR a la comunidad que habita en el sector catalogado como de
alto riesgo de desastre no mitigable del barrio Bajo Cervantes del municipio de
Manizales para que participe en los programas de reubicación y contribuya a prevenir
nuevos eventos que atenten contra la vida y la integridad de las personas.

QUINTO: SIN COSTAS en esta instancia.

SEXTO: REMITIR copia del presente fallo a la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento
de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998.

SÉPTIMO: DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen una vez ejecutoriado este
proveído.

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

P:(11 y 22)

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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