Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2019-00070-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 18001-23-33-000-2019-00070-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 18001-23-33-000-2019-00070-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
13 de diciembre de 2023
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Radicado: 18001 23 33 000 2019 00070 01
Demandante: Fabián Rojas Tique
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C., trece (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicación: 18001 23 33 000 2019 00070 01
Demandante: Fabián Rojas Tique
Demandado: Corpoamazonía y otros1
Tesis: No es cierto que todas las viviendas ubicadas en el barrio Kennedy del
Municipio de Florencia – Caquetá estén conectadas a las redes de alcantarillado
público.
Es irrelevante que la comunidad que habita el Barrio Kennedy del Municipio de
Caquetá, haya construido ilegalmente sobre una zona no licenciada y arroje
desperdicios sólidos en la Quebrada El Minuto si el Municipio de Florencia no ha
adoptado medidas de mitigación en materia ambiental, urbanística, de gestión del
riesgo y sanitarias.
SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a decidir el recurso de apelación interpuesto por el Municipio de
Florencia – Caquetá en contra de la sentencia del 20 de octubre de 2021, expedida
por el Tribunal Administrativo del Caquetá.
I. SÍNTESIS DEL CASO
1.1. El 28 de mayo de 2019, el señor Fabian Rojas Tique presentó demanda en
ejercicio del medio de control de protección de derechos e intereses colectivos en
contra del Municipio de Florencia – Caquetá, la Empresa de Servicios de Florencia
S.A. E.S.P. (en adelante SERVAF), la Corporación para el Desarrollo Sostenible del
Sur de la Amazonía (en adelante Corpoamazonía), la Policía Nacional, Servintegral
1Electrificadora del Caquetá, Policía Nacional, Municipio de Florencia, Servintegral, Empresa de
Servicios de Florencia S.A. E.S.P.
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Demandante: Fabián Rojas Tique
S.A. E.S.P. y la Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P. y solicitó el amparo de los
derechos colectivos al goce de un ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas,
al acceso de un infraestructura de servicios que garantice la seguridad pública y al
acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna.
Particularmente, formuló las siguientes pretensiones:
“PRETENSIONES
1. Que se tomen las medidas pertinentes para la realización de la canalización del
afluente que hace parte de la quebrada el Minuto.
2. Se efectué la instalación de la red de alcantarillado del sector comuna oriental
barrio Kennedy
3. Que se cree un cronograma de limpieza y monitoreo para el afluente que pasa
por las viviendas y la quebrada, que permita afrontar la temporada de lluvia con
total tranquilidad.
4. Que se cree un cronograma de limpieza y monitoreo para el afluente y la
quebrada en la época de verano y así evitar la proliferación de malos olores y evitar
epidemias para la comunidad del barrio y en general.
5. Ubicar un contenedor a la empresa designada a la recolección de basuras de
la zona y asimismo solicitar que pasen con frecuencia a recoger la basura, de igual
modo que esta misma se encargue del aseo con frecuencia de la zona.
6. Se realicen campañas de concientización por parte de las entidades
encargadas para la población o habitantes del sector, en cuanto al uso, cuidado,
protección, manejo y conservación de las afluentes hídricas.
7. Que se instale cámaras de seguridad en la zona para registrar a los presuntos
infractores e imponerles las respectivas infracciones y/o sanciones pertinentes a la
ley.
8. Solicitar a la entidad encargada del aseo que se encargue de la limpieza de la
zona con frecuencia ya que la comunidad se encarga de pagar este servicio.
9. Solicitar a las entidades encargadas que se realicen campañas de vacunación
tanto en el barrio afectado como los allegados o continuos para evitar proliferación
de enfermedades”2
1.2. Como sustento fáctico de lo pedido, adujo lo siguiente:
Mencionó que en el Barrio Kennedy de Florencia – Caquetá, existe un paso de un
afluente que contiene aguas residuales que contaminan la Quebrada El Minuto.
2 Visible a folio 4 del Cuaderno del Tribunal.
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Destacó que dicho cuerpo de aguas en temporada de lluvias se crece y desborda
entrando en las casas aledañas, provocándoles grietas y fisuras.
Anotó que, en época de verano el aludido afluente produce malos olores que resultan
ser insoportables para la comunidad, ocasionando molestias respiratorias,
alteraciones psicológicas, humedad en las viviendas, bacterias, proliferación de
insectos como zancudos, entre otras.
Concluyó que en dicha zona las personas aprovechan esa corriente hídrica para
depositar basuras y aseguró que no cuentan con el servicio de alcantarillado que les
permita la recolección de las aguas residuales, de modo que las mismas son
depositadas en la Quebrada El Minuto.
II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN
2.1. A través de providencia del 4 de junio de 2019, el Tribunal Administrativo del
Caquetá dispuso la admisión de la demanda de la referencia y ordenó la notificación
de la Alcaldía Municipal de Florencia, SERVAF, Corpoamazonía, el Departamento de
Policía de Caquetá, Servintegral S.A. E.S.P. y la Electrificadora del Caquetá S.A.
E.S.P.3
2.2. En memorial del 21 de junio de 2019, la Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P.
respondió la demanda indicando que carecía de legitimación en la causa por pasiva
para intervenir en el presente trámite como quiera que su objeto social era la prestación
del servicio de energía y no el control de los vertimientos de aguas, vectores y otros
que afecten el medio ambiente4.
2.3. A su vez, la Policía Nacional en escrito del 25 de junio de 2019, pidió que se
nieguen las pretensiones del escrito introductorio, toda vez que no se aportaron las
pruebas que permitan corroborar la vulneración de los derechos colectivos en el
proceso de la referencia. Igualmente, indicó que no tenía legitimación en la causa por
pasiva, dado que era la administración municipal quien debía adoptar las medidas
necesarias para garantizar la preservación del medio ambiente y la salubridad pública.
3 Visible a folios 43 a 44 del Cuaderno del Tribunal.
4 Visible a folios 74 a 76 del Cuaderno del Tribunal.
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Destacó que ha desarrollado actividades educativas sobre el manejo de los desechos
sólidos en las aguas y que no estaba facultada para generar un rubro para el
alcantarillado, canalización, instalación de cámaras o contenedores, pues sus
funciones se contraían a realizar patrullajes de manera permanente con el apoyo del
personal perteneciente al modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes, en
cumplimiento de la Ley 1801 de 20165.
2.4. Por su parte, Corpoamazonía indicó que no tenía legitimación en la causa por
pasiva en tanto la construcción del acueducto y alcantarillado de la ciudad de Florencia
era competencia de la Alcaldía municipal y de la empresa SERVAF. De otro lado,
aseveró que el demandante incumplió la carga probatoria dispuesta en el artículo 30
de la Ley 472 de 1998, por lo que pidió que se desestimen las pretensiones6
2.5. En escrito del 2 de agosto de 2019, el Municipio de Florencia mencionó que sí
ha garantizado la protección de los derechos colectivos invocados en el libelo
introductorio y que, conforme a los hechos relatados en la demanda, los vecinos de la
corriente de agua en el barrio Kennedy eran los verdaderos responsables de su
vulneración.
Indicó que el accionante no observó la carga probatoria que le asistía y que contrario
a lo expuesto en el libelo introductorio esa entidad sí había efectuado acciones para
beneficiar a la comunidad en ese sector. En ese orden, expuso que estaba liquidado
un contrato con la sociedad Chamat Ingenieros que se había suscrito para la
instalación un sistema de alcantarillado dado que esa empresa no cumplió con ese
negocio, de modo que la amenaza de derechos colectivos no era imputable a ese
ente7.
2.6. Por su parte, Servintegral S.A. respondió la demanda indicando que en su
condición de prestadora del servicio público de aseo, realiza tareas de recolección de
residuos dos (2) veces por semana en la zona objeto de controversia.
5 Visible a folios 86 a 97 del Cuaderno del Tribunal.
6 Visible a folios 115 a 127 del Cuaderno del Tribunal.
7 Visible a folios 131 a 134 del Cuaderno del Tribunal.
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Resaltó que en la demanda tampoco se probó que esa entidad hubiere ocasionado
algún daño, de modo que no se cumplió lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 472 de
1998. Finalizó proponiendo la excepción previa de indebida integración del
contradictorio en razón a que no se vinculó a la empresa ESAC S.A. pese a que la
misma también presta el servicio de aseo en Florencia – Caquetá8.
2.7. Entre tanto, SERVAF indicó que pese a que sí existen redes de alcantarillado en
el sector, de un lado los habitantes no se conectan a las mismas o de otro, han
construido sus propias redes. En consecuencia, indicó que no era responsable de
dichos hechos y solicitó su desvinculación del proceso toda vez que era la propia
comunidad del Barrio Kennedy quienes vertían aguas residuales en el citado afluente9
2.8. El día 15 de octubre de 2019, se celebró la audiencia de pacto de cumplimiento,
la cual fue declarada fallida, debido a que las partes no llegaron a un acuerdo
conciliatorio10
2.9. En proveído del 21 de octubre de 2019 se abrió a pruebas el proceso11 y en
auto del 12 de agosto de 2019, se corrió traslado a las partes para alegar de
conclusión12.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
3.1. El Tribunal Administrativo de Caquetá dictó sentencia el día 20 de octubre de
2021, en cuya parte resolutiva decidió:
“FALLA
Primero. DECLARAR probada la excepción de falta de legitimación en la causa
propuesta por la Policía Nacional y Electrificadora del Caquetá S.A. E.S.P., por las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Segundo. DECLARAR no probada la excepción de «no comprender la demanda
a todos los litisconsortes necesarios» propuesta por SERVINTEGRAL S.A. E.S.P.,
de acuerdo con la parte motiva de esta providencia.
8 Visible a folios 143 a 150 del Cuaderno del Tribunal.
9 Visible a folios 262 a 268 del Cuaderno del Tribunal
10 Visible a folios 333 a 336 del Cuaderno del Tribunal
11 Visible a folios 356 a 357 del Cuaderno del Tribunal
12 Visible en el índice número 14 del expediente digital del Tribunal
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Tercero. AMPARAR los derechos colectivos al goce de un ambiente sano, de
conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley, seguridad y salubridad
pública, el acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad
pública y el acceso de los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y
oportuna en lo que respecta a la comuna oriental del Barrio Kennedy del Municipio
de Florencia.
Cuarto. DECLARAR responsables de la vulneración de los derechos colectivos
indicados en el numeral anterior, al Municipio de Florencia, Corpoamazonía,
SERVAF S.A. E.S.P. y SERVINTEGRALES S.A. E.S.P.
Quinto. Para conjurar la violación de los derechos colectivos mencionados en el
numeral primero de esta sentencia, se ordenará:
5.1. Al Municipio de Florencia, SERVINTEGRALES S.A. E.S.P. y
Corpoamazonía:
5.1.1. Que de manera inmediata, dentro del ámbito de sus consecuencias legales
y constitucionales y de manera coordinada, concurran e inicien las actuaciones
tanto de carácter administrativo como presupuestal, si es del caso, para efectuar
las acciones tendientes a la extracción de inservibles y residuos sólidos ordinarios
de la zona ribereña de la Quebrada El Minuto en el Barrio Kennedy. Para ello se
deberá garantizar la presencia de la comunidad de la comuna oriental y, si es
necesario, de otras localidades de dicho barrio en los procesos de
descontaminación y limpieza que se deberán adelantar mensualmente.
5.1.2. Cada 2 meses deberán adelantar jornadas de capacitación a la comunidad
del Barrio Kennedy sobre la protección de la fuente hídrica y la forma como pueden
contribuir a su descontaminación. Además, garantizarán la promoción en
programas de protección ambiental.
5.2. Municipio de Florencia, SERVAF S.A. E.S.P. y Corpoamazonía:
5.2.1. Ejecutoriada esta providencia, se conformará un grupo interdisciplinario para
determinar qué obras son necesarias para garantizar el servicio de alcantarillado
en la comuna orienta del Barrio Kennedy, de esto se rendirá un informe en el
término de 1 mes.
5.2.2. Verificado lo anterior, se adelantarán las obras necesarias en las viviendas
que carezcan del servicio de alcantarillado, las cuales deberán concluirse en el
término de 1 año.
5.2.3. Se deberá establecer la forma como se garantizará el servicio de
alcantarillado provisionalmente hasta tanto se finalicen las obras definitivas que
garanticen el acceso a este servicio. El mentado grupo interdisciplinario en el
término de 1 mes deberá informar a este Tribunal cuál es la determinación más
pertinente y, en el mes siguiente, deberán ejecutarse las actuaciones necesarias
para garantizar el servicio transitoriamente.
5.3. Municipio de Florencia y Corpoamazonía: Deben ejercer las funciones de
control y vigilancia para que la comunidad cese el vertimiento de residuos sólidos
y líquidos en la Quebrada El Minuto en el Barrio Kennedy y, de ser necesario,
imponga las sanciones a que haya lugar.
5.4. Al Municipio de Florencia:
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5.4.1. Supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y sancionar su
infracción, para ello, deberán adelantar las actuaciones administrativas que
pueden derivar en la imposición de multas de las viviendas que no cuentan con
licencia. De esto se deberá rendir un informe en el término de 6 meses.
5.4.2. Adelantar todos los procedimientos necesarios para valorar las condiciones
de riesgo y conjurar el estado de ilegalidad en que se encuentran las viviendas (si
lo están) y proceda a tomar las decisiones necesarias para evitar que se concrete
el riesgo que implica la construcción de las viviendas al lado o encima de la
Quebrada El Minuto. Para tal efecto, informará a este Tribunal cuáles son las
medidas pertinentes y las ejecutará en un plazo de 6 meses.
5.4.3. Realizar jornadas de vacunación de los habitantes de la comuna oriental del
Barrio Kennedy en los periodos que sean necesarios; en todo caso, de esto se
presentará informe al Tribunal. También se desarrollarán jornadas de vacunación
canina y felina con el fin de prevenir la transmisión de enfermedades ocasionadas
por la presencia de vectores.
5.4.4. Adelantar los procedimientos necesarios para valorar las condiciones de
riesgo y conjurar el estado de ilegalidad en que se encuentran las viviendas (si lo
están) y proceda a tomar las decisiones necesarias para evitar que se concrete el
riesgo que implica la construcción de las viviendas al lado o encima de la quebrada.
De esto deberá rendir un informe en el término de 1 año.
5.5. A la comunidad de la comuna oriental del Barrio Kennedy:
Se les exhorta para que cumplan con los deberes que les impone el artículo 2 de
la Ley 1523 en materia de prevención del riesgo, especialmente, en lo relativo a la
atención a las autoridades sobre el cuidado ambiental, la prohibición de adelantar
construcciones en las rondas de la quebrada y de contaminar su cauce, so pena
de que las autoridades competentes inicien los procedimientos administrativos
sancionatorios.
La divulgación de estas órdenes y el exhorto estará a cargo de la parte actora,
quien deberá demostrar que, efectivamente, fue puesto en conocimiento de todas
las personas afectadas por la contaminación de la Quebrada El Minuto que residen
en el Barrio Kennedy del Municipio de Florencia.
5.6. SERVINTEGRALES S.A. E.S.P.: Deberá instalar las cestas de
almacenamiento en las zonas aledañas (si no se ha realizado) y garantizar la
recolección de los residuos sólidos en debida forma. La primera se deberá realizar
en el término de 3 meses y la segunda en los horarios que se tienen establecidos
por la empresa.
En caso de no haberse realizado la primera gestión rendirá un informe sobre
cuántas cestas de basura fueron instaladas y sus ubicaciones.
5.7. EXHORTAR a la Policía Nacional para que realice el acompañamiento
necesario a las entidades demandadas en las jornadas de limpieza y
descontaminación de la Quebrada El Minuto, así como de las capacitaciones y
jornadas educativas que se adelanten frente al cuidado ambiental.
Sexto. Para el restablecimiento de los derechos colectivos conculcados, las
entidades responsables actuarán a la luz de los principios de coordinación,
concurrencia y desarrollo sostenible. En esta medida, cada 3 meses deberán
celebrar una sesión de trabajo conjunto para evaluar el avance en el cumplimiento
de cada orden específica. Las actas de sesiones, junto con el soporte de las
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actuaciones, deberán remitirse al comité de verificación del cumplimiento de la
sentencia.
Séptimo. CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de esta
sentencia, el cual estará integrado por el Despacho Tercero de este Tribunal, el
señor Fabián Rojas Tique, el alcalde del Municipio de Florencia, un representante
de SERVINTEGRAL S.A. E.S.P., un representante de SERVAFS.A. E.S.P., el
director de Corpoamazonía; el Defensor del Pueblo del Caquetá y el agente del
Ministerio Público.
Octavo. CONDENAR en costas al Municipio de Florencia, SERVINTEGRAL S.A.
E.S.P., SERVAF S.A. E.S.P. y Corpoamazonía. Por Secretaría liquídense y como
agencias en derecho establecer 1 SMLMV. Respecto de las costas por concepto
de expensas, serán reconocidas en la medida de su comprobación por parte de la
Secretaría de este Tribunal.
Noveno. En firme la presente sentencia archivar el expediente, una vez realizadas
las correspondientes anotaciones en el software de gestión.”13 (Negrillas dentro del
texto)
3.2. Respecto de la excepción de indebida integración del contradictorio propuesta por
Servintegral S.A. E.S.P., expresó que la sociedad ESAC S.A. E.S.P. no tiene dentro
de sus funciones la recolección de residuos en el Barrio Kennedy de Florencia, por lo
que no era necesaria su vinculación.
3.3. En cuanto a las excepciones de falta de legitimación por pasiva propuestas por
las entidades demandadas, únicamente dirimió las efectuadas por la Policía Nacional
y la Electrificadora del Caquetá S.A., así:
3.3.1. Sobre la Policía Nacional expuso que no tenía potestades para hacer cesar la
vulneración de los derechos colectivos toda vez que dichas funciones recaían en la
administración municipal como primera autoridad de policía. Así, expuso que
correspondía al ente territorial hacer cumplir la Ordenanza 020 del 17 de agosto de
2015, relativa al control de los residuos sólidos y su disposición final.
Mencionó que conforme al artículo 101 de la Ley 99 de 1993, a la Policía Nacional le
asistía prestar apoyo a las autoridades ambientales y los entes territoriales. Siendo ello
así, dijo que esa entidad únicamente estaba habilitada para prestar acompañamiento
en las gestiones que las entidades encargadas requieran para la efectiva prestación
de los servicios públicos, en consecuencia, accedió a su petición de desvinculación.
13 Visible en el índice 30 del expediente digital del Tribunal
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3.3.2. En cuanto a la Electrificadora del Caquetá S.A. destacó que a dicha sociedad
no le correspondía prestar el servicio de acueducto y alcantarillado, ni tampoco debía
garantizar la protección del medio ambiente o adelantar jornadas de capacitación y
descontaminación de las fuentes hídricas, por lo que ordenó su desvinculación del
presente asunto.
3.4. Tras referirse de manera general a los derechos colectivos al goce de un ambiente
sano, a la seguridad y salubridad pública, al acceso a una infraestructura de servicios
que garantice la salubridad pública y al acceso a los servicios públicos y a que su
prestación sea eficiente y oportuna, pasó a aludir a las pruebas que obran en el
plenario y se refirió al caso en concreto así:
3.4.1. En cuanto a las redes de alcantarillado
Indicó que estaba probado que la Quebrada El Minuto se ha visto afectada por el
suministro de aguas residuales de todas las viviendas aledañas que no cuentan con el
servicio de alcantarillado. Así, expresó que en el Barrio Kennedy aunque habían redes
construidas, los inmuebles no estaban conectados a las mismas, por lo que las aguas
servidas no estaban siendo desechadas a través de ese sistema, sino en el aludido
afluente.
Reprochó que las viviendas en ese sector están edificadas encima o en la rivera de la
mencionada quebrada, circunstancia que, pese a que plantea una seria dificultad para
prestar el servicio de alcantarillado, no constituye una excusa para denegarse a
suministrar el mismo.
Alegó que, de acuerdo con los artículos 37 y 57 de la Ley 142 de 1994, era deber del
municipio y la empresa de servicios públicos, adelantar las gestiones presupuestales
y técnicas que permitan constituir las servidumbres necesarias y llevar a cabo las obras
requeridas para el debido tratamiento de las aguas residuales y el acceso a las redes
de alcantarillado de las viviendas en ese sector.
Tras aludir a los artículos 311 y 367 de la Constitución Política, 5 de la Ley 142 de
1994, 8 de la Ley 388 de 1997, 76 de la Ley 715 de 2001 y a la Ley 136 de 1994,
señaló que el Municipio de Florencia no podía sustraerse del cumplimiento de las
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obligaciones que expresamente le imponía la Ley como garante de la prestación de
los servicios que suministra Servintegral S.A. E.S.P. En cuanto a ésta última sociedad,
dijo que estaba en la obligación de hacer el mantenimiento y reparación de las redes
públicas de alcantarillado en coordinación con el ente territorial, así como efectuar el
proceso de rehabilitación y la realización de las demás tareas que implique el acceso
a ese servicio por parte de la comunidad. Lo anterior, en virtud de lo previsto en los
artículos 2.3.1.3.2.4.19. y 2.3.1.5.4. del Decreto 1077 de 2005.
Finalmente, expuso que no era necesaria la canalización de la Quebrada El Minuto
pues no se probó que ello coadyuvaría a solucionar el estado de vulneración de los
derechos colectivos en este asunto.
3.4.2. De la contaminación de la Quebrada El Minuto
Entre tanto, destacó que las aguas del citado cuerpo de agua estaban contaminadas
por la constante descarga de desechos sólidos y el vertimiento de aguas vertidas por
parte de la comunidad. Además, aseguró que la zona padecía de malos olores y de la
proliferación de vectores voladores y rastreros por la descomposición de los dichos
residuos.
En ese orden, dijo que Corpoamoazonía y el Municipio de Florencia – Caquetá eran
responsables de la protección del medio ambiente en virtud de lo dispuesto en los
artículos 8, 58, 63, 79, 80, 95 y 332 de la Constitución Política, 31 y 35 de la Ley 99 de
1993, 2.3.1.3.2.1.5. del Decreto 1077 de 2005, la Ley 1333 de 2009, 677 del Código
Civil, los Decretos 2811 de 1974 y 1541 de 1978, la Declaración de Estocolmo de 1972
y el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales.
Dijo que en la cláusula 9 del Contrato de Condiciones Uniformes de Servintegral S.A.
E.S.P., dicha empresa se comprometió al barrido y limpieza de las vías y áreas
públicas. Mientras que, en la cláusula 10 de ese negocio jurídico, los usuarios se
obligaron a no arrojar residuos sólidos o de construcción en el espacio público o en
sitios no autorizados. Además, que conforme al artículo 11 de la Ley 142 de 1994, las
empresas de servicios públicos deben cumplir con su función ecológica e informar a
los usuarios acerca de la manera de utilizar con eficiencia y seguridad del servicio
público.
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Anotó que tampoco estaba probado que Corpoamazonía, SERVAF S.A. E.S.P. o el
Municipio de Florencia hayan adelantado alguna jornada de limpieza y
descontaminación de la Quebrada El Minuto, por lo que no había cesado la vulneración
de ellos derechos colectivos al goce de un ambiente sano y a la seguridad y salubridad
pública.
3.4.3. De la construcción irregular de viviendas:
De otro lado, anotó que las inundaciones eran provocadas por las viviendas que fueron
construidas en la rivera o encima de la Quebrada El Minuto, lo que sumado a la
obstrucción del sistema de alcantarillado por la saturación de residuos sólidos, se
convertía en una causal de emergencia que podría poner en riesgo la vida de la
comunidad.
Arguyó que conforme al artículo 8 de la Ley 388 de 1997, a los municipios les
correspondía adoptar las directrices, programas y metas para orientar y administrar el
desarrollo físico del territorio y el uso del suelo. Así, expresó que para la realización de
construcciones, era necesaria la obtención de una licencia urbanística, que constituye
una obligación a cargo de los propietarios de los terreno. Destacó que los entes
territoriales deben supervisar el cumplimiento de las normas urbanísticas y sancionar
su infracción, por lo que están autorizados para imponer multas o ordenar la demolición
de las obras ejecutadas sin licencia.
Así, dijo que era deber del Municipio de Florencia adelantar las actuaciones
administrativas necesarias, con respeto al debido proceso, que le permitan determinar
las posibles infracciones urbanísticas de los propietarios y vecinos de la Quebrada El
Minuto, sin perjuicio de la eventual responsabilidad civil y penal que pudiera
configurarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 103 de la Ley 388 de 1997,
modificado por la Ley 810 de 2003. Igualmente, exhortó a la comunidad del Barrio
Kennedy para que cumpla con los deberes impuestos en el artículo 2 de la Ley 1523
de 2012, especialmente en lo relativo a la prohibición de adelantar construcciones en
las rondas del Río y de contaminar su cauce.
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Refirió que no podía ordenar la reubicación de dichas viviendas, pues ello escaparía
del objeto de la litis en el que únicamente se discute sobre las redes de alcantarillado
del barrio Kennedy y la contaminación de la Quebrada El Minuto. Sin embargo, requirió
a las autoridades competentes para adelantar los procedimientos necesarios para
valorar las condiciones de riesgos y conjurar el estado de ilegalidad, en el que al
parecer, se encuentran las viviendas que están en esa zona.
3.4.3. En consecuencia, accedió a las pretensiones de la demanda y dispuso las
órdenes fijadas en el numeral 3.1. de esta providencia.
IV. RECURSO DE APELACIÓN
En contra de la precitada decisión, el Municipio de Florencia presentó recurso de
apelación, argumentando lo siguiente:
4.1. Expresó que no estaba acreditada la afectación al medio ambiente, pues conforme
al oficio SOP-1233 emitido por la Secretaría de Obras Públicas del Municipio de
Florencia, el Barrio Kennedy sí cuenta con los servicios de alcantarillado, el cual es
prestado por SERVAF S.A. E.S.P., quien a su vez, es la encargada del mejoramiento
del sistema en dicho sector.
Destacó que “no obra dentro del plenario (Sic) que el agua que circula por la llamada
Quebrada El Minuto haya sido o sea una fuente de agua potable para los mismos
moradores del sector o habitantes circundaste de este, por tanto, de donde se infiere
que también causare afectación del sector, por lo que es infundada la pretensión del
accionante”14
4.2. Dijo que la comunidad de la zona objeto de controversia era la responsable de
poner en riesgo su propia integridad física al construir de manera ilegal y sin ningún
tipo de licencias en ese sector.
Solicitó “que bajo el principio de proporcionalidad se realice un juicio de ponderación
donde se valore la carga de la infracción por parte de los particulares al construir sin
14 Visible en el índice 35 del Cuaderno del Tribunal.
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ningún tipo de licencia y el bien a proteger, de tal suerte que los intereses jurídicos de
la misma población que habita el lugar no se vean afectados, con medidas más
drásticas que aquellas que obliguen a los mismos moradores del lugar a no arrojar
basuras y demás desechos a la quebrada, como consecuencia de su propio
accionar”15.
Solicitó que se revoque la decisión de primera instancia frente a ese ente territorial
debido a que “no ha vulnerado los derechos colectivos amparados en la citada
sentencia, en la medida que se ampara a los habitantes los habitantes la vulneración
de derechos colectivos siendo ellos afectados por su propios actos, al momento de
realizar una construcción sin cumplir con las normas urbanísticas establecidas para
ello, de lo que se deriva la afectación de la fuente hídrica de la Quebrada El Minuto
que pasa por dicho sector”16
Adujo que en cumplimiento del Acuerdo Municipal 2020-009 de abril de 2020, ha
efectuado acciones, trámites y labores administrativas tendientes a la legalización del
asentamiento informal ubicado en el barrio Kennedy, en observancia de lo dispuesto
en el parágrafo 1 del artículo 2.2.6.5.1.1. del Decreto 149 de 2020.
Resaltó que el 19 de noviembre de 2021, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural
tiene programada una jornada de limpieza y capacitación sobre manejo de residuos
sólidos en dicho lugar.
V. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. Competencia
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 del 5 de agosto de
1998, el artículo 150 del CPACA, modificado por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021,
y el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 del Consejo de Estado, esta Corporación es
competente para conocer, en segunda instancia, de los recursos de apelación en
contra de las sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos en el medio de
control de protección de derecho e intereses colectivos.
15 Visible en el índice 35 del Cuaderno del Tribunal.
16 Ibídem.
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4.2. Actuación en segunda instancia
4.2.1. Mediante auto del 13 de septiembre de 2022 se admitió el recurso de apelación
interpuesto por el Municipio de Florencia – Caquetá17.
4.2.2. En memorial del 29 de septiembre de 2022, Servintegral impetró recurso de
apelación adhesiva en contra de la sentencia de primera instancia18. Sin embargo, en
auto del 20 de enero de 2023, el Despacho rechazó la misma por improcedente.
4.2.3. En auto del 15 de febrero de 2023, se prescindió del traslado para alegar de
conclusión19
4.3. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO
El Ministerio Público no emitió concepto en esta instancia del proceso de la referencia.
4.4. Hechos
4.4.1. El 28 de mayo de 2019, el señor Fabián Rojas Tique, presentó la demanda de
la referencia buscando la protección de sus derechos colectivos al goce de un
ambiente sano, a la seguridad y salubridad públicas, al acceso de un infraestructura
de servicios que garantice la seguridad pública y al acceso a los servicios públicos y a
que su prestación sea eficiente y oportuna, los cuales estimó vulnerados por las
entidades demandadas, por la contaminación de la Quebrada El Minuto y la falta de
prestación del servicio de alcantarillado en el Barrio Kennedy de Florencia – Caquetá.
4.4.2. Mediante sentencia del 20 de octubre de 2021, el Tribunal Administrativo de
Caquetá amparó los derechos colectivos invocados en la demanda.
4.4.3. Inconforme con esa decisión, el Municipio de Florencia – Caquetá interpuso
recurso de apelación.
17 Visible en el índice 15 del Sistema de Judicial SAMAI.
18 Visible en el índice 24 ibídem.
19 Visible en el índice 31 ibídem.
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4.5. Planteamiento
De acuerdo con el contenido y alcance de la sentencia recurrida y a los reparos
esgrimidos por el ente territorial demandado en su recurso de alzada, se observa que
las partes discrepan frente a la vulneración de los derechos colectivos y el presunto
responsable en dicha infracción.
Así, para el Municipio de Florencia no se probó que exista alguna afectación en el
medio ambiente, como quiera que en la zona objeto de controversia sí existen redes
de alcantarillado y además, la Quebrada El Minuto nunca fue potable, de modo que su
eventual contaminación no ocasionaba un perjuicio a la comunidad. Por su parte, para
el Tribunal sí estaba probada la vulneración de los derechos colectivos en tanto: (i)
pese a que existían redes de alcantarillado algunos inmuebles no estaban conectados
a las mismas, de modo que vertían aguas residuales a la quebrada, (ii) en dicho
afluente también, se arrojaban residuos sólidos y había presencia de vectores y (iii) la
falta de prestación del servicio de alcantarillado y el represamiento de los residuos
ocasionaba inundaciones y (iv) fueron construidas edificaciones en la ribera y dentro
de dicho afluente, sin tener los permisos necesarios para esos efectos y sin que
existiera ningún control por parte del ente territorial demandado.
Por otro lado, para la recurrente la responsable de la vulneración de los derechos
colectivos era la comunidad del Barrio Kennedy, como quiera que fue la que realizó
las construcciones sin permisos en la rivera de la Quebrada El Minuto y además, es
quien contamina dicho afluente, de modo que en su criterio, se debe ordenar de
manera más drástica a la misma que se abstenga a continuar con esas acciones.
Igualmente, señaló que sí ha desplegado actividades para su reubicación y para la
limpieza del cuerpo de agua. Mientras que, para el Tribunal el Municipio de Florencia
sí es responsable en la vulneración de los derechos colectivos, debido a que ha
incumplido sus funciones en la prestación del servicio de alcantarillado y en el cuidado
del ambiente.
4.6. De la controversia frente a la vulneración de los derechos colectivos
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Al respecto, se tendrá que dirimir si no hay afectación del derecho colectivo al goce de
un ambiente sano, si según lo expresa el ente territorial, en el barrio Kennedy del
Municipio de Florencia – Caquetá existen redes de alcantarillado público y la Quebrada
El Minuto nunca fue potable.
4.6.1. Responder tal cuestión impone a la Sala determinar si son ciertos los
fundamentos del mencionado aserto, para lo cual es preciso aludir a las pruebas
relevantes que en este punto obran en el plenario:
A) Acta de visita del 22 de mayo de 2019, en la que la Secretaría de Salud
Municipal de la Alcaldía de Florencia indicó:
“
”20
B) Declaración del señor Deivy Darley Alba Aguirre quien hace parte del Grupo
Nacional de Protección Ambiental y Ecológica de la Policía Nacional y que indicó:
“Magistrado: Conoce usted si en el barrio Kennedy de la ciudad de Florencia entre
la calle primera y la carrera 3 cae ese afluente y si efectivamente produce
problemas de contaminación ambiental. Testigo: Señor Juez, naturalmente debido
a las invasiones hay una problemática social interna por la falta de acueducto, dado
que las aguas residuales caen directamente a un afluente por la falta de
alcantarillado den la ciudad, se han realizado campañas y sensibilización en
20 Visible a folio 32 del Cuaderno del Tribunal
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emisoras para que se tome conciencia sobre los daños en el afluente y en el
ecosistema”21 (Subrayas de la Sala).
C) En el informe técnico elaborado por Corpoamazonía a solicitud del Tribunal se
expresó:
“DESCRIPCIÓN DE LA VISITA
Localización Específica
El sitio donde se ha venido presentando el desbordamiento y contaminación del
cuerpo hídrico, es un tramo de un afluente de la Quebrada La Perdíz a la altura de
la dirección calle 1º con carrera 3º b/Kennedy, en el Municipio de Florencia,
Caquetá.
Situación encontrada
Se evidenció en campo que el afluente se ha convertido en sitio de disposición de
residuos sólidos, razón por la cual el cuerpo hídrico emana olores nauseabundos
y propicia las condiciones para la proliferación de vectores.
Haciendo un recorrido aguas arriba de la quebrada se observa que la comunidad
ha construido sus viviendas encima del cuerpo hídrico y que gran parte de estas,
vierten sus aguas domésticas a la fuente de agua, como se observa en la franja
roja de las fotografías No. 2, 3 y 4.
También se observa que el barrio Kennedy tiene unidades de alcantarilla, es decir
que el área cuenta con un sistema de recolección de aguas domésticas, sin
embargo se evidencia que la red de alcantarillado descarga las aguas servidas al
cuerpo hídrico ya mencionado a la altura de la Carrera 3º No. 1B-05 en el Puente
Narvaez, lo cual aumenta la carga contaminante y acelera la degradación del
afluente.
Finalmente se visitaron algunas viviendas que se encuentran ubicadas en el
margen de la Quebrada y esta fue la situación entrada (sic):
• Vivienda Carrera 3º No. 14-49
La señora Benedicta Montaño, habitante de la casa con la dirección en mención,
manifiesta que en época de lluvias la quebrada aumenta su caudal e inunda su
vivienda y en épocas de bajas precipitaciones proliferan vectores y se generan
olores ofensivos. En la fotografía No. 6 se muestra el paso del afluente en el cual
se observa alta turbidez que junto con los malos olores percibidos en la visita
indican el alto grado de contaminación.
– Vivienda Carrera 3º No. 1ºBis-12 La señora Rosa Albania Escarpetta, habita en
la vivienda con la dirección mencionada que se encuentra construida sobre el paso
del cuerpo hídrico. En la visita se evidencia la presencia de vectores voladores
(zancudos y moscas) y se perciben malos olores. En la fotografía No. 7 se observa
el paso la quebrada (sic) por un tubo de concreto
• Vivienda Carrera 3º No. 1ª-12 La señora Gloria Alvarez (sic), al igual que las otras
dos personas entrevistadas, manifiesta que los olores en su casa son intolerables
21 Visible en el índice 3 del Cuaderno digital del Tribunal.
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y que el riesgo de inundación es latente en los periodos lluviosos del año. En la
fotografía 8 se muestra el paso de la Quebrada por debajo de la vivienda.
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AFECTACIÓN AMBIENTAL
• Se evidencia daño ambiental (x)
De acuerdo a la visita realizada, se evidencia alteración en las condiciones
naturales de la Quebrada, por causa de la disposición de residuos sólidos y la
descarga de aguas residuales domésticas.
La alteración del cuerpo hídrico se debe a la descomposición de residuos sólidos
y el vertimiento de aguas servidas, que con el bajo caudal que maneja la corriente
se dificulta la dispersión de la carga contaminante, de acuerdo a lo anterior la
Quebrada se convierte en un foco de generación de malos olores y proliferación
de vectores voladores y rastreros que se convierten en una amenaza para la salud
pública de los habitantes en la ribera del cauce.
Por otro lado, cabe aclarar que las inundaciones son consecuencia de la
construcción inadecuada de viviendas en la ronda hídrica de la Quebrada, que
junto con la obstrucción del sistema de alcantarillado por la saturación de residuos
sólidos se convierten en causales de emergencias o posibles desastres que
colocan en riesgo la vida de la comunidad.
CONCLUSIONES
Que de acuerdo a la visita realizada el 05 de marzo por parte de
CORPOAMAZONÍA al sitio objeto de la denuncia, se concluye lo siguiente:
• La Quebrada que lleva por nombre “El Minuto” se desborda en periodos lluviosos,
inundando las viviendas que se encuentran construidas sobre la ronda hídrica.
• Las aguas del cuerpo hídrico se encuentran contaminadas por la constante
descarga de residuos sólidos y vertimiento de aguas domésticas por parte de la
comunidad.
• La generación de malos olores y proliferación de vectores voladores y rastreros
se deben a la descomposición de residuos sólidos en el cauce.
• Los vectores voladores y rastreros se convierten en una amenaza para la salud
de la comunidad por la transmisión de enfermedades.
• De acuerdo a los testimonios de la comunidad afectada, las aguas de la Quebrada
no son utilizadas para el consumo humano, sin embargo es evidente que las aguas
domésticas de algunas viviendas son descargadas al cuerpo hídrico.
• El sistema de alcantarillado público descarga las aguas domésticas en el cauce
de la Quebrada “El Minuto” lo que aumenta la carga contaminante de esta.”22
(Subrayas y negrillas de la Sala).
D) En oficio del 4 de noviembre de 2021, la Secretaría de Planeación y
Ordenamiento Territorial del Municipio de Florencia expuso:
“En atención al asunto de la referencia, comedidamente me permito informar que
una vez revisada la planoteca con la que la que cuenta la dependencia de
22 Visible en el índice 11 del Cuaderno Digital del Tribunal.
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planeación municipal, el asentamiento Kennedy no cuenta con un urbanismo
aprobado por este despacho. Asimismo, en la base de datos de licencias de
construcción expedidas por este despacho, no se encontraron licencias de
construcción para este sector de la ciudad de Florencia, el cual se ubica dentro de
la zona de expansión urbana del municipio según el plano aprobado por el POT
vigente del municipio de Florencia”23
E) Informe del 4 de noviembre de 2021, en el que la Secretaría de Vivienda de la
Alcaldía de Florencia expuso:
“Teniendo en cuenta el contenido de la solicitud elevada mediante correo
electrónico de fecha 3 de noviembre de 2021, en la que se solicita informar “si
desde su despacho se adelanta proceso alguno para la legalización de los predios
ubicados en el barrio Kennedy del municipio de Florencia, en qué estado se
encuentra, de no ser así informar porque no se ha iniciado el proceso de
legalización”, le indico lo siguiente:
La Secretaría de Vivienda en cumplimiento de las normas constitucionales y
legales, especialmente lo establecido en los artículos 51 y 311 de la Constitución
de Política de Colombia, la Ley 388 de 1997, Ley 2044 de 2020 “por medio de la
cual se dictan normas de saneamiento de predios ocupados por asentamientos
humanos ilegales y otras disposiciones” el Decreto 149 de 2020 y en especial lo
establecido en el Decreto Municipal No. 0325 de 2016 “por el cual se modifica
parcialmente el Decreto 0292 de 2013, que establece las funciones de la
Secretaría de Vivienda del Municipio de Florencia” el Acuerdo Municipal 2020-009
de abril de 2020 “por medio del cual se adopta la política pública de legalización
de asentamientos subnormales humanos informales en el Municipio de Florencia”
de conformidad con el Decreto 149 de 2020, viene adelantando a partir del
segundo semestre de 2021, con el equipo interdisciplinario de Legalización de
Asentamientos Subnormales, acciones trámites y labores administrativas
tendientes a la legalización del Asentamiento informal denominado Kennedy,
ubicado en la comuna oriental de esta municipalidad”24 (Subrayas de la Sala)
F) Oficio del 4 de noviembre de 2021, en el que la Alcaldía de Florencia informó
que el 19 de noviembre de 2021, realizó una “jornada de limpieza y capacitación en el
manejo de residuos sólidos” en la Quebrada El Minuto25.
G) Informe del 4 de noviembre de 2021, en el que la Secretaría de Obras Públicas
de Florencia indicó que “realizó la respectiva consulta a la empresa de servicios
públicos SERVAF S.A. E.S.P. quien identifica por medio de un inventario registrado
con planes urbanístico cuáles son los barrios y localidades que administran. Por parte
del Ingeniero Gustavo Adolfo Hermida, encargado del sistema de alcantarillado,
23 Visible en el índice 35 del Cuaderno del Tribunal
24 Ibídem.
25 Ibídem.
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informa que el barrio Kennedy cuenta con el respectivo sistema y es operado por la
misma empresa antes mencionada”26
4.6.1.1. De lo expuesto es dable colegir que una porción del Barrio Kennedy del
Municipio de Florencia fue construida irregularmente y que según las comunicaciones
efectuadas por ese mismo ente territorial, dicha urbanización se encuentra en proceso
de legalización. Se agrega a lo dicho que de acuerdo con el informe elaborado por
Corpoamazonía, algunas viviendas están en el margen de la Quebrada El Minuto, e
inclusive, sobre la misma.
Ahora, pese a que asiste razón al ente recurrente frente a que existe alcantarillado en
ese sector, lo cierto es que no todas las viviendas que allí se ubican están conectadas
a esa red. Esa circunstancia genera que los inmuebles que no lo están, viertan
directamente sus residuos en el citado cuerpo de agua. Además, se observa que la
comunidad que reside en ese sector arroja desperdicios sólidos en dicho afluente sin
ningún tipo de control, lo que ocasiona represamientos en periodos de lluvias y genera
inundaciones que han afectado la estructura de las construcciones que allí fueron
edificadas.
Se suma a lo expuesto que la autoridad ambiental en su respectivo informe aseguró
que la red de pública de alcantarillado deposita aguas residuales en ese afluente, lo
que agrava su situación de contaminación. Finalmente, está acreditado que hay
presciencia de malos olores y vectores voladores y terrestres en la zona.
En tal contexto, es claro que sí está probada la vulneración del derecho colectivo al
goce de un ambiente en el presente asunto, pues resulta evidentemente la grave
situación de contaminación en la Quebrada El Minuto, que valga señalar, no ha sido
controlada por las autoridades competentes y que ha afectado a los residentes del
Barrio Kennedy.
4.6.1.1.1. Siendo ello así, no sólo sorprende que el ente territorial indique que no
existe vulneración ante pruebas que evidencian de manera palmaria la situación
acudiendo a un argumento falaz al indicar que el barrio sí cuenta con sistema de
26 Ibídem
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alcantarillado, pues lo cierto es que pese a ello ha permitido asentamientos ilegales y
la descarga directa de aguas domésticas a la Quebrada El Minuto.
4.6.1.1.2. También inquieta a la Sala que el memorialista intente exculparse
aduciendo que el afluente objeto de controversia no sea una fuente de agua potable
para la comunidad, pues al margen de la imprecisión en la que incurre, dado que todos
los afluentes deben pasar por un procedimiento técnico para su potabilización, lo cierto
es que dicho aspecto no fue objeto de controversia, de modo que ese reproche resulta
impertinente en esta sede.
Sin embargo, debe recordarse que el cuidado de los cuerpos de agua no tiene como
finalidad exclusiva que dichos recursos puedan ser explotados, sino que en realidad
responden a la necesidad de garantizar su existencia para generaciones futuras, así
como de dar concreción al derecho fundamental de acceso al agua. Además, es
importante señalar que la contaminación de cualquier recurso hídrico no solo afecta a
un ecosistema y dificulta la potabilización del agua, sino que también puede dar lugar
a problemas de salubridad pública.
4.6.1.2. Por ende, es claro que contrario a lo expuesto por el ente territorial
demandado, sí está probada la afectación a los derechos colectivos amparados en la
sentencia recurrida, de modo que el cargo no tiene vocación de prosperidad.
4.7. De la controversia sobre la responsabilidad en la vulneración de los
derechos colectivos
En este punto se tendrá que definir si es responsable la comunidad que habita el Barrio
Kennedy del Municipio de Caquetá, si es la que construyó ilegalmente sobre una zona
no licenciada y arrojan desperdicios sólidos en la Quebrada El Minuto pero el Municipio
no ha adoptado medidas de mitigación en materia ambiental, urbanística, de gestión
del riesgo y sanitarias.
4.7.1. Al respecto debe indicarse que, como se vio en el acápite anterior, está probada
la contaminación en la Quebrada El Minuto por entre otras: (i) la construcción de
edificaciones en su ribera y dentro del mismo afluente, (ii) los vertimientos de aguas
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residuales por la falta de conexión de alcantarillado de la totalidad de viviendas en
dicha zona y (iii) los residuos sólidos que son arrojados por parte de la comunidad.
En otras palabras, está demostrado que como alega el recurrente, los particulares sí
han incidido negativamente en la contaminación en sector. Sin embargo, ello no
dispensa la responsabilidad del Municipio de Florencia, dado que como se verá
enseguida ha omitido las funciones relacionadas con la conservación del medio
ambiente, la prestación de los servicios públicos y la gestión del riesgo, circunstancia
que le obliga a coadyuvar en las medidas que permitan solventar dicha problemática.
4.7.2. En efecto, en materia ambiental, es preciso indicar que el citado ente territorial
no ha dado aplicación a lo dispuesto en los numerales 6 y 7 del artículo 65 de la Ley
99 de 1993, que prevén que los Municipios deben ejercer funciones de control y
vigilancia sobre los recursos naturales renovables. Ello le imponía la obligación de
controlar las actividades que puedan generar contaminación en el agua e inclusive
debía efectuar acciones con miras concientizar a la ciudadanía de la necesidad del
cuidado de los recursos naturales, sin que así lo hiciera. Las normas en cuestión
disponen:
“Artículo 65. Funciones de los municipios, de los distritos y del distrito capital
de Santafe de Bogotá. Corresponde en materia ambiental a los municipios, y a
los distritos con régimen constitucional especial, además de las funciones que les
sean delegadas por la ley o de las que deleguen o transfieran a los alcaldes por el
Ministerio del Medio Ambiente o por las Corporaciones Autónomas Regionales, las
siguientes atribuciones especiales:
(…)
6. Ejercer, a través del alcalde como primera autoridad de policía con el apoyo de
la Policía Nacional y en Coordinación con las demás entidades del Sistema
Nacional Ambiental (SINA), con sujeción a la distribución legal de competencias,
funciones de control y vigilancia del medio ambiente y los recursos naturales
renovables, con el fin de velar por el cumplimiento de los deberes del Estado y de
los particulares en materia ambiental y de proteger el derecho constitucional a un
ambiente sano;
7. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas Regionales,
las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales que se realicen en
el territorio del municipio o distrito con el apoyo de la fuerza pública, en relación
con la movilización, procesamiento, uso, aprovechamiento y comercialización de
los recursos naturales renovables o con actividades contaminantes y degradantes
de las aguas, el aire o el suelo;” (Subrayas de la Sala).
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Tampoco se advierte que haya iniciado algún procedimiento sancionatorio en contra
de las personas que construyeron irregularmente en el margen de la quebrada o
aquellas que han arrojado sus desperdicios en la misma.
Se suma a lo dicho, que aunque en el plenario obra un oficio del 4 de noviembre de
2021, en el que la Alcaldía de Florencia informó que el 19 de noviembre de 2021 realizó
una jornada de limpieza y capacitación en el manejo de residuos sólidos en la
Quebrada El Minuto, a juicio de la Sala, ello no constituye una medida definitiva que
permita el saneamiento de ese cuerpo de agua habida cuenta de que esas labores
deben ser persistentes y constantes a fin de que se logre el objetivo. Circunstancia que
se agrava cuando ha quedado plenamente acreditado que producto de todo lo anterior
las aguas residuales se están depositando por la falta de conexión a las redes de
alcantarillado a las viviendas, sin que tampoco en lo atinente a dicho punto se haya
adoptado alguna solución.
Ello implica una clara infracción de lo dispuesto en los artículos 76 de la Ley 715 de
2001 y 6º de la Ley 1551 de 2012 que señalan:
“Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de
interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:
76.5. En materia ambiental
76.5.1. Tomar las medidas necesarias para el control, la preservación y la defensa
del medio ambiente en el municipio, en coordinación con las corporaciones
autónomas regionales.
76.5.2. Promover, participar y ejecutar programas y políticas para mantener el
ambiente sano.
76.5.3. Coordinar y dirigir, con la asesoría de las Corporaciones Autónomas
Regionales, las actividades permanentes de control y vigilancia ambientales, que
se realicen en el territorio del municipio.
76.5.4. Ejecutar obras o proyectos de descontaminación de corrientes o
depósitos de agua afectados por vertimientos, así como programas de
disposición, eliminación y reciclaje de residuos líquidos y sólidos y de
control a las emisiones contaminantes del aire.
76.5.5. Promover, cofinanciar o ejecutar, en coordinación con otras entidades
públicas, comunitarias o privadas, obras y proyectos de irrigación, drenaje,
recuperación de tierras, defensa contra las inundaciones y regulación de cauces o
corrientes de agua.
76.5.6. Realizar las actividades necesarias para el adecuado manejo y
aprovechamiento de cuencas y microcuencas hidrográficas.
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76.5.7. Prestar el servicio de asistencia técnica y realizar transferencia de
tecnología en lo relacionado con la defensa del medio ambiente y la protección de
los recursos naturales.” (Subrayas y negritas de la Sala).
4.7.3. De otro lado, el Municipio de Florencia tampoco ha observado sus potestades
en materia de servicios públicos. Sobre el particular, es necesario destacar que la
prestación de los servicios públicos es un asunto inherente a la finalidad social del
Estado, a quien le corresponde en todo caso, su regulación, control y vigilancia,
además de asegurar que su ejecución sea eficiente a todos los habitantes del territorio
nacional, aun cuando se defiera su prestación a los particulares.
La norma en cuestión es del siguiente tenor:
“Articulo 365. Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del
Estado. Es deber del Estado asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes
del territorio nacional.
Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán
ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas, o por particulares. En todo caso, el Estado mantendrá la regulación,
el control y la vigilancia de dichos servicios. Si por razones de soberanía o de
interés social, el Estado, mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros
de una y otra cámara, por iniciativa del Gobierno decide reservarse determinadas
actividades estratégicas o servicios públicos, deberá indemnizar previa y
plenamente a las personas que en virtud de dicha ley, queden privadas del ejercicio
de una actividad lícita.” (Subrayas de la Sala).
A su vez, el artículo 311 ibidem señala, respecto de la competencia de los municipios
para la prestación de los servicios públicos, que, “como entidad fundamental de la
división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos
que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el
desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento
social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la
Constitución y las leyes”.
Por su parte, el artículo 366 ibídem, determinó:
“Artículo 366. El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la
población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su
actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de
saneamiento ambiental y de agua potable.
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Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades
territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra
asignación.” (Subrayas de la Sala).
Por su parte, los numerales 1, 7 y 19 del artículo 3º de la Ley 136 de 1994,
contemplaron:
“Artículo 3o. Funciones de los municipios. Corresponde al municipio:
1. Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios públicos que
determine la ley.
(…)
7. Procurar la solución de las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes
del municipio, en lo que sea de su competencia, con especial énfasis en los niños,
las niñas, los adolescentes, las mujeres cabeza de familia, las personas de la
tercera edad, las personas en condición de discapacidad y los demás sujetos de
especial protección constitucional.
(…)
19. Garantizar la prestación del servicio de agua potable y saneamiento básico a
los habitantes de la jurisdicción de acuerdo con la normatividad vigente en materia
de servicios públicos domiciliarios.” (Subrayas de la Sala).
En ese mismo sentido, el Legislador desarrolló las normas constitucionales en la Ley
142 de 1994, estableciendo el régimen de los servicios públicos domiciliarios, y advirtió
al respecto que su prestación es competencia de los municipios, y que, cuando el
servicio sea suministrado por una empresa privada, corresponde al ente territorial
asegurar que su prestación sea eficiente. Expresamente señaló:
“Artículo 2o. Intervención del Estado en los servicios públicos. El Estado
intervendrá en los servicios públicos, conforme a las reglas de competencia de que
trata esta Ley, en el marco de lo dispuesto en los artículos 334, 336, y 365 a 370
de la Constitución Política, para los siguientes fines:
2.1. Garantizar la calidad del bien objeto del servicio público y su disposición
final para asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios.
2.3. Atención prioritaria de las necesidades básicas insatisfechas en materia de
agua potable y saneamiento básico.
2.4. Prestación continua e ininterrumpida, sin excepción alguna, salvo cuando
existan razones de fuerza mayor o caso fortuito o de orden técnico o económico
que así lo exijan.
2.5. Prestación eficiente.”
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“Artículo 5o. Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los
servicios públicos. Es competencia de los municipios en relación con los
servicios públicos, que ejercerán en los términos de la ley, y de los reglamentos
que con sujeción a ella expidan los concejos:
5.1. Asegurar que se presten a sus habitantes, de manera eficiente, los servicios
domiciliarios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica, y telefonía
pública básica conmutada, por empresas de servicios públicos de carácter oficial,
privado o mixto, o directamente por la administración central del respectivo
municipio en los casos previstos en el artículo siguiente.”
Aunado a esto, el artículo 76 de la Ley 715 de 2001, al definir las competencias de las
entidades territoriales, dispuso literalmente:
“Artículo 76. Competencias del municipio en otros sectores. Además de las
establecidas en la Constitución y en otras disposiciones, corresponde a los
Municipios, directa o indirectamente, con recursos propios, del Sistema General de
Participaciones u otros recursos, promover, financiar o cofinanciar proyectos de
interés municipal y en especial ejercer las siguientes competencias:
76.1. Servicios Públicos
Realizar directamente o a través de terceros en materia de servicios públicos
además de las competencias establecidas en otras normas vigentes la
construcción, ampliación rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura de
servicios públicos.”
De acuerdo con lo expuesto, es claro para la Sala que corresponde al Estado, a través
de los municipios, asegurar a sus habitantes la prestación eficiente y oportuna de los
servicios públicos domiciliarios, por lo que debe adoptar las medidas necesarias para
garantizar el servicio de alcantarillado en óptimas condiciones de funcionalidad. Sobre
el particular, esta Sección, entre otras, en providencia del 4 de febrero de 2010, dijo
expresamente:
“De otra parte, el artículo 365 de la Constitución Política dispone que los servicios
públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, quien los podrá prestar,
con sujeción al régimen fijado por la ley, directa o indirectamente, por comunidades
organizadas o por particulares, pero en todo caso conservando su regulación,
control y vigilancia.
Ahora bien, el artículo 331 de la Carta Política, consagra que:
“Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir
las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio,
promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus
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habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las
leyes”27
4.7.3.1. Así las cosas, pese a que en el presente asunto el Municipio de Florencia
no presta directamente el servicio de alcantarillado en esa ciudad, sino que el mismo
es suministrado por SERVAF S.A. E.S.P., lo cierto es que dicho ente territorial aún
mantiene dentro de sus competencias la garantía de que tal actividad se lleve a cabo
de manera eficiente.
En tal contexto, lo que se advierte en el plenario es que el memorialista se desprendió
completamente de su deber constitucional y legal en la materia, pues no ha verificado
si en la zona efectivamente se presta dicho servicio ni ha controlado la forma en la que
ello es realizado. De hecho, en el recurso de alzada, el recurrente se limitó a señalar
que en el Barrio Kennedy sí existe una red de alcantarillado, puesto que así se lo
certificaba la empresa de servicios públicos, lo que pone en evidencia que nisiquiera
ha dado cuenta por sí mismo de cuál es el estado real de la red en esa zona, pues de
haberlo hecho, habría encontrado que no todas las viviendas del sector están
conectadas y que las que no lo están, vierten directamente los residuos a la Quebrada
El Minuto.
Igualmente, no hay prueba de que el Municipio de Florencia haya adelantado gestiones
tendientes a evitar la expansión de viviendas irregulares en la ronda hídrica de la citada
Quebrada, ni que haya adoptado medidas para proteger el recurso hídrico de las
descargas de agua servidas, por lo es que es claro que ha desconocido los deberes a
su cargo y ha contribuido en la vulneración de derechos de la comunidad.
4.7.4. Finalmente, se observa que el ente territorial demandado no ha cumplido con
las obligaciones relacionadas con la gestión del riesgo. En efecto, la jurisprudencia de
esta Corporación ha reconocido que los Alcaldes Municipales son los principales
responsables de la prevención del riesgo de desastres en el área de su jurisdicción.
En efecto, en providencia del 27 de mayo de 2021, se explicó:
27 Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 4 de
febrero de 2010, Consejero ponente: Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Radicación número:
76001233100020040021201(AP)
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“En los ámbitos territoriales, la Sala encuentra que la ley otorgó funciones
específicas en materia de gestión del riesgo a los Alcaldes, las cuales son las
descritas a continuación:
“[…] 1.- Como conductor del desarrollo local, “es el responsable directo de
la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o
municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo
de desastres en el área de su jurisdicción.”28(Negrillas fuera del texto)
2.- “Integrar en la planificación del desarrollo local, acciones estratégicas y
prioritarias en materia de gestión del riesgo de desastres, especialmente, a
través de los planes de ordenamiento territorial, de desarrollo municipal o
distrital y demás instrumentos de gestión pública”.29
3.- En un plazo no mayor a un año, contado a partir de que se sancione la
Ley 1523, deberán incorporar en sus respectivos planes de desarrollo y de
ordenamiento territorial las consideraciones sobre desarrollo seguro y
sostenible derivadas de la gestión del riesgo, y por consiguiente, los
programas y proyectos prioritarios para estos fines, y en particular, “[…]
incluirán las previsiones de la Ley 9ª de 1989 y de la Ley 388 de 1997, o
normas que las sustituyan, tales como los mecanismos para el inventario de
asentamientos en riesgo, señalamiento, delimitación y tratamiento de las
zonas expuestas a amenaza derivada de fenómenos naturales, socio
naturales o antropogénicas no intencionales, incluidos los mecanismos de
reubicación de asentamientos; la transformación del uso asignado a tales
zonas para evitar reasentamientos en alto riesgo; la constitución de reservas
de tierras para hacer posibles tales reasentamientos y la utilización de los
instrumentos jurídicos de adquisición y expropiación de inmuebles que sean
necesarios para reubicación de poblaciones en alto riesgo, entre otros […]”.
Adicional a lo anterior, tanto los alcaldes como los gobernadores deberán30:
-. “[…] Formular e implementar planes de gestión del riesgo para priorizar,
programar y ejecutar acciones por parte de las entidades del sistema
nacional, en el marco de los procesos de conocimiento del riesgo, reducción
del riesgo y de manejo de desastres, como parte del ordenamiento territorial
y del desarrollo, así como para realizar su seguimiento y evaluación [...]”31.
-. “Formular y concertar con sus respectivos consejos de gestión del
riesgo, un plan de gestión del riesgo de desastres y una estrategia para
la respuesta a emergencias de su respectiva jurisdicción, en armonía
con el plan de gestión del riesgo y la estrategia de respuestas
nacionales. El plan y la estrategia, y sus actualizaciones, serán adoptados
mediante decreto expedido por el gobernador o alcalde, según el caso en un
plazo no mayor a noventa (90) días, posteriores a la fecha en que se
sancione la presente ley”32.
28 Ley 1523 de 2012. Artículo 14.
29 Supra nota 9.
30 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 11 de julio
de 2019. M.P: Nubia Margoth Peña Garzón. Rad. 63001-23-33-000-2018-00036-01.
31 Ley 1523 de 2012. Artículo 32
32 Ley 1523 de 2012. Artículo 37
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-. Integrar en los planes de ordenamiento territorial el análisis del riesgo en
el diagnóstico biofísico, económico y socioambiental y, considerar, el riesgo
de desastres, como un condicionante para el uso y la ocupación del territorio,
procurando de esta forma evitar la configuración de nuevas condiciones de
riesgo. Asimismo, en un plazo no mayor a un año, contado a partir de que se
sancione la Ley 1523, deberán revisar y ajustar los planes de ordenamiento
territorial y de desarrollo municipal y departamental vigentes que no hubiesen
incluido la gestión del riesgo33 […] “.
Igualmente, las funciones encomendadas a cada uno de los integrantes del
Sistema Nacional de Gestión del Riesgo están regidas por los principios de
coordinación, concurrencia y subsidiariedad positiva, los cuales fueron definidos
por la misma Ley 1523.
En consecuencia, la Sala concluye que en materia de gestión del riesgo a quien le
corresponde implementar, ejecutar, desarrollar, las políticas, actividades y
gestiones tendientes a dicho fin es, principalmente, al MUNICIPIO en cabeza de
su alcalde; no obstante, ello no indica que se deba dejar de lado que la misma Ley
1523, estableció un trabajo coordinado y armónico con las demás entidades.
Al respecto, la Sala se ha pronunciado en múltiples ocasiones entre otras, en la
sentencia de 2 de junio de 201734, en la que consideró:
“[…] Como pudo verse, el artículo 14 de la Ley 1523 identificó al Alcalde en
su calidad de conductor del desarrollo local, como el responsable directo de
la implementación de los procesos de gestión del riesgo en el distrito o
municipio, incluyendo el conocimiento y la reducción del riesgo y el manejo
de desastres en el área de su jurisdicción.
La disposición en mención se acompasa con lo dispuesto por los artículos
311 de la Constitución Política y 1° de la Ley 136 de 2 de junio de 1994 , que
definen al Municipio como la entidad territorial fundamental en la división
político administrativa del Estado, cuya finalidad es prestar los servicios
públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso
local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes, buscar el
bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población de
su territorio.
En consecuencia, concluye la Sala que en materia de gestión del riesgo,
a quien le corresponde implementar, ejecutar, desarrollar, etc., las
políticas, actividades y gestiones tendientes a dicho fin es,
principalmente, al Municipio en cabeza de su Alcalde […]”35 (Subrayas
de la Sala, negrillas dentro del texto).
7.4.1. No se advierte tampoco que haya adoptado alguna medida tendiente a
solucionar los problemas de inundación que se generan en época de lluvias en el
Barrio Kennedy. Tampoco que haya adelantado fumigaciones en la zona o jornadas
33 Ley 1523 de 2012. Artículo 39
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia de 2 de junio
de 2017; proceso identificado con el núm. único de radicación 17001-23-33-000-2014-00026-02; M.P.
María Elizabeth García González.
35 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
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de vacunación que permitan la prevención de las enfermades en los habitantes de ese
sector.
En ese orden, es preciso señalar que el Municipio de Florencia ha sido más que
negligente en la atención de la problemática que se pone de relieve en el asunto bajo
examen. Se agrega a lo expuesto que la jurisprudencia de esta Sección ha señalado
que la corresponsabilidad de la comunidad en la causación de un daño no constituye
una razón válida para excluir de a las entidades públicas de la obligación de adelantar
actividades dentro del marco de sus competencias para superar los hechos que dieron
lugar a la vulneración de los derechos colectivos; veamos:
“123. Para resolver el punto, es pertinente recordar que el artículo 2 de la Ley 1523
establece que la gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y
de los particulares, en tanto «los habitantes del territorio nacional, (como)
corresponsables de la gestión del riesgo, actuarán con precaución, solidaridad,
autoprotección, tanto en lo personal como en lo de sus bienes, y acatarán lo
dispuesto por las autoridades».
124. Con fundamento en lo anterior, la jurisprudencia de esta Sección ha
reconocido que, en eventos como los aquí descritos, resulta procedente ordenar a
los sujetos corresponsables que concurran con las entidades gubernamentales en
el restablecimiento del derecho colectivo a la prevención de desastres, en aras de
hacer efectivos los deberes de precaución, solidaridad y autoprotección36
125. En el precedente de 1 de marzo de 201837, esta Sección puso de presente
que el principio de corresponsabilidad «implica que los demandantes
concernidos deban concurrir con acciones conducentes a la eficaz gestión
del riesgo» y, en consecuencia, «no (es) dable al juez constitucional exonerar a
los ciudadanos y a las comunidades de la corresponsabilidad que les sea exigible
en la gestión de sus propios asuntos, ni relevarlos de la obligación de asumir las
consecuencias que se derivan de sus propios actos».
126. Sin embargo, la Sección Primera del Consejo de Estado también ha aclarado
que: «aun cuando la vulneración de los derechos colectivos invocados se deba en
parte a acciones atribuibles a la comunidad, quienes se encuentran conformando
asentamientos ilegales en zonas (…) de alto riesgo no mitigable (…) exponiendo
incluso sus propias vidas, ello en modo alguno exime a las autoridades del
cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, máxime cuando está
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias de 1 de
marzo de 2018 (19001333100520110029401) 22 de febrero de 2018 [Radicado 17001-23-31-000-
2011-00220- 01(AP)], 15 de
noviembre de 2018 [Radicado 66001-23-33-000-2013-00070-02(AP)], 3 de diciembre de 2018
[Radicado 76001-23-
31-000-2011-01493-01], 16 de mayo de 2019 [Radicado 17001-23-33-000-2017-00452-01(AP)] y 26
de septiembre
de 2019 [Radicado 68001-23-33-000- 2016-00592-01(AP)]. MP. Hernando Sánchez Sánchez.
37 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el
1.º de marzo de 2018, Rad. N.º 19001-33-31-005-2011-00294-01 C.P: Hernando Sánchez Sánchez.
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de por medio la recuperación del medio ambiente y la protección de vidas
humanas»38
127. Consecuentemente, se ha sostenido que: «el ente territorial no puede excusar
su responsabilidad alegando que los habitantes de las viviendas que sufren el
riesgo o amenaza (…) son responsables de su causación por tratarse de un
asentamiento ilegal, pues la violación de la ley por los ciudadanos en modo alguno
exonera a las autoridades del cumplimiento de sus deberes constitucionales y
legales. Cosa distinta es que también resulte inaceptable que deriven provecho
de su proceder ilegal, por lo que deben concurrir con el ente territorial, en la medida
de sus posibilidades, a hacer realidad la solución de vivienda que posibilite su
reubicación»39.
128. En el mismo sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-1094 de 2002,
precisó lo siguiente:
[…] Sería contrario a los principios de dignidad humana, de trabajo, de
solidaridad social y de prevalencia del interés general así como a los
deberes ciudadanos, que los infortunios y riesgos de la persona fuesen
asumidos íntegramente por el Estado. Esto hace, por ejemplo, que las
consecuencias negativas de la conducta negligente, e incluso dolosa, de
algunos, se traslade al Estado, y a través de éste a toda la sociedad, con la
consiguiente anulación de la responsabilidad individual en el manejo de
sus propios asuntos. Tal no puede ser, por lo tanto, el alcance de los
deberes sociales derivados de las disposiciones constitucionales citadas […]
(Resaltado de la Sala).
129. De conformidad con los referidos criterios jurisprudenciales, los cuales prohíja
la Sala en esta oportunidad, «la responsabilidad de la comunidad en la causación
del riesgo no constituye una causal de exoneración de responsabilidad para las
autoridades públicas por haber omitido el cabal cumplimiento de sus funciones, en
el marco de las competencias administrativas establecidas en el ordenamiento
jurídico, por cuanto los entes territoriales no pueden excusar su responsabilidad
alegando que la comunidad que sufre el riesgo es responsable de su causación
(…), pues la violación de la ley por los ciudadanos en modo alguno exonera a las
autoridades del cumplimiento de sus deberes constitucionales y legales».”40
(Subrayas de la Sala, negrillas dentro del texto).
4.7.5. En suma, es claro que los hechos que dieron lugar a la vulneración de los
derechos colectivos, no son imputables exclusivamente a los ciudadanos que habitan
esa zona, sino también son responsabilidad del ente recurrente quien no ha adoptado
ninguna medida definitiva dirigida resguardar el medio ambiente, garantizar la
prestación efectiva del servicio de alcantarillado, gestionar adecuadamente el riesgo y
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia proferida el
16 de mayo de
2019, Consejero ponente: Hernando Sánchez Sánchez.
39 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, providencia proferida el
13 de mayo de 2004; proceso identificado con número único de radicación 760012331000-2002-2821-
01, C.P. Camilo Arciniegas Andrade
40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia del 10 de
marzo de 2022. Proceso radicado número: 17001 23 33 000 2019 00256 01. Consejero Ponente:
Roberto Augusto Serrato Valdés.
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adelantar políticas de sanidad que le son exigibles dados los deberes constitucionales
y legales que se predican de su existencia, por lo que el cargo no tiene vocación de
prosperidad.
4.8. Del Comité de Verificación de la Sentencia
Sobre el particular, se observa que en el numeral séptimo de la parte resolutiva de la
sentencia recurrida, se conformó el citado Comité así:
“Séptimo. CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de esta
sentencia, el cual estará integrado por el Despacho Tercero de este Tribunal, el
señor Fabián Rojas Tique, el alcalde del Municipio de Florencia, un representante
de SERVINTEGRAL S.A. E.S.P., un representante de SERVAFS.A. E.S.P., el
director de Corpoamazonía; el Defensor del Pueblo del Caquetá y el agente del
Ministerio Público.”
Sin embargo, se advierte que en la anotada sentencia, no se determinó al Magistrado
Ponente de la decisión de primera instancia como presidente del anatado Comité. En
ese orden, es menester señalar que esta Sección en reciente jurisprudencia41 definió
que era necesario no sólo que se incluyera, por mandato legal, al Tribunal que emitió
sentencia de primera instancia, sino que además precisó que quien debía presidirlo es
41 Verbigracia: Sentencia de 28 de junio de 2019, Consejero Ponente: Hernando Sánchez Sánchez.
Radicación Número: 52001-23-33-000-2018-00361-01(AP), en la que se dijo:
“Comité de verificación.
167. Para el cumplimiento de las órdenes proferidas en esta sentencia, se ordenará la conformación de
un comité de verificación, según lo dispone el artículo 34 de la Ley 472:
“[…] En la sentencia el juez señalará un plazo prudencial, de acuerdo con el alcance de sus
determinaciones, dentro del cual deberá iniciarse el cumplimiento de la providencia y posteriormente
culminar su ejecución. En dicho término el juez conservará la competencia para tomar las medidas
necesarias para la ejecución de la sentencia de conformidad con las normas contenidas en el
Código de Procedimiento Civil y podrá conformar un comité para la verificación del cumplimiento
de la sentencia en el cual participarán además del juez, las partes, la entidad pública encargada
de velar por el derecho o interés colectivo, el Ministerio Público y una organización no
gubernamental con actividades en el objeto del fallo.
También comunicará a las entidades o autoridades administrativas para que, en lo que sea de su
competencia, colaboren en orden a obtener el cumplimiento del fallo […]” (Resaltado fuera de texto
original).
1.Así las cosas, en el comité de verificación de esta sentencia participarán: i) la parte actora; ii) el
Municipio de Mocoa; ii) la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonía –
CORPOAMAZONIA-; iii) la Empresa Metropolitana de Aseo EMAS Putumayo S.A.S. E.S.P.; y iv) el
delegado de la Procuraduría General de la Nación ante el Tribunal Administrativo de Nariño. Este Comité
será presidido por el Tribunal Administrativo de Nariño, a través de la Magistrada ponente de la
sentencia proferida, en primera instancia.” (Negrillas del texto original) (Subrayas de la Sala)
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el Magistrado que había adelantado la sustanciación y proyección de la decisión en la
anotada instancia como Ponente de la misma42.
En consecuencia, a efectos de aplicar dicho criterio, debe modificarse el numeral
séptimo de la sentencia de primera instancia, con el fin de que el mencionado Comité
esté presidido por el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo del Caquetá.
42 “Sobre el particular, la Sala advierte que de acuerdo con el artículo 34 de la Ley 472, el Juez tiene la
facultad de conformar un comité de verificación del cumplimiento de la sentencia en el cual participarán
además del juez, las partes, la entidad pública encargada de velar por el derecho o interés colectivo, el
Ministerio Público y una organización no gubernamental con actividades en el objeto del fallo. La implementación de dicho comité no pugna con la facultad que tienen las partes o los interesados de
acudir al incidente de desacato ante el incumplimiento de una orden judicial, pues aquel tiene por
finalidad efectuar un seguimiento a la ejecución de las medidas de amparo previstas en la sentencia y
también puede servir de instancia de articulación entre las partes, el juez y demás personas interesadas,
para lograr la efectiva protección de los derechos colectivos vulnerados. Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia T-254 de 2014, precisó lo siguiente:
“[…] Como punto de partida, se destaca el hecho de que ambos cuerpos normativos hayan considerado
que dichas autoridades debían conservar su competencia, después de proferido el fallo, para adoptar
las medidas que conduzcan a hacer efectivo el amparo. Eso explica que tanto el juez de tutela como el
de la acción popular puedan convocar a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección,
cuantas veces sea necesario; practicar pruebas para establecer los motivos de su negligencia y
adelantar las diligencias que correspondan para corregir tales obstáculos. 42
El juez de la acción popular cuenta con una herramienta adicional para esos efectos: la conformación
del comité para la verificación del cumplimiento que, integrado de la manera en que se anunció
previamente (Supra 4.5.) cumple la función de asesorar al funcionario judicial en la formulación de
propuestas que conduzcan a realizar la protección concedida y, además, permite hacer un seguimiento
de las gestiones que los responsables de restablecer el derecho colectivo vulnerado han adoptado con
ese objeto.42
[…]
10. Para resolver ese interrogante, hay que remitirse a lo referido con antelación acerca de la
responsabilidad del juez de la acción popular en la ejecución de sus sentencias y de los instrumentos
jurídicos de los que él y las partes pueden valerse para impulsar el cumplimiento de las órdenes de
protección de los derechos colectivos. Se dijo entonces que la sentencia de la acción popular debe indicar de forma precisa el plazo previsto
para su ejecución y que, durante ese término, el juez conserva la competencia para tomar las medidas
que conduzcan a la pronta y efectiva materialización de la protección concedida. Esto significa que
puede practicar pruebas para identificar las circunstancias que obstaculizan la concreción del amparo,
requerir a las entidades encargadas de ejecutar las órdenes de protección y adoptar los correctivos que
conduzcan a superar la dilación verificada.
Además, se advirtió sobre el importante papel que cumplen el comité de verificación de cumplimiento
de la sentencia de acción popular y el incidente de desacato frente a dicho propósito, el primero porque
opera como un espacio para la elaboración y discusión de las alternativas de cumplimiento de la
sentencia y el segundo porque permite que, ante la inminencia de una sanción disciplinaria, las
autoridades se apresuren a ejecutar las medidas necesarias para hacer realidad el amparo concedido.
[…]
El papel que cumple el comité de verificación en la asesoría y seguimiento de las órdenes de protección,
la competencia que se le confirió al juez para vincular a las entidades que podrían contribuir a acelerar
el cumplimiento del fallo, la labor que en aras de este objetivo pueden ejercer los organismos de control
y los intereses que están en juego tratándose de derechos colectivos cuya protección, por definición,
concierne a toda la sociedad, son razones suficientes para considerar que, en efecto, el juez de la acción
popular está habilitado para ajustar sus órdenes cuando ello resulte indispensable para asegurar el goce
efectivo de tales derechos o conjurar las circunstancias que lo amenazan […]”. Es por lo anterior que la Sala considera que el comité de verificación en el asunto sub-examine no debe
ser revocado, pero sí modificado en el sentido de incluir al Tribunal, a través de su magistrado ponente,
quien lo presidirá.”42 (Negrillas del original) (Subrayas de la Sala)
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35
Radicado: 18001 23 33 000 2019 00070 01
Demandante: Fabián Rojas Tique
4.9. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral séptimo de la parte resolutiva de la sentencia
recurrida, por las razones expuestas en este fallo, el cual quedará así:
“Séptimo. CONFORMAR un comité para la verificación del cumplimiento de esta
sentencia, el cual estará integrado por Magistrado Ponente del Tribunal
Administrativo del Caquetá quien lo presidirá, el señor Fabián Rojas Tique, el
alcalde del Municipio de Florencia, un representante de SERVINTEGRAL S.A.
E.S.P., un representante de SERVAFS.A. E.S.P., el director de Corpoamazonía; el
Defensor del Pueblo del Caquetá y el agente del Ministerio Público.”
SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia apelada, de acuerdo con lo
señalado en la parte considerativa de este fallo.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 13 de diciembre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
El presente fallo fue firmado electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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