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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00450-01

Fecha
20 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00450-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió a las pretensiones de la demanda instaurada por Colpensiones. SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandada en esta instancia por las razones explicadas. TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2020-00450-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

20 de noviembre de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá, D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001-23-33-000-2020-00450-01 (6717-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)1
Demandado: Yobanis Mejía Ballesteros
Tema: Nulidad de pensión de invalidez reconocida por medios
fraudulentos
Decisión: Se confirma providencia apelada. El a quo aplicó
correctamente las normas relevantes al caso y valoró las
pruebas aportadas para establecer que la pensión de
invalidez había sido reconocida con base en documentación
contraria a la realidad.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de
la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2023 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) instauró demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el objetivo
de que se declarara la nulidad de la Resolución SUB 85612 de 1º de junio de 2017,
mediante la cual se reconoció y ordenó pago de una pensión de invalidez.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó se ordene al señor Yobanis Mejía
Ballesteros a reintegrar la suma de noventa millones trescientos setenta y siete mil
quinientos veintidós pesos ($ 90.377.522) que recibió por mesadas pensionales y aportes
a salud y/o fondo de solidaridad pensional.

3. Finalmente solicitó la indexación de la condena y que se condene en costas al
demandado.

1
En adelante, Colpensiones.

Radicación: 08001-23-33-000-2020-00450-01 (6717-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

4. Según los hechos de la demanda, el demandado presentó ante Colpensiones solicitud
de reconocimiento y pago de una pensión de invalidez, la cual fue reconocida mediante
la Resolución SUB85612 del 1 de junio de 2017 en cuantía de $ 2.800.519, teniendo en
cuenta el dictamen emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar
del 21 de diciembre de 2016, que determinó una pérdida de capacidad laboral equivalente
al 61.50%.

5. Expuso que Colpensiones inició una actuación administrativa con el propósito de
revisar el procedimiento de reconocimiento de la pensión cuestionada, teniendo en
cuenta investigación penal adelantada por la Fiscalía General de la Nación - Unidad de
Delitos contra la Administración Pública contra 206 personas a las cuales se le reconoció
la pensión sin reunir los requisitos legales.

6. Señaló que, en el curso de la revisión se acudió a la Corporación para el Desarrollo de
la Seguridad Social – CODESS, la cual, realizó valoración documental de la historia
clínica del demandado determinando una pérdida de la capacidad laboral del 26.53%.

7. Manifestó que, por Resolución unilateralmente SUB 285424 del 16 de octubre de 2019,
revocó en todas y cada una de sus partes el acto que reconoció la pensión de invalidez
debatida.

Contestación de la demanda

8. El curador ad litem se opuso a las pretensiones por falta de sustento jurídico y
probatorio y propuso las excepciones de inexistencia de la obligación y de buena fe.

II. SENTENCIA APELADA

9. El 1 de septiembre de 2023, el Tribunal Administrativo del Atlántico accedió a las
pretensiones, declaró la nulidad de la Resolución SUB 85612 del 1.º de junio de 2017
expedida por Colpensiones y ordenó que Yobanis Mejía Ballesteros devolviera a
Colpensiones la suma de $90.377.522, percibida por concepto de mesadas y aportes a
salud y al Fondo de Solidaridad Pensional, debidamente indexada.

10. Para sustentar la decisión, el a quo reseñó el régimen aplicable y destacó que la
pensión de invalidez tiene como finalidad amparar a quienes presentan, conforme al
artículo 39 de la Ley 100 de 1993, una pérdida de capacidad laboral igual o superior al
50 %.

11. Precisó que, desde la Ley 797 de 2003, el legislador previó una modalidad especial
de revocatoria directa de actos particulares de reconocimiento prestacional, que faculta
a los representantes legales de las entidades del Sistema de Seguridad Social para
verificar de oficio el cumplimiento de requisitos y, de comprobarse su inobservancia o el
uso de documentos falsos, revocar el acto sin el consentimiento del particular.

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

12. Con apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado2, indicó que esta modalidad
permite prescindir del consentimiento previo, expreso y escrito cuando exista una
ilegalidad ostensible por incumplimiento de requisitos o por empleo de documentación
apócrifa que incluso pueda configurar delito.

13. También se refirió a la sentencia de unificación de la Corte Constitucional3, en las
cuales se señaló que con la expedición de la Ley 797 de 2003, se autorizó la revocatoria
directa de actos relacionados con el reconocimiento de pensiones, verificando de oficio
el cumplimiento de los requisitos necesarios para consolidar este tipo de derechos, así
como la legalidad de los documentos que sirvieron para acreditarlos. Dicha facultad debe
ajustarse en todo caso al debido proceso administrativo, ya que la administración no
puede revocar directamente sin consentimiento del titular si no hay evidencia probada de
fraude.

14. El Tribunal advirtió que, si bien el acto demandado se revocó de manera directa en
ejercicio de la facultad establecida en el artículo 19 de la Ley 797, el proceso judicial
permite a la entidad demandar su propio acto en aras a solicitar como restablecimiento
del derecho la devolución de los dineros pagados, más aún, dado que la Resolución SUB
285424 del 16 octubre de 2019, mediante la cual se ejerció la revocatoria directa, no se
pronunció al respecto.

15. Del acervo probatorio se estableció que Colpensiones venía reconociendo al
demandado una pensión de invalidez con base en un dictamen aportado por este, emitido
por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar, que fijó una pérdida de
capacidad laboral del 61,50 %, estructurada el 8 de noviembre de 2016.

16. Consta que la Gerencia de Prevención del Fraude de Colpensiones abrió actuación
administrativa a partir de la investigación penal adelantada por la Fiscalía 12 Seccional
de Valledupar, por la presunta existencia de una organización dedicada a obtener
prestaciones de invalidez sin el lleno de los requisitos y mediante documentos falsos.

17. En desarrollo de esa actuación, se solicitó a la Corporación para el Desarrollo de la
Seguridad Social (CODESS) una valoración documental de la historia clínica utilizada
para el reconocimiento, que arrojó una pérdida de capacidad laboral del 26,53 %.

18. Con base en lo anterior, el Tribunal concluyó que el dictamen de la Junta Regional
del Cesar no debió servir de fundamento para el reconocimiento de la pensión de
invalidez y que, en consecuencia, el acto que la otorgó se expidió contra derecho, razón
por la cual procedía declarar su nulidad.

2
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
de 29 de octubre de 2019 radicado 25000-23-42-000-2014-02217-01(3777-16). C.P. William Hernández
Gómez.
3
Corte Constitucional, Sentencia SU-240 del 30 de abril de 2015, Exp.: T-2.482.431, M.P. Martha Victoria
Sáchica Méndez.

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

19. Frente a la devolución de lo pagado, consideró demostrado que el demandado
desplegó conductas fraudulentas para obtener la pensión durante tres años, lo que
desvirtuó su buena fe y habilitó ordenar el reintegro de las sumas recibidas.

20. Por último, se abstuvo de condenar en costas a la demandada, estimando que no
había prueba de que se hubiesen causado.

III. RECURSO DE APELACIÓN

21. La curadora ad litem interpuso recurso de apelación. Sostuvo que el Tribunal se
pronunció sobre un acto que Colpensiones ya había revocado de manera directa, en
consecuencia, el Tribunal no podía acceder a las pretensiones de la demanda por
carencia actual de objeto.

22. Adicionalmente, estimó que no hay prueba que el demandado haya concertado o
inducido en error a la administración, por lo que no había lugar a ordenar la devolución
de las sumas de dinero pagadas.

IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

23. Mediante auto proferido el 29 de febrero de 2024, notificado el 19 de abril de 2024 se
admitió el recurso de apelación4.

V. CONSIDERACIONES

Competencia

24. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, se abordará el análisis de esta controversia.

Problema jurídico

25. Corresponde a la Sala establecer si la sentencia del Tribunal Administrativo del
Atlántico incurrió en error al declarar la nulidad del acto demandado y ordenar al
demandado la devolución de lo pagado por concepto de mesadas, por considerar que el
reconocimiento y pago de la pensión de invalidez se realizó de manera fraudulenta.

Análisis del problema jurídico

26. En este caso, la Sala confirmará la sentencia apelada. El Tribunal valoró de manera
adecuada las pruebas aportadas y aplicó correctamente las normas que establecen las

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Índice 10 de la plataforma SAMAI del Consejo de Estado.

4

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

condiciones especiales bajo las cuales la Ley 797 de 2003 faculta a los representantes
legales de las instituciones de seguridad social5, a revocar de manera directa y sin el
consentimiento del titular, los actos en los cuales se evidencie que el reconocimiento se
hizo con base en documentación falsa.

27. De igual manera, se encontró suficiente evidencia para desvirtuar la presunción de
buena fe del demandado, por lo que es procedente ordenar la devolución de lo pagado,
en aras de a recuperar las prestaciones pagadas.

28. En cuanto a los cargos presentados en el recurso de apelación, aunque es cierto
como lo anotó el Tribunal y la apelante, la revocatoria directa del acto administrativo
supone que el acto revocado ya no es parte del ordenamiento jurídico y por ello no
debería ser objeto de una declaratoria de nulidad por sustracción de materia, la
naturaleza excepcional de la revocatoria directa establecida en la Ley 797 de 2003 ha
exigido una aproximación sui generis, en la cual, un acto administrativo que ha sido
válidamente revocado por la entidad sea susceptible de ser demandado por la misma.

29. Esta situación fue examinada en la sentencia de unificación SU-182 de 2019, en la
cual la Corte Constitucional explicó que, si bien la Ley 797 de 2003 confirió de manera
excepcional la facultad de revocar directamente actos de reconocimiento pensional sin el
consentimiento del administrado (con el propósito de proteger los recursos que
garantizan la sostenibilidad del sistema y bajo el principio de que lo ilícito no genera
derechos), los efectos de esa revocatoria operan únicamente hacia el futuro, de modo
que no procede la recuperación de las sumas previamente pagadas mediante ese
mecanismo.

30. Con fundamento en ese razonamiento, la Corte Constitucional precisó que las
autoridades facultadas por la Ley 797 de 2003 tienen el deber de acudir ante el juez
administrativo, quien sí es competente para retrotraer las consecuencias derivadas de
una actuación irregular y decidir de manera definitiva sobre la nulidad del acto
administrativo. Este control judicial constituye, además, una garantía del debido proceso,
en tanto permite desvirtuar la buena fe que se presume en el administrado para efectos
de ordenar la devolución de sumas pagadas. Por esa razón, aun cuando el acto haya
sido revocado de manera directa, permanece sujeto al control jurisdiccional.

31. En relación con el segundo cargo del recurso, según el cual el Tribunal habría
incurrido en indebida valoración probatoria, la Sala observa que la decisión apelada se
fundó en elementos objetivos que fueron analizados de manera concatenada y no
aislada. En particular, el a quo comparó los resultados de dos dictámenes médicos: el
expedido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Cesar (pérdida de
capacidad laboral del 61,50 %, estructurada el 8 de noviembre de 2016) y la valoración
documental de la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social – CODESS
(pérdida del 26,53 %) practicada sobre la misma historia clínica. La divergencia sustancial

5
La norma también faculta a o quienes respondan por el pago o hayan reconocido o reconozcan
prestaciones económicas.

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entre ambos porcentajes evidenció que el soporte técnico en que se basó el
reconocimiento inicial no correspondía a la realidad médica del afiliado.

32. A esa constatación se agregó el informe 306-18 de la Gerencia de Prevención del
Fraude de Colpensiones, originado en la investigación penal adelantada por la Fiscalía
12 Seccional de Valledupar, que identificó un patrón de actuaciones orientadas a obtener
pensiones de invalidez mediante documentos falsos. Dicho informe, junto con el Auto
1546 de 26 de septiembre de 2019, concluyó que en este caso el dictamen médico
aportado carecía de veracidad y que, en consecuencia, el reconocimiento se había
obtenido de forma irregular. Estas pruebas fueron cotejadas entre sí, y su coherencia
interna permitió al Tribunal extraer una inferencia razonada y verificable: que el
demandado indujo en error a la administración para lograr el reconocimiento pensional.

33. La Sala también advierte que, si bien el demandado figura como indiciado en la
investigación penal que dio origen a la actuación administrativa, esa circunstancia por sí
sola no acredita la existencia de fraude. Su relevancia es meramente indicativa y requiere
corroboración con otros medios de convicción, los cuales sí obran en el expediente: el
contraste técnico de dictámenes, la verificación documental de CODESS y la trazabilidad
de la actuación de Colpensiones. Tales elementos, apreciados de manera integral,
permiten concluir razonablemente que el demandado actuó de manera fraudulenta para
obtener la pensión, con lo cual se desvirtúa la presunción de buena fe prevista en el
artículo 83 de la Constitución.

34. En ese contexto, la Sala concluye que el Tribunal no incurrió en error de apreciación
probatoria. Su razonamiento se apoyó en pruebas verificables y en inferencias lógicas
fundadas en la contradicción entre los dictámenes médicos y la evidencia documental
recaudada. Existían, por tanto, elementos suficientes para desvirtuar la buena fe del
demandado y confirmar que la prestación se reconoció con base en un dictamen carente
de veracidad; en consecuencia, procede confirmar la sentencia apelada, motivo por el
cual esta Sala procederá a confirmar el fallo.

Condena en costas

35. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

36. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021, fue
instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de fundamento
legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así una excepción
a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos.
Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene

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Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)

incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la
parte vencida en el proceso.

37. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

38. En consecuencia, en esta instancia se impondrán costas a la parte demandada, por
cuanto los argumentos de su recurso de apelación no prosperaron. Para el efecto, de
conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el
magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la
secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley

RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia proferida el 1 de septiembre de 2023 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió a las pretensiones de la demanda
instaurada por Colpensiones.

SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandada en esta instancia por las
razones explicadas.

TERCERO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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