República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-00016-01
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
9 de julio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá D.C., nueve (9) de julio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00016-01 (6287-2023)
Demandante: María Doris Guzmán de Cerón
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Tema: sustitución pensional. Subtema 1: revocatoria directa de acto de
reconocimiento sin el consentimiento del particular. Subtema 2: actos
administrativos que ordenaron el reintegro de mesadas, retroactivo y aportes a
salud – efectos de la revocatoria directa–.
Sentencia de segunda instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
el recurso de apelación interpuesto por la Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones) contra la sentencia proferida el 18 de mayo de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente a las pretensiones de
la demanda.
1. Síntesis del caso
La señora María Doris Guzmán de Cerón solicitó la nulidad de los actos
administrativos mediante los cuales Colpensiones revocó el acto de reconocimiento
de la sustitución pensional, que le había sido reconocida como beneficiaria del señor
Álvaro Cerón y le ordenó a la demandante el reintegro de las sumas percibidas por
las mesadas, el retroactivo y los aportes en salud. El Tribunal accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, al considerar que si bien Colpensiones tenía
competencia para revocar el acto administrativo de reconocimiento pensional sin el
consentimiento de la particular, no podía ordenar el reintegro de las sumas
percibidas, en tanto, la revocatoria directa tiene efectos ex nunc 1 . Inconforme,
Colpensiones apela para defender la legalidad de los actos que ordenaron a la
devolución de las mesadas pagadas. La Sala confirmará la sentencia apelada.
1 Según el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico, se refiere a «Desde ahora».
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00016-01 (6287-2023)
Demandante: María Doris Guzmán de Cerón
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
2. Antecedentes
2.1. La demanda
1. María Doris Guzmán de Cerón, mediante apoderado judicial, presentó
demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
el 2 de noviembre de 2018 2 , contra Colpensiones, de conformidad con las
pretensiones, hechos y fundamentos de derecho que se sintetizan a continuación3:
2.1.1. Pretensiones
2. Declarar la nulidad de las resoluciones núms. SUB 262334 del 21 de
noviembre de 2017, SUB 267492 del 24 de noviembre de 2017, SUB 27669 del 31
de enero de 2018 y DIR 2858 del 10 de febrero de 2018, mediante las cuales
Colpensiones revocó la Resolución núm. 21592 del 28 de mayo de 2009 que le
reconoció a la accionante la sustitución pensional con ocasión del fallecimiento del
señor Álvaro Cerón y le ordenó a la beneficiaria reintegrar el retroactivo ordenado
en la Resolución núm. 21592.
3. A título de restablecimiento del derecho, la actora solicitó el pago de todas
las mesadas pensionales dejadas de pagar desde diciembre de 2017, debidamente
actualizadas indexadas, y que la entidad le consigne a la EPS los aportes
correspondientes a salud.
2.1.2. Hechos
4. La señora María Doris Guzmán de Cerón contrajo matrimonio con el señor
Álvaro Cerón el 21 de junio de 1968.
5. El Instituto de Seguros Sociales (ISS), hoy Colpensiones, le reconoció al
señor Álvaro Cerón pensión de vejez mediante la Resolución núm. 013842 del 5 de
noviembre de 1998.
6. El señor Álvaro Cerón falleció el 29 de septiembre de 2007.
7. El extinto ISS le reconoció a la señora María Doris Guzmán de Cerón la
pensión de sobrevivientes, mediante la Resolución núm. 021592 de 2009.
8. Los hijos de la demandante le solicitaron a Colpensiones la revocatoria de la
pensión reconocida a la accionante por abandono del hogar hace más de treinta
años.
9. Colpensiones inició una investigación administrativa que culminó con la
2 C. Principal, folio 59.
3 C. Principal, folios 1 a 9.
2
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00016-01 (6287-2023)
Demandante: María Doris Guzmán de Cerón
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
expedición de las resoluciones núms. SUB 262334 del 21 de noviembre de 2017,
SUB 267492 del 24 de noviembre de 2017, SUB 27669 del 31 de enero de 2018 y
DIR 2858 del 10 de febrero de 2018. En las referidas revocó la Resolución núm.
021592 de 2009 y le ordenó a la demandante el reintegro de las sumas percibidas
por las mesadas y los demás conceptos.
10. Desde diciembre de 2017 la señora María Doris Guzmán de Cerón no recibe
dinero por parte de Colpensiones.
2.1.3. Normas violadas y concepto de violación
11. En la demanda se citan como normas violadas los artículos 13, 23 y 29 de la
Constitución Política; los artículos 97, 137 y 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso-Administrativo (CPACA) y demás normas
aplicables y complementarias.
12. Al explicar el concepto de violación, la accionante sostuvo que los actos
administrativos demandados se profirieron con infracción de las normas en que
debían fundarse y mediante falsa motivación. En efecto, indicó que se violó el
debido proceso al no proceder de conformidad con el artículo 97 del CPACA, en
particular dado que la demandante no manifestó su consentimiento. En ese
escenario, la entidad acudió a la facultad de revocatoria de manera oficiosa, al
aducir que existió un actuar delictual.
13. La demandante explicó que la propia ley establece el procedimiento a seguir
en esos casos, el cual consiste en la interposición de una demanda sin agotar
conciliación; no obstante, la entidad no lo acató. Por ende, al margen de las dudas,
estas no se pueden resolver en detrimento de la accionante, en aplicación de los
principios de buena fe y de favorabilidad.
14. En consecuencia, la actora pretendió devolver las cosas al estado anterior en
que se encontraban, porque al concedérsele la pensión se creó una expectativa a
su favor que le proporcionaba estabilidad económica. De ahí que arrebatarle el
derecho que le asiste, máxime en la edad y situación de salud en que se encuentra,
le genera un perjuicio irremediable.
2.2. Contestación de la demanda
15. Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda. Sostuvo que el
ISS le reconoció sustitución pensional a la demandante mediante la Resolución
núm. 021592 del 28 de mayo de 2009, con ocasión del fallecimiento del señor Álvaro
Cerón. No obstante, esto se hizo con información errada y fraudulenta, porque las
declaraciones rendidas en el proceso carecían de autenticidad, de esta situación
también dieron cuenta los testimonios allegados al trámite administrativo.
16. En consecuencia, como se incumplieron los requisitos previstos en el artículo
47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, la entidad encontró
3
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00016-01 (6287-2023)
Demandante: María Doris Guzmán de Cerón
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
procedente suspender de la nómina de pensionados a la señora María Doris
Guzmán de Cerón y hacer la solicitud de reintegro frente a las sumas percibidas sin
tener el derecho. Así las cosas, se acató lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley
797 de 2003 y 243 de la Ley 1450 de 2011 para revocar el acto administrativo sin el
consentimiento de la particular beneficiada de la irregularidad, a partir del
procedimiento administrativo previsto en la Resolución núm. 555 de 2015.
17. Bajo este entendido, la entidad aceptó que retiró de la nómina a la señora
María Doris Guzmán de Cerón a partir de diciembre de 2017, por haber percibido
irregularmente una pensión de sobrevivientes. Por lo tanto, la accionante debía
reintegrar la totalidad de los recursos girados a título de mesadas, retroactivos y
aportes a salud con ocasión a la expedición de la Resolución núm. 021592 del 28
de mayo de 2009
18. Planteó, como excepciones, el cobro de lo no debido, la inexistencia del
derecho reclamado, la prescripción, la buena fe y la genérica4.
2.3. Sentencia de primera instancia
19. La Sala Transitoria, Sección Segunda del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, mediante sentencia del 18 de mayo de 2023, resolvió:
Primero: Declarar la nulidad de la Resolución N° SUB 267492 del 24 de noviembre
de 2017, mediante la cual Colpensiones ordenó a la demandante María Doris
Guzmán de Cerón el reintegro de la totalidad de los recursos que le fueron girados
a título de mesadas, retroactivo y aportes a salud, así como la nulidad de las
Resoluciones N° SUB 27669 del 31 de enero de 2018 y DIR 2858 del 10 de febrero
de 2018, mediante las cuales Colpensiones confirmó en todas y cada una de sus
partes el primer acto administrativo en comento, de acuerdo a lo analizado en el
curso de esta providencia.
Segundo: Negar las demás pretensiones de la demanda, conforme a lo antes
expuesto.
Tercero: Sin condena en costas, por lo antes expuesto. […]
20. Al motivar la decisión, expuso que, en principio, frente a la revocatoria directa
de los actos administrativos de contenido particular, como sería el caso de aquel
que le reconoció a la demandante una sustitución pensional, se requiere el
consentimiento previo, expreso y escrito del titular del derecho. No obstante, el
artículo 97 del CPACA previó que eso procedía «salvo las excepciones establecidas
en la ley».
21. En el caso puntual, el artículo 19 de la Ley 797 de 2003 autoriza que, en
materia pensional, a partir de la declaratoria de exequibilidad condicionada
ordenada en la sentencia C-835 de 2003, en consonancia con la sentencia SU-182
4 C. Principal, folios 74 a 94.
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Demandante: María Doris Guzmán de Cerón
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
de 2019, la demandada estaba facultada para, a través de la Resolución núm. SUB
262334 del 21 de noviembre de 2017, revocarle directamente a la demandante la
sustitución pensional.
22. Al efecto, el Tribunal destacó que los hijos de la demandante le informaron a
Colpensiones que cuando falleció el causante este llevaba más de 35 años
separado de la actora, motivo por el cual pidieron la revocatoria de la sustitución
pensional. Reforzó que esta situación la corroboraron los testimonios rendidos en el
proceso judicial de divorcio de sus padres y en las entrevistas practicadas en la
investigación administrativa adelantada por la entidad.
23. En igual sentido, el Tribunal se valió de la declaración rendida por el causante
en el proceso de divorcio y de un pronunciamiento de la demandante dirigido a
Colpensiones, en el que desmintió la convivencia continua e ininterrumpida con el
causante desde su matrimonio hasta su muerte. De esta manera, el Tribunal
concluyó que entre la demandante y el causante no existió convivencia durante los
cinco años anteriores al deceso de este último, razón para considerar que la primera
indujo a error a la administración con el fin de obtener el reconocimiento de su
sustitución pensional.
24. En consecuencia, en criterio del Tribunal, el reconocimiento pensional de la
actora no constituía un justo título susceptible de protección ni generador de
derechos adquiridos y expectativas legítimas, porque las pruebas advierten un
comportamiento reprochable por parte de aquella. En ese sentido, Colpensiones
estaba habilitada para iniciar el procedimiento administrativo tendiente a esclarecer
si existió o no fraude, el cual se le puso en conocimiento a la demandante.
25. En razón de ello, el Tribunal sostuvo que la actora ejerció su defensa y
reconoció la ausencia de convivencia en los cinco años anteriores al deceso del
causante. Por ende, como la demandada evidenció que la actora no era acreedora
de la sustitución pensional, la Resolución núm. SUB 262334 del 21 de noviembre
de 2017 constituye un acto administrativo debidamente motivado y ajustado a la
normativa. De suerte que, no procedía declarar su nulidad.
26. Ahora bien, frente a las resoluciones núms. SUB 267492 del 24 de noviembre
de 2017, SUB 27669 del 31 de enero de 2018 y DIR 2858 del 10 de febrero de 2018
– actos administrativos que le ordenaron a la demandante reintegrar los recursos
que le fueron girados a título de mesadas, retroactivo y aportes a salud–, el Tribunal
aplicó la sentencia SU-182 de 2019, en particular en cuanto dispuso que:
(ix) Efectos de la revocatoria. La revocatoria directa solo tiene efectos hacia el futuro
(ex nunc). La administración no puede recuperar los dineros que haya girado en una
maniobra fraudulenta a través de este mecanismo, sino que debe acudir al juez
administrativo, quién sí es competente para retrotraer todas las consecuencias que
ocasionó un acto administrativo contrario a derecho.
27. A partir de lo anterior, determinó que la entidad no podía imponerle a la
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00016-01 (6287-2023)
Demandante: María Doris Guzmán de Cerón
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
demandante la obligación de retornar los aportes y demás conceptos percibidos
debido a la sustitución pensional reconocida, por los efectos ex nunc de la
revocatoria directa. Por consiguiente, anuló los actos administrativos por no
ajustarse a la normativa, con la salvedad de que ello no constituía un impedimento
para que, a futuro, la entidad demandada pudiera adelantar las actuaciones
tendientes a obtener la devolución de los dineros obtenidos irregularmente.
28. El Tribunal se abstuvo de condenar en costas al no verificarse que la
demanda objeto de estudio fue interpuesta con manifiesta carencia de fundamento
legal5.
2.4. Recurso de apelación
29. Colpensiones interpuso recurso de apelación con fundamento en los
siguientes razonamientos:
30. Está en desacuerdo con la decisión del Tribunal de no devolver los dineros
recibidos de manera fraudulenta. Sostuvo que se comprobó que la actora no actuó
de acuerdo con el principio de buena fe, motivo por el cual procedía revocar la
sentencia en ese punto.
31. Los dineros cobrados a través del procedimiento coactivo no dejan de ser
bienes públicos de naturaleza parafiscal con los cuales se financia el crédito social
y a partir de los que se depende el reconocimiento de cualquier prestación
económica.
32. No puede predicarse que, a partir de los efectos ex nunc de la revocatoria
directa, la entidad demandada no pueda imponerle a la demandante la obligación
de retornar los aportes, dado que las pensiones son derechos inalienables,
indiscutibles y ciertos. Además, admitir dicha postura les genera un daño a las
finanzas del Estado.
33. La recurrente sostuvo que, en caso de confirmarse la sentencia de primera
instancia, se quebrantaría el principio de sostenibilidad que prevé el Acto Legislativo
01 de 2005 y la Constitución Política. Asimismo, destacó que en la entidad recaía
un deber de recaudo y una prerrogativa de cobro coactivo en los términos de los
artículos 98 del CPACA y 125 Superior, con el fin de evitarle un detrimento
patrimonial al Estado.
34. También manifestó que respetaba el debido proceso y que no era necesario
iniciar acción de lesividad para recuperar los dineros obtenidos de manera
fraudulenta, ni esperar que los efectos de la revocatoria directa fueran exactamente
como los planteó el Tribunal. En ese entendido, se encontraba en el deber especial
y constitucional de recuperar los dineros que hacen parte del sistema de seguridad
social.
5 C. Principal, folios 196 a 206.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00016-01 (6287-2023)
Demandante: María Doris Guzmán de Cerón
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
35. En consecuencia, pidió revocar la sentencia en punto a la declaratoria de
nulidad de las resoluciones núms. SUB 267492 del 24 de noviembre de 2017, SUB
27669 del 31 de enero de 2018 y DIR 2858 del 10 de febrero de 2018, que le
ordenaron a la accionante reintegrar la totalidad de los recursos girados a título de
mesadas, retroactivo y aportes a salud6.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
36. Mediante auto del 16 de mayo de 2024, el despacho ponente admitió el
recurso de apelación conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 247 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (en
adelante CPACA), modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. Prescindió
del período para alegar, al no existir pruebas por decretar7.
2.6. El Ministerio Público
37. La procuradora segunda delegada ante el Consejo de Estado emitió
concepto. No obstante, lo hizo extemporáneamente, luego de que el expediente ya
había ingresado al despacho para dictar sentencia8.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
38. El Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias
proferidas en primera instancia por los tribunales administrativos, de conformidad
con el artículo 150 del CPACA.
3.2. Problema jurídico
39. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación contra
la sentencia, y según el artículo 328 del Código General del Proceso (CGP)9 que
prevé la competencia del juez de segunda instancia, corresponde a la Sala resolver
el siguiente problema jurídico:
40. ¿La entidad estaba habilitada para ordenarle a la demandante reintegrar la
6 C. Principal, folios 212 a 213.
7 Samai, índice 4.
8 Samai, índices 11 y 12.
9 CGP, artículo 328. «Competencia del superior. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente
sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en
los casos previstos por la ley. // Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que
no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones. // En la apelación de autos, el
superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso, condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que debido a la modificación
fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella. // En el trámite de la apelación no se
podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades procesales deberán alegarse durante la
audiencia».
7
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00016-01 (6287-2023)
Demandante: María Doris Guzmán de Cerón
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
totalidad de los recursos girados a título de mesadas, retroactivo y aportes en salud
devengados por concepto de una sustitución pensional que fue objeto de
revocatoria directa?
41. Para resolver el anterior interrogante, la Sala abordará los siguientes temas:
(i) consideraciones sobre el fundamento normativo y jurisprudencial de la
revocatoria directa de los actos administrativos en materia pensional y sus efectos;
(ii) hechos probados y (iii) caso concreto.
3.3. Marco normativo
3.3.1. De la revocatoria directa de los actos administrativos en materia
pensional y sus efectos
42. El legislador dispuso en la Ley 797 de 200310, una modalidad especial de
revocatoria directa de actos administrativos de contenido particular y concreto a
través de los cuales se dispone el reconocimiento de una prestación económica.
Esto, en desarrollo de los principios de objetividad, transparencia, moralidad,
eficacia y economía que gobiernan la función administrativa, y de la protección
especial que demanda el erario.
43. En efecto, esta Sección en reiterada jurisprudencia11, ha sostenido que, en
los actos administrativos de carácter particular y concreto, el legislador claramente
previó la procedencia de la figura de la revocatoria directa en los eventos en que el
titular del acto administrativo manifieste previamente su consentimiento de manera
expresa y por escrito. Sin embargo, el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, faculta a
los representantes legales de las instituciones de seguridad social para que, en
forma oficiosa, verifiquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para
el reconocimiento de un derecho prestacional, entre ellos, los de naturaleza
pensional y, asimismo, de la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte
para acreditar la totalidad de los requisitos a los que previamente se hace relación.
44. Para mayor ilustración se transcribe el texto del referido artículo 19 de la Ley
797 de 2003:
«[…]
Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente: Los
representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan
por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán
verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y
la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el
reconocimiento y pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro
10 Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de
1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
11 Ver, entre otras, las sentencias de 29 de octubre de 2018 - Radicación número: 25000-23-42-000-2014-
02217-01(3777-16) y de 8 de febrero de 2018 - Radicación número: 76001-23-31-000-2010-01971-01(3485-
15).
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00016-01 (6287-2023)
Demandante: María Doris Guzmán de Cerón
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
público, cuando quiera que existan motivos en razón de los cuales pueda suponer
que se reconoció indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso
de comprobar el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con
base en documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa
del acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a
las autoridades competentes. […]» (Resaltado de la Sala).
45. Se trata de una actuación administrativa oficiosa, que debe fundarse en
motivos serios, objetivos y reales, que le hagan suponer a la administración que el
derecho prestacional, de que se trate, ha sido reconocido sin el cumplimiento de los
requisitos exigidos por el legislador para tal efecto, o mediante la utilización de
documentos apócrifos que induzcan en error a la entidad de seguridad social
encargada de reconocer y/o pagar determinada prestación. Así las cosas, no se
trata de una actuación sujeta al capricho de la administración sino, por el contrario,
fundada en hechos ciertos y objetivos que deben hacer racional y necesaria la
verificación, en cada caso particular, de los supuestos legales exigidos para el
reconocimiento de una determinada prestación social.
46. Esta disposición fue declarada exequible condicionalmente por la Corte
Constitucional, mediante la sentencia C-835 de 2003, en el entendido de que el
reconocimiento se hizo con base en documentación falsa.
47. Igualmente, esta Sección ha señalado que «en esa misma sentencia la Corte
Constitucional advirtió que la facultad de revocación directa de los actos que
reconocen pensiones u otras prestaciones económicas no podrán efectuarse sin el
consentimiento previo del pensionado, pues esta potestad se encuentra limitada
cuando la controversia surge de problemas de interpretación del derecho pensional,
eventos en los cuales deberá acudirse al beneplácito o autorización del ciudadano,
y de no ser así, deberá adelantarse ante los jueces competentes las acciones
legales a que haya lugar, para obtener la nulidad de los actos que pretende revocar.
En este sentido, salvo ley en contrario, la revocatoria con el consentimiento escrito
y expreso se exige en todos los casos distintos de los contemplados en el artículo
19 antes citado [...]».12
48. Cabe resaltar, que la Corte Constitucional13 al estudiar la constitucionalidad
de la norma hizo énfasis en el concepto de ostensible ilegalidad que supone el
incumplimiento de esos requisitos y el empleo de documentación falsa con el
propósito de beneficiarse de una prestación pensional. Así las cosas, no se trata de
una actuación sujeta al capricho de la administración sino, por el contrario, fundada
en hechos ciertos y objetivos que deben hacer racional y necesaria la verificación,
en cada caso particular, de los supuestos legales exigidos para el reconocimiento
de una determinada prestación social.
49. Bajo dicho entendido, el Alto Tribunal Constitucional sostuvo:
12 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 29 de octubre de 2018 - Radicación
número: 25000-23-42-000-2014-02217-01(3777-16).
13 Corte Constitucional. Sentencia C- 835 de 23 de septiembre de 2003, Expediente D-4515.
9
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00016-01 (6287-2023)
Demandante: María Doris Guzmán de Cerón
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
«[…]
Cosa distinta ocurre cuando el incumplimiento de los requisitos aludidos esté
tipificado como delito y la Corte señala claramente que basta con la tipificación de la
conducta como delito, para que la administración pueda revocar, aunque no se den
los otros elementos de la responsabilidad penal, de tal manera que en el evento de
que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa o se haya
comprobado el incumplimiento de los requisitos, basta con que sean constitutivos de
conductas tipificadas por la ley penal, hipótesis en la cual se inscribe la utilización de
documentación falsa, en conexidad o no con conductas tipificadas por la ley penal
tales como el cohecho, el peculado, etc. Como que se trata de una circunstancia de
ostensible ilegalidad, respecto de la cual, “(...) la aplicación del principio de buena fe
deberá operar es en beneficio de la administración para proteger el interés público,
pues en este caso la actuación fraudulenta con la que se dio origen o desarrollo a la
actuación de la administración rompe la confianza legítima que sustenta la presunción
de legalidad del acto expedido bajo tales circunstancias”
Desde luego que en desarrollo del debido proceso la revocatoria establecida en el
artículo 19 de la ley 797 de 2003 tiene que cumplir satisfactoriamente con la ritualidad
prevista en el Código Contencioso Administrativo o en los estatutos especiales que al
respecto rijan. Vale decir, con referencia al artículo 19 acusado el acto administrativo
por el cual se declara la revocatoria directa de una prestación económica, deberá ser
la consecuencia lógica y jurídica de un procedimiento surtido con arreglo a los
artículos 74, 28, 14, 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo, sin perjuicio de
la aplicación de las normas de carácter especial que deban privilegiarse al tenor del
artículo 1 del mismo estatuto contencioso. Pero en todo caso, salvaguardando el
debido proceso. Igualmente, mientras se adelanta el correspondiente procedimiento
administrativo se le debe continuar pagando al titular –o a los causahabientes- de la
pensión o prestación económica las mesadas o sumas que se causen, esto es, sin
solución de continuidad. Y como respecto del titular obra la presunción de inocencia,
le corresponde a la Administración allegar los medios de convicción que acrediten la
irregularidad del acto que se cuestiona. Es decir, la carga de la prueba corre a cargo
de la Administración.
[…]
La Corte deja claramente establecido que cuando el litigio versa sobre problemas de
interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la
aplicación de un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente
a uno general; estos litigios deben ser definidos por los jueces competentes de
conformidad con el artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y que en consecuencia no
procede la revocatoria directa del acto administrativo sin el consentimiento del
particular. […]»
50. Bajo esa lógica, esta Sección 14 ha indicado que podrá la administración
disponer la revocatoria directa del acto administrativo, sin el pertinente
consentimiento previo, expreso y escrito del titular del derecho cuando advierta una
circunstancia de ostensible ilegalidad, esto es, frente al incumplimiento de los
14 Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 29 de octubre de 2018 - Radicación
número: 25000-23-42-000-2014-02217-01(3777-16).
10
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00016-01 (6287-2023)
Demandante: María Doris Guzmán de Cerón
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requisitos o la verificación del uso de documentación falsa que incluso tipifique un
delito. Salvo, como quedó visto, en los casos en que los motivos que hacen suponer
a la administración que el reconocimiento prestacional se refiera a problemas de
interpretación del derecho.
51. Asimismo, la Corte Constitucional en la sentencia SU-240 del 30 de abril de
2015 15 reiteró que con la expedición de la Ley 797 de 2003, se autorizó la
revocatoria directa de actos administrativos relacionados con el reconocimiento de
pensiones, al atribuirle a la administración, artículo 19 ibidem, la facultad de verificar
de oficio el cumplimiento de los requisitos necesarios para consolidar este tipo de
derechos, así como la legalidad de los documentos que sirvieron para acreditarlos.
De igual forma, señaló que, para llevar a cabo tal procedimiento, se debe respetar
el debido proceso administrativo ya que la administración no puede revocar
directamente sin consentimiento del titular si no hay evidencia probada de fraude16.
52. Puntualmente, frente a los efectos que se predican de la revocatoria directa,
la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado ha considerado que
estos son hacia el futuro 17 , de suerte que esta figura no tiene la capacidad de
retrotraer las cosas al estado anterior en que se encontraban. En ese orden de
ideas, la Sala ha precisado que este asunto lo zanjó la Corte Constitucional al
proferir la sentencia SU-182 de 2019, por lo que la revocatoria directa no trae
consigo el restablecimiento del orden jurídico ni los efectos propios de la nulidad por
ilegalidad; así pues, la recuperación de los dineros indebidamente pagados solo se
puede obtener a través del juez, quien es el llamado a estudiar la legalidad del acto
administrativo y a restablecer el estado de cosas previo.
53. En particular, la Subsección, en sentencia proferida el 27 de junio de 202518,
sentó la siguiente postura:
35. Atribuir a la revocatoria efectos ex tunc no solo haría desaparecer del mundo
jurídico, bajo una ficción, los efectos que produjo desde el momento en que nació a
la vida jurídica, sino que implicaría un reconocimiento de perjuicios que no le
corresponden a la administración.
36. La Sala adopta la posición mayoritaria, en virtud de la separación de poderes,
aunque las ramas legislativa, judicial y ejecutiva buscan alcanzar la mayor eficiencia
para lograr los fines del Estado, la última tiene una función netamente ejecutora de
las actividades administrativas en servicio del interés general, dentro de la cual se
encuentra ejercer el control de sus propios actos y revocarlos directamente aun sin el
15 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
16 En el mismo sentido ver el fallo proferido por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
el 6 de junio de 2025, dentro del exp. 54001-23-33-000-2020-00540-01 (3071-2023).
17 El criterio mayoritario de la Sección Segunda defendió los efectos hacia el futuro de la revocatoria directa, en
sentencias proferidas por la Sala Plena del 16 de julio de 2002 y el 15 de agosto de 2013 por la Sección
Segunda. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B,
sentencia del 27 de junio de 2025, exp. 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024) M.P. Juan Enrique
Bedoya Escobar.
18 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
27 de junio de 2025, exp. 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024) M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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consentimiento del particular, pero únicamente en los casos expresamente
autorizados por el legislador.
37. Sin embargo, esa actividad de control y revocación directa solo tiene como
finalidad hacer cesar los efectos del acto revocado, pero en ningún modo declarar su
ilegalidad, pues conforme con la Constitución Política y la Ley 270 de 1996,
únicamente le corresponde al juez, en cumplimiento de su función de administrar
justicia, expulsarlo del ordenamiento jurídico, con efectos retroactivos, a través de la
declaratoria de nulidad.
38. En esa línea, como el juez de lo contencioso-administrativo es el único que puede
examinar la legalidad del acto revocado por vicios que lo afectan desde su nacimiento
y por la configuración de las causales previstas en el CPACA, nada impide que la
administración solicite la nulidad y el reembolso de las sumas pagadas en virtud de
aquel, en razón a que durante su vigencia produjo efectos jurídicos.
3.4. Hechos probados relevantes
54. La señora María Doris Guzmán García y el señor Álvaro Cerón contrajeron
matrimonio el 21 de junio de 1968, según el registro civil de matrimonio expedido
por la Registraduría Nacional del Estado Civil con el indicativo serial núm.
0512517219.
55. Mediante la Resolución núm. 13842 del 5 de noviembre de 1998, el ISS le
reconoció pensión de vejez al señor Álvaro Cerón, según se extrae del contenido
de la Resolución núm. GNR 37696320.
56. El señor Álvaro Cerón falleció el 29 de septiembre de 2007, según da cuenta
el registro civil de defunción emitido por la Registraduría Nacional del Estado Civil
con el indicativo serial núm. 0377091221.
57. El ISS profirió la Resolución núm. 021592 el 28 de mayo de 2009, en la que
le reconoció a la señora María Doris Guzmán de Cerón, en su condición de
beneficiaria, la pensión de sobrevivientes con ocasión del fallecimiento del señor
Álvaro Cerón22.
58. Colpensiones profirió la Resolución núm. GNR 376963 del 23 de octubre de
2014 en la que le solicitó a la señora María Doris Guzmán de Cerón el
consentimiento para revocar la Resolución núm. 21592 del 28 de mayo de 2009.
Dispuso que, una vez vencido un mes sin obtener la autorización, se iniciarían las
acciones contencioso-administrativas23.
59. La accionante no otorgó el consentimiento, lo que dio lugar a que
19
C. Principal, folio 11.
20 C. Principal, folio 19.
21 CD folio 120, antecedentes administrativos, {845967A1-0E06-4C09-8383-E913D02E276C}, página 12 del
archivo digital.
22 C. Principal, folios 12 y 13.
23 C. Principal, folios 19 a 21.
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Colpensiones expidiera la Resolución núm. GNR 176674 del 16 de junio de 2015,
en la que dispuso «no acceder a la solicitud de revocatoria directa de la Resolución
núm. GNR 376963 del 23 de octubre de 2014»24.
60. Colpensiones expidió la Resolución núm. SUB 262334 del 21 de noviembre
de 2017 mediante la cual revocó íntegramente la Resolución núm. 021592 del 28
de mayo de 2009. En sustento, expuso que el reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes a favor de la señora María Doris Guzmán de Cerón se realizó con
fundamento en información irregular.
61. Por ende, encontró satisfechos los presupuestos de los artículos 19 de la Ley
797 de 2003 y 243 de la Ley 1450 de 2011, para revocar el referido acto
administrativo sin el consentimiento de la particular, en atención a que la citada
señora no reunió los requisitos mínimos de convivencia. Igualmente, en este acto
administrativo dispuso que era deber de la señora María Doris Guzmán de Cerón
reintegrarle a Colpensiones la totalidad de los recursos girados a título de mesadas,
retroactivos y aportes a salud; razón por la cual se remitiría el expediente
administrativo a la Subdirección de Determinación V con el fin de que estableciera
la deuda asegurada25.
62. Colpensiones expidió la Resolución núm. SUB 267492 del 24 de noviembre
de 2017, a través de la cual le ordenó a la señora María Doris Guzmán de Cerón
reintegrar la totalidad de los recursos girados a título de mesadas, retroactivo, y
aportes a salud por valor de $872.027.556, valores pagados por concepto de la
pensión de vejez (lo cual comprendía el retroactivo ordenado mediante la
Resolución núm. 021592 del 28 de mayo de 2009, entre el 29 de septiembre de
2007 y el 30 de mayo de 2009 y las mesadas de junio de 2009 a diciembre de 2017,
junto con la mesada trece y catorce), a favor de la administradora.
63. La motivación de dicho acto administrativo se sustentó en que la señora
María Doris Guzmán de Cerón percibió una pensión de vejez irregularmente y que
el pago de esta prestación se efectuó con recursos del Estado26.
64. La señora María Doris Guzmán de Cerón, por conducto de apoderado
judicial, interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación en contra de la
Resolución núm. SUB 267492 del 24 de noviembre de 201727.
65. A través de la Resolución núm. SUB 27669 del 31 de enero de 2018
Colpensiones resolvió desfavorablemente el recurso de reposición, al confirmar la
Resolución núm. SUB 267492 del 24 de noviembre de 201728.
24 C. Principal, folios 23 y 24.
25 Samai, índice 2, ED_C01_CD02Folio120AnexosDeLaContestacion(.zip) NroActua 3, 17011784, {1AF309AA-
30B1-44B7-9598-8AC982EBAF3D} (1).pdf.
26
Samai, índice 2, ED_C01_CD02Folio120AnexosDeLaContestacion(.zip) NroActua 3, 17011784, {03E03901-
947A-465B-ABBE-A5903062734A}.
27 Samai, índice 2, ED_C01_CD02Folio120AnexosDeLaContestacion(.zip) NroActua 3, 17011784, {5F3A736E-
15BA-420D-98DA-A4DAD5D21F9C}.
28 Samai, índice 2, ED_C01_CD02Folio120AnexosDeLaContestacion(.zip) NroActua 3, 17011784, {F7585F20-
55D5-48DF-AC59-0E743516E51C} (1)
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66. Finalmente, mediante la Resolución núm. DIR 2858 del 10 de febrero de
2018, se confirmó en todas sus partes la Resolución núm. SUB 267492 del 24 de
noviembre de 201729.
3.5. Caso concreto
67. En el caso bajo análisis, la accionante solicita la nulidad de los actos
administrativos que le revocaron la sustitución pensional y le ordenaron devolver las
mesadas pagadas.
68. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la nulidad de la Resolución
núm. SUB 262334 del 21 de noviembre de 2017, al considerar que la accionante no
era acreedora de la sustitución pensional. No obstante, declaró la nulidad de las
resoluciones núms. SUB 267492 del 24 de noviembre de 2017, SUB 27669 del 31
de enero de 2018 y DIR 2858 del 10 de febrero de 2018 – que le ordenaron el
reintegro de los recursos percibidos–, dado que, a juicio del Tribunal, la entidad no
podía imponerle a la demandante esa obligación debido a los efectos ex nunc de la
revocatoria directa.
69. Colpensiones interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión,
limitado exclusivamente a lo que le resultó desfavorable: la declaratoria de nulidad
de los actos administrativos que ordenaron el reintegro de las mesadas. Sostuvo
que la actora no actuó de acuerdo con el principio de buena fe; que los dineros
cobrados tienen la naturaleza de ser parafiscales; que la obligación no puede
desconocerse por los efectos ex nunc de la revocatoria directa, dado que están
involucrados derechos pensionales; que se atentaría contra el principio de
sostenibilidad; que le asiste una prerrogativa de recaudo y cobro coactivo; y que no
era necesario iniciar demanda de lesividad para obtener los dineros cobrados de
forma fraudulenta.
70. De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, la
competencia de la Sala se circunscribe a determinar si la entidad estaba habilitada
para ordenarle a la demandante reintegrar la totalidad de los recursos girados a
título de mesadas, retroactivo y aportes en salud, devengados por concepto de una
sustitución pensional, cuyos actos de reconocimiento fueron revocados
directamente.
71. Ahora bien, tal como lo consideró el Tribunal, el problema jurídico no debe
abordarse desde la perspectiva de la presunción de buena fe que cobija a los
ciudadanos, sino a partir de los elementos de validez de los referidos actos
administrativos, en este caso, la competencia. De este modo, la Sala verificará si
con la decisión adoptada Colpensiones ejerció sus funciones dentro de los límites
del principio de legalidad30.
29 Samai, índice 2, ED_C01_CD02Folio120AnexosDeLaContestacion(.zip) NroActua 3, 17011784, {AACA8B09-
74AE-47AB-BB23-F8580E0F62D7}.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
27 de junio de 2025, exp. 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024) M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00016-01 (6287-2023)
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72. Se advierte que los actos objeto de control judicial se profirieron en desarrollo
de lo dispuesto en la Resolución núm. 555 de 2015 que dio lugar a la iniciación de
una actuación administrativa para revisar el proceso que conllevó al reconocimiento
de la sustitución pensional a favor de la accionante. Luego del cierre de dicha
investigación, la administración concluyó que la señora María Doris Guzmán de
Cerón obtuvo el reconocimiento pensional mediante información irregular, lo que
motivó la revocatoria de la Resolución núm. 21592 del 28 de mayo de 2009.
73. Como consecuencia de ello, Colpensiones expidió las resoluciones núms.
SUB 267492 del 24 de noviembre de 2017, SUB 27669 del 31 de enero de 2018 y
DIR 2858 del 10 de febrero de 2018, que dispusieron el reintegro de los dineros.
74. Así las cosas, a diferencia de lo planteado por la entidad apelante, la
revocatoria directa solo tiene efectos hacia el futuro, así lo ha entendido la
Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia del 20
de noviembre de 202531, al referirse a la sentencia SU-182 de 2019 de la Corte
Constitucional, en los siguientes términos:
29. Esta situación fue examinada en la sentencia de unificación SU-182 de 2019, en
la cual la Corte Constitucional explicó que, si bien la Ley 797 de 2003 confirió de
manera excepcional la facultad de revocar directamente actos de reconocimiento
pensional sin el consentimiento del administrado (con el propósito de proteger los
recursos que garantizan la sostenibilidad del sistema y bajo el principio de que lo ilícito
no genera derechos), los efectos de esa revocatoria operan únicamente hacia el
futuro, de modo que no procede la recuperación de las sumas previamente pagadas
mediante ese mecanismo.
30. Con fundamento en ese razonamiento, la Corte Constitucional precisó que las
autoridades facultadas por la Ley 797 de 2003 tienen el deber de acudir ante el juez
administrativo, quién sí es competente para retrotraer las consecuencias derivadas
de una actuación irregular y decidir de manera definitiva sobre la nulidad del acto
administrativo. Este control judicial constituye, además, una garantía del debido
proceso, en tanto permite desvirtuar la buena fe que se presume en el administrado
para efectos de ordenar la devolución de sumas pagadas. Por esa razón, aun cuando
el acto haya sido revocado de manera directa, permanece sujeto al control
jurisdiccional.
75. En consonancia con esto, se tiene que Colpensiones no tenía competencia
para ordenarle a la señora María Doris Guzmán de Cerón la devolución de los
dineros recibidos durante el período en el cual surtió efectos la Resolución 21592
del 28 de mayo de 2009. En consecuencia, es preciso distinguir entre la facultad de
revocatoria directa que le asistía a Colpensiones – punto ya definido en primera
instancia y que no es objeto del recurso de apelación–, y la ausencia de
competencia de la administradora de pensiones para ordenar el reintegro de las
sumas percibidas por la accionante.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del
20 de noviembre de 2025, exp. 08001-23-33-000-2020-00450-01 (6717-2023).
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00016-01 (6287-2023)
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76. Ello presupone que la administración se atribuyó una competencia que es
propia del juez de lo contencioso-administrativo, en tanto, es el único habilitado para
efectuar un juicio de legalidad del acto de reconocimiento pensional y expulsar dicho
acto del ordenamiento jurídico con efectos retroactivos a través de una declaratoria
de nulidad32. En ese entendido, Colpensiones no podía, amparada en la facultad de
la revocatoria directa, retrotraer las consecuencias del acto pensional, comoquiera
que esa decisión no incide sobre situaciones consolidadas en vigencia de la
Resolución núm. 21592 del 28 de mayo de 2009.
77. Bajo ese mismo criterio, y tal como lo puso de presente el Tribunal, si la
entidad de previsión pretendía recuperar los dineros pagados a la señora María
Doris Guzmán de Cerón, debió acudir a la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en modalidad de lesividad, con el fin de demandar la Resolución núm.
21592 del 28 de mayo de 2009. En dicho trámite, es donde se debe desvirtuar la
presunción de buena fe de la demandante, al tratarse de un presupuesto sin el cual
no es procedente la devolución de los dineros en los términos del artículo 164
numeral 1 literal c) del CPACA33.
78. Por tanto, como se ha expuesto, el cargo del recurrente según el cual la
accionante no actuó de acuerdo con dicho principio no tiene vocación de prosperar,
dado que la primera instancia no abordó ese juicio, lo que afectaría el principio de
congruencia. A su vez, ello es propio de las demandas de lesividad que se dirigen
contra actos de reconocimiento de prestaciones periódicas, en los que se pretenda
recuperar el pago de las sumas de conformidad con la normativa ibidem.
79. En igual sentido, el hecho de que los bienes públicos objeto de reintegro
tengan una naturaleza parafiscal, aunado a que la entidad tenga una facultad de
cobro coactivo, son circunstancias que no justifican la ilegalidad. Puntualmente, la
Sala ha determinado la improcedencia de ordenar la devolución de aportes a salud
por tratarse de contribuciones que gozan de una destinación específica 34 .
Adicionalmente, la administración no puede arrogarse competencias que
naturalmente le corresponden al juez de lo contencioso-administrativo en los
términos de la Constitución Política y la Ley 270 de 1996, lo que implica que no hay
lugar a desconocer los efectos ex nunc de la revocatoria directa.
80. Asimismo, se reitera que precisamente para evitar una afectación a las
finanzas públicas y en protección del principio de sostenibilidad fiscal en el que se
apoya la recurrente, el ordenamiento prevé la posibilidad de demandar en lesividad,
escenario en el cual se surtirá el debate probatorio requerido para desvirtuar la
32 Ibidem.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
18 de julio de 2025, exp. 25000-23-42-000-2021-00580-01 (1874-2024). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
34 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6
de marzo de 2024, exp. 68001-23-33-000-2017-01292-01 (2025-2023). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero de 2026, exp. 68001-
23-33-000-2017-01241-01 (1705-2025). M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00016-01 (6287-2023)
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presunción de buena fe 35 . En razón de esto, no es admisible el argumento de
Colpensiones según el cual no es necesario iniciar el referido medio de control, pues
ello constituye un reproche sin fundamento legal.
81. Al efecto, se pone de presente que esta Subsección, en sentencia del 6 de
junio de 2025, estudió una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
presentada por Colpensiones, entidad que revocó el reconocimiento y pago de una
pensión de vejez, como resultado de una investigación administrativa especial, y le
ordenó al demandado reintegrar la totalidad de los recursos girados a título de
mesadas pensionales, retroactivo y aportes a salud36. En dicha oportunidad, la Sala
estudió la legalidad de los actos de reconocimiento pensional y la procedencia del
reintegro. Determinó que el actuar de aquel fue decisivo para que la administración
incurriera en error, de suerte que como este no demostró el cumplimiento del
requisito del tiempo de servicios para beneficiarse de la prestación, se desvirtuó su
buena fe.
82. Por consiguiente, no es propio de este trámite efectuar ese juicio y el control
que ejerce la administración mediante la facultad de revocatoria directa no puede
incluir la decisión de ordenar la devolución de dineros pagados. En consecuencia,
se confirmará la sentencia apelada.
3.6. Conclusión
83. En suma, la Sala considera que la entidad no estaba habilitada para
ordenarle a la demandante reintegrar la totalidad de los recursos girados a título de
mesadas, retroactivo y aportes en salud devengados por concepto de una
sustitución pensional que fue objeto de revocatoria directa.
3.7. Costas
84. La presente providencia, por razones de seguridad jurídica e igualdad, acoge
el criterio de interpretación mayoritario37 de la Subsección sobre el artículo 188 de
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del
18 de julio de 2025, exp. 25000-23-42-000-2021-00580-01 (1874-2024). M.P. Juan Enrique Bedoya Escobar.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6
de junio de 2025, exp. 54001-23-33-000-2020-00540-01 (3071-2023). M.P. Elizabeth Becerra Cornejo. Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 19 de febrero
de 2026, exp. 68001-23-33-000-2017-01241-01 (1705-2025). M.P. Jorge Edison Portocarrero Banguera.
36 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 6
de junio de 2025, exp. 54001-23-33-000-2020-00540-01 (3071-2023).
37 La magistrada ponente considera que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un
criterio objetivo valorativo por varias razones, a saber: (i) el artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla
de procedencia en materia de costas para el proceso de lo contencioso administrativo; (ii) el artículo 188 no
excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo 365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en
el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación»; (iii) la temeridad o mala fe deben
ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP, con el propósito de determinar la
eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas»; (iv) el inciso segundo del
artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplia su espectro al considerar que en los asuntos
en los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se
establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal»; (v) los parámetros antes
enunciados son producto de una interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las
de carácter especial como los artículos 265 a 269 del CPACA. // Lo expuesto en consonancia con la
17
Radicación: 25000-23-42-000-2019-00016-01 (6287-2023)
Demandante: María Doris Guzmán de Cerón
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la Ley 1437 de 2011, consistente en que para decretar la condena en costas debe
verificarse que la parte vencida actuó de manera temeraria o de mala fe.
85. Como en el caso bajo estudio no se encuentra acreditado que las partes
hayan incurrido en actuaciones de tal naturaleza, se abstendrá de imponer condena
en costas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
Falla:
Primero. Confirmar la sentencia de primera instancia del 18 de mayo de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda, de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Reconocer personería a la abogada Yeliseth Carreño Quintero,
identificada con cédula de ciudadanía número 1.065.649.382 y portadora de la
tarjeta profesional número 274.071, como apoderada sustituta de Colpensiones, en
los términos del memorial de sustitución que obra a índice 9 de Samai.
Cuarto: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen de costas en el CPACA
indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la conducta
temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba
de su causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso - Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 7 de abril de 2016, M.P. William
Hernández Gómez, rad. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).
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Radicación: 25000-23-42-000-2019-00016-01 (6287-2023)
Demandante: María Doris Guzmán de Cerón
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones)
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
Aclaración de voto
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial Samai.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, a través del siguiente enlace
https://Samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
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