Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-01299-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 68001-23-33-000-2015-01299-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2015-01299-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 68001-23-33-000-2015-01299-01
Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar
27 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO - ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico de Jaimes
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones
Temas: Sustitución pensional
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Asunto
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandada contra la
sentencia proferida el 26 de octubre de 2023 por el Tribunal Administrativo de
Santander, mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda.
1. Antecedentes
1.1. La demanda
1.1.1. Las pretensiones
1. Socorro Pico de Jaimes presentó demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en orden a que
se declarara la nulidad de la Resolución GNR 162179 del 1º de junio de 2015
mediante la cual la Administradora Colombiana de Pensiones2 modificó el acto
administrativo de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, la redistribuyó y
ordenó la devolución de $40’017.250, los cuales fueron percibidos durante el tiempo
1 En adelante CPACA.
2 En adelante Colpensiones.
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
en el cual obró como única beneficiaria de la prestación.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) dejar en firme la Resolución GNR 128214 del 13 de junio de 2013; ii)
declarar que la demandante no está obligada a devolver $40’017.250 devengados,
por concepto del pago del 100% de la sustitución pensional; iii) el pago de los
intereses de mora en caso de hacer efectivo la devolución del dinero; y iv) la
condena en costas procesales y las agencias en derecho a la demandada.
1.1.2. Fundamentos fácticos
3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:
3.1. Aníbal
Orlando Jaimes Hernández y Socorro Pico de Jaimes contrajeron
matrimonio en la Parroquia María Auxiliadora de Bucaramanga, el 14 de julio de
1962.
3.2. Mediante la Resolución 9369 del 1º de enero de 2007, fue reconocida una
pensión de vejez a favor de Aníbal Orlando Jaimes Hernández, efectiva desde el 1º
de octubre de 2007, por $2’279.715. El causante de la prestación falleció el 9 de
diciembre de 2012.
3.3. El 13 de junio de 2013, a través de la Resolución GNR 128214, Colpensiones
reconoció una pensión de sobreviviente por el 100%, a favor de Socorro Pico de
Jaimes, en calidad cónyuge supérstite, a partir del 9 de diciembre de 2012.
3.4. Posteriormente, Dionny Stephanny Jaimes Patiño, en calidad de hija del
causante, solicitó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente, el cual fue
negado por Colpensiones mediante la Resolución GNR 183953 del 22 de mayo de
2014. Contra la anterior decisión fue interpuesto recurso de reposición, el cual fue
resuelto a través de la Resolución GNR 162179 de 2014 con la cual modificó el acto
administrativo GNR 128214, redistribuyó la prestación y ordenó la devolución de los
montos consignados por el pago del 100% de la pensión a la demandante.
3.5. Inconforme con lo anterior, la cónyuge sobreviviente solicitó la revocatoria de la
Resolución GNR 162179 del 1º de junio de 2015; no obstante, Colpensiones negó
la petición y ordenó la devolución de $40’017.250, por medio de la decisión GNR
281129 del 14 de septiembre 2015.
2
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
1.1.3. Normas violadas y concepto de violación
4. Como tales, se señalaron los artículos 2, 4, 29 y 48 de la Constitución Política, 37,
38, 43, 73, 87, 88 y 97 del CPACA y 19 la Ley 797 de 2003.
5. En cuanto al concepto de violación3 expuso lo siguiente:
5.1. Con los actos demandados se vulneraron los principios de buena fe,
inmutabilidad y seguridad jurídica, además del derecho al debido proceso, puesto
que los actos administrativos de carácter individual no pueden revocarse por la
administración sin el consentimiento expreso del destinatario, a menos que exista
una ilegalidad.
5.2. Además,en cuanto a la devolución del dinero percibido con ocasión del
reconocimiento de la sustitución pensional, la buena fe no fue desvirtuada por
Colpensiones de manera que carecía de facultad para ordenarlo.
1.2. Contestación de la demanda
1.2.1. Colpensiones
6. Colpensiones se opuso a las pretensiones de la demanda, por las razones que
se expresan a continuación4:
6.1. En las actuaciones adelantadas por la entidad no se evidenció vía de hecho
alguna que comprometiera los derechos de la demandante, puesto que no se
desconocieron garantías fundamentales de los beneficiarios de la pensión de
sobrevivientes, toda vez que Dionny Stephanny Jaimes Patiño acreditó su calidad
de hija del causante mayor de edad incapacitada por estudios.
6.2. En ese sentido, resultó improcedente la revocatoria del reconocimiento
pensional y de la orden de devolución del dinero percibido en virtud de la anterior
decisión.
6.3. Finalmente propuso las excepciones que denominó: i) inexistencia de la
obligación; ii) prescripción de las mesadas sin aceptación de la obligación; y iii)
genérica.
3Índice 97 de Samai del Tribunal Administrativo de Santander, actuación denominada
29_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf) NroActua 97.
4Índice 97 de Samai del Tribunal Administrativo de Santander, actuación denominada
29_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf) NroActua 97.
3
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
1.2.2. Dionny Stephany James Patiño
7. Dionny Stephany James Patiño se opuso a las pretensiones de la demanda, por
las razones que se expresan a continuación5:
8. El acto demandado no fue objeto de revocatoria sino de modificación, en el sentido
de reconocer el porcentaje pensional que le correspondía como hija del causante,
toda vez que en principio fue reconocida la sustitución pensional en el 100% a la
cónyuge sobreviviente, al presentarse en Colpensiones como única beneficiaria de
la prestación, a pesar de tener conocimiento que al causante le sobrevivía una hija.
8.1. Finalmente propuso las excepciones que denominó: i) improcedencia de la
acción por no haber agotado el requisito de procedibilidad previo de conciliación
prejudicial ante el Ministerio Público; ii) caducidad de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho; y iii) genérica.
1.3. La sentencia apelada
9. El Tribunal Administrativo de Santander en sentencia proferida el 26 de octubre
de 2023 accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, en tanto declaró
la nulidad del artículo cuarto de la Resolución GNR 162179 del 1° de junio de 2015,
que ordenó a la demandante el reintegro de las sumas equivalentes al 50% de las
mesadas pensionales que le fueron consignadas desde el 9 de diciembre de 2012;
y negó las demás pretensiones de la demanda. Lo anterior con fundamento en los
siguientes argumentos:
10. Según el material probatorio obrante en el expediente, no resultó probada
vulneración alguna de los principios ni derechos de la demandante, toda vez que el
derecho correspondiente a su calidad de cónyuge sobreviviente no fue desconocido,
en el sentido en que la entidad previsional al encontrar que existía un beneficiario al
cual le asistía un derecho igual, modificó el monto de la pensión concedido
inicialmente y la disminuyó en un 50%, con el fin de otorgarlo a la hija del causante.
11. Ahora bien, respecto de la orden de devolución adicionada a la modificación
antes mencionada, esta solo puede resultar avante en la medida en que obre prueba
que demuestre que la actora obró de mala fe para obtener el reconocimiento
pensional, esto es, mediante actos fraudulentos o con abuso del derecho. Sin
embargo Colpensiones no aportó prueba alguna que pudiera llevar a esta instancia
judicial a considerar la existencia de la mala fe, descuidando su carga procesal,
5Índice97 de Samai del Tribunal Administrativo de Santander, actuación denominada
29_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf) NroActua 97.
4
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
pues, la buena fe es una presunción que favorece a los particulares cuando actúan
ante el Estado, por lo que es deber de la administración desvirtuarla.
1.4. El recurso de apelación
12. Colpensiones interpuso recurso de apelación6 en el cual solicitó que se revocara
la decisión del tribunal de primera instancia, con sustento en los siguientes
argumentos:
12.1. El a quo referenció la sentencia del 15 de septiembre de 2016 proferida por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del expediente 52001-23-33-
000-2012-00121-01 (4402-13) para fundamentar el principio de la buena fe; sin
embargo, esa providencia resultaba inaplicable al presente asunto, por cuanto
carecía de similitud fáctica.
12.2. Si bien la orden de restituir los montos devengados estuvo fundamentada en lo
dispuesto en la Ley 100 de 1993 y en el artículo 13 de la Ley 797 de 2003 en cuanto
que «Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente del
causante al momento de su muerte, siempre y cuando acrediten debidamente su condición
de estudiantes», normativa que no estableció la obligación de desvirtuar la buena fe
en caso de existir conflicto entre los beneficiarios. Lo cierto es que el artículo 19
ibidem previó que en el caso de acceder al reconocimiento en virtud de
documentación falsa, habrá lugar a declarar la revocatoria directa del acto
administrativo sin que mediara el consentimiento del particular, aunque en el
presente asunto no fue aducida la existencia de la documentación falsa, sino el
incumplimiento de los requisitos de la demandante para resultar beneficiaria del
100% de la prestación, la entidad no estaba en la obligación de desvirtuar la buena
fe de la demandante.
12.3. El a quo afirmó que la carga probatoria trasladada a la entidad fue insuficiente;
sin embargo, ello fue manifestado sin algún respaldo probatorio, toda vez que no
fue producto de un análisis crítico de los medios probatorios decretados y
practicados.
12.4. Finalmente, el tribunal pasó por alto que la demandante en su calidad de
cónyuge sobreviviente tenía conocimiento de la existencia de la hija del causante y
de su calidad de estudiante, de manera que con el ocultamiento de la información
de otra posible beneficiaria resultaba suficiente para proferir la orden de devolución
6 Índice 90 de Samai del Tribunal Administrativo de Santander, actuación denominada
23_RECEPCIONDEMEMORIAL_RAD20151299RECUR(.pdf) NroActua 90.
5
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
del porcentaje de la prestación percibida sin necesidad de valoraciones de la buena
fe de la conducta ejercida por la demandante7.
1.5. Pronunciamientos en segunda instancia
13. Toda vez que las partes no aportaron ni solicitaron la práctica de pruebas, y que
no se advirtió la necesidad de decretarlas, no se ordenó correr traslado para que los
extremos procesales alegaran de conclusión, tal como lo dispone el numeral 5 del
artículo 247 del CPACA8.
1.6. El Ministerio Público
14. En esta oportunidad el Ministerio Público no rindió concepto.
2. Consideraciones
2.1. Problema jurídico
15. Con fundamento en los argumentos expuestos en el recurso de apelación 9, el
problema jurídico se circunscribe a determinar: ¿Si Colpensiones tenía la
competencia para ordenar la devolución de $40’017.250 percibidos por concepto
del reconocimiento en el 100% de la sustitución pensional, en consecuencia de la
modificación de la Resolución GNR 128214 del 13 de junio de 2013, en el sentido
de ampliar tal reconocimiento en el 50% a favor de Dionny Stephany, en calidad de
hija del causante mayor de edad con estudios?
16. Y de ser afirmativa la respuesta, ¿Colpensiones estaba en la obligación de
desvirtuar la presunción de buena fe de la conducta ejercida por Socorro Pico de
Jaimes?
2.2. Marco normativo
2.2.1. La revocatoria directa de los actos administrativos que reconocieron
prestaciones periódicas
17. Respecto de los efectos del acto administrativo, la doctrina ha determinado un
principio básico en su estructura el cual ha sido denominado «estabilidad» que
7 Índice 90 de Samai del Tribunal Administrativo de Santander, actuación denominada
24_RECEPCIONDEMEMORIAL_680012333000201501(.pdf) NroActua 90.
8 Índice 4 de Samai, auto admisorio proferido el 15 de marzo de 2014.
9 Que delimita el marco de la competencia del juez de segunda instancia, pues así lo establece el
artículo 328 de la Ley 1564 de 2012.
6
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
consiste en la «prohibición de revocación de los actos que crean, reconocen o declaran
un derecho subjetivo, una vez que han sido notificados al interesado, salvo que se extinga
o altere el acto en beneficio del interesado»10; sin embargo, este no es absoluto, pues
la revocación también es una «facultad propia de la administración para dejar sin efectos
un acto administrativo de contenido particular»11, de carácter excepcional y, que procede
de oficio o a solicitud de parte siempre que se desarrolle dentro de los límites y
reglas que prevé la ley.
12
18. Lo anterior, se ve materializado en el artículo 93 de La Ley 1437 de 2011, el
cual, de manera expresa, precisa las causales que imponen a la administración la
revocatoria directa de los actos administrativos de carácter general, al igual que
ocurre con los particulares, de oficio o a petición de parte. Tales causales son las
siguientes:
19. Que se evidencie una manifiesta oposición entre el acto respectivo y la
Constitución o la ley, esto es que la oposición sea grosera, de bulto, es decir,
cualitativamente similar a la que da lugar a la suspensión provisional de los actos
administrativos, por parte de esta Jurisdicción.
20. Que haya inconformidad con el interés público o social, esto es que el acto
administrativo en cuestión no consulte, o mejor, contraríe esos intereses generales,
causal respecto de la cual se ha sostenido que comporta el retiro de un acto
legalmente válido por la propia administración que lo había expedido, en razón de
la inoportunidad o inconveniencia de aquél13, vinculándose a la noción del mérito
del acto administrativo; y
21. Que a través del acto correspondiente se cause un agravio injustificado a una
persona.
22. Ahora bien, para la revocación de los actos de carácter particular y concreto, se
ha establecido en el ordenamiento jurídico la regla general contenida en el artículo
97 del CPACA, según la cual, tales actos no podrán ser revocados sin el
consentimiento previo, expreso y por escrito del respectivo titular, pues implican la
10 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 113.
11 Corte Constitucional, sentencia T-355 de 1995.
12«Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las
mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona».
13 C o r t e S u p r e m a d e J u s t i c i a , S a l a C o n s t i t u c i o n a l , S e n t e n c i a d e m a y o 5 d e 1 . 9 8 1 .
7
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
creación, modificación o reconocimiento de derechos de naturaleza individual y
determinada, esto en desarrollo del principio de inmutabilidad de los actos
administrativos -especialmente de los favorables14, estrechamente relacionado con
la presunción de legalidad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la protección
de los derechos adquiridos. La norma señaló lo siguiente:
«Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o
ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento
previo, expreso y escrito del respectivo titular.
Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a la
Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.
Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su
suspensión provisional.
Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de
audiencia y defensa».
23. En relación con la figura de la revocatoria directa, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia se ha pronunciado sobre la prohibición de revocar actos
administrativos que hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, salvo que, de
manera previa, expresa y escrita medie el consentimiento del titular del respectivo
derecho, en los siguientes términos15:
«(…) Finalmente, el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, en punto de la revocatoria de un
acto administrativo particular aclara, en primer lugar, que la denominación acto
administrativo comprende no sólo los actos expresos sino también a los fictos, categoría
esta última que no se advertía de manera expresa en el artículo 73 del Decreto 01 de
1984.
14 Entre los actos administrativos favorables estarían aquellos que amplían la esfera o el patrimonio
jurídico del destinatario, esto es, «crean o reconocen un derecho o una ventaja jurídica», como los
nombramientos, las autorizaciones, las licencias y, en general, los actos mediante los cuales la
Administración responde de manera positiva a una solicitud formulada en ejercicio del derecho
constitucional fundamental de petición, v. gr., inscripción en un registro público, reconocimiento de
una pensión, etc. Este tipo de actos se contrapone a los de gravamen en los cuales se incluyen
aquellos que inciden negativamente en la esfera jurídica del destinatario, es decir “tienen un efecto
desventajoso o perjudicial” para él, como la imposición de obligaciones, de sanciones, la revocación
de actos favorables y, en general, las respuestas negativas a las peticiones. Ver Consejo de Estado.
Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 11001-03-26-000-1994-10227-01(10227).
15 Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2015. Consejero ponente: Gerardo
Arenas Monsalve. Expediente: 760012331000200403824 02. Referencia: 0376-2007.
8
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
En este mismo sentido, se mantiene la prohibición de revocar actos administrativos que:
«hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría» salvo que de manera previa, expresa y escrita
medie el consentimiento del titular del respectivo derecho. Advierte la Sala que, en lo
que respecta a la posibilidad con que contaba la administración para revocar actos
administrativos de carácter particular, en los eventos en los que concurría alguna de las
causales de revocatoria ya citadas, para el caso de los actos fictos positivos, o si fuere
evidente la ilegalidad en su expedición, la misma desaparece del nuevo estatuto de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
En efecto, los dos incisos finales del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 preceptúan que
en los casos en que la administración considere la inconstitucionalidad o ilegalidad de
un acto administrativo, o que su expedición tuvo lugar por medios ilegales o fraudulentos,
deberá acudir ante esta jurisdicción, para demandarlos, siempre que no cuente con el
consentimiento, previo, expreso y escrito del titular de los derechos reconocidos en el
respectivo acto administrativo (…)».
24. De acuerdo con las normas y jurisprudencia en cita, la administración solo podrá
revocar un acto administrativo de carácter particular, en los eventos en que
se cuente con el consentimiento de la persona. En caso contrario, deberá
cuestionar su constitucionalidad o legalidad a través del respectivo medio de control.
Entonces, solo en casos excepcionales previstos legalmente, será posible revocar
un acto sin el consentimiento del interesado. De lo contrario, las entidades tendrán
que acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar
ante un juez administrativo su propio acto; escenario en el cual también pueden
solicitar medidas cautelares para suspender los efectos perjudiciales de un acto que
consideren ilegal.
25. No obstante, en materia de seguridad social, existen eventos en los que la
entidad puede revocar el acto administrativo aun sin el consentimiento del
beneficiario, como es el caso de las pensiones que fueron reconocidas
irregularmente. En efecto, el artículo 19 de la Ley 797 de 200316 previó:
«Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los representantes
legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por el pago o hayan
reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar de oficio el
cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad de los
documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la suma
o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista motivos
en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una pensión o
16
«[P]or la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales.»
9
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los requisitos o
que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el funcionario
proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el consentimiento del
particular y compulsar copias a las autoridades competentes.» [Se resalta]
26. Asimismo, la Ley 1450 de 2011 «por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo,
2010 – 2014», en su artículo 243 dispuso:
«Artículo 243. Protección contra prácticas corruptas en el reconocimiento de pensiones.
Cuando cualquier entidad estatal que tenga a su cargo el reconocimiento de pensiones
tenga indicios de que tales prestaciones han sido reconocidas con fundamento en
documentos falsos, presiones indebidas, inducción a error a la administración o
cualquier otra práctica corrupta, la entidad iniciará de oficio una actuación
administrativa tendiente a definir los supuestos fácticos y jurídicos de la prestación y la
existencia de la presunta irregularidad. Si como resultado de la actuación se verifica
la irregularidad total o parcial del reconocimiento, la administración procederá a
revocar o modificar el acto sin consentimiento del particular». [Se resalta]
27. Nótese que si bien la primera norma citada únicamente impuso el deber a la
administración para revocar directamente los actos administrativos de contenido
particular cuando se compruebe la irregularidad en el reconocimiento de la
prestación, fue con la segunda que condicionó tal decisión a que previamente se
adelantara la actuación administrativa17 y se defina o verifique si aquella [la
irregularidad] existió.
28. Esto presupone que toda la actuación que se adelante antes de la revocación del
acto debe surgir de «motivos reales, objetivos, trascendentales, y desde luego
verificables»18 y respetar los derechos al debido proceso y defensa del beneficiario
de la prestación. Asimismo, como se trata de una facultad excepcional de la
administración, es en esta que recae la carga de la prueba, es decir, su deber se
circunscribe a demostrar con suficiencia la irregularidad que originó el
reconocimiento pensional, sin perjuicio de que, cuando se trate de «problemas de
interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación de
un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente a uno general»19,
17 Al respecto, se puede consultar la sentencia SU-182 de 2019, en la cual se establecieron las
siguientes reglas: (i) solo son dignos de protección aquellos derechos que han sido adquiridos con
justo título; (ii) la verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos pensionales es un deber; (iii)
no es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la buena fe del beneficiario de la
pensión; (iv) solo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que pudieran enmarcarse
en un comportamiento criminal justifican la revocatoria, sin el consentimiento del afectado; (v) no
hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error a la administración, pues el
ordenamiento jurídico sanciona a quien se aprovecha de estos escenarios; (vi) sujeción al debido
proceso; entre otras.
18 Corte Constitucional, sentencia C-835 de 2003, mediante la cual se declaró exequible el artículo
19 de la Ley 797 de 2003.
19 Ibidem.
10
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
esté obligada a acudir al juez competente.
29. Ahora bien, cuando la administración adelanta la actuación con sujeción al
debido proceso y revoca el acto administrativo, debe determinarse cuáles son sus
efectos en el tiempo y sus consecuencias. Aunque este tema fue zanjado en la
sentencia SU-182 de 2019 por la Corte Constitucional, es necesario precisar que
esta corporación no ha sostenido un criterio pacífico, pues en ocasiones se ha
señalado que la revocatoria tiene efectos hacia el pasado [ex tunc], en otras que
tiene efectos hacia el futuro [ex nunc] y, solo en una providencia, se indicó que los
efectos dependían de cuándo ocurrió la ilegalidad. En la siguiente tabla se muestra
la tendencia de cada uno de los criterios:
La revocatoria directa tiene efectos hacia el pasado La revocatoria directa tiene efectos hacia el futuro
3 de agosto de 198825.
22 de agosto de 199020
23 de octubre de 199126
14 de noviembre de 199127
9 de septiembre de 200028
16 de julio de 200229
26 de febrero de 200430
20 de mayo de 200421
5 de octubre de 200931
13 de mayo de 200932
31 de mayo de 201222
3 de abril de 201333
15 de agosto de 201334
29 de enero de 201535
20 Expediente 285.
21 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-1998-3963-01(5618-02), CP. Alberto Arango
Mantilla.
22 Sección Segunda, expediente 68001-23-31-000-2004-01511-01(0825-09), CP. Gerardo Arenas
Monsalve.
25 Sección Segunda, expediente 1609.
26 Sección Segunda, expediente 2174.
27 Sección Tercera, expediente CE-SEC3-EXP1991-N6293, CP. Julio César Uribe Acosta.
28 Sección Primera, exp. 5733, CP. Olga Inés Navarrete Barrera.
29 Sala Plena, expediente 029, CP. Ana Margarita Olaya Forero.
30 Sección Primera, expediente 7498, CP. Gabriel Mendoza Martelo.
31 Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2003-00414-01, CP. Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta.
32 CP. Myriam Guerrero de Escobar.
33 Sección Tercera, expediente 52001-23-31-000-1999-00959-01(26437), CP. Mauricio Fajardo.
34 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07), Gerardo Arenas
Monsalve.
35 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2011-01324-01(3077-13), CP. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
11
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
13 de abril de 201523 18 de febrero de 201636
8 de septiembre de 201637
17 de noviembre de 201638
21 de abril de 201739
26 de octubre de 201740
8 de febrero de 201841
23 de mayo de 201942
19 de julio de 201824 31 de octubre de 201943
20 de noviembre de 201944
7 de mayo de 202045
18 de junio de 202046
1 de julio de 202047
26 de noviembre de 202048
21 de enero de 202149
25 de enero de 202150
22 de abril de 202151
6 de mayo de 202152
23 Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2000-00179-01(28347), CP. Olga Mélida Valle de
la Hoz.
24 Sección Segunda, expediente 68001-23-33-000-2013-00493-01(2276-16), CP. Carmelo Perdomo
Cuéter.
36 Sección Quinta, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Rocío Araújo Oñate.
37 Sección Segunda, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
38 Sección Segunda, expediente 13001-23-33-000-2013-00149-01(2677-15), CP. César Palomino
Cortés.
39 Sección Segunda, expediente 08001-23-31-000-2011-00361-01(2540-16), CP. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
40 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00173-00(0749-12), CP. Carmelo Perdomo
Cuéter.
41 Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2010-01971-01(3485-15), CP. Gabriel Valbuena
Hernández.
42 Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2009-00295-01(3106-16), CP. William Hernández
Gómez.
43 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2011-00229-00(0790-11), CP. César Palomino
Cortés.
44 Sección Tercera, expediente 11001-03-26-000-2018-00028-00(61003), CP. Marta Nubia
Velásquez Rico.
45 Sección Segunda, expediente 27001-23-33-000-2013-00338-01 (4885-2014), CP. William
Hernández Gómez.
46 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2012-00014-02(2639-17), CP. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
47 Sección Quinta, expediente 11001-03-25-000-2019-00519-00, CP. Rocío Araújo Oñate.
48 Sección Primera, expediente 47001-23-31-000-2004-01430-01, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
49 Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2009-00525-00, CP. Hernando Sánchez Sánchez.
50 Sección Segunda, expediente 25000-23-42-000-2014-00045-01(1077-19), CP. Gabriel Valbuena
Hernández.
51 Sección Segunda, expediente 50001-23-33-000-2015-00635-01(1802-19), CP. Sandra Lisset
Ibarra Vélez.
52 Sección Segunda, expediente 41001-23-33-000-2014-00069-01(4545-16), CP. Rafael Francisco
Suárez Vargas.
12
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
5 de agosto de 202153
10 de marzo de 202254
30. En el criterio minoritario, este es que los efectos de los actos administrativos son
hacia el pasado, se sostuvo que el acto administrativo se extingue cuando cesan en
forma definitiva sus efectos y puede ser revocado por razones de mérito o de
legalidad. Cuando la figura opera por esta última, al tratarse de un juicio
estrictamente lógico jurídico, los efectos serán hacia el pasado, es decir, desde el
momento de su expedición.
31. Por su parte, en el criterio mayoritario, existen 2 referentes principales que se
detuvieron en los efectos hacia el futuro de la revocación de los actos y que sirvieron
a decisiones posteriores, esto es los que datan del 16 de julio de 2002 [proferido por
la Sala Plena] y el del 15 de agosto de 2013 [proferido por la Sección Segunda]. Los
argumentos que concuerdan en las providencias que prohijaron esta tesis, son los
siguientes:
32. El acto revocatorio no puede equipararse a una sentencia de anulación, pues
aquel, en virtud de su presunción de legalidad, produjo consecuencias jurídicas.
«[R]esulta inadmisible que ese acto antiacto tenga la virtualidad de borrar hacia atrás los
efectos que en el tiempo produjo el revocado, pues como éste gozó de la presunción de
legalidad, validez o legitimidad y, por ende, fue ejecutorio, el administrado estuvo en el
deber de obedecerlo, de acatarlo, de cumplirlo (...)».
33. La decisión de revocar un acto administrativo, en ningún caso, representa la
«declaración formal de ilegalidad», es decir, no afecta la presunción de legalidad que
hasta ese momento tuvo el acto administrativo, «sino tan solo [puede] evitar que lo
resuelto se materialice».
34. La revocatoria directa no «restablece el orden jurídico vulnerado» ni trae consigo los
efectos propios de la declaratoria de nulidad por ilegalidad, por tal razón, la
recuperación de los dineros indebidamente pagados solo es posible lograrla por
conducto del juez. Esta figura «no vicia de nulidad el acto que bien pudo haber generado
efectos mientras rigió, ni impide que sea demandado ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo, pues sigue amparado por la presunción de legalidad».
35. Atribuir a la revocatoria efectos ex tunc no solo haría desaparecer del mundo
jurídico, bajo una ficción, los efectos que produjo desde el momento en que nació a
la vida jurídica, sino que implicaría un reconocimiento de perjuicios que no le
53 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00259-00(0978-12), CP. Gabriel Valbuena
Hernández.
54 Sección Segunda, expediente 2922-2020, CP. William Hernández Gómez.
13
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
corresponden a la administración.
36. La Sala adopta la posición mayoritaria, en virtud de la separación de poderes,
aunque las ramas legislativa, judicial y ejecutiva buscan alcanzar la mayor eficiencia
para lograr los fines del Estado, la última tiene una función netamente ejecutora de
las actividades administrativas en servicio del interés general, dentro de la cual se
encuentra ejercer el control de sus propios actos y revocarlos directamente aun sin
el consentimiento del particular, pero únicamente en los casos expresamente
autorizados por el legislador.
37. Sin embargo, esa actividad de control y revocación directa solo tiene como
finalidad hacer cesar los efectos del acto revocado, pero en ningún modo declarar
su ilegalidad, pues conforme con la Constitución Política y la Ley 270 de 1996,
únicamente le corresponde al juez, en cumplimiento de su función de administrar
justicia, expulsarlo del ordenamiento jurídico, con efectos retroactivos, a través de
la declaratoria de nulidad.
38. En esa línea, como el juez de lo contencioso-administrativo es el único que puede
examinar la legalidad del acto revocado por vicios que lo afectan desde su
nacimiento y por la configuración de las causales previstas en el CPACA, nada
impide que la administración solicite la nulidad y el reembolso de las sumas pagadas
en virtud de aquel, en razón a que durante su vigencia produjo efectos jurídicos.
39. Es así porque fue la voluntad del legislador disponer únicamente en la parte
segunda del CPACA [organización de la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo y de sus funciones jurisdiccional y consultiva] que «no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», lo cual supone que solo
la autoridad judicial podrá determinar si el beneficiario del acto revocado acudió a
maniobras fraudulentas para obtener el derecho, no la entidad en el curso de la
actuación administrativa. Lo contrario, sería tanto como aceptar que la
administración puede asumir la posición de juez y parte en el procedimiento, por
cuanto decidiría la suerte de un derecho particular y establecería el monto de los
perjuicios que causó la expedición del acto.
40. A más de lo expuesto, la revocatoria se realiza a través de un acto administrativo
autónomo e independiente, lo que significa que de esta se desprenden situaciones
jurídicas nuevas. De ahí la diferencia con la declaratoria de nulidad, la cual implica
«que el acto se reputa no haber existido jamás»55, es decir, ataca directamente los
elementos de la esencia y reconoce que desde su expedición estaba viciado; por
eso sus efectos son hacia el pasado o ex tunc.
55 Sección Quinta, sentencia del 6 de octubre de 2011, radicación 11001-03-28-000-2010-00120-00.
14
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
41. Incluso,esto ocurre con la derogatoria del acto administrativo de carácter
general. Aunque «tiene un régimen jurídico específico»56 y distinto del acto
administrativo en cuanto a «la protección jurisdiccional, posibilidad de revocación,
jerarquía dentro del orden normativo, publicidad o notificación, efectos de los recursos y
alcance de la vigencia»57, su derogatoria [tácita o expresa] deviene de la decisión
unilateral de la autoridad que lo expidió, también tiene efectos hacia el futuro o ex
nunc y opera cuando queda en firme la decisión sin que se afecte «lo ocurrido durante
la vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado; la anulación lo hace ab-initio,
restableciéndose por tal razón al imperio de la legalidad»58.
42. En definitiva, tanto la revocatoria como la derogatoria únicamente impactan los
efectos u obligatoriedad del acto primigenio, pero no la presunción de legalidad que
corresponde únicamente al juez de lo contencioso-administrativo, quien, además,
es el único competente para restablecer las cosas a su estado anterior y, en caso
dado, ordenar las sumas pagadas con ocasión del acto anulado. Lo expuesto se
sintetiza en el siguiente cuadro:
Características Efectos
Afecta la eficacia del acto por razones de «ilegalidad». No tiene la
virtualidad de retrotraer las cosas al estado inicial.
Revocación
Hacia el futuro
directa
Procede solo con el consentimiento del ciudadano, salvo en los
casos expresamente establecidos por el legislador.
Procede por decisión unilateral y discrecional de la autoridad que lo
Derogatoria del expidió y solo afecta la eficacia. No se pueden afectar los derechos
Hacia el futuro
reglamento consolidados al amparo del que fue derogado. No restablece el orden
jurídico que se estima contrariado.
Nulidad Afecta la validez del acto desde el momento de su expedición. Hacia el pasado
2.3. Caso concreto
43. Al expediente se aportaron los siguientes documentos:
43.1. Aníbal Orlando Jaimes Hernández y Socorro Pico contrajeron matrimonio el 14
de julio de 1962, en la Parroquia de María Auxiliadora59.
56 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 26.
57 Ibidem.
58 Expediente S-157, CP. Carlos Gustavo Arrieta Padilla.
59Según consta en la copia del registro civil de matrimonio, índice 97 de Samai del Tribunal
Administrativo de Santander, actuación denominada 29_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf) NroActua
97.
15
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
43.2. El causante de la prestación falleció el 9 de diciembre de 2012 falleció60.
43.3. Dionny Stephany nació el 5 de octubre de 1996, producto de la unión de Aníbal
Orlando Jaimes Hernández y Myriam Patiño61.
43.4. A través de la Resolución 09369 del 5 de septiembre de 2007, el jefe de
departamento de pensiones del ISS Seccional Santander le reconoció una pensión
de vejez a favor de Aníbal Orlando Jaimes Hernández.
43.5. El 13 de junio de 2013, mediante la Resolución GNR 128214 el gerente nacional
de reconocimiento de beneficios y prestaciones de Colpensiones reconoció la
pensión de sobrevivientes, por el 100%, a favor de la demandante en su calidad de
cónyuge, a partir del 9 de diciembre de 2012.
43.6. El 25 de junio de 2013, Dionny Stephany Jaimes Patiño, en calidad de hija de
Aníbal Orlando Jaimes Hernández, solicitó el reconocimiento de la sustitución de la
pensión de jubilación, la cual fue negada a través de la Resolución GNR 183953
del 22 de mayo de 2014.
43.7. Inconforme con la anterior decisión, Dionny Stephany Jaimes Patiño, en calidad
de hija del causante, presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto por medio
de la Resolución GNR 162179 del 1° de junio de 2015, con la que revocó la decisión
del 22 de mayo de 2014 y modificó la Resolución GNR 128214 del 13 de junio de
2013, en el sentido de reconocer la pensión de sobrevivientes en el 50% a favor de
Dionny Stephany, en calidad de hija del causante mayor de edad con estudios, cuyo
pago se prolongará hasta el 4 de octubre de 2021 [día anterior al cumplimiento de
25 años de edad, siempre y cuando acredite escolaridad] y de ordenar a la cónyuge
sobreviviente la devolución de $40’017.250, por concepto de las mesadas
percibidas en el 100%.
43.8. Socorro Pico de Jaimes presentó recurso de reposición y en subsidio el de
apelación en contra de la Resolución GNR 162179 del 1° de junio de 2015, con el
fin de que se revocara «en todas y cada una de sus partes el acto acusado»; el cual fue
resuelto mediante la Resolución GNR 281129 del 14 de septiembre de 2015, en la
que Colpensiones negó la solicitud de revocatoria y ordenó el reintegro de las
mesadas percibidas en el 100%, además, en las consideraciones del acto
60 Según consta en la copia del registro civil de nacimiento, índice 97 de Samai del Tribunal
Administrativo de Santander, actuación denominada 29_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf) NroActua
97.
61 Según el registro civil de nacimiento allegado con la contestación de la demanda, índice 97 de
Samai del Tribunal Administrativo de Santander, actuación denominada
29_ED_LINKEXPEDIENTEDIGI(.pdf) NroActua 97.
16
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
administrativo le indicó que esa decisión no podía ser objeto de recursos. Mediante
la Resolución GNR 281129 del 14 de septiembre de 2015.
2.4. Análisis sustancial
44. El Tribunal Administrativo de Santander accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda, en tanto declaró la nulidad del artículo cuarto de la Resolución GNR
162179 del 1° de junio de 2015, que ordenó a la demandante el reintegro de las
sumas equivalentes al 50% de las mesadas pensionales que le fueron consignadas
desde el 9 de diciembre de 2012, por cuanto no se desvirtuó la buena fe en la
conducta de la demandante.
45. Colpensiones solicitó se revocara la sentencia proferida en primera instancia, con
fundamento en que el a quo sustentó la decisión en el principio de buena de
conformidad con la sentencia del 15 de septiembre de 2016 proferida por el Consejo
de Estado, Sección Segunda, Subsección B, del expediente 52001-23-33-000-
2012-00121-01 (4402-13); sin embargo, esa providencia no resultaba aplicable al
presente asunto, por cuanto carecía de similitud fáctica.
46. Además, si bien la orden de restituir los montos devengados estuvo
fundamentada en lo dispuesto en la Ley 100 de 1993 y en el artículo 13 de la Ley
797 de 2003 en cuanto que «[l]os hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18
años y hasta los 25 años, incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si
dependían económicamente del causante al momento de su muerte, siempre y cuando
acrediten debidamente su condición de estudiantes», normativa que no estableció la
obligación de desvirtuar la buena fe en caso de existir conflicto entre los
beneficiarios. Lo cierto es que el artículo 19 ibidem previó que en el caso de acceder
al reconocimiento en virtud de documentación falsa, habrá lugar a declarar la
revocatoria directa del acto administrativo sin que mediara el consentimiento del
particular, aunque en el presente asunto no fue aducida la existencia de la
documentación falsa, sino el incumplimiento de los requisitos de la demandante
para resultar beneficiaria del 100% de la prestación, la entidad no estaba en la
obligación de desvirtuar la buena fe de la demandante.
47. Finalmente, el tribunal pasó por alto que la demandante en su calidad de cónyuge
sobreviviente tenía conocimiento de la existencia de la hija del causante y de su
calidad de estudiante, de manera que con el ocultamiento de la información de otra
posible beneficiaria resultaba suficiente para proferir la orden de devolución del
porcentaje de la prestación percibida sin necesidad de valorar la buena fe de la
conducta ejercida por la demandante.
48. Ahora bien, se encuentra pertinente precisar que, pese a que el tribunal abordó
17
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
el problema jurídico planteado en el sub judice desde la perspectiva de la presunción
de buena fe que cobija a todos los ciudadanos, esta Subsección considera que el
estudio se debe efectuar desde uno de los elementos de validez del acto
administrativo, en este caso, la competencia, para lo cual se verificará si con la
decisión de ordenar la devolución de las sumas pagadas en exceso a la
demandante, Colpensiones «ejerció [o no] sus funciones dentro de los linderos del
principio de legalidad».
49. Al respecto, se advierte que a través de la Resolución GNR 162179 del 1° de
junio de 2015, Colpensiones revocó la decisión GNR 183953 del 22 de mayo de
2014 y modificó la Resolución GNR 128214 del 13 de junio de 2013, en el sentido
de reconocer la pensión de sobrevivientes en el 50% a favor de Dionny Stephany,
en calidad de hija del causante mayor de edad con estudios, cuyo pago se
prolongaría hasta el 4 de octubre de 2021 [día anterior al cumplimiento de 25 años
de edad, siempre y cuando acreditara escolaridad] y de ordenar a la cónyuge
sobreviviente la devolución de $40’017.250, por concepto de las mesadas
percibidas en el 100%.
50. De lo anterior, se evidencia que Colpensiones ordenó la devolución de las sumas
percibidas de más, mediante la Resolución GNR 162179 del 1º de junio de 2015,
en la cual también modificó la disposición del reconocimiento de la sustitución
pensional concedida a favor de la demandante prevista en la Resolución GNR
128214 del 13 de junio de 2013, en el sentido de reconocer el 50% de la prestación
a Dionny Stephany Jaimes, por su calidad de hija del causante.
51. Se advierte que el acto objeto de control judicial fue proferido como consecuencia
de la controversia entre la cónyuge y la hija del causante frente al reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes. Al respecto, aunque no se menciona dentro de las
consideraciones de la decisión de la administración, esta tiene sustento en lo
dispuesto en el artículo 6 de la Ley 1204 de 2008, según el cual:
«Artículo 6°. Definición del derecho a sustitución pensional en caso de controversia. En
caso de controversia suscitada entre los beneficiarios por el derecho a acceder a la
pensión de sustitución, se procederá de la siguiente manera:
[…]
Si la controversia radica entre hijos y no existiere cónyuge o compañero (a) permanente
que reclame la pensión, el 100% de la pensión se repartirá en iguales partes entre el
total de hijos reclamantes, pero solo se ordenará pagar las cuotas que no estuvieran en
conflicto, en espera a que la jurisdicción decida. Si existe cónyuge o compañero (a)
permanente se asignará el 50% a este o estas(os) y sobre el 50% correspondiente
a los hijos se procederá como se dispuso precedentemente.»
18
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
52. Así las cosas, de conformidad con el mandato legal en cita, una vez la entidad
de previsión tuvo conocimiento de la referida controversia tenía la obligación de
modificar la forma en la que inicialmente se reconoció la prestación y como
consecuencia asignar el 50% a la demandante como cónyuge y el otro 50% a la hija
del causante. Sin embargo, esta decisión solo podría tener efectos frente a las
«cuotas que no estuvieran en conflicto» en espera a que la jurisdicción decida.
53. En consonancia con lo anterior, Colpensiones no ostentaba la competencia para
efectos de ordenar a Socorro Pico Jaimes la devolución de los dineros que recibió
en exceso durante el periodo en el que surtió efectos jurídicos el acto administrativo
que le reconoció la pensión de sobrevivientes en un 100%.
54. Adicionalmente, la situación fáctica planteada se enmarca dentro de aquellos
casos en los que la administración se encuentra autorizada para revocar un acto
administrativo, en este caso parcialmente, sin que medie la autorización de la
administración, sin embargo, esta competencia solo tiene como objeto hacer cesar
los efectos del acto, pero en ningún modo puede entenderse esta decisión como
una declaratoria de ilegalidad, puesto que es el juez quien tiene la competencia para
efectuar un juicio de legalidad de las decisiones de la administración, es decir, es el
único facultado para expulsar un acto administrativo con efectos retroactivos a
través de la declaratoria de nulidad.
55. Así las cosas, la revocatoria directa solo tiene efectos hacia futuro, entendida en
la orden de modificación, en el presente asunto, puesto que no es suficiente para
desvirtuar la presunción de legalidad que amparó al acto durante su vigencia. Esta
figura «no vicia de nulidad el acto que bien pudo haber generado efectos mientras rigió, ni
impide que sea demandado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pues sigue
amparado por la presunción de legalidad62».
56. En línea con lo anterior, la Resolución GNR 162179 del 1º de junio de 2015 que
modificó el acto de reconocimiento pensional, no facultaba a la administración para
ejercer la competencia de ordenar la devolución de las sumas percibidas con
ocasión de la Resolución GNR 128214 del 13 de junio de 2013, puesto que esta
decisión no tiene efectos frente a las situaciones que se consolidaron durante la
vigencia del acto de reconocimiento pensional.
57. En consonancia con lo anterior, si la entidad de previsión pretendía recuperar los
dineros pagados a Socorro Pico de Jaimes por concepto del reconocimiento de la
sustitución de la mesada pensional del causante, debió acudir a la jurisdicción con
62 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A.
Sentencia del 23 de mayo de 2019. Radicado: 76001-23-31-000-2009-00295-01(3106-16).
19
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
el fin de demandar la nulidad del acto [que en caso de proceder es la figura que
impacta la validez del acto desde el momento de su expedición] y desvirtuar la
presunción de buena fe que cobijaba la conducta de la demandante, puesto que,
son presupuestos sin los cuales no era procedente ordenar la devolución, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 164.c del CPACA « no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe».
58. Por lo expuesto, la Sala concluye que Colpensiones no tenía competencia para
expedir la orden de devolución de sumas contenida en la Resolución GNR 162179
del 1º de junio de 2015 mediante la cual determinó que Socorro Pico de Jaimes
adeudaba al sistema general de pensiones la suma $40’017.250, por concepto de
las mesadas percibidas en el 100% con ocasión del reconocimiento de una
sustitución pensional derivada del fallecimiento de Aníbal Orlando Jaimes
Hernández, prevista en la Resolución GNR 128214 del 13 de junio de 2013, la cual
fue modificado a través de la Resolución GNR 162179 del 1º de junio de 2015. Lo
anterior, toda vez que esta decisión solo puede ser adoptada por el juez de lo
contencioso-administrativo dentro de un juicio de legalidad en el que se logre
desvirtuar la presunción de legalidad y de buena fe que cobijaba los actos
administrativos y la actuación de la demandante.
59. En esas condiciones se confirmará la sentencia de primera instancia, proferida
el 26 de octubre de 2023, por el Tribunal Administrativo de Santander.
2.5. Costas
20. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:
«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.
En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».
21. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.
22. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
20
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma63.
23. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones temerarias,
dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes etapas del
procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si se causaron
dichas costas.
24. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso
del trámite procesal, la Sala se abstendrá de imponerlas en esta instancia.
3. Conclusión
Con fundamento en lo expuesto, la Sala concluye que Colpensiones no tenía
competencia para proferir la orden de devolución de sumas percibidas por concepto
del pago de la sustitución de la mesada pensional en un 100%, con ocasión de la
modificación de la Resolución GNR 128214 del 13 de junio de 2013 de
reconocimiento.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso -
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Confirmar la sentencia del 26 de octubre de 2023, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad del artículo cuarto de la
Resolución GNR 162179 del 1º de junio de 2015 proferida por Colpensiones y negó
las demás pretensiones de la demanda presentada por Socorro Pico Jaimes, contra
la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones), conforme con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas en esta instancia
Tercero. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.
63En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).
21
Radicado: 68001-23-33-000-2015-01299-01 (0932-2024)
Demandante: Socorro Pico Jaimes
La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Con aclaración de voto Cfr. Rad. Av.
05001-23-33-000-2020-00472-01 (1251-
2024)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el
artículo 186 del CPACA.
Vmtl
22
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.