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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2020-00540-01

Fecha
6 de junio de 2025
Consejero ponente
Elizabeth Becerra Cornejo
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 54001-23-33-000-2020-00540-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida 23 de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió a las pretensiones de la demanda interpuesta por la Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. Segundo: No condenar en costas en esta instancia. Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 54001-23-33-000-2020-00540-01

Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

6 de junio de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO–ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo

Bogotá D.C., seis (6) de junio de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 54001-23-33-000-2020-00540-01 (3071-2023)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones, (Colpensiones)
Demandado: José Ramón Peñaranda Pabón

Tema: pensión de vejez, Subtema 1: reconocimiento ilegal pensión de vejez,
Subtema 2: principio de buena fe, Subtema 3: devolución de dineros pagados.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado resuelve el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia proferida el 23
de febrero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante la
cual se accedió a las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

Colpensiones reconoció pensión de vejez a José Ramón Peñaranda Pabón mediante
la Resolución GNR 63217 del 4 de marzo de 2015 y a través de la Resolución GNR
268473 del 1 de septiembre de 2015 se ordenó el pago y la inclusión en nómina del
demandado. Como resultado de una investigación administrativa especial, la entidad
por medio de las resoluciones SUB 2263348 del 21 de agosto de 2019 y SUB 236452
del 30 de agosto de 2019 decidió revocar los actos administrativos de reconocimiento
y pago de la prestación, y le ordenó reintegrar la totalidad de los recursos girados a
título de mesadas pensionales, retroactivo y aportes a salud.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

1. Colpensiones, por conducto de apoderado judicial, presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho1 de acuerdo con las pretensiones, hechos y fundamentos
jurídicos que a continuación se expresan.

2.1.1. Pretensiones

2. Solicitó2 que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: i)
Resolución GNR 63217 del 04 de marzo de 2015, mediante la cual Colpensiones
reconoció la pensión de vejez a favor de José Ramón Peñaranda Pabón y ii)
Resolución GNR 268473 del 01 de septiembre de 2015, a través de la cual,

1
Según el medio de control previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, en adelante CPACA. La demanda fue presentada el 12 de agosto de 2020, de acuerdo con el «ACTA
INDIVIDUAL DE REPARTO» visible en el índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip)
NroActua 2», numeral 3.
2
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip) NroActua 2», numeral 2.

Radicación: 54001-23-33-000-2020-00540-01(3071-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: José Ramón Peñaranda Pabón

Colpensiones ordenó el pago de la pensión de vejez a favor del demandado y su
inclusión en nómina.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordenara a José Ramón
Peñaranda Pabón el reintegro a favor de Colpensiones de las sumas pagadas por
concepto de mesadas pensionales, retroactivo y aportes a salud, que sean indexadas
y se condene en costas a la demandada.

2.1.2. Hechos

4. La Sala sintetiza los principales hechos del caso de la siguiente manera:

1) Colpensiones a través de la Resolución GNR 63217 del 4 de marzo de 2015
reconoció la pensión de vejez a favor del demandado, conforme a la Ley 33 de 1985,
con 1.165 semanas, y un IBL de $ 2,099,805 al cual se le aplicó una tasa de remplazo
del 75%, en cuantía inicial de $1,574,854 para el año 2015 y condicionó el ingreso a
nómina hasta el retiro del servicio.

2) La entidad demandante por medio de la Resolución GNR 268473 del 1 de
septiembre de 2015 reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez a favor del
accionado, con 1.165 semanas, con un IBL de $ 1,888,036.00 al cual se le aplicó una
tasa de remplazo del 75%, otorgó una mesada en cuantía inicial de $1,416,027 efectiva
a partir del 23 de septiembre de 2011, giró un retroactivo por valor de $74,927,443,
ingresado en la nómina del periodo de septiembre de 2015 pagada en el periodo de
octubre de 2015 y ordenó los aportes a salud.

3) Mediante la Resolución SUB 226348 del 21 de agosto de 2019, Colpensiones,
decide revocar en todas y cada una de sus partes las resoluciones GNR 63217 del 4
de marzo de 2015 y GNR 268473 del 1 de septiembre de 2015 por medio de las cuales
se reconoció, ordenó el pago e incluyó en nómina la pensión de vejez a favor de José
Ramón Peñaranda Pabón, con base en el Auto de Cierre 0888 del 4 de julio de 2019,
proferido dentro de la investigación administrativa especial 2239-2017, llevada a cabo
por la Dirección de Prevención del Fraude de la misma entidad.

4) El 30 de agosto de 2019, Colpensiones a través de la Resolución SUB 236452,
ordenó al accionado, el reintegro de la totalidad de los recursos girados a título de
mesadas, retroactivo y aportes a salud por valor de $183.821.684.

5) El 17 de septiembre de 2019, el accionado interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación en contra de la Resolución SUB 226348 del 21 de agosto de 2019.
Los cuales fueron resueltos mediante las resoluciones SUB 226348 del 21 de agosto
de 2019 y DPE 14346 del 10 de diciembre de 2019, respectivamente, confirmando en
todas y cada una de sus partes el acto recurrido.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación

5.La entidad demandante citó como normas violadas las siguientes: la Ley 33 de
1985, el Decreto 758 de 1990, la Ley 100 de 1993, artículo 33 y 36, el Acto Legislativo
01 de 2005 y el Decreto 2245 de 2012.

6. En el concepto de violación expuso lo siguiente:

a) Que una vez verificados los tiempos laborados en el expediente pensional del
demandado, se observó que existieron hechos de fraude para el reconocimiento de la
prestación, consistente en que los tiempos que acreditó con la alcaldía de Cúcuta,
carecen de veracidad, pues tal y como certificó el mismo ente territorial, no existen

2

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Demandante: Colpensiones
Demandado: José Ramón Peñaranda Pabón

soportes que demuestren relación laboral alguna y dichos tiempos fueron
determinantes para el reconocimiento pensional otorgado, por lo que indujo en error a
la administración con documentación presuntamente falsa para adquirir el derecho
pensional.

b) Igualmente, se logró determinar que en el presente caso se constituyeron los delitos
de estafa agravada, fraude procesal y falsedad en documento público, con los que se
afectó de manera directa a la entidad, toda vez que se generó un detrimento patrimonial
a los recursos públicos, razón por la cual, es procedente la revocatoria de la resolución
que reconoció la prestación de vejez.

c) Los actos demandados reconocen y pagan una pensión de vejez sin cumplir los
requisitos legales determinados en la Ley 100 de 1993 y el Decreto 758 de 1990, es
por ello, por lo que es necesario que sea declarada la ilegalidad de estos, por haberse
obtenido con maniobras engañosas.

2.2. Contestación de la demanda

7. El demandado guardó silencio3.

2.3. Sentencia de primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Norte de Santander, mediante sentencia del 23 de
febrero de 20234 declaró la nulidad de las resoluciones demandadas, por consiguiente,
accedió a las pretensiones de la demanda, sin condena en costas. Estableció lo
siguiente:

a) Que en el presente caso se debate si los actos administrativos a la luz de los nuevos
hechos presentados por Colpensiones y que se dieron a conocer con posterioridad al
reconocimiento pensional a favor de José Ramón Peñaranda Pabón, se encuentran
viciados de nulidad, en consideración a los cargos invocados contra ellos en la
demanda, análisis que no limita las facultades que tiene la administradora de revocar
o no sus propios actos.

b) Que luego de un análisis detallado de la investigación interna realizada por
Colpensiones, lo resuelto en esta sede administrativa y una lectura integral de los actos
administrativos demandados, se evidencia que se encuentran viciados de nulidad por
falsa motivación, en atención a que los tiempos necesarios para el reconocimiento y
pago de una pensión vitalicia de vejez para el demandado son insuficientes, por lo que
no cumple con todos los requisitos previstos por el legislador para tal fin.

c) Los actos acusados tuvieron como sustento jurídico y fáctico que el demandado
había cumplido con el requisito de «veinte años (20) años continuos o discontinuos»
establecido en el artículo 1 de la Ley 33 de 1985, sin embargo, como acreditó la entidad
demandante, los tiempos certificados como laborados en la Alcaldía de Cúcuta no
tienen ningún tipo de sustento probatorio que así lo respalde, por lo que no podrían
tomarse como ciertos ni computarse para efectos pensionales, máxime que el propio
ente municipal no reconoce tales periodos como laborados por el accionado por falta
de soportes documentales, inclusive el ente territorial indicó que la certificación
proferida el 27 de agosto de 2017 por esa entidad es presuntamente falsa porque se
soporta en documentación cuyo contenido no pertenece a José Ramón Peñaranda
Pabón.

3
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip) NroActua 2», numeral 10.
4
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip) NroActua 2», numeral 26.

3

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Demandante: Colpensiones
Demandado: José Ramón Peñaranda Pabón

d) Que es claro que la parte demandada tanto en sede administrativa, como judicial
tuvo la oportunidad de acreditar con medios idóneos la efectiva prestación de estos
tiempos, contrario a lo señalado por Colpensiones, no obstante, no allegó ni prueba
sumaria que corroborara sus afirmaciones o suscitara alguna duda razonable respecto
a esos tiempos laborados que suman más de 15 años.

e) Así las cosas, ordenó al señor José Ramón Peñaranda Pabón pagar a Colpensiones
todas las sumas devengadas con ocasión al reconocimiento y pago de su pensión de
vejez reconocido mediante las resoluciones GNR 63217 del 4 de marzo de 2015 y
GNR 268473 del 01 de septiembre de 2015, desde su inclusión en nómina hasta que
se hizo efectiva en nómina la Resolución SUB 226346 del 21 de agosto de 2019. La
liquidación de este monto deberá realizarse por Colpensiones, en los términos
señalados y comunicarse a José Ramón Peñaranda Pabón, dichas sumas deberán
ser indexadas.

2.4. Recurso de apelación

2.4.1. José Ramón Peñaranda Pabón a través de apoderado interpuso recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia5, así:

9. Expuso que el fallo del 23 de febrero de 2023, proferido por el Tribunal
Administrativo de Norte de Santander resulta apartado de la realidad por cuanto el
demandado cumplió con todos los requisitos exigidos por Colpensiones para acceder
al reconocimiento pensional.

10. La entidad demandante argumenta irregularidades en la presentación de los
requisitos, pero no aporta pruebas que permitan inferir cuales fueron los engaños en
los que supuestamente incurrió el accionado.

11. Sostuvo que en el plenario no ha sido probado que los documentos allegados, sean
falsos o adulterados, de manera que la decisión tomada por Colpensiones en sede
administrativa y apoyada por el tribunal no cuenta con un soporte probatorio que
afiance dicha afirmación, por lo que ordenar la devolución de los dineros pagados sin
haber sido comprobada su culpabilidad en los hechos que se le endilgan, es un exceso
en la decisión del a quo.

2.5. Trámite de segunda instancia

12. El recurso de apelación fue admitido por el despacho sustanciador a través de auto
del 12 de octubre de 20236 y conforme con el numeral 5 del artículo 247 del CPACA,
modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 20217, no se dio traslado a las partes
para alegar porque no fue necesario el decreto de pruebas.

2.6. El Ministerio Público

13. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

5
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip) NroActua 2», numeral 27.
6
Índice 4 del de Samai.
7
Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento administrativo y de lo contencioso administrativo -ley 1437 de 2011-
y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.

4

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Demandante: Colpensiones
Demandado: José Ramón Peñaranda Pabón

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

14. El presente asunto es de competencia de esta corporación de conformidad con lo
establecido en el inciso 1 del artículo 150 del CPACA, según el cual el Consejo de
Estado conoce en segunda instancia de las apelaciones contra las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos.

3.2. Cuestión previa

3.2.1. Caducidad según la Ley 2381 de 2024

15. Con ocasión de la expedición de la Ley 2080 de 2021 el legislador adoptó un nuevo
esquema en materia de resolución de las excepciones genuinamente previas y las de
naturaleza perentoria. En punto de la caducidad, como excepción perentoria, existen
dos momentos en los cuales se prevé su estudio y resolución, a saber: (i) en cualquier
estado del proceso, a través de sentencia anticipada, siempre que el juzgador la
encuentre probada (artículos 175, inciso 4, parágrafo 2, y 182A, numeral 3 del
CPACA8), y (ii) en la sentencia de fondo (artículo 187 del CPACA9), oportunidad esta
última en la cual el juez decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera
otra que encuentre probada10.

16. Esta aclaración resulta importante si se tiene en cuenta que a través de la Ley 2381
de 2024 se introdujo una importante modificación, por la cual se establece un término
de caducidad, frente a las demandas que la administración formula contra sus propios
actos de reconocimiento pensional.

17. Bajo estos supuestos, y al tener en cuenta que en este asunto no hay lugar a emitir
una sentencia anticipada para declarar probada la caducidad, toda vez que dicho
término no resulta aplicable al caso concreto, como se explicará más adelante, le
corresponde a la Sala en este momento procesal pronunciarse frente a este tópico. Lo
anterior, si se tiene en cuenta que al encontrase el proceso al despacho para dictar
sentencia es procedente, en los términos de los artículos 187 y 207 del CPACA,
resolver cualquier excepción propuesta y de las que el juez eventualmente encuentre
probadas, entre ellas, la caducidad del medio de control y, adicionalmente, ejercer el
control de legalidad y saneamiento del proceso.

18. Precisado lo anterior, y como se anunció en líneas anteriores, el artículo 86 de la
Ley 2381 de 2024 en su primera parte estableció un término de caducidad de 5 años
«para ejercer acciones administrativas y contencioso-administrativas respecto de las

8
«Artículo 182A. Sentencia anticipada. <Artículo adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021. El nuevo texto es el
siguiente:> Se podrá dictar sentencia anticipada: […]
3. En cualquier estado del proceso, cuando el juzgador encuentre probada la cosa juzgada, la caducidad, la transacción, la
conciliación, la falta manifiesta de legitimación en la causa y la prescripción extintiva. […].»
9
«Artículo 187. Contenido de la sentencia. […]
En la sentencia se decidirá sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre probada El silencio
del inferior no impedirá que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la
no reformatio in pejus. […]».
10
Sobre este particular puede verse auto de sala unitaria de 16 de septiembre de 2021. Rad. 05001-23-33-000-2019-02462-01
(2648-2021), en el cual se precisó que: « Al respecto, se tiene que el inciso 4.º del parágrafo 2.º del artículo 175 del CPACA
(modificado por el artículo 38 de la Ley 2080) señaló que las excepciones de cosa juzgada, caducidad, transacción, conciliación,
falta manifiesta de legitimación en la causa y prescripción extintiva, se declararán fundadas mediante sentencia anticipada en los
términos previstos en el numeral tercero del artículo 182A, y este determinó que podrá dictarse esta providencia, en cualquier
estado del proceso, cuando el juzgador advierta demostrada una de las perentorias citadas. A su vez, el artículo 187 ibidem
señaló que en la sentencia se pronunciará sobre las excepciones propuestas y sobre cualquiera otra que el fallador encuentre
probada.
En ese orden de ideas, la resolución de defensa materializada en las excepciones perentorias nominadas, no pueden decidirse
mediante auto antes de la audiencia inicial, ni en la citada diligencia judicial, sino que solo se declararán fundadas por medio de
sentencia anticipada, acorde con los lineamientos precisados en el numeral tercero del artículo 182A del CPACA o, de lo contrario,
esto es, cuando todavía no se encuentren probadas o demostradas, el juzgador tendrá la opción de dirimirlas en la sentencia
ordinaria que defina de fondo las pretensiones de la demanda, conforme al artículo 187 del CPACA.» [destacado fuera del texto]

5

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Radicación: 54001-23-33-000-2020-00540-01(3071-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: José Ramón Peñaranda Pabón

pensiones reconocidas», contado a partir del reconocimiento de la referida prestación.
Así se observa en el texto del citado artículo 86 ibidem:

«Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas y
contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir
del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a
excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones administrativas
y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de haber sido reconocidas,
y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas y/o
contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles del
recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5) años
a partir de la vigencia de esta ley».
19. Visto lo anterior, se tiene que en el caso concreto Colpensiones solicitó la nulidad
de: Resolución GNR 63217 del 04 de marzo de 2015, mediante la cual la
administradora reconoció la pensión de vejez a favor de José Ramón Peñaranda
Pabón y ii) Resolución GNR 268473 del 01 de septiembre de 2015, a través de la cual,
ordenó el pago de la pensión de vejez a favor del demandado y su inclusión en nómina,
por lo que es necesario establecer si hay lugar a la aplicación del nuevo término de
caducidad, sin perder de vista las reglas previstas en el ordenamiento jurídico, en
materia de tránsito legislativo, tratándose de leyes que regulan la sustanciación y las
ritualidades propias de los juicios.

20. En efecto, el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 en tanto establece un término de
caducidad de 5 años para el ejercicio de las «acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas» se considera de aquellas
normas mediante las cuales se establecen las reglas de sustanciación y ritualidades
propias de los juicios, por lo que para efectos de su aplicación en el tránsito legislativo
anunciado es menester acudir a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 11.

21. Lo anterior, porque si bien el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 señala que el
referido término de caducidad aplicará incluso para las «acciones administrativas y/o
contencioso administrativas» en curso, lo cierto es que la regulación legal de la
caducidad como instituto procesal, mediante el cual se limita el derecho de acción,
guarda una íntima relación con las formas propias de los juicios, esto es, con la
sustanciación y ritualidades previstas para regular el derecho de acceso a la
administración de justicia.

22. En tal sentido, aunque, por regla general las normas procesales se consideran de
orden público y de inmediata aplicación, lo cierto es que, el legislador de 1887 no pasó
por alto la necesidad de garantizar los principios de confianza legítima y seguridad
jurídica por lo que establece una serie de excepciones que hacen posible, aun frente
a cambios normativos sobrevinientes, aplicar las reglas que gobiernan la sustanciación
y ritualidades en los asuntos judiciales vigentes al momento en que son interpuestos
los recursos, se practican pruebas, se realizan audiencias y empiezan a
contabilizarse términos como el establecido para la caducidad de los medios de
control.

11
«Artículo 40. Modificado por el artículo 624, Ley 1564 de 2012. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los
juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.
Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas,
los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por
las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias,
empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con
que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.» [destacado fuera del texto].

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Demandante: Colpensiones
Demandado: José Ramón Peñaranda Pabón

23. Esos mismos principios, de confianza legítima y seguridad jurídica, que inspiraron
la adopción de este tipo de reglas en materia de tránsito legislativo en el siglo XIX,
siguen presentes en el texto constitucional de 1991, según puede verse en los artículos
1, 2, 4, 5, 6 y 8312. Así las cosas, el carácter preconstitucional de la Ley 153 de 1887
en nada contradice el espíritu de la Constitución de 1991, por el contrario, las reglas
previstas en esta ley son una importante herramienta que contribuye a la interpretación
y aplicación de las distintas disposiciones que integran el ordenamiento jurídico
vigente.

24. En este orden de ideas, de acuerdo con lo establecido en el inciso segundo del
artículo 40 de la Ley 153 de 1887, al caso concreto resulta aplicable la regulación en
materia de caducidad prevista en el texto original del literal c, del artículo 164 del
CPACA, dado que, al momento de su formulación, 12 de agosto de 2020, era la
disposición que en materia de oportunidad para presentar la demanda se encontraba
vigente y en la cual, vale la pena precisar, no se tenía previsto término de caducidad
alguno.

25. Esta consideración, no solo encuentra sustento en la aplicación de las reglas de
sustanciación y ritualidades propias de los juicios, previstas en la Ley 153 de 1887,
sino también en la necesidad de garantizar plenamente el derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia de quien motivado por un interés general
persigue la nulidad de un acto administrativo que estima ilegal y que compromete
recursos públicos.

26. En este punto, no puede perderse de vista que, ante la imposibilidad de revocar sus
propios actos, sin el consentimiento del interesado, la administración debe estar
provista de mecanismos judiciales que le permitan discutir su legalidad como ocurre
con el presente medio de control, en el que la titular del derecho prestacional
cuestionado, en todo caso, ha visto garantizados sus derechos de defensa y
contradicción durante el trámite procesal impartido.

27. Adicionalmente, es importante recordar que la Corte Constitucional en sentencia C-
1049 de 200413, ya había señalado que «exceptuar una determinada acción del
régimen general de la caducidad no vulnera por si sola los deberes estatales de
protección ni otras normas de la Constitución, a condición de que se trate de una
medida justificada y razonable».

28. Por último, la Sala advierte que el término de caducidad establecido en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024 persigue dotar de firmeza las decisiones administrativas, a
través de las cuales se reconocen derechos pensionales, sin embargo, dicho propósito
no cobija los actos de reconocimiento pensional que a la fecha de entrada en vigencia
de la mencionada Ley 2381 ya han sido cuestionados mediante acciones judiciales
formuladas bajo reglas procesales desprovistas de caducidad. En tal sentido,
corresponde al juez de lo contencioso - administrativo determinar la aplicación de este
término en atención a las particularidades de cada caso.

29. En estos términos, la expresión, «[…] y que estén en curso […]», prevista en el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 se considera incompatible con los artículos 29 y
229 de la CP y los principios constitucionales de confianza legítima y seguridad
jurídica14, motivo por el cual, la Sala con fundamento en el artículo 4 de la Constitución

12
«La seguridad jurídica es un principio central en los ordenamientos jurídicos occidentales. La Corte ha señalado que este
principio ostenta rango constitucional y lo ha derivado del preámbulo de la Constitución y de los artículos 1, 2, 4, 5 y 6 de la Carta».
Corte Constitucional, sentencia T-502 de 2002.
13
En esa oportunidad la Corte Constitucional declaró la exequibilidad de la expresión «en cualquier tiempo» prevista en el numeral
2 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.
14
En sentencia C-054 de 2016, la Corte Constitucional precisó que: «el artículo 4º C.P. implica que en todo caso debe preferirse
la vigencia sustantiva de la Constitución cuando entre en contradicción con el contenido de una norma jurídica de inferior jerarquía.
Según lo han sostenido diferentes vertientes de la teoría del derecho, dicha compatibilidad no solo se predica de las previsiones

7

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Demandante: Colpensiones
Demandado: José Ramón Peñaranda Pabón

Política15 dispondrá su inaplicación por inconstitucionalidad. En consecuencia, para el
caso concreto, no resulta aplicable el término de caducidad establecido en el artículo
86 ibidem, por lo que se procederá con el estudio del recurso de apelación formulado
por la parte demandada contra la sentencia proferida el 23 de febrero de 2023 por el
Tribunal Administrativo de Norte de Santander.

3.3. Problema jurídico y metodología de su resolución

30. De acuerdo con lo expuesto, la Sala analizará el fondo del asunto a partir del
siguiente problema jurídico: ¿se logró desvirtuar o no la presunción de buena fe
respecto del actuar de José Ramón Peñaranda Pabón y como consecuencia de ello le
corresponde reintegrar las sumas recibidas por concepto de retroactivo, mesadas
pensionales y descuentos en salud, surgidas con ocasión del reconocimiento
pensional dispuesto en las resoluciones 63217 del 04 de marzo de 2015 y GNR 268473
del 01 de septiembre de 2015?

31. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reseñará, en primer lugar, el
principio de la buena fe respecto de la devolución de prestaciones periódicas, y, en
segundo lugar, estudiará el caso en concreto.

3.4. De la revocatoria directa de los actos administrativos en materia pensional

32. Sobre este particular, debe decir la Sala que el legislador en desarrollo de los
principios de objetividad, transparencia, moralidad, eficacia y economía que gobiernan
la función administrativa, y de la protección especial que demanda el erario, el
legislador estipuló en la Ley 797 de 200316 aplicable al caso concreto por ser el acto
administrativo en cuestión expedido en el año 2019, una modalidad especial de
revocatoria directa de actos administrativos de contenido particular y concreto a través
de los cuales se dispone el reconocimiento de una prestación económica.

33. En efecto, esta Sección en reiterada jurisprudencia17, ha sostenido que, en los actos
administrativos de carácter particular y concreto, el legislador claramente reguló que
para la procedencia de la figura de la revocatoria directa en los eventos en que el titular
del acto administrativo manifieste previamente su consentimiento de manera expresa
y por escrito. Sin embargo, el artículo 19 de la Ley 797 de 2003, faculta a los
representantes legales de las instituciones de seguridad social para que en forma
oficiosa verifiquen el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para el
reconocimiento de un derecho prestacional, entre ellos los de naturaleza pensional y,
así mismo, de la legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para acreditar
la totalidad de los requisitos a los que previamente se hace relación.

34. Para mayor ilustración se transcribe el texto del referido artículo 19 de la Ley 797
de 2003:

«[…]

Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente: Los
representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan por
el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán verificar
de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la legalidad

constitucionales comprendidas como reglas, sino también de los principios, valores y postulados de moralidad política que dan
sentido a la Carta Política».
15
«Artículo 4. La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales».
16
Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales.
17
Ver, entre otras, las sentencias de 29 de octubre de 2018 - Radicación número: 25000-23-42-000-2014- 02217-01(3777-16) y
de 8 de febrero de 2018 - Radicación número: 76001-23-31-000-2010-01971-01(3485-15.

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de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y pago de la
suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera que exista
motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció indebidamente una
pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el incumplimiento de los
requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en documentación falsa, debe el
funcionario proceder a la revocatoria directa del acto administrativo aun sin el
consentimiento del particular y compulsar copias a las autoridades competentes. […]»
(Resaltado de la Sala).

35. Se trata a juicio de la Sala de una actuación administrativa oficiosa, que debe
fundarse en motivos serios, objetivos y reales, que le hagan suponer a la
administración que el derecho prestacional, de que se trate, ha sido reconocido sin el
cumplimiento de los requisitos exigidos por el legislador para tal efecto, o mediante la
utilización de documentos apócrifos que induzcan en error a la entidad de Seguridad
Social encargada de reconocer y/o pagar determinada prestación, verbigracia, de
naturaleza pensional. Así las cosas, no se trata de una actuación sujeta al capricho de
la administración sino, por el contrario, fundada en hechos ciertos y objetivos que
deben hacer racional y necesaria la verificación, en cada caso particular, de los
supuestos legales exigidos para el reconocimiento de una determinada prestación
social.

36. Esta disposición fue declarada exequible condicionalmente por la Corte
Constitucional mediante la sentencia C-835 de 2003, en el entendido de que el
incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en
documentación falsa, se tipifican como delito por la ley penal.

37. Igualmente, esta Sección ha señalado que «en esa misma sentencia la Corte
Constitucional advirtió que la facultad de revocación directa de los actos que
reconocen pensiones u otras prestaciones económicas no podrán efectuarse sin el
consentimiento previo del pensionado, pues esta potestad se encuentra limitada
cuando la controversia surge de problemas de interpretación del derecho pensional,
eventos en los cuales deberá acudirse al beneplácito o autorización del ciudadano, y
de no ser así, deberá adelantarse ante los jueces competentes las acciones legales a
que haya lugar, para obtener la nulidad de los actos que pretende revocar. En este
sentido, salvo ley en contrario, la revocatoria con el consentimiento escrito y expreso
se exige en todos los casos distintos de los contemplados en el artículo 19 antes citado
[...]».18

38. Cabe resaltar, que la Corte Constitucional19 al estudiar la constitucionalidad de la
norma hizo énfasis en el concepto de ostensible ilegalidad que supone el
incumplimiento de esos requisitos y el empleo de documentación falsa con el propósito
de beneficiarse de una prestación pensional. Así las cosas, no se trata de una
actuación sujeta al capricho de la administración sino, por el contrario, fundada en
hechos ciertos y objetivos que deben hacer racional y necesaria la verificación, en cada
caso particular, de los supuestos legales exigidos para el reconocimiento de una
determinada prestación social.

39. Bajo dicho entendido, el alto tribunal constitucional sostuvo:

«[…]

Cosa distinta ocurre cuando el incumplimiento de los requisitos aludidos esté tipificado
como delito y la Corte señala claramente que basta con la tipificación de la conducta
como delito, para que la administración pueda revocar, aunque no se den los otros

18
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 29 de octubre de 2018 - Radicación número: 25000-23-
42-000-2014-02217-01(3777-16).
19
Corte Constitucional. Sentencia C- 835 de 23 de septiembre de 2003, Expediente D-4515.

9

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elementos de la responsabilidad penal, de tal manera que en el evento de que el
reconocimiento se hizo con base en documentación falsa o se halla comprobado el
incumplimiento de los requisitos, basta con que sean constitutivos de conductas
tipificadas por la ley penal, hipótesis en la cual se inscribe la utilización de documentación
falsa, en conexidad o no con conductas tipificadas por la ley penal tales como el cohecho,
el peculado, etc. Como que se trata de una circunstancia de ostensible ilegalidad,
respecto de la cual, “(...) la aplicación del principio de buena fe deberá operar es en
beneficio de la administración para proteger el interés público, pues en este caso la
actuación fraudulenta con la que se dio origen o desarrollo a la actuación de la
administración rompe la confianza legítima que sustenta la presunción de legalidad del
acto expedido bajo tales circunstancias”

Desde luego que en desarrollo del debido proceso la revocatoria establecida en el
artículo 19 de la ley 797 de 2003 tiene que cumplir satisfactoriamente con la ritualidad
prevista en el Código Contencioso Administrativo o en los estatutos especiales que al
respecto rijan. Vale decir, con referencia al artículo 19 acusado el acto administrativo por
el cual se declara la revocatoria directa de una prestación económica, deberá ser la
consecuencia lógica y jurídica de un procedimiento surtido con arreglo a los artículos 74,
28, 14, 34 y 35 del Código Contencioso Administrativo, sin perjuicio de la aplicación de
las normas de carácter especial que deban privilegiarse al tenor del artículo 1 del mismo
estatuto contencioso. Pero en todo caso, salvaguardando el debido proceso. Igualmente,
mientras se adelanta el correspondiente procedimiento administrativo se le debe
continuar pagando al titular –o a los causahabientes- de la pensión o prestación
económica las mesadas o sumas que se causen, esto es, sin solución de continuidad. Y
como respecto del titular obra la presunción de inocencia, le corresponde a la
Administración allegar los medios de convicción que acrediten la irregularidad del acto
que se cuestiona. Es decir, la carga de la prueba corre a cargo de la Administración.

[…]

La Corte deja claramente establecido que cuando el litigio versa sobre problemas de
interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación
de un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente a uno general;
estos litigios deben ser definidos por los jueces competentes de conformidad con el
artículo 20 de la Ley 797 de 2003 y que en consecuencia no procede la revocatoria
directa del acto administrativo sin el consentimiento del particular. […]»

40. En ese sentido, esta Sección20 ha indicado que podrá la administración disponer la
revocatoria directa del acto administrativo, sin el pertinente consentimiento previo,
expreso y escrito del titular del derecho cuando advierta una circunstancia de
ostensible ilegalidad, esto es, frente al incumplimiento de los requisitos o la verificación
del uso de documentación falsa que incluso tipifique un delito. Salvo, como quedó
visto, en los casos en que los motivos que hacen suponer a la administración que el
reconocimiento prestacional fue indebido o se refieran a problemas de interpretación
del derecho.

41. Asimismo, la Corte Constitucional en pronunciamiento de unificación 16, de 30 de
abril de 2015, reiteró que con la expedición de la Ley 797 de 2003, se autorizó la
revocatoria directa de actos administrativos relacionados con el reconocimiento de
pensiones, al atribuirle a la administración, artículo 19 ibidem, la facultad de verificar
de oficio el cumplimiento de los requisitos necesarios para consolidar este tipo de
derechos, así como la legalidad de los documentos que sirvieron para acreditarlos. De
igual forma, señaló que para llevar a cabo tal procedimiento, se debe respetar el debido
proceso administrativo ya que la administración no puede revocar directamente sin
consentimiento del titular si no hay evidencia probada de fraude.

20
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Sentencia de 29 de octubre de 2018 - Radicación número: 25000-23-
42-000-2014-02217-01(3777-16).

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3.5. Principio de la buena fe respecto de prestaciones periódicas

42. Conforme al artículo 83 de la Constitución Política, «[l]as actuaciones de los
particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena
fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas».

43. En relación con el contenido del principio de buena fe, la jurisprudencia
constitucional lo ha definido como «aquel que exige a los particulares y a las
autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y
conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una ‘persona correcta (vir
bonus)’. Así, la buena fe presupone la existencia de relaciones reciprocas con
trascendencia jurídica y se refiere a la confianza, seguridad y credibilidad que otorga
la palabra dada».21

44. De esta manera, el constituyente de 1991 dispuso que el principio de buena fe
comportaría un patrón rector de las actuaciones de los particulares y las autoridades
públicas. Adicionalmente, la Carta Política establece que dicho principio se presume
en las diligencias que los primeros adelanten ante las segundas; así pues, bajo la idea
de esa presunción, quien pretende desvirtuarla debe asumir la carga probatoria que
permita demostrar la trasgresión de dicho principio.22

45. A su vez, el artículo 164 de la Ley 1437 de 201123 (CPACA) precisó:

«Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:
1. En cualquier tiempo, cuando:
[…]
c) Se dirija contra actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones
periódicas. Sin embargo, no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a
particulares de buena fe;
[…].» [Resaltado de la Sala]

46. De conformidad con lo anterior, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha
sostenido que «[…] no habrá lugar a recuperar las prestaciones periódicas pagadas a
los particulares de buena fe, salvo que se pruebe por la entidad Estatal que el
demandado incurrió en conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que
actuó de mala fe con el fin de obtener un beneficio al cual no tenía derecho».24

3.6. Estudio del caso concreto

3.6.1. Hechos probados

47. De conformidad con las pruebas que obran en el expediente se puede establecer
lo siguiente:

a) José Ramón Peñaranda Pabón nació el 10 de junio de 195325, por considerar que
cumplió los requisitos, el 23 de septiembre de 201426 presentó solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión de vejez.

21
Corte Constitucional, sentencia C-1194 del 3 de diciembre de 2008.
22
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 26 de junio de 2020,
expediente 41001-23-33-000-2012-00237-02 (4076-18).
23
«Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.»
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de agosto de
2020, expediente 76001-23-31-000-2010-01578-01 (3388-14).
25
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip) NroActua 2», numeral 18, fl 44.
26
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip) NroActua 2», numeral 18, fl 69.

11

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Demandante: Colpensiones
Demandado: José Ramón Peñaranda Pabón

b) Colpensiones mediante la Resolución GNR 63217 del 4 de marzo de 2015 27
reconoció al demandado una pensión de vejez para el año 2015, por valor de
$1.574.854.

c) El 21 de mayo de 2015 el demandado solicitó a Colpensiones el reconocimiento y
pago de la pensión de vejez, la cual fue resuelta por la Resolución GNR 268473 del 1
de septiembre de 201528, que le reconoció y ordenó el pago de la prestación a José
Ramón Peñaranda Pabón, con los mismos tiempos de la Resolución GNR 63217 del
4 de marzo de 2015, con una tasa de remplazo del 75%, en cuantía de $1.590.016,
efectiva a partir del 23 de septiembre de 2011 y se giró un retroactivo por valor de
$74.927.443.

d) 27. Respecto a los tiempos de servicios laborados por el accionante en la alcaldía
de Cúcuta, se presentaron inconsistencias en los siguientes periodos: 1973/07/01 al
1979/05/31, 1987/05/05 al 1989/01/28, 1989/02/01 al 1990/03/19 y 1990/03/25
1995/12/31. Lo anterior, de conformidad con el «AUTO DE TRÁMITE RADICADO No.
2017002»29 mediante el cual la Secretaría General de la alcaldía de Cúcuta resolvió
«Disponer la necesaria CORRECCIÓN DE LOS DATOS E INFORMACIÓN LABORAL
INCONSISTENTE del Certificado de Información Laboral 1142 de 4 de septiembre de
2.014- FORMATO CLEBP No. 1, 2 y 3B expedidos a nombre de José Ramón
Peñaranda Pabón».

e) El 17 de abril de 2017, mediante oficio «URGENTE Y PRIORITARIO»30, la alcaldía
de Cúcuta pone en conocimiento de Colpensiones las anteriores inconsistencias y
solicita la suspensión de las decisiones pensionales del demandado.

f) Mediante Auto de Apertura 2482 del 3 de noviembre de 201731, se inicia investigación
administrativa especial para establecer posibles hechos de fraude en el trámite del
reconocimiento de pensión de vejez a favor de José Ramón Peñaranda Pabón. Esta
decisión fue comunicada al demandado mediante oficio del 2 de octubre de 2018 32 y
se le otorgó el término de 15 días hábiles para presentar argumentos y elementos de
prueba para esclarecer los hachos y que quiera hacer valer en el trámite.

g) A través de Auto 0888 del 4 de julio de 2019 se ordenó el cierre de la investigación
administrativa y se concluyó que es claro que se encontraban frente a un hecho de
fraude respecto al reconocimiento de pensión de vejez del demandado, por acreditar
tiempos laborados con la alcaldía de Cúcuta que carecen de veracidad y sin soporte
alguno.

h) La anterior decisión fue comunicada por medio del Oficio BZG. 2019_8946236 del 5
de julio de 201933 y se le informó al José Ramón Peñaranda Pabón que tanto el auto
de cierre de la investigación administrativa especial como los soportes y las pruebas
fueron traslados a la Dirección de Prestaciones Económicas, para los correctivos
pertinentes.

i)Colpensiones profirió la Resolución SUB 226348 del 21 de agosto de 201934
mediante la cual revocó en todas y cada una de sus partes las resoluciones GNR
63217 del 4 de marzo de 2015 y GNR 268473 del 1 de septiembre de 2015, negó el
reconocimiento y pago de la pensión de vejez y ordenó el retiro de nómina del
accionado.

27
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip) NroActua 2», numeral 18, fl 240.
28
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip) NroActua 2», numeral 18, fl 247.
29
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip) NroActua 2», numeral 18, fl 73
30
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip) NroActua 2», numeral 18, fl 76
31
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip) NroActua 2», numeral 18, fl 134
32
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip) NroActua 2», numeral 18, fl 529.
33
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip) NroActua 2», numeral 18, fl 153.
34
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip) NroActua 2», numeral 18, fl 261.

12

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j) Asimismo, a través de la Resolución SUB 236452 del 30 de agosto de 201935 ordenó
al accionado, el reintegro de la totalidad de los recursos girados a título de mesadas,
retroactivo y aportes a salud por valor de $183.821.684, valores pagados en un 100%,
por concepto de pensión de vejez mediante las resoluciones GNR 63217 del 04 de
marzo de 2015 y GNR 268473 del 01 de septiembre de 2015.

k) El 17 de septiembre de 2019, el accionado interpuso recurso de reposición y en
subsidio apelación en contra de la Resolución SUB 226348 del 21 de agosto de 2019.
Los cuales fueron resueltos mediante las resoluciones SUB 226348 del 21 de agosto
de 2019 y DPE 14346 del 10 de diciembre de 2019, respectivamente, las cuales
confirmaron en todas y cada una de sus partes el acto recurrido.

3.5.2. Análisis sustancial de la Sala

48. Para resolver el problema jurídico, es necesario determinar la legalidad de las
resoluciones GNR 63217 del 4 de marzo de 2015 y GNR 268473 del 1 de septiembre
de 2015, para lo cual, es preciso analizar si los tiempos de servicios, particularmente
laborados en la alcaldía de Cúcuta que se tuvieron para el reconocimiento y pago de
la pensión de vejez del demandado fueron certificados de manera fraudulenta.

49. Colpensiones mediante la Resolución GNR 63217 del 4 de marzo de 2015 36
reconoció al demandado una pensión de vejez para el año 2015, por valor de
$1.574.854, de acuerdo con los siguientes tiempos de servicios:

ENTIDAD DESDE HASTA NOVEDAD DÍAS
LABORO
ALCALDIA DE 1973/07/01 1979/05/31 TIEMPO DE 2130
CUCUTA SERVICIO
CONTRALORIA 1979/06/11 1985/04/15 TIEMPO DE 2105
GENERAL SERVICIO
CENS 1985/04/19 1987/04/03 TIEMPO DE 742
SERVICIO
UNIVERSIDAD 1986/06/17 1986/09/01 TIEMPO DE 77
LIBRE COL GU SERVICIO
ALCALDIA DE 1987/05/05 1989/01/28 TIEMPO DE 624
CUCUTA SERVICIO
ALCALDIA DE 1989/02/01 1990/03/19 TIEMPO DE 409
CUCUTA SERVICIO
ALCALDIA DE 1990/03/25 1995/12/31 TIEMPO DE 2076
CUCUTA SERVICIO
243 FISCALIA 1997/05/26 1997/05/26 TIEMPO DE 26
GRAL DE LA SERVICIO
NACION
243 FISCALIA 1997/06/01 1997/07/17 TIEMPO DE 47
GRAL DE LA SERVICIO
NACION
CONTRALORIA 45 DIAS INTERRUPCION 45
GENERAL

50. Conforme a los tiempos de servicios tomados para el reconocimiento pensional por
la entidad, el demandado acreditó un tiempo total de 8.159 días laborados,
correspondientes a 1165 semanas. Dicho acto administrativo otorgó un valor de la
mesada pensional para el año 2015 de $1.574.854.00 y condicionó el ingreso a nómina
hasta tanto se demostrará el retiro del servicio público.

51. Mediante la Resolución GNR 268473 del 1 de septiembre de 2015 Colpensiones
reconoció y ordenó el pago de la pensión de vejez al señor José Ramón Peñaranda
Pabón, con los mismos tiempos de la Resolución GNR 63217 del 4 de marzo de 2015,

35
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip) NroActua 2», numeral 18, fl 278.
36
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip) NroActua 2», numeral 18, fl 55.

13

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con una tasa de remplazo del 75%, en cuantía de $1.590.016, efectiva a partir del 23
de septiembre de 2011 donde se giró un retroactivo por valor de $74.927.443.

52. Respecto a los tiempos de servicios laborados en la alcaldía de Cúcuta, se
presentaron inconsistencias en los siguientes periodos:

ENTIDAD DESDE HASTA
1973/07/01 1979/05/31
1987/05/05 1989/01/28
ALCALDÍA DE CÚCUTA 1989/02/01 1990/03/19
1990/03/25 1995/12/31

53. Lo anterior, de conformidad con el «AUTO DE TRÁMITE RADICADO No.
2017002»37 mediante el cual la Secretaría General de la alcaldía de Cúcuta resolvió
«Disponer la necesaria CORRECCIÓN DE LOS DATOS E INFORMACIÓN LABORAL
INCONSISTENTE del Certificado de Información Laboral 1142 de 4 de septiembre de
2.014- FORMATO CLEBP No. 1, 2 y 3B expedidos a nombre del señor José Ramón
Peñaranda Pabón […]».

54. Esta decisión, fue puesta en conocimiento de Colpensiones el 17 de abril de 2017 38,
lo cual se evidencia a continuación39:

«ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA

San José de Cúcuta, Abril 17 de 2017

Doctor
CÉSAR FERNANDO UCROS VELASQUEZ
Gerente Nacional de Reconocimiento
COLPENSIONES
Avenida o Calle 18
CÚCUTA
ASUNTO. DERECHO DE PETICIÓN. Art 23 CN.
GRAVES INCONSISTENCIAS Y HALLAZGOS EN INFORMACIÓN
LABORAL CERTIFICADA. SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE
DECISIONES PENSIONALES.

Respetado Doctor:

Con fundamento en los principios de colaboración, ayuda mutua y necesaria al interior
de las distintas Entidades comprometidas en actuaciones administrativas con
competencia en el estudio. Decisión y reconocimiento o denegación de derechos
pensionales. atentamente nos permitimos dar a conocer a COLPENSIONES, por
intermedio de su despacho que este Fondo Territorial de Pensiones públicas del
Municipio de Cúcuta ha hallado en gestiones de verificación graves inconsistencias en
la información laboral incorporada en los Formatos CLEBP 1,2 y 3B que llevan a
concluir hasta ahora con el acervo recopilado, que algunos TIEMPOS DE SERVICIO
Y SALARIOS certificados por Subsecretario de Talento Humano de la Alcaldía de
Cúcuta con base en proyecciones que fueron elaboradas por el funcionario encargado
de la custodia y conservación documentos en el Archivo General, Sr. MANUEL
NAVARRO URON, son INCONSISTENTES parcial o totalmente por motivos de
inexistencia de soportes documentales que acrediten la real prestación de servicios
públicos.

Prueba de lo expuesto se desprende de la comunicación dirigida a la Doctora OLGA
LUCIA SARMIENTO MAYORGA en relación con la objeción al cobro del Bono

37
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip) NroActua 2», numeral 18, fl 73
38
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip) NroActua 2», numeral 18, fl 76
39
Transcripción incluso con errores.

14

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Radicación: 54001-23-33-000-2020-00540-01(3071-2023)
Demandante: Colpensiones
Demandado: José Ramón Peñaranda Pabón

Pensional B de la pensión otorgada al señor JOSE RAMÓN PEÑARANDA PABÓN,
cedula de ciudadanía No. 13.249.693 de Cúcuta – Anexo-.

En esa medida se ha considerado una prioridad solicitar la valiosa colaboración de
COLPENSIONES para que se suspenda provisionalmente el trámite pensional, en el
estado en que se encuentre, de solicitudes pensionales cuyos peticionarios hayan
aportado tiempo de servicios en el MUNICIPIO DE CÚCUTA, así tengan oficio de
certificación por parte del Fondo Territorial de Pensiones de la Alcaldía de Cúcuta
mientras se procede a reconfirmar a la mayor brevedad posible la real existencia del
vínculo laboral y los salarios percibidos. […]»

55. Mediante Auto de Apertura 2482 del 3 de noviembre de 2017 40, se inicia
investigación administrativa especial para establecer posibles hechos de fraude en el
trámite del reconocimiento de pensión de vejez a favor de José Ramón Peñaranda
Pabón.

56. La anterior decisión, fue comunicada al demandado mediante oficio del 2 de octubre
de 2018, en los siguientes términos41:

«Colpensiones

Bogotá, D.C. 02 de octubre de 2018
Señora:
JOSE RAMON PEÑARANDA PABÓN
Calle 7 # 5E-28 BARRIO POPULAR
CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER
Referencia: Investigación Administrativa Especial N° 2239-17
Cédula de Ciudadanía N° 13249693
Resolución: GNR 268473 del 1 de septiembre de 2015

Respetada Señora:

Reciba un cordial saludo de la Administradora Colombiana de Pensiones –
COLPENSIONES, me permito informarle que mediante Auto N° 2482 del 3 de
noviembre de 2017, se resolvió dar apertura investigación administrativa especial con
el fin de verificar de forma oficiosa los soportes que sirvieron de fundamento para la
expedición del acto administrativo GNR 268473 del 1 de septiembre de 2015 por medio
del cual se le reconoció su derecho prestacional. Esta investigación administrativa se
inició con fundamento en las siguientes pruebas recaudadas:
[...]
Atendiendo los principios de moralidad administrativa y de protección de los recursos
públicos, nos permitimos solicitarle que dentro del término de quince (15) días hábiles
contados a partir del recibido de esta comunicación, se sirva presentar los argumentos
y elementos de prueba que permitan esclarecer los hechos y que quiera hacer valer en
este trámite.

Vencido el término anterior, este Despacho procederá a analizar los soportes
probatorios del caso con el fin de tomar las medidas a que haya lugar y posteriormente
remitir las conclusiones de esta investigación administrativa especial a la Gerencia de
Determinación de Derecho para que dentro del ámbito de sus competencias proceda
a tomar la decisión que corresponda conforme al mandato legal. […]»

57. Posteriormente, la Gerencia de Prevención del Fraude de Colpensiones trasladó el
Auto de Cierre 0888 del 4 de julio de 2019 42, proferido dentro de la investigación
administrativa especial 2239-2017 a la Dirección de Prestaciones Económicas y a la

40
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip) NroActua 2», numeral 18, fl 134
41
Transcripción incluso con errores.
42
Índice 2 del expediente electrónico de Samai, archivo «ED_5400123330002020(.zip) NroActua 2», numeral 18, fl 124.

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Demandante: Colpensiones
Demandado: José Ramón Peñaranda Pabón

Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia, en el cual concluyó lo
siguiente:

«Conforme a todo lo expuesto, es claro que nos encontramos frente a un hecho de
fraude respecto del reconocimiento de pensión de vejez a favor del señor JOSE
RAMÓN PEÑARANDA PABÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.249.693;
toda vez que el formato CLEBP aportado en la solicitud y en el cual se acreditan
tiempos con la Alcaldía de San José de Cúcuta , carecen de veracidad, pues tal y como
certificó dicha entidad, no existen soportes que acrediten relación laboral alguna y
dichos tiempos fueron determinantes para el reconocimiento pensional otorgado.

De esta manera se puede observar, que durante los periodos (1973 - 1979), (1987-
1989), (1990-1995); es decir para un periodo total de (16) años, no existe documento
alguno que soporte que el señor JOSE RAMON PEÑARANDA, presto sus servicios
para la alcaldía de SAN JOSE DE CUCUTA, pues aunque se buscaron soportes como:
Actas de nombramiento, actas de posesión, reconocimiento de vacaciones, de los
periodos en que el señor peñaranda adujo haber laborado para la ALCALDIA, no fue
posible su hallazgo. Pues si bien es cierto que el archivo de la Alcaldía de San José de
Cúcuta, no contaba con los estándares requeridos por el archivo general de la nación,
si habían relaciones realizadas a mano, y en Excel, que permitían ubicar los
expedientes con facilidad, y determinar los periodos.

Tampoco resulta convincente lo manifestado por el ciudadano, en su escrito de
contestación, al manifestar que no se explica cómo la misma funcionaria puede firmar
algo, y de manera posterior retractarse de lo suscrito por ella misma, aduciendo una
falsedad o manipulación, en los documentos que sirvieron como base para el
reconocimiento. Considerando que lo realizado por la Alcaldía fue lo correcto, al cotejar
los formatos CLEBP allegados para el reconocimiento, contra actas de nombramiento,
actas de posesión, reconocimiento de vacaciones, de los tiempos laborados por el
señor PEÑARANDA PABON, documentos que nunca fueron hallados en el archivo de
la Alcaldía, ni aportados por el señor JOSE RAMON PEÑARANDA PABON.

Por el contrario lo único figurante en el archivo de la entidad municipal, es un acto
administrativo, mediante el cual se declara la insubsistencia del señor JOSE RAMON
PEÑARANDA PABON, situación frente a la cual el pensionado tampoco hace
pronunciamiento alguno.

Así mismo, se logró determinar que en el presente caso presuntamente se configuraron
los delitos de estafa agravada, fraude procesal y falsedad en documento público,
hechos que afectan de manera directa a la entidad, toda vez que se generó un
detrimento patrimonial frente a los recursos públicos.

Por lo anterior, en ejercicio de las facultades conferidos en la resolución N° 555 del 30
de noviembre de 2015, y en el Acuerdo de Junta Directiva 131 de 2018, la Gerente de
Prevención de Fraude, en mérito de lo expuesto y como cierre de esta investigación
administrativa especial.

[…]43» [Subraya la Sala].

58. Al revisar el contenido de la Resolución SUB 226348 del 21 de agosto de 2019,
mediante la cual se revocó las resoluciones GNR 63217 del 4 de marzo de 2015 y
GNR 268473 del 1 de septiembre de 2015, bajo el amparo del artículo 19 de la Ley
797 de 2003, el artículo 243 de la Ley 1450 de 2011 y la Resolución 555 de 2015 se
determinó con claridad que José Ramón Peñaranda Pabón solo tenía 2.920 días
laborados, correspondientes a 417 semanas cotizadas al sistema de seguridad social
en pensiones, monto que evidentemente resulta menor al exigido en las normas que
regulan el régimen pensional con base en el Auto de cierre 0888 del 4 de julio de 2019,
proferido dentro de la Investigación Administrativa Especial 2239-2017.

43
Transcripción incluso con errores.

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Demandado: José Ramón Peñaranda Pabón

59. Lo anterior significa que el reconocimiento de la prestación se efectuó de manera
ilegal al no contar el accionado con los requisitos para acceder al derecho y, por ende,
desde la fecha de ingreso a nómina de pensionados (septiembre de 2011) hasta
(agosto de 2019), aquel percibió una prestación a la cual no tenía derecho, devengó
un total de $183.821.684, por concepto de retroactivo, mesadas pensionales y aportes
a salud.

60. Así las cosas, es claro que dentro de la actuación administrativa que concluyó con
la expedición de la Resolución SUB 226348 del 21 de agosto de 2019 y en sede
judicial, vía recurso de apelación José Ramón Peñaranda Pabón no acreditó bajo
ningún medio probatorio, la efectiva prestación de los tiempos de servicios laborados
en la alcaldía de Cúcuta, inclusive no contestó la demanda, esto es, no aportó
documentos tendientes a aclarar las inconsistencias arrojadas en la investigación
llevada a cabo al interior de Colpensiones, y/o que acreditaran el cumplimiento de los
requisitos para acceder a su derecho pensional.

61. En criterio de la Sala, de acuerdo con la realidad procesal acreditada en este medio
de control de legalidad, el actuar del demandado fue decisivo para que la
administración incurriera en error y de manera indebida le otorgara una mesada
pensional que usufructuó sin tener razón jurídica para ello.

62. Es así como el reconocimiento ilegal de la pensión de jubilación, no se puede
reprochar únicamente a un error de la administración, sino que resulta notoria la
actuación fraudulenta en la obtención del reconocimiento pensional.

63. Ahora bien, como ya se dijo en precedencia, para que proceda el reintegro de las
mesadas pensionales recibidas con ocasión del acto ilegal, esta corporación ha
sostenido que frente a las prestaciones periódicas pagadas a los particulares de buena
fe, se debe probar por parte de la administración que el demandado incurrió en
conductas deshonestas, fraudulentas, dolosas, es decir, que se utilizaron documentos
falsos o maniobras abusivas dentro de la actuación administrativa, y que ello conllevó
el reconocimiento de un derecho pensional.

64. Conforme a lo anterior, se deberá verificar a la luz de las pruebas aportadas al
proceso, si la actitud del demandado en sede administrativa o para los efectos de la
consecución del derecho, se apartó de los postulados del principio de la buena fe, y si
fue determinante en el resultado final de la actuación.

65. Es decir, para que resulte procedente ordenar el reintegro de los valores recibidos
por aquellas personas a las que se les haya reconocido o mantenido una prestación
social sin tener derecho a ella o por un monto mayor al que correspondía, en el proceso
es indispensable que esté acreditada la mala fe con que pudieron actuar para obtener
el pago de los beneficios otorgados, en atención a que la buena fe es una presunción
que requiere ser desvirtuada.

66. Apesar de que el contenido del artículo 83 de la Constitución Política es
aparentemente claro, es fundamental considerar que la naturaleza jurídica de la buena
fe como principio general del derecho, implica que su vinculación a patrones fácticos
específicos es muy amplia y compleja.

67. Así pues, el principio de buena fe en el derecho administrativo, significa que los
poderes públicos no pueden defraudar la legítima confianza que los ciudadanos
aprecian objetivamente en su actuación; de manera que el ciudadano puede confiar
en la administración y a su vez ésta puede confiar en el ciudadano; confianza que en
todo caso, debe desprenderse de signos externos, objetivos, inequívocos, que

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induzcan racionalmente al administrado a confiar en la apariencia de legalidad de una
actuación administrativa concreta.44

68. La Corte Constitucional respecto a la buena fe y a las pensiones reconocidas de
manera irregular o con base en documentación falsa se ha pronunciado de la siguiente
manera:45

«El incumplimiento de las normas -o su cumplimiento estratégico en función de la
conveniencia personal- así como la búsqueda de beneficios a toda costa, no es un
problema menor. De ahí que hayan múltiples normas del ordenamiento jurídico que
sancionan, con distintos grados de severidad, a quien se aleja del comportamiento
esperado. Como ya se expuso, el ordenamiento castiga incluso a quien se aprovecha
del error ajeno. Dicha disposición de rango penal es compatible con el orden
constitucional por al menos dos razones: (i) el principio según el cual lo ilícito no genera
derechos; y (ii) el deber constitucional de obrar de buena fe.

[…]

De esta manera, la Corte ha sido enfática al sostener que “para la realización del
Estado Social de Derecho, junto a la garantía de los derechos fundamentales, es
indispensable el cumplimiento por todas las personas de los deberes que asigna la
Constitución”46. Ahora bien, estos deberes no pueden convertirse en cargas
desproporcionadas en cabeza de los ciudadanos, que desdibujen el concepto mismo
de los derechos47.

Descendiendo al objeto específico de esta tutela, se tiene el principio general de la
buena fe, que el artículo 83 Superior elevó a rango constitucional y consagró como un
deber. Según este, “las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas
deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las
gestiones que aquellos adelanten ante éstas”48. En su acepción más simple, la buena
fe equivale a “obrar con lealtad, rectitud y honestidad, es la que se exige normalmente
a las personas en todas sus actuaciones”49.

La buena fe no solo se reclama a las autoridades públicas, imponiéndoles la obligación
de abstenerse de modificar abruptamente sus decisiones50, sino que también se
predica de los particulares. Esta busca materializar la confianza mutua, lo cual exige
una disposición respetuosa y leal de ambas partes:

“La buena fe incorpora el valor de la confianza. En razón a esto, tanto la
administración como los administrados deben actuar conforme a las exigencias de
la buena fe, sin olvidar "Que el derecho nunca debe ser manejado de espaldas a
su fundamento ético que debe ser el factor informante y espiritualizador”. Lo
anterior implica que, así como la administración pública no puede ejercer sus
potestades defraudando la confianza debida a quienes con ella se relacionan,
tampoco el administrado puede actuar en contra de aquellas exigencias”51 .

44
Véase la sentencia del 17 de octubre de 2017, radicación: 73001-23-33-000-2015-00229-01 (0913- 2017).
45
Sentencia SU-182 de 2019.
46
Sentencia C-220 de 2011.
47
«Directamente ligado a lo anterior, es obvio que la imposición de deberes a los particulares por el ordenamiento jurídico debe
ser compatible con el respeto de los derechos constitucionales. Así, es cierto que las personas no sólo tienen una obligación
general de respetar el ordenamiento (CP art. 6°) sino que también tienen deberes constitucionales específicos en distintos campos
(CP art. 49 y 95). Además, en desarrollo de sus competencias, la ley puede establecer deberes a los particulares que faciliten las
tareas de las autoridades de preservar el orden público y la convivencia democrática. Sin embargo, teniendo en cuenta que el
Estado colombiano se encuentra al servicio de la comunidad y reposa en la dignidad humana y en la prevalencia de los derechos
de la persona (CP arts 1º, 2º y 5º), la ley no puede imponer cualquier tipo de deberes a los particulares. Estas obligaciones deben
ser compatibles con el respeto de la dignidad humana y con la naturaleza misma del Estado colombiano. Por ello esta Corte ha
dicho de manera reiterada que un “un deber constitucional no puede entenderse como la negación de un derecho, pues sería
tanto como suponer en el constituyente trampas a la libertad” […] Por ello concluyó esa sentencia que “los deberes exigibles a
las personas no pueden hacerse tan rigurosos que comprometan el núcleo esencial de sus derechos fundamentales”. Sentencia
C-251 de 2002.
48
Constitución Política, Art. 83
49
Sentencia C-1007 de 2002. La Corte también ha hecho una distinción entre buena fe simple y calificada.
50
Sobre el principio de confianza legítima, ver Sentencia T-338 de 2010; T328 de 2014.
51
Sentencia T-075 de 2008.

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Demandado: José Ramón Peñaranda Pabón

[…]

En conclusión, la revocatoria unilateral de un acto de reconocimiento pensional
se habilita ante un comportamiento lo suficientemente grave como para ser
enmarcado en algún tipo delictivo, sin que sea necesario demostrar la
responsabilidad penal a través de una sentencia condenatoria. Tampoco hace
falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error a la
administración, pues el ordenamiento jurídico también sanciona a quien se
aprovecha de estos escenarios. El cumplimiento de las normas es un presupuesto
básico del Estado social y democrático de derecho. Actuar con rectitud y honestidad es
una exigencia que se deriva del principio general de la buena fe y que permite crear un
ambiente de confianza mutuo, imprescindible para el buen funcionamiento de la
sociedad». [Resaltado de Sala].

69. De conformidad con lo anterior, se advierte que el beneficiario de la pensión en esta
litis no demostró que cumplía con el requisito de tiempos de servicios requeridos para
beneficiarse de la prestación pensional, pese a las oportunidades en la actuación
administrativa y en sede judicial, inclusive no contestó la demanda y en el recurso de
apelación tampoco aportó documentos que acreditaran que cumplía con los requisitos.

70. En consecuencia, la Sala acompaña las consideraciones expuestas por el Tribunal
para afirmar que la actuación de la parte demandada no se rigió por el principio de la
buena fe y, por ello, procede la devolución de las sumas que le fueron canceladas por
concepto del reconocimiento pensional. En ese orden, se confirmará la decisión de
instancia.

3.6. Conclusión

71. Con fundamento en lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es que
en este caso se logró desvirtuar la presunción de buena fe respecto del actuar del
señor José Ramón Peñaranda Pabón en el trámite del reconocimiento de la pensión
de vejez que devengaba, motivo por el cual es procedente la orden de reintegro de los
valores percibidos en los términos en que fue dispuesto por el a quo.

3.7. Costas

72. La presente providencia acoge el criterio interpretativo mayoritario 52 de la
Subsección sobre el artículo 188 del CPACA, según el cual la norma en cita no
presupone la causación automática de costas contra la parte que pierda el litigio, sino
que es necesario realizar un juicio de ponderación o valoración subjetiva respecto de
la conducta procesal asumida por las partes, por lo tanto, debe verificarse que la parte
vencida actuó de mala fe, de manera temeraria o dilatoria, etc. Así las cosas, en esta
oportunidad no se condenará en costas, porque no se advierte que la parte
demandada haya incurrido en las anteriores conductas.

52
La magistrada ponente en cambio considera, que para condenar en costas a la parte vencida debe acudirse a un criterio objetivo
valorativo por varias razones a saber: (i) El artículo 188 del CPACA mantiene vigente la regla de procedencia en materia de costas
para el proceso de lo contencioso–administrativo. (ii) Dicho artículo 188 no excluye la aplicación del CGP, por ejemplo, el artículo
365, según el cual solo habrá lugar a costas «cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su
comprobación». (iii) La temeridad o mala fe deben ser valoradas por el juez en el escenario previsto en el artículo 80 del CGP,
con el propósito de determinar la eventual responsabilidad patrimonial de las partes, «sin perjuicio de las costas». (iv) El inciso
segundo del artículo 188 no elimina el criterio objetivo, por el contrario, amplía su espectro al considerar que en los asuntos en
los que se ventila un interés público, antes exceptuados, es posible imponer condena en costas «cuando se establezca que se
presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal». (v) Los parámetros antes enunciados son producto de una
interpretación finalista y sistemática de las normas citadas, sin perjuicio de las de carácter especial como los artículos 265 a 269
del CPACA. Lo expuesto en consonancia con la sentencia SU-241 de 2024 de la Corte Constitucional, que a propósito del régimen
de costas en el CPACA indicó que «puede concluirse que para imponer la condena en costas el juez ya no tiene en cuenta la
conducta temeraria o de mala fe de las partes a la hora de condenar en costas, sino la derrota en el proceso y la prueba de su
causación, esto es, un criterio objetivo- valorativo.». En el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia de 7 de abril de 2016, exp. 13001-23-33-000-2013-00022-01 (1291-14).

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Demandante: Colpensiones
Demandado: José Ramón Peñaranda Pabón

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso–
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

Primero: Confirmar la sentencia de primera instancia proferida 23 de febrero de 2023
por el Tribunal Administrativo de Norte de Santander, que accedió a las pretensiones
de la demanda interpuesta por la Administradora Colombiana de Pensiones,
Colpensiones, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.

Segundo: No condenar en costas en esta instancia.

Tercero: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen,
previas las anotaciones en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado electrónicamente

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Ausente en comisión

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI. En consecuencia,
conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta,
a través del siguiente enlace:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx

20

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