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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00536-01

Fecha
6 de marzo de 2025
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2020-00536-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar la sentencia proferida el 25 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió a las pretensiones de la demanda presentada por Monte Wuilliano Valbuena Rojas contra la Procuraduría General de la Nación. Segundo. Sin condena en costas en esta instancia. Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente Aclaración de voto Cfr. Rad. AV.05001-23-33-000-2020- 00472-01 (1251-2024) JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 54 Radicado: 08001-23-33-000-2020-00536-01 (7702-2023) Demandante: Monte Wuilliano Valbuena Rojas CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. PTH Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2020-00536-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

6 de marzo de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., seis (6) de marzo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2020-00536-01 (7702-2023)
Demandante: Monte Wuilliano Valbuena Rojas
Demandado: Nación, Procuraduría General de la Nación

Tema: Sanción disciplinaria a servidor de elección popular -concejal-
por la falta gravísima prevista en el numeral 60 del artículo 48 de
la Ley 734 de 2002.

Sentencia de segunda instancia
__________________________________________________________________

Asunto

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 25 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Pretensiones

1. Monte Wuilliano Valbuena Rojas presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos:

1.1. Acto del 11 de julio de 2019, expedido por la procuradora provincial de Santa

1 En adelante CPACA.

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Radicado: 08001-23-33-000-2020-00536-01 (7702-2023)
Demandante: Monte Wuilliano Valbuena Rojas

Marta, mediante el cual fue declarado responsable disciplinariamente y se le
impuso sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años.

1.2. Acto del 16 de diciembre de 2019, expedido por la procuradora regional del
Magdalena, por medio de la cual -al resolver el recurso de apelación- confirmó
la decisión.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió (i) la anulación de las órdenes de
cumplimiento remitidas al Concejo de Soledad (Atlántico); (ii) la cancelación de los
antecedentes disciplinarios; y (iii) el pago de los perjuicios materiales —en las
modalidades de daño emergente y lucro cesante— y morales.

3. En subsidio, (i) la declaración de la nulidad parcial del artículo primero y la nulidad
absoluta de los artículos segundo y tercero del fallo de primera instancia del 11 de
julio de 2019, así como de la decisión que lo confirmó; (ii) la declaración de que la
falta disciplinaria fue leve, y que su sanción era la amonestación escrita; (iii) la
cancelación de las anotaciones en el registro de antecedentes disciplinarios de la
Procuraduría General de la Nación.

1.1.2. Fundamentos fácticos

4. En la demanda se narraron los siguientes hechos:

4.1. Monte Wuilliano Valbuena Rojas fungió como concejal del municipio de Soledad
(Atlántico) para el periodo 2016 – 2019.

4.2. En marzo de 2016 el alcalde municipal, José Joao Herrera Iranzo, presentó un
proyecto de acuerdo para crear y financiar el Fondo de Fomento y Desarrollo del
Deporte. Fue debatido por el concejo municipal y sancionado por el alcalde el 14
del mismo mes y año.

4.3. El 2 de junio de 2016 Paul Varelo Barrios denunció la comisión de presuntas
irregularidades por parte de los miembros del concejo municipal en la aprobación
del Acuerdo 000199 del 7 de marzo de 2016, por el cual se creó el Fondo de
Fomento y Desarrollo del Deporte en Soledad.

4.4. En primera instancia conoció la Procuraduría Provincial de Barranquilla, con el
número IUC 2016-566-863505. El 21 de junio de 2016, abrió indagación preliminar
en contra de los 19 concejales y ordenó la práctica de pruebas.

4.5. En auto del 27 de octubre de 2016 se abrió la investigación disciplinaria en
contra de los 19 miembros del concejo y ordenó la práctica de pruebas.

4.6. Mediante Oficio 6469 del 28 de diciembre de 2016, la procuradora provincial de
Barranquilla remitió el expediente disciplinario al procurador provincial de Santa
Marta [Magdalena], en cumplimiento de lo ordenado por la procuradora general de

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Demandante: Monte Wuilliano Valbuena Rojas

la Nación mediante Resolución 583710 del 27 de octubre de 2016. Se avocó el
conocimiento el 6 de febrero de 2017.

4.7. El 14 de junio de 2017 la Procuraduría Provincial de Santa Marta ordenó el cierre
de la investigación disciplinaria. El 6 de julio siguiente decretó de oficio la nulidad
del auto anterior y, en su lugar, ordenó nuevamente su cierre mediante auto del 25
de agosto de 2017.

4.8. El 11 de octubre de 2017, formuló pliego de cargos a los 19 concejales del
municipio de Soledad; sin embargo, el 9 de noviembre siguiente decretó la nulidad
desde el auto de cierre de la investigación disciplinaria y el 24 de julio de 2018 se
dictó nuevamente.

4.9. El 19 de septiembre de 2018 formuló un único cargo a los 19 concejales por
haberse «extralimitado en el ejercicio de sus funciones, esto es, por haber contrariado las
disposiciones contenidas en el artículo 35 del Código Único Disciplinario, y como
consecuencia haber incurrido en una presunta falta disciplinaria gravísima consagrada en
el numeral 60 del artículo 48 del C.D.U. a título de dolo». El tenor literal de aquella es:
«[e]jercer las potestades que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a
la prevista en la norma otorgante» y se sustentó en que, la creación del tributo relativo
a la financiación con el 1.5% de los contratos y convenios celebrados por el
municipio y sus entes descentralizados, siempre que su cuantía fuera igual o
superior a 26 smlmv, correspondía exclusivamente al legislador; además, porque se
desconoció que en 2008 ya se había creado el fondo y el mismo gravamen, el cual
en el año 2013 fue suprimido al modificar el Estatuto Tributario.

4.10. El 7 de diciembre de 2018 se accedió a las pruebas solicitadas en los
descargos rendidos por los investigados y el 2 de abril de 2019 se ordenó correr
traslado a los sujetos procesales para alegar de conclusión.

4.11. Mediante fallo del 11 de julio de 2019 se declaró su responsabilidad
disciplinaria y se le impuso la sanción de destitución e inhabilidad general por 10
años. Contra esta decisión presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto
desfavorablemente el 16 de diciembre de 2019.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

5. Se citaron como tales los artículos 1, 2, 13, 21, 25, 29, 31, 53, 83, 90, 93, 94, 122,
123, 124, 209 y 313 de la Constitución Política; 1, 3, 138 y 187 del CPACA; 4, 5, 6,
8, 9, 12, 13, 17, 4, 45, 46, 47, 76, 110, 128, 129, 132, 133, 138, 140, 143, 163, 170
y 171 de la Ley 734 de 2002; en su concepto, porque:

6. El numeral 60 del artículo 48 estableció 3 elementos: (i) la existencia de una
norma que otorgaba potestades al empleo o función; (ii) el ejercicio de una potestad
derivada del empleo o función (competencia del funcionario que podía ser material
o funcional); y (iii) que el ejercicio se realizara con una finalidad diferente de la

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prevista en la norma otorgante. Sin embargo, la norma en mención no contenía una
habilitación al funcionario sancionador para que desvirtuara la presunción de
legalidad de un acto administrativo, competencia que era propia de la Jurisdicción
de lo contencioso – administrativo; asimismo, toda ilegalidad de un acto no
aparejaba la imposición de una sanción disciplinaria, pues se requería de la
demostración del incumplimiento de los deberes funcionales.

7. La Procuraduría General de la Nación desconoció las premisas anteriores porque
en el fallo de primera instancia se indicó que los quejosos aportaron pruebas como
las sentencias del 17 de agosto de 2017 y 5 de octubre de 2018 proferidas por el
Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del
Atlántico -respectivamente-, las cuales fueron allegadas de manera irregular y que
bastaron para declarar la responsabilidad sin entrar a probar los elementos de la
culpabilidad. En igual sentido, en la segunda instancia se aparejó la imposición de
una sanción disciplinaria con la ilegalidad de un acto administrativo decretada por
la Jurisdicción de lo contencioso – administrativo.

8. En el caso, la adecuación típica sobre los presupuestos que señaló el ente de
control no se ajustaba a los elementos integrantes del tipo porque el análisis
respecto de los deberes funcionales no estaba condicionado por la legalidad de los
actos que se expidieran para tal efecto, es decir, se confundió el fin del acto con la
ilegalidad por presunta violación de los límites de la autonomía de la facultad
impositiva de los concejos municipales. Es decir, la entidad debió demostrar que
existía un interés ilegítimo en su calidad de concejal al expedir el mencionado acto
que se traducía en el hecho de que con la financiación se hubiera derivado un
beneficio para sí o para un tercero que se alejaba de los fines atribuidos a la función
pública.

9. Si se trataba de fundamentar la adecuación típica en esas sentencias judiciales,
la Procuraduría General de la Nación desconoció que en el de segunda instancia
se narró que a inicios del periodo constitucional 2016 – 2019 el alcalde presentó
una iniciativa para crear nuevamente el Fondo de Fomento y Desarrollo del Deporte,
pero partió de una falsa premisa fáctica para motivar el proyecto, pues argumentó
la inexistencia del fondo aun cuando se había erigido por el concejo mediante el
Acuerdo 81 de 2008, del cual en ningún momento se sostuvo que hubiera sido
derogado o anulado, por lo que se suprimió tácitamente el gravamen del 1.5 sobre
el valor de los convenios o contratos que celebraba el municipio y sus entes
descentralizados.

10. Lo anterior significaba que el juez de lo contencioso administrativo avaló la
legalidad de la creación del Fondo de Fomento y Desarrollo del Deporte, en virtud
de su naturaleza y objeto que se circunscribía a la financiación del fomento,
masificación y promoción del deporte en todas sus disciplinas.

11. De ese modo, la expedición de un acto con infracción de las normas en que debía
fundarse no significaba per se que el funcionario actuara con una finalidad distinta

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de la prevista en la norma otorgante y haya desconocido el cumplimiento de sus
deberes funcionales, pues se trataba de presupuestos autónomos sobre la legalidad
del acto administrativo.

12. De conformidad con el artículo 287 de la Constitución, las entidades territoriales
gozaban de autonomía para la gestión de sus intereses como la fiscal, en virtud de
la cual, se confería a los niveles territoriales la facultad de fijar tributos, participar de
las rentas nacionales y administrar los recursos propios, lo cual dejaba un margen
de duda que no se podía resolver en contra del disciplinado y, aun si se hubiera
establecido que el ente de control realizó adecuadamente el proceso de subsunción
típica, no habría lugar a sacrificar el principio de presunción de inocencia como
garantía del disciplinado.

13. La Procuraduría General de la Nación erró al otorgar valor probatorio a la
sentencia proferida el 14 de mayo de 2017 por el Juzgado Doce Administrativo de
Barranquilla, confirmada el 24 de agosto de 2018, pues en los actos acusados se
acudió de manera repetida a lo consignado en esta «para tener como probado que
éstas no [podían] ser objeto de estudio en el proceso disciplinario pues, si bien el fin del
acto administrativo [era] un presupuesto de legalidad, su expedición, con desconocimiento
de las normas de carácter superior en que [debía] fundarse, constitu[ía] otro presupuesto
de legalidad que no hac[ía] mención el tipo disciplinario».

14. Con la sana crítica se hubiese llegado a la conclusión que, en materia de
deportes y su financiación, la regulación se encontraba en las leyes 19 de 1991 y
181 de 1995. La Procuraduría General de la Nación erró en el ejercicio de valoración
probatoria e, igualmente, al efectuar la adecuación típica porque se apoyó en 2
argumentos objetivos de los cuales nunca se desprendió para hacer un análisis más
profundo: (i) el antecedente del Acuerdo 00081 de 2008 que fue derogado por el
Concejo Municipal de Soledad; y (ii) la anulación posterior del Acuerdo 00199 de
2016 para concluir que los concejales se extralimitaron en sus funciones porque si
bien una de ellas era votar los impuestos, para este caso se requería de una ley
habilitante para reglamentarlo.

15. La motivación del concejo municipal para suprimir el Fondo de Fomento y
Desarrollo del Deporte no se derivó de una decisión judicial, de alguna variación
normativa o de una orden de carácter administrativo, sino de la decisión unilateral
del cuerpo colegiado del cual no hacía parte.

16. La finalidad que se perseguía con la conducta desplegada no era contraria a la
legalidad o apartada de las funciones propias del cargo de concejal, pues no se
buscó un lucro personal o de terceros, sino que se le dio al fondo unos ingresos que
hacían posible desarrollar su objeto que era la financiación del fomento,
masificación y promoción del deporte en todas sus disciplinas en el municipio de
Soledad.

17. La autoridad disciplinaria dirigió las etapas procesales con la única finalidad de

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concretar un resultado sancionatorio y obvió la necesidad de tener la certeza de la
culpabilidad al desconocer los medios idóneos para probarla o desvirtuarla,
«logrando con esa actitud violentarles las garantías de los derechos a los investigados y
someterlos al injusto del escarnio público y jurídico».

18. Además, para la imputación a título de dolo, la entidad partió de una actuación
desplegada por el alcalde al momento de efectuar la exposición de motivos al
asegurar que partió de una falsa premisa, pero no efectuó análisis alguno para
determinar qué incidencia tuvo esa irregularidad en la conducta desplegada por los
concejales, pues era claro que «desde su mejor posición al contar con asesores
especializados y los medios técnicos, logísticos y jurídicos adecuados para efectuar una
debida sustentación del proyecto, hizo incurrir en error a los disciplinados».

19. Era deber de la Procuraduría probar que los 19 concejales tenían
individualmente la intención de quebrantar lo dispuesto en los artículos 6 y 313 de
la Constitución Política; 32 de la Ley 136 de 1994, 1 y 2 de la Ley 19 de 1991; 35 y
48 de la Ley 734 de 2002, conforme con lo señalado en el pliego de cargos, así
como las leyes 19 de 1991 y 181 de 1995 que sirvieron de fundamento al acuerdo
municipal, es decir, que «se aprobara [...] con desconocimiento de la ley “para una
finalidad distinto a la prevista en la norma otorgante” o que se hiciera con desconocimiento
de una ley u orden judicial que le prohibiera crear un fondo a favor del deporte» [sic]; sin
embargo, se limitó a un raciocinio sesgado sin atender los elementos cognitivo y
volitivo del dolo.

20. La falta atribuida era inadecuada, pues los fundamentos fácticos descritos en los
fallos de primera y segunda instancia hacían alusión al artículo 50 de la Ley 734 de
2002 y no al numeral 60 del artículo 48 ibidem; en ese orden, en virtud del principio
de favorabilidad, la falta no podía catalogarse como gravísima, sino como grave o
leve.

21. En el fallo de primera instancia quedó un vacío respecto de la verdadera
culpabilidad que obligaba al superior a recalificar la conducta y determinar la
auténtica infracción de los concejales que, como se demostró, «fueron hasta
temerosos cuando conminaron al señor alcalde de Soledad a abstenerse de efectuar el
cobro del impuesto creado en el Acuerdo, una vez conocieron de la demanda de nulidad
simple que se había interpuesto contra el mismo»; sin embargo, ello no se atendió.
Además, incurrió en un concurso aparente de tipos disciplinarios porque sustentó
su decisión en la extralimitación, actuar sin competencia y en el supuesto de que
los concejales ejercieron sus funciones para una finalidad distinta de la norma
otorgante.

22. Igualmente, «mal podría hablarse de ejercer las potestades que su empleo o función le
[concedían] para una finalidad distinta ya que, en primer lugar, tanto la constitución como
la ley [describían] las funciones de los concejales entre las que [sobresalían] aquellas de
carácter tributario; y no fue con una finalidad distinta, porque el proyecto de acuerdo
coincidía en la mayoría de su articulado con la Ley 91 de 1991, cuyo objeto [era] la creación
del fondo y su financiación».

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23. Se vulneró su derecho al debido proceso porque no fue notificado en debida
forma del fallo de segunda instancia, lo que le imposibilitó ejercer en debida forma
su derecho de defensa.

1.2. Contestación de la demanda

24. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones, con
fundamento en lo siguiente:

25. En el proceso disciplinario se respetaron las garantías fundamentales al debido
proceso y defensa porque el trámite se adelantó en los términos de la Ley 734 de
2002; se le permitió ejercer su derecho de contradicción a través de los descargos,
los alegatos finales y el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia; se
realizó una adecuada individualización de la conducta objeto de reproche; y la
sanción atendió los principios de proporcionalidad y razonabilidad.

26. A partir de la habilitación del fondo municipal por parte de la Ley 19 de 1991, el
concejo municipal de Soledad tuvo la oportunidad de deliberar -en un primer
momento- sobre su creación, por tal razón, se expidió el Acuerdo 81 del 15 de julio
de 2008 en el que, además, estableció los recursos para la financiación del fondo,
esto es (i) los provenientes del porcentaje fijado dentro del presupuesto de rentas y
gastos del municipio para tal fin; y (ii) los provenientes del pago del 1.5% sobre el
valor de los convenios y contratos que suscribiera el municipio y los organismos
descentralizados, cuya cuantía fuera igual o superior a 26 smlmv2. Con
posterioridad, el segundo fue excluido de forma tácita por el Acuerdo 168 de 2013
que adoptó el Estatuto Tributario del municipio.

27. Sin embargo, a inicios del periodo 2016 – 2019, el alcalde presentó una iniciativa
para crear nuevamente el Fondo de Fomento y Desarrollo del Deporte, pero en la
exposición de motivos partió de una falsa premisa fáctica al argumentar la
inexistencia del fondo, pues ya había sido creado por el Acuerdo 81 de 2008, del
cual no se advirtió derogatoria o anulación alguna y lo que se suprimió tácitamente
fue el gravamen del 1.5 sobre el valor de los convenios y contratos. A pesar de
dicha falencia, el proyecto fue aprobado por el concejo sin reparo alguno.

28. Ello dejó en evidencia que se volvió a establecer el mismo instrumento para el
fomento del deporte que ya había sido eliminado del Estatuto Tributario en 2013,
«al aceptarse por el Concejo que el mismo no consultaba y contrariaba el mandato
consignado en la aludida ley». De ahí que el operador disciplinario estableciera que
dicha corporación, más allá de haber creado el fondo -que ya existía-, también «hizo
uso contrario a su función» al establecer como recurso de financiación el pago del
1.5% sobre el valor de contratos y convenios, aun cuando la Ley 91 de 1991 había
señalado en su artículo 2 que los alcaldes fijarían la suma o porcentaje dentro del

2 Salarios mínimos legales mensuales vigentes.

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presupuesto para el funcionamiento del fondo.

29. Aunado a lo anterior, se demostró que el trámite impartido a la iniciativa
presentada por el alcalde no fue sometido a un juicio de análisis para establecer la
procedencia del acuerdo municipal, pues las actas reportaron una «total ausencia de
debate, un silencio interrumpido solamente por el “si se aprueba”, sin un cuestionamiento,
sin intervenciones que pusieran de manifiesta y dejaran evidencia de que se había realizado
el debido estudio por los cabildantes o el aquí demandante del asunto, de su legalidad».
Por lo mismo, no era aceptable lo expuesto por el actor, esto es que en todo caso
los concejales pretendieron dar desarrollo a la Ley 19 de 1991, pues esta estableció
explícitamente la fuente de financiación, sin que ello implicara la autorización para
votar, establecer, reformar o eliminar tributos.

30. En consecuencia, si bien se presentó una extralimitación de funciones a la luz del
numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, escaló a una falta gravísima porque
se utilizó la función y atribución constitucional y legal para establecer el pago fijado
por el artículo 3 del Acuerdo 000199 de 2016, sin que la Ley 19 de 1991 así lo
dispusiera, es decir, fue más allá de la función otorgada por la norma.

31. No era cierto que la entidad no hubiese probado el dolo, pues se realizó el
análisis de cada uno de los elementos que lo componen como la atribuibilidad de la
conducta, exigibilidad del cumplimiento del deber, el conocimiento de la situación
típica o conocimiento de los elementos estructurales de la conducta, la voluntad y
la conciencia de la ilicitud. Sí se demostró la culpabilidad, en razón a que, aun
cuando la Ley 19 de 1991 no autorizó la creación de un tributo, el exconcejal dirigió
su actuar para lograr un recurso que contribuyera a la financiación del fondo. Ello,
incluso, fue confirmado por el Juzgado 12 Administrativo de Barranquilla mediante
sentencia del 14 de mayo de 2017.

32. Tampoco lo era que existiera una indebida valoración probatoria, toda vez que
se acataron los cánones de la lógica, la experiencia y ciencia dentro de un criterio
de libre convicción. Asimismo, se atendieron los principios previstos por la Corte
Constitucional porque se cumplió con los criterios objetivos, racionales, serios y
responsables.

33. Asimismo, en primera y segunda instancia se realizó una valoración subjetiva, es
decir, «se hizo un profundo estudio de la culpabilidad del implicado arrimando a la
conclusión de que su conducta era dolosa».

34. Propuso la excepción de «caducidad de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho».

1.3. Auto que resolvió la excepción propuesta por la Procuraduría General
de la Nación

35. En proveído del 3 de octubre de 2022 el a quo resolvió la excepción de

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caducidad de la siguiente forma:

36. El fallo de segunda instancia expedido por la Procuraduría Regional del
Magdalena se notificó por edicto desfijado el 7 de enero de 2020, por lo tanto,
inicialmente el término de caducidad fenecía el 8 de mayo de 2020; sin embargo,
se interrumpió con la suspensión de términos cuando habían transcurrido 2 meses
y 7 días. Se reanudó el 1 de julio de 2020 y, en consecuencia, el plazo vencía el 22
de agosto de 2020, es decir que la demanda «se impetr[ó] dentro del término legal».

1.4. La sentencia apelada

37. Mediante sentencia proferida el 25 de octubre de 2022, el Tribunal
Administrativo del Atlántico resolvió: (i) declarar la nulidad parcial de los fallos del
11 de julio y 16 de diciembre de 2019, por los cuales se declaró la responsabilidad
de Monte Wuilliano Valbuena Rojas y se le impuso la sanción de destitución e
inhabilidad por 10 años; (ii) a título de restablecimiento del derecho, condenar a la
Procuraduría General de la Nación a que anulara las órdenes de cumplimiento
remitidas al Concejo del municipio de Soledad y cancelara los antecedentes
disciplinarios y demás anotaciones que obraran en las bases de datos; (iii) ordenar
el pago del equivalente a 40 smlmv por concepto de perjuicios morales; (iv) negar
las demás pretensiones de la demanda; y (v) no condenar en costas.

38. Para tal efecto, reseñó los documentos aportados al expediente y expuso la
jurisprudencia aplicable para resolver el caso concreto en los siguientes términos:

39. La Procuraduría General de la Nación no sustentó la falta disciplinaria en la
ilegalidad del acto administrativo declarada mediante sentencia judicial, sino que
destacó que los concejales, sin atender el marco jurídico para tal fin, aprobaron de
forma unánime y sin debate alguno, un acuerdo de creación de un tributo no
autorizado por la ley, aun cuando había sido creado por el mismo ente y dejado sin
efectos posteriormente por su ilegalidad. La entidad fue enfática en señalar que la
falta disciplinaria se concretó en el hecho de que los concejales, incluido el actor,
asistió, participó y votó favorablemente el acuerdo, sin tener competencia para ello,
«extralimitándose así en sus funciones, las cuales [imponían] de conformidad con el artículo
32 de la Ley 136 de 1994 actuar de conformidad con la Ley».

40. Contrario a lo sostenido por el actor, el Acuerdo 000199 del 7 de marzo de 2016
fue declarado nulo en su integridad por el Juzgado Octavo Administrativo de
Barranquilla en sentencia del 17 de agosto de 2017, decisión que fue confirmada
por el Tribunal Administrativo del Atlántico el 5 de octubre de 2018, es decir, no se
dejó incólume la creación del Fondo de Fomento y Desarrollo del Deporte. Además,
esta ilegalidad advertida en el acto sancionatorio no se hizo a efectos de adecuar la
conducta de los concejales ni como medio probatorio exclusivo de la
responsabilidad, sino como sustento de la imposibilidad jurídica de crear un
impuesto no autorizado por la ley, lo cual fue revelado de la simple confrontación de
las normas.

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41. No obstante, en los actos no se cumplió con los requisitos previstos en el artículo
163 de la Ley 734 de 2002, pues si bien se encontró probada una conducta unívoca
de los concejales y las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de la
aprobación del acuerdo, era menester referirse de manera separada a cada uno, en
virtud de que el fundamento de reproche fue, justamente, que el fondo ya se había
creado desde el año 2008.

42. Ese hecho ameritaba un estudio «más profundo» para la determinación de la
conducta finalmente reprochada, pues en el pliego de cargos se indicó que los
concejales actuaron «a sabiendas» de la existencia de los acuerdos municipales de
2008 y 2013, sin que se haya acreditado si el actor participó en la discusión para su
aprobación, es decir, si él y los demás investigados eran concejales para esa época,
caso en el cual habría una distinción importante en la conducta individual de cada
uno.

43. No obraba constancia en el proceso disciplinario de que se hubiera valorado el
periodo de desempeño como concejal para el periodo de expedición del acuerdo de
2008, lo cual implicaría una diferenciación sustancial para la valoración de la
conducta, pues si bien no se desconocía la obligación que tendría en la apreciación
y debate de los asuntos, no se encontraba en igual condición quien, detentando la
función pública, hubiera tenido conocimiento previo de la expedición del fondo y la
creación del impuesto y hubiera participado en su discusión y aprobación para, años
después, discurrir el mismo asunto sin intervención, discusión o debate, generando
una nueva aprobación.

44. En el proceso disciplinario hubo una indebida individualización de la conducta
de cada concejal para efectos de su valoración, lo que necesariamente implicaba
que la graduación de la sanción también se encontrara mal determinada.

45. Respecto del cargo de indebida valoración del dolo, la evaluación de la
Procuraduría no contenía la entidad suficiente para convencer objetivamente de la
intención que motivó la actuación del demandante que permitiera atribuir el dolo
como título más gravoso de la culpabilidad, máxime si la actuación colectiva fue
calificada bajo los mismos parámetros por el hecho de ser una decisión uniforme,
con lo cual se desconoció la intención de cada uno de los concejales para emitir su
aprobación.

46. Además, la expresión «actuaron a sabiendas» que se manifestó en el acto como
elemento que determinó la voluntad del disciplinado, obedeció en el caso concreto
a una interpretación y valoración por parte de la autoridad en la que no se tuvieron
en cuenta otros elementos que permitieran razonablemente determinar el grado de
culpabilidad del agente y la gravedad de la falta imputada, como lo sería haber
analizado las causas que motivaron dicho actuar.

47. No se acreditó que el solicitante hubiera desplegado la conducta imputada de

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manera voluntaria con la unívoca e inequívoca intención de desconocer sus deberes
funcionales y transgredir el ordenamiento jurídico.

48. La jurisprudencia del Consejo de Estado determinó que la sanción de
destitución o inhabilidad general debía tener relación con hechos de corrupción o
ser constitutiva de delito doloso, previa denuncia, cuando de cargos de elección
popular se tratara; en consecuencia, en el caso no bastaba con haberse
individualizado la conducta de los concejales para efectos de valoración de la
infracción reprochada y haberse acreditado la conducta dolosa, sino que, para
efectos de imponer la sanción era menester que la infracción tuviera relación con
los hechos antes descritos, lo cual tampoco logró acreditarse.

49. El actor desvirtuó el principio de legalidad que cobijaba a las decisiones
acusadas, por lo tanto, se debía acceder a la anulación de los actos, así como de
las órdenes de cumplimiento, y la cancelación de los antecedentes disciplinarios.

50. No era procedente el pago de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro
cesante y daño emergente, en razón a que no se aportó prueba del pago de
honorarios a los profesionales que ejercieron su defensa, no así de los perjuicios
morales, de los cuales se debía ordenar su pago porque se podía inferir el dolor
moral causado al actor, en cuanto se demostró que fue elegido concejal y
posteriormente destituido, noticia que fue «altamente desplegada, y subsistiendo
actualmente en cualquier medio de búsqueda digital».

1.5. El recurso de apelación

51. Contra la anterior decisión, la Procuraduría General de la Nación interpuso
recurso de apelación y lo sustentó en los siguientes términos:

52. El a quo pretermitió la etapa de alegaciones finales, pues el término inició el 24
de octubre de 2022 y la sentencia fue proferida al día siguiente. En efecto, mediante
auto del 3 de octubre de 2022 el a quo prescindió de las audiencias inicial y de
alegatos y dispuso que, una vez ejecutoriada, se corriera el traslado mediante
publicación en la página web para alegar de conclusión, actuación que finalizaba el
8 de noviembre de 2022. De ahí que no se examinara el escrito presentado por la
entidad y, menos aún, que se examinara la caducidad alegada.

53. Se configuró la caducidad del medio de control, toda vez que el fallo de segunda
instancia se notificó por edicto fijado el 2 de enero de 2020 y desfijado el 7 de enero
de 2020 para notificar a 7 de los disciplinados, pero no al actor, frente a quien se
surtió la actuación el 28 de diciembre de 2019 a través de mensaje de datos,
previamente la citación para notificación personal y la autorización de su apoderado
para que esta se remitiera a un correo electrónico al que positivamente fue
entregado.

54. Como se notificó personalmente el fallo disciplinado mediante mensaje de

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datos, el término comenzó a correr el 19 de diciembre de 2019 y feneció el 5 de
agosto de 2020, descontado el tiempo que estuvieron suspendidos los términos de
prescripción y caducidad por la pandemia Covid-19, razón por la cual, la demanda
se radicó extemporáneamente el 2 de septiembre de 2020.

55. Lo anterior, por cuanto: (i) la notificación se surtió el 18 de diciembre de 2019;
(ii) en principio la caducidad ocurría el 19 de abril de 2020; (iii) la suspensión de
términos de prescripción por la pandemia Covid-19 ocurrió el 16 de marzo de 2020,
es decir, habiendo corrido 2 meses y 26 días y restando 1 mes y 4 días; (iv) la
presentación de la solicitud de conciliación fue el 15 de mayo de 2020; (v) la
certificación de «no conciliación» se expidió el 17 de junio de 2020; (vi) los términos
de suspensión se levantaron el 1 de julio de 2020 y, por lo tanto, el término de 1
mes y 4 días venció el 5 de agosto de 2020.

56. La Procuraduría General de la Nación sí tenía competencia para sancionar a
los servidores electos popularmente, pues la jurisprudencia precisó que el fallo Petro
Urrego contra Colombia no tenía efectos erga omnes y que a la luz de la correcta e
integral interpretación del artículo 23 de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos, en armonía con la Constitución Política y la Ley 734 de 2002, aquella -la
competencia- se mantenía incólume.

56.1. La Constitución Política les atribuyó a los concejos municipales la función de
votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales; y
establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas, de
conformidad con la ley. Asimismo, en el artículo 338 dispuso que, en tiempo de paz,
solamente el Congreso, las asambleas y concejos podían imponer contribuciones
fiscales o parafiscales y que la ley, las ordenanzas y los acuerdos debían fijar
directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos, las bases gravables y las
tarifas de los impuestos.

56.2. Los Fondos Municipales de Fomento y Desarrollo del Deporte fueron creados
por el artículo 1 de la Ley 19 de 1991, la cual dispuso que los alcaldes debían fijar
una suma o porcentaje dentro del presupuesto para su funcionamiento y precisó su
destinación.

56.3. A partir de lo anterior, el Concejo Municipal de Soledad tuvo la oportunidad de
deliberar sobre la creación del fondo en el periodo 2008 – 2013 cuando se expidió
el Acuerdo 81 del 15 de julio de 2008, en el que dispuso que los recursos para su
financiamiento serían los provenientes (i) del porcentaje fijado dentro del
presupuesto de rentas y gastos del municipio para tal fin; y (ii) del pago del 1.5%
sobre el valor de los convenios y contratos que suscribiera el municipio, cuya
cuantía fuera igual o superior a 26 smlmv. A pesar de lo anterior, el concejo, con
participación del actor, tramitó sin reparo, estudio ni análisis el Acuerdo 000199 de
2016.

56.4. La autoridad disciplinaria estableció que el concejo, más allá de haber

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dispuesto la creación de un fondo que ya existía, también contrarió la función de
votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y gastos locales, al
establecer como recurso de financiación el 1.5% sobre el valor de los convenios y
contratos, aun cuando la Ley 19 de 1991 claramente señaló que los alcaldes fijarían
la suma o porcentaje dentro del presupuesto. Es decir que los miembros de la
corporación edilicia aprobaron la creación de un impuesto que ya había sido
eliminado en el Estatuto Tributario mediante el Acuerdo 000146 de 2011, modificado
por el Acuerdo 000168 de 2013, lo que se traducía en la inexistencia de un juicio de
análisis para establecer la procedencia de la expedición del acuerdo.

56.5. Era clara la extralimitación de las funciones en la que incurrió el actor al
participar en la gestación de un acuerdo con desconocimiento de la esfera impuesta
por el mismo marco normativo que no lo facultó para la creación del gravamen con
lo que se afectó sustancialmente la función pública que estaba llamado a cumplir.

56.6. En efecto, el proyecto pasó a segundo debate sin que ninguno de los
concejales se pronunciara o advirtiera que ello no podía pasar a ser acuerdo
municipal porque se estaba creando, sin tener facultades, la financiación con un
impuesto, lo que implicaba la extralimitación de funciones de los concejales, entre
ellos, el actor.

56.7. En el pliego de cargos se cumplió a cabalidad con cada uno de los requisitos
contenidos en la norma y, por la univocidad de la conducta y en virtud del principio
de economía procesal, no era necesaria la individualización de la formulación de la
imputación en contra de cada uno de los disciplinados, pues el artículo 163 de la
Ley 734 de 2002 no la impuso, máxime si la extralimitación e incumplimiento de las
funciones se edificó en que asistieron, participaron y votaron favorablemente y sin
reproche el acuerdo, sin tener competencia para ello, «extralimitándose así en sus
funciones, las cuales [imponían] de conformidad con el artículo 32 de la Ley 136 de 1994
actuar de conformidad con la ley», de manera que era inane abordar el estudio
detallado en cuanto al conocimiento o no que tuvo el demandante, o en cuanto a su
participación o no en el debate de los Acuerdos 00081 de 2008 y 000168 de 2013.
Ello, sumado a que el pliego no fue variado.

56.8. Enlo que concierne al dolo, sí se demostró que los concejales tenían
conocimiento de las atribuciones contenidas en el numeral 6 del artículo 32 de la
Ley 136 de 1994 y faltaron a su deber de realizar un debate juicioso y detallado del
contenido del acuerdo y de sus alcances.

56.9. La condena de 40 smlmv por perjuicios morales resultaba desproporcionada,
en razón a que, de resultar cierta la tesis del a quo, no se podía desconocer que, en
todo caso, se acreditó que los concejales, incluido el actor, asistieron, participaron
y votaron favorablemente el acuerdo municipal con extralimitación de sus funciones.

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1.6. Trámite de la segunda instancia

57. En auto del 13 de febrero de 2024 se admitió el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandada contra la sentencia del 25 de octubre de 2022 proferida por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, en los términos de la Ley 2080 de 2021.
Comoquiera que no se practicaron pruebas no se corrió el traslado para alegar.

58. El agente del Ministerio Público no rindió concepto.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

59. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente para
conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, de conformidad
con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas, secciones y
subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas
en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problemas jurídicos

60. Se circunscribe a resolver los siguientes interrogantes:

60.1. ¿Operó el fenómeno jurídico de la caducidad?

61. Si la respuesta es negativa:

61.1. ¿Se configuró la falta gravísima prevista en el numeral 60 del artículo 48 de
la Ley 734 de 2002 porque Monte Wuilliano Valbuena Rojas asistió, participó
y votó favorablemente y sin reproche el Acuerdo 000199 del 7 de marzo de
2016 y, en consecuencia, extralimitó las funciones previstas en el artículo 32
de la Ley 136 de 1994 porque actuó sin competencia, en razón a que la
creación del tributo correspondía exclusivamente al legislador?

62. Si la respuesta a la segunda pregunta es afirmativa:

62.1. ¿La Procuraduría General de la Nación cumplió con los requisitos previstos
en el artículo 163 de la Ley 734 de 2002 porque no era necesario
individualizar a los investigados?

62.2. ¿Se demostró que Monte Wuilliano Valbuena Rojas actuó con dolo porque
tenía conocimiento de las atribuciones contenidas en el numeral 6 del artículo
32 de la Ley 136 de 1994 y faltó a su deber de realizar un debate detallado
del contenido del acuerdo municipal y sus alcances?

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63. Si la conclusión es que se debe confirmar la sentencia que accedió a las
pretensiones de la demanda:

63.1. ¿La condena de 40 smlmv impuesta por el a quo fue desproporcionada
porque no se puede desconocer que se acreditó que el actor asistió, participó
y votó favorablemente el Acuerdo 000199 de 2016 y, por consiguiente,
extralimitó sus funciones?

64. Para resolver los anteriores interrogantes, se seguirá la siguiente estructura
expositiva: primero, por tratarse de un asunto procesal, se resolverá el cargo
relacionado con la caducidad; segundo, se hará un pronunciamiento sobre la
competencia de la Procuraduría General de la Nación para sancionar a los
servidores de elección popular; tercero, se expondrán los hechos demostrados; y
cuarto, se resolverá el caso concreto.

2.3. La caducidad del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho cuando se controvierten actos administrativos que imponen una
sanción disciplinaria

65. La Procuraduría General de la Nación alegó que el a quo pretermitió la etapa
de alegaciones finales, comoquiera que el término inició el 24 de octubre de 2022 y
la sentencia fue proferida al día siguiente.

66.Al revisar el expediente, se observa que en el auto del 3 de octubre de 2022 se
impartió trámite de sentencia anticipada, de conformidad con el artículo 182A del
CPACA y, en el ordinal sexto de la parte resolutiva, se ordenó que «[v]encido el
término de traslado de alegatos, el expediente [pasaría] a Despacho, con el objeto de que
se [profiriera] sentencia anticipada por escrito».

67.Asimismo, se observa que la notificación de dicho auto por estado se surtió el
13 del mismo mes y año; y el 11 de noviembre siguiente ingresó el proceso al
despacho con la siguiente anotación: «[p]aso a su despacho el proceso de la referencia
vencido el término del traslado para presentar alegatos de conclusión. De igual manera,
informo que las partes descorrieron dicho traslado mediante escrito presentado por el Dr.
Donaldo Correo Martinez [sic] y Carlos Remolina Botía apoderados de la parte demandante
y demandada respectivamente». No obstante, la sentencia ya se había dictado el 25
de octubre de 2022.

68. En efecto, se verifica que existió una irregularidad en el trámite del proceso en
la primera instancia, en razón a que la sentencia fue dictada antes de que el proceso
ingresara al despacho para «dictar fallo», lo cual daría lugar –en principio– a la
nulidad prevista en el numeral 6 del artículo 133 del Código General del Proceso.

69.Sin embargo, es importante mencionar que en las alegaciones finales la entidad
demandada hizo las siguientes manifestaciones:

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«1. Sea lo primero reiterar en todas y cada unas de sus partes los argumentos
de la contestación de la demanda que dan cuenta de la legalidad del acto
demandado, y que respetuosamente solicito sean tenidos en consideración al
momento de proferir el fallo correspondiente.

2. No obstante, en todo caso puntual y sintéticamente me pronunció [sic]
señalando que en el presente asunto obran en el plenario los medios
probatorios suficientes y contundentes que dan cuenta de que en este asunto
operó la caducidad del medio de control y así ha de declararse en la sentencia
que ponga fin al litigio.

[...]

6. En consecuencia y con fundamento en las anteriores consideraciones, me
permito reiterar que en el caso en concretó [sic] efectivamente operó la
CADUCIDAD de la acción y, por tanto, así habrá de declararse en el fallo de
instancia.»

70. Ciertamente, dicho medio exceptivo ya había sido examinado por el tribunal en
proveído del 3 de octubre de 2022, sin que la Procuraduría General de la Nación
interpusiera recurso alguno.

71. Además, el artículo 136.4 del Código General del Proceso prevé que la nulidad
se considerará saneada cuando «a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad
y no se violó el derecho de defensa», causal que opera en esta oportunidad, en razón
a que la entidad reiteró los argumentos en el recurso de apelación y serán
analizados a continuación.

72. La caducidad hace referencia a «aquel fenómeno jurídico de orden público que, en
desarrollo del principio de la seguridad jurídica, implica la extinción o pérdida del derecho a
promover acciones judiciales para reclamar los derechos individuales y subjetivos como
consecuencia del vencimiento del plazo establecido por la ley para su ejercicio. Este
presupuesto procesal se configura como una sanción y un límite temporal que, al cumplirse,
limita e invalida la posibilidad de acudir al aparato jurisdiccional del Estado para presentar
acciones y medios de control por ejercerlos de manera tardía»3.

73. En relación con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho el
literal d del numeral 2 del artículo 164 del CPACA prevé que, salvo las excepciones
señaladas en otras disposiciones legales, la demanda deberá presentarse dentro
del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente al de la
comunicación, notificación, ejecución o publicación, según sea el caso, del acto
administrativo que se pretende declarar nulo, por lo cual, si se promueve luego de
ese término, operará la caducidad.

74. Ahora bien, respecto del término de caducidad para presentar demandas de

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, providencia del 12 de diciembre de 2023,

proferida en el proceso 76001-23-33-000-2021-00201-01 (0709-2023), C.P. Juan Enrique Bedoya
Escobar.

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nulidad y restablecimiento del derecho cuando se controvierten actos
administrativos que imponen sanciones disciplinarias que implican el retiro temporal
o definitivo del servicio, la Sala Plena de la Sección Segunda en providencia del 25
de febrero de 2016 unificó el criterio en la materia así:

«En definitiva, es claro que en aquellos casos en los que haya sido emitido un
acto ejecutando una sanción disciplinaria de retiro temporal o definitivo del
servicio, y éste materialice la situación laboral del servidor público, debe
preferirse la interpretación según la cual el término de caducidad de la acción
contenciosa debe computarse a partir del acto de ejecución, en la medida en
que ésta constituye una garantía para el administrado y una forma de facilitar
el control de los actos de la administración.

Distinto ocurre cuando no se presenta el escenario antes descrito, esto es,
cuando o bien no existe un acto que ejecute la sanción disciplinaria de retiro
del servicio, o cuando dicho acto no tiene relevancia frente a los extremos
temporales de la relación laboral, situaciones que impiden aplicar el criterio
expuesto en esta providencia y frente a las cuales debe contarse el término
de caducidad a partir de la ejecutoria del acto definitivo que culminó el proceso
administrativo disciplinario.

[…]

La anterior consideración se justifica por cuanto, como se afirmó en los
acápites precedentes, solamente en aquellos casos en los que el acto de
ejecución tiene incidencia efectiva en la terminación de la relación laboral
administrativa, puede afirmarse que dicho acto tiene relevancia frente al
conteo del término de caducidad de las acciones ante la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo»4.

75. Es importante señalar que, aunque el análisis mencionado se realizó en relación
con el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, el cual regulaba la
caducidad de las acciones previstas en esa normativa, también es aplicable al
artículo 164 del CPACA, que establece de la misma manera el término de
caducidad.

76. La interpretación establecida por esta Sección concluyó que el plazo debe
computarse a partir del acto de ejecución de la sanción disciplinaria cuando
concurren las siguientes situaciones: i) se controvierten actos administrativos que
imponen sanciones disciplinarias que implican el retiro temporal o definitivo del
servicio; ii) haya sido emitido un acto de ejecución; y iii) dichos actos de ejecución
materialicen la suspensión o terminación de la relación laboral administrativa. En los
demás casos el término de caducidad se deberá contabilizar a partir de la firmeza
del acto administrativo definitivo que impone la respectiva sanción disciplinaria.

77. Ahora, en el expediente se encuentra lo siguiente:

4 Consejo de Estado, Sala de lo contencioso-administrativo, Sección Segunda, auto de 25 de febrero

de 2016, expediente 11001-03- 25-000-2012-00386-00 (1493-2012), M.P. Gerardo Arenas
Monsalve.

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77.1. El fallo de segunda instancia se dictó el 16 de diciembre de 2019.

77.2. El 18 de diciembre de 2019 se expidió el Oficio PPSM-TBP-03301, en el cual
se le comunicó a Rafael Francisco Vera Romero, apoderado del aquí
demandante, que se profirió fallo de segunda instancia. Igualmente, se le
requirió para que acudiera en los 3 días siguientes contados a partir de los 5
siguientes a la fecha de entrega de la comunicación, so pena de que se
practicara la notificación por edicto [en este se anotó el correo electrónico
«rafavera01@hotmail.com»5]. Igualmente, se remitió el Oficio PPSM-TBP-03316
a Monte Wuilliano Valbuena Rojas y se consignó la dirección
«monteValbuena@hotmail.com»6.

77.3. Al expediente disciplinario se adjuntó la constancia de los Oficios 3301 y 3316
a los correos «rafavera01@hotmail.com»7 y «monteValbuena@hotmail.com»8 y se
certificó su entrega. El mismo día —18 de diciembre de 2019— Rafael Vera
autorizó la notificación al mismo buzón9; minutos después, se le remitió la
«notificación electrónica»10 y se confirmó la entrega11.

77.4. El edicto se fijó el 2 de enero de 2020 para notificar a Ruber Cartagena
Llanos, Adriana Marcela Molinares Cabrera, Juan Carlos Orozco Llerena,
Rodrigo Martínez Rodríguez, Álvaro Enrique Martínez González, Gladys
Arraut Varelo y Astrid de los Milagros Barraza Mora12. Se desfijó el 7 de enero
siguiente.

77.5. La solicitud de conciliación prejudicial se radicó el 18 de junio de 2020 y se
declaró fallida el 31 de agosto de 2020.

77.6. La demanda se presentó el 2 de septiembre de 2020.

78. Como lo sostuvo la parte demandada, la notificación del fallo de segunda
instancia se efectuó el 18 de diciembre de 2019, es decir que, en principio, el término
de caducidad fenecía el 19 de abril de 2020.

5 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 9, archivo

«folios 2369-2894», página 503.
6 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 9, archivo

«folios 2369-2894», página 519.
7 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 9, archivo

«folios 2369-2894», página 529.
8 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 9, archivo

«folios 2369-2894», página 550.
9 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 9, archivo

«folios 2369-2894», página 534 y 535.
10 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 9, archivo

«folios 2369-2894», página 536.
11 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 9, archivo

«folios 2369-2894», página 538.
12 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 9, archivo

«folios 2369-2894», página 562.

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79. Sin embargo, con ocasión de los Decretos 385 y 417 del 12 y 17 de marzo de
2020, por los cuales se declaró la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional
y el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, el Consejo Superior de
la Judicatura expidió el Acuerdo PCSJA20-11517 del 15 de marzo del mismo año,
por medio del cual suspendió los términos judiciales en todo el país desde el 16 al
20 de marzo de 2020, salvo en las excepciones allí previstas.

80.Dicha medida fue complementada y prorrogada hasta el 8 de junio de 2020
mediante los Acuerdos PCSJA20-11521 del 9 de marzo; PCSJA20-11518 y
PCSJA20-11519 16 de marzo; PCSJA20-11526, PCSJA20-11527 y PCSJA20-
11528 del 22 de marzo; PCSJA20-11529 del 25 de marzo, PCSJA20-11532 del 11
de abril; PCSJA20-11546 del 25 de abril; PCSJA20-11549 del 7 de mayo; y
PCSJA20-11556 del 22 de mayo.

81. Por otro lado, el 15 de abril siguiente se expidió el Decreto Legislativo 564 «[p]or
el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos a los usuarios del sistema
justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica». En el
artículo 1, en relación con los términos de prescripción y presentación oportuna de
demandas, se previó:

«Artículo 1. Suspensión de términos de prescripción y caducidad. Los
términos de prescripción y de caducidad previstos en cualquier norma
sustancial o procesal para ejercer derechos, acciones, medios de control o
presentar demandas ante la Rama Judicial o ante los tribunales arbitrales,
sean de días, meses o años, se encuentran suspendidos desde el 16 de
marzo de 2020 hasta el día que el Consejo Superior de la Judicatura disponga
la reanudación de los términos judiciales.

“El conteo de los términos de prescripción y caducidad se reanudará a partir
del día hábil siguiente a la fecha en que cese la suspensión de términos
judiciales ordenada por el Consejo Superior de la Judicatura».

82. Entonces, de conformidad con el Acuerdo PCSJA-20-11567 del 5 de junio de
2020,13 se prorrogó la suspensión de términos judiciales desde el 9 al 30 de junio y
se levantó la suspensión de los términos judiciales y administrativos en todo país a
partir del 1 de julio de 2020.

83. Es decir que desde el 19 de diciembre de 2019 y el 16 de marzo de 2020
transcurrieron 2 meses y 27 días, por lo tanto, reanudados los términos, el actor
contaba con 1 mes y 3 días para radicar la demanda a partir del 1 de julio de 2020;
no obstante, como la solicitud de conciliación se radicó el 18 de junio y en audiencia
del 31 de agosto del mismo año se declaró fallida, fue a partir de esta última fecha
que se reanudó el término. En consecuencia, la demanda se presentó
oportunamente el 2 de septiembre de 2020, razón por la cual el cargo no prospera.

13 Por medio del cual se adoptan medidas para el levantamiento de los términos judiciales y se dictan otras

disposiciones por motivos de salubridad pública y fuerza mayor.

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2.4. Cuestión previa. La competencia de la Procuraduría General de la
Nación para imponer sanciones disciplinarias a servidores elegidos
popularmente

84. En el recurso de apelación se indicó que la Procuraduría General de la Nación
sí tenía competencia para imponer sanciones porque la jurisprudencia precisó que
el fallo Petro Urrego contra Colombia no tenía efectos erga omnes y al tenor de la
correcta e integral interpretación del artículo 23 de la Convención Interamericana de
Derechos Humanos, en armonía con la Constitución Política y la Ley 734 de 2002,
aquella se mantenía incólume; sin embargo, ello no constituyó razón de la decisión
de la primera instancia. A pesar de ello, la Sala considera pertinente señalar lo
siguiente:

85. La Corte Constitucional en las sentencias C-030 de 2023 y SU-381 de 2024
consideró que la prevalencia de la Convención Interamericana de Derechos
Humanos [CADH] se derivaba del artículo 93 de la Constitución, pero que ello no
implicaba la subordinación de la Carta Política a su contenido. En su criterio, no
existía una relación de jerarquía entre ambos instrumentos jurídicos, sino de
complementariedad y coordinación, pues la CADH no podía concebirse como
norma supraconstitucional ni las decisiones de la CIDH hacían parte del bloque de
constitucionalidad, de manera que se presentaban como criterios hermenéuticos
relevantes que debían ser considerados para resolver sobre la exequibilidad de las
normas internas.

86. A partir de lo anterior y, a pesar de que la convención expresamente dispuso que
solo el juez penal podía restringir los derechos, hizo una interpretación del art. 23.2
de la CADH y el bloque de constitucionalidad para precisar que el entendimiento
que permitía armonizar ambos postulados «corresponde a que la restricción o limitación
temporal del derecho a ser elegido de un servidor de elección popular, en ejercicio de sus
funciones, tiene reserva judicial y solo puede ser impuesta de manera definitiva por un juez
de la República de cualquier especialidad, con las excepciones constitucionales».

87. En criterio de la Sala, debe atenderse que de conformidad con la Convención de
Viena del 23 de mayo de 196914, sobre el derecho de los tratados, un Estado adquiere
obligaciones en el ámbito internacional a través de la ratificación, aceptación,
aprobación y adhesión, según el caso. Dicho instrumento define este acto
internacional como aquel «por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su
consentimiento en obligarse por un tratado»15.

88. En el mismo sentido, esta convención señaló, en su parte II, artículo 11, que un
Estado puede manifestar su consentimiento para adquirir obligaciones en virtud de un
tratado «mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado la ratificación,
la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere

14 Ratificado por Colombia a través de la Ley 32 de 1985 «Por medio de la cual se aprueba la

"Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados", suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969»
15 Parte I, numeral 1, literal b).

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convenido», aspectos que se abordan igualmente en el artículo 14.

89. Tal y como se deduce de lo anterior, la manifestación del consentimiento de un
Estado frente a la comunidad internacional respecto de un instrumento jurídico implica
que asume la obligación de observar y respetar la materia objeto de acuerdo. Así se
desprende del numeral 26 de la Convención de Viena, al referirse al contenido del
principio pacta sunt servanda, para señalar que «[t]odo tratado en vigor obliga a las partes
y debe ser cumplido por ellas de buena fe». En consecuencia «[u]na parte no podrá invocar
las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado»16,
salvo que exista un vicio de competencia para efectuar tal declaración.

90. En estos términos, al momento de suscribir el Pacto de San José de Costa Rica del
22 de noviembre de 1969: Convención Americana sobre Derechos Humanos,
Colombia declaró que reconocía como «obligatoria de pleno derecho y sin convención
especial, la competencia de la Corte [Interamericana de Derechos Humanos] sobre todos los
casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención»17 y se comprometió a
cumplir las decisiones de aquella Corte en los casos por ella decididos en los que
hubiera sido parte18.

91. Ello se ratificó en los artículos 9 y 93 de la Constitución Política de 1991 al reconocer
los principios del derecho internacional aceptados por Colombia y disponer que «[l]os
derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretarán de conformidad con los
tratados internacionales sobre los derechos humanos ratificados por Colombia».

92. En efecto, esta interpretación se acompasa con el control de convencionalidad que
fue desarrollado en la sentencia Almonacid Arellano y otros vs Chile del 26 de
septiembre de 2006, en la cual se estableció que la obligación del artículo 2 de la
convención los Estados parte se comprometían a adoptar con arreglo a sus
procedimientos constitucionales las disposiciones de la convención, las medidas
legislativas o de otro carácter que fueran necesarias para hacer efectivos los derechos
y libertades, la cual se extendía a los funcionarios judiciales cuando aquellos fallaran
en su tarea de «suprimir y/o no adoptar las leyes contrarias» a esta, pues permanecía
vinculado al deber previsto en el artículo 1.1 y, por consiguiente, «debía abstenerse de

16 Artículo 27
17 Artículo 62 de la CADH Artículo 62. 1. Todo Estado parte puede, en el momento del depósito de

su instrumento de ratificación o adhesión de esta Convención, o en cualquier momento posterior,
declarar que reconoce como obligatoria de pleno derecho y sin convención especial, la competencia
de la Corte sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención. 2. La
declaración puede ser hecha incondicionalmente, o bajo condición de reciprocidad, por un plazo
determinado o para casos específicos. Deberá ser presentada al Secretario General de la
Organización, quien transmitirá copias de la misma a los otros Estados Miembros de la Organización
y al Secretario de la Corte. 3. La Corte tiene competencia para conocer de cualquier caso relativo a
la interpretación y aplicación de las disposiciones de esta Convención que le sea sometido, siempre
que los Estados Partes en el caso hayan reconocido o reconozcan dicha competencia, ora por
declaración especial, como se indica en los incisos anteriores, ora por convención especial.»
18 «Artículo 68. 1. Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la

Corte en todo caso en que sean partes. 2. La parte del fallo que disponga indemnización
compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la
ejecución de sentencias contra el Estado».

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aplicar cualquier normativa contraria a ella». A esta precisión siguió lo que se transcribe:

«124. La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos
al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones
vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un
tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte
del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar
porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas
por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio
carecen de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer
una especie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas
que aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos
Humanos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente
el tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte
Interamericana, intérprete última de la Convención Americana.» [se resalta]

93. Este concepto de control de convencionalidad y el pronunciamiento citado ha
generado que la doctrina considere que la idea de convencionalidad que se articula
de manera sistemática a los ordenamientos internos cause un «vinculante régimen
jurídico que garantiza una vigencia, interpretación y aplicación homogénea y estandarizada en
materia de derechos humanos»19, pero debe interpretarse como un ordenamiento jurídico
objetivo o de subsunción y sustancial, en razón a que la convención «configura un marco
[...] de derechos y garantías al cual se encuentran sujetos y vinculados todos los poderes u
órganos de los Estados miembros»20, de conformidad con el artículo 1.1 que es la base
para la subordinación a las reglas convencionales.

94. En línea con lo anterior, las autoridades nacionales deben dar estricto cumplimiento
a los estándares determinados por la interpretación de la Corte Interamericana, en
razón a que esta, en virtud del artículo 93 de la Constitución, conforme con el
ordenamiento jurídico interno es «un solo marco protector de derechos21»22. Ello, también
fue expuesto por la CIDH al indicar que «los jueces y órganos vinculados a la
administración de los niveles están en la obligación de ejercer ex oficio un control de
convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana, evidentemente en el
marco de sus respectivas competencias y de las regulaciones procesales
correspondientes»23.

95. En suma, el control de convencionalidad consiste en la verificación de las normas
y actos de un Estado parte con la Convención Americana de Derechos Humanos, la
cual debe ser ejercida por toda autoridad pública en el marco de sus competencias y
las regulaciones procesales y para ejercerlo debe tener en cuenta no solo el texto
convencional, sino también la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos

19 Santofimio Gamboa, Jaime Orlando. El concepto de Convencionalidad. Vicisitudes para su
construcción sustancial en el sistema interamericano de derecho humanos. Ideas fuera rectoras.
Universidad Externado de Colombia, 2ª Ed., 2018.
20 Ibidem.
21 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Amonacil Arellano, 125; Gelman 197; Masacre de

Santo Domingo 187.
22 Op. Cit. 8.
23 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cabrera García y Montiel Flores vs. México,

26 de noviembre de 2010.

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Humanos como su intérprete.

96. Ello, sin que se deje de lado la importancia de distinguir entre el Estado que es
parte en el caso sometido a su jurisdicción y el que no lo es. Para el primero de los
casos los artículos 66, 67 y 68 de la Convención disponen que el fallo será motivado,
definitivo y que el Estado se compromete a cumplir con la decisión, la cual, no solo
es exigible respecto de la parte resolutiva, sino que si en ella se refiere a las
consideraciones también debe atenderse a tal motivación, comoquiera que el
razonamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es parte integral
del fallo y constituye un todo, adquiriendo la sentencia el carácter de cosa juzgada
internacional para el Estado que ha sido parte en la controversia y la norma
convencional interpretada adquiere vinculatoriedad para todos sus órganos y
autoridades.

97. Para el segundo de los casos, en el cual el Estado no es parte del caso sometido
a su jurisdicción, la Corte Interamericana ha señalado que por el solo hecho de ser
parte en la Convención, todas sus autoridades públicas y todos sus órganos están
obligados por el tratado, por lo que, deben ejercer en el marco de sus respectivas
competencias y de las regulaciones procesales correspondientes, un control de
convencionalidad tanto en la emisión y aplicación de normas internas en lo que se
refiere a su validez y compatibilidad con la Convención, como en la determinación,
juzgamiento y resolución de situaciones particulares y casos concretos teniendo en
cuenta el propio tratado y según corresponda sus precedentes o lineamientos
jurisprudenciales24.

98. Lo anterior es una expresión del principio de complementariedad del Sistema
Interamericano de Derechos Humanos y de la obligación de los Estados de cumplir
de buena fe los tratados y, en el caso de la Convención, de ejercer un control de
convencionalidad de su ordenamiento interno con las disposiciones del texto
convencional para evitar potenciales violaciones de derechos humanos y la
consecuente responsabilidad internacional, comoquiera que son los Estados los
primeros llamados a proteger los derechos humanos de las personas dentro de su
jurisdicción y en caso de violación de estos deben solucionarse internamente y solo
en caso contrario someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en forma complementaria, le compete a esta pronunciarse,
pero, en todo caso, el control de convencionalidad es obligatorio para todas las
autoridades en virtud de la ratificación del tratado y la aceptación de la competencia
de las instancias internacionales.

99. Por lo anterior, si el Estado colombiano asumió la obligación de cumplir con la
Convención Interamericana de Derechos Humanos y reconoció como «obligatoria de
pleno derecho y sin convención especial, la competencia de la Corte sobre todos los casos
relativos a la interpretación o aplicación de esta Convención», así como el imperativo de
cumplir con las decisiones de la CIDH en los casos en los que fue parte [art. 68 de la

24 Caso Gelman Vs. Uruguay. Sentencia de 24 de febrero de 2011.

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CADH], frente a cada caso concreto el juez también está llamado a verificar el
cumplimiento de las órdenes internacionales a través del respectivo control de
convencionalidad.

100. Y es que, advierte la Sala que, a pesar de los pronunciamientos de la Corte
Constitucional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 2 de
septiembre de 2024 presentó las observaciones al cumplimiento de la sentencia del
caso 13.044 -Petro Urrego vs Colombia- en las que se examinó el contenido de la
sentencia C-030 de 2023 y aclaró que «el estándar interamericano no se refiere a que
la sanción disciplinaria y para funcionarios que se encuentran ejerciendo el cargo en el cual
fueron sancionados, sea ejecutoriada por autoridad judicial. La adecuación ordenada al
Estado se refiere a la imposición de una sanción penal, no así a que su ejecutabilidad sea
revisada y avalada por autoridad judicial», a partir de lo cual se concluyó que el Estado
no había cumplido con la orden dictada por la Corte. Más adelante sostuvo:

«En vista de esto, la Comisión reitera que el Estado aún no ha adecuado la
legislación colombiana a los parámetros establecidos en la Sentencia de la
Honorable Corte. Actualmente en Colombia, mediante la aplicación de la
normativa vigente persiste la posibilidad de sanción de inhabilitación o
destitución de funcionario público democráticamente electo por vía de
autoridad administrativa y no por “condena, por juez competente, en el
proceso penal” contrariando el artículo 23.2 de la Convención Americana y su
objeto y fin. Es decir, los y las funcionarias pueden continuar siendo
sancionados inicialmente con pena de inhabilitación o destitución mediante
decisiones disciplinariamente emitidas por la Procuraduría General de la
Nación, sin perjuicio de que dichas decisiones deban ser revisadas por el
Consejo de Estado».

101. Ello corrobora que, ante el incumplimiento del Estado de adoptar las medidas
necesarias para ajustar el ordenamiento interno a los mandatos internacionales, era
imprescindible que a través del control de convencionalidad se examinara la
competencia de la Procuraduría a la luz del ordenamiento internacional y en
armonía con el sistema jurídico interno, pero partiendo de que por mandato de la
Constitución Política existe una sujeción a la convención como bien lo ha sostenido
la doctrina25 al señalar que, según el derecho internacional, «las obligaciones que éste
impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el
derecho interno»26 y que a la luz de la jurisprudencia de la corporación supranacional
«[u]na norma jurídica nacional que sea manifiestamente contraria con la letra y el espíritu
de la convención americana y que afecte los derechos consagrados en ella, constituye per
se una violación a la constitución que genera responsabilidad del Estado y por lo tanto
carece en absoluto de efectos jurídicos».

102. La Sala no pasa por alto que a través de distintas sentencias —por ejemplo, las
SU-381 y 382 de 2024— la Corte Constitucional ordenó a esta Subsección proferir
sentencia de reemplazo en aquellos casos en los que se declaró la nulidad de unos
actos administrativos por considerar que la Procuraduría General de la Nación no

25 Op. Cit. 8.
26 Ibidem.

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tenía competencia para imponer sanciones a servidores elegidos popularmente,
razón por la cual se procederá a resolver los cargos de la apelación.

2.5. Hechos probados

103. En el expediente se encuentran demostrados los siguientes hechos:

103.1. El 2 de junio de 2016 Paul Valero Barrios presentó queja contra los concejales
del municipio de Soledad (Atlántico) para el periodo 2016 – 2019 «por incurrir en las
presuntas faltas Disciplinarias Gravísimas establecidas en los artículos 37, 48 Numerales
1, 59, 60 y 61 de la ley 734 de 2002». Según su exposición, al expedir el Acuerdo
000199 del 7 de marzo de 2016 se extralimitaron en sus funciones al crear un tributo
que no estaba autorizado por la ley y revivieron un «gravamen contribución» que fue
creado por el Acuerdo 00081 de 2008 y suprimido del Estatuto Tributario municipal
a través del Acuerdo 00168 de 2013 «por tener un soporte ilegal»; además, se
fundamentaron «ilegalmente» en la Ley 19 de 1991, el Decreto 1333 de 1986 y el
artículo 312 de la Ley 136 de 199427.

103.2. El 21 de junio de 201628 la Procuraduría Provincial de Barranquilla inició la
indagación preliminar en contra de los concejales del municipio de Soledad, entre
ellos, el aquí demandante. Asimismo, ordenó la práctica de pruebas29.

103.3. El 17 de octubre de 2016, la Procuraduría Provincial de Barranquilla abrió la
investigación disciplinaria en contra de los concejales, entre ellos el actor, «quienes
en su condición de concejales de Soledad, al parecer habrían incurrido presuntamente en
conducta constitutiva de falta disciplinaria con ocasión del ejercicio de sus funciones»30.
También, respecto de la solicitud del quejoso, se indicó que tendría «en cuenta tal
solicitud [...] al respecto de las prácticas de las pruebas pertinentes y conducentes para
determinar las condiciones de tiempo, modo y lugar alrededor de los hechos». Se
decretaron pruebas y se informó a los disciplinados que tenían derecho a rendir
versión libre y espontánea.

103.4. El 6 de diciembre de 2016 se suscribió el acta de visita especial realizada en
el concejo municipal para el recaudo de las pruebas ordenadas31.

27 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 1, archivo

«folios 1-208», página 2.
28 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 1, archivo

«folios 1-208», página 148.
29 Comunicado al demandante mediante el Oficio 3280 del 23 de junio de 2016 (Samai, índice 2,

carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 1, archivo «folios 1-208»,
página 160).
30 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 2, archivo

«folios 209-525», página 118.
31 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 2, archivo

«folios 209-525», página 170.

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103.5. El 12 de diciembre de 2016 se decretó de oficio la práctica de la prueba
consistente en oficiar a la Alcaldía de Soledad para que certificara si se efectuó el
cobro a los habitantes de dicho municipio con destino al Fondo de Fomento y
Desarrollo del Deporte para la vigencia 201632.

103.6. El 28 de diciembre de 2016, mediante el oficio 6469, la procuradora provincial
de Barranquilla remitió el expediente al procurador provincial de Santa Marta, en
cumplimiento de la Resolución 710 del 27 de octubre de 2016 expedida por la
procuradora general de la Nación, en la cual ordenó designarlo como funcionario
especial dentro del proceso disciplinario33.

103.7. En auto del 6 de febrero de 2017 el procurador provincial de Santa Marta
avocó el conocimiento y reiteró la prueba relacionada con la certificación del cobro
a los habitantes34.

103.8. El 13 de marzo de 2017 el quejoso aportó pruebas35, entre ellas, el Oficio DOJ
02596 del 9 de agosto de 2016 expedido por el jefe de la Oficina Asesora Jurídica
del municipio, por medio del cual se consignaron las sumas que se habían pagado
en virtud del artículo 3 del Acuerdo 000199 de 201636.

103.9. El 5 de abril de 2017 el actor otorgó poder al abogado Rafael Francisco Vera
Romero37 y presentó el escrito de «descargos»38. En auto del 27 de abril de 2017 se
le reconoció personería para actuar39.

103.10. En memorial del 22 de mayo de 2017 el quejoso solicitó el impulso procesal
y aportó pruebas [sentencia de nulidad proferida por el Juzgado 12 Administrativo
de Barranquilla]40.

103.11. En auto del 6 de julio de 201741 se resolvió declarar la nulidad del auto de
cierre de la investigación del 14 de junio de 2017, con fundamento en que la

32 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 2, archivo

«folios 209-525», página 194.
33 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 3, archivo

«folios 526-758», página 11.
34 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 3, archivo

«folios 526-758», página 50.
35 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 3, archivo

«folios 526-758», página 63.
36 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 3, archivo

«folios 526-758», página 66.
37 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 3, archivo

«folios 526-758», página 211.
38 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 3, archivo

«folios 526-758», página 213.
39 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 4, archivo

«folios 759-976», página 2.
40 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 4, archivo

«folios 759-976», página 4.
41 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 4, archivo

«folios 759-976», página 60.

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Demandante: Monte Wuilliano Valbuena Rojas

Procuraduría Provincial de Barranquilla «advirtió en el auto de apertura de investigación
disciplinaria que los disciplinados [tenían] derecho hacer [sic] escuchados en diligencia de
versión libre y espontánea, sin embargo ese derecho no les fue dado a conocer a los
destinatarios con lo cual se vulnera el derecho a la defensa».

103.12. El 11 de julio de 2017 el quejoso presentó escrito de impulso 42. Se dio
respuesta el 19 de julio de 2017, en el que se le puso de presente el artículo 90 del
CDU43.

103.13. En auto del 25 de agosto de 201744 se cerró la investigación seguida en
contra de los concejales, incluido el actor.

103.14. En auto del 1 de octubre de 2017 se dictó el pliego de cargos45. La autoridad
disciplinaria consideró que existían pruebas que demostraban la existencia de
hechos constitutivos de falta disciplinaria de conformidad con los artículos 35 y 48
[numeral 60] de la Ley 734 de 2002, en el sentido de que los concejales
«presuntamente» se extralimitaron en el ejercicio de las funciones asignadas
constitucional y legalmente, «al debatir, aprobar y expedir el Acuerdo No. 000199 de
fecha 7 de marzo de 2016, por medio del cual además de crearse el Fondo del Fomento
del Desarrollo del Deporte de Soledad, se imp[uso] como forma de financiación de dicho
Fondo, un impuesto del 1.5% sobre todos los convenios y contratos suscritos por el
Municipio de Soledad y sus entres [sic] descentralizados sin tener las facultades legales y
reglamentarias para hacerlo». Ello, por cuanto la Ley 19 de 1991 no dispuso que «por
parte de los entes municipales se adoptaran tributos, impuestos o contribuciones en aras
de dar financiación al Fondo de Fomento del Departo [sic] Municipal, mucho menos le [sic]
correspondía a las entidades edilicias crear impuesto alguno para la financiación»; ello,
sumado a que el Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla, en sentencia del 14
de mayo de 2017 anuló la disposición que establecía el tributo.

103.15. El 17 de octubre de 2017 el apoderado del actor autorizó las notificaciones
por correo electrónico a la dirección rafavera01@hotmail.com46.

103.16. Otros concejales solicitaron la nulidad de lo actuado a partir del auto que
ordenó el cierre de la investigación porque no pudieron acceder al expediente ni
obtener copias; no se atendió la solicitud de fijación de excusa y la fecha para rendir

42 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 4, archivo

«folios 759-976», página 59.
43 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 4, archivo

«folios 759-976», página 106.
44 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 4, archivo

«folios 759-976», página 144.
45 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 5, archivo

«folios 977-1292», página 2. Se notificó el 18 de octubre de 2017 (Samai, índice 2, carpeta zip
«ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 5, archivo «folios 977-1292», página 53).
46 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 5, archivo

«folios 977-1292», página 145.

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Demandante: Monte Wuilliano Valbuena Rojas

la versión libre; y no se notificó al defensor el auto de cierre de la investigación
disciplinaria47.

103.17. En auto del 9 de noviembre de 2017 se accedió a la solicitud y se decretó la
nulidad desde el auto de cierre de la investigación disciplinaria48. Se notificó al
apoderado del demandante el 10 de noviembre de 201749.

103.18. En auto del 24 de julio de 2018 se resolvió cerrar la investigación
disciplinaria50 y el 15 de agosto siguiente el apoderado del actor presentó «alegatos
previos a evaluación»51.

103.19. El 19 de septiembre de 2018 se volvió a dictar el pliego de cargos en los
mismos términos52.

103.20. El 3 de octubre de 2018 el quejoso aportó la sentencia proferida el 14 de
mayo de 2017 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que confirmó la sentencia
del 14 de marzo de 2017 expedida por el Juzgado Doce Administrativo de
Barranquilla53.

103.21. El 9 de octubre de 2018 el demandante, a través de su apoderado, presentó
el escrito de descargos54.

103.22. En auto del 7 de diciembre de 2018 se decidió sobre las pruebas solicitadas
en los descargos55. La decisión se notificó al apoderado del actor el 19 de diciembre
de 201856.

47 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 5, archivo

«folios 977-1292», página 64.
48 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 5, archivo

«folios 977-1292», página 74.
49 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 5, archivo

«folios 977-1292», página 81.
50 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 5, archivo

«folios 977-1292», página 146.
51 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 5, archivo

«folios 977-1292», página 200.
52 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 5, archivo

«folios 977-1292», página 250.
53 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 6, archivo

«folios 1293-1575», página 3.
54 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 6, archivo

«folios 1293-1575», página 59.
55 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 6, archivo

«folios 1293-1575», página 182.
56 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 6, archivo

«folios 1293-1575», página 276.

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103.23. En auto del 2 de abril de 2019 se corrió traslado a los concejales para que
presentaran los alegatos de conclusión57. El actor los radicó el 2 de mayo de 201958.

103.24. El 11 de julio de 2019 se dictó el fallo de primera instancia59, en el sentido de
i) declarar probado y no desvirtuado el cargo y, por tanto, declarar la responsabilidad
disciplinaria de todos los concejales —incluido Monte Wuilliano Valbuena Rojas—;
ii) calificar la falta como gravísima, cometida a título de dolo; y iii) imponer como
sanción disciplinaria a los concejales la destitución e inhabilidad general de 10 años.
Para tal efecto, se expuso lo siguiente:

Tipicidad • Los concejales se extralimitaron en sus funciones al debatir, aprobar
y expedir el Acuerdo 000199 del 7 de marzo de 2016, por el cual,
además de crear el Fondo del Fomento del Desarrollo del Deporte, se
impuso como forma de financiación un impuesto del 1.5% sobre todos
los convenios y contratos suscritos por el municipio y sus entes
descentralizados sin tener las facultades legales y reglamentarias
para hacerlo.

• Los 19 concejales [incluido el actor] en forma voluntaria y consciente
asistieron, participaron y aprobaron en segundo debate «y sin
intervención alguna en contra, el proyecto de acuerdo». Se reiteró lo
señalado en el pliego de cargos, esto es que cada uno de ellos asistió,
participó y votó favorablemente el proyecto de acuerdo para el cual no tenían
competencia, «incurriendo así en extralimitación de sus funciones» [se citó
la sentencia proferida por el Juzgado Doce Administrativo de
Barranquilla del 14 de mayo de 2017].

• El comportamiento atribuido se subsumía en la descripción típica
prevista en el numeral 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 porque
«la facultad o atribución de “Votar de conformidad con la Constitución y la
Ley los tributos y los gastos locales (numeral 4º del artículo 313 de la
Constitución Política) y/o “establecer, reformar o eliminar tributos,
contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley” (numeral
6º del artículo 32 de la Ley 136 de 1994), constituyen una función de los
miembros de una corporación edilicia, las cuales están enmarcadas o
circunscriptas a las limitantes de ley; es decir, tal y como acontece en el caso
sub examine los concejales debieron abstenerse de “votar”, entiéndase
recogido en esta expresión del texto constitucional las funciones de debatir
y aprobar, un tributo que la ley no le había facultado para crear, situación que
a juicio del Despacho, en consonancia con la reiterada jurisprudencia del
Ministerio Público, conllevó a la extralimitación del ejercicio de sus funciones,
incurriendo así en la prohibición que trata el inciso primero del artículo 35 de
la Ley 734 de 2002» [sic].

• «[S]e logró acreditar la comisión de una acción antijurídica por parte de los
19 concejales del Municipio de Soledad, Atlántico, para la época de los
hechos, en cuanto a que no tenían facultad legal ni constitucional para la
creación de un tributo que solo podía ser impuesto por el Legislador, en tanto,
al controvertir la normativa reseñada que impone la obligación de cumplir la

57 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 8, archivo

«folios 2022-2368», página 4.
58 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 8, archivo

«folios 2022-2368», página 111.
59 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 9, archivo

«folios 2369-2894», página 4.

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Constitución y la Ley, en cuanto a ejercer sólo las funciones para las cuales
se está facultado legal y constitucionalmente, permite encuadrar su acción
en lo tipificado como falta disciplinaria gravísima conforme los términos del
numeral 60 del artículo 48 del CDU, ut supra señalado».
Ilicitud • La conducta endilgada a los concejales se subsumía en el tipo
sustancial disciplinario citado en el pliego de cargos, toda vez que conforme con
el material probatorio recaudado, se logró verificar que sobrepasaron
las facultades que le concedía la Constitución y la Ley, «invadiendo la
órbita funcional del Legislador, al crear un tributo que no había sido ordenado
por la ley, ni mucho menos le correspondía definir los elementos esenciales
del mismo por carencia de estos en la norma génesis, es decir, se demostró
que con dicha actuación los investigados afectaron de manera sustancial la
función pública que estaban llamados a cumplir, desconociendo además el
principio de moralidad en la función pública consagrado en el artículo 209
Superior»; además, «en concordancia con lo establecido en el artículo 22
de la Ley 734 de 2002, la afectación del deber funcional sería sustancial, por
estar en contravía de la garantía de los principios que rigen la función
pública».

• Si la tipicidad «correspondía a un juicio de adecuación en donde
determinada conducta se ajusta[ba] a la inobservancia de una regla, su
desconocimiento lleva consigo el incumplimiento de los principios, aspecto
que corresponde analizar en la ilicitud del comportamiento. En el sub
examine, con la realización del comportamiento cuestionado no hay duda de
que varios principios de la función pública como los arriba resaltados se
vieron seriamente afectados».

• Al haber actuado «en contravía de lo suficientemente decantado por la ley
y la jurisprudencia de las altas Cortes, al crear un tributo que no había sido
ordenado por la ley, ni mucho menos le correspondía definir los elementos
esenciales del mismo por carencia de estos en la norma génesis, hac[ía] que
principios como la moralidad pública, la legalidad y el respetar las
prohibiciones, contemplados en el artículo 209 superior y en el artículo 3º de
la Ley 489 de 1998, que deb[ía]n observar todos los servidores públicos en
el cumplimiento de sus deberes oficiales, se [vieran] seriamente afectados
en la medida en que se act[uó] contraviniendo el orden jurídico que se
est[aba] llamado a acatar, dejando de lado la corrección de la conducta oficial
que se exig[ía] constitucional y legalmente al funcionario del Estado, en virtud
de la relación especial de sujeción que surg[ía] del vínculo legal o
reglamentario del individuo con el Estado, máxime cuando la categoría que
[envestía] un concejal elegido por voto popular, busca[ba] que dicha
investidura represent[ara] un modelo de probidad y pulcritud para la
sociedad».
Culpabilidad • La condición de imputabilidad de los investigados no fue
controvertida, puesto que no obraba prueba dentro del proceso que
discutiera el hecho de que los concejales -entre ellos el actor- «no se
autodeterminaban para la época de los hechos, no eran mayores de edad no
estaba declarados como inimputable y mucho menos que no fungieran como
servidores públicos, por lo tanto [eran] aptos para ser declarados culpables».

• Si bien una de las funciones consistía en «[v]otar de conformidad con la
Constitución y la Ley los tributos y los gastos locales” (numeral 4º del artículo
313 de la Constitución Política) y/o “establecer, reformar o eliminar tributos,
contribuciones, impuestos y sobretasas, de conformidad con la ley” (numeral
6º del artículo 32 de la Ley 136 de 1994)», también era cierto que dichas
facultades o atribuciones se debían ejercer dentro del marco de unas
limitantes impuestas por la misma ley, «de manera que no [era] cierto como
lo pretenden los abogados [...] apoderados dentro de la presente
investigación, al asegurar que [había] orfandad de tipicidad en el pliego de
cargos, toda vez que en el cargo único endilgado a los concejales se predicó

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la extralimitación de funciones al haber creado el referido fondo, ya que el
verdadero sentir de [esa] Provincial no [era] desconocer dichas prerrogativas
del ente edilicio, sino recalcar que la misma debió hacerse en el marco del
cumplimiento de un deber legal, esto es absteniéndose de crear un tributo
que solo atañe a la órbita del Legislador». En tal sentido, estaba presente
el juicio de reprochabilidad o exigibilidad de la conducta, por cuando
le asistía el deber de actuar de manera diferente.

• No se podía aceptar que no tuvieran conocimiento de la ilegalidad de
su conducta porque existían antecedentes de dicho gravamen. Se
expidió el Acuerdo 00081 del 15 de julio de 2008, a través del cual se
creó el Fondo del Fomento del Desarrollo del Deporte en el Municipio
de Soledad y el mismo impuesto, el cual posteriormente fue suprimido
por medio del Acuerdo 000168 del 6 de diciembre de 2013 [Estatuto
Tributario] al advertir que era ilegal.

• No podía «soslayarse que al caso concreto se aplica[ba] la máxime del
Derecho que reza[ba] “la ignorancia de la ley no sirve de excusa”, toda vez
que, lo censurado en la investigación [era] precisamente el desconocimiento
de un deber legal dentro del ejercicio habitual de las funciones de los
concejales».

• El acuerdo municipal «emanó de unas de las funciones legales a cargo de
los miembros del cuerpo edilicio, esto es, votar y aprobar un proyecto de
acuerdo de manera generalizada por el concejo en pleno, atribución o
facultad que no obstante, est[aba] constreñida a una limitante legal, situación
que [...] se probó con los fallos nulitorios emanados de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa y el acta de segundo debate del proyecto de
acuerdo».

• Si bien las faltas disciplinarias variaban conforme con la actuación o
actuaciones de cada uno de los sujetos investigados, la misma
conducta fue realizada en conjunto por todos los concejales de
Soledad, quienes votaron y aprobaron un gravamen que la ley nos les
había facultado para crear, ni mucho menos para desarrollar los
elementos esenciales de dicho tributo.

• Sobre la exclusión de responsabilidad por error invencible: los
concejales tenían forma de «verificar si existía algún precedente sobre la
materia, indagando en los archivos o la gaceta de la entidad. De manera,
que no solo hubiesen advertido que el gravamen ya había sido creado en el
2008 lo que presuntamente los indujo al error sino que la razón para que
estuviera suprimido en el Estatuto Tributario del 2013 conforme a la
exposición de motivos que hace parte del acervo probatorio era
precisamente su ilegalidad lo que soporta de igual forma la inexistencia de
pronunciamiento contencioso jurisdiccional sobre ellos». Además, no
aportaron ninguna prueba tendiente a demostrarla, lo cual se traducía
«en un desconocimiento del principio jurídico de la carga de la prueba,
recogido en el Código General del Proceso en el artículo 162 cuando
dispone: “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas
que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”».

• Por lo anterior, «existió voluntad para desatender la norma de prohibición y
conocimiento pleno de la ilicitud de su conducta, de tal manera que no [podía]
el despacho acoger la tesis defensiva, pues a pesar de que los investigados
insisten en afirmar que actuaron sin conciencia de que lo hacían al margen
del ordenamiento jurídico, las reglas de la experiencia enseña[ban] que el
comportamiento desarrollado fue contrario al deber exigible, quedando sus
afirmaciones sin fundamento alguno, en tanto le era exigible una conducta

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diferente a la acometida, y en tal entendido, en este evento no se [podía]
hablar de error o desconocimiento para justificar el ilícito disciplinario en que
incurrieron los implicados».

103.25. La notificación del fallo se surtió el 24 de julio de 201960.

103.26. El 30 de julio de 2019 el demandante presentó recurso de apelación contra
el fallo de primera instancia61 y fue concedido el 15 de agosto siguiente62.

103.27. El fallo de segunda instancia se dictó el 16 de diciembre de 2019 63. Se
confirmó la decisión de primera instancia por las siguientes razones:

«Esto deja en evidencia, que se volvió a establecer el instrumento para el
fomento del deporte que ya otrora oportunidad había materializado el Acuerdo
81 de 2008, en virtud de lo previsto en la Ley 19 de 1991 y no solo eso, sino
que nuevamente estableció para el financiamiento del fondo el recurso
proveniente del “pago del 1.5% sobre el valor de los convenios y contratos
[...]”, cuando este concepto había sido eliminado del Estatuto Tributario
adoptado en 2013, al aceptarse por el Concejo que el mismo no consultaba y
contrariaba el mandato consignado en la aludida ley.

Y es que a juicio de este despacho, el Concejo Municipal de Soledad más allá
de haber dispuesto mediante el Acuerdo 199 de 2016, la creación de un Fondo
que ya existía en ese ente territorial, también hizo uso contrario de su función
“Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y gastos
locales”, al establecer como recurso de financiación del Fondo de Fomento el
“pago del 1.5% sobre el valor de los convenios y contratos [...]”, siendo que la
Ley 19 de 1991, para ese efecto, claramente había señalado en su artículo 2
que “Los alcaldes municipales fijarán la suma o porcentaje dentro del
presupuesto para el funcionamiento del Fondo, de que trata el artículo
primero”.

[...]

Uno de los argumentos que se enfilan contra el fallo de primera instancia es
haber mantenido un cargo ambiguo, lo cual no es cierto, como quiera que
claramente quedó descrita la conducta que se censura y se consideró como
infractora de la ley disciplinaria, la cual consistió en que el Concejo de Soledad
en pleno aprobó el Acuerdo No. 199 de 2016, que estableció el Fondo del
Fomento del Deporte en el municipio de Soledad y adicionalmente, se
estableció como fuente de financiación “un impuesto del 1.5% sobre todos los
convenios y contratos [...]”.

Por lo anterior, se considera desde esta instancia que ante la univocidad de
la conducta enrostrada a los investigados y en virtud del principio de economía
procesal, no era necesaria la individualización de la formulación de la

60 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 9, archivo

«folios 2369-2894», página 110.
61 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 9, archivo

«folios 2369-2894», página 164.
62 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 9, archivo

«folios 2369-2894», página 284.
63 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 9, archivo

«folios 2369-2894», página 430.

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imputación en contra de cada uno de ellos; se insiste, el artículo 163 de la Ley
734 de 2002, no impone que cuando se trate de varios investigados por
conducta unívoca, es decir, configurada bajo las mismas circunstancias de
tiempo, modo y lugar, obligadamente deba hacerse la atribución de la falta en
forma individual al prever que “1. La descripción y determinación de la
conducta investigada, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y
lugar en que se realizó”.

El despacho considera que se cumplió lo dispuesto por el numeral 1 del
artículo 163 ibidem, al haberse detallado en el cargo que los Concejales del
municipio de Soledad (lugar), debatieron, aprobaron y expidieron (modo) un
Acuerdo el 7 de marzo de 2016 (tiempo) que estableció un impuesto, sin
contar con la facultad legal y reglamentaria para ello (conducta).

[...]

Queda entonces así desvirtuada la supuesta irregularidad que denuncian por
la falta de individualización de la responsabilidad frente a la conducta que se
reprocha, en atención a las condiciones de cada concejal, pues no pueden
ser medidos con distintos raceros, siendo que todos estaban obligados a
cumplir la Constitución y la ley.

Todo lo anterior, permite además sostener, contrario a lo afirmado por los
apelantes, que sí hay ilicitud sustancial en la conducta endilgada, pues con
su actuar, se llevaron de calle, como lo señaló la primera instancia varios de
los principios que guían la función administrativa, en concreto el de moralidad
y el de legalidad, dado que (i) Su actuar no fue aquel que se espera de un
servidor público y más, de la que debe observar un servidor al que se le confía
la representación de los intereses de una localidad y (ii) Actuaron por fuera de
las disposiciones que regulan sus competencias, al haber creado un impuesto
sin estar autorizado por la ley.

Adicionalmente, robustece la tesis de la ilicitud sustancial de la conducta
reprochada a los Concejales, lo que trascendió su actuar desviado, dado que
el gravamen creado por medio del Acuerdo No. 199 de 2016, de acuerdo con
lo certificado por la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía Municipal
de Soledad, mediante Oficio No. DOJ 02596 de agosto de 2016, se cobró
durante la vigencia de 2016, alcanzando a recaudarse la suma de
$120.106.940 [...] hecho este que defrauda la confianza que es depositada en
tales servidores, cuando de ellos se espera que dirijan los destinos de la
localidad atendiendo el ordenamiento jurídico.

Ahora bien, contra este argumento que permite confirmar la ilicitud sustancial
de la conducta reprochada a los Concejales de Soledad, se dice por los
apelantes que al haberse tomado por la primera instancia, se generó una
incongruencia del fallo con el pliego de cargos, que afectó su derecho de
defensa técnica; esto por cuanto, en el auto de cargos no se arguyó ese
elemento de juicio.

Al respecto, se considera que tal aseveración carece de asidero jurídico y
fáctico, en primer lugar, porque al sustentarse la ilicitud sustancial en el pliego
de cargos, claramente se señaló que la conducta reprochada había violado
los principios de la función pública y dentro de esos, están contemplados, el
de moralidad y de legalidad, los cuales fueron explicados probatoria mente en
el fallo de primera instancia.

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Además, debe tenerse en cuenta que, la oportunidad de presentar alegatos
de conclusión puede determinar la ampliación de argumentos para reforzar la
postura del operador disciplinario, que es lo sucedido en este caso respecto
de la situación de los investigados.

A esa misma consideración llega esta instancia, pues tal como se señaló en
líneas precedentes, la totalidad de los miembros de la Corporación Pública
aludida decidieron aprobar el proyecto de acuerdo presentado por el Alcalde
Municipal de Soledad, para fijar por medio del mismo un tributo y
específicamente, un impuesto, que la Ley 19 de 1991 no había autorizado.

De manera que, si bien está presente una extralimitación de funciones a la luz
de lo previsto en el numeral 1 del artículo 35 de la Ley 734 de 2002, esta
escala a la falta gravísima endilgada, porque se utilizado la función y
atribución, que en su orden establecen los artículos 313-4 de la Constitución
Política y el 32-7 de la Ley 136 de 1994, para establecer el pago fijado por el
artículo 3 del Acuerdo No. 199 de 2016, sin que la Ley 19 de 1991 así lo
dispusiera, es decir, se fue más allá de la función otorgada por dicha ley, la
cual ordenaba para ese efecto, que el Alcalde fijaran la suma o porcentaje
dentro del presupuesto para el funcionamiento del aludido fondo y no el
impuesto creado.

Por lo anterior, no hay duda en que la conducta censurada y probada en este
asunto, se adecúa en su totalidad al supuesto de hecho que describe la falta
prevista por el numeral 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, en razón a
que si bien el Acuerdo No. 199 de 2016, tuvo por finalidad el fomento y
desarrollo del deporte, en consonancia con la Ley 19 de 1991, al crear el
Fondo de Fomento y establecer como fuente de financiación el valor que fijara
dentro del presupuesto el Alcalde Municipal, no es menos cierto, que al
establecer el gravamen de 1.5% del valor de los convenios y contratos que
celebrara el municipio y los entes descentralizados, en ejercicio de la función
que le corresponde (Votar, establecer, modificar y eliminar tributos),
previamente definida, se dio un alcance distinto a la finalidad que se había
propuesto la mentada Ley 19 de 1991.

Así las cosas, el argumento orientado a señalar que fue deficiente la
subsunción queda desvirtuado.

[...]

Se insiste por esta instancia, que quedó probado la culpabilidad de los
investigados a título de dolo, pues aun cuando la Ley 19 de 1991 no autorizó
la creación de un tributo, aquellos de manera unívoca dirigieron su actuar a
imponer para la lograr un recurso que contribuyera a la financiación del fondo,
el pago del 1.5% sobre el valor de los convenios y contratos que suscribiera
el Municipio de Soledad y los organismos descentralizados del orden
municipal, cuya cuantía fuera igualo superior a 26 SMLMV, lo cual fue
materializado con el Acuerdo No. 199 de 2016.

Sin hesitación alguna, los Concejales actuaran a sabiendas que estaban
desconociendo un deber de raigambre constitucional y legal, pues ellos como
servidores públicos tienen como función votar de conformidad con la Carta
Política y la ley los tributos, pese a ello obviaron tal presupuesto al actuar. Por
lo tanto, como basta con que el infractor de la ley disciplinaria tuviera
conocimiento de lo que implica desconocer el deber que debe observar y que
a pesar de ello, actué en forma contraria a ello, y estos requisitos se hayan

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presentes en la conducta que fue desplegada por los Concejales aquí
investigados, quedan desvirtuadas las alegaciones que estaban dirigidas a
desvanecer la culpabilidad como fue endilgada por la primera instancia.

[...]

Finalmente, no hay lugar para aceptar el alegato orientado a sostener que hay
desproporción entre la falta endilgada y la sanción impuesta, como quiera que
en este asunto al establecerse que los investigados incurrieron en una falta
gravísima p a título de dolo, se impone de conformidad con el artículo 44 de
la Ley 734 de 2002, la destitución e inhabilidad general.

Corolario de lo expuesto, como no fueron suficientes los argumentos
invocados por los apelantes para haber desvirtuado el grado de certeza de
responsabilidad de los disciplinados, como quiera que se probó su incursión
en la falta gravísima establecida por el artículo 48-60 del CDU, se impone en
consecuencia, confirmar la decisión objeto de alzada.»

2.6. Análisis de la Sala

104. En el recurso, la Procuraduría General de la Nación se detuvo en las categorías
dogmáticas de tipicidad y culpabilidad para justificar la legalidad de los actos
acusados.

105. Previamente a realizar el análisis de los cargos de la apelación, es menester
precisar que, en la sentencia de unificación del 9 de agosto de 201664, la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo puntualizó que, en asuntos disciplinarios, el control
judicial es integral, lo cual se entiende bajo los siguientes parámetros:

«1) La competencia del juez administrativo es plena, sin “deferencia especial”
respecto de las decisiones adoptadas por los titulares de la acción
disciplinaria. 2) La presunción de legalidad del acto administrativo
sancionatorio es similar a la de cualquier acto administrativo. 3) La existencia
de un procedimiento disciplinario extensamente regulado por la ley, de ningún
modo restringe el control judicial. 4) La interpretación normativa y la valoración
probatoria hecha en sede disciplinaria, es controlable judicialmente en el
marco que impone la Constitución y la ley. 5) Las irregularidades del trámite
procesal, serán valoradas por el juez de lo contencioso administrativo, bajo el
amparo de la independencia e imparcialidad que lo caracteriza. 6) El juez de
lo contencioso administrativo no sólo es de control de la legalidad, sino
también garante de los derechos. 7) El control judicial integral involucra todos
los principios que rigen la acción disciplinaria. 8) El juez de lo contencioso
administrativo es garante de la tutela judicial efectiva.» [se resalta]

106. En esa línea, se mencionó que el alcance del control integral que tiene el juez
abarca todo aquello que tenga vinculación con las causales de nulidad invocadas y
los derechos fundamentales involucrados; del mismo modo, este obligó a que se
examinara de la actuación sancionatoria «el estricto cumplimiento de todos los
principios rectores de la ley disciplinaria, esto es, la legalidad, ilicitud sustancial, debido
proceso, reconocimiento de dignidad humana, presunción de inocencia, celeridad,

64 Radicación: 11001-03-25-000-2011-00316-00(SU).

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culpabilidad, favorabilidad, igualdad, función de la sanción disciplinaria, derecho a la
defensa, proporcionalidad, motivación, interpretación de la ley disciplinaria, aplicación de
principios e integración normativa con tratados internacionales sobre derechos humanos y
los convenios internacionales de la OIT ratificados por Colombia».

107. Por lo anterior, se establecieron 2 reglas de unificación: (i) la Jurisdicción de lo
contencioso - administrativo ejerce el control judicial integral de los actos
administrativos sancionatorios, proferidos por los titulares de la acción disciplinaria
regulada en la Ley 734 de 2002, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva; y
(ii) el control que ejerce la jurisdicción de lo contencioso administrativo constituye el
recurso judicial efectivo en los términos del ordinal 1º del artículo 25 de la
Convención Americana de Derechos Humanos.

108. Lo anterior para señalar que, sobre la tipicidad, el a quo consideró lo que se
transcribe a continuación:

«En el anterior orden de ideas, sea lo primero señalar que analizadas las
decisiones de primera y segunda instancia acusadas, encuentra el Tribunal
que la Procuraduría no fundamentó la falta disciplinaria endilgada al actor
Monte Wuiliano Valbuena Rojas, en la ilegalidad del acto administrativo; sino
que el ente de control destacó la conducta de los Concejales quienes, sin
atender el marco jurídico para tal fin, aprobaron de forma unánime y sin
debate alguno, un Acuerdo de creación de un tributo no autorizado por la ley,
el cual dicho sea de paso, había sido creado en el pasado por el mismo ente,
y dejado sin efectos posteriormente atendiendo a su ilegalidad. La
Procuraduría fue enfática en señalar que la falta disciplinaria se concretó en
el hecho de que cada uno de los concejales, incluido el actor, asistió, participó
y votó favorablemente y sin reproche el plurimencionado Acuerdo, sin tener
competencia para ello, extralimitándose así en sus funciones, las cuales
imponen de conformidad con el artículo 32 de la Ley 136 de 1994 actuar de
conformidad con la Ley.

Ahora, la referencia que hace el ente de control a la ilegalidad del Acuerdo,
declarada en sede judicial, no se hace a efectos de adecuar la conducta de
los concejales, ni como lo señala el demandante, como medio probatorio
exclusivo de la responsabilidad disciplinaria; sino, como sustento de la
imposibilidad jurídica de crear un impuesto no autorizado por la ley, lo cual,
dicho sea de paso, fue revelado en los actos acusados, de la mera
confrontación de las normas.» [sic]

109. Sin embargo, a pesar de que en estos apartes se dio la razón a la Procuraduría
General de la Nación, en el recurso de apelación esta argumentó lo siguiente para
efectos de confirmar la comisión de la falta:

«Compartiendo la síntesis del cargo realizada por el H. Tribunal, por cuanto
el pliego de cargos y la sanción disciplinaria efectivamente se estructuró y
fundamentó en el hecho de que los Concejales, incluido el señor demandante,
asistieron, participaron y votaron favorablemente sin análisis, estudio ni
reproche alguno el Acuerdo 00199 de 2016 en cuestión, sin tener
competencia para ello, incumpliendo las atribuciones propias de su cargo y
extralimitándose así en sus funciones, las cuales imponen a los Concejos
(léase a los concejales) actuar de conformidad con la Ley, según lo establece

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el artículo 32 de la Ley 136 de 1994.

[...]

Así entonces, el proyecto paso el segundo (2°) debate sin que ninguno de los
diecinueve (19) cabildantes (tal como consta en el Acta) se pronunciara o
advirtiera que este no podía pasar a ser acuerdo municipal, porque se estaba
creando sin tener facultades para ello la financiación del Fondo con un
impuesto del 1.5% sobre todos los convenios y contratos suscritos por el
municipio de Soledad y sus entes descentralizados, con lo cual
evidentemente se configuró la extralimitación de funciones por parte de los
concejales, incluido el señor MONTE WUILLIANO BALVUENA ROJAS».

110. A partir de lo anterior defendió su tesis sobre la individualización de los sujetos
disciplinables y la culpabilidad, asuntos que sirvieron de razón para que el a quo
declarara la anulación de los fallos sancionatorios.

111. En principio podría afirmarse que, si los argumentos del a quo respecto de la
tipicidad fueron favorables a la entidad, no habría lugar a pronunciarse sobre ella,
en razón a que el recurso se entiende interpuesto respecto de los asuntos que no
lo son.

112. Sin embargo, es importante señalar que la jurisprudencia de esta Sección ha
explicado que, para que proceda la sanción disciplinaria, se deben hacer 3 juicios
diferentes, «(i) el juicio de adecuación para determinar la tipicidad; (ii) el juicio de valoración
para definir la ilicitud sustancial; y (iii) el juicio de reproche para analizar la culpabilidad»65. En
otros términos, «cada categoría de la estructura de la responsabilidad es un aspecto
necesario, pero no suficiente, pues solo la concurrencia de todos ellos legitima la imposición
de un correctivo disciplinario»66.

113. Aunque cada uno de estos —juicios— deben concurrir para imponer la sanción,
su examen no debe hacerse deliberadamente, comoquiera que para llegar a la
responsabilidad se debe agotar un orden o secuencia en sus elementos porque se
erige a partir de la existencia de un sujeto [servidor público o particular que ejerce
funciones públicas] que comete una conducta [acción u omisión] que resulta ser
típica [falta gravísima, grave o leve], sustancialmente ilícita [afectación del deber
funcional sin justificación alguna]; que se realiza con culpabilidad67; adicionalmente
debe examinarse si se configura alguna causal de exclusión de responsabilidad68.

114. Al respecto, esta Sección precisó que a esa forma de pensamiento se le llama
dogmática, «método o ciencia que se caracteriza por unos pasos especiales como lo son

65 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 6 de febrero de 2020, radicación 25000-23-42-

000-2013-06021-01(3003-17).
66 Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 13 de febrero de 2020, radicación 85001-23-33-

000-2015-00129-01 (1718-2017).
67 Culpabilidad psicológica: dolo o culpa; y culpabilidad normativa: exigibilidad de una conducta

diferente.
68 Así lo explicó la Subsección A en la sentencia del 13 de febrero de 2020, radicación 85001-23-33-

000-2015-00129-01 (1718-2017).

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la interpretación, la sistematización y la crítica, en donde las particularidades metodológicas
de esta forma de conocimiento son la lógica, la rigurosidad, el análisis y la organización en
dicha estructura de cada uno de los elementos antedichos»69. De ahí que, para
determinar si un sujeto actuó con dolo o culpa, primero deba acreditarse la
existencia de la tipicidad y la ilicitud sustancial, tal como se sostuvo en la sentencia
del 26 de septiembre de 201970:

«De conformidad con lo anterior, desde la doctrina se ha dicho que en materia
disciplinaria persiste la influencia de la escuela neoclásica de la teoría del
delito en lo relacionado con la culpabilidad71, postura que aquí se comparte.
Esto es así, porque de una interpretación sistemática de los artículos 1372 y
2873 del Código Disciplinario Único, puede observarse que el juicio de
responsabilidad de los sujetos disciplinables a quienes se les aplica ese
régimen, no se agota en la verificación del nexo psicológico entre el autor del
ilícito disciplinario y su conducta, sino que, además, deben tenerse en cuenta
otras circunstancias, de tipo normativo, que tienen que ver con la posibilidad
de excluir el reproche disciplinario si se comprueba que al disciplinado no le
era exigible comportarse de manera diferente a como lo hizo. Asimismo, en la
medida en que «las faltas solo serán sancionables a título de dolo o culpa» , debe
suponerse que antes de constatar si hubo culpabilidad del sujeto, la tipicidad
y la ilicitud sustancial del comportamiento han de estar demostradas.» [se
resalta]

115. En ese hilo de comprensión, el examen de la culpabilidad depende de la
verificación de los elementos que la preceden, lo cual impone que se agote en primer
lugar el análisis de la tipicidad. Ello, en armonía con el control integral señalado en la

69 Ibidem.
70 Subsección A, radicación 11001-03-25-000-2012-00490-00 (1972-2012).
71 Aunque existen posturas diversas como la de Gloria Edith RAMÍREZ ROJAS, Jorge Eliecer GAITÁN y

Carlos Arturo GÓMEZ PAVAJEAU, que consideran que la influencia actual en el régimen disciplinario
corresponde a la escuela finalista y, por lo tanto, el análisis del dolo y la culpa debe hacerse en sede
de tipicidad. Sobre la postura del último autor mencionado, PINZÓN NAVARRETE señaló lo siguiente:
«El profesor Carlos Arturo Gómez Pavajeau ha defendido la idea de que en materia disciplinaria –al
igual como ocurre recientemente en el derecho penal, debido a la concepción finalista de la teoría
del delito– el dolo y la culpa hacen parte de la tipicidad, aunque aclara que ello no resulta una
preocupación de primer orden […] la consecuencia más práctica y palpable de esta concepción está
relacionada con el tratamiento del error como causal de exclusión de responsabilidad disciplinaria,
lo cual representa una seria desventaja para quien resulta disciplinado» Ibidem, pp. 44-50.
72 L. 734/2002, art. 13: «Culpabilidad. En materia disciplinaria queda proscrita toda forma de

responsabilidad objetiva. Las faltas sólo son sancionables a título de dolo o culpa».
73 L. 734/2002, art. 28: «Causales de exclusión de la responsabilidad disciplinaria. Está exento de

responsabilidad disciplinaria quien realice la conducta:
1. Por fuerza mayor o caso fortuito.
2. En estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el
sacrificado.
3. En cumplimiento de orden legítima de autoridad competente emitida con las formalidades legales.
4. Por salvar un derecho propio o ajeno al cual deba ceder el cumplimiento del deber, en razón de la
necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad.
5. Por insuperable coacción ajena o miedo insuperable.
6. Con la convicción errada e invencible de que su conducta no constituye falta disciplinaria.
7. En situación de inimputabilidad. En tales eventos se dará inmediata aplicación, por el competente,
a los mecanismos administrativos que permitan el reconocimiento de las inhabilidades
sobrevinientes.
No habrá lugar al reconocimiento de inimputabilidad cuando el sujeto disciplinable hubiere
preordenado su comportamiento».

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sentencia de unificación supra citada.

116. En caso de demostrarse que sí se cometió la falta gravísima prevista en el numeral
60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, se examinará la última categoría dogmática
-culpabilidad- y el cargo relacionado con la individualización de los disciplinados.

2.6.1. La tipicidad

2.6.1.1. Marco normativo y jurisprudencial

117. Al tenor de la jurisprudencia constitucional, la potestad sancionadora
administrativa es una manifestación del ius puniendi del Estado que se concreta,
fundamentalmente, en el derecho penal, contravencional, disciplinario, y
correccional74. Para que esta potestad se pueda concretar, se requiere que para
imponer una sanción se cumpla con las garantías del debido proceso.

118. En efecto, el artículo 29 de la Constitución Política prevé que nadie podrá ser
juzgado, sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa y, a su turno, la
Ley 734 de 2002 que el servidor público y el particular solo serían investigados y
sancionados disciplinariamente por comportamientos que estuvieran descritos como
falta en la ley vigente al momento de su realización.

119. Esta corporación ha sostenido que la tipicidad es una «categoría dogmática» que
«encuentra su razón de ser en el principio de legalidad como expresión del debido proceso»75,
así como en el de reserva de ley. Ciertamente, la Constitución autorizó solo al
legislador para que establezca qué conductas constituían una infracción de carácter
disciplinario, el cual está obligado «a describir la conducta o comportamiento que considera
ilegal o ilícito, en la forma más clara y precisa posible, de modo que no quede duda alguna
sobre el acto, el hecho, la omisión o la prohibición que da lugar a la sanción»76

120. Esa conjunción ocurre, en suma, para garantizar que aquel servidor público o
sujeto pasivo de la acción disciplinaria tenga conocimiento pleno, claro y preciso de la
falta que se le reprocha, de ahí que corresponda al legislador «definir de forma abstracta
y objetiva, qué conductas desplegadas por quienes tienen a su cargo el ejercicio de funciones
públicas deben ser objeto de sanción por afectar el correcto desarrollo del servicio que le ha
sido encomendado o por el abuso de su ejercicio77».78

121. Es decir que este principio comprende dos garantías79: la primera, de orden

74 Sentencias C-827 de 2001 y C-135 de 2016.
75 Subsección A, sentencia del 26 de octubre de 2017, radicación 11001-03-25-000-2010-00290-00

(2388-2010).
76 Sentencia C-135 de 2016.
77 El artículo 6 de la Constitución Política prevé: Los particulares sólo son responsables ante las

autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa
y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.
78 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
79 Corte Constitucional, sentencia C-135 de 2016.

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material y alcance absoluto que se refiere a que la conducta y la sanción estén
previamente consignadas a la comisión de la falta y, la segunda, que es formal y se
concreta en que aquellas estén contenidas en una norma de rango legal, «la cual podrá
hacer remisión a otra ley o un reglamento siempre y cuando queden determinados los
elementos estructurales de la conducta antijurídica»80.

122. En línea con ello, debe atenderse que tanto la Corte Constitucional como esta
corporación han puntualizado que, cuando se trata del derecho disciplinario, el
legislador puede establecer las normas con mayor grado de flexibilidad ante la
imposibilidad de establecer todas y cada una de las conductas que puede ejecutar un
servidor público. Al respecto se dijo lo siguiente81:

«El proceso de adecuación típica supone la comprobación lógica y razonada de
la relación de subsunción entre la descripción legal de la conducta disciplinable
y la efectivamente desplegada por el sujeto activo, de lo cual surge a su vez,
una relación de contrariedad entre el comportamiento de quien tiene a su cargo
el ejercicio de funciones públicas y el deber presuntamente incumplido.

El análisis de la tipicidad es un apartado fundamental en la motivación del acto
administrativo que impone una sanción disciplinaria y dentro del mismo, la
autoridad cuenta con un margen de interpretación más amplio que el que se
encuentra en el derecho penal, pues la precisión con la cual deben estar
descritos los comportamientos disciplinariamente reprochables tiene una mayor
flexibilidad al concebido en materia criminal, ante la dificultad de que la ley haga
un listado detallado de absolutamente todas las conductas constitutivas de
falta82; como consecuencia de ello se ha avalado, desde un punto de vista
constitucional83, la inclusión de conceptos jurídicos indeterminados y la
formulación de los tipos abiertos y en blanco que están redactados con una
amplitud tal que hace necesario remitirse a otras normas en las que se
encuentren consagrados los deberes, las funciones o las prohibiciones que se
imponen en el ejercicio del cargo, y que exigen un proceso de hermenéutica
sistemática lógica que demuestre en forma congruente cómo la conducta
investigada se subsume en la descrita por la ley.»

123. En lo atinente a los conceptos jurídicos indeterminados, la sentencia citada apuntó
a que «son admisibles en la forma de consagrar infracciones administrativas siempre que las
remisiones a otras normas o a otros criterios permitan determinar los comportamientos
censurarles», lo cual tiene asidero en que permitir que el operador disciplinario
establezca a su arbitrio la conducta reprochable desconocería el principio de legalidad
previsto en el artículo 29 superior.

124. De otro lado, respecto de la formulación de los tipos abiertos y en blanco, también

80 Ibidem
81 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
82 Al respecto la Corte Constitucional en la sentencia C-404 de 2001 indicó «la naturaleza de las

conductas reprimidas, los bienes jurídicos involucrados, la teleología de las facultades
sancionatorias, los sujetos disciplinables y los efectos jurídicos que se producen frente a la
comunidad, hacen que la tipicidad en materia disciplinaria admita -en principio- cierta flexibilidad»82,
posición reiterada en sentencias C-818 de 2005 y C-030 de 2012.
83 Frente a este punto se pueden ver varias sentencias de la Corte Constitucional, entre ellas, la C-

393 de 2006.

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explicó está Sección84:

«Lo anterior se desprende del concepto jurídico avalado en la sentencia C-818
de 200585, entre otras, en la cual se sostuvo que los tipos abiertos son «aquellas
infracciones disciplinarias que ante la imposibilidad del legislador de contar con
un listado detallado de comportamientos que se subsumen en las mismas,
remiten a un complemento normativo, integrado por todas las disposiciones en
las que se consagren deberes, mandatos y prohibiciones que resulten aplicables
a los servidores públicos. Así, la tipicidad en las infracciones disciplinarias se
determina por la lectura sistemática de la norma que establece la función, la
orden o la prohibición y aquella otra que de manera genérica prescribe que el
incumplimiento de tales funciones, órdenes o prohibiciones constituye una
infracción disciplinaria».

En relación con los tipos en blanco, aquella Corporación también considera que
apunta a preceptos que requieren de una remisión normativa para completar su
sentido86 bajo la condición de que se «verifique la existencia de normas jurídicas
precedentes que definan y determinen, de manera clara e inequívoca, aquellos
aspectos de los que adolece el precepto en blanco» exigencia que trasciende al
campo disciplinario, según lo señalado por la sentencia C-343 de 2006.

No obstante, la doctrina distingue los tipos en blanco de los abiertos, para
señalar que los primeros requieren de un suplemento normativo para completar
su alcance87, mientras que los segundos se pueden delimitar así «El tipo abierto,
como lo ha definido su creador, es aquel en el cual el legislador no ha
determinado de manera completa la materia de la prohibición,
correspondiéndole cerrarlo al juez: “la materia de la prohibición no está descrita
en forma total y exhaustiva por medio de elementos objetivos”88, afirma Hans
Welzel»89. Es así como los tipos en blanco se han incluido en la clasificación de
tipos según su estructura formal90, mientras que los abiertos ingresan en la
división según su contenido91».

125. En definitiva, el principio de tipicidad se materializa cuando la conducta que se
sanciona está descrita de manera precisa, bien porque está determinada en el mismo
cuerpo normativo o porque sea determinable a partir de otras normas jurídicas; la
sanción se encuentre definida en la ley y que exista correlación entre la conducta y la
sanción.

2.6.1.2. Caso concreto

126. Al plenario se aportaron los siguientes documentos que también hicieron parte
del expediente disciplinario:

84 Óp. Cit. sentencia del 26 de octubre de 2017.
85 En este aparte cita la Sentencia C-401 de 2001.
86 Ver la sentencia 404 de 2001.
87 Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario, Bogotá, Universidad
Externado de Colombia, 2017, pp. 433 – 445.
88 Claus Roxin. Teoría del tipo penal. Tipos abiertos y elementos del deber jurídico, Buenos Aires,

Depalma, 1979, p.6.
89 Gómez Pavajeau. Op. Cit., p. 431.
90 Reyes Echandía, Alfonso. Derecho Penal, Bogotá, Editorial Temis S.A. 2000, p.115.
91 Ibidem p.118.

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126.1. El Concejo Municipal de Soledad (Atlántico) expidió el Acuerdo 00081 del 15
de julio de 2008 «por el cual se crea el Fondo Municipal de Fomento y Desarrollo del
Deporte»92. En el artículo tercero, dispuso que este se financiaría con los recursos
provenientes del porcentaje fijado dentro del presupuesto de rentas y gastos y del
pago del «1.5% sobre el valor de los convenios y contratos que suscrib[iera] el Municipio
de Soledad y los organismos descentralizados, cuya cuantía [fuera] igual o superior a
veintiséis (26) salarios mínimos legales mensuales vigentes».

126.2. Posteriormente, se expidió el Acuerdo 00168 de 2013 «por medio del cual se
adopta el estatuto tributario de Soledad y se dictan otras disposiciones», en el cual se
suprimió el tributo previsto en el acuerdo anterior. Así se indicó en la exposición de
motivos93:

«Se suprime el gravamen contribución para el fomento del deporte, en razón
que estaba ilegalmente constituido en el sentido, que el marco legal del mismo
señalaba a la ley 19 de 1991, la cual no creaba tributo alguno, sino que
exhortaba a los Municipios a la creación del Fondo del Fomento al Deporte»
[sic].

126.3. El 7 de marzo de 2016 el Concejo Municipal, «en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, en especial las contenidas en los artículos 313 de la Constitución
Nacional, artículo 312 de la Ley 136 de 1994, y artículo 92 del decreto 1333 de 1986»94,
expidió el Acuerdo 000199, en el cual (i) se creó el Fondo de Fomento y Desarrollo
del Deporte en el municipio; y (ii) estableció que se financiaría con los siguientes
recursos: (i) «[l]os provenientes del porcentaje fijado dentro del presupuesto de rentas y
gastos del Municipio de Soledad para tal fin; y (ii) «[l]os provenientes del pago del 1.5%
sobre el valor de los convenios y contratos que suscriba el Municipio de Soledad y los
organismos descentralizados del orden municipal, cuya cuantía sea igual o superior a
veintiséis (26) salarios mínimos legales mensuales vigentes».

127. Como se observa, los miembros del Concejo Municipal de Soledad aprobaron
el Acuerdo 000199 del 7 de marzo de 2016, por medio del cual se creó el Fondo
Municipal de Fomento y Desarrollo del Deporte y se establecieron los recursos que
lo financiarían. Ello se realizó al tenor de los artículos 313 de la Constitución Política;
312 de la Ley 136 de 1994 y 92 del Decreto 1333 de 1986.

128. Se recuerda que la falta gravísima que le fue imputada a los concejales del
Municipio de Soledad (Atlántico) —entre ellos el actor— fue la prevista en el numeral
60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, cuyo tenor literal es: «[e]jercer las potestades
que su empleo o función le concedan para una finalidad distinta a la prevista en la norma
otorgante». Para sustentarla, se argumentó que los 19 concejales del municipio de

92 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 1, archivo

«folios 1-208», página 20.
93 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 1, archivo

«folios 1-208», página 24.
94 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 1, archivo

«folios 1-208», página 135.

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Soledad extralimitaron sus funciones al asistir, participar y votar favorablemente el
proyecto de acuerdo para el cual no tenían competencia, pues crearon un tributo
que no había sido autorizado por el legislador.

129. La primera parte del tipo, esto es «ejercer las potestades que su empleo o función
le concedan», se encuentra debidamente acreditada y no se aparta del ordenamiento
jurídico, pues a los concejos les corresponde votar los tributos, así como dictar las
normas relacionadas con el patrimonio cultural.

130. Lo anterior, por cuanto al tenor del artículo 313 de la Constitución, corresponde
a los concejos [entre otras cosas] «votar de conformidad con la Constitución y la Ley los
tributos y gastos locales» y «[d]ictar las normas necesarias para el control, la preservación
y defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio». Asimismo, la Ley 136 de
1994 previó que serían funciones del concejo «[e]stablecer, reformar o eliminar tributos,
contribuciones, impuestos o sobretasas, de conformidad con la ley» y «[v]elar por la
preservación y defensa del patrimonio cultural», entre otras. Estas decisiones se
adoptan a través de 2 debates celebrados en distintos días: el proyecto es
presentado ante la secretaría del concejo, la cual lo reparte a la comisión
correspondiente en la que se surtirá el primero; el segundo le corresponderá a la
sesión plenaria95.

131. La segunda parte, es decir, «para una finalidad distinta a la prevista en la norma
otorgante», fue objeto de análisis por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo
de esta Corporación en la sentencia proferida el 15 de noviembre de 201796. En esta
oportunidad se precisó que del numeral 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 se
podían extraer los siguientes elementos: (i) la existencia de una norma que otorga
potestades al empleo o función [norma otorgante]; (ii) el ejercicio de una potestad
derivada del empleo o función [competencia del funcionario que puede ser material
o funcional]; y (iii) que dicho ejercicio se realice con una finalidad diferente de la
prevista en la norma otorgante [desconocimiento de los fines de las normas que le
sirven de fundamento a la actuación de la administración]. Igualmente se explicó lo
que sigue:

«La falta establecida en el numeral 60 del artículo 48 del CDU lleva implícito
un control de la conducta de quien expide el acto o desarrolla la actuación,
desde el derecho disciplinario, con ocasión de la finalidad u objetivos del acto
frente a las normas que habilitan su expedición. De ahí que la norma hable de
una finalidad distinta, pero debe hacerse énfasis en que dicho control se hace
a partir del control disciplinario, esto es, que se debe atar al cumplimiento de
los deberes funcionales.

Esta falta no contiene una habilitación al funcionario sancionador para que
desvirtué la presunción de legalidad de un acto administrativo, competencia
propia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Asimismo, se
advierte que toda ilegalidad de un acto administrativo, así sea decretada por
la jurisdicción contenciosa administrativa, no apareja la imposición de una

95 Ley 136 de 1994, artículo 73.
96 Radicación 11001-03-25-000-2014-00360-00(IJ).

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sanción disciplinaria, pues esta requiere la demostración del incumplimiento
de los deberes funcionales.

[...]

La falta establecida en el numeral 60 del artículo 48 del CDU lleva implícito un
control de la conducta de quien expide el acto o desarrolla la actuación, desde
el derecho disciplinario, con ocasión de la finalidad u objetivos del acto frente
a las normas que habilitan su expedición. De ahí que la norma hable de una
finalidad distinta, pero debe hacerse énfasis en que dicho control se hace a
partir del control disciplinario, esto es, que se debe atar al cumplimiento de los
deberes funcionales.» [sic]

132. De acuerdo con lo transcrito, la consideración de la Procuraduría General de la
Nación consistente en que el actor —como miembro del Concejo Municipal de
Soledad— extralimitó sus funciones al votar y aprobar el proyecto del Acuerdo
000199 del 7 de marzo de 2016 aun cuando no tenía competencia porque era del
resorte del legislador, no es suficiente para acreditar la comisión de la falta
endilgada, ni representa un análisis completo de tipicidad a la luz del derecho
disciplinario y el precedente fijado por la Sala Plena de esta corporación al que se
ha hecho referencia.

133. Al volver sobre los argumentos de los fallos dictados por la Procuraduría
General de la Nación se observa que la «finalidad diferente» fue encausada a que se
creó un tributo que no estaba expresamente autorizado por la ley [sin competencia]
e, incluso, sustentó la decisión en la sentencia proferida el 14 de mayo de 2017 por
el Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla, en la cual se declaró la nulidad del
artículo tercero del Acuerdo 000199 de 2016, relacionado con la financiación a
través del 1.5% del valor de los convenios y contratos suscritos por el municipio o
sus entes descentralizados, siempre que la cuantía de estos fuera igual o superior
a 26 smlmv.

134. A su turno, de la sentencia de primera instancia dictada por el Tribunal
Administrativo del Atlántico -que ahora se examina- se extrae que se le dio la razón
a la entidad demandada con sustento en que el reproche se contrajo a que el actor
participó y votó favorablemente el acuerdo, pero a ello agregó que la corporación no
tenía competencia para crear el tributo porque era del resorte exclusivo del
legislador y que ello se revelaba con la simple confrontación de las normas.

135. Dicho de otro modo, si el actor aprobó un proyecto que finalmente se erigió en
el Acuerdo 000199 de 2016, pero sin competencia y con desconocimiento del
ordenamiento jurídico, solo puede concluirse que sí se abordó la tipicidad a la luz
de las causales de nulidad del acto previstas en el artículo 137 del CPACA, cuyo
tenor literal es el siguiente:

«Artículo 137.Nulidad. Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de
carácter general.

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Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que
deberían fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con
desconocimiento del derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa
motivación, o con desviación de las atribuciones propias de quien los
profirió. [...]» [se resalta]

136. En esa línea, el juicio de adecuación típica se realizó a partir del juicio de
legalidad de la decisión que se concretó, esencialmente, en la creación del Fondo
de Fomento y Desarrollo del Deporte y las formas de su financiación. Sin embargo,
ello no era procedente a la luz del derecho disciplinario, pues la confrontación de las
normas para determinar si se infringieron los cánones constitucionales y legales o
si la administración actuó sin competencia correspondía exclusivamente a la
Jurisdicción de lo contencioso – administrativo. Ciertamente, la votación y
aprobación de un proyecto de acuerdo municipal «no está condicionado por la
legalidad»97 del acto y, por tal razón, a la Procuraduría —en ejercicio del ius
puniendi— le asistía el deber de demostrar la existencia de un interés, traducido en
un beneficio para sí o para un tercero «que se alejara de los fines de la función
pública»98, lo cual no ocurrió.

137. Para ahondar en razones, al revisar los fallos que sancionaron al actor se
puede deducir que el operador disciplinario sí realizó un juicio de legalidad del
acuerdo municipal al señalar que el actor [como miembro del concejo municipal] no
tenía la competencia para establecer el tributo, pues el único habilitado para tal fin
era el legislador, mientras que la corporación edilicia debía circunscribir su ejercicio
a la determinación de sus elementos.

138. Incluso, en el de primera instancia se consideró que «los tributos en Colombia
únicamente los puede crear el Legislador, incluidos los tributos de orden territorial y sólo
una vez que estos han sido creados, deviene su imposición potestativa por parte del cuerpo
colegiado de representación popular, correspondiéndole entonces la definición de sus
elementos esenciales, cuando la ley no lo haya definido directamente o en su totalidad,
caso en el cual la competencia del ente territorial se limita a decidir si se impone o no».
Para respaldar su dicho acudió a la sentencia de nulidad referida —como prueba—
99, cuyo contenido era del siguiente tenor [aparte transcrito en la decisión

sancionatoria]:

«Esto no sucede en el caso sub examine, pues tal como se explicó
precedentemente, la creación del Fondo Municipal de Fomento y Desarrollo
del Deporte en Soledad no tiene una connotación tributaria, pues si bien es
cierto que los Fondos especiales son fuente de ingreso para los entes
territoriales de conformidad con el Decreto 111 de 1996 -Estatuto Orgánico
del Presupuesto-, su carácter es inminentemente contable.

En conclusión, debido a que la identidad del impuesto se encuentra
íntimamente ligada al hecho gravable, es claro que la ley debe delimitar los

97 Ibidem. Pie de página 96.
98 Ibidem. Pie de página 96.
99 Proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla.

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hechos gravables que son susceptibles de ser generadores de impuestos
territoriales, lo cual no sucede con la promulgación de la Ley 19 de 1991».

139. Lo anterior, para concluir lo que se transcribe a continuación:

«En síntesis, para esta provincial, luego del análisis jurídico y probatorio
efectuado, se logró acreditar la comisión de una acción antijurídica por parte
de los 19 concejales [incluido el actor] del Municipio de Soledad, Atlántico,
para la época de los hechos, en cuanto a que no tenían facultad legal ni
constitucional para la creación de un tributo que solo podía ser impuesto por
el Legislador; en tanto, al controvertir la normativa reseñada que imponen la
obligación de cumplir la Constitución y la Ley, en cuanto a ejercer solo las
funciones para las cuales se está facultado legal y constitucionalmente,
permite encuadrar su actuación en lo tipificado como falta disciplinaria
gravísima conforme los términos del numeral 60 del artículo 48 del CDU [...]»

[...]

La anterior afirmación permite al Despacho nuevamente iterar el argumento
suficientemente decantado en este fallo, que consiste en que el acuerdo
municipal pluricitado emanó de unas de las funciones legales a cargo de los
miembros del cuerpo edilicio, esto es, votar y aprobar un proyecto de acuerdo
de manera generalizada por el concejo en pleno, atribución o facultad que no
obstante, está constreñida a una limitante legal, situación que valga la pena
recordar, se probó con los fallos nulitorios emanados de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa y el acta de segundo debate del proyecto de
acuerdo.» [se resalta]

140. El mismo ejercicio hizo el fallador de segunda instancia: acudió a la legalidad
del acto para endilgar la falta gravísima y respaldó su dicho con la sentencia de
nulidad proferida por el Juzgado Doce Administrativo de Barranquilla. Obsérvese:

«Al tener claro que se creó un impuesto, la tipicidad de la conducta
reprochada a los investigados quedó comprobada ante el hecho que el
legislador por medio de la Ley 19 de 1991 no autorizaba la creación de un
tributo, como erradamente interpretaron los Concejales para financiar el
Fondo de Fomento y Desarrollo del Deporte en Soledad; pese a ello, utilizaron
la función de “Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y
los gastos locales”, para dar un alcance distinto a la intención que el legislador
plasmó en el artículo 2 ibidem, que previó: “Los alcaldes municipales fijarán
la suma o porcentaje dentro del presupuesto para el funcionamiento del
Fondo, de que trata el artículo primero”.

Valga reiterar que la creación de un impuesto no depende de la voluntad de
la Corporación Pública en mención, pues en esta materia, su competencia
como se ha sostenido de manera reiterada por la Corte Constitucional, está
supeditada a la previa determinación por parte del legislador de los
respectivos elementos del tributo.

[...]

Dicho actuar contrario contra los deberes funcionales de los Concejales, fue
incluso posteriormente confirmado por el Juzgado 12 Administrativo Oral de
Barranquilla, mediante sentencia emitida el 14 de mayo de 2017, dentro del
proceso 1\10. 08001-33-33-012-2016-00234, en la cual se concluyó para

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arribar a la nulidad del aparte correspondiente a la imposición del tributo
mediante el artículo tercero del Acuerdo No. 199 de 2016, que" ... el Municipio
de Soledad, a través del concejo municipal, actuó por fuera del marco legal y
con ello transgredió el marco de sus competencias, en la medida en que si
bien estaba facultado para crear el Fondo de Desarrollo al Deporte, en virtud
de la Ley 19 de 1991, no sucede lo mismo con la facultad que se atribuyó para
de manera indirecta imponer un tributo a quienes suscriban contratos y
convenio con el ente territorial y sus organismo descentralizados".» [sic]

141. En este punto, es importante indicar que el a quo también se refirió a la
sentencia que examinó la legalidad del acuerdo mencionado, aunque no la misma
a la que acudió la Procuraduría General de la Nación. En esta oportunidad, se citó
la sentencia proferida el 17 de agosto de 2017 por el Juzgado Octavo Administrativo
de Barranquilla en la que también se declaró «la nulidad del Acuerdo Municipal No
000199 del 7 de marzo de 2016», a pesar de que en las consideraciones el análisis se
circunscribió a la creación del tributo y se anunció que se debía anular el «artículo 3
del Acuerdo [...]».

142. En esa línea, la Sala no observa en la argumentación de la Procuraduría aserto
distinto de la legalidad del acto administrativo para justificar la falta prevista en el
numeral 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002. El deber de la entidad se contraía
a demostrar que existió exceso o desvío de poder, pues bajo este supuesto era que
se debía comprender la expresión «para una finalidad distinta», tal como lo sostuvo
esta corporación en la sentencia supra referida:

«Y la segunda, porque entre los elementos integrantes del tipo disciplinario,
previsto en el numeral 60 del artículo 48 del CDU, está el relacionado con la
finalidad que se persigue a través del ejercicio de las potestades conferidas
por la norma habilitante. Si bien el fin del acto administrativo es un
presupuesto de legalidad, su expedición, con desconocimiento de las normas
de carácter superior en que debe fundarse, constituye otro presupuesto de
legalidad al que no hace mención el tipo disciplinario.

[...]

La expedición de un acto administrativo con infracción de las normas en que
debe fundarse, que constituye una causal autónoma para invalidar la decisión,
no significa per se que el funcionario haya actuado con una finalidad distinta
a la prevista en la norma otorgante, y haya desconocido el cumplimiento de
sus deberes funcionales. Se trata de presupuestos autónomos sobre la
legalidad del acto administrativo, de tal manera que puede ocurrir que el acto
esté viciado porque el funcionario actuó con una finalidad distinta a la
perseguida por la ley, “aunque su objeto no sea contrario al orden jurídico”100.

[...]

Al respecto, la Sala considera que esta imputación requería de elementos de

100 “La desviación de poder no tiene carácter subsidiario […] no es imprescindible que el acto administrativo sea

inobjetable en todos sus elementos para que proceda la investigación judicial acerca de la finalidad perseguida
con su dictado” (Jeanneret de Pérez Cortés, María, “La finalidad como elemento esencial del acto administrativo
y la desviación de poder”, LL, 2002-D, 1408, citada por Agustín Gordillo. Tratado de Derecho Administrativo. El
Acto Administrativo. Tomo 3. 10ª edición. Pág. 28).

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prueba que acreditaran que la Administración Distrital actuó con exceso o
desvío de poder, con una razón distinta a la protección y salvaguarda del
interés general e incurso en una infracción a los deberes constitucional y
legalmente encomendados». [Se resalta]

143. Ciertamente, la creación de un tributo por parte del concejo municipal podía
llevar a la declaratoria de nulidad del acto por infracción de las normas en que debía
fundarse, en razón a que la facultad impositiva de los entes territoriales no es
originaria, sino derivada101 [tal como lo concluyó el juez de lo contencioso
administrativo]; sin embargo, ello per se no comporta el desconocimiento de los
deberes del órgano colegiado y, por consiguiente, del demandante, así como
tampoco, conlleva de manera automática que se dé por probada la intención de
perseguir una finalidad distinta a la prevista en la ley, pues el único fin del acuerdo
era crear el fondo y establecer sus formas de financiación.

144. En ese orden, en el proceso disciplinario no se demostró que la actuación del
aquí solicitante tuviera un fin distinto del otorgado por la Constitución y la ley, pues
su actuación se contrajo a votar y aprobar un acuerdo municipal que tenía como
objeto mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, independientemente de que,
posteriormente, la determinación sobre el tributo fuera declarada nula por falta de
competencia.

145. Lo mencionado encuentra respaldo en las razones expuestas para expedir el
Acuerdo 000199 de 2016. En la exposición de motivos, el alcalde municipal expuso
lo siguiente102:

«Sin dejar de lado la importancia del cumplimiento del mandato legal
contenido en la Ley 19 de 1991, [...] inexistente actualmente en el Municipio
de Soledad, con el presente proyecto se pretende instituir un Fondo Cuenta
adscrita al Municipio encargada únicamente del fomento al deporte en el
Municipio de Soledad – Atlántico.

El argumento principal para la creación del Fondo. Cuenta mencionado se
fundamenta en que el deporte forma parte de la educación y de la salud, es
un elemento esencial para la formación integral de las personas, contribuye
al mejoramiento de la salud mental y física, al desarrollo físico y la
convivencia, a la prevención de la drogadicción y constituye gasto público
social.

[...]

A estas características contempladas en la Constitución Nacional, se suma la
necesidad de contar con mayores recursos que permitan a la Administración
Municipal a través de la Secretaría de Deporte y Recreación la planeación y
el desarrollo de políticas, programas y actividades que permitan fomentar la
práctica del deporte y el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física

101 Como lo sostuvo la Sección Primera de esta corporación en un caso de similar contorno.
Sentencia del 9 de febrero de 2012, radicación 2007-00112-01.
102 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 7, archivo

«folios 1576-2021», página 175.

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extraescolar en nuestro territorio municipal, como herramienta para
desarrollar la cultura ciudadana.

[...]» [sic] [se resalta]

145.1. Además, el 3 de marzo de 2016 se reunieron los miembros de las Comisiones
Segunda Permanente de Gobierno y Tercera Permanente de Presupuesto y
Hacienda Pública103. Lo relacionado con el fondo mencionado se expuso de la
siguiente manera104:

«El señor presidente concede el uso de la palabra al ponente del proyecto de
acuerdo [...], quien hace exposición de la ponencia en primer debate en los
siguientes términos: “Antecedentes, Iniciativa y Competencia,
Consideraciones Generales, Modificación del Acuerdo por solicitud del señor
Alcalde Joao Herrera Iranzo en su artículo cuarto, explica también de la
conveniencia para el municipio de Soledad y termina su exposición poniendo
a consideración de las Comisiones citadas, ponencia positiva para primer
debate. Seguidamente el señor Presidente concede el uso de la palabra al
Ponente H.C. Ricardo Arcón Hereira de la Comisión Segunda, el cual
manifiesta los aspectos legales del proyecto según lo señalado en la Ley 19
de 1991, la importancia y el significado que representa para el municipio y la
comunidad en general de los espacios de recreación, deportivos y los
parques. Termina presentando a consideración la aprobación positiva para
primer debate del proyecto. Toma el uso de la palabra el señor Presidente
Ruber Cartagena para la votación de la ponencia para primer debate del
proyecto de acuerdo “Por medio del cual se crea el Fondo Municipal de
Fomento y Desarrollo del Deporte de Soledad”. Solicita al señor secretario el
llamado a lista de la Comisión Conjunta de Gobierno y Presupuesto y
Hacienda Pública, aprobando por unanimidad la ponencia para primer debate
del mencionado proyecto de acuerdo.»

145.2. Y las ponencias en primer y segundo debate para el acuerdo mencionado se
desarrollaron así:

Primer debate105 Segundo debate106
[3 de marzo de 2016] [7 de marzo de 2016]
«Del análisis y estudio de los antecedentes «Ponencia para segundo debate del
y del proyecto de acuerdo, se concluye, que proyecto de acuerdo por medio del cual se
es conveniente a los intereses de los crea el fondo municipal de fomento y
habitantes del municipio de Soledad, la desarrollo del deporte de soledad
creación del fondo municipal para el ponencias de los HC, Juan Carlos Orozco
fomento y desarrollo del deporte ya que es y Ricardo Arcón. El presidente le cede el
una obligación legal que el Municipio se uso de la palabra al HC, Ricardo Arcón

103 En la que participaron: (i) Comisión Segunda Permanente de Gobierno: Ruber Cartagena Llano,

Ricardo Arcón Hereira, Daniel Florian Reales, Alexandra Hernández Navas, Robin Castro Fallace y
Jorge Mejía Iriarte; (ii) Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública: Adriana
Molinares Mancera, Juan Carlos Orozco Llerena, Rodrigo Martínez Rodríguez, Astriz Barraza Mora,
Gladys Arraut Varelo, Johnny Pulgar Severiche y Robinson Buelvas Vergara.
104 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 2, archivo

«folios 209-525», página 6.
105 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 2, archivo

«folios 209-525», página 9.
106 Samai, índice 2, carpeta zip «ED_EXPEDIENTE_TESTIGODOCUMENTAL», cuaderno 2, archivo

«folios 209-525», página 172.

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encuentra en mora de cumplir, y de allí que quien en su intervención en primer lugar
el deporte, la recreación y el resalta la importancia del proyecto de
aprovechamiento del tiempo libre en el acuerdo, el cual beneficiara al municipio
Municipio de Soledad han sido temas para incentivar el deporte, seguidamente le
objeto de completo descuido por parte de da la lectura a la ponencia, y da ponencia
administraciones pasadas, donde positiva al proyecto y solicita a la plenaria
desafortunadamente los recursos sea aprobado por los beneficiarios que este
destinados estas áreas fueron manejados le traería al municipio en la creación de
de manera inapropiada hasta el punto que escenarios deportivos. Seguidamente la
resultó necesaria la liquidación del Instituto secretario da la lectura al articulado del
de Recreación y Deportes del Municipio por proyecto de acuerdo tal como fue enviado
autorización que esta corporación le diera por la administración central. El presidente
al anterior Alcalde Municipal. [...] De somete a consideración la ponencia y el
acuerdo a información suministrada por la articulado del proyecto de acuerdo por
Secretaría de Hacienda Municipal, con las medio del cual se crea el fondo municipal
formas de financiación tal cual se de fomento y desarrollo del deporte de
encuentran fijadas en el proyecto de soledad, no habiendo intervención de la
acuerdo, el fondo podría recaudar para la plenaria se somete a votación, siendo
vigencia 2016 recursos por 1.500 millones aprobado. El presidente hace uso de la
de pesos, lo que bien administrados palabra para preguntar a la plenaria si
constituirían una fuente importante de quieren que se convierta en acuerdo
inversión social y un impulso definitivo para municipal, siendo aprobada. Siendo
nuestros deportistas que en la actualidad, aprobado como acuerdo municipal será
no cuentan con la infraestructura, ni la enviado al despacho del alcalde para su
dotación de elementos requeridos para un debida sanción.» [sic].
adecuado entrenamiento en cada una de
las distintas disciplinas deportivas.» [sic]

146. Ahora, en cuanto a la extralimitación de funciones que precedió a la
consideración de «falta de competencia» para atribuir la falta, basta señalar que el
Diccionario de la lengua española definió el verbo como «[e]xcederse en el uso de
facultades o atribuciones», lo cual ya quedó descartado, pues la ley impuso la función
a los concejos municipales de dictar las normas dentro de su jurisdicción
[compréndase participar, votar y aprobar], independientemente de que los acuerdos
sean o no anulados [mediante sentencia] por incurrir en alguna de las causales de
nulidad previstas en el CPACA, tal como ocurrió en este caso.

147. Entonces, fue incorrecta la adecuación típica que hizo la Procuraduría General
de la Nación en el caso que se estudia, comoquiera que endilgó la falta disciplinaria
y sancionó únicamente a partir del cuestionamiento a la legalidad del acuerdo
municipal sin demostrar que el demandante, al supuestamente actuar por fuera de
sus facultades constitucionales y legales, buscó un beneficio propio o de un tercero
y que su propósito se apartaba del interés general -exceso o desvío de poder-, como
lo exige el numeral 60 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002.

148. Por las razones expuestas, la Sala considera que los actos administrativos que
impusieron al actor la sanción de destitución e inhabilidad violaron el principio de
tipicidad de la falta disciplinaria y, por tal razón, no hará pronunciamiento sobre la
categoría dogmática de culpabilidad, así como el cargo relacionado con el deber de
individualizar a los sujetos disciplinados.

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149. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera instancia que accedió
a las pretensiones de la demanda, pero por las razones antes anotadas.

2.6.2. Los perjuicios morales

150. El a quo condenó a la Procuraduría General de la Nación a pagar el equivalente
a 40 smlmv por concepto de perjuicios morales al considerar que «[era] dable inferir
el dolor moral causado al actor, en cuanto se [encontró] establecido que el ciudadano
MONTE WUILIANO VALBUENA ROJAS, fue elegido concejal del municipio de Soledad,
por el periodo 2016-2019, cargo al cual accedió luego de someterse a un proceso
democrático, y por hechos acaecidos en el ejercicio de sus funciones fue destituido e
inhabilitado por 10 años, siendo la noticia altamente desplegada, y subsistiendo
actualmente en cualquier medio de búsqueda digital».

151. En el recurso, la Procuraduría General de la Nación alegó que la suma ordenada
resultaba «desproporcionada en la medida en que, de resultar cierta la tesis del A-Quo en
el sentido de que los actos sancionatorios devienen nulos por no haber individualizado la
conducta en atención al conocimiento y participación que pudo haber tenido el demandante
en el año 2008, no se [podía] desconocer que en todo caso en el plenario disciplinario se
acreditó en debida forma que “...los concejales, incluido el actor, asistió, participó y votó
favorablemente y sin reproche el plurimencionado Acuerdo, sin tener competencia para ello,
extralimitándose así en sus funciones [...]”. Y a renglón seguido indicó:

«En consecuencia, teniendo en cuenta que sea como fuere sí se demostró
por parte del ente de control disciplinario la extralimitación de funciones del
demandante, la eventual dosificación de la condena por daño moral debería
más bien acercarse al mínimo posible alejándose de casi la mitad de los
SMLMV concedidos por el A-Quo que, en Colombia por regla general y por
tarifa judicial, se otorga a los deudos de las personas muertas por falla del
servicio.»

152. Como se observa, el argumento de la entidad demandada no se dirigió a la
causación, sino a la tasación de los perjuicios, pues adujo que la condena era
excesiva porque sí se demostró la extralimitación de funciones. Sin embargo, como
se expuso en el acápite anterior, el juicio de tipicidad no se realizó en debida forma
y tampoco se demostró que el actor hubiera actuado con exceso o desvío de poder,
es decir, con una finalidad distinta de la prevista en la norma otorgante.

153. Al revisar los argumentos expuestos por el tribunal se puede determinar que la
tasación de los perjuicios obedeció al arbitrio iudice, según el cual «es el funcionario
de conocimiento quien, por esa misma condición, puede inferir las circunstancias que
inciden en el ámbito más intrínseco de quien depreca la indemnización, pudiendo definir
qué retribución se aviene como adecuada con base en los criterios de equidad, justicia y
reparación integral para menguar el trauma derivado del proceso»107. Ello, por cuanto en
la demanda se arguyó que al expediente disciplinario fueron allegadas las «noticias

107 Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 26 de enero de 2011, radicación 76001-23-31-000-

1996-2874-01.

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periodísticas y el amplio despliegue mediático en las diferentes emisoras del municipio de
Soledad, así como en aquellas con cobertura en el área metropolitana de Barranquilla y a
nivel nacional, donde el calificativo menos despectivo que se le [endilgó era] el de corrupto
y bandido de cuello blanco».

154. Así las cosas, no observa la Sala circunstancia o argumento alguno que amerite
la variación en la tasación de los perjuicios morales, máxime si se tiene en cuenta
que, contrario a lo sostenido por la entidad demandada, no se demostró una
intención diferente de la prevista en las normas que habilitaban al demandante para
votar y aprobar el acuerdo municipal. En consecuencia, la condena se mantendrá
incólume.

2.7. Costas

155. El artículo 188 del CPACA prevé que, salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil,
hoy Código General del Proceso.

156. Sobre la aplicación de esta norma, en la sentencia proferida el 1 de diciembre
de 2016108, esta Subsección prohijó el siguiente criterio:

«La lectura interpretativa que la Sala otorga a la citada regulación especial
gira en torno al significado del vocablo disponer, cuya segunda acepción es
entendida por la Real Academia Española como «2. tr. Deliberar, determinar,
mandar lo que ha de hacerse». Ello implica que disponer en la sentencia sobre
la condena en costas no presupone su causación per se contra la parte que
pierda el litigio y solo, en caso de que estas sean impuestas, se acudirá a las
normas generales del procedimiento para su liquidación y ejecución (artículo
366 del CGP).

En tal virtud, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones (civil,
comercial, de familia y agraria), donde la responsabilidad en materia de costas
siempre es objetiva (artículo 365 del CGP), corresponde al juez de lo
contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición
de la medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso
a una aplicación razonable de la norma.

Ese juicio de ponderación supone que el reproche hacia la parte vencida esté
revestido de acciones temerarias o dilatorias que dificulten el curso normal de
las diferentes etapas del procedimiento, cuando por ejemplo sea manifiesta la
carencia de fundamento legal de la demanda, excepción, recurso, oposición
o incidente, o a sabiendas se aleguen hechos contrarios a la realidad; se
aduzcan calidades inexistentes; se utilice el proceso, incidente o recurso para
fines claramente ilegales o con propósitos dolosos o fraudulentos; se
obstruya, por acción u omisión, la práctica de pruebas; se entorpezca el
desarrollo normal y expedito del proceso; o se hagan transcripciones o citas
deliberadamente inexactas (artículo 79 CGP).»

108 Subsección B, expediente 1908-2014.

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157. No evidencia la Sala que la parte vencida actuase con temeridad o mala fe, ni
se advirtió conducta o circunstancia irregular en el transcurso del trámite procesal,
razón por la cual, se abstendrá de condenar en costas por esta instancia.

2.8. Conclusión

158. Por las razones anotadas en precedencia, se confirmará la sentencia que
accedió a las pretensiones de la demanda, en razón a que se demostró que el actor
no actuó con una finalidad distinta de la prevista en la norma otorgante al participar,
votar y aprobar el Acuerdo 000199 de 2016 que creó el Fondo de Fomento y
Desarrollo del Deporte en el municipio de Soledad y las formas para su financiación.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar la sentencia proferida el 25 de octubre de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico que accedió a las pretensiones de la demanda
presentada por Monte Wuilliano Valbuena Rojas contra la Procuraduría General de
la Nación.

Segundo. Sin condena en costas en esta instancia.

Tercero. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Cuarto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclaración de voto
Cfr. Rad. AV.05001-23-33-000-2020-
00472-01 (1251-2024)

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

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CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
PTH

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