Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00026-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00026-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2021-00026-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
14 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., catorce (14) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001233300020210002601 (5241-2023)
Demandante: Mery Beatriz Miranda Cueto
Demandado: Ministerio de Salud y Colpensiones.
Tema: Revocatoria directa de acto administrativo de carácter pensional /
Artículo 19 de la Ley 797 de 2003. REVOCA SENTENCIA Y
ACCEDE PARCIALMENTE A LAS PRETENSIONES.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Mery Beatriz Miranda Cueto instauró demanda en contra del
Ministerio de Salud y Colpensiones, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las siguientes Resoluciones GNR 167267 del 06
de junio de 2015; GNR 376524 del 24 de noviembre de 2015; SUB-305029
del 22 de noviembre de 2018; SUB-114354 del 13 de mayo de 2019; SUB
218144 del 14 de agosto de 2019; y DPE 10643 del 01 de octubre de 2019,
mediante las cuales la UGPP, negó la solicitud de reliquidación pensional,
suspendió la mesada catorce y ordenó la devolución de los dineros recibidos.
3. A título de restablecimiento del derecho solicita i) se condene a las
demandadas a reliquidar la pensión de jubilación con inclusión de los factores
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salariales percibidos durante su último año de servicios, con la
correspondiente indexación y reajustes atendiendo las disposiciones que
para tal efecto haya expedido el gobierno nacional. ii) revoque la suspensión
del pago de la mesada catorce y se ordene dejar sin efecto la orden de
devolución de dinero, con el consecuente pago de lo adeudado por este
concepto (Mesada catorce) con su correspondiente indexación e intereses.
HECHOS
4. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
5. Que, en el año 2007, le fue reconocida la pensión por parte del Instituto de
los Seguros Sociales de conformidad con la Ley 71 de 19881, sin embargo,
se dejó en suspenso su ingreso a nómina hasta que acreditara el retiro del
servicio activo o la desafiliación del sistema.
6. Que su prestación económica fue objeto de reliquidación2 en cumplimiento de
una sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, en los términos de la Ley 33 de 1985 esto es,
liquidándola con el 75% de los factores percibidos durante su último año de
servicios y fue ingresada en nómina a través de la Resolución No. 00002396
del 13 de marzo de 2012.
7. El 3 de septiembre de 2014 solicitó ante Colpensiones nuevamente la
reliquidación de su pensión con inclusión de todos los factores salariales
percibidos durante su último año y le fue negada mediante Resolución No.
GNR 167267 del 6 de junio de 2015, decisión que además ordenó la
suspensión del pago de la mesada 14 y el reintegro de valores reconocidos.
Contra dicho acto, interpuso los recursos que fueron resueltos a través de las
Resoluciones GNR 376524 del 24 de noviembre de 2015 y VPB 6130 del 8
de febrero de 2016 confirmando decisión.
8. Que, en noviembre de 2016, solicitó nuevamente a Colpensiones la
reliquidación de su pensión, petición que no fue atendida. Luego en
noviembre de 2018 Colpensiones expidió la Resolución SUB-305029 a través
de la cual resolvió dar alcance a la Resolución GNR 167267 de junio 6 de
1 A través de la Resolución 10581 de 6 de septiembre de 2007. Decisión confirmada mediante las
Resoluciones 15284 de 5 de diciembre de 2007 y 0669 de 19 de marzo de 2008 1 a través de las cuales
se resolvieron los recursos interpuestos.
2
Resolución 00003622 de 1° abril de 2011. Sin embargo, al no estar retirada del servicio, el ingreso en
la nómina quedó nuevamente en suspenso.
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2015 en cuanto a los numerales 4 y 5, esto es en cuanto negó la reliquidación
pretendida y ordenó el reintegro de las sumas correspondientes a la mesada
catorce.
9. Que el 13 de mayo de 2019 Colpensiones expidió resolución SUB-114354
mediante la cual ordenó el reintegro de los valores pagados por concepto de
la mesada catorce correspondientes a los años 2016 a 2018 y dispuso el
cobro de dichas sumas. Contra esta decisión la actora interpuso los recursos
de reposición y apelación, los cuales fueron resueltos de manera
desfavorable a través de la Resolución SUB-218144 de agosto 14 de 2019 y
DPE 10643 de octubre 1 octubre de 2019.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. Considera vulnerados los artículos 1, 2, 6, 13, 25, 29, 48, 53, 93, 209, 229 y
230 de la constitución. Artículo 1 de la Ley 33 de 1985. Artículo 45 del Decreto
1045 de 1978. Artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Ley 4 de 1992. Convención
americana sobre derechos humanos (Pacto San José de Costa Rica). Ley 16
de 30 de diciembre de 1972 y declaración universal de los derechos humanos.
Ley 74 de 26 de diciembre de 1968.
11. Como fundamento manifestó que de acuerdo con el artículo 97 del CPACA,
correspondía a Colpensiones solicitar a la señora Mery Beatriz Miranda
Cueto, el consentimiento previo y expreso a revocar los beneficios
relacionados con el pago y disfrute de la mesada catorce la cual había sido
reconocida previamente y venía disfrutando. Que proceder a revocar de
manera unilateral e inconsulta los beneficios legítimamente reconocidos y
ordenar la devolución de los dineros percibidos, vulneró el debido proceso y
derecho de audiencia y defensa.
12. Que la Resolución GNR 167267 de 6 de junio de 2015 está falsamente
motivada debido a que tiene derecho a la inclusión de los factores percibidos
durante su último año de servicios. Sin embargo, según Colpensiones no
podía reliquidarse la pensión porque varios factores salariales no estaban
debidamente certificados.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
13. La demanda fue admitida el 18 de mayo de 2022, Colpensiones sostuvo que
no le asiste derecho al reconocimiento de la mesada catorce, razón por la
cual los actos administrativos expedidos por Colpensiones gozan de plena
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legalidad y se encuentran fundamentados en normas vigentes, aplicables al
caso.
14. Que bajo estricto cumplimiento de la normatividad vigente no podía reconocer
la mesada 14 a la demandante, pues con ello desconocería lo previsto en el
Acto Legislativo 1 de 2005, que señaló los requisitos para acceder a ella, los
cuales no se observan acreditados por la actora, a quien se le reconoció una
mesada que superó los tres salarios mínimos legales vigente al momento del
reconocimiento.
15. EL Ministerio de salud sostuvo que no tiene entre sus competencias ser
solidariamente responsable de las acciones u omisiones del liquidado
Instituto de Seguros Sociales, ni del liquidador del ISS y por ello, no se le
puede declarar responsable de los hechos objeto de debate3.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
16. El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 17 de marzo
de 2.023 negó las pretensiones.
17. Frente a la reliquidación de la pensión, manifestó que en la providencia 29
de julio de 2010 el tribunal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se
pronunció expresamente respecto del régimen aplicable y la liquidación de la
mesada pensional, la cual se liquidaría con el 75% del salario promedio que
sirvió de base para calcular los aportes durante el periodo comprendido entre
el 19 de febrero de 2006 a 30 de enero de 2007, sin perjuicio de la
reliquidación que corresponda una vez la demandante acredite su retiro del
servicio, al 30 de junio de 2007 en aplicación de la Ley 33 de 1985.
18. Concluyó que existía cosa juzgada, por lo que no era jurídicamente viable un
nuevo estudio integral de la reliquidación, salvo en lo estrictamente
relacionado con la inclusión de tiempos posteriores al corte ordenado en la
sentencia previa. Que el estudio de la reliquidación de la pensión se limitaría
a la inclusión de los nuevos tiempos de servicios laborados entre el corte
estipulado en la sentencia (30 de junio de 2007) y el 30 de octubre de 2011
fecha en la que acreditó su retiro del servicio, de acuerdo con la Resolución
3825 de 25 de julio de 2011.
3
En audiencia inicial celebrada el 17 de febrero de 2023, se declaró probada la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva propuesta por el Ministerio de Salud y Protección Social, se incorporaron pruebas, se corrió
traslado para presentar alegatos de conclusión.
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19. Sin embargo, que no es procedente dicha pretensión debido a que mediante
Resolución SUB-305029 de 22 de noviembre de 2018 Colpensiones incluyó
nuevos periodos cotizados y que la demandante no aportó certificaciones
salariales adicionales que demostraran un error en la liquidación efectuada ni
que habilitaran una nueva reliquidación.
20. Sobre la mesada catorce, realizó un análisis normativo y jurisprudencial del
artículo 142 de la Ley 100 de 1993, su evolución y, especialmente, del Acto
Legislativo 01 de 2005, concluyó que, a partir del 25 de julio de 2005, la regla
general es el pago de 13 mesadas anuales. Precisó que solo subsiste el
derecho a la mesada catorce si se cumplen dos requisitos concurrentes, esto
es, que el derecho pensional se haya causado antes del 31 de julio de 2011
y que la pensión sea igual o inferior a tres (3) salarios mínimos legales
mensuales vigentes.
21. Que, si bien la actora adquirió su estatus pensional antes del 31 de julio de
2011, el valor de su mesada superó ampliamente los tres salarios mínimos,
razón por la cual no tenía derecho al reconocimiento de la mesada catorce.
22. Respecto a la orden de reintegro de las sumas pagadas, manifestó que
teniendo en cuenta que el pago de la mesada catorce fue jurídicamente
improcedente, la orden de reintegro de los valores pagados indebidamente
se encuentra ajustada al tratarse de un pago de lo no debido, y descartó la
vulneración del debido proceso, pues la actuación administrativa se soportó
en norma constitucional expresa.
RECURSO DE APELACIÓN
23. La parte actora interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que el
tribunal omitió pronunciamiento sobre la falta de consentimiento previo para
la revocatoria del acto que reconoció la mesada catorce y ordenó la
devolución de dineros. Que dicha revocatoria fue unilateral, arbitraria e
inconsulta, vulnerando el debido proceso, el derecho de defensa y el principio
de legalidad, al desconocer lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley 1437 de
2011, que exige el consentimiento expreso del titular. Que, ante la ausencia
del consentimiento, la administración debió acudir a la jurisdicción
contencioso-administrativa.
24. Frente a la pretensión de reliquidación por inclusión de los factores salariales
percibidos durante su último año de servicios, manifestó que «el acto
administrativo demandado, vulnera de manera directa lo establecido en el
artículo 53º superior, en tanto no aplica el principio de favorabilidad. Que
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desde que nació a la vida jurídica el derecho a la reliquidación de la pensión
de jubilación aquí reclamada, se ha venido negando el derecho
desconociendo el contenido del artículo 6º superior a través del cual se
vincula a las autoridades haciéndolas responsables del cumplimiento de la
ley».
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
25. El 21 de noviembre de 2022 se admitió el recurso de apelación. Tanto las
partes como el señor agente del Ministerio Público guardaron silencio.
26. Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
27. Corresponde a la Subsección determinar si Colpensiones vulneró los
derechos invocados por la actora al revocar unilateralmente el reconocimiento
de la mesada catorce sin contar con el consentimiento y a su vez, al ordenar
el reintegro o devolución de sumas pagadas por dicho concepto o si tales
actuaciones fueron ejercidas en pleno uso de sus competencias legales.
28. También si le asiste a la actora el derecho a la reliquidación de la pensión por
inclusión de factores salariales percibidos durante su último año de servicio,
por resultar más favorable esa interpretación.
29. Sin embargo, antes de entrar a resolver el fondo del asunto, resulta necesario
resaltar que conforme lo dispone el artículo 187 del CPACA, en la sentencia
se decidirá sobre las excepciones propuestas y cualquiera otra que el fallador
encuentre probada, además, se indica que el silencio del inferior no impedirá
que el superior estudie y decida todas las excepciones de fondo, propuestas
o no, sin perjuicio de la no reformatio in pejus.
30. Bajo el anterior entendido, se estudiará si la demanda de nulidad y
restablecimiento fue presentada dentro del término oportuno respecto de las
6 resoluciones demandadas.
31. En la demanda se cuestionó (entre otros actos), la legalidad de la Resolución
167267 de junio 6 de 2015 a través de la cual se tomaron varias decisiones:
i) negó la reliquidación de la pensión, ii) negó el pago la mesada catorce por
considerarlo ilegal y ordenó a la señora Mery Beatriz Miranda Cueto efectuar
el reintegro de la suma por dicho concepto iii) pidió el consentimiento para
revocar la Resolución 3622 de 1 de abril de 2011 que reconoció el derecho a
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la pensión efectiva a partir del 30 de octubre de 2011.
32. El acto en mención según consta en el expediente fue objeto de recursos de
reposición y apelación, los cuales fueron resueltos a través de las
Resoluciones GNR 376524 del 24 de noviembre de 2015 y VPB 6130 de 8 de
febrero de 2016. Sin embargo, solo se cuestionó la legalidad del acto inicial y
del que resolvió el recurso de reposición, es decir, no demandó la última
resolución citada. Pese a lo anterior, la Subsección como medida de
saneamiento en virtud del artículo 201 del CPACA dará aplicación al artículo
163 ibidem4 y en ese sentido, tendrá por demandado también dicho acto.
33. Precisado lo anterior, es claro que la prestación de que tratan los actos que
ordenaron el reintegro de dineros tiene la naturaleza de unitaria5 y por ello, el
término para demandar su legalidad a través del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho, conforme el artículo 164 numeral 2 literal d de
la Ley 1437 de 2011, es de 4 meses siguientes a partir de la notificación,
comunicación, ejecución o publicación.
34. De las pruebas allegadas se observa que la Resolución VPB 6130 de 8 de
febrero de 2016 que resolvió el recurso de apelación fue notificada por aviso
el 26 de agosto de 2016. En consecuencia, la parte demandante tenía hasta
el 27 de diciembre de 2016 para demandar, pero solo se hizo el 1° de
noviembre 20206, lo que permite concluir que fue extemporánea y por tal
razón, se DECLARARÁ PROBADA DE OFICIO LA EXCEPCIÓN DE
CADUCIDAD frente a las Resoluciones GNR 167267 del 06 de junio de 2015
Radicado No. 2014-7302563, GNR 376524 del 24 de noviembre de 2015 y
VPB 6130 de 8 de febrero de 2016 “respecto de la orden de reintegro de
dineros” y únicamente analizará la legalidad frente a la pretensión de
reliquidación de la pensión, porque ese aspecto si tiene el carácter de
prestación periódica
35. Frente al análisis de las Resoluciones SUB-114354 de 13 de mayo de 2019,
SUB-218144 del 14 de agosto de 2019 y DPE 10643 del 01 octubre de 2019
este último notificado por aviso el 22 de octubre de 2019 se concluye que sí
fue oportuno el medio de control ejercido toda vez que la actora contaba hasta
4 Artículo 163 «Cuando se pretenda la nulidad de un acto administrativo este se debe individualiza con toda
precisión. Si el acto fue objeto de recursos ante la administración se entenderán demandados los actos que
resolvieron».
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 24 de octubre de 2024 radicado 68001-23-
33-000-2021-00046-01 (3315-2021). Y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de
agosto de 2024 radicado 47001-23-33-000-2018-00012-01 (0971-2020).
6 SAMAI. Trámite en otras Corporaciones. Índice 1. Actuación denominada: Reparto y radicación.
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Radicado: 08001233300020210002601 (5241-2023)
el 23 de febrero de 20207 para presentar la demanda, por lo que corresponde
a la Sala el estudio de su legalidad.
36. Definido lo anterior, se procede al análisis de los puntos en controversia.
37. Tanto en la demanda como en el recurso interpuesto se sostuvo que
Colpensiones vulneró los derechos al debido proceso y defensa al proferir los
actos a través de los cuales se suspendió el pago de una mesada pensional
sin el consentimiento de la pensionada y a su vez se ordenó el reintegro o
devolución de las sumas pagadas.
38. La Subsección considera que le asiste razón a la parte actora por las
siguientes razones:
39. A la luz de la Ley 1437 de 2011 esta Corporación8 se ha pronunciado sobre
la prohibición de revocar actos administrativos que hayan creado o modificado
una situación jurídica de carácter particular y concreto o reconocido un
derecho de igual categoría, salvo que, de manera previa, expresa y escrita
medie el consentimiento del titular del respectivo derecho.
40. A través del artículo 19 de la Ley 797 de 2003 consagró una de las
excepciones a la prohibición de revocatoria unilateral, cuando ocurre
justamente en el marco del sistema pensional, así: «En caso de comprobar el
incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en
documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del
acto administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias
a las autoridades competentes».
41. La Corte Constitucional en Sentencia C-835 de 23 de septiembre de 2003 ,
analizó la normativa y declaró su exequibilidad condicionada «[…] en el
entendido que el incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se
hizo con base en documentación falsa, se refiere siempre a conductas que
estén tipificadas como delito por la ley penal», esto al considerar que los dos
supuestos que trae la norma deben entenderse como el resultado de
conductas u omisiones especialmente graves, al punto que pudieran
enmarcarse en algún tipo penal; y no simplemente tratarse de discrepancias
jurídicas, o inconsistencias menores en el cumplimiento de los requisitos.
7 Arículo 69 del CPACA, «la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso
en el lugar de destino»
8
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, C.P.Gerardo Arenas Monsalve, quince (15) de agosto
de dos mil trece (2013) Radicación número: 25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07).
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Radicado: 08001233300020210002601 (5241-2023)
42. En el caso analizado, a la actora desde que le fue reconocida la pensión se
le concedió el beneficio a percibir la mesada catorce. Es decir, a partir de ese
momento, se creó un derecho que, si bien podía ser objeto de revocatoria,
necesariamente requería que Colpensiones contara previamente con el
consentimiento expreso de la demandante.
43. Tal presupuesto no se observa acreditado en el proceso, contrario a ello,
vemos que Colpensiones al dar respuesta a una solicitud de reliquidación
pensional, no solo negó esa pretensión, sino que, además consideró que
percibía ilegalmente la denominada mesada catorce y ordenó el reintegro de
las sumas de dinero reconocidas por dicho concepto durante los años 2016
a 2018.
44. Es claro, como se dijo, que, si bien la administración se encontraba facultada
para revocar decisiones de contenido particular y concreto, ello exige que
cuente con el consentimiento de la titular de los derechos reconocidos. A falta
de dicha expresión, debía buscar la intervención del aparato jurisdiccional con
la finalidad de que decidiera sobre la legalidad de la decisión.
45. Sobre dicha omisión la Sala ha dicho que salvo las excepciones previstas en
la ley que eximen a la autoridad de agotar el referido trámite procedimental,
la pretermisión del trámite administrativo de solicitud y obtención de
consentimiento previsto en el artículo 97 del CPACA para la revocatoria
directa de los actos administrativos de carácter particular y concreto
constituye una afrenta al debido proceso que vicia de nulidad el acto en
cuestión por haber sido expedido de forma irregular9.
46. Adicionalmente, los actos demandados a través de los cuales se ordenó el
reintegro o devolución de dineros pagados se encuentran viciados de
ilegalidad por falta de competencia, veamos:
47. La validez del acto administrativo exige que quien lo expide tenga
competencia atribuida por la Constitución, la ley o el reglamento. Esta
competencia, que constituye el elemento subjetivo del acto, se define según
las funciones y facultades asignadas por el ordenamiento jurídico y se evalúa
conforme a las normas vigentes al momento de su expedición.
9
Consejo de Estado, Sección Segunda, C.P. Juan Camilo Morales, Sentencia 20 de marzo de 2025. Exp. 25000-
23-42-000-2019-00020-01 (2360-2023).
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Radicado: 08001233300020210002601 (5241-2023)
48. El marco normativo que creó a Colpensiones, establecido inicialmente en el
artículo 155 de la Ley 1151 de 2007, la concibió como una entidad vinculada
al Ministerio de la Protección Social -hoy Ministerio del Trabajo-, dotada de
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente10. A
esta entidad se le atribuyó como objeto la administración estatal del régimen
de prima media con prestación definida, incluyendo la de los beneficios
económicos periódicos de que trata el Acto Legislativo 01 de 2005, el cual
adicionó el artículo 48 de la Constitución Política, donde se establece el
sistema general de la seguridad social.
49. Es importante destacar que el artículo 5° del Decreto 309 de 2017 (que
modificó la estructura de Colpensiones), desarrolló el objeto de la entidad,
señalando sus funciones; dentro de las cuales, se le facultó para determinar
los derechos pensionales y prestaciones económicas en favor de sus afiliados
y, en concordancia con el artículo 16 del Decreto, gestionar y dirigir procesos
de jurisdicción coactiva.
50. Por su parte, la Ley 1066 de 2006 otorgó la facultad de ejercer jurisdicción
coactiva a las entidades públicas que, de manera permanente, tienen a su
cargo el ejercicio de actividades y funciones administrativas o la prestación
de servicios del Estado colombiano y que, en virtud de estas, tengan que
recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional y territorial. No
obstante, esta se aplica únicamente a aquellas encargadas de recaudar
rentas o caudales públicos a nivel nacional o territorial y, además, esta acción
está intrínsecamente ligada a la naturaleza administrativa propia de la
autotutela declarativa y ejecutiva, la cual se fundamenta en la legalidad.
51. En lo que respecta al artículo 16 del Decreto 309 de 2017, es relevante
subrayar que la facultad de «(…) dirigir los procesos de jurisdicción coactiva,
gestión y recuperación de cartera» no implica que la entidad entre en el
ámbito de la tutela declarativa y cuente con la capacidad para reconocer o
declarar acerca de algún derecho u obligación preexistente, sino más bien,
se refiere al despliegue de las gestiones necesarias para que, mediante la vía
judicial, se declare la existencia del pago indebido.
52. En consonancia con lo anterior, esta Corporación11 ha resaltado la obligación
de contar con una normativa que respalde la autoridad de una entidad estatal
10 Seguidamente, el Decreto 4121 de 2011, modificó la naturaleza jurídica de Colpensiones en los siguientes
términos: «(…) cámbiese la naturaleza jurídica de la Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones,
Empresa Industrial y Comercial del Estado, al de Empresa Industrial y Comercial del Estado organizada como
entidad financiera de carácter especial, vinculada al Ministerio de Trabajo».
11Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de febrero de 2010, radicación número: 25000-23-26-000-
1996-07474- 01(16816). C.P. (E): Mauricio Fajardo Gómez.
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para requerir el pago de una suma de dinero a un individuo, así como para
asegurar el debido proceso en el contexto de los cobros efectuados.
53. En ese sentido, la Administración solo puede imponer el pago o exigir la
devolución de sumas de dinero a un particular cuando exista una norma que
expresamente lo autorice y siempre que mediante un procedimiento que
garantice el derecho de audiencia y defensa. En los eventos en los que la
entidad advierta que realizó un pago indebido (salvo que se trate de un hecho
delictivo o fraudulento), no puede ordenar unilateralmente el reintegro
mediante un acto administrativo, sino que debe acudir a la jurisdicción
competente para obtener la declaración judicial correspondiente. De lo
contrario, su actuación resulta ilegal por vulneración del debido proceso y del
principio de legalidad.
54. No se advierte que Colpensiones tuviera competencia para proferir actos
administrativos con el fin de obtener el reintegro de un dinero que recibió la
parte demandante por concepto de retroactivo pensional y mucho menos se
encuentra habilitada por ley o por el texto constitucional para iniciar el proceso
previo que conduzca a la creación del acto administrativo que se constituya
en título ejecutivo, máxime cuando ningún fallo judicial ha ordenado el
reintegro de suma de dinero a la entidad.
55. Ante la evidente ilegalidad de los actos administrativos acusados, se
encuentra que, la actuación de Colpensiones al revocar el derecho a la
mesada catorce sin contar con el previo consentimiento de la parte actora y
al ordenar el reintegro de las sumas transgredió el ordenamiento jurídico y
comporta un abuso del derecho, al trasladar al administrado unas cargas que
no tiene por qué asumir, pues se reitera, la facultad de autotutela es reglada
y si no está expresamente consagrada u otorgada por la Constitución o la ley
resulta ser arbitraria.
56. De acuerdo con lo anotado, la Subsección REVOCARÁ la sentencia de
primera instancia para declarar la nulidad de las Resoluciones SUB-114354
de 13 de mayo de 2019, SUB-218144 del 14 de agosto de 2019 y DPE 10643
del 01 octubre de 2019, por acreditarse la ilegalidad invocada.
57. En consecuencia, SE DECLARA que la actora no está obligada a reintegrar
las sumas percibidas durante los años 2016, 2017 y 2018 por concepto de
mesada catorce ordenadas en los actos aquí anulados.
58. Como en el presente asunto, la ilegalidad de los actos tiene lugar en atención
la falta de competencia de la entidad y a su vez, a la vulneración de los
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derechos al debido proceso y defensa, la entidad deberá reconocer y pagar
a la actora la mesada catorce, (sino no lo hecho durante los años 2019 y
siguientes), lo anterior no obsta para que el derecho reconocido a la actora
sea cuestionado en ejercicio del medio de control correspondiente.
59. El derecho que se reconoce tendrá los reajustes de ley. Así mismo, el monto
de la condena que resulte se ajustará, mes por mes, en los términos del
artículo 187 de la Ley 1437 de 2011.
60. Con relación a la pretensión de reliquidación de la pensión por inclusión
de factores salariales, la Subsección advierte que en el recurso interpuesto
la actora invocó como sustento «el principio de la favorabilidad en materia
pensional», sin embargo, no indicó expresamente cuáles son los factores que
pide se le incluyan en su liquidación.
61. Al respecto, la Sala interpreta que lo pretendido es que se tengan en cuenta
los percibidos durante el último año de servicios y no durante los últimos 10
años de servicio como lo establece la jurisprudencia vigente. Pretensión que
tal como lo concluyó el tribunal no resulta procedente, puesto que no se
acreditó que haya lugar a efectuarla reliquidación por factores salariales
distintos a los ya reconocidos en los actos acusados que habilitaran un
cambio en su mesada pensional. Por lo anotado SE CONFIRMARÁ la
negativa sobre ese aspecto.
De la condena en costas en ambas instancias
62. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de
la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
63. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile
un interés público; creando así una excepción a la regla general, según la
cual no procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien,
tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad
y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se
mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.
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64. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo
en cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del
CPACA.
65. En consecuencia, se impondrán costas en ambas instancias a la parte
demandada por cuanto se revoca la sentencia que negaba las pretensiones.
Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en
derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las
expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del
Atlántico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el diecisiete (17) de marzo de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Atlántico.
En su lugar, se ACCEDE PARCIALMENTE a las pretensiones de la demanda, y SE
DECLARA la nulidad de las Resoluciones SUB-114354 del 13 de mayo de 2019;
SUB-218144 del 14 de agosto de 2019; y DPE 10643 del 01 de octubre de 2019,
mediante las cuales la COLPENSIONES suspendió la mesada catorce y ordenó EL
reintegro/la devolución de los dineros recibidos durante los años 2016 a 2018.
Segundo. SE DECLARA que la señora Mery Beatriz Miranda Cueto no está obligada
a reintegrar sumas algunas por dineros percibidos durante los años 2016 a 2018 por
concepto de mesada catorce.
Tercero. SE ORDENA a COLPENSIONES reconocer y pagar a la actora la mesada
catorce, (sino no lo hecho durante los años 2019 y siguientes), lo anterior no obsta
para que el derecho reconocido a la actora sea cuestionado ante está jurisdicción en
ejercicio del medio de control correspondiente.
El derecho que se reconoce tendrá los reajustes de ley. Así mismo, el monto de la
condena que resulte se ajustará, mes por mes, en los términos del artículo 187 de la
Ley 1437 de 2011.
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Cuarto. SE DECLARA LA DE OFICIO PROBADA EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD del
medio de control frente a las Resoluciones GNR 167267 del 06 de junio de 2015,
GNR 376524 del 24 de noviembre de 2015 y VPB 6130 de 8 de febrero de 2016
“respecto de la orden de reintegro de dineros”.
Quinto. Se confirma en lo demás la sentencia de primera instancia.
Sexto. CONDENAR en costas a la demandada conforme la parte motiva.
Séptimo. SE ORDENA a la demandada, dar cumplimiento a esta sentencia con
observancia de lo dispuesto en los artículos 192 a 195 del CPACA.
Octavo. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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