RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 47001-23-33-000-2018-00012-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00012-01

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Luis Eduardo Mesa Nieves
Citada por
3 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 47001-23-33-000-2018-00012-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Revocar la sentencia de 8 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal Administrativo del Magdalena, dictada dentro del proceso del epígrafe, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Declarar probada de oficio la configuración del medio exceptivo de caducidad, conforme a las consideraciones realizadas en precedencia. 28 Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Segunda -Subsección A . Auto de 9 de septiembre de 2021 Radicación número: 25000-23-42-000-2016-04690-01(2538-21) consejero ponente: William Hernández Gómez 14 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Radicado: 47001-23-33-000-2018-00012-01 Número interno: (0971-2022) Demandante: Amira Villanueva Llerena TERCERO: Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 47001-23-33-000-2018-00012-01

Consejero ponente: Luis Eduardo Mesa Nieves

1 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., primero (1.°) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 47001-23-33-000-2018-00012-01 (0971-2022)
Demandante: Amira Villanueva Llerena
Demandado: Administradora Colombiana de Pensiones
(Colpensiones)
Tema: Caducidad de la acción
Decisión: Declarar probada la caducidad de la acción.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA/LEY 1437 DE 2011

I. ASUNTO

La Sala de Subsección A decide el recurso de apelación interpuesto por la
demandante contra la sentencia del 8 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, que declaró la falta de legitimación en la causa por
pasiva y negó las súplicas de la demanda.

II. ANTECEDENTES

2.1. La demanda

2.1.1. Pretensiones1

La señora Amira Villanueva Llerena, por intermedio de apoderado judicial y en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado
en el artículo 138 de la Ley 1437 del 20112, solicitó declarar la nulidad de la
Resolución GNR 2345 del 5 de enero de 2017 expedida por Colpensiones,
mediante la cual se ordena a efectuar el reintegro de la suma de los dineros
pagados por concepto de mesadas pensionales.

Así mismo, solicitó la nulidad de las Resoluciones GNT 38160 de 2 de febrero de
2017 y DIR 2536 del 30 de marzo de 2017 expedidas por la Gerencia Nacional de
Reconocimiento de Colpensiones, por medio de las cuales se resolvieron los
recursos de reposición y apelación en contra de la anterior decisión, y de la
Resolución 005569 de 30 de noviembre de 2017, expedida por Dirección de Cartera

1 Folio 10 y ss del expediente
2 «Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo», en

adelante CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00012-01
Número interno: (0971-2022)
Demandante: Amira Villanueva Llerena

de la Gerencia Nacional de Cobro Coactivo de Colpensiones dentro del proceso de
cobro coactivo DCR 20172017-001752.3

Como consecuencia de las anteriores declaraciones y a título de restablecimiento
del derecho, pretende que se deje sin efecto el proceso de cobro coactivo DCR
2017-001752, adelantado por la Dirección de Carteras de Colpensiones contra la
demandante, a través del cual se pretende obtener el reintegro de unas sumas de
dinero por concepto de mayores valores girados provenientes del Estado.

Finalmente solicitó que se cumpla la sentencia en los términos del artículo 192 del
CPACA y se condene en costas a la parte demandada.

2.1.2. Hechos4

Se indicó en la demanda que la señora Amira Villanueva Llerena laboró en la
Secretaría de Educación Distrital de Santa Marta en el periodo comprendido entre
el 22 de marzo de 1975 y 30 de junio de 2009 y que adquirió el estatus pensional
el 7 de noviembre de 2006.

Señaló que durante 34 años, 1 mes y 8 días realizó sus aportes a Cajanal y que el
1 de junio de 2009 fue trasladada a Colpensiones, en donde cotizó sus aportes
hasta el 30 de marzo de 2014, es decir, por un total de 4 años, 8 meses y 29 días.

A través de Resolución GNR186857 de 18 de julio de 2013 Colpensiones reconoció
una pensión de vejez a la demandante, sin embargo, esta presentó recurso de
reposición y apelación contra dicha decisión por estar en desacuerdo con el
régimen pensional aplicado.

Adujo que, por efectuarse su retiro efectivo del servicio, su ingreso a la nómina de
pensionados se produjo a partir del 1. ° de abril de 2014 y por ello, mediante
Resolución GNR 181394 de 11 de agosto de 2014 se dispuso reliquidar la mesada
pensional.

Sostuvo que, a través de comunicaciones de 26 de noviembre de 2015 y 13 de
enero de 2016, Colpensiones le solicitó a la señora Villanueva Llerena su
autorización para revocar la Resolución DNR 186857 de 18 de julio de 2013, pues
advirtió que al momento del reconocimiento pensional la accionante se encontraba
afiliada a Cajanal y poseía el estatus desde el 7 de noviembre de 2006, por lo que
dicha entidad era la competente para reconocer el derecho.

Mediante escrito radicado el 13 de mayo de 2016, la accionante autorizó a
Colpensiones para revocar la mencionada resolución, por lo que la entidad expidió

3
En audiencia inicial de 10 de abril de 2019 el Tribunal Administrativo del Magdalena declaró la falta de
jurisdicción para pronunciarse sobre esta resolución. Visible a folio 262 del cuaderno 1 del expediente.
4 Folio 3 y s.s. del expediente.

2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00012-01
Número interno: (0971-2022)
Demandante: Amira Villanueva Llerena

el acto de revocatoria GRN185064 de 23 de junio de 2016, alegando la falta de
competencia.

Como consecuencia del acto de revocatoria, a través de Resolución GNR 2345 de
5 de enero de 2017, la entidad ordenó suspender el giro de dineros a la pensionada,
así como la devolución de los dineros pagados por concepto de pensión en el
periodo comprendido entre el marzo de 2014 y junio de 2016.

Contra dicha decisión, la señora Villanueva Llerena interpuso los recursos de
reposición y apelación que fueron resueltos desfavorablemente por la entidad
demandada, quedando agotada la vía administrativa el 30 de marzo de 2017.

El 6 de septiembre de 2016 la demandante presentó una solicitud de
reconocimiento de pensión de vejez ante la UGPP, quien dio traslado del proyecto
de resolución a Colpensiones, sin que esta efectuara una solicitud administrativa
que ordenara deducir y reintegrar las sumas que habían sido pagadas por concepto
de mesadas.

A través de Resolución RDP 23195 de 2 de junio de 2017, la UGPP reconoció la
pensión de vejez a la señora Villanueva Llerena, y esta fue modificada por la
Resolución RDP 29888 de 26 de julio de 2017, que precisó el porcentaje aplicable
como tasa de remplazo sobre el valor del IBL.

Manifestó que Colpensiones inició el proceso de cobro coactivo DCR 2017-001752
en contra de la actora, dentro del cual se expidió la Resolución 005569 de 3 de
noviembre de 2017 que contiene el mandamiento de pago por concepto de
reintegro de las mesadas pagadas y los intereses moratorios sobre dicha suma.

2.1.3. Normas violadas y concepto de la violación.5

Como normas vulneradas citó el artículo 83 de la Constitución Política; el numeral
2. ° del artículo 136 y el literal C del numeral 1. ° del artículo 164 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En el concepto de violación explicó que las resoluciones objeto de censura
desconocen las disposiciones señaladas, pues al exigir el reintegro de las sumas
pagadas a la demandante por concepto de mesadas pensionales desconocen los
principios de buena fe, confianza legítima y respeto al acto propio respecto de las
actuaciones administrativas.

Indicó que de acuerdo con el artículo 136 del CPACA, los actos que reconozcan
prestaciones periódicas pueden ser demandados, pero no habrá lugar a recuperar
las prestaciones pagadas a particulares de buena fe y por ello, para obtener dichos

5 Folio 14 y s.s. del expediente.

3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00012-01
Número interno: (0971-2022)
Demandante: Amira Villanueva Llerena

reintegros, resulta necesario demostrar que los particulares hubiesen actuado de la
mala fe para hacerse acreedores de una prestación a la que no tenían derecho.

A pesar de lo anterior, Colpensiones no demostró que la demandante hubiese
incurrido en comportamientos deshonestos, o actos dolosos y de mala fe para
obtener el reconocimiento pensional, por lo que no está facultada para pretender
unilateralmente el reintegro de las mesadas pensionales que pagó por equivocación
propia.

2.2. Contestación de la demanda.

2.2.1. La Administradora Colombiana de Pensiones6, por intermedio de
apoderado judicial, se opuso a las pretensiones.

Luego de realizar una exposición de los actos expedidos en el curso de la actuación
administrativa, propuso las excepciones denominadas i) inexistencia de la
obligación, (ii) presunción de legalidad de los actos administrativos, (iii) buena fe,
(iv) prescripción (v) imposibilidad de costas y gastos del proceso y (v)
compensación.

2.2.2. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones de la Protección Social UGPP 7,entidad vinculada al proceso,
por intermedio de apoderado judicial se opuso a las pretensiones de la demanda y
señaló que los actos demandados fueron expedidos por Colpensiones y por ello,
esta entidad no tiene competencia

Propuso las excepciones denominadas (i) inexistencia de la obligación, (ii) buena
fe, (iii) prescripción y (iv) la excepción genérica

2.3. La sentencia apelada 8,

El Tribunal Administrativo del Magdalena, a través de la sentencia de 8 de agosto
de 2019, negó las pretensiones de la demanda.

Como fundamento de su decisión precisó que Colpensiones, a través de
Resolución GNR 186857 de 18 de julio de 2013, reconoció la pensión de vejez a la
demandante, efectiva a partir del 1. ° de abril de 2014 y que dicho acto fue revocado
a través de la Resolución GNR 185064 de 23 de junio de 2016, previa autorización
del demandante.

Así mismo, advirtió que la UGPP reconoció la pensión de vejez a la demandante a
través de la Resolución RDP 023195 de junio de 2017, a partir del de 1. ° de mayo

6 Folios 56 y s.s. del expediente

7 Folios 56 y s.s. del expediente

8 Folio 312 y s.s. del cuaderno 1 del expediente.

4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00012-01
Número interno: (0971-2022)
Demandante: Amira Villanueva Llerena

de 2014, es decir, que ambas entidades pagaron el retroactivo pensional a partir
del 1. ° de mayo de 2014. De acuerdo con lo anterior, la señora Villanueva Llerena
percibió dos asignaciones del erario público, lo cual no es permitido al tenor del
artículo 128 de la Constitución.

La Sala resaltó que, al momento del reconocimiento pensional por parte de la
UGPP, la demandante conocía el acto proferido por Colpensiones que le ordenaba
reintegrar los dineros que por error fueron girados, por lo que a través de su
apoderado solicitó a la UGPP aclaración y/ complementación de la parte resolutiva
de la Resolución RDP 023195 de 2 de junio de 2017, en el sentido de precisar la
viabilidad o no de la obtención del retroactivo pensional ordenado en esa
resolución, teniendo en cuenta que había recibido de buena fe por parte de
Colpensiones el pago de las mesadas pensionales desde el 1.° de mayo de 2014,
así como también solicitó a la entidad que precisara si procedía o no
interadministrativamente a reintegrar los dineros recibidos por la entidad o en su
defecto, se sirviera a indicar el procedimiento a seguir para ello.

A pesar de lo anterior, la UGPP, a través de oficio de 20 de noviembre de 2017, se
limitó a señalar que, revisada la base de datos, el pago de las mesadas retroactivas
se efectuó en el mes de agosto de 2017, sin manifestar el procedimiento que debía
efectuar la actora para el reintegro de las sumas pagadas en exceso.

La Sala estimó que dicha respuesta no era óbice para que la accionante se
abstuviera de devolver los dineros que le habían sido pagados en exceso pues
conocía perfectamente su situación, tal como lo demuestra la citada petición y
además, contaba con asesoría legal, pues sus actuaciones siempre se realizaron a
través de apoderado judicial.

En ese sentido, consideró que la señora Villanueva Llerena teniendo pleno
conocimiento de la situación generada por el error administrativo, decidió asumir un
comportamiento ajeno al de una persona proba frente a sus iguales y frente al
Estado, pues el silencio que acompañó su actuación después de la respuesta dada
a la UGPP ponía en duda la presunción de buena fe.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, el juez de primera instancia señaló
que, como las sumas de dinero cuyo reintegro pretendía Colpensiones también
fueron pagadas por la UGPP y en atención a la incompatibilidad que existe de
devengar dos asignaciones del erario público negaría las pretensiones de la
demanda.

2.5. Recurso de apelación.9

La parte demandante, por conducto de apoderado judicial, interpuso recurso de
apelación en contra de la sentencia de primera instancia, al considerar que en los

9 Folio 327 del cuaderno 1 del expediente.

5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00012-01
Número interno: (0971-2022)
Demandante: Amira Villanueva Llerena

casos en los que existe error de la administración en el reconocimiento de un
derecho pensional, la administración no puede alegar su propia culpa a su favor
para recuperar el dinero percibido por el pensionado de buena fe, y por ello, tiene
el deber de probar la mala fe por parte del beneficiario del reconocimiento
pensional.

Sostuvo que el tribunal no tuvo en cuenta las siguientes circunstancias de hecho y
de derecho que pudieron haber cambiado el sentido del fallo:

En primer lugar, señaló que ni Colpensiones ni la UGPP lograron acreditar la
existencia de maniobras fraudulentas o engañosas por parte de la demandante
para obtener el reconocimiento de su derecho pensional.

Esto por cuanto no se había demostrado la mala fe por parte de la demandante y
por ello no resultaba admisible para Colpensiones pretender el reintegro de los
dineros pagados, pues de lo contario se estaría desconociendo el principio de
buena fe que debe regir las actuaciones administrativas.

Realizó un recuento del proceso administrativo a través del que se reconoció la
pensión de la demandante e indicó que luego de revocar el acto de reconocimiento
pensional, Colpensiones debió informar a la UGPP de lo acontecido previamente
con su solicitud pensional, como así lo hizo, pretendiendo con ello evitar cualquier
interpretación relativa a querer obtener provecho indebido al recibir por segunda
ocasión los dineros pagados por concepto de mesada pensional.

Así mismo, señaló que a través de petición radicada el 11 de julio de 2017 ante la
UGPP, solicitó aclaración de la parte resolutiva de la Resolución RDP 023195 del
2 de junio de 2017, en el sentido de precisar la viabilidad o no de la obtención del
pasivo pensional teniendo en cuenta que previamente había lo recibido de buena
fe por parte de Colpensiones, así como la procedencia de que
interadministrativamente se reintegraran los dineros a Colpensiones y el trámite a
seguir para ello, sin embargo la respuesta de la entidad en ningún momento le
impedía acceder al cobro de tales dinero, a lo que se sumaba la presunción de
legalidad de tal resolución.

En ese sentido, adujo que en los errores en los que incurrieron Colpensiones y la
UGPP no tuvo participación ni intervención el titular del derecho pensional, quien,
además, reunía los requisitos para acceder a una pensión de vejez.

Finalmente señaló que las actuaciones de la accionante se encuentran amparadas
en el principio de buena fe y que de acuerdo con el artículo 136 del CCA, no hay
lugar a recuperar las prestaciones pagadas de buena fe, por lo que solicitó que se
revoque el fallo de primera instancia y en su lugar se acceda a las pretensiones de
la demanda.

6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00012-01
Número interno: (0971-2022)
Demandante: Amira Villanueva Llerena

2.6. Trámite en segunda instancia

A través de auto de 15 de octubre de 2020 10, se admitió el recurso de apelación
interpuesto por la parte actora y mediante auto de 23 de marzo de 202111, se ordenó
correr traslado a las partes para alegar de conclusión a la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado y al agente del Ministerio Público para conceptuar en
segunda instancia, respectivamente.

Las partes demandantes, demandada, el Ministerio Público y la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado guardaron silencio.

La UGPP, entidad vinculada al proceso presentó escrito de alegatos y reiteró los
argumentos expuestos en la contestación. Solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues no existe relación entre la entidad y los
hechos constitutivos del litigio, así como tampoco existió daño u omisión por parte
de la Unidad. En ese sentido solicitó que se confirmara la decisión de primera
instancia.

Como no se observa causal que invalide lo actuado, la Sala de Subsección procede
a decidir previas las siguientes,

III. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

Esta Subsección es competente para conocer del asunto de la referencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15012 de la Ley 1437 de 2011.

3.2. Marco de análisis de la segunda instancia

Según el artículo 328 del Código General del Proceso, la competencia del juez de
segunda instancia está circunscrita a los argumentos del apelante. Si ambas partes
apelan la sentencia, el superior resolverá sin limitaciones.

En el asunto objeto de estudio, el demandante es apelante único, por lo que la
competencia de la Sala de Subsección se encuentra limitada a los argumentos
esgrimidos en el recurso de apelación.

Lo anterior no obsta para que la Sala pueda declarar de oficio la excepción de

10 Folio 382 del cuaderno 1 del expediente.

11 Folio 384 del cuaderno 1 del expediente.

12 « El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las
apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando
no se conceda el de apelación por parte de los tribunales, o se conceda en un efecto distinto del que
corresponda, o no se concedan los extraordinarios de revisión o de unificación de jurisprudencia. […]».
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00012-01
Número interno: (0971-2022)
Demandante: Amira Villanueva Llerena

caducidad, pues este fenómeno procesal opera ipso iure o de pleno derecho, es
decir que no admite renuncia, por lo que juez debe declararla de oficio cuando la
encuentre acreditada, lo anterior, de conformidad con el artículo 187 CPACA.

3.3. Problema Jurídico

La Sala de Subsección establecerá si en el presente asunto operó la caducidad de
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

3.4. Marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso

3.3.1 Caducidad

La caducidad debe entenderse como un fenómeno jurídico en virtud del cual el
administrado pierde la facultad de accionar ante la jurisdicción, por no ejercer su
derecho dentro del término que señala la ley.

Esta Corporación ha señalado que la caducidad, es el fenómeno jurídico que
extingue la oportunidad de quien pretende controvertir la existencia de un derecho
en sede judicial, cuando ha transcurrido el tiempo para interponer un medio de
control u otro mecanismo previsto en la ley. De ahí que, el término constituya un
presupuesto procesal a través del cual se limita el ejercicio de los derechos
individuales y subjetivos de los administrados para la reclamación judicial de los
mismos, en desarrollo el principio de seguridad jurídica bajo criterios de
racionalidad y suficiencia temporal. (…)”5.

Así, la obligación de presentar la demanda dentro del término previsto por el
legislador constituye un presupuesto procesal que habilita al juez para pronunciarse
sobre el fondo de las pretensiones de la demanda.

La Ley 1437 de 2011, al consagrar el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, dispuso en su Artículo 138:

“ARTÍCULO 138. Nulidad y Restablecimiento del Derecho. Toda persona que
se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica
podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular,
expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que
se le repare el daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas
en el inciso segundo del Artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse
el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular
demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo,
siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o
cumplimiento del acto general, el término anterior se contará a partir de la
notificación de aquel.”

8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00012-01
Número interno: (0971-2022)
Demandante: Amira Villanueva Llerena

Por su parte, los numerales 1 (literal c) y 2 (literal d) del Artículo 164 del C.P.A.C.A.
señalan la oportunidad para presentar la demanda, o el término de caducidad de la
pretensión de nulidad y restablecimiento del derecho, para lo cual distingue el
contenido del acto administrativo atacado, así:

“ARTÍCULO 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá
ser presentada:

(…)

2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:

(…)

d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda
deberá presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir
del día siguiente al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación
del acto administrativo, según el caso, salvo las excepciones establecidas en
otras disposiciones legales.

(Subrayado, negritas de la sala.)”

De acuerdo con lo anterior, el fenómeno jurídico de la caducidad del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho opera, salvo expresas
excepciones, cuando la respectiva demanda se interpone después de transcurridos
4 meses siguientes a la comunicación, notificación, ejecución o publicación del
correspondiente acto administrativo.

3.5. Caso concreto

3.5.1. Hechos Probados

• La señora Amira Villanueva Llerena nació el 7 de noviembre de 1951, según consta
en la copia de la cedula de ciudadanía. 13

• De acuerdo con el certificado de periodos de vinculación laboral para bonos
pensionales,14 y el reporte de semanas cotizadas expedido por Colpensiones15, la
demandante laboró en el Distrito de Santa Marta y realizó sus aportes a Cajanal
en el periodo comprendido entre el 22 de mayo de 1975 y el 30 de septiembre de
2010, es decir, durante 34 años, 1 mes y 8 días y a Colpensiones en el periodo
comprendido entre el 1 de octubre de 2010 hasta el 30 de marzo de 2014, es decir,
por un total de 4 años, 8 meses y 29 días.

13 Contenido en el CD contenido en el folio 185 del cuaderno 1 del expediente.

14 Contenido en el CD que se encuentra en el folio 185 del cuaderno 1 del expediente.

15 Folio 177 y siguientes del cuaderno 1 del expediente.

9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00012-01
Número interno: (0971-2022)
Demandante: Amira Villanueva Llerena

• Mediante Resolución GNR186857 de 18 de julio de 2013 Colpensiones reconoció
una pensión de vejez a la demandante, pero la dejó en suspenso hasta tanto
acreditara el retiro efectivo del servicio.16

• A través de Resolución GNR 181394 de 11 de agosto de 2014 Colpensiones
reliquidó la pensión de la señora Villanueva Llerena por efectuarse su retiro
efectivo del servicio, y ordenó su ingreso a la nómina de pensionados a partir del
1. ° de abril de 2014.17

• Colpensiones le solicitó a la señora Villanueva Llerena su autorización para
revocar la Resolución DNR 186857 de 18 de julio de 2013, a través de
comunicaciones de 26 de noviembre de 2015 y de 13 de enero de 201618.

• Mediante escrito radicado el 13 de mayo de 2016, esta autorizó a Colpensiones
para revocar la Resolución GNR186857 de 18 de julio de 2013.19

• A través de Resolución GRN185064 de 23 de junio de 2016, Colpensiones revocó
la Resolución GNR186857 de 18 de julio de 2013, alegando la falta de
competencia para reconocer y pagar la pensión.20

• Mediante Resolución GNR 2345 de 5 de enero de 2017, Colpensiones suspendió
el giro de dineros a la demandante, y ordenó la devolución de los dineros pagados
por concepto de pensión en el periodo comprendido entre el marzo de 2014 y junio
de 2016.21

• Contra la anterior decisión interpuso los recursos de reposición y apelación, que
fueron resueltos a través de las Resoluciones GNR 38160 de 2 febrero de 2017 y
DIR 2536 de 30 de marzo de 2017 en las que confirmó la Resolución GNR 2345
de 5 de enero de 2017.

• La Resolución DIR 2536 de 30 de marzo de 2017 fue notificada a la demandante
el 17 de abril de 2017.22

16 Folio 27 del cuaderno 1 del expediente

17 Folio 32 del cuaderno 1 del expediente

18 Contenido en el CD visible a folio 185 del cuaderno 1 del expediente.

19 Folio 55 del cuaderno 1 del expediente

20 Folio 58 del cuaderno 1 del expediente.

21 Folio 63 del cuaderno 1 del expediente

22 Contenido en el CD visible a folio 185 del cuaderno 1 del expediente.

10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00012-01
Número interno: (0971-2022)
Demandante: Amira Villanueva Llerena

• El 6 de septiembre de 2016 la demandante presentó una solicitud de
reconocimiento de pensión de vejez ante la UGPP, quien dio traslado del proyecto
de resolución a Colpensiones, sin que esta efectuara una solicitud administrativa
que ordenara deducir y reintegrar las sumas que habían sido pagadas por
concepto de mesadas.

• A través de Resolución RDP 23195 de 2 de junio de 201723, la UGPP reconoció
la pensión de vejez a la señora Villanueva Llerena, y esta fue modificada por la
Resolución RDP 29888 de 26 de julio de 2017, que precisó en porcentaje aplicable
como tasa de remplazo sobre el valor del IBL.

• En escrito radicado el 11 de julio de 2017 ante la UGPP, la demandante solicitó
aclaración y o complementación de la parte resolutiva de la Resolución RDP 23195
de 2 de junio de 2017 en relación a la posibilidad de reintegrar
interadministrativamente a Colpensiones las sumas pagadas a la demandante por
concepto de pensión el periodo comprendido entre el 1. ° de mayo de 2014 al 1. °
de junio de 2016 o del procedimiento para ello.24

23 Folio 116 del cuaderno 1 del expediente

24 Folio 123 del cuaderno 1 del expediente

11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00012-01
Número interno: (0971-2022)
Demandante: Amira Villanueva Llerena

• A través de oficio de 20 de noviembre de 2017 la UGPP dio respuesta a la anterior
solicitud.25

• Mediante Auto ADP 008874 de 21 de noviembre de 2017 la UGPP le comunicó a
la demandante que remitió el proyecto de la Resolución GNR 2345 del 5 de enero
de 2017 sin que la entidad se pronunciara al respecto.26

3.5.2. Análisis de la Sala

En el caso objeto de estudio, la señora Amira Villanueva Llerena presentó demanda
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el
fin de que se declare la nulidad de la Resolución GNR 2345 del 5 de enero de 2017
expedida por Colpensiones, mediante la cual se ordena a la demandante a efectuar
el reintegro de la suma de los dineros pagados por concepto de mesadas
pensionales y de las Resoluciones GNT 38106 de 2 de febrero de 2017 y DIR 2536
del 30 de marzo de 2017 expedidos por la Gerencia Nacional de Reconocimiento
de Colpensiones a través de la cual se resolvieron los recursos de reposición y

25 Folio 112del cuaderno 1 del expediente

26 Folio 128 del cuaderno 1 del expediente

12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00012-01
Número interno: (0971-2022)
Demandante: Amira Villanueva Llerena

apelación contra dicha decisión.

Así mismo, se solicitó la nulidad de la Resolución 001752 de 30 de noviembre de
2017, expedida por Dirección de Cartera de la Gerencia Nacional de Cobro
Coactivo de Colpensiones dentro del proceso de cobro coactivo DCR 20172017-
001752, sin embargo, en el curso de la audiencia inicial tramitada en primera
instancia el juez declaró probaba la excepción de falta de jurisdicción sobre esta
última, y dicha decisión quedó en firme, pues contra ella no se presentaron
recursos, por lo que el presente asunto se circunscribe a determinar únicamente la
legalidad de las primeras resoluciones.

Teniendo en cuenta que el caso concreto no se discute la legalidad de los actos
expedidos dentro del proceso de cobro coactivo, sino de actos expedidos por
Colpensiones a través de los cuales se ordenó el reintegro de las mesadas
pensionales pagadas a la demandante, y que los mismos tienen carácter laboral,
esta sección es competente para conocer del presente asunto.

Ahora bien, advierte la Sala que el artículo 164 de la Ley 1437 de 2011 estableció
el término en el cual la persona debe acudir a la jurisdicción a impugnar un acto
administrativo de contenido particular para evitar la caducidad del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, y para el efecto consagró el plazo de
cuatro (4) meses siguientes al día de la comunicación, notificación, ejecución o
publicación del acto administrativo.

Revisado el expediente se observa que el último acto demandado es la Resolución
DIR 2536 del 30 de marzo de 2017, que fue notificada a la demandante el 17 de
abril de 2017 y que la demanda fue presentada el 17 de enero de 201827, es decir,
más de 4 meses después de la notificación del acto administrativo, por lo que en el
presente asunto se configuró la caducidad de la acción.

Es necesario precisar que no se allegó al proceso constancia de que se hubiese
presentado solicitud de conciliación prejudicial que hubiese interrumpido el término
de la caducidad y que tampoco se encuentra inmersa en una de las circunstancias
excepcionales en los cuales la demanda se puede presentar en cualquier tiempo.

Finalmente, advierte la Sala que otras oportunidades, esta Corporación ha
señalado que cuando se discute la legalidad de actos en los que se reclaman
prestaciones laborales que tengan naturaleza unitaria, frente a la pretensión de
nulidad de las resoluciones mencionadas debe atenerse al término de caducidad
para la presentación del medio de control que corresponde, es decir, 4 meses:

“Al respecto, se señala que la suma que se le ha imputado al señor Guillermo
Gutiérrez Arroyo tiene origen en el valor, que según afirma la UGPP, el demandante
adeuda al Tesoro Público, en razón de dineros percibidos por concepto de pensión
gracia, a pesar de que conocía que no era beneficiario de la misma.

27 Folio 1 del cuaderno 1 del expediente.

13
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00012-01
Número interno: (0971-2022)
Demandante: Amira Villanueva Llerena

“De esta manera, se aprecia que lo discutido en el presente asunto es la presunción
de legalidad de la resolución que fijó el monto adeudado por el demandante, aquella
que la confirmó y la que concluyó la actuación administrativa. Es decir, lo debatido
concierne a una suma única y que no se generará sucesivamente en el tiempo,
porque la obligación ya fue determinada y consolidada en una prestación unitaria,
esto es, la cifra de $360.118.417,60.

Así las cosas, se evidencia que la prestación de que tratan los actos administrativos
demandados tiene la naturaleza de unitaria. Por ende, la pretensión de nulidad de
las resoluciones mencionadas debe atenerse al término de caducidad para la
presentación del medio de control que corresponde, es decir, 4 meses.”28

De acuerdo con lo anterior, aunque en las resoluciones demandadas se ordena la
devolución de las mesadas pensionales, la suma se estableció como un pago único,
por lo que esta no tiene el carácter de prestación periódica que haga posible que
los actos acusados puedan demandarse en cualquier tiempo.

En ese sentido la Sala revocará la decisión que negó las pretensiones de la
demanda y declarará probada la ocurrencia del fenómeno de la caducidad.

3.7. De la condena en costas en segunda instancia.

En el caso concreto, no se advierte que haya lugar a condenar en costas pues
aunque en anteriores oportunidades esta Sala de Subsección realizaba una
valoración objetiva para determinar si había, o no, lugar a condenar en costas,
actualmente, con la entrada en vigencia de la Ley 2080 de 2021, es procedente
efectuar un estudio respecto de la conducta de las partes en el proceso y la carencia
de fundamentación jurídica, por lo que en esos términos al hacer extensiva esa
interpretación al caso bajo análisis, de la revisión de los argumentos presentados
por las partes, no puede observarse dicha situación, y por el contrario se observa
que se sustentaron las razones en defensa jurídica de los intereses y, por ende, no
se condenará en costas.

FALLA

PRIMERO: Revocar la sentencia de 8 de agosto de 2019 proferida por el Tribunal
Administrativo del Magdalena, dictada dentro del proceso del epígrafe, de
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declarar probada de oficio la configuración del medio exceptivo de
caducidad, conforme a las consideraciones realizadas en precedencia.

28
Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Segunda -Subsección A . Auto de 9 de
septiembre de 2021 Radicación número: 25000-23-42-000-2016-04690-01(2538-21) consejero ponente:
William Hernández Gómez

14
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 47001-23-33-000-2018-00012-01
Número interno: (0971-2022)
Demandante: Amira Villanueva Llerena

TERCERO: Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada esta decisión, devolver el expediente al Tribunal de origen
previas las anotaciones pertinentes en el programa «SAMAI».

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

15
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.