Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01563-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2019-01563-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2019-01563-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
26 de junio de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de junio de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 25000-23-42-000-2019-01563-02 (2519-2024)
Demandante: Germán Gilberto Acero Calderón
Demandada: UGPP y Colpensiones
Temas: Declaratoria de oficio de la excepción de caducidad del medio de
control. REVOCA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala los recursos de apelación interpuestos por las partes contra la
sentencia proferida el quince (15) de diciembre de dos mil veintitrés (2023) por el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que concedió parcialmente las
pretensiones.
ANTECEDENTES
El señor Germán Gilberto Acero Calderón instauró demanda contra la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social – UGPP, la Administradora Colombiana de Pensiones –
Colpensiones, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se accediera a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de los artículos octavo, noveno y décimo segundo de la
Resolución GNR 241316 de 10 de agosto de 2015 y, primero y segundo de la
Resolución VPB 23610 de 31 de mayo de 2016 (que modificó la anterior), por medio
de las cuales Colpensiones ordenó reintegrar la suma de $192.753.022 «(…) por
concepto de pensión del retroactivo girado al afiliado».
Que se declaren ilegales las “notas crédito”; descuentos realizados por
Colpensiones de la mesada pensional desde diciembre de 2017 hasta octubre de
2022 por valor de $212.313.876, dinero que le debía ser restituido a título de
restablecimiento del derecho.
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También, a título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene el pago de los
intereses moratorios sobre el retroactivo de $48.386.186, correspondiente al
periodo de enero de 2011 a julio de 2015, conforme al artículo 141 de la Ley 100 de
1993, calculados desde enero de 2011 por ser la fecha en que debió realizarse el
primer pago, hasta noviembre de 2022 cuando finalmente se pagó dicho monto.
Pidió que los valores a restituir por Colpensiones fueran ajustados según el IPC,
que se le aplicaran intereses moratorios si no cumplía el fallo a tiempo, y que tanto
Colpensiones como la UGPP asumieran las costas y agencias en derecho.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que mediante Resolución N° 0037 del 19 de enero de 2007 la E.S.E Luis Carlos
Galán Sarmiento, hoy UGPP le reconoció una pensión de jubilación por valor de
$3.464.465, efectiva a partir del 30 de diciembre de 2006.
Que el 18 de febrero de 2011, pidió al ISS que le reconociera su pensión, pero esta
fue negada. Presentó los recursos legales y, finalmente, por Resolución GNR
158637 del 28 de junio de 2013, se accedió a su reconocimiento en un valor mensual
de $5.086.008, con retroactivo desde el 22 de enero de 2011, por un total de
$163.568.864.
Que a través de Resolución GNR 241316 del 10 de agosto de 2015, Colpensiones
señaló que el retroactivo reconocido no correspondía al pensionado y ordenó el
reintegro de $192.104.522, decisión contra la cual interpuso recurso de apelación,
pero fue confirmada por medio de la Resolución VPB 23610 del 31 de mayo de
2016.
Que a pesar de que el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 exige consentimiento
previo, expreso y escrito para revocar actos administrativos que reconocen
derechos pensionales, Colpensiones revocó de forma unilateral la Resolución que
le otorgó el derecho pensional y su retroactivo. Con base en dicha revocatoria
irregular, inició un proceso de cobro coactivo mediante la Resolución 015702 del 17
de noviembre de 2016, por $192.753.022 más intereses y costas.
Que bajo presión de la entidad y sin acuerdo formal, abonó $45.000.000 el 18 de
abril de 2017. Sin embargo, Colpensiones continuó aplicando descuentos
mensuales de $2.884.722 entre diciembre de 2017 y octubre de 2022, bajo el
concepto de "notas crédito", sin sustento legal ni autorización, lo que representó una
retención total de $212.313.876.
Que, pese a las solicitudes formales presentadas, Colpensiones nunca resolvió de
fondo sus peticiones. Solo hasta junio de 2022 dio por terminado el proceso de cobro
coactivo, por pago total de la deuda, y en noviembre del mismo año, ordenó el pago
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parcial del retroactivo pensional que le correspondía por $48.386.186, omitiendo el
reconocimiento de los intereses moratorios conforme al artículo 141 de la Ley 100
de 1993.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Citó como vulnerados los artículos 1°, 2°, 4°, 29°, 53°, 121°, 122°, 123°, 125°, 209°
de la Constitución Política, y 97°, 98°, 99°, 138°, y siguientes de la Ley 1437 de
2011.
Como concepto de violación, sostuvo que Colpensiones vulneró el debido proceso
al revocar unilateralmente sin su consentimiento ni decisión judicial el acto que le
reconoció su pensión, incumpliendo el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011. Que, en
lugar de demandar el acto, inició un cobro coactivo sin título ejecutivo y descontó
mensualmente $2.884.722 de su mesada entre 2017 y 2022 sin soporte legal ni
autorización. Que, pese a las solicitudes del actor, la entidad no justificó sus
acciones ni pagó intereses moratorios por mesadas adeudadas, violando derechos
como la confianza legítima, el respeto al acto propio y la seguridad social.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda inicialmente fue presentada el 1° de noviembre de 2019 ante el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca1, quien la inadmitió y con posterioridad la
rechazó por falta de subsanación. Decisión que fue revocada por esta Corporación2,
razón por la cual fue admitida, el 1° de noviembre de 20223.
Colpensiones se opuso a las pretensiones para lo cual afirmó que las resoluciones
que modificaron la pensión fueron legales, porque establecieron correctamente su
carácter compartido con la UGPP, lo que implicó la devolución de sumas pagadas
indebidamente. Que, ante la falta de reintegro voluntario, la entidad aplicó
descuentos mensuales sobre su pensión, logrando recuperar la totalidad de la
deuda, por lo que se cerró el proceso de cobro coactivo. Sostuvo que no hay lugar
al pago de intereses moratorios por no ser nulos los actos administrativos
demandados, ni existir obligación vigente, y propuso excepciones de inexistencia
de obligación y cobro de lo no debido, prescripción y buena fe. Solicitó que, en caso
de negarse las pretensiones, se impongan costas al demandante.
La UGPP alegó falta de legitimación en la causa por pasiva, porque la pensión
reconocida por la ESE Luis Carlos Galán fue complementada por Colpensiones,
quien asumió el 100% del pago al no existir diferencia pensional compartida.
Sostuvo que no tenía obligación alguna, pues la demanda no estaba dirigida en su
contra y los descuentos realizados fueron por parte de Colpensiones. Propuso las
1 SAMAI. Trámite en otras Corporaciones. Índice 1. Actuación denominada: Reparto y radicación.
2 SAMAI. Trámite en otras Corporaciones. Rad: 25000-23-42-000-2019-01563-01 (2305-2021). Índice 3. Archivo
denominado: 4_250002342000201901563011AUTOSINTERLOCU20210826150209.
3 SAMAI. Trámite en otras Corporaciones. Índice 48. Archivo denominado: 31_AUTOADMITEDEMANDA(.pdf).
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excepciones de inexistencia de obligación, prescripción y buena fe, y resaltó la
presunción de legalidad de los actos administrativos. Finalmente, solicitó negar las
pretensiones al no existir derecho a una pensión adicional.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, accedió parcialmente a las
pretensiones. Consideró que Colpensiones vulneró el derecho al debido proceso, al
revocar de manera unilateral un acto administrativo en firme (la resolución que
reconoció el pago del retroactivo pensional), sin contar con su consentimiento
previo, expreso y escrito, como lo exige el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011.
Encontró acreditado que Colpensiones realizó descuentos mensuales en la pensión
del actor entre diciembre de 2017 y octubre de 2022, sin contar con orden judicial ni
acuerdo de pago. Que estos descuentos se hicieron con el fin de recuperar valores
girados por error y por concepto de retroactivo, pero se ejecutaron de forma
arbitraria, afectando de manera sustancial los ingresos del señor Acero Calderón.
Que las deducciones superaron los tres salarios mínimos mensuales legales
vigentes y pudieron comprometer el mínimo vital del pensionado.
Ordenó que Colpensiones devolviera todas las sumas descontadas indebidamente
con su indexación. Sin embargo, también aclaró que el señor Germán Gilberto
Acero Calderón no tenía derecho a quedarse con la totalidad del retroactivo
originalmente recibido, porque parte de ese dinero le correspondía a la UGPP (como
sucesora de la ESE que inicialmente había cofinanciado la pensión).
Indicó que Colpensiones debía iniciar un proceso judicial de nulidad y
restablecimiento del derecho por lesividad, para que sea la jurisdicción contenciosa
administrativa la que determinara si debía revocarse judicialmente el acto inicial que
otorgó el retroactivo completo, y si procedía o no la devolución de las sumas que el
actor recibió sin tener derecho a ellas.
Finalmente, consideró que no había lugar al reconocimiento de intereses moratorios
sobre el retroactivo pensional que fue validado en 2022, porque dicho derecho se
encontraba en disputa y no había sido reconocido válidamente hasta ese momento.
En cuanto a la UGPP, se declaró la excepción de falta de legitimación en la causa
por pasiva, porque no intervino en los actos administrativos ni en los descuentos
cuestionados, y, por tanto, no tenía responsabilidad en las decisiones adoptadas.
RECURSO DE APELACIÓN
Colpensiones, interpuso recurso de apelación en el que afirmó que al demandante
le fue reconocida erróneamente una pensión de vejez mediante Resolución GNR
158637 del 28 de junio 2013, que posteriormente fue corregida mediante actos
administrativos que determinaron que su prestación económica era de carácter
compartida, por lo cual el retroactivo debía girarse a la UGPP.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01563-02 (2519-2024)
Insistió en que el total del retroactivo pagado directamente al pensionado no le
correspondía. Que su parte fue dejada en suspenso hasta la recuperación de las
sumas, mientras que el restante fue girado a la UGPP. Que no había lugar al
reconocimiento de intereses moratorios, pues no existió mora injustificada en el
pago de una prestación válidamente concedida, porque la resolución inicial estaba
viciada de nulidad y fue corregida conforme a derecho.
El accionante interpuso recurso de apelación, solicitó que se modificara la
sentencia de primera instancia, en el sentido de que se concedieran, además, los
intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, negados
por el Tribunal. Sostuvo que la norma citada, no exige que exista un acto previo de
reconocimiento y tampoco que el derecho no esté en discusión.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 17 de junio de 2024 se admitieron los recursos.4 Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.
Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
Antes de entrar a resolver el fondo del asunto, resulta necesario resaltar que
conforme lo dispone el artículo 187 del CPACA, en la sentencia se decidirá sobre
las excepciones propuestas y cualquiera otra que el fallador encuentre probada,
además, se indica que el silencio del inferior no impedirá que el superior estudie y
decida todas las excepciones de fondo, propuestas o no, sin perjuicio de la no
reformatio in pejus.
Bajo el anterior entendido, esta Subsección estudiará si la demanda de nulidad y
restablecimiento propuesta por el señor Germán Gilberto Acero Calderón fue
presentada dentro del término oportuno.
De la caducidad para el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho
La caducidad ha sido considerada como un instrumento a través del cual se limita
el ejercicio de los derechos individuales y subjetivos de los administrados, en
desarrollo del principio de la seguridad jurídica, bajo criterios de racionalidad y
suficiencia temporal para la reclamación judicial de los derechos. Por consiguiente,
esta figura no debe considerarse en forma alguna como una violación o
desconocimiento de la garantía constitucional del libre acceso a la administración
de justicia.5
4 SAMAI, índice 06, archivo denominado: 8Auto que admite_25192024Admiterecurs(.pdf)
5 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, auto del 4 de junio de 2020, radicado 85001-23-33-000-
2019-00013-01 (1933-2019).
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Sobre dicha figura, esta Sección indicó lo siguiente:6
[...] la caducidad comporta el término dentro del cual es posible ejercer el derecho de
acción, y constituye un instrumento que salvaguarda la seguridad jurídica y la
estabilidad de las relaciones entre individuos, y entre estos y el Estado. El acceso a
la administración de justicia, garantizado con el establecimiento de diversos procesos
y jurisdicciones, conlleva el deber de un ejercicio oportuno, razón por la cual, se han
establecido legalmente términos de caducidad para racionalizar el ejercicio del
derecho de acción, so pena de que las situaciones puedan ser ventiladas en vía
judicial.
En consonancia con tales consideraciones, en materia de lo contencioso
administrativo, la Ley 1437 de 2011 dispuso la oportunidad para presentar la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, de la siguiente forma:
Artículo 164. Oportunidad para presentar la demanda. La demanda deberá ser
presentada:
[…]
2. En los siguientes términos, so pena de que opere la caducidad:
[…]
d) Cuando se pretenda la nulidad y restablecimiento del derecho, la demanda deberá
presentarse dentro del término de cuatro (4) meses contados a partir del día siguiente
al de la comunicación, notificación, ejecución o publicación del acto administrativo,
según el caso, salvo las excepciones establecidas en otras disposiciones legales.
Esta misma normativa en el literal c) del ordinal 1. ° consagra como excepciones al
término de caducidad del medio de control, entre otras: i) cuando se dirija contra
actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas.
De las prestaciones periódicas
Respecto al carácter de periodicidad de una prestación, se ha señalado por la
Sección7 que las mismas se refieren a aquellas prestaciones que son de término
indefinido, como el caso de las pensiones, es decir, de aquellos derechos que
subsisten durante la vida de su titular o sus sucesores, pues sólo en esa
interpretación era razonable la decisión del legislador de permitir que en cualquier
tiempo se cuestionen tales prestaciones, distinguiéndolas de otros derechos
laborales que no tienen el carácter de vitalicios y, en ese sentido, la controversia
sobre ellos está sujeta a los términos de caducidad.
En un asunto con contornos fácticos similares al ahora estudiado, esta Subsección8
consideró que como lo debatido no era el derecho pensional de la parte demandante
sino la suma de dinero que la entidad debía devolver, tal dinero no tiene el carácter
de periódico, sino que se trata de una suma única, veamos:
6 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de mayo de 2014, radicado 08001-23-
31-000-2012-02445-01 (2725-12).
7 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 15 de septiembre de 2011, Radicado
23001-23-31-000-2011-00026-01, auto del 23 de julio de 2020, radicado 08001-23-33-000-2018-00554-01
(4691-2019).
8 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, providencia del 24 de octubre de 2024 radicado 68001-
23-33-000-2021-00046-01 (3315-2021).
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01563-02 (2519-2024)
«Bajo ese contexto, es menester recordar que la actora pretende, a través del
medio de control, la nulidad de los actos administrativos que ordenaron la
devolución de los dineros pagados por concepto de «doble pago» y su
confirmación, según Colpensiones, sin tener derecho a ello.
A juicio de la Sala dado que lo debatido no es el derecho pensional de la
actora, sino una suma de dinero que en criterio de la entidad de seguridad
social debe devolver la señora María Mancilla, contrario a lo manifestado por
la apelante, tal cobro no tiene el carácter de periódico, pues se reitera lo
debatido concierne a una suma única, producto de una obligación que fue
determinada y consolidada en un valor específico, esto es 55.248.625 COP.
Y es que, aunque en las resoluciones demandadas se ordenó la devolución
de las mesadas pensionales, la suma se estableció como un pago único, que
se causó en un periodo determinado.9
Así las cosas, al no tener lo reclamado la condición de prestación periódica,
se aplica el término de caducidad de 4 meses que establece el artículo 164
del CPACA».
En otro asunto, igualmente se concluyó que lo que se discutía a través del medio
de control impetrado era la nulidad de unos actos administrativos expedidos por la
administradora de pensiones a través de los cuales se ordenó el reintegro de unas
mesadas pensionales pagadas, se indicó en la referida sentencia:10
«Finalmente, advierte la Sala que, en otras oportunidades, esta Corporación
ha señalado que cuando se discute la legalidad de actos en los que se
reclaman prestaciones laborales que tengan naturaleza unitaria, frente a la
pretensión de nulidad de las resoluciones mencionadas debe atenerse al
término de caducidad para la presentación del medio de control que
corresponde, es decir, 4 meses:
Al respecto, se señala que la suma que se le ha imputado al señor Guillermo
Gutiérrez Arroyo tiene origen en el valor, que según afirma la UGPP, el
demandante adeuda al Tesoro Público, en razón de dineros percibidos por
concepto de pensión gracia, a pesar de que conocía que no era beneficiario
de la misma.
De esta manera, se aprecia que lo discutido en el presente asunto es la
presunción de legalidad de la resolución que fijó el monto adeudado por el
demandante, aquella que la confirmó y la que concluyó la actuación
administrativa. Es decir, lo debatido concierne a una suma única y que no se
generará sucesivamente en el tiempo, porque la obligación ya fue determinada
y consolidada en una prestación unitaria, esto es, la cifra de $360.118.417,60.
Así las cosas, se evidencia que la prestación de que tratan los actos
administrativos demandados tiene la naturaleza de unitaria. Por ende, la
pretensión de nulidad de las resoluciones mencionadas debe atenerse al
término de caducidad para la presentación del medio de control que
9 A esa misma conclusión, se llegó en la sentencia del 1° de agosto de 2024 con radicado 47001-23-33-000-
2018-00012-01 (0971-2020), Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, C.P: Luis Eduardo Mesa
Nieves.
10 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 1° de agosto de 2024 radicado 47001-
23-33-000-2018-00012-01 (0971-2020).
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01563-02 (2519-2024)
corresponde, es decir, 4 meses.11
De acuerdo con lo anterior, aunque en las resoluciones demandadas se
ordena la devolución de las mesadas pensionales, la suma se estableció como
un pago único, por lo que esta no tiene el carácter de prestación periódica que
haga posible que los actos acusados puedan demandarse en cualquier
tiempo».
Resolución del caso concreto
En el presente asunto se pretendió la nulidad de algunos artículos de las
Resoluciones GNR 241316 de 10 de agosto de 2015 y VPB 23610 de 31 de mayo
de 2016 mediante las cuales Colpensiones ordenó al señor Acero Calderón el
reintegro de $192.753.022.
La prestación de que tratan los actos administrativos demandados tiene la
naturaleza de unitaria, en ese sentido, el término para demandar su legalidad a
través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, conforme el
artículo 164 numeral 2 literal d de la Ley 1437 de 2011, es de 4 meses siguientes a
partir de la notificación, comunicación, ejecución o publicación.
De la revisión de las pruebas allegadas12, la Sala observa que la Resolución GNR
241316 de 10 de agosto de 2015 fue notificada personalmente al actor el 11 de
septiembre de 2015. Que en su contra interpuso recurso de apelación siendo
decidido a través de la Resolución VPB 23610 del 31 de mayo de 2016, el cual fue
notificado personalmente al señor Germán Gilberto Acero Calderón el 14 de julio de
2016.
En consecuencia, la parte demandante contaba con 4 meses siguientes a partir de
la notificación del acto que puso fin a la actuación administrativa para presentar el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho. Es decir, a más tardar
el 15 de noviembre de 2016, sin embargo, la demanda solo se presentó el 1° de
noviembre 201913, escenario que permite concluir que fue presentada de manera
extemporánea.
En este sentido, la Subsección revocará la decisión que accedió parcialmente a las
pretensiones y declarará probada de oficio la excepción de caducidad del medio de
control.
Ante la decisión anterior que pone fin al proceso, la Sala no encuentra necesario
estudiar los demás motivos de apelación.
11 Consejo de Estado -Sala de lo Contencioso Administrativo -Sección Segunda -Subsección A, auto de 9 de
septiembre de 2021 Radicación número: 25000-23-42-000-2016-04690-01(2538-21) consejero ponente:
William Hernández Gómez
12 SAMAI. Trámite en otras Corporaciones. Índice 58. Archivo denominado:
43_25000234200020190156301RECIBEMEMORIAL20230117144157.pdf. Enlace: CC-19135505 Expediente
Administrativo.zip. Archivos: GEN-RES-CO-2015_8552127-20150911050421.pdf y GEN-RES-CO-
2016_8073333-2016071403845.pdf.
13 SAMAI. Trámite en otras Corporaciones. Índice 1. Actuación denominada: Reparto y radicación.
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Radicado: 25000-23-42-000-2019-01563-02 (2519-2024)
De la condena en costas en segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 202114 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que en el presente caso, aplicando el criterio anunciado, y observando
los argumentos esbozados por las partes recurrentes en sus distintas
intervenciones, no se presenta tal supuesto, por el contrario, en los escritos de
alzada manifestaron argumentos razonables en defensa jurídica de sus intereses,
de manera que no se impondrá condena en costas en esta instancia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
Primero. REVOCAR la sentencia proferida el quince (15) de diciembre de dos mil
veintitrés (2023) por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda. En su lugar, se declara probada de
oficio la excepción de caducidad del medio de control, de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia.
Segundo. Sin condena en costas de segunda instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
14 Artículo 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta
carencia de fundamento legal.
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