Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00089-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00089-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2021-00089-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de mayo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00089-01 (2113-2024)
Demandante: Antonia Henríquez Fontalvo
Demandado: Universidad del Atlántico
Tema: Reajuste mesada pensional. CONFIRMA SENTENCIA
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la
sentencia proferida el doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022) por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Antonia Henríquez Fontalvo instauró demanda en ejercicio del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo
138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA), con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de las comunicaciones sin fecha, recibidas el 15 de
octubre y 7 de diciembre de 2020 a través de las cuales la Universidad del
Atlántico negó el reconocimiento y pago del reajuste de la mesada con base en
el salario mínimo legal vigente de conformidad con el artículo 1 de la Ley 71 de
1988.
3. A título de restablecimiento del derecho solicita se ordene reajustar la pensión
con base en el salario mínimo en vez del IPC, desde el año 2000 en adelante.
Que se pague el retroactivo causado a su favor por las diferencias de las
mesadas incrementadas. Que las sumas adeudadas sean indexadas y se
paguen los intereses a los que hubiere lugar. Que se dé cumplimiento a la
sentencia conforme a lo dispuesto en el artículo 192 del CPACA. Que se
condene en costas y agencias en derecho.
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4. HECHOS
5. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
6. Que prestó sus servicios a la Universidad del Atlántico desde el 13 de
septiembre de 1974 hasta el 1.º de julio de 1996 y que una vez cumplió los
requisitos establecidos en el literal b) del artículo 9.° de la Convención Colectiva
de Trabajo de 1976, la Universidad le reconoció una pensión de jubilación por
Resolución 000112 del 14 de febrero de 1997, con efectos a partir del 1.º de
julio de 1996, con un monto inicial de la primera mesada pensional de
$1.116.342,00 y correspondió al 100% del último salario devengado.
7. Que conforme al numeral segundo del acto administrativo de reconocimiento,
la entidad debía realizar el reajuste anual de la mesada de manera automática,
con el mismo porcentaje en que fuera incrementado el salario mínimo por el
Gobierno, de acuerdo con la Ley 71 de 1988.
8. Que la Universidad mantuvo la actualización en esos términos entre los años
1997 y 1999 y a partir de enero de 2000, decidió de manera unilateral y sin el
consentimiento previo, modificar el mecanismo de reajuste anual de la mesada
pensional, sustituyendo el incremento basado en el salario mínimo por el
aumento del IPC. Que debido a ese cambio, entre el 1º de enero de 2000 y el
31 de diciembre de 2020 dejó de recibir aproximadamente $157.700.347,29.
9. Que el 3 de septiembre de 2020, solicitó el reconocimiento y pago de sus
derechos convencionales y legales, en particular el reajuste de su mesada
pensional desde el 1.º de enero de 2000 conforme al incremento del salario
mínimo, así como el retroactivo correspondiente, los intereses moratorios,
actualizaciones e indexaciones a los que haya lugar. Siendo negada su petición
a través de los actos demandados.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
10. Citó como vulnerados los artículos 53 de la Constitución Política, 21 del Código
Sustantivo del Trabajo 93 y 97 del CPACA.
11. Que la Universidad del Atlántico, a partir de enero de 2000, decidió de manera
unilateral y arbitraria modificar el mecanismo de incremento de la mesada
pensional, sin tener su consentimiento previo y tampoco contar con un fallo
judicial, revocando el numeral segundo de la Resolución 000112 de 1997, cuya
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base del ajuste era el salario mínimo. Que, en su lugar, la entidad adoptó el
índice del IPC, lo que resultó en una disminución del 28.25% en los ingresos
pensionales entre 2000 y 2020.
12. Que la administración vulneró los artículos 93 y 97 del CPACA ya que no se
configuraron las causales para tal revocatoria. Que, en virtud de los principios
de favorabilidad, in dubio pro operario y el de la condición más beneficiosa, no
es posible aplicar el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, al ser una norma
posterior desfavorable.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
13. La demanda fue admitida el 16 de julio de 2021, la demandada manifestó que
la pensión de carácter convencional fue otorgada cuando ya había entrado en
vigor la Ley 100 de 1993, y en ese orden, el reajuste pretendido debe regirse
por lo dispuesto en el artículo 14, sin que sea procedente aplicar la Ley 71 de
1988, pues resulta incompatible con el ordenamiento jurídico vigente.
14. Que la diferencia en los métodos de actualización tiene una justificación
razonable, porque los pensionados que devengan un salario mínimo se
encuentran en una situación económica más vulnerable y requieren un reajuste
que se acompase con ese aumento para proteger su poder adquisitivo. Que, en
el caso de la actora, es viable que se ajuste con base al IPC, puesto que el
beneficio supera el SMLMV.
15. Que de acuerdo con la sentencia C-387 de 1994, los pensionados no tienen un
derecho adquirido sobre el reajuste anual, sino una mera expectativa, razón por
la que es posible aplicar el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 a las pensiones
reconocidas con anterioridad a su vigencia.
16. Que no hay lugar a la indexación o intereses moratorios reclamados, porque la
demandante ha recibido oportunamente el pago de la prestación conforme con
la normatividad aplicable. Adicionalmente, señaló que el reconocimiento
concomitante de ambos conceptos es incompatible, porque buscan reparar el
mismo perjuicio.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
17. El Tribunal Administrativo del Atlántico en sentencia del doce (12) de agosto de
dos mil veintidós (2022) negó las pretensiones por considerar que debe
aplicarse lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, el cual establece
el sistema de actualización basado en el IPC, esto porque, al momento del
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reconocimiento de la pensión, ya estaba vigente el Sistema General de
Pensiones y el fundamento que originalmente se utilizó para el reajuste
pensional (Ley 71 de 1988) había sido derogado.
18. Que, conforme a lo señalado por el Tribunal Constitucional, el reajuste de las
mesadas pensionales no constituye un derecho adquirido, sino una mera
expectativa, el cual depende de lo que determine el legislador en ejercicio de
su libertad de configuración.
19. Que el Consejo de Estado1 y la Corte Suprema de Justicia acogieron el criterio
de la Corte Constitucional sobre la derogatoria tácita del artículo 1.° de la Ley
71 de 1988. Al respecto, citó la sentencia C-110 de 1996, que dispuso que, a
partir de la vigencia de la Ley 100 de 1993, las pensiones reconocidas antes y
después de esa norma se reajustan conforme al artículo 14 de la misma,
tomando en cuenta la variación porcentual del IPC. También hizo referencia a
la sentencia del 18 de agosto de 20212 en la que se manifestó que, dado que
la ley 71 fue modificada en este punto, no existe conflicto entre las normas
vigentes ni condiciones que justifiquen mantener el sistema anterior de
actualización.
RECURSO DE APELACIÓN
20. La demandante interpuso recurso de apelación en el que sostuvo que el
incremento pensional debe realizarse con base en el salario mínimo, tal como
se estableció en los artículos 1.º de la Ley 71 de 1988 y segundo de la
Resolución 000112 de 1997, mediante la cual se le reconoció la prestación.
Que cualquier modificación, revocatoria parcial o total de forma unilateral y sin
el consentimiento previo, expreso y escrito de la pensionada o la orden de un
juez, es arbitrario e ilegal.
21. Que, pese a que existía un derecho claro y definido en la concesión, el juez de
primera instancia ratificó un cambio en el método de incremento, pues aplicó el
IPC previsto en una norma posterior, artículo 14 de la Ley 100 de 1993, lo cual
resulta desfavorable y violatorio de los principios de favorabilidad, in dubio pro
operario y el de la condición más beneficiosa, por cuanto lo previsto en el
Sistema General de Pensiones en este aspecto, en relación con la ley 71, es
desfavorable.
1 Sentencia de 17 de agosto de 2017. Expediente: 11001-03-24-000-2010-00007-00 (3294-2014).
2 Expediente: SL3865-2021.
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22. Que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, 3 un acto
administrativo de carácter particular y concreto solo es revocable con el
consentimiento del titular, sin el cual, la entidad debe demandar su propio acto
ante la jurisdicción. Excepcionalmente, procede la revocatoria directa, cuando
se trata de un acto fruto del silencio administrativo positivo y si es evidente que
ocurrió por medio ilegales.
23. Que el Consejo de Estado ha estudiado asuntos similares4 en los que ha
declarado la improcedencia de la acción de tutela o ha denegado el amparo
solicitado por la Universidad del Atlántico. Que en dichas oportunidades, se
advirtió que la autoridad judicial había realizado un análisis adecuado de las
normas que debían ser atendidas por la administración, específicamente los
artículos 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo (hoy artículo 97 del
CPACA), y que el juez encontró que fueron desconocidas por el ente educativo,
teniendo en cuenta que el estudio se centró en la actuación mediante la cual la
aludida institución modificó de manera unilateral, sin el consentimiento previo,
el acto de reconocimiento en lo que concierne a la actualización de la
prestación, y no en la norma que regula el reajuste de la pensión.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
24. El 7 de octubre de 2024 se admitió el recurso. Las partes y el señor agente del
Ministerio Público guardaron silencio en esta etapa procesal.
25. Se decidirá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
26. Corresponde a la Subsección determinar si la actuación de oficio adelantada
por la Universidad del Atlántico a través de la cual actualizó la mesada
pensional reconocida a la demandante con base en el IPC y no en el porcentaje
fijado anualmente para el salario mínimo legal, se encuentra ajustada a
derecho.
Marco normativo aplicable.
Con relación al reajuste o incremento de las pensiones el artículo 1 de la Ley
71 de 1988, establece: «Las pensiones a que se refiere el artículo 1o. de la ley
3 Sentencia T-1080 de 2005
4 Citó las providencias del 16 de septiembre de 2022. Expediente: 110010315000 2022 02975 01; 15 de julio de
2022. Expediente: 11001-03-15-000-2022-02975-00 ;2 de marzo de 2023. Expediente: 11001-03-15-000-2022-
06735-00.
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4a. de 1976, las de incapacidad permanente parcial y las compartidas, serán
reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea
incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual.»
27. Con la expedición de la Ley 100 de 1993 se creó el Sistema de Seguridad Social
Integral al que están sometidos todos los habitantes del territorio nacional en
los términos del artículo 11, modificado por el artículo 1 de la Ley 797 de 2003,
de la siguiente manera:
“El Sistema General de Pensiones consagrado en la presente ley, se aplicará
a todos los habitantes del territorio nacional, conservando y respetando,
adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y
beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas
anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo para quienes
a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder
a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez,
sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial en todos
los órdenes del régimen de prima media y del sector privado en general. Para
efectos de este artículo se respetarán y por tanto mantendrán su vigencia los
derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o
convención colectiva de trabajo. Lo anterior será sin perjuicio del derecho de
denuncia que le asiste a las partes y de que el tribunal de arbitramento dirima
las diferencias entre las partes».
28. A su vez, en el artículo 14 se estableció:
«Con el objeto de que las pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de
sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema
general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se
reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según
la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor5, certificado
por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones
cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán
reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente
dicho salario por el Gobierno.»
29. La Corte constitucional en Sentencia C - 385 de 19946, al efectuar un estudio
de constitucionalidad del artículo 14 (parcial) de la Ley 100 de 1993, manifestó
que con dicha disposición se busca mermar los efectos que la devaluación de
la moneda causa en las mesadas pensionales, porque la Constitución, no
precisa aspectos tales como la proporción en la que debe decretarse el reajuste,
la oportunidad ni la frecuencia y por ello, le corresponde al legislador hacerlo.
5
Aparte subrayado 'según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor' declarado EXEQUIBLE, por
el cargo analizado, relativo a la vulneración del derecho a la vida digna que se desprende de los artículos 1 y 2 de
la Constitución, por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-227-23 de 21 de junio de 2023, Magistrada
Ponente Dra. Natalia Ángel Cabo.
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Magistrado Ponente: Dr. Carlos Gaviria Diaz
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En ese sentido, no puede considerarse como derecho adquirido el porcentaje
en el que se deben incrementar las pensiones sino meras expectativas:
«los pensionados, de acuerdo con la Constitución (art. 53), tienen derecho a
que se les reajuste su pensión en la cuantía que determine la ley, sin que por
ello se desconozca el artículo 58 ibidem, pues no hay derechos adquiridos
sobre el factor o porcentaje en que se deben incrementar las pensiones,
sino meras expectativas. Por tanto, la ley bien puede modificar las normas
que consagran la proporción en que se realizarán los aumentos de las
mesadas pensionales»
Caso concreto
30. En el presente asunto, está Subsección es de la tesis de que, no era necesario
que la demandada solicite el consentimiento previo para efectuar el ajuste de
la mesada de conformidad al IPC por las siguientes razones:
31. En primer lugar, porque si bien es cierto, en el acto que reconoció a la
demandante el derecho a la pensión de jubilación se dispuso que los ajustes
sobre la misma se debían efectuar de conformidad con el artículo 1 de la Ley
71 de 1988, esto es, atendiendo al incremento del salario mínimo, también lo
es que para la fecha en que fue reconocida la prestación económica ya se
encontraba vigente el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, el cual consagra el
reajuste de la mesada pensional con base en el IPC.
32. Se advierte que tanto la jurisprudencia de esta corporación7 como de la Corte
Suprema de justicia8 han interpretado que el artículo 14 de la citada ley derogó
tácitamente el reajuste establecido anteriormente en el artículo 1 de la Ley 71
por lo que resulta aplicable a las pensiones reconocidas antes y después de la
Ley 100 de 1993. Que al no constituir un derecho adquirido el legislador puede
modificar las normas que consagran la proporción en que se realizan los
aumentos de las mesadas pensionales.
33. En ese sentido, se concluye la demandada sí podía realizar el cambio de dicho
ajuste pensional, por cuanto la misma ley estableció su modificación y el método
para ajustar o actualizar las mesadas pensionales de acuerdo con las políticas
económicas que aseguren que la prestación mantenga su poder adquisitivo,
pero además con la finalidad de garantizar la sostenibilidad del sistema
pensional.
7
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección (A), M.P. William Hernández Gómez, Sentencia 17 de agosto
de 2017.Exp. 11001-03-24-000-2010-00007-00(3294-14).
8
CSJ SL4337-2019, CSJ SL844-2021 y CSJ SL1468-2021.
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34. También se concluye que no estamos ante el supuesto de la revocatoria directa
del derecho reconocido a la demandante, pues la actora goza de su prestación
económica convencional en los términos concedidos y lo cierto es que el
mecanismo de incremento anual al ser previsto por el legislador resultaba
aplicable y obligatorio.
35. Tampoco es posible acceder a la pretensión invocando los principios de
favorabilidad, in dubio pro operario y el de la condición más beneficiosa, porque
no existe conflicto entre normas vigentes ni condiciones que justifiquen
mantener el sistema anterior de actualización.9
36. Finalmente, las sentencias de tutela que se citan en el recurso interpuesto no
constituyen precedentes que obliguen a decidir este asunto en igual sentido. Se
reitera está Subsección considera que el estudio de legalidad realizado sobre
el acto demandado, permitió concluir que la Universidad del Atlántico al efectuar
el incremento de la mesada pensional, dio estricto cumplimiento a los
parámetros establecidos por el legislador, por ello no se observa ilegalidad en
su actuación.
37. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
que negó las pretensiones de la demanda.
De la condena en costas en segunda instancia
38. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
39. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente
de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público;
creando así una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha
imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás
asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
9
Al respecto ver también, la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral,
SL3865-2021 del 18 de agosto de 2021, magistrado ponente Jorge Luis Quiroz Alemán, proceso núm. 88354.
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ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte
vencida en el proceso.
40. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
41. En consecuencia, se impondrán costas en segunda instancia a la parte actora,
por cuanto se negaron totalmente las peticiones del recurso de apelación
interpuesto. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el doce (12) de agosto de dos mil
veintidós (2022) por el Tribunal Administrativo del Atlántico que negó las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas a la demandante conforme la parte motiva.
Tercero. Ejecutoriada esta sentencia devolver el expediente al Tribunal de origen,
previas las anotaciones correspondientes.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
LOS MAGISTRADOS,
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
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