Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02975-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-02975-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-02975-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
16 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., dieciséis (16) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación: 110010315000 2022 02975 01
Referencia: Acción de tutela
Actora: UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
TESIS: SE MODIFICA SENTENCIA QUE DECLARÓ IMPROCEDENTE LA
ACCIÓN DE TUTELA, PARA EN SU LUGAR DENEGAR EL AMPARO. NO
SE CONFIGURÓ EL DEFECTO SUSTANTIVO. LAS RAZONES DE LA
DECISIÓN CUESTIONADA NO ESTUVIERON BASADAS EN EL
ASUNTO SUSTANCIAL QUE LA ACTORA PLANTEA COMO
CONTROVERSIA. LOS PRECEDENTES INVOCADOS NO SON
APLICABLES.
DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO Y A LA
DEFENSA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la actora contra la
sentencia de 15 de julio de 2022, mediante la cual la SECCIÓN
TERCERA -SUBSECCIÓN “C”- DEL CONSEJO DE ESTADO1
declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
1
En adelante la SECCIÓN TERCERA.
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Número único de radicación: 110010315000 2022 02975 01
Actora: UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
I.- ANTECEDENTES
I.1.- La solicitud
La UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO2, actuando a través de
apoderado, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo
86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso y a la defensa, los cuales, a su
juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL ATLÁNTICO3 al proferir la sentencia de 10 de febrero de 2022,
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el número único de radicación 080013333010 2021
00039 01.
I.2.- Hechos
Señaló que la señora YADIRA JAN OLIVER le prestó sus servicios
como mecanógrafa entre el 6 de marzo de 1973 y el 30 de
septiembre de 1992, consecuencia de lo cual, a través de Resolución
núm. 000982 de 23 de octubre de esa anualidad le fue reconocida
una pensión de jubilación, conforme con lo previsto en la Convención
2
En adelante la Universidad.
3
En adelante el TRIBUNAL.
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Colectiva de Trabajo de 1976.
Manifestó que en el acto administrativo de reconocimiento de la
prestación aludida se dispuso que el reajuste a la mesada pensional
se haría de oficio cada año y con el mismo porcentaje en que fuese
incrementado el salario mínimo, de conformidad con lo establecido
en el artículo 1º de la Ley 71 de 19 de diciembre de 19884.
Arguyó que el reajuste de la pensión se realizó de la forma descrita
hasta el 2000, año en el que decidió actualizar la mesada pensional
de acuerdo con el incremento del IPC, conforme con lo preceptuado
en el artículo 14 de la Ley 100 de 23 de diciembre 19935.
Adujo que, con ocasión de lo anterior, el 3 de septiembre de 2020,
la señora YADIRA JAN OLIVER le solicitó el reconocimiento y pago
del reajuste de su mesada pensional desde el 1o. de enero de 2000,
con el mismo porcentaje del incremento del salario mínimo, petición
que fue denegada a través de oficios de 16 de octubre y 7 de
diciembre de 2020.
Precisó que la señora YADIRA JAN OLIVER promovió el medio de
4
“por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones”.
5
“Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones”
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control de nulidad y restablecimiento del derecho respectivo, con la
finalidad de obtener el reconocimiento y pago del incremento de su
mesada pensional de acuerdo con el aumento del salario mínimo, así
como el reintegro causado a su favor por la diferencia de las mesadas
pensionales reajustadas de conformidad con el IPC desde el año
2000, con su respectiva indexación, actualización e intereses
moratorios a los que hubiera lugar.
Explicó que el proceso aludido fue identificado con el número único
de radicación 080013333010 2021 00039 00 y atribuido para su
trámite en primera instancia al JUZGADO DÉCIMO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA que, a
través de sentencia de 29 de junio de 2019, negó las pretensiones
de la demanda.
Indicó que la señora YADIRA JAN OLIVER interpuso el recurso de
apelación respectivo ante el TRIBUNAL que, mediante sentencia de
10 de febrero de 2022, revocó la decisión recurrida y accedió de
forma parcial a las pretensiones de la demanda ordenando el
incremento de la pensión como se hacía antes del año 2000, el pago
de las diferencias desde el 3 de septiembre de 2017, la indexación e
intereses moratorios.
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Apuntó que el TRIBUNAL estimó que el cambio del porcentaje de
reajuste de la pensión, sin que se hubiera realizado el trámite relativo
a la revocatoria del acto administrativo inicial, desconoció los
artículos 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo -CCA6, hoy
análogos en el artículo 97 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA7, motivo
por el cual dicha actuación no estuvo ajustada a derecho.
I.3.- Fundamentos de la solicitud
Explicó que la sentencia cuestionada incurrió en el defecto
sustantivo dado que con la expedición de la Ley 100 de 1993, operó
la derogatoria tácita de la Ley 71 de 1988, razón por la cual el
fundamento jurídico del reajuste solicitado por la señora YADIRA
JAN OLIVER estaba por fuera del ordenamiento jurídico.
Agregó que no debía agotar el trámite relativo a la revocatoria del
acto administrativo de reconocimiento de la prestación, dado que con
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993 operó la derogatoria
tácita de la Ley 71 de 1988, en la medida que esta era contraria a
sus preceptos.
6
En adelante CCA.
7
En adelante CPACA.
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Sostuvo que la providencia cuestionada desconoció el precedente
judicial contenido en la sentencia de 17 de agosto de 2016, proferida
por la SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- DEL CONSEJO DE
ESTADO, dentro del expediente 11001-03-24-000-2010-00007-00,
conforme con el cual el porcentaje del reajuste de la mesada
pensional no hace parte de la protección de los derechos adquiridos,
por lo que sobre dicho aspecto para las pensiones reconocidas con
anterioridad al 1o. de abril de 1994 resulta aplicable el artículo 14 de
la Ley 100 de 1993.
Sostuvo que de igual forma el TRIBUNAL desconoció la sentencia
de 18 de agosto de 2021, proferida por la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA, dentro del expediente 88354, conforme con la cual el
sistema de reajuste anual de las pensiones que consagraba la Ley 71
de 1988 fue derogado por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, en
ejercicio de las libertades de configuración de legislador.
I.4.- Pretensiones
Como consecuencia de lo anterior, la accionante pretende lo
siguiente:
“[…] 1. Reitero a los H. Consejeros de Estado, la solicitud de
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tutelar el derecho fundamental del Debido Proceso (art. 29 y 230
C. P.) quebrantado, dentro del caso sub lite, y los demás
principios Constitucionales vulnerados por la sentencia
censurada, en guarda de la prevalencia del derecho sustancial
pretermitido.
2- Como consecuencia de tutelar los derechos invocados, se le
ordene al TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
DEL ATLÁNTICO SALA A, Magistrado Ponente, Dr LUIS CARLOS
MARTELO MALDONADO y demás Magistrados que conformaron
la Sala de decisión CRISTOBAL RAFAEL CHRISTAINSEN
MARTELO y JUDITH ROEMRO IBARRA (impedida)
2.1.- Declarar que la sentencia de segunda instancia impugnada
está incursa en la causal que se cita, por los argumentos
demostrativos expuestos, ya que la decisión impugnada se funda
en una disposición que ha sido derogada, subrogada o declarada
inexequible; e igualmente la decisión impugnada se funda en
una disposición que indiscutiblemente no es aplicable al caso; y
que por ser suficiente y determinante nos permiten solicitar que
la causal invocada sea aceptada como prueba, y con respaldo en
ella, se invalide la sentencia debatida de fecha 10 de febrero de
2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico Sala
(A), dictando en su lugar, la que deba remplazarla.
2.2. Como consecuencia de la invalidación de la sentencia
debatida de fecha 10 de Febrero de 2022 de segunda instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico Sala (A), se
le ordene restablecer lo decidido y ordenado en la sentencia de
fecha 29 de junio de 2021, proferida por el Juzgado Décimo (10)
Administrativo de Barranquilla.
2.3. Que se ordene un término para que se cumpla lo ordenado
por su despacho inmediatamente (artículo 27 del decreto 2591
de1991 […]”.
I.5.- Defensa
I.5.1.- El TRIBUNAL sostuvo que no vulneró ninguno de los
derechos deprecados, en razón a que el trámite en el que fue
proferida la providencia cuestionada se realizó acorde al
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procedimiento y normas establecidas para el mismo, además con el
estudio de las documentales aportadas al expediente y conforme con
la línea jurisprudencial que sobre el tema ha desarrollado el Consejo
de Estado.
Explicó que en la medida que la prestación origen de la controversia
había sido reconocida conforme con una convención colectiva de
trabajo, resultaba necesario que la entidad demandada ejerciera los
mecanismos legales necesarios para lograr la expulsión del
ordenamiento jurídico tanto de la convención como del acto
administrativo que ordenó el reconocimiento pensional.
Agregó que la acción de tutela no puede convertirse en otra instancia
de las ordinarias, porque su procedencia contra providencias
judiciales está condicionada a que estas riñan con los principios
constitucionales señalados en los artículos 228 y 230 de la
Constitución Política o sean constitutivas de una vía de hecho,
situaciones que, en su sentir, no se configuran en el presente asunto.
I.5.2.- La señora YADIRA YAN OLIVER, vinculada en calidad de
tercera con interés directo en las resultas del proceso, a través de
apoderado, solicitó que se declare improcedente la acción de tutela,
porque en su sentir lo pretendido por la actora es que se surta una
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instancia adicional al proceso ordinario origen de la controversia.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA IMPUGNADA
Mediante sentencia de 15 de julio de 2022 la SECCIÓN TERCERA
de esta Corporación declaró improcedente la acción de tutela de la
referencia, por carencia de relevancia constitucional.
Para tal efecto, indicó que “[…] la institución educativa, en la solicitud
de amparo, reiteró los argumentos que planteó en sede ordinaria,
pues en la contestación de la demanda, hizo referencia a la
derogatoria tácita de la Ley 71 de 1988 con la entrada en vigencia
de la Ley 100 de 1993, y a que el reajuste de la pensión no es un
derecho adquirido […]”.
Apuntó que “[…] la parte accionante no presentó ninguna objeción
frente al esquema de decisión utilizado por el tribunal, más allá de
su criterio jurídico aplicable al caso, y con ello, omitió el estudio
juicioso que la autoridad judicial cuestionada realizó del caso
concreto […]”.
Explicó que, en ese orden de ideas, la acción de tutela no cumplió
con el requisito de relevancia constitucional en la medida que, en el
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escrito de amparo, más allá de plantearse la posible vulneración de
los derechos invocados, la actora reiteró la carga argumentativa
planteada en el proceso ordinario como si la acción de tutela fuera
una instancia adicional al medio de control.
III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
La actora impugnó la decisión proferida en primera instancia,
sosteniendo que no es cierto que no hubiese presentado ninguna
objeción frente al esquema de decisión utilizado por el TRIBUNAL,
dado que en el escrito introductorio alegó la vulneración al debido
proceso, basada en el hecho de que esta autoridad dio aplicación a
la Ley 71 de 1998 pese a estar derogada, situación que configuró el
defecto sustantivo invocado.
Explicó que la autoridad judicial accionada desconoció los derechos
deprecados, al ordenarle aplicar el reajuste de pensión conforme al
aumento del salario mínimo, esto es, con base en el artículo 1º de la
Ley 71 de 1988, pese a la prevalencia de la Ley 100 de 1993, por ser
esta una norma posterior.
Iteró que la providencia cuestionada incurrió en el desconocimiento
del precedente judicial contenido en las sentencias de 17 de
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agosto de 2017, proferida por el Consejo de Estado, y 18 de agosto
de 2021, emitida por la Corte Suprema de Justicia, dentro de los
expedientes 1100103240002010 00007 00 y 88354,
respectivamente, conforme con las cuales la pensiones deben ser
actualizadas conforme con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993,
incluso si fueron reconocidas con anterioridad a la entrada en
vigencia de esta norma.
Reiteró que no requería efectuar ninguna actuación previa para
revocar el acto de reconocimiento de la pensión origen de la
controversia porque “[…] el aumento de las pensiones, que son
superiores al salario mínimo legal vigente, para su ajuste anual, se
le aplica el artículo 14 de la Ley 100 de 1.993, y no el artículo 1º de
la Ley 71 de 1.988, que fue derogada por el articulo antes citado, ya
que el aumento de las pensiones no es un derecho adquirido […]”.
IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia
La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19
de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela
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establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021
y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,
proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las Secciones.
La acción de tutela contra providencias judiciales
Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012
(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,
Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un
asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a
unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de
tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la
violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose
observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento
jurisprudencialmente.
En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como
parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella
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elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de
unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez
Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).
En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los
requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial, así:
“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:
a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y
de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.
b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.
c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
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de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.
d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.
e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los
hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.
f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.
… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.
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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.
f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.
g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se
presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional
establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)
En el caso bajo examen, la actora pretende que se deje sin efecto la
sentencia de 10 de febrero de 2022, proferida en segunda
instancia por el TRIBUNAL dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el número único de
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La controversia tiene origen en la forma en que debe efectuarse el
reajuste de una pensión que reconoció la actora a una de sus
trabajadoras antes de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993,
dado que, en criterio de aquella, aun en esa eventualidad esta norma
es la aplicable.
A la citada providencia la actora atribuye la vulneración de los
derechos fundamentales deprecados, habida cuenta que, a su juicio,
las autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.
Los disensos de la actora radican en que, a su juicio, la autoridad
judicial accionada dio alcance a la Ley 71 de 1988, desconociendo
que dicha norma estaba derogada de forma tácita por la Ley 100 de
1993, esta última que debía ser aplicada para efectos del reajuste de
la pensión origen de la controversia, conforme con las sentencias
invocadas como desconocidas.
La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por la
SECCIÓN TERCERA de esta Corporación que declaró improcedente
la acción de tutela, por falta de relevancia constitucional.
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Actora: UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO
En la impugnación la actora adujo que el presente asunto sí reviste
de relevancia constitucional, en la medida que se alega la vulneración
de derechos fundamentales derivada de la aplicación de una norma
derogada y el desconocimiento de precedentes judiciales.
Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los
presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de
ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados
e incurrió en los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente judicial, al proferir la sentencia de 10 de febrero de
2022 aludida.
La Sala observa que, contrario a lo estimado por el a quo, en el
presente caso se cumple con el requisito de la relevancia
constitucional, por cuanto la actora plantea con suficiente carga
argumentativa las razones por las cuales, en su criterio, se han
vulnerado sus derechos fundamentales y se incurrió en los defectos
aludidos; contra la decisión cuestionada no proceden recursos y
tampoco se estructuran las causales de los recursos extraordinarios
de revisión (artículo 248 y ss. del CPACA) y unificación de
jurisprudencia (artículo 256 y ss., ídem); la acción de tutela se
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interpuso en un plazo razonable8, la solicitud identifica los hechos y
derechos que se estiman lesionados; y, por último, no se trata de
una acción de tutela contra sentencia de tutela.
Visto que el presente caso cumple con los requisitos generales de
procedibilidad, la Sala hará mención al marco jurídico de los defectos
alegados, para en seguida resolver el caso concreto.
Del defecto sustantivo
En relación con el defecto sustantivo, la Corte Constitucional9 ha
precisado que este se presenta cuando “[…] la autoridad judicial
aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la
que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraría
los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica […]”.
En ese orden de ideas, respecto de los eventos que dan lugar a
conceder el amparo a los derechos fundamentales que resulten
vulnerados por la configuración del defecto sustantivo, en sentencia
T-949 de 200910, la Corte Constitucional señaló los siguientes:
8
Así lo determinó la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia
de unificación de 5 de agosto de 2014 (Expediente nro. 2012-02201, Consejero ponente: doctor Jorge
Octavio Ramírez Ramírez).
9 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
10
M.P Mauricio González Cuervo.
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“[…] (i) cuando la decisión judicial tiene como fundamento una
norma que no es aplicable, porque a) no es pertinente b) ha
perdido su vigencia por haber sido derogada, c) es inexistente d)
ha sido declarada contraria a la Constitución, e) a pesar de que
la norma en cuestión está vigente y es constitucional, “no se
adecúa a la situación fáctica a la cual se aplicó, porque a la
norma aplicada, por ejemplo, se le reconocen efectos distintos a
los expresamente señalados por el legislador”.
(ii) cuando pese a la autonomía judicial, la interpretación o
aplicación de la norma al caso concreto, no se encuentra, prima
facie, dentro del margen de interpretación razonable o “la
aplicación final de la regla es inaceptable por tratarse de una
interpretación contraevidente (interpretación contra legem) o
claramente perjudicial para los intereses legítimos de una de las
partes” o cuando en una decisión judicial “se aplica una norma
jurídica de manera manifiestamente errada, sacando del marco
de la juridicidad y de la hermenéutica jurídica aceptable tal
decisión judicial […]”
De igual forma, la Corte Constitucional11 ha dicho que al examinar
estos eventos, el Juez de tutela se debe limitar a verificar esa ruptura
con el ordenamiento constitucional o legal, pues su decisión “[…]no
puede constituirse en un escenario para la evaluación acerca del
grado de convencimiento que ofrecen los razonamientos elaborados
por el Juez ordinario, sino que se restringe a identificar la
incompatibilidad entre estos y las normas jurídicas que regulan la
materia debatida en sede jurisdiccional […]”.
Del desconocimiento del precedente judicial
11
Sentencia T-310 de 2009, M.P Luis Ernesto Vargas Silva.
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En lo que respecta a este defecto se ha determinado que de acuerdo
con lo establecido en los artículos 228 y 230 de la Constitución
Política, el poder judicial es autónomo e independiente y los Jueces
en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. Esta
regla general de independencia y autonomía no es absoluta, ya que
encuentra sus límites en la realización de otros valores
constitucionales, según lo ha definido la Jurisprudencia
constitucional.
En efecto, en la sentencia T-267 de 2013, la Corte Constitucional
puntualizó:
“[…] Es así como, en materia de decisiones judiciales, se
destaca el respeto por el principio de igualdad (artículo 13 de
la Carta), que supone no solamente la igualdad ante la ley sino
también de trato por parte de las autoridades y concretamente
igualdad en la interpretación y aplicación de la ley por las
autoridades judiciales, garantizándose de esta forma la
seguridad jurídica y con ella la certeza de la comunidad
respecto a la forma en la que se van a decidir los casos iguales.
Como resultado de lo anterior, surge como límite a la
autonomía e independencia de los Jueces el respeto por el
precedente12 […]”.
De la misma forma, en la sentencia C-590 de 2005, la Corte
Constitucional precisó que el desconocimiento del precedente
constituye una causal de procedibilidad de la acción de tutela cuando
la decisión judicial afecta derechos fundamentales de las partes. En
12
Ver, entre otras, sentencias C-836 de 2001, T-1130 de 2003, T-698 de 2004, T-731 de 2006, T-571
de 2007, T-808 de 2007, T-766 de 2008, T-014 de 2009 y T-100 de 2010, de la Corte Constitucional.
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especial, respecto del precedente vertical, la Jurisprudencia de esa
Corporación ha sido enfática en sostener que el Juez no sólo está
vinculado por el artículo 13 de la Constitución Política, que impone la
igualdad de trato jurídico en la aplicación de la ley, sino también que
su autonomía se encuentra limitada por la eficacia de los derechos
fundamentales y, en particular, del debido proceso judicial13.
No obstante lo anterior, la Jurisprudencia Constitucional también ha
admitido la posibilidad de que un Juez se aparte de su propio
precedente o del precedente de su superior jerárquico, siempre y
cuando se sustenten debidamente las razones de su posición
(principio de razón suficiente)14.
Caso concreto
En el proceso ordinario origen de la controversia se discutió la
legalidad de los actos administrativos a través de los cuales la
UNIVERSIDAD negó a una de sus pensionadas el reajuste anual de
su mesada conforme con el porcentaje en que fuera incrementado el
salario mínimo, de acuerdo con lo que inicialmente fue dispuesto en
el acto administrativo de reconocimiento.
13
Sentencia T-766 de 2008. Magistrado ponente doctor Marco Gerardo Monroy Cabra.
14
Ver sentencia T-292 de 2006.
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Mediante sentencia de segunda instancia de 10 de febrero de 2022,
el TRIBUNAL revocó la dedición del a quo y, en su lugar, declaró la
nulidad de los actos administrativos demandados y accedió de forma
parcial al restablecimiento del derecho solicitado, con base en el
siguiente análisis:
“[…] Caso concreto.
[…]
Señala la demandante, que la Universidad del Atlántico mediante
Resolución N°000982 del 23 de octubre de 1992, le ordenó el
reconocimiento y pago de una pensión de jubilación, acto
administrativo que en su artículo segundo dispuso que el
reajuste de la misma se efectuaría de forma anualizada en el
porcentaje fijado para el Salario Mínimo, de conformidad a lo
establecido en el artículo 1° de la Ley 71 de 1988, advirtió, que
en virtud de ello, el ente universitario incrementó su prestación
entre los años 1993 al 1999, acorde con lo establecido en el
señalado artículo segundo. No obstante, a partir del mes de
enero del año 2000, de manera unilateral, sin que mediara su
consentimiento previo, procedió a reajustar la prestación con el
incremento del IPC., teniendo como consecuencia que su
prestación se incrementase en un monto inferior al que
correspondía según el acto que dispuso el reconocimiento, y por
ende que se le pagase una mesada en cuantía menor.
Argumentó que el reconocimiento de su mesada pensional tuvo
génesis en la Convención Colectiva del Trabajo, suscrita entre la
Universidad del Atlántico y el Sindicato de Trabajadores, vigente
para el año 1976, por ende, cualquier modificación o revocatoria
parcial o total unilateral a ese acto administrativo de contenido
particular y concreto, sin que medie el consentimiento previo,
expreso y escrito de la pensionada y sin orden judicial, es por
vía de hecho y por consiguiente arbitrario e ilegal.
[…]
En virtud de la reglamentación interna de la entidad,
materializando en la Convención Colectiva, se le reconocía y
pagaba pensión de jubilación a la demandante, la cual se
incrementaba o reajustaba anualmente conforme al incremento
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fijado para el salario mínimo, hasta el año 1999, pues a partir
del mes de enero del año 2000 la prestación fue reajustada con
base al IPC, tal como se desprende de la certificación expedida
el 09 de abril de 2021, por el Jefe de Departamento de Gestión
de Talento Humano de la Universidad del Atlántico, operación
que efectuó la parte pasiva de este debate jurídico sin que
mediara acto administrativo, mediante el cual se ordenara dicho
cambio, así como tampoco, se le comunicó de dicha
determinación para que pudiera ejercer algún tipo de
herramienta legal para debatir ante la administración la decisión
en cuestión.
Esta elevó reclamación sobre el particular el día 3 de septiembre
de 2020, ante lo cual el ente decide denegar la reclamación en
comento mediante respuestas recibida el 16 de octubre de 2021
y 7 de diciembre de 2020, que constituye a juicio de la Sala actos
administrativos enjuiciable, con lo cual solo hasta este momento
se logra advertir por parte de la administración, su
determinación sobre el porcentaje de incremento pensional de
la accionante.
[….]
Referido lo previo, y una vez expuestos los fundamentos fácticos
que sostienen el derrotero aquí trazado, encuentra el Tribunal,
que la Universidad del Atlántico no agotó en debida forma el
trámite dispuesto en los artículos 73 y 74 del Código Contencioso
Administrativo, que vale decir, se aplican al asunto en debate
por encontrarse vigente al momento de que la dirección del ente
universitario tomara la decisión dejar de incrementar la
asignación pensional de la demandante con base en el
porcentaje fijado para el salario mínimo, procediendo a aplicar
el incremento del IPC, igualmente coincidente con lo expuesto
por la actual norma procesal, dado en la Ley 1437 de 2011
precitado, y el recientemente pronunciamiento del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B, en proveído del 28 de
enero de 2021, con ponencia del Dr. Cesar Palomino Cortes,
dentro del radicado 11001-03-25-000- 2011-00022-01, en el
que indica anular la actuación por no haber agotado la entidad
los presupuestos dispuestos en los artículos 12, 28, 34, 35 y 74
del Código Contencioso Administrativo, que en suma se traducen
en la no atención de los artículos 73 y 74 del CCA, hoy artículo
97 de la Ley 1437 de 2011.
Acorde con el Iter trazado por parte del Tribunal, al revisar el
plenario se observa que las pautas existentes para el
cumplimiento de la revocación del derecho no fueron cumplidas
por la demandada, por lo que encuentra la Sala que no se ajusta
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a derecho la decisión adoptada por el A quo, y así se dejará
expuesto.
No desconoce el Tribunal que con la expedición del sistema
general de pensiones se instauraron nuevas reglas para el
reajuste de las pensiones, pasando del sistema basado en el
incremento del salario mínimo como dispositiva general, a un
modelo que se puede decir mixto, en el que el incremento fijado
para la asignación mínima salarial solo aplica para las pensiones
que no superen dicho monto, y en los casos en que sí, es decir,
en que la prestación sea superior el reajuste tendrá lugar con
base en el índice de Precios al Consumidor.
No obstante, lo anterior, en el caso concreto la Sala encuentra
que la forma de actualización de la prestación de la demandante
se dispuso de manera expresa en el acto administrativo que
ordenó su reconocimiento y pago, el cual fue proferido con
antelación a la expedición y entrada en vigencia de Ley 100 de
1993, y que además de eso, su principal fuente jurídica lo
constituyó la convención colectiva de trabajo. Así las cosas, en
el entendido que la génesis normativa del derecho se mantiene
indemne, pues al plenario no se trajo prueba de lo contrario,
considera el Tribunal que el ente Universitario como presupuesto
para efectuar dicha modificación en la forma de actualización de
la pensión de la demandante a partir del año 2000, debió
adelantar el procedimiento legalmente reglado para expulsar del
ordenamiento jurídico tanto la decisión de reconocimiento como
la convención en que se fundamentó el mismo, lo cual se itera,
no existe prueba en el plenario que hubiera acontecido.
Determinado lo precedente, se clarifica que es viable la
declaratoria de nulidad de los actos demandados, en cuando
deniega el reajuste de la prestación de la actora con base en el
incremento del salario mínimo.
[…]”
Conforme con la transcripción en cita la Sala advierte que el
TRIBUNAL encontró que en virtud de su Convención Colectiva de
Trabajo la UNIVERSIDAD reconoció una pensión de jubilación a la
señora YADIRA JAN OLIVER, disponiendo en el acto de
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reconocimiento que el reajuste anual de dicha prestación se haría
con base en el porcentaje en que fuera aumentado el salario mínimo,
de conformidad con el artículo 1º de la Ley 71 de 1988.
La autoridad judicial accionada estableció que la prestación fue
reajustada anualmente conforme se dispuso en el acto de
reconocimiento entre los años 1993 a 1999, no obstante, encontró
que, desde enero del 2000, la UNIVERSIDAD procedió a reajustar
la prestación con el incremento del IPC, de manera unilateral y sin
que mediara acto administrativo alguno en el que se ordenara ese
cambio o se le comunicara dicha determinación a la señora YADIRA
JAN OLIVER.
A partir de dicho planteamiento la autoridad judicial accionada
determinó que la actuación de la UNIVERSIDAD había transgredido
los artículos 73 y 74 del CCA, relativos al trámite de revocatoria de
las decisiones administrativas.
El TRIBUNAL destacó que si bien el sistema de seguridad social tiene
nuevas reglas para el reajuste de las pensiones, en la medida que en
el acto de reconocimiento la UNIVERSIDAD dispuso de forma
expresa la manera en que actualizaría dicha prestación, para
modificar esta metodología debía haber adelantado el procedimiento
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reglado dispuesto para tal fin en las normas aludidas.
Ahora bien, en el presente asunto la UNIVERSIDAD adujo que la
autoridad judicial accionada dio alcance a la Ley 71 de 198815,
desconociendo que dicha norma había sido derogada de forma tácita
por la Ley 100 de 1993, esta última en cuyo artículo 1416 está
prevista la forma en que deben ajustarse las pensiones, incluso
aquellas reconocidas antes de su entrada en vigencia.
Al respecto la Sala no encuentra que el defecto sustantivo alegado
por la actora esté configurado, dado que el TRIBUNAL no dio
aplicación a la Ley 71 de 1988, ni desconoció el contenido del artículo
14 de la Ley 100 de 1993, dado que su decisión no estuvo
encaminada a establecer cuál régimen era el que debía haberse
observado a efectos del reajuste de la pensión origen de la
controversia.
En efecto, la decisión de la autoridad judicial accionada estuvo
15
“[…] Artículo 1º. Las pensiones a que se refiere el artículo 1º. de la Ley 4º. de 1976, las de incapacidad
permanente parcial y las compartidas, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje
en que sea incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual.
Parágrafo. Este reajuste tendrá vigencia simultánea a la que se fija para el salario mínimo […]”.
16
“[…] ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de vejez o de
jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos regímenes del sistema
general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se reajustarán anualmente de oficio,
el primero de enero de cada año, según la variación porcentual del Indice de Precios al Consumidor,
certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto
mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con
el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno […]”.
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fundamentada en el hecho de que la actora haya modificado de forma
unilateral el contenido de la parte resolutiva del acto de
reconocimiento de la prestación, en la que había señalado de forma
expresa la manera en que reajustaría anualmente la pensión en
cuestión.
El estudio del TRIBUNAL estuvo al margen de la discusión sustancial
con la que la UNIVERSIDAD planteó su defensa y se centró en el
cargo de nulidad que había alegado la señora YADIRA JAN OLIVER,
en torno al procedimiento que debía haber adelantado aquella para
modificar lo dispuesto en el acto de reconocimiento en relación con
el reajuste de su pensión.
Ahora bien, en lo concerniente a la aplicación e interpretación que el
TRIBUNAL dio a los artículos 7317 y 7418 del CCA hoy análogos en
el artículo 97 del CPACA, referentes al procedimiento que debía
adelantar la UNIVERSIDAD para modificar el acto de
reconocimiento pensional, esta Sala tampoco advierte que se haya
configurado el defecto sustantivo dado que ese aspecto de la
decisión resulta admisible teniendo en cuenta las particularidades del
17
“[…] ARTICULO 73. REVOCACION DE ACTOS DE CARACTER PARTICULAR Y CONCRETO. Cuando un
acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y escrito
del respectivo titular […]”
18
“[…] ARTICULO 74. PROCEDIMIENTO PARA LA REVOCACION DE ACTOS DE CARACTER PARTICULAR
Y CONCRETO. Para proceder a la revocación de actos de carácter particular y concreto se adelantará la
actuación administrativa en la forma prevista en los artículos 28 y concordantes de este Código […]”
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caso, así como el principio de autonomía judicial que le asistía a dicha
autoridad para el análisis de este.
Por otro lado, en lo que concierne al defecto por desconocimiento
del precedente judicial, la UNIVERSIDAD invocó la sentencia de
17 de agosto de 2016, proferida por la SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “B”- del CONSEJO DE ESTADO, dentro del
expediente 110010324000 2010 00007 00.
En la sentencia de 17 de agosto de 2016 aludida, la SECCIÓN
SEGUNDA -SUBSECCIÓN “B”- de esta Corporación resolvió una
acción pública de nulidad interpuesta contra el artículo 40 del Decreto
692 de 29 de marzo de 199419, a partir de los siguientes problemas
jurídicos:
“[…] Problemas jurídicos
El problema jurídico que se debe resolver en esta sentencia se
resume en las siguientes preguntas:
¿El porcentaje de reajuste de la mesada pensional es un derecho
adquirido?
¿Lo previsto por el 14 de la Ley 100 de 1993 no es aplicable a
quienes les fue reconocida la pensión antes del 1.º de abril de
1994? […]”
19
“Por el cual se reglamenta parcialmente la ley 100 de 1993”.
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Frente a dichos problemas jurídicos, la SECCIÓN SEGUNDA -
SUBSECCIÓN “B”- de esta Corporación concluyó:
“[…] Conclusión: Conforme a las consideraciones expuestas, el
porcentaje de reajuste de la mesada pensional no es un derecho
adquirido, por lo tanto la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha considerado que el legislador está habilitado
para modificar las normas que consagran la proporción en que
se realizarán los aumentos de las mesadas pensionales.
De acuerdo con lo anterior, el reajuste previsto por el artículo 14
de la Ley 100 de 1993 sí es aplicable a quienes les fue reconocida
la pensión antes del 1.º de abril de 1994 y no el definido por la
Ley 71 del 19 de diciembre de 1988, toda vez que esta última
quedó derogada por aquella.
Así las cosas, el artículo 40 del Decreto 692 de 1994 no fue
expedido con exceso de la facultad reglamentaria al incluir para
efectos de la aplicación del porcentaje de aumento anual de las
mesadas, a aquellas personas que ya tenían una pensión
reconocida para el 1.º de abril de 1994 en el Sistema General de
Pensiones […]”.
La Sala advierte que si bien la providencia en cita, en efecto, contiene
la tesis que la UNIVERSIDAD ha planteado entorno a la aplicación
del artículo 14 de la Ley 100 de 1993 para el reajuste de las
pensiones reconocidas incluso antes de su entrada en vigencia, lo
cierto es que dicha decisión no es aplicable como precedente de cara
a la sentencia cuestionada.
Lo anterior, comoquiera que la sentencia del TRIBUNAL no estuvo
encaminada a determinar si la pensión objeto de la controversia
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debía o no ser reajustada conforme con el artículo 14 de la Ley 100
de 1993, sino que dicha autoridad centró su análisis en la actuación
mediante la cual la UNIVERSIDAD decidió, de forma unilateral y sin
el consentimiento de la titular de la prestación, modificar el acto de
reconocimiento en lo que concernía a dicha actualización.
Como problema jurídico de la providencia cuestionada la autoridad
judicial formuló el siguiente:
“[…] El problema jurídico se contrae entonces, en determinar si
con la actuación administrativa desplegada por la Universidad
del Atlántico, consistente en incrementar o reajustar la
asignación pensional reconocida a la parte activa con base en el
Índice de Precios al Consumidor, y no en el porcentaje fijado
anualmente para el salario mínimo - como fue dado por el acto
administrativo de reconocimiento, y sin mediar un
procedimiento que dispusiese dicha disminución, se encuentra
ajustada a derecho, o si por el contrario y tal como lo afirma la
demandante, la misma se encuentra afectada de nulidad por
transgredir los postulados del debido proceso, derecho de
defensa, condición más beneficiosa y favorabilidad laboral.
Sobre el particular, expone la pensionada que la administración
debía acudir a los procedimientos regulados en la norma para
disminuir el incremento y no efectuarlo de facto, como en efecto
lo hizo, en claro desmérito del derecho de defensa,
desatendiendo las prerrogativas generales codificadas, además
de otros cargos encaminados a su vocación sustancial de recibir
tal adenda pensional […]”.
En ese orden de ideas, en la medida que en la providencia invocada
se resolvió un problema jurídico diferente al planteado en la
sentencia cuestionada, la Sala no advierte la configuración del
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defecto estudiado.
Ahora bien, en relación con la sentencia de la CORTE SUPREMA DE
JUSTICIA que la actora invoca, la Sala advierte que no se hará
mayor análisis al respecto, dado que incluso si dicha decisión pudo
haber sido proferida bajo la tesis que aduce, lo cierto es que la misma
no goza de la obligatoriedad de las sentencias de unificación de esta
jurisdicción, no se trata de una decisión de constitucionalidad o de
alguna en la que la Corte Constitucional haya fijado el alcance de
derechos fundamentales, por lo que resulta evidente que la autoridad
judicial accionada no estaba supeditada a seguir los mismos
lineamientos.
En ese orden de ideas, para la Sala ni el análisis ni la decisión
contenida en la providencia controvertida resultan caprichosos o
arbitrarios, sino que fueron adoptados a partir del alcance dado a las
fuentes jurídicas aplicables al caso y a un análisis de las
particularidades fácticas de este.
Situación distinta es que la accionante no comparta la tesis allí
dispuesta, lo cual no significa que la decisión sea arbitraria, sino que
de conformidad con la autonomía judicial de la que goza el juez de
conocimiento, el TRIBUNAL decidió el caso puesto a su
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consideración.
Así entonces, la Sala modificará la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia y, en su lugar,
denegará el amparo solicitado como en efecto se dispondrá en la
parte resolutiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.
F A L L A:
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia impugnada que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia y, en su lugar,
DENEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y
eficaz.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su
eventual revisión.
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CÓPIESE, COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida
y aprobada por la Sala en la sesión del día 16 de septiembre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Salva voto
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por
los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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