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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00291-01

Fecha
26 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00291-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 11 de octubre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, que accedió de manera parcial a las pretensiones de la demanda presentada por José de Jesús Rendón Palomino en contra de la Universidad del Atlántico, por las razones expuestas en esta providencia. Segundo. No condenar en costas en esta instancia. Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en el aplicativo Samai. 64 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000- 2013-00065-01 (1908-2014). 22 Radicado: 08001-23-33-000-2021-00291-01 (0861-2023) Demandante: José de Jesús Rendón Palomino Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA. La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha. JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR Firmado electrónicamente JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA Firmado electrónicamente CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA. LAVM 23

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2021-00291-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

26 de septiembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., veintiséis (26) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00291-01 (0861-2023)
Demandante: José de Jesús Rendón Palomino
Demandada: Universidad del Atlántico

Tema: Reajuste mesada pensional. Revocatoria directa

Sentencia de segunda instancia
________________________________________________________________

Asunto

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia proferida el 11 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sala de Decisión Oral C, por medio de la cual se accedió de manera
parcial a las pretensiones de la demanda.

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

1. José de Jesús Rendón Palomino presentó demanda en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo1, en
orden a que se declarara la nulidad de los siguientes actos administrativos: i) la
comunicación (sin fecha) recibida el 15 de octubre de 2020, a través de la cual la
Universidad del Atlántico le negó el reconocimiento y pago de los derechos
convencionales y legales que le corresponden y el reajuste de su mesada
pensional desde el 1º de enero de 2000, con base en el incremento del salario
mínimo y no en atención al índice de precios al consumidor2; y ii) la comunicación
(sin fecha) notificada el 7 de diciembre de 2020, en la que se confirmó el acto
inicial al resolver el recurso de reposición interpuesto en su contra y se informó

1 En adelante CPACA.
2 En lo sucesivo IPC.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57-1) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 08001-23-33-000-2021-00291-01 (0861-2023)
Demandante: José de Jesús Rendón Palomino

sobre la improcedencia del recurso de apelación.

2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho
solicitó: i) el reajuste de su mesada pensional en consideración al salario mínimo a
partir el 1º de enero de 2000; ii) el pago del retroactivo que se llegare a generar
producto del reconocimiento anterior; iii) la indexación de las sumas que resultaren
de la condena; iv) el cumplimiento de la sentencia en los términos previstos en el
artículo 192 el CPACA; y v) la condena en costas a la entidad demandada.

1.1.2. Fundamentos fácticos

3. Como hechos relevantes se señalaron los siguientes:

3.1. José de Jesús Rendón Palomino laboró en la Universidad del Atlántico entre el
28 de mayo de 1976 y el 1º de julio de 1996. A través de la Resolución 000096 del
14 de febrero de 1997 se le reconoció la pensión de jubilación, según la
convención colectiva de trabajo de 1976 de dicha institución, en un monto
equivalente a $1.204.793 a partir del 1º de agosto de 1996. En el numeral 2 de
este acto dispuso que el reajuste a la mesada pensional se haría de oficio y con
igual porcentaje en que sea incrementado por el gobierno el salario mínimo legal,
de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la Ley 71 de 1988.

3.2. La institución universitaria de manera unilateral, arbitraria y sin que contara con
su consentimiento previo, expreso y escrito, ni mediara fallo judicial, decidió
revocar el ordinal 2 de la Resolución 000096 del 14 de febrero de 1997, en torno al
incremento anual de la mesada, para en su lugar establecer por vía de hecho que
desde el 1º de enero de 2000 tal incremento sería en consideración con el IPC.

3.3. El 3 de septiembre de 2020, solicitó a la universidad el reconocimiento y pago
de los derechos convencionales y legales que le corresponden como pensionado y
el reajuste de su mesada pensional desde el 1º de enero de 2000 con base en el
incremento del salario mínimo y no de acuerdo con el IPC, la cual fue negada por
la entidad a través de la comunicación (sin fecha) recibida el 15 de octubre de
2020, y confirmada a través de la comunicación (sin fecha) notificada el 7 de
diciembre de 2020.

1.1.3. Normas violadas y concepto de violación

4. Como tales, se señalaron los artículos 4, 13, 29 y 53 Constitución Política; 9,
14, 20, 21 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo; 87, 88, 93, 95, 97 del CPACA;
1 de la Ley 71 de 1988; y 14 de la Ley 100 de 1993.

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Demandante: José de Jesús Rendón Palomino

5. En cuanto al concepto de violación expuso lo siguiente3:

5.1. A través de los actos administrativos acusados la Universidad del Atlántico
desconoció la obligación que tiene de incrementar anualmente la mesada
pensional con base en el salario mínimo, tal y como lo dispuso la Resolución
000096 del 14 de febrero de 1997 que le reconoció la pensión en consideración al
cumplimiento de los requisitos de la convención colectiva de trabajo suscrita entre
la Universidad del Atlántico y el sindicato de trabajadores vigente para el año
1976. Por lo tanto, a partir del 1º de enero de 2000 la entidad no podía realizar tal
incremento en atención al IPC, como lo hizo.

5.2. Cualquier modificación o revocatoria parcial o total unilateral al mencionado
acto administrativo particular y concreto sin que mediara el consentimiento previo,
expreso y escrito del pensionado, y sin orden judicial, se constituye en una vía de
hecho y por consiguiente en un procedimiento arbitrario e ilegal.

5.3. Con la expedición de los actos administrativos demandados se vulneraron los
artículos 93 y 97 del CPACA al no cumplir con los presupuestos allí previstos para
la revocatoria del artículo 2 del acto administrativo, que dispuso el incremento
anual de su pensión en atención al salario mínimo.

5.4. En virtud de los principios de favorabilidad, in dubio pro operario y la condición
más beneficiosa, era improcedente que la entidad demandada desde el 1º de
enero de 2020 realizara el incremento de la mesada pensional de conformidad con
el IPC, como lo establece el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, toda vez que esto
le resulta desfavorable, pues como lo determinó el acto de reconocimiento
pensional, esto debía ser en atención al salario mínimo como lo previó la Ley 71
de 1988, que es más beneficioso.

5.5. Así entonces, el tránsito del artículo 1 de la Ley 71 de 1988 al artículo 14 de la
Ley 100 de 1993 resulta improcedente e inaplicable por ser desfavorable.

1.2. Contestación de la demanda

6. La Universidad del Atlántico se opuso a la prosperidad de las pretensiones con

3 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_EXPEDIENTE(.zip)
NroActua 2», archivo «4_080012333000202100291011EXPEDIENTEDIGI2023021514309.ZIP»,
carpeta «2021-00291 - NRDL», subcarpeta «01Escritorio demanda y anexos», archivo «DEMANDA
ADMINISTRATIVA JOSÉ RENDON PALOMINO.pdf».

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Demandante: José de Jesús Rendón Palomino

fundamento en las siguientes consideraciones4:

6.1. Es improcedente el reajuste de la pensión del actor desde el año 2000 con
base en el salario mínimo, pues para ello se le aplica el artículo 14 de la Ley 100
de 1993, norma que establece que las pensiones de jubilación, de invalidez, de
sobreviviente o la sustitución, en cualquiera de los dos regímenes del sistema
general de pensiones, deben ser reajustadas anualmente de oficio según la
variación porcentual del IPC.

6.2. El porcentaje de reajuste de la mesada pensional no es un derecho adquirido
sino una mera expectativa y por ello está sujeto a modificaciones por parte del
legislador tal y como ocurrió con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, norma que
es aplicable a pensiones reconocidas con anterioridad a la entrada en vigencia del
régimen.

6.3. La Ley 100 de 1993 derogó tácitamente lo previsto en el artículo 1 de la Ley 71
de 1988 en lo que tiene que ver con el método aplicable para realizar el reajuste
de la mesada pensional. Específicamente, a partir de su entrada en vigencia, las
pensiones reconocidas antes y después de esa ley se deben reajustar de acuerdo
con lo establecido en su artículo 14, por tanto, el referido reajuste se produce
anualmente según la variación porcentual de IPC.

6.4. Propuso las excepciones de: i) prescripción; e ii) inexistencia del derecho
reclamado.

1.3. La sentencia apelada

7. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, en sentencia
del 11 de octubre de 2022 accedió de forma parcial a las pretensiones de la
demanda, para lo cual declaró la nulidad de las comunicaciones recibidas el 15 de
octubre y 7 de diciembre de 2020, emanadas de la Universidad del Atlántico, a
través de las cuales se denegó el reajuste de la mesada pensional del actor con
base en el porcentaje de incremento del salario mínimo.

8. En consecuencia, ordenó a la Universidad del Atlántico reajustar la pensión en
la forma establecida en el ordinal segundo de la resolución de reconocimiento
pensional, desde enero del año 2000; sin embargo, concluyó que solo procedía el
reconocimiento y pago de las diferencias en las mesadas pensionales causadas
desde 3 de septiembre de 2017, en virtud del fenómeno de la prescripción.

4 Ibidem, archivo «12 CONTESTACION DEMANDA.pdf».

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Demandante: José de Jesús Rendón Palomino

9. Como fundamento de su decisión señaló lo siguiente5:

9.1. La universidad demandada no agotó en debida forma el trámite dispuesto en
los artículos 73 y 74 del derogado Código Contencioso Administrativo6, hoy
previsto en el artículo 97 del CPACA, para revocar el derecho del actor a que sus
mesadas pensionales fueran incrementadas de forma anual con base en el
porcentaje fijado para el salario mínimo legal y en consecuencia proceder a la
aplicación del incremento en consideración del IPC.

9.2. Como presupuesto para efectuar la modificación de la manera como debe
actualizarse la pensión del demandante a partir del año 2000, la institución
universitaria demandada debió adelantar el procedimiento legalmente reglado para
expulsar del ordenamiento jurídico tanto la decisión de reconocimiento como la
convención en que se fundamentó este, de lo cual no existe prueba que hubiera
ocurrido.

9.3. Talactualización se encontraba establecida en el acto administrativo que
ordenó su reconocimiento y pago, el cual fue proferido con anterioridad a la
entrada en vigencia de Ley 100 de 1993 y cuya fuente jurídica principal fue una
convención colectiva de trabajo.

9.4. Toda vez que el actor presentó la reclamación el 3 de septiembre de 2020, las
diferencias causadas con anterioridad al 3 de septiembre de 2017 se encuentran
prescritas.

9.5. No hay lugar a la condena en costas, en la medida en que no se probó su
causación, en consideración a lo previsto en los artículos 188 del CPACA y 365 y
366 del Código General del Proceso (CGP).

1.4. El recurso de apelación

10. LaUniversidad del Atlántico apeló la sentencia de primera instancia al
considerar lo siguiente7:

10.1. Si bien no era tema de discusión el reconocimiento de la pensión, que tuvo

5 Ibidem, archivo «28. FALLO 2021-00291.pdf».
6 En lo que sigue CCA.
7 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_EXPEDIENTE(.zip)
NroActua 2», archivo «4_080012333000202100291011EXPEDIENTEDIGI2023021514309.ZIP»,
carpeta «2021-00291 - NRDL», archivo «30. RECURSO DE APELACIÓN.pdf».

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Demandante: José de Jesús Rendón Palomino

fundamento en el artículo 9, literal b), de la convención colectiva de 1976, lo cierto
es que hay un error de apreciación por parte del a quo al indicar que no se atendió
lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del ya derogado CCA para modificar el acto
administrativo de reconocimiento pensional en lo que respecta al ajuste pensional,
pues la decisión no estuvo basada en la convención colectiva sino que era un
punto de orden legal sustentado en la Ley 71 de 1988 que fue derogada por el
artículo 14 de la Ley 100 de 1993 que no podía seguirse aplicando y menos aún
un procedimiento administrativo, de manera que había perdido fuerza ejecutoria.

10.2. Así las cosas, no era necesario agotarse el procedimiento previsto en los
artículos 73 y 74 del CCA.

1.5. Intervenciones en segunda instancia

11. Conforme con el numeral 3 del artículo 247 del CPACA, modificado por el
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, en cuanto no fue necesario el decreto de
pruebas, no hubo traslado a las partes para alegar.

1.6. El Ministerio Público

12. El procurador delegado ante el Consejo de Estado no emitió concepto.

2. Consideraciones

2.1. El problema jurídico

13. El problema jurídico que se debe resolver en esta instancia se contrae a
determinar ¿si la actuación administrativa adelantada por la Universidad del
Atlántico para aumentar la mesada pensional reconocida al demandante con base
en el IPC y no en el porcentaje fijado anualmente para el salario mínimo legal, sin
mediar un procedimiento administrativo, se encuentra ajustada a derecho?

2.2. Marco normativo y jurisprudencial

2.2.1. La revocatoria directa de los actos administrativos que reconocieron
prestaciones periódicas

14. Respecto de los efectos del acto administrativo, la doctrina ha determinado un
principio básico en su estructura el cual ha sido denominado «estabilidad» que
consiste en la «prohibición de revocación de los actos que crean, reconocen o declaran
un derecho subjetivo, una vez que han sido notificados al interesado, salvo que se extinga

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Demandante: José de Jesús Rendón Palomino

o altere el acto en beneficio del interesado»8; sin embargo, este no es absoluto, pues
la revocación también es una «facultad propia de la administración para dejar sin
efectos un acto administrativo de contenido particular»9, de carácter excepcional y, que
procede de oficio o a solicitud de parte siempre que se desarrolle dentro de los
límites y reglas que prevé la ley.

15. Lo anterior, se materializó en los artículos 73 del CCA y 93 del CPACA. El
primero estableció que la administración se encontraba facultada para revocar sus
actos siempre que contara con el consentimiento previo, expreso y escrito del
titular de los derechos reconocidos en el acto administrativo en cuestión. A falta de
este, la revocatoria directa únicamente era viable en los siguientes casos:

15.1. Cuando fueran actos administrativos producto de haber operado el silencio
administrativo positivo y pudiera verificarse una de las siguientes condiciones:
a) que fueran manifiestamente opuestos a la Constitución Política o a la ley; b) que
no consultaran el interés público o social o atentan contra él; y b) que causaran un
agravio injustificado a una persona; y

15.2. Cuando era evidente que el acto se expidió por medios ilegales.

16. Estasdos excepciones surgen de la interpretación que la jurisprudencia
contencioso-administrativa ha hecho en relación con los artículos 6910 y 7311 del
Decreto 01 de 1984, y que fue definida por la Sala Plena del Consejo de Estado
por medio de sentencia del 16 de julio de 200212.

17. En aquella oportunidad, la Sala explicó que «en el inciso 2º de dicha norma [el
artículo 73 del CCA], el legislador empleó una proposición disyuntiva y no copulativa para

8 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 113.
9 Corte Constitucional, sentencia T-355 de 1995.
10 «Artículo 69. Los actos administrativos deberán ser revocados por los mismos funcionarios que

los hayan expedido o por sus inmediatos superiores, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera
de los siguientes casos:
1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2 Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona».
11 «Artículo 73. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Cuando un acto

administrativo haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto o
reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el consentimiento expreso y
escrito del respectivo titular.
Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio
administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente que el
acto ocurrió por medios ilegales.
Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea necesario
para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido de la decisión».
12 Radicación 23001-23-31-000-1997-8732-02 (IJ 029). MP: Ana Margarita Olaya.

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resaltar la ocurrencia de dos casos distintos. No de otra manera podría explicarse la
puntuación de su texto. Pero además, como se observa en este mismo inciso 2º y en el
3º, el legislador, dentro de una unidad semántica, utiliza la expresión “actos
administrativos”, para referirse a todos los actos administrativos, sin distinción alguna. Lo
cierto entonces es que tal como quedó redactada la norma del artículo 73, son dos las
circunstancias bajo las cuales procede la revocatoria de un acto que tiene efectos
particulares, sin que medie el consentimiento del afectado: Una, que tiene que ver con la
aplicación del silencio administrativo y otra, relativa a que el acto hubiere ocurrido por
medios ilegales».

18. En relación con las dos excepciones, puede concluirse que en vigencia del
Decreto 01 de 1984 «la administración contaba con la posibilidad de revocar actos
administrativos de contenido particular en el evento en que su ilicitud era evidente u
ostensible. Así las cosas (…) no se trataba de que la autoridad pública intuyera o
sospechara sobre la ilegalidad de los medios utilizados para obtener el acto, tal
circunstancia, a juicio de la Sala, debía estar debidamente documentada y probada
dentro de la actuación administrativa que, en todo caso, precedía la expedición del
acto que contenía la decisión de la revocatoria»13 (se resalta).

19. Así entonces, una vez verificado el cumplimiento de alguno de los 2 supuestos
que dan paso a la revocatoria directa, a efectos de garantizar el derecho al debido
proceso, la administración se encontraba en la obligación de adelantar una
actuación administrativa en los términos del artículo 28 del CCA y demás normas
concordantes, tal y como lo ordena el artículo 74 ibidem.

20. Estosupone que previo a la adopción de la decisión en comento deban
agotarse unas etapas procesales mínimas con las que se reafirme el respeto por
el derecho de contradicción del directamente afectado y de terceros que puedan
estar interesados en aquella, quienes podrán expresar sus opiniones en la
oportunidad legalmente establecida y solicitar el decreto y práctica de pruebas que
estimen pertinentes.

21. Ahora, cuando no es posible revocar unilateralmente los actos administrativos
ilegales, tal y como lo ha considerado el Consejo de Estado14, la administración
puede acudir a la denominada acción de nulidad y restablecimiento del derecho en
contra del acto propio, que es precisamente el camino procesal que tiene para

13 Sentencia del 6 de agosto de 2015; Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B. Consejero Ponente: Gerardo Arenas Monsalve;
Radicación 76001-23-31-000-2004-03824-02 (0376-07); Actor: Jairo Candelo Banguero;
Demandado: Departamento del Valle del Cauca.
14 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B,

sentencia del 8 de mayo de 2008. Expediente 25000232500020021323101 (0949- 2006). MP.
Jesús María Lemos Bustamante.

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retirar del ordenamiento actos que reconocen derechos particulares y concretos:

«La acción de lesividad tiende a obtener la nulidad de los actos administrativos ilegales
que perjudican a la administración, y que esta no puede revocar unilateralmente por no
configurarse los requisitos previstos en el artículo 69 del Código Contencioso
Administrativo, en concordancia con el artículo 73 del mismo estatuto. La acción de
lesividad es equivalente a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que
ejercen los particulares con el fin de cuestionar la legalidad de un acto administrativo
concreto y tiene entre otras características, que en ella la administración comparece al
proceso en calidad de demandante y de demandada, buscando obtener la nulidad de
un acto administrativo expedido por ella, invocando una o varias de las causales de
nulidad previstas en el artículo 84 del C.C.A. En consecuencia, con fundamento en la
naturaleza jurídica de la acción de lesividad, es válido afirmar que su prosperidad no
depende de la inobservancia del principio de buena fe por parte del ciudadano pues la
declaratoria de nulidad del acto administrativo demandado radica en que se pruebe
una de las referidas causales de nulidad» (sic).

22. Ahora bien, esta Sala encuentra necesario referirse al artículo 9315 de La Ley
1437 de 2011, el cual, de manera expresa, precisó las causales que imponen a la
administración acudir a la figura de la revocatoria directa de los actos
administrativos de carácter general, al igual que ocurre con los particulares, de
oficio o a petición de parte. Tales causales son las siguientes:

22.1. Que se evidencie una manifiesta oposición entre el acto respectivo y la
Constitución o la ley, esto es que la oposición sea grosera, de bulto, es decir,
cualitativamente similar a la que da lugar a la suspensión provisional de los actos
administrativos, por parte de esta Jurisdicción.

22.2. Que haya inconformidad con el interés público o social, esto es que el acto
administrativo en cuestión no consulte, o mejor, contraríe esos intereses
generales, causal respecto de la cual se ha sostenido que comporta el retiro de un
acto legalmente válido por la propia administración que lo había expedido, en
razón de la inoportunidad o inconveniencia de aquél16, vinculándose a la noción
del mérito del acto administrativo; y

22.3. Que a través del acto correspondiente se cause un agravio injustificado a una

15«Artículo 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser revocados por las

mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos superiores jerárquicos o
funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona».
16 C o r t e S u p r e m a d e J u s t i c i a , S a l a C o n s t i t u c i o n a l , S e n t e n c i a d e m a y o 5 d e

1.981.

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Demandante: José de Jesús Rendón Palomino

persona.

23. Sin embargo, tal y como lo señalaba el CCA, para la revocación de los actos de
carácter particular y concreto, el CPACA estableció una regla general contenida en
el artículo 97, según la cual, tales actos no podrán ser revocados sin el
consentimiento previo, expreso y por escrito del respectivo titular, pues implican la
creación, modificación o reconocimiento de derechos de naturaleza individual y
determinada, esto en desarrollo del principio de inmutabilidad de los actos
administrativos -especialmente de los favorables17, estrechamente relacionado con
la presunción de legalidad, la seguridad jurídica, la confianza legítima y la
protección de los derechos adquiridos. La norma señaló lo siguiente:

«Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o
ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto
o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el
consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular.

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a
la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo.

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su
suspensión provisional.

Parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de
audiencia y defensa».

24. En relación con la figura de la revocatoria directa, esta Corporación en reiterada
jurisprudencia se ha pronunciado sobre la prohibición de revocar actos
administrativos que hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter
particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, salvo que, de
manera previa, expresa y escrita medie el consentimiento del titular del respectivo

17 Entre los actos administrativos favorables estarían aquellos que amplían la esfera o el patrimonio

jurídico del destinatario, esto es, «crean o reconocen un derecho o una ventaja jurídica», como los
nombramientos, las autorizaciones, las licencias y, en general, los actos mediante los cuales la
Administración responde de manera positiva a una solicitud formulada en ejercicio del derecho
constitucional fundamental de petición, v. gr., inscripción en un registro público, reconocimiento de
una pensión, etc. Este tipo de actos se contrapone a los de gravamen en los cuales se incluyen
aquellos que inciden negativamente en la esfera jurídica del destinatario, es decir “tienen un efecto
desventajoso o perjudicial” para él, como la imposición de obligaciones, de sanciones, la
revocación de actos favorables y, en general, las respuestas negativas a las peticiones. Ver
Consejo de Estado. Sentencia del 4 de diciembre de 2006. Expediente 11001-03-26-000-1994-
10227-01(10227).

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derecho, en los siguientes términos18:

«Finalmente, el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011, en punto de la revocatoria de un
acto administrativo particular aclara, en primer lugar, que la denominación acto
administrativo comprende no sólo los actos expresos sino también a los fictos,
categoría esta última que no se advertía de manera expresa en el artículo 73 del
Decreto 01 de 1984.

En este mismo sentido, se mantiene la prohibición de revocar actos administrativos
que: «hayan creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y
concreto o reconocido un derecho de igual categoría» salvo que de manera previa,
expresa y escrita medie el consentimiento del titular del respectivo derecho. Advierte la
Sala que, en lo que respecta a la posibilidad con que contaba la administración para
revocar actos administrativos de carácter particular, en los eventos en los que
concurría alguna de las causales de revocatoria ya citadas, para el caso de los actos
fictos positivos, o si fuere evidente la ilegalidad en su expedición, la misma desaparece
del nuevo estatuto de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En efecto, los dos incisos finales del artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 preceptúan
que en los casos en que la administración considere la inconstitucionalidad o ilegalidad
de un acto administrativo, o que su expedición tuvo lugar por medios ilegales o
fraudulentos, deberá acudir ante esta jurisdicción, para demandarlos, siempre que no
cuente con el consentimiento, previo, expreso y escrito del titular de los derechos
reconocidos en el respectivo acto administrativo (…)».

25. De acuerdo con las normas y jurisprudencia en cita, también en vigencia del
CPACA la administración no puede revocar un acto administrativo de carácter
particular, sino solo en los eventos en que se cuente con el consentimiento
de la persona. En caso contrario, deberá cuestionar su constitucionalidad o
legalidad a través del respectivo medio de control. Entonces, solo en casos
excepcionales previstos legalmente, será posible revocar un acto sin el
consentimiento del interesado. De lo contrario, las entidades tendrán que acudir a
la acción de nulidad y restablecimiento del derecho para demandar ante un juez
administrativo su propio acto; escenario en el cual también pueden solicitar
medidas cautelares para suspender los efectos perjudiciales de un acto que
consideren ilegal.

26. No obstante, y en consideración al objeto del litigio en el sub judice en materia
de seguridad social, existen eventos en los que la entidad puede revocar el acto
administrativo aun sin el consentimiento del beneficiario, como es el caso de las
pensiones que fueron reconocidas irregularmente. En efecto, el artículo 19 de la

18Sección Segunda, Subsección B. Sentencia del 6 de agosto de 2015. Consejero ponente:
Gerardo Arenas Monsalve. Expediente: 760012331000200403824 02. Referencia: 0376-2007.

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Ley 797 de 200319 previó:

«Artículo 19. Revocatoria de pensiones reconocidas irregularmente. Los
representantes legales de las instituciones de Seguridad Social o quienes respondan
por el pago o hayan reconocido o reconozcan prestaciones económicas, deberán
verificar de oficio el cumplimiento de los requisitos para la adquisición del derecho y la
legalidad de los documentos que sirvieron de soporte para obtener el reconocimiento y
pago de la suma o prestación fija o periódica a cargo del tesoro público, cuando quiera
que exista motivos en razón de los cuales pueda suponer que se reconoció
indebidamente una pensión o una prestación económica. En caso de comprobar el
incumplimiento de los requisitos o que el reconocimiento se hizo con base en
documentación falsa, debe el funcionario proceder a la revocatoria directa del acto
administrativo aun sin el consentimiento del particular y compulsar copias a las
autoridades competentes» (se resalta).

27. Asimismo, la Ley 1450 de 2011 «(p)or la cual se expide el Plan Nacional de
Desarrollo, 2010 – 2014», en su artículo 243 dispuso:

«Artículo 243. Protección contra prácticas corruptas en el reconocimiento de
pensiones. Cuando cualquier entidad estatal que tenga a su cargo el reconocimiento
de pensiones tenga indicios de que tales prestaciones han sido reconocidas con
fundamento en documentos falsos, presiones indebidas, inducción a error a la
administración o cualquier otra práctica corrupta, la entidad iniciará de oficio una
actuación administrativa tendiente a definir los supuestos fácticos y jurídicos de la
prestación y la existencia de la presunta irregularidad. Si como resultado de la
actuación se verifica la irregularidad total o parcial del reconocimiento, la
administración procederá a revocar o modificar el acto sin consentimiento del
particular» (se resalta).

28. Nótese que si bien la primera norma citada únicamente impuso el deber a la
administración para revocar directamente los actos administrativos de contenido
particular cuando se compruebe la irregularidad en el reconocimiento de la
prestación, fue con la segunda que condicionó tal decisión a que previamente se
adelantara la actuación administrativa20 y se definiera o verificara si aquella (la
irregularidad) existió.

19
«Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la
Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y
especiales».
20 Al respecto, se puede consultar la sentencia SU-182 de 2019, en la cual se establecieron las

siguientes reglas: (i) solo son dignos de protección aquellos derechos que han sido adquiridos con
justo título; (ii) la verificación oficiosa del cumplimiento de los requisitos pensionales es un deber;
(iii) no es necesario aportar una sentencia penal para desvirtuar la buena fe del beneficiario de la
pensión; (iv) solo motivos reales, objetivos, trascendentes, y verificables, que pudieran enmarcarse
en un comportamiento criminal justifican la revocatoria, sin el consentimiento del afectado; (v) no
hace falta que el afiliado sea el que haya concertado o inducido en error a la administración, pues
el ordenamiento jurídico sanciona a quien se aprovecha de estos escenarios; (vi) sujeción al debido
proceso; entre otras.

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29. Esto presupone que toda la actuación que se adelante antes de la revocación
del acto debe surgir de «motivos reales, objetivos, trascendentales, y desde luego
verificables»21 y respetar los derechos al debido proceso y defensa del beneficiario
de la prestación. Asimismo, como se trata de una facultad excepcional de la
administración, es en esta que recae la carga de la prueba, es decir, su deber se
circunscribe a demostrar con suficiencia la irregularidad que originó el
reconocimiento pensional, sin perjuicio de que, cuando se trate de «problemas de
interpretación del derecho; como por ejemplo, el régimen jurídico aplicable, la aplicación
de un régimen de transición; o la aplicación de un régimen especial frente a uno
general»22, esté obligada a acudir al juez competente.

30. Ahora bien, cuando la administración adelanta la actuación con sujeción al
debido proceso y revoca el acto administrativo, debe determinarse cuáles son sus
efectos en el tiempo y sus consecuencias. Aunque este tema fue zanjado en la
sentencia SU-182 de 2019 por la Corte Constitucional, es necesario precisar que
esta corporación no ha sostenido un criterio pacífico, pues en ocasiones se ha
señalado que la revocatoria tiene efectos hacia el pasado (ex tunc), en otras que
tiene efectos hacia el futuro (ex nunc) y, solo en una providencia, se indicó que los
efectos dependían de cuándo ocurrió la ilegalidad. En la siguiente tabla se
muestra la tendencia de cada uno de los criterios:

La revocatoria directa tiene efectos hacia el
La revocatoria directa tiene efectos hacia el futuro
pasado
 3 de agosto de 198828.
 22 de agosto de 199023
 23 de octubre de 199129
 14 de noviembre de 199130
 9 de septiembre de 200031
 16 de julio de 200232
 26 de febrero de 200433
 20 de mayo de 200424
 5 de octubre de 200934
 13 de mayo de 200935

 31 de mayo de 201225
 3 de abril de 201336
 15 de agosto de 201337
 29 de enero de 201538

21 Corte Constitucional, sentencia C-835 de 2003, mediante la cual se declaró exequible el artículo

19 de la Ley 797 de 2003.
22 Ibidem.
23 Expediente 285.
24 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-1998-3963-01(5618-02), CP. Alberto Arango

Mantilla.
25 Sección Segunda, expediente 68001-23-31-000-2004-01511-01(0825-09), CP. Gerardo Arenas

Monsalve.

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 13 de abril de 201526
 18 de febrero de 201639
 8 de septiembre de 201640
 17 de noviembre de 201641
 21 de abril de 201742
 26 de octubre de 201743
 8 de febrero de 201844

 19 de julio de 201827  23 de mayo de 201945
 31 de octubre de 201946
 20 de noviembre de 201947
 7 de mayo de 202048
 18 de junio de 202049
 1 de julio de 202050

28 Sección Segunda, expediente 1609.
29 Sección Segunda, expediente 2174.
30 Sección Tercera, expediente CE-SEC3-EXP1991-N6293, CP. Julio César Uribe Acosta.
31 Sección Primera, exp. 5733, CP. Olga Inés Navarrete Barrera.
32 Sala Plena, expediente 029, CP. Ana Margarita Olaya Forero.
33 Sección Primera, expediente 7498, CP. Gabriel Mendoza Martelo.
34 Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2003-00414-01, CP. Rafael E. Ostau de Lafont

Pianeta.
35 CP. Myriam Guerrero de Escobar.
36 Sección Tercera, expediente 52001-23-31-000-1999-00959-01(26437), CP. Mauricio Fajardo.
37 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2006-00464-01(2166-07), Gerardo Arenas

Monsalve.
38 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2011-01324-01(3077-13), CP. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.
26 Sección Tercera, expediente 25000-23-26-000-2000-00179-01(28347), CP. Olga Mélida Valle de

la Hoz.
27 Sección Segunda, expediente 68001-23-33-000-2013-00493-01(2276-16), CP. Carmelo
Perdomo Cuéter.
39 Sección Quinta, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Rocío Araújo Oñate.
40 Sección Segunda, expediente 81001-23-33-000-2012-00039-04, CP. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
41 Sección Segunda, expediente 13001-23-33-000-2013-00149-01(2677-15), CP. César Palomino

Cortés.
42 Sección Segunda, expediente 08001-23-31-000-2011-00361-01(2540-16), CP. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.
43 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00173-00(0749-12), CP. Carmelo
Perdomo Cuéter.
44 Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2010-01971-01(3485-15), CP. Gabriel Valbuena

Hernández.
45 Sección Segunda, expediente 76001-23-31-000-2009-00295-01(3106-16), CP. William
Hernández Gómez.
46 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2011-00229-00(0790-11), CP. César Palomino

Cortés.
47 Sección Tercera, expediente 11001-03-26-000-2018-00028-00(61003), CP. Marta Nubia

Velásquez Rico.
48 Sección Segunda, expediente 27001-23-33-000-2013-00338-01 (4885-2014), CP. William

Hernández Gómez.
49 Sección Segunda, expediente 25000-23-25-000-2012-00014-02(2639-17), CP. Rafael Francisco

Suárez Vargas.

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 26 de noviembre de 202051
 21 de enero de 202152
 25 de enero de 202153
 22 de abril de 202154

 6 de mayo de 202155

 5 de agosto de 202156
 10 de marzo de 202257

31. En el criterio minoritario, este es que los efectos de los actos administrativos
son hacia el pasado, se sostuvo que el acto administrativo se extingue cuando
cesan en forma definitiva sus efectos y puede ser revocado por razones de mérito
o de legalidad. Cuando la figura opera por esta última, al tratarse de un juicio
estrictamente lógico jurídico, los efectos serán hacia el pasado, es decir, desde el
momento de su expedición.

32. Por su parte, en el criterio mayoritario, existen 2 referentes principales que se
detuvieron en los efectos hacia el futuro de la revocación de los actos y que
sirvieron a decisiones posteriores, esto es los que datan del 16 de julio de 2002
[proferido por la Sala Plena] y el del 15 de agosto de 2013 (proferido por la
Sección Segunda). Los argumentos que concuerdan en las providencias que
prohijaron esta tesis, son los siguientes:

32.1. El acto revocatorio no puede equipararse a una sentencia de anulación, pues
aquel, en virtud de su presunción de legalidad, produjo consecuencias jurídicas.
«(R)esulta inadmisible que ese acto antiacto tenga la virtualidad de borrar hacia atrás los
efectos que en el tiempo produjo el revocado, pues como éste gozó de la presunción de
legalidad, validez o legitimidad y, por ende, fue ejecutorio, el administrado estuvo en el
deber de obedecerlo, de acatarlo, de cumplirlo (...)».

50 Sección Quinta, expediente 11001-03-25-000-2019-00519-00, CP. Rocío Araújo Oñate.
51 Sección Primera, expediente 47001-23-31-000-2004-01430-01, CP. Hernando Sánchez
Sánchez.
52 Sección Primera, expediente 11001-03-24-000-2009-00525-00, CP. Hernando Sánchez

Sánchez.
53 Sección Segunda, expediente 25000-23-42-000-2014-00045-01(1077-19), CP. Gabriel Valbuena

Hernández.
54 Sección Segunda, expediente 50001-23-33-000-2015-00635-01(1802-19), CP. Sandra Lisset

Ibarra Vélez.
55 Sección Segunda, expediente 41001-23-33-000-2014-00069-01(4545-16), CP. Rafael Francisco

Suárez Vargas.
56 Sección Segunda, expediente 11001-03-25-000-2012-00259-00(0978-12), CP. Gabriel Valbuena

Hernández.
57 Sección Segunda, expediente 2922-2020, CP. William Hernández Gómez.

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32.2. La decisión de revocar un acto administrativo, en ningún caso, representa la
«declaración formal de ilegalidad», es decir, no afecta la presunción de legalidad que
hasta ese momento tuvo el acto administrativo, «sino tan solo [puede] evitar que lo
resuelto se materialice».

32.3. La revocatoria directa no «restablece el orden jurídico vulnerado» ni trae consigo
los efectos propios de la declaratoria de nulidad por ilegalidad, por tal razón, la
recuperación de los dineros indebidamente pagados solo es posible lograrla por
conducto del juez. Esta figura «no vicia de nulidad el acto que bien pudo haber
generado efectos mientras rigió, ni impide que sea demandado ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo, pues sigue amparado por la presunción de legalidad».

32.4. Atribuir a la revocatoria efectos ex tunc no solo haría desaparecer del mundo
jurídico, bajo una ficción, los efectos que produjo desde el momento en que nació
a la vida jurídica, sino que implicaría un reconocimiento de perjuicios que no le
corresponden a la administración.

33. La Sala adopta la posición mayoritaria, en virtud de la separación de poderes,
aunque las ramas legislativa, judicial y ejecutiva buscan alcanzar la mayor
eficiencia para lograr los fines del Estado, la última tiene una función netamente
ejecutora de las actividades administrativas en servicio del interés general, dentro
de la cual se encuentra ejercer el control de sus propios actos y revocarlos
directamente aun sin el consentimiento del particular, pero únicamente en los
casos expresamente autorizados por el legislador.

34. Sin embargo, esa actividad de control y revocación directa solo tiene como
finalidad hacer cesar los efectos del acto revocado, pero en ningún modo declarar
su ilegalidad, pues conforme con la Constitución Política y la Ley 270 de 1996,
únicamente le corresponde al juez, en cumplimiento de su función de administrar
justicia, expulsarlo del ordenamiento jurídico, con efectos retroactivos, a través de
la declaratoria de nulidad.

35. En esa línea, como el juez de lo contencioso-administrativo es el único que
puede examinar la legalidad del acto revocado por vicios que lo afectan desde su
nacimiento y por la configuración de las causales previstas en el CPACA, nada
impide que la administración solicite la nulidad y el reembolso de las sumas
pagadas en virtud de aquel, en razón a que durante su vigencia produjo efectos
jurídicos.

36. Es así porque fue la voluntad del legislador disponer únicamente en la parte
segunda del CPACA (organización de la Jurisdicción de lo Contencioso

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Administrativo y de sus funciones jurisdiccional y consultiva) que «no habrá lugar a
recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe», lo cual supone que
solo la autoridad judicial podrá determinar si el beneficiario del acto revocado
acudió a maniobras fraudulentas para obtener el derecho, no la entidad en el
curso de la actuación administrativa. Lo contrario, sería tanto como aceptar que la
administración puede asumir la posición de juez y parte en el procedimiento, por
cuanto decidiría la suerte de un derecho particular y establecería el monto de los
perjuicios que causó la expedición del acto.

37. Amás de lo expuesto, la revocatoria se realiza a través de un acto
administrativo autónomo e independiente, lo que significa que de esta se
desprenden situaciones jurídicas nuevas. De ahí la diferencia con la declaratoria
de nulidad, la cual implica «que el acto se reputa no haber existido jamás»58, es decir,
ataca directamente los elementos de la esencia y reconoce que desde su
expedición estaba viciado; por eso sus efectos son hacia el pasado o ex tunc.

38. Incluso,esto ocurre con la derogatoria del acto administrativo de carácter
general. Aunque «tiene un régimen jurídico específico»59 y distinto del acto
administrativo en cuanto a «la protección jurisdiccional, posibilidad de revocación,
jerarquía dentro del orden normativo, publicidad o notificación, efectos de los recursos y
alcance de la vigencia»60, su derogatoria (tácita o expresa) deviene de la decisión
unilateral de la autoridad que lo expidió, también tiene efectos hacia el futuro o ex
nunc y opera cuando queda en firme la decisión sin que se afecte «lo ocurrido
durante la vigencia de la norma y sin restablecer el orden violado; la anulación lo hace ab-
initio, restableciéndose por tal razón al imperio de la legalidad»61.

39. En definitiva, tanto la revocatoria como la derogatoria únicamente impactan los
efectos u obligatoriedad del acto primigenio, pero no la presunción de legalidad
que corresponde únicamente al juez de lo contencioso-administrativo, quien,
además, es el único competente para restablecer las cosas a su estado anterior y,
en caso dado, ordenar las sumas pagadas con ocasión del acto anulado. Lo
expuesto se sintetiza en el siguiente cuadro:

58 Corresponde a la transcripción que se hizo de un aparte del libro Los grandes fallos de la
jurisprudencia administrativa colombiana de la decisión del 11 de mayo de 2004 adoptada por la
Asamblea de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado francés, citado en el concepto
de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado el 5 de marzo de 2019, radicación
11001-03-06-000-2018-00217-00(2403), MP Germán Alberto Bula Escobar; reiterada por la
Sección Segunda de la Corporación en sentencia del 10 de octubre de 2019, radicación 11001-03-
25-000-2013-00508-00(1011-13), MP Gabriel Valbuena Hernández.
59 Dromi, Roberto. El acto administrativo. Ed. Ciudad Argentina. Pág. 26.
60 Ibidem.
61 Expediente S-157, CP. Carlos Gustavo Arrieta Padilla.

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Características Efectos
Afecta el acto por razones de «ilegalidad». No tiene la virtualidad de
Revocación retrotraer las cosas al estado inicial.
Hacia el futuro
directa Procede solo con el consentimiento de la persona, salvo en los
casos expresamente establecidos por el legislador.
Procede por decisión unilateral y discrecional de la autoridad que lo
Derogatoria
expidió. No se pueden afectar los derechos consolidados al amparo
del Hacia el futuro
del que fue derogado. No restablece el orden jurídico que se estima
reglamento
contrariado.
Nulidad Afecta la validez del acto desde el momento de su expedición. Hacia el pasado

2.3. Lo probado dentro del proceso

40. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente62:

40.1. José Jesús Rendón Palomino nació el 4 de octubre de 1953 y laboró al
servicio de la Universidad del Atlántico como vigilante entre el 28 de mayo de 1976
y el 1º de junio de 1996.

40.2. Mediante la Resolución 000096 del 14 de febrero de 1997 la institución
universitaria le reconoció la pensión de jubilación en virtud de lo dispuesto en el
artículo 9 de la convención colectiva de trabajo de 1976, equivalente al 100 % del
último salario devengado por valor $ 1.204.793, a partir del 1º de julio de 1996. En
este acto administrativo en el artículo 2 se dispuso el reajuste de la prestación de
la siguiente manera:

«La pensión de jubilación a que tiene derecho el señor JOSÉ JESÚS RENDON
PALOMINO, se reajustará de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea
incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual de conformidad a lo
establecidos en la Ley 71 de diciembre de 1988» (sic) (se resalta).

40.3. El 3 de septiembre de 2020, solicitó a la Universidad del Atlántico el
reconocimiento y pago de todos los derechos convencionales y legales,
especialmente el «reajuste (de) su mesada pensional desde el 1° de enero de 2020 con
el mismo porcentaje del incremento del salario mínimo». Esta petición fue negada por
la institución universitaria a través de la comunicación (sin fecha) recibida el 15 de
octubre toda vez que «a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, las
pensiones reconocidas antes y después de dicha ley se deben reajustar conforme a lo
establecido en el artículo 14 de la misma, lo que significa se produce según la variación
porcentual del índice de precios al consumidor», acto administrativo que fue

62 Samai, índice 2, actuación «EXPEDIENTE DIGITAL», documento «ED_EXPEDIENTE(.zip)
NroActua 2», archivo «4_080012333000202100291011EXPEDIENTEDIGI2023021514309.ZIP»,
carpeta «2021-00291 - NRDL», subcarpeta «01Escritorio demanda y anexos» y archivo «12.
CONTESTACIÓN DEMANDA.pdf».

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confirmado por medio de la comunicación (sin fecha), recibida el 7 de diciembre de
2020, en la que se mantuvo el acto inicial al resolver el recurso de reposición
interpuesto en su contra y se informó sobre la improcedencia del recurso de
apelación.

40.4. De acuerdo con la certificación del 22 de noviembre del 2021, suscrita por jefe
del Departamento de Gestión del Talento Humano de la Universidad del Atlántico,
a partir del mes de enero de 2000 el incremento anualizado de la pensión de
jubilación del actor se realizó con base en el IPC y no en el porcentaje de aumento
del salario mínimo.

2.4. Análisis sustancial del caso concreto

41. El actor solicitó la nulidad de las comunicaciones recibidas el 15 de octubre y el
7 de diciembre de 2020, expedidas por la Universidad del Atlántico, a través de las
cuales se le negó el reajuste de su mesada pensional a partir del 1º de enero de
2000 con base en el porcentaje del incremento del salario mínimo legal y no en
atención al IPC.

42. La Universidad del Atlántico se opuso a la prosperidad de las pretensiones al
considerar que el reajuste de la pensión conforme como quedó previsto en el acto
administrativo de reconocimiento perdió fuerza ejecutoria por haberse derogado
tácitamente el artículo 1 de la Ley 71 de 1988 por el artículo 14 de la Ley 100 de
1993, norma que estableció que el incremento pensional debe ser con el IPC,
como la entidad lo venía haciendo desde el año 2000.

43. Pues bien, para resolver el presente asunto, en consideración a los hechos
expuestos con anterioridad, que no se encuentran en discusión, se tiene que la
Universidad del Atlántico mediante la Resolución 000096 del 14 de febrero de
1997 reconoció una pensión de jubilación al demandante con base en el artículo 9
de la convención colectiva de 1976 vigente para todos los trabajadores. En este
acto administrativo se dispuso en su artículo 2 que la prestación se reajustaría de
oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que fuera incrementado por el
gobierno el salario mínimo mensual de conformidad con lo establecido en el
artículo 1 de la Ley 71 de 1988.

44. Asimismo, de acuerdo con la certificación del jefe de Gestión de Talento
Humano de la Universidad del Atlántico, se acreditó que al actor se le ha
incrementado desde el año 2000 su pensión de jubilación con base al IPC, sin que
se observe acto administrativo que le preceda y así lo haya ordenado.

45. De acuerdo con lo expuesto, encuentra esta Sala que la Universidad del

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Demandante: José de Jesús Rendón Palomino

Atlántico no agotó en debida forma el trámite establecido en los artículos 73 y 74
del derogado CCA (en la actualidad previsto en el artículo 97 del CAPCA),
respecto de la revocación de los actos administrativos de carácter particular y
concreto, normativa vigente para el año en que la universidad efectuó los
incrementos pensionales con base en el IPC y no con el salario mínimo como se
dispuso en el acto administrativo de reconocimiento pensional.

46. Así entonces, no es posible atender al argumento de la universidad demandada
según el cual operó la pérdida de fuerza ejecutoria del acto administrativo por
haber desaparecido los fundamentos de derecho, con la derogatoria que la Ley
100 de 1993 hizo de la norma anterior (Ley 71 de 1988), en la que se fundamentó
el acto de reconocimiento frente a los reajustes de la pensión, pues de lo que se
trató fue de un cambio normativo que no podría fundamentar la figura del
decaimiento del acto como lo proponía la entidad, so pena de desconocer que en
torno al reconocimiento pensional y las particularidades que en torno a él
estableció la administración.

47. La decisión contenida en la Resolución 000096 del 14 de febrero de 1997 se
caracteriza por su inmutabilidad o invariabilidad, lo que implica considerar que no
puede ser modificada por la administración sin que medie autorización del
particular que se beneficiaba de aquella disposición u orden judicial. No puede
desconocerse entonces, que la administración le debe respeto al acto propio, que
se origina en la expresión latina venire contra proprium factum nulli conceditur, e
impone a la administración garantizar la confianza que depositó en el beneficiario
de la prestación (en este caso) acerca de las particularidades en que reconoció la
pensión.

48. En virtud de lo anterior, comoquiera que el acto creó una situación de derecho
particular y concreta, su contenido hizo tránsito a cosa decidida administrativa y la
administración debía honrarla, siendo fiel a su decisión y garantista del debido
proceso, lo que le impedía modificar unilateralmente la decisión.

49. En efecto, se insiste, la Resolución 000096 del 14 de febrero de 1997 es un acto
administrativo particular que creó y reconoció un derecho al actor, mediante el cual,
además de reconocerle una pensión de jubilación, previó el régimen sobre el que se
concedió y delimitó los extremos de dicha prestación, como lo es el del reajuste de la
mesada conforme con el salario mínimo.

50. De manera que, si la universidad pretendía modificar tales supuestos debió
agotar el procedimiento para la revocatoria del acto administrativo particular, y
solicitar el consentimiento del beneficiario para así entonces acudir ante la

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Demandante: José de Jesús Rendón Palomino

jurisdicción para demandar su acto, y no utilizar el argumento del decaimiento del
acto administrativo por la derogatoria del artículo 1 de la Ley 71 de 1988, y
efectuar dicho incremento desde el año 2000 conforme al IPC, puesto que el
régimen que ha tenido que observarse no es otro que el dispuesto en el acto
administrativo que contenía la voluntad de la administración.

51. Así las cosas, al no haber agotado el procedimiento administrativo previsto en
los artículos 28, 34, 35, 73 y 74 del CCA, hoy regulado en el artículo 97 del
CPACA, es posible concluir que los actos administrativos acusados no se ajustan
a derecho por lo que hay lugar a declarar su nulidad.

52. Asuntos de similares contornos al que es objeto de estudio, ya han sido
resueltos por el Consejo de Estado63, en los que se llegó a iguales conclusiones a
las aquí abordadas.

53. Así entonces, la Sala confirmará la sentencia proferida el 11 de octubre de 2022
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, que accedió
de manera parcial a las pretensiones de la demanda.

2.5. Costas

54. La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y
ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

55. Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas
generales del procedimiento para su liquidación y ejecución.

56. Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al

63Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 16 de septiembre de 2022, Radicación:
11001-03-15-000-2022-02975-01, MP. Nubia Margoth Peña Garzón. Consejo de Estado, Sección
Cuarta, sentencia del 2 de marzo de 2023, Radicación: 11001-03-15-000-2022-06735-00, MP.
Myriam Stella Gutiérrez Argüello. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia
del 27 de abril de 2023, radicación: 11001-03-15-000-2022-06735-01, M.P: Gabriel Valbuena
Hernández.

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Demandante: José de Jesús Rendón Palomino

juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma64.

57. Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

58. En el caso concreto, como no se evidenció que la parte vencida actuase con
temeridad o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas.

3. Conclusión

59. Con fundamento en lo expuesto, la Sala encuentra que al no haberse agotado
el procedimiento administrativo previsto en los artículos 12, 28, 34, 35, 73 y 74 del
CCA, hoy regulado en el artículo 97 del CPACA, es dable establecer que los actos
administrativos demandados no se ajustan a derecho por lo que hay lugar a
declarar su nulidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 11 de octubre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión Oral C, que accedió de
manera parcial a las pretensiones de la demanda presentada por José de Jesús
Rendón Palomino en contra de la Universidad del Atlántico, por las razones
expuestas en esta providencia.

Segundo. No condenar en costas en esta instancia.

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen, previas las anotaciones en
el aplicativo Samai.

64 En este sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,

sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter, radicación 70001-23-33-000-
2013-00065-01 (1908-2014).

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Demandante: José de Jesús Rendón Palomino

Cuarto. Notificar esta decisión en los términos del artículo 205 del CPACA.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR
Firmado electrónicamente

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala
en la plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

LAVM

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