República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05890-00
Consejero ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
31 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Magistrada ponente: Elizabeth Becerra Cornejo
Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Acción de tutela
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05890-00 (9301)
Accionante: Universidad del Atlántico
Accionado: Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico
Tema: tutela contra providencia judicial. Subtema 1: medio de control de nulidad.
Subtema 2: criterio para incrementar la mesada pensional. Subtema 3: defectos
sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente y violación directa de la
Constitución.
Sentencia de primera instancia
La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado procede a resolver
la solicitud de amparo interpuesta por la Universidad del Atlántico contra la Sala de
Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico.
1. Síntesis del caso
La Universidad del Atlántico, a través de apoderado judicial, presentó escrito de
tutela con la pretensión de amparo de sus derechos fundamentales al debido
proceso y a la defensa, que consideró vulnerados por la Sala de Decisión C del
Tribunal Administrativo del Atlántico, con ocasión de la sentencia proferida el 3 de
junio de 2026 dentro del proceso identificado con el radicado núm. 08001-33-33-
011-2023-00215-01.
2. Antecedentes
2.1. Hechos relevantes
1. A partir del escrito de tutela1 y de los demás elementos aportados por las partes
al trámite constitucional, la Sala encuentra probados los siguientes hechos:
2. El señor Sofanor Granadillo Carrillo prestó sus servicios a la Universidad del
Atlántico desde el 8 de agosto de 1980 hasta el 30 de abril de 1997.
1
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-05890-00, índice 2, certificado C1D4E2C4F5372C50 100D3454F01A0B03
4E85B537BDFFB360 F3CF2C7F46D02636.
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Accionante: Universidad del Atlántico
Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
3. La Universidad del Atlántico, mediante Resolución núm. 000959 del 20 de mayo
de 1997, le reconoció pensión vitalicia de jubilación al señor Granadillo Carrillo con
fundamento en la Convención Colectiva de Trabajo de 1976 y en el artículo tercero
de dicho acto administrativo se determinó que la prestación «se reajustará de oficio
cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el
salario mínimo legal mensual de conformidad a los establecidos en la ley 71 de
diciembre de 1988».
4. El señor Sofanor Granadillo Carrillo falleció el 18 de junio de 2017, razón por la
cual, la institución educativa, mediante Resolución núm. 001918 del 27 de
noviembre de 2017, sustituyó la prestación a la señora Sonia Padilla de Granadillo
y dispuso que el reajuste de la mesada debía hacerse conforme el incremento anual
del IPC y no con el porcentaje de aumento del salario mínimo, como se había
otorgado originalmente al causante.
5. La señora Sonia Padilla de Granadillo presentó reclamación administrativa el 3
de septiembre de 2020, en la que solicitó el reconocimiento del reajuste de la
mesada pensional de acuerdo con el salario mínimo; no obstante, la Universidad
del Atlántico, a través de comunicación, sin fecha y, recibida por la interesada el 16
de octubre de 2020, negó el requerimiento de la actora. Contra dicha negativa, la
peticionaria interpuso los recursos de reposición y apelación.
6. La Universidad del Atlántico, por medio de comunicación sin fecha remitida a la
señora Sonia Padilla de Granadillo, el 7 de diciembre de 2020, confirmó su decisión
inicial y negó el recurso de apelación, con fundamento en lo dispuesto en el numeral
2, inciso 1 y 20 del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.
7. La señora Sonia Padilla de Granadillo interpuso demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra la Universidad del Atlántico, con el propósito
de que: i) se declarara la nulidad de las comunicaciones sin fecha recibidas el 16 de
octubre y el 7 de diciembre de 2020; ii) se ordenara el pago del retroactivo causado
por las diferencias en los incrementos anuales aplicados con el IPC en vez del
salario mínimo; iii) se reconocieran y pagaran los intereses moratorios,
actualizaciones e indexaciones a que hubiera lugar por el cambio en la forma de
incremento pensional; y iv) se dejara sin efecto el parágrafo 1.º del artículo primero
de la Resolución núm. 001918 del 27 de noviembre de 2017.
8. El Juzgado Once Administrativo de Barranquilla, mediante sentencia del 26 de
noviembre de 2025, negó las pretensiones de la demanda al considerar que no
resultaba procedente aplicar la norma relativa a la revocatoria de los actos
administrativos, pues el reajuste pensional no dependía del arbitrio de la
Administración, sino de la aplicación de la ley y ello no afectaba el derecho pensional
reconocido. La señora Sonia Padilla de Granadillo, inconforme con la decisión,
interpuso recurso de apelación.
9. La Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante
sentencia del 3 de junio de 2026, revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar,
dispuso declarar la nulidad de las comunicaciones emanadas de la Universidad del
2
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Atlántico, a través de las cuales se denegó la indexación de la mesada pensional
de la actora con base en el porcentaje de incremento del salario mínimo y, en
consecuencia, ordenó ajustar la prestación de la demandante en las condiciones
inicialmente reconocidas al causante.
2.2. Pretensiones y argumentos de la tutela
10. La parte actora solicitó, en el escrito de tutela, lo siguiente:
1- Reitero a los H. Consejeros de Estado, la solicitud de tutelar el derecho
fundamental del Debido Proceso (art. 29 y 230 C. P.) quebrantado, dentro del caso
sub-lite, y los demás principios Constitucionales vulnerados por la sentencia
censurada, en guarda de la prevalencia del derecho sustancial pretermitido.
2- Como consecuencia de tutelar los derechos invocados, se le ordene al
TRIBUNAL DE LO CONSTENCIOSO ADMINSITRATIVO DEL ATLANTICO –
SALA DE DECISION “C“ integrada por los Magistrados: CESAR AUGUSTO
TORRES ORMANZA, OSCAR IVAN CASTAÑEDA DAZA Y JORGE ELIECER
FANDIÑO GALLO.
2.1.- Declarar que la sentencia de segunda instancia impugnada está incursa en
la causal que se cita, por los argumentos demostrativos expuestos, ya que la
decisión impugnada se funda en una disposición que ha sido derogada,
subrogada o declarada inexequible; e igualmente la decisión impugnada se funda
en una disposición que indiscutiblemente no es aplicable al caso; y que por ser
suficiente y determinante nos permiten solicitar que la causal invocada sea
aceptada como prueba, y con respaldo en ella, se invalide la sentencia debatida
de segunda instancia emitida de fecha 3 de junio del año 2026, por el Tribunal
Administrativo del Atlántico Sala (C), dictando en su lugar, la que deba
reemplazarla.
2.2. Como consecuencia de la invalidación de la sentencia debatida de fecha 3
de junio de 2026 de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico Sala (C), se le ordene [confirmar] lo decidido y ordenado en la sentencia
de fecha 26 de noviembre del año 2025 negó las pretensiones de la demanda
proferida por el Juzgado Once (11) Administrativo de Barranquilla
2.2.1. Solicito al señor Magistrado declarar la nulidad de la sentencia de segunda
instancia emitida [el] 3 de junio del año 2026 por el TRIBUNAL DE LO
CONTENCIOSO ADMINSITRATIVO DEL ATLÁNTICO – SALA DE DECISION C
integrada por los Magistrados: CESAR AUGUSTO TORRES ORMANZA, OSCAR
IVAN CASTAÑEDA DAZA Y JORGE ELIECER FANDIÑO GALLO.
Y en su defecto que emitan una nueva sentencia en la que se respete el debido
proceso2.
11. Como fundamento de sus pretensiones, la parte accionante manifestó que la
sentencia proferida por el Tribunal accionado incurrió en defecto sustantivo, porque
fundamentó su decisión en el mecanismo de actualización de la pensión previsto en
la Ley 71 de 1988, pese a que dicha norma no era aplicable, pues para la fecha en
2
Se transcribe incluso con errores.
3
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que se reconoció la prestación al señor Sofanor Granadillo Carrillo (20 de mayo de
1997) ya se encontraba vigente el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
12. En este sentido, explicó que el Tribunal no tuvo en cuenta que el artículo 14 de
la Ley 100 de 1993 por ser una norma posterior desplazó la aplicación de la Ley 71
de 1988, de manera que no era válido actualizar la prestación sustituida a la señora
Sonia Padilla de Granadillo conforme al porcentaje de incremento del salario
mínimo, sino de acuerdo con el IPC.
13. Además, mencionó que, si bien la pensión fue otorgada con base en el literal b
del artículo 9 de la Convención Colectiva de 1976, lo cierto es que el incremento de
la mesada no fue establecido por ninguna cláusula convencional. En su criterio, el
Tribunal incurrió en error al afirmar que la principal fuente jurídica del reajuste era el
acuerdo colectivo, cuando la Resolución núm. 000959 del 20 de mayo de 1997
remitió expresamente a la Ley 71 de 1988 para regular dicho aspecto. Sin embargo,
esta norma no era aplicable ante la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.
14. Asimismo, indicó que en la providencia cuestionada efectuó una indebida
interpretación del ordenamiento jurídico, en tanto le exigió a la Universidad del
Atlántico que adelantara los procedimientos de los artículos 73 y 74 del Código
Contencioso Administrativo, pero no tuvo en cuenta que la institución educativa no
revocó el derecho pensional ni eliminó una condición adquirida, sino que aplicó la
normativa vigente sobre reajustes pensionales. Por ello, consideró que se impuso
un requisito jurídico improcedente que condujo a una decisión contraria a derecho.
15. La accionante expuso que la providencia parte erróneamente de considerar que
la fórmula de actualización prevista en la resolución pensional constituía un derecho
adquirido. Sostuvo que la jurisprudencia ha señalado que los mecanismos de
reajuste de las mesadas pueden ser modificados por el legislador, por lo que la
interpretación del Tribunal desconoce su naturaleza jurídica y conduce a una
aplicación indebida de la ley.
16. Por otro lado, afirmó que la decisión cuestionada incurrió en defecto fáctico, por
cuanto no valoró adecuadamente el contenido de la Resolución 000959 de 1997,
en la cual se distinguió entre el reconocimiento del derecho pensional y la forma de
reajuste de la prestación. Precisó que el mencionado acto administrativo refirió que
la actualización de la prestación se debía realizar conforme a la ley. De modo que
solo podía concluirse que el incremento era conforme la ley y no tenía una
naturaleza convencional.
17. Adicionalmente, adujo que el fallo acusado incurrió en desconocimiento del
precedente, porque no tuvo en cuenta que la jurisprudencia de la Sección Segunda
del Consejo de Estado3 ha indicado que el ajuste anual de la mesada pensional
reconocido por la Universidad del Atlántico debe hacerse con fundamento en el IPC.
3
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de mayo de 2026, radicado núm.
08001233300020210010601 (5322-2024). Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 16 de mayo
de 2025, radicado núm. 08001-23-33-000-2021-00194-01 (2597-2024).
4
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18. Finalmente expuso que se configuró una violación directa de la Constitución,
por cuanto se desconoció el contenido de los artículos 29 y 230 superiores.
2.3. Trámite procesal
19. El despacho ponente, mediante auto del 30 de julio de 20264, admitió la solicitud
de amparo, ordenó la notificación a la Sala de Decisión C del Tribunal Administrativo
del Atlántico, en su condición de autoridad accionada; y puso en conocimiento el
escrito de tutela al Juzgado Once Administrativo Oral de Barranquilla y a la señora
Sonia Padilla de Granadillo, en calidad de terceros con interés.
2.4. Intervenciones
20. El Juzgado Once Administrativo de Barranquilla5 manifestó que la tutela no es
el medio idóneo para controvertir o impulsar las actuaciones judiciales establecidas
en los procedimientos reglados por la ley, por lo que solicitó que se declare
improcedente el amparo invocado por la Universidad del Atlántico.
Adicionalmente, informó que realizó las actuaciones correspondientes de manera
congruente y de fondo, conforme con las normas aplicables y las exigencias de la
administración de justicia.
21. La Sala de Decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico6 describió
brevemente las actuaciones surtidas al interior del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado núm. 08001-33-33- 011-2023-00215-01,
sin pronunciarse de fondo sobre las pretensiones invocadas por la parte actora.
22. La señora Sonia Padilla de Granadillo7 afirmó que al interior del Tribunal
Administrativo del Atlántico existen distintos criterios de interpretación sobre el
asunto planteado por la accionante en el escrito de tutela. De manera que la decisión
cuestionada se profirió acogiendo una de estas posturas en el marco de su
autonomía.
3. Consideraciones
3.1. Competencia
23. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, y el
artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, la Sala tiene competencia para conocer de la
presente solicitud de amparo interpuesta por la Universidad del Atlántico contra la Sala
de Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico.
4
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-05890-00, índice 4.
5
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-05890-00, índice 11. certificado A569F3AA4C258F76 3616286755C46FC1
F90EBF5439290310 4D6E16AD5116CBA4.
6
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-05890-00, índice 12. certificado A569F3AA4C258F76 3616286755C46FC1
F90EBF5439290310 4D6E16AD5116CBA4.
7
Samai, expediente núm. 11001-03-15-000-2026-05890-00, índice 13, certificado 91193537419E3D53 DFC00A54C9AB9294
700D3960648827A3 7ACA0A43F4F9EB36.
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3.2. Legitimación en la causa
24. La legitimación en la causa por activa de la Universidad del Atlántico se
encuentra acreditada, por cuanto actuó como parte demandada en el proceso de
nulidad y restablecimiento en el que fue expedida la sentencia que, a su juicio,
desconoció sus derechos fundamentales.
25.También está probada la legitimación en la causa por pasiva de la Sala de
Decisión C del Tribunal Administrativo del Atlántico, debido a que fue la autoridad
que profirió la providencia, objeto de estudio.
3.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial
26. La reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado8 y de la Corte Constitucional
ha destacado que la acción de tutela en contra de providencias judiciales procede
de manera excepcional bajo el cumplimiento de requisitos generales y específicos,
en procura de evitar que dentro de los procesos judiciales se haga un uso abusivo
de este mecanismo constitucional9.
27.En relación con los requisitos generales de procedibilidad, la parte accionante
debe acreditar los siguientes:
i) Que el asunto a discutir sea de evidente relevancia constitucional;
ii) que haya agotado todos los recursos ordinarios y extraordinarios de
defensa judicial;
iii) que haya interpuesto la acción en un tiempo razonable y proporcionado;
iv) que, si se trata de una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa
y determinante sobre el sentido de la decisión objeto de análisis y que
afecte un derecho fundamental;
v) que estén identificados los hechos generadores de la vulneración y los
derechos afectados y, de ser posible, se aleguen las razones de tal
vulneración; y,
vi) que no se trate de una tutela contra sentencia de tutela.
28. Por su parte, los requisitos o causales específicas de procedibilidad de la acción
de tutela tratan comúnmente sobre aspectos que, por su gravedad, hacen
incompatible una providencia judicial con los mandatos constitucionales10 y, por
tanto, constituyen fundamento para conceder o negar la solicitud de amparo. En
otras palabras, estos requisitos hacen referencia a determinados escenarios que
afectan la integridad de la decisión judicial y que justifican la intervención del juez
constitucional para la salvaguarda de los derechos fundamentales.
29. De esta manera, para que prospere una tutela contra providencia judicial se
requiere que se configure, al menos, uno de los siguientes defectos o causales: i)
orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, radicado núm.11001-
03-15-000-2012-02201-01 (IJ) Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
9
Corte Constitucional, sentencia SU-813 de 2007.
10
Corte Constitucional, Sentencia SU-024 de 2018.
6
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inducido a la autoridad judicial; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente constitucional; o viii) violación directa de la Constitución11.
3.3.1. Análisis de los requisitos generales de procedibilidad
30. En el caso particular, la cuestión que se discute reviste de relevancia
constitucional, toda vez que la parte accionante, más allá de mencionar que existió
una afectación de sus derechos fundamentales, indicó expresamente que en la
decisión cuestionada se configuró un desconocimiento del ordenamiento jurídico
que, a su juicio, impidió que se expidiera una providencia ajustada a derecho.
31. También, supera la presente acción el requisito de subsidiariedad, porque la
parte actora no cuenta con otros mecanismos ordinarios y/o extraordinarios para la
protección de sus derechos fundamentales, pues agotó las instancias respectivas
dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en el que se
profirió la decisión objeto de tutela.
32. Asimismo, el requisito de inmediatez se encuentra satisfecho, toda vez que la
sentencia proferida el 3 de junio de 2026 por el Tribunal Administrativo del Atlántico
fue notificada el 10 de junio siguiente12, y la demanda de tutela se presentó el 28 de
julio de este año13, es decir, dentro del plazo de seis meses previsto por la
jurisprudencia constitucional14 y del Consejo de Estado15 como razonable.
33. En cuanto al requisito de identificación de los hechos y argumentos, este se
encuentra cumplido en el presente asunto, en la medida en que la parte actora
mencionó con claridad los hechos y los fundamentos en los que se sustenta la
afectación alegada.
34. Finalmente, la providencia reprochada no fue emitida dentro de un trámite de
tutela, sino que se dictó al interior de un proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho.
35. De acuerdo con lo expuesto, la Sala encuentra superados los requisitos
generales de procedibilidad en relación con los defectos sustantivo, fáctico,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución y, en ese
orden, continuará con el análisis de fondo en los términos que planteó la parte
actora.
3.4. Problema jurídico
36. La Sala debe determinar lo siguiente: ¿El Tribunal Administrativo del Atlántico
vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de la parte
actora e incurrió en los defectos sustantivo, fáctico, desconocimiento del precedente
y violación directa de la Constitución, al proferir la sentencia del 3 de junio de 2026,
11
Corte Constitucional, Sentencias T-310 de 2009, SU-072 de 2018, SU-215 de 2022.
12
Samai, exp. 08001-33-33-011-2023-00215-01, índice 10.
13
Samai, exp. 11001-03-15-000-2026-05890-00, índice 1.
14
Corte Constitucional, sentencia T-466 de 2022.
15
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso-Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, expediente núm.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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mediante la cual revocó la providencia de primera instancia16 y, en su lugar, ordenó
el ajuste anual de la pensión reconocida a Sonia Padilla de Granadillo con el
porcentaje del incremento del salario mínimo?
37. Para el efecto, se estudiarán: i) las generalidades de los defectos invocados; y
ii) el caso concreto.
3.4.1. El defecto sustantivo
38. La Corte Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia que el defecto
sustantivo se presenta cuando la decisión judicial es proferida con fundamento en
una norma claramente inaplicable al caso concreto, ya sea porque perdió vigencia,
porque su aplicación resulta del todo inconstitucional por haber sido declarada
inexequible, fue derogada o subrogada o porque su contenido no guarda relación
de conexidad material con los presupuestos de hecho a los cuales se ha aplicado17.
39. De este modo, para que se predique tal defecto, es preciso tener en cuenta que
la acción de tutela no puede interponerse para controvertir la razonable
interpretación de una norma legal o reglamentaria, debido a que los jueces son
autónomos para escoger, entre diversas interpretaciones de una disposición legal,
la que consideren más acorde con el ordenamiento jurídico en atención a lo
dispuesto en el artículo 230 de la Constitución Política.
40. La Corte Constitucional, se pronunció sobre la limitación del principio de la
autonomía de los jueces para aplicar e interpretar las normas, en los siguientes
términos:
[…] Puede, entonces, señalarse que la función otorgada a los funcionarios
judiciales en su labor de administrar justicia y concretamente de aplicación e
interpretación de las normas jurídicas que encuentra su soporte en el principio
de autonomía e independencia judicial no es absoluta por cuanto se encuentra
sujeta a los valores, principios y derechos previstos en la Constitución. Por ello,
“pese a la autonomía de los jueces para elegir las normas jurídicas pertinentes
al caso concreto, para determinar su forma de aplicación y para establecer la
manera de interpretar e integrar el ordenamiento jurídico, en esta labor no le es
dable apartarse de las disposiciones de la Constitución o la ley, ya que la justicia
se administra con sujeción a los contenidos, postulados y principios
constitucionales que son de forzosa aplicación […]18.
41. En este sentido, la Corte ha precisado que la independencia y la autonomía de
los jueces para aplicar e interpretar una norma jurídica en la solución del caso
sometido a su estudio no es absoluta, pues la actividad judicial debe desarrollarse
dentro del parámetro de la efectividad de los principios, derechos y deberes
establecidos en la Constitución, que pueden afectarse con la indebida interpretación
de una norma, con su inaplicación y con la aplicación de un precepto inexistente.
16
Sentencia del 26 de noviembre de 2025, proferida por el Juzgado Once Administrativo de Barranquilla.
17
Corte Constitucional, sentencia SU-649 de 2017.
18
Corte Constitucional, sentencia T-284 de 2006, criterio reiterado en la sentencia T-450 de 2018.
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42. Así pues, el ejercicio interpretativo de la actividad judicial debe limitarse al
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º de la CP), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º superior), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º de la Constitución), el principio de legalidad
contenido en el derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 de la CP) y la
garantía al acceso a la administración de justicia (artículo 228 Superior).19
3.4.2. El defecto fáctico
43. De acuerdo con la Corte Constitucional, una decisión judicial incurre en defecto
fáctico cuando «el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del
supuesto legal en el que se sustenta la decisión»20. Este vicio en la valoración
probatoria debe ser ostensible, flagrante y manifiesto, y debe tener «incidencia
directa en la decisión21» objeto de tutela. Además, puede configurarse en dos
dimensiones: una positiva y otra negativa.
44. La dimensión positiva ocurre en aquellos eventos en los que el juez «[…]
aprecia y da valor a elementos materiales probatorios indebidamente recaudados
o, efectúa una valoración por “completo equivocada”»22. Por su parte, la dimensión
negativa se presenta cuando los funcionarios judiciales «sin justificación alguna no
valoran los medios de convicción existentes en el proceso, los cuales determinan
la solución del caso objeto de análisis; […] resuelven el caso sin tener las pruebas
suficientes que sustentan la decisión; y […] no ejercen la actividad probatoria de
oficio en aquellos casos que las normas procesales y constitucionales así lo
determinan»23.
45. En particular, resulta importante destacar que el defecto fáctico por indebida
valoración probatoria se configura en las siguientes hipótesis:
(i) cuando el funcionario judicial, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse
por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto
jurídico debatido; (ii) cuando a pesar de existir pruebas ilícitas no se abstiene de
excluirlas y con base en ellas fundamenta la decisión respectiva; (iii) en la hipótesis de
incongruencia entre lo probado y lo resuelto, esto es, cuando se adoptan decisiones
en contravía de la evidencia probatoria y sin un apoyo fáctico claro; (iv) cuando el
funcionario judicial valora pruebas manifiestamente inconducentes respecto de los
hechos y pretensiones debatidos en un proceso ordinario, no por tratarse en estricto
sentido de pruebas viciadas de nulidad sino porque se trata de elementos probatorios
que no guardaban relación con el asunto debatido en el proceso; y (v) cuando el juez
de conocimiento da por probados hechos que no cuentan con soporte probatorio
dentro del proceso24.
46.Ahora bien, la Corte Constitucional ha precisado que el juez de tutela, en el
análisis del defecto fáctico, debe privilegiar los principios de autonomía e
19
Corte Constitucional, sentencia SU-050 de 2017.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
21
Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, criterio reiterado en la sentencia SU-048 de 2022.
22
Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
23
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
24
Corte Constitucional, sentencia T-781 de 2011.
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independencia judicial25, lo que exige a la parte interesada indicar, de forma
concreta, las razones por las cuales el juez ordinario incurrió en el defecto, toda vez
que este «no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de
evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las
reglas generales de competencia»26.
47. Finalmente, la jurisprudencia constitucional ha enunciado, de manera genérica,
por lo menos cuatro criterios que le permiten al juez de tutela identificar si la decisión
judicial cuestionada fue arbitraria e irrazonable al momento de evaluar las pruebas
en cada caso:
50. El primero de ellos exige considerar si la conclusión que se extrae de las pruebas
que obran en el expediente es por completo equivocada […] diametralmente opuesta
–siguiendo las reglas de la lógica– a la que se desprende del contenido de los
materiales probatorios. […]
51. El segundo requiere examinar si la valoración no cuenta con un fundamento
objetivo. Es el caso del juez que resuelve una controversia acudiendo a su propio
capricho o voluntad. El tercero impone determinar si las pruebas han sido valoradas
de manera integral o si, por el contrario, se asigna un mayor o menor valor a alguna
prueba en relación con otras, sin que exista justificación para ello.
52. El cuarto criterio ordena considerar si la conclusión se basa en pruebas
[impertinentes, inconducentes o ilícitas]27.
3.4.3. El desconocimiento del precedente judicial
48. El artículo 230 de la Constitución Política establece que los jueces de la
República tienen un deber de respeto por los precedentes jurisprudenciales
vinculantes y relevantes, pues se constituyen en un mecanismo que garantiza la
efectividad de los principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza
legítima, y la unificación de la interpretación de las normas jurídicas28.
49. Al respecto, la Corte Constitucional29 ha considerado que el precedente se
define como aquella sentencia o conjunto de estas, que son emitidas con
anterioridad a un caso determinado que, por su semejanza en los hechos
analizados y en los problemas jurídicos resueltos, debe ser necesariamente
considerado por las autoridades judiciales al momento de emitir un fallo posterior.
Frente a la obligatoriedad del precedente, la Corte ha dicho:
90. En este orden, debe resaltarse que el precedente no sólo es orientador sino
obligatorio, como se explica a continuación. La primera razón de la obligatoriedad del
25
Corte Constitucional, sentencia SU 289 de 2019.
26
Corte Constitucional, sentencia T-146 de 2010, criterio reiterado en sentencia SU-048 de 2022.
27
Corte Constitucional, sentencia SU-167 de 2024.
28 Corte Constitucional, sentencia T-220 de 2023:
«La Constitución prevé que la jurisprudencia es criterio auxiliar de la actividad judicial (art 230). No obstante, el ordenamiento
constitucional también garantiza el derecho a la igualdad (art 13) y se compromete a “asegurar” la vigencia de un orden justo,
lo cual implica el deber de ofrecer seguridad jurídica (arts 1 y 2). Con fundamento en estos principios, una autoridad judicial
tiene entonces “el deber de tratar explícitamente casos iguales de la misma manera, y los casos diferentes de manera distinta”.
El juez cuenta, desde luego, con autonomía para valorar si un asunto es igual en lo relevante a otro resuelto anteriormente y,
en caso de que lo sea, de apartarse de la ratio decidendi del fallo anterior, pero debe hacerlo con razones suficientes o de lo
contrario desconoce el precedente horizontal».
29 Corte Constitucional, sentencia SU-053 de 2015, criterio reiterado en sentencia SU-060 de 2021.
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precedente se relaciona con el artículo 230 superior. De acuerdo con este precepto
de la Constitución Política, los jueces en sus providencias sólo están sometidos al
imperio de la ley, en ese orden, tienen una autonomía interpretativa e independencia
para fallar, pero deben hacerlo dentro de los parámetros que les presenta la ley.
Particularmente, el concepto de “ley” ha sido interpretado por la jurisprudencia de la
Corte desde un sentido amplio, es decir, la ley no es sólo aquella emitida por el
legislador, sino además comprende todas las fuentes del derecho incluidas las
sentencias que interpretan la Constitución como norma de normas, el bloque de
constitucionalidad y la jurisprudencia de los órganos de cierre de cada jurisdicción.
91. La segunda razón se desprende de los derechos a la igualdad, el debido proceso
y el principio de buena fe. El precedente es una figura que tiene como objetivo
principal garantizar la confianza en las decisiones de los jueces a la luz de los
principios de seguridad jurídica, igualdad, buena fe y confianza legítima que rigen el
ordenamiento constitucional. En otras palabras, la independencia interpretativa es un
principio relevante, pero se encuentra vinculado con el respeto a la igualdad en la
aplicación de la ley y por otras prescripciones constitucionales30.
50. Según la autoridad que emitió el pronunciamiento, el precedente se puede
clasificar en dos clases: i) horizontal, que hace referencia a decisiones emitidas por
autoridades judiciales del mismo nivel jerárquico o, incluso, por un mismo
funcionario; y ii) vertical, concerniente a las decisiones adoptadas por el superior
jerárquico o la autoridad encargada de unificar la jurisprudencia31.
51. En ese orden, el precedente judicial impide en el marco jurídico colombiano que
los jueces, sean individuales o colegiados, adopten fallos «sin determinar si él
mismo o el tribunal del cual hace parte ha establecido una regla de decisión en
relación con casos similares o si existen reglas interpretativas fijadas por
autoridades judiciales funcionalmente superiores, encargadas de la unificación de
la jurisprudencia»32.
52. Por ello, la Corte Constitucional permite, siempre y cuando se justifique de
manera razonada la decisión que en uno y otro sentido toma un juez en virtud del
principio de autonomía, que las autoridades judiciales se aparten de un precedente,
pues la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico no es absoluta. Así, en
caso de que el cambio de postura no se justifique expresamente, se produce una
violación a los derechos fundamentales a la igualdad, al acceso a la administración
de justicia y al debido proceso, que puede ser reclamada a través de la acción de
tutela33.
53. Cabe precisar que la Corte Constitucional explicó que, aún en casos en que las
decisiones judiciales sean emitidas por salas de decisión diferentes al interior de un
30 Se transcribe incluso con errores.
31 Corte Constitucional, sentencia SU-354 de 2017.
32 Corte Constitucional, sentencia SU-048 de 2022.
33 Ibidem: «En efecto, tal como lo ha sostenido esta Corte, los jueces pueden apartarse válidamente del precedente horizontal
o vertical, siempre y cuando, al hacerlo, observen los deberes de transparencia y suficiencia. El primero exige que el juez
enuncie las reglas conforme a las cuales se han resuelto casos similares (es decir, que reconozca expresamente el
precedente), pues “solo puede admitirse una revisión de un precedente si se es consciente de su existencia”. El segundo
requiere exponer razones suficientes y válidas a la luz del ordenamiento jurídico y los supuestos fácticos del nuevo caso que
justifiquen el cambio jurisprudencial o una decisión diferente, lo cual implica demostrar que el precedente no es válido, correcto
o suficiente para resolver el asunto sometido a examen judicial. Cumplidos estos requisitos, se entienden garantizados tanto
el derecho a la igualdad de trato ante las autoridades como la autonomía e independencia de los operadores judiciales.»
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tribunal administrativo, se debe garantizar el derecho a la igualdad en el marco de
la función judicial, pues se trata de una sola corporación34.
54. Finalmente, resulta oportuno precisar que la competencia del juez de tutela ante
la configuración de un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, le permite «analizar si, en la providencia que se acusa como transgresora
de este derecho [igualdad], se exponen las razones que justifican el cambio de
criterio» de manera suficiente y razonable, de manera que se salvaguarde las
exigencias de la autonomía judicial.
3.4.4. Violación directa de la Constitución
55. De acuerdo con la Corte Constitucional, el defecto bajo estudio tiene
fundamento en la fuerza vinculante prevista en el artículo 4 superior, según el cual
la Carta Política es norma de normas en todo el ordenamiento jurídico interno y,
ante cualquier «incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica,
se aplicarán las disposiciones constitucionales». Dicha causal específica de
procedencia ocurre cuando el juez en su providencia «omite, contradice o le da un
alcance insuficiente a las reglas, principios y valores consagrados en el texto
superior»35.
56. En un principio, el defecto de violación directa de la Constitución fue concebido
como un defecto sustantivo; sin embargo, en la sentencia T-949 de 2003 fue
comprendido como una causal autónoma de procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales, criterio ratificado con la sentencia C-590 de 200536.
Ahora bien, el alto tribunal constitucional ha indicado que esta causal se configura
en los siguientes eventos:
i) En la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición
legal de conformidad con el precedente constitucional;
ii) se trata de la violación evidente a un derecho fundamental de aplicación
inmediata;
iii) los jueces, con sus fallos, vulneran derechos fundamentales porque no
tienen en cuenta el principio de interpretación conforme con la
Constitución; y
iv) si el juez encuentra, deduce o se le interpela sobre una norma
incompatible con la Constitución, y no aplica las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales37.
57. En conclusión, el defecto autónomo de violación directa de la Constitución
supone el desconocimiento por parte de los jueces del mandato contenido en el
artículo 4 superior que antepone, de manera preferente, la aplicación de los
postulados de la Constitución Política, sus reglas, principios y valores.
34 Corte Constitucional, sentencia T-531 de 2023.
35
Corte Constitucional, sentencia T- 587 de 2017.
36
Corte Constitucional, sentencia SU-027 de 2021.
37
Corte Constitucional, sentencia SU-098 de 2018.
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3.5. Caso concreto
58. En el asunto bajo estudio, la señora Sonia Padilla de Granadillo presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Universidad del
Atlántico, con el fin de que se anularan las comunicaciones recibidas el 16 de
octubre y el 7 de diciembre de 2020 y, en consecuencia, se ordenara el reajuste de
la mesada pensional de la actora con base el porcentaje de incremento del salario
mínimo. Además, pidió que condenara al pago del retroactivo causado por las
diferencias en los aumentos aplicados con base en el IPC y no en el porcentaje del
salario mínimo decretado anualmente.
59. En primera instancia, el Juzgado Once Administrativo de Barranquilla, con
sentencia del 26 de noviembre de 2025, negó las pretensiones de la demanda.
Apelada la anterior decisión, el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante
providencia del 3 de junio de 2026, revocó el fallo recurrido y, en su lugar, accedió
a las peticiones de la parte demandante.
60.Ahora bien, la Universidad del Atlántico argumentó en el escrito de tutela, en
concreto, que la autoridad accionada, al proferir la providencia del 3 de junio de
2026, incurrió en lo defectos sustantivo, por las siguientes razones:
(i) El Tribunal ordenó la actualización de la mesada pensional reconocida al
señor Sofanor Granadillo Carrillo con fundamento en la Ley 71 de 1988, norma
que para la fecha del reconocimiento prestacional (20 de mayo de 1997) ya
había sido desplazada por el artículo 14 de la Ley 100 de 1993. Dicha
disposición es posterior y establece el IPC como criterio de reajuste.
(ii) Se configuró una indebida interpretación normativa al exigirle a la
Universidad del Atlántico el trámite de los artículos 73 y 74 del CCA, sin tener
en cuenta que la entidad no revocó un derecho adquirido ni eliminó una
condición consolidada, sino que simplemente aplicó la normativa vigente sobre
reajustes. La fórmula de actualización no constituye un derecho adquirido,
cuando la jurisprudencia ha reconocido que estos mecanismos de reajuste son
modificables por el legislador.
61. Adicionalmente, indicó que se configuró un defecto fáctico por indebida
valoración de la Resolución 00959 de 1997, pues el Tribunal desconoció que dicho
acto administrativo distinguía entre el reconocimiento del derecho pensional y la
forma de su reajuste, cuyo procedimiento de actualización remitía a lo dispuesto en
la ley. Al omitir este aspecto, la autoridad judicial concluyó equivocadamente que el
incremento tenía naturaleza convencional, cuando la prueba documental indicaba
justamente lo contrario, esto es, que su fuente era legal.
62. De otro lado, refirió que el fallo cuestionado desconoció el precedente
jurisprudencial de la Sección Segunda del Consejo de Estado, que de manera
reiterada ha establecido que el reajuste anual de las mesadas pensionales
reconocidas por la Universidad del Atlántico debe efectuarse con base en el IPC, y
no conforme al mecanismo previsto en la Ley 71 de 1988.
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63.Por último, expuso que se configuró una violación directa de la Constitución, por
cuanto se desconoció el contenido de los artículos 29 y 230 superiores.
3.5.1. Fundamentos de la sentencia objeto de tutela
64. Así pues, revisadas las pruebas aportadas al trámite de tutela, la Sala observa
que el Tribunal Administrativo del Atlántico revocó el fallo de primera instancia y, en
su lugar, accedió a las pretensiones de la demanda, al concluir que la Universidad
del Atlántico omitió ejercer el trámite previsto en los artículos 73 y 74 del CCA38,
pues el acto administrativo inicial que reconoció la prestación (Resolución 00959 de
1997) y, dispuso el ajuste anual de la pensión conforme el artículo 1 de la Ley 71 de
1988 se encontraba vigente, por lo que la entidad debió haber tramitado su
expulsión del ordenamiento jurídico antes de aplicar el IPC.
65. En concreto, se observa que el Tribunal accionado revisó el contenido de los
artículos 73 y 74 del CCA, así como el artículo 97 del CPACA y, determinó que,
según la normativa procedimental vigente, está prohibido que la administración
revoque directamente y por sí misma un acto propio que haya otorgado un derecho
particular y concreto, aun si considera que dicho acto es contrario a la Constitución
o la ley, sin acudir previamente a la jurisdicción contencioso-administrativa. Esto
aplica salvo excepciones puntuales, como los casos de fraude en materia pensional.
66. Así pues, la autoridad accionada advirtió que en el evento de permitir que la
administración actúe unilateralmente frente a la garantía de un derecho pensional,
esto equivaldría a un ejercicio arbitrario del poder, sin posibilidad de control, y
vulneraría el debido proceso y el derecho de defensa propios de la vía gubernativa.
67. De esta manera, refirió que la administración no puede pretender que, sin haber
ejercido oportunamente su propio derecho de acción judicial, el juez declare, a modo
de excepción, las pretensiones que ella misma debió plantear si consideraba que
un acto propio era contrario al ordenamiento. En este sentido, precisó que, incluso
después de ser demandada, la entidad pudo haber presentado una demanda de
reconvención para defender la validez del régimen legal y constitucional que invoca.
68. En consecuencia, afirmó que el estudio sustancial de los derechos discutidos
en el acto que modificó o retiró la prerrogativa particular constituye un «segundo
estadio» de análisis, que el juez administrativo solo podría examinar si la
administración hubiera presentado la correspondiente demanda de reconvención,
lo cual no ocurrió en este caso.
69.Con base en lo anterior, la autoridad judicial accionada analizó el caso concreto
de la señora Sonia Padilla de Granadillo, con fundamento en las siguientes
consideraciones:
Al respecto, se tiene que, en virtud de la reglamentación interna de la Universidad del
Atlántico, materializada en la Convención Colectiva, se le reconocía y pagaba pensión
38
Actualmente, artículo 97 del CPACA.
14
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de jubilación a la demandante, la cual se incrementaba o reajustaba anualmente
conforme al incremento fijado para el salario mínimo, hasta el año 1999, pues a partir
del mes de enero del año 2000 la prestación fue reajustada con base al IPC, tal como
se acreditó en la demanda, decisión que adoptó la parte demandada sin que mediara
acto administrativo, mediante el cual se ordenara dicho cambio, así como tampoco, se
le comunicó a la actora dicha determinación para que pudiera ejercer algún tipo de
herramienta legal para debatir ante la administración tal determinación.
De igual forma se probó que la demandante elevó reclamación sobre el particular el 3
de septiembre de 2020, ante lo cual la universidad decide denegar la reclamación en
comento mediante respuestas recibidas el 16 de octubre de 2020 y 7 de diciembre de
2020, que constituyen, a criterio de la Sala, actos administrativos enjuiciables, con los
cuales, solo hasta este momento, se logra advertir por parte de la administración, su
determinación sobre el porcentaje de incremento pensional de la accionante.
En este punto, debe precisarse, al ser un requisito para eventualmente apartarse de
decisiones que pudiera haber emitido la Sala, que los cargos de nulidad esgrimidos en
el presente caso se aíslan sustancialmente de algunos de los que se pudieran analizar
acerca de alguna prestación reconocida por la misma Universidad del Atlántico, lo cual
si ameritó el análisis que en su momento se erigió sobre la virtualidad sustancial del
derecho en aquellos casos, no advirtiéndose lo mismo en el particular, pues esta se
encamina respeto de la prerrogativa de revocatoria de derechos particulares y
concretos, de naturaleza laboral como los comprometidos en este asunto.
[…]
Dicho lo anterior, y una vez expuestos los fundamentos fácticos que sostienen el
derrotero aquí trazado, encuentra el Tribunal, que la UDEA no agotó en debida forma
el trámite dispuesto en los artículos 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo, que
vale decir, se aplican al asunto en debate por encontrarse vigente al momento en que
el ente universitario tomara la decisión de dejar de incrementar la mesada pensional
de la demandante con base en el porcentaje fijado para el salario mínimo, procediendo
a aplicar el incremento del IPC, igualmente coincidente con lo expuesto por la actual
norma procesal, dada en la Ley 1437 de 2011 precitado, y con el pronunciamiento del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en proveído del 28 de enero de
2021, con ponencia del Consejero Dr. César Palomino Cortés, dentro del radicado
11001-03-25-000- 2011-00022-01, en el que indica anular la actuación por no haber
agotado la entidad los presupuestos dispuestos en los artículos 12, 28, 34, 35 y 74 del
Código Contencioso Administrativo, que en suma se traducen en la no atención de los
artículos 73 y 74 del CCA, hoy artículo 97 de la Ley 1437 de 2011.
70. En efecto, para el Tribunal, en el expediente, se demostró que al señor Sofanor
Granadillo Carrillo se le reconoció una pensión de jubilación, con fundamento en las
disposiciones contenidas en la Convención Colectiva de la Universidad del Atlántico,
la cual se reajustaba anualmente con base en el incremento del salario mínimo,
hasta 1999. A partir de enero de 2000, la universidad cambió unilateralmente el
criterio de reajuste, aplicando en su lugar el IPC, sin expedir un acto administrativo
que sustentara dicha decisión ni comunicárselo a la demandante para que pudiera
controvertirlo.
71. Asimismo, la providencia cuestionada expuso que solo cuando la demandante
presentó una reclamación el 3 de septiembre de 2020, la universidad se pronunció
15
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formalmente sobre el asunto, mediante respuestas negativas emitidas el 16 de
octubre y el 7 de diciembre de 2020. Estos oficios, según el Tribunal constituyen
actos administrativos susceptibles de ser demandados, siendo el primer momento
en que la administración expuso su posición sobre el porcentaje de reajuste
pensional.
72. De igual manera, la autoridad accionada aclaró que los cargos de nulidad de
este caso son distintos de los que se han analizado en otros procesos contra la
misma universidad relacionados con prestaciones reconocidas por ella, pues aquí
el debate se centraba específicamente en la facultad de revocar unilateralmente
derechos particulares y concretos de naturaleza laboral (el reajuste pensional), y no
en el estudio sustancial del derecho prestacional en sí.
73. A partir de lo mencionado, el Tribunal concluyó que la Universidad del Atlántico
no agotó debidamente el trámite previsto en los artículos 73 y 74 del Código
Contencioso Administrativo, cuya regulación, actualmente, se encuentra prevista en
el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011.
74. Además, refirió que la Sección Segunda del Consejo de Estado en asuntos de
similares características fácticas y jurídicas planteó la necesidad de acudir al
procedimiento de la revocatoria directa para modificar la forma de indexación de la
pensión de jubilación en la sentencia del 26 de septiembre del 202439 y en la
providencia del 3 de septiembre del 202540.
75. En atención a lo anterior, el Tribunal Administrativo del Atlántico consideró que
la Universidad del Atlántico no cumplió con las pautas exigidas para revocar el
derecho de la demandante, por lo que la decisión del juez de primera instancia no
se ajustó a derecho.
76. No obstante, la autoridad judicial accionada reconoció que, con la entrada en
vigor del Sistema General de Pensiones, se introdujo un modelo mixto de reajuste
pensional, pues las pensiones equivalentes al salario mínimo se deben incrementar
con base en este, mientras que las que lo superan se reajustan según el IPC.
77. En este orden, el Tribunal resaltó que, en el caso bajo estudio, la forma de
actualización de la pensión sustituida a la demandante había sido fijada
expresamente en el acto administrativo de reconocimiento, con fundamento
principal en la convención colectiva de trabajo. Como no se probó que esa fuente
normativa hubiera sido derogada o modificada, la Sala considera que la universidad,
para cambiar el criterio de actualización a partir de 2000, debía agotar el
procedimiento legal correspondiente para retirar del ordenamiento tanto la
Resolución núm. 000959 del 20 de mayo de 1997 como la convención que lo
sustentaba.
78. Por último, la accionada indicó que tampoco es admisible que, al reconocer la
sustitución pensional a la demandante, la universidad haya modificado
39
Radicado núm. 08001-23-33-000-2021-00291-01 (0861-2023).
40
Radicado núm. 08001-23-33-000-2021-00087-01 (1122-2025).
16
Radicado: 11001-03-15-000-2026-05890-00 (9301)
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unilateralmente la forma de reajuste, aplicando el IPC con base en el artículo 14 de
la Ley 100 de 1993. Esto, porque la sustitución pensional por fallecimiento del titular
no constituye un derecho nuevo susceptible de variación unilateral, sino que debe
mantenerse en los mismos términos en que fue originalmente reconocido al
causante. En consecuencia, concluyó que era procedente declarar la nulidad de los
actos demandados, en cuanto negaron el reajuste de la pensión de la demandante
con base en el incremento del salario mínimo.
3.5.2. Las consideraciones de la Sala respecto a los defectos alegados por la
parte actora
79. Pues bien, para determinar si el Tribunal Administrativo del Atlántico incurrió en
los defectos expuestos por el accionante en el escrito de tutela, la Sala debe precisar
que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 71 de 1988 «Las
pensiones a que se refiere el artículo 1o. de la ley 4a. de 1976, las de incapacidad
permanente parcial y las compartidas, serán reajustadas de oficio cada vez y con el
mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal
mensual».
80. Posteriormente, con la expedición de la Ley 100 de 1993 se creó el Sistema
General de Seguridad Social Integral. En su artículo 11 se estableció que este
estatuto normativo se aplicaría a todos los habitantes del territorio nacional. Al
respecto, la norma expuso lo siguiente:
ARTÍCULO 1141. El Sistema General de Pensiones, con las excepciones previstas en
el artículo 279 de la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio
nacional, conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas,
servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas
anteriores para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los
requisitos para acceder a una pensión o se encuentren pensionados por jubilación,
vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial,
en todos sus órdenes, del Instituto de Seguros Sociales y del sector privado en
general.42
Para efectos de este artículo se respetarán y por tanto mantendrán su vigencia los
derechos adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o
convención colectiva de trabajo.
Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a las partes y de
que el tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes.43
81. Dicho instrumento normativo, si bien respetó y salvaguardó los derechos,
41
Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto es el siguiente: El Sistema General de Pensiones
consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional, conservando y respetando,
adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y beneficios adquiridos y establecidos conforme a
disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones colectivas de trabajo para quienes a la fecha de
vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una Pensión o se encuentren pensionados por jubilación,
vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial en todos los órdenes del régimen de
Prima Media y del sector privado en general.
Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a las partes y que el tribunal de arbitramento dirima las
diferencias entre las partes.
42
Aparte subrayado del inciso 1o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-168-95 del 20 de
abril de 1995.
43
Inciso 3o. declarado EXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-408 del 15 de septiembre de 1994.
17
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garantías y beneficios adquiridos con normas anteriores, también, extendió la
aplicación de sus disposiciones a aquellas personas pensionadas antes y después
de su entrada en vigor.
82.Ahora bien, en cuanto al ajuste anual de las pensiones, el artículo 14 de la Ley
100 de 1993 estableció que el valor de la mesada pensional se incrementará de
acuerdo con el índice de precios al consumidor (IPC), así:
ARTÍCULO 14. Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las pensiones de vejez o
de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de los dos
regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo
constante, se reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero de cada año, según la
variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para
el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea
igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y
con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el Gobierno.
83. La Corte Constitucional en la sentencia C - 385 de 1994 efectuó un estudio de
la constitucionalidad del artículo 14 (parcial) de la Ley 100 de 1993 y manifestó que
con dicha disposición se buscaba mermar los efectos que la devaluación de la
moneda causa en las mesadas pensionales, porque la Constitución, no precisa
aspectos tales como la proporción en la que debe decretarse el reajuste, la
oportunidad ni la frecuencia y por ello, le corresponde al legislador hacerlo. En ese
sentido, no puede considerarse como derecho adquirido el porcentaje en el que se
deben incrementar las pensiones sino meras expectativas. Sobre el particular indicó
lo que sigue:
los pensionados, de acuerdo con la Constitución (art. 53), tienen derecho a que se les
reajuste su pensión en la cuantía que determine la ley, sin que por ello se desconozca
el artículo 58 ibidem, pues no hay derechos adquiridos sobre el factor o porcentaje en
que se deben incrementar las pensiones, sino meras expectativas. Por tanto, la ley bien
puede modificar las normas que consagran la proporción en que se realizarán los
aumentos de las mesadas pensionales.
84.En cuanto a la extensión del artículo 14 de la Ley 100 de 1993 a las personas
que adquirieron y se les reconoció el derecho pensional antes de la vigencia de esta
norma, esta corporación expuso lo siguiente:
Los pensionados que […] adquirieron el derecho bajo normas anteriores, mantienen la
prestación en los términos en que les fue reconocida por tratarse de un derecho
adquirido, subjetivo, que debe ser respetado «frente a leyes posteriores que no puede
afectar lo legítimamente obtenido al amparo de una Ley anterior. Presuponen la
consolidación de una serie de condiciones contempladas en la Ley, que permiten a su
titular exigir el derecho en cualquier momento»44.
En los demás aspectos, los pensionados con anterioridad a la vigencia del Sistema
están sometidos a la normativa vigente y por ello, el reajuste anual de la mesada debe
atender las fórmulas dispuestas en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
44
Corte Constitucional, sentencia C-242 de 1 de abril de 2009
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[…]
En este orden de ideas, resulta evidente que el reajuste pensional previsto en el artículo
14 de la Ley 100 de 1993, no afecta los derechos adquiridos de quienes se pensionaron
con anterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones porque la prestación
se mantiene en los términos en que fue reconocida, diferente es que el reajuste de la
mesada se realice con la fórmula prevista en la normativa vigente para asegurar el
poder adquisitivo45.
85. De esta manera, conviene precisar que los derechos adquiridos que protegió el
régimen de seguridad social integral establecido en la Ley 100 de 1993, se
circunscribieron a aquellos derechos pensionales consolidados bajo normas
anteriores. Esto hace referencia a aquellas personas beneficiarias del régimen de
transición, las cuales tendrían derecho a pensionarse con la edad, tiempo de
servicio y monto correspondiente al régimen anterior, siempre que se den las
condiciones instituidas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, y quienes para el
incremento anual de la mesada les aplica lo establecido en el mencionado artículo
14 ibidem.
86. Cabe mencionar que los pensionados antes de la vigencia del nuevo sistema,
en los demás aspectos, como lo es el reajuste anual de la mesada, estarían
sometidos al método señalado en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
87. Acorde con lo mencionado, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo
de Estado46 se pronunció sobre los alcances del artículo 14 de la Ley 100 de 1993
y su aplicación a los pensionados con anterioridad a su vigencia, en los siguientes
términos:
En relación con el artículo 14 transcrito, resulta pertinente poner de presente algunas
de las consideraciones que la Corte Constitucional expuso en la sentencia C-387 de
199447, por ser pertinentes al objeto de debate en el presente asunto.
En aquella oportunidad, la Corte sostuvo que tales normas buscan mermar los efectos
que la devaluación de la moneda causa en las mesadas pensionales, puesto que
implican que ellas pierdan su capacidad adquisitiva con afectación directa en la calidad
de vida de los pensionados y observó que como quiera que la Constitución, en relación
con el reajuste de las pensiones, no precisa aspectos tales como la proporción en la
que debe decretarse el reajuste, la oportunidad ni la frecuencia, le corresponde al
Legislador hacerlo48.
Sobre este último aspecto, aclaró que ese hecho no se opone al contenido del artículo
58 ibidem, puesto que «no hay derechos adquiridos sobre el factor o porcentaje en que
se deben incrementar las pensiones, sino meras expectativas. Por tanto, la ley bien
45
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de mayo de 2013, magistrada ponente Bertha Lucía
Ramírez de Paéz, radicación número: 76001-23-31-000-2009-00680-01(1185-12).
46
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 17 de agosto de 2017, radicado núm.
110010324000201000007 00 (3294-2014).
47
En esta sentencia la Corte Constitucional conoció de la constitucionalidad del artículo 14 de la Ley 100 de 1993, por el
cargo relacionado con la vulneración del derecho a la igualdad al prescribir que las pensiones cuyo monto sea equivalente al
salario mínimo legal se reajusten en el mismo porcentaje en que el Gobierno incremente dicho salario, pues en criterio del
actor, dicha disposición pone a las personas que devengan estas pensiones en situación de inferioridad respecto de aquellas
que reciben pensiones superiores, a quienes se les aumentará la mesada conforme al IPC, porcentaje que señala es superior
al incremento del salario mínimo legal.
48
Reiterado en la sentencia C-067 de 1999.
19
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puede modificar las normas que consagran la proporción en que se realizarán los
aumentos de las mesadas pensionales».
Hasta este punto se concluye que el porcentaje de reajuste de la mesada pensional no
es un derecho adquirido.
Ahora bien, en criterio de la parte demandante, la mesada de quienes se pensionaron
con anterioridad al 1.º de abril de 1994 debe incrementarse en la forma prevista por la
Ley 71 del 19 de diciembre de 1988, esto es, en el mismo porcentaje en que se ajustaba
el salario mínimo, afirmación frente a la cual debe indicarse que el hecho de que el
porcentaje en el cual se reajusta la pensión no sea un derecho adquirido, implica que
el sistema definido por la Ley 100 de 1993 podía regular válidamente la proporción del
aumento de la prestación, derogando el enunciado normativo que venía rigiendo hasta
ese momento, tal y como lo admitió la Corte Constitucional en la sentencia C-110 de
1996, al señalar:
«[…] A partir del 1.° de enero de 1989 y hasta la entrada en vigencia de
la Ley 100 de 1993, todas las pensiones que fueron reconocidas en el
país, tanto en el sector público como en el privado, se reajustaron
anualmente conforme a la formula prevista en la Ley 71 de 1988, esto
es, en el mismo porcentaje en que se incrementó por el Gobierno el
salario mínimo legal mensual. Con la expedición de la Ley 100 de 1993
y su entrada en vigencia, las pensiones reconocidas antes y después
de dicha ley, se vienen reajustando en la forma prevista por su artículo
14 y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 142 y 143 ibídem,
lo que significa que el referido reajuste se produce anualmente según
la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado
por el DANE para el año inmediatamente anterior, más la mesada
adicional y el reajuste equivalente a la elevación en la cotización para
salud, a favor de los pensionados con anterioridad al 1° de enero de
1994.[…]»
En esas condiciones, no le asiste razón a la parte demandante cuando estima que
al hacer extensivo el porcentaje de reajuste de la mesada pensional que se decreta
para quienes se pensionan con posterioridad al 1.º de abril de 1994 a aquellos que
ya tenían la prestación reconocida para ese momento, la norma demandada hace
una inclusión no prevista en la ley que reglamenta y desconoce los derechos
adquiridos de estos últimos, pues se reitera, la protección de los derechos adquiridos
en materia pensional no comprende la proporción del incremento de la mesada.
Conclusión: Conforme a las consideraciones expuestas, el porcentaje de reajuste
de la mesada pensional no es un derecho adquirido, por lo tanto, la jurisprudencia
de la Corte Constitucional ha considerado que el legislador está habilitado para
modificar las normas que consagran la proporción en que se realizarán los aumentos
de las mesadas pensionales.
De acuerdo con lo anterior, el reajuste previsto por el artículo 14 de la Ley 100 de
1993 sí es aplicable a quienes les fue reconocida la pensión antes del 1.º de abril de
1994 y no el definido por la Ley 71 del 19 de diciembre de 1988, toda vez que esta
última quedó derogada por aquella.
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88. En similares términos la Corte Suprema de Justicia49 se refirió a la aplicación
del artículo 14 de la Ley 100 de 1993 a regímenes exceptuados por el artículo 279
ibidem, como es el caso de las pensiones convencionales reconocidas a los
trabajadores de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, así:
El sistema de reajuste anual previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que
modificó el artículo 1 de la Ley 71 de 1988, se extendió a los regímenes exceptuados
como el de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), los cuales se integraron
al sistema general de pensiones en forma definitiva por expresa disposición del Acto
Legislativo 01 de 2005.
Dicho cuestionamiento ya ha sido abordado ampliamente por esta corporación, a través
de varias decisiones, las más recientes de ellas las CSJ SL4337-2019, CSJ SL844-
2021 y CSJ SL1468-2021, en las que se ha precisado lo siguiente:
1. El sistema de reajuste anual de las pensiones que consagraba la Ley 71 de 1988,
cuya aplicación reclaman los demandantes, fue modificado expresamente por el
artículo 14 de la Ley 100 de 1993, en ejercicio de las libertades de configuración que
en torno al sistema de seguridad social tiene el legislador.
[…]
3. Pese a que las pensiones de jubilación representan derechos adquiridos con
anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y el sistema de reajuste
anual es inherente a ese derecho adquirido, lo cierto es que el procedimiento y el
parámetro para efectuarlo le corresponde definirlo al legislador, en uso de su libertad
de configuración legislativa, aparte de que las modificaciones normativas en torno al
punto pueden ser aplicadas a las pensiones vigentes de manera retrospectiva, como,
entre otras cosas, lo reconoció la Corte Constitucional en las sentencias CC C-387-
1994 y CC C110-2006.
[…]
5. Tampoco puede admitirse que se pueda aplicar el sistema de reajuste querido por
los demandantes, acudiendo a los principios de favorabilidad y condición más
beneficiosa, pues, en primer lugar, como ya se dijo, no existe en estricto sentido un
derecho inmodificable a un determinado procedimiento de reajuste pensional (CSJ
SL1468-2021), que pueda ser aplicado a los pensionados en condiciones más
benignas, y, por otra parte, lo cierto es que, tratándose de un tema definido y regulado
por el legislador de manera legítima y retrospectiva, y partiendo de la base de que la
Ley 71 de 1988 fue modificada en este punto, no existe en este caso un conflicto entre
normas vigentes ni tampoco alguna condición alcanzada al abrigo del ordenamiento
jurídico, que pudiera ser objeto de protección pese al tránsito de legislación.
89. A partir de las consideraciones expuestas, es posible concluir que el porcentaje
de reajuste de la mesada pensional no constituye un derecho adquirido. En
consecuencia, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y
de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que el legislador cuenta con la
facultad para modificar las normas que determinan la proporción en que deben
efectuarse los incrementos de las pensiones.
90. En esa línea, el reajuste previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 resulta
aplicable a las pensiones reconocidas antes del 1.º de abril de 1994, y no el previsto
en la Ley 71 de 1988, por cuanto esta última fue derogada por la primera.
49
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL3865-2021 del 18 de agosto de 2021, magistrado
ponente Jorge Luis Quiroz Alemán, proceso núm. 88354.
21
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91. Bajo este contexto normativo y jurisprudencial, es necesario precisar si la
Universidad del Atlántico debía acudir al procedimiento de revocatoria directa o si,
por el contrario, debió promover la demanda de lesividad para modificar la forma de
ajuste de la prestación.
92. Sobre el particular, conviene mencionar que la Subsección B50 de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, en un asunto de similares supuestos fácticos y
jurídicos, precisó que la modificación del método para actualizar la mesada
pensional de los beneficiarios de la pensión de jubilación reconocida por la
Universidad del Atlántico no implica una revocatoria expresa ni tácita del derecho
pensional, que exija adelantar el procedimiento para la revocatoria directa. Al
respecto, se expuso lo siguiente:
En el sub lite se tiene que la demandante (i) mediante Resolución 970 del 20 de mayo
de 1997, la universidad del Atlántico le reconoció una pensión de jubilación a partir del
1° de mayo de 1997, en cuantía del 100% de su último sueldo promedio devengado,
(ii) prestó sus servicios a la Universidad del Atlántico como mecanógrafa, nombrada
mediante Resolución 00380 y con acta 481 del 4 de mayo de 1976, tomó posesión del
cargo, (iii) mediante comunicación enviada el 23 de marzo de 2011, agotó la
reclamación administrativa y solicitó el reajuste de su mesada pensional desde el 1° de
enero de 2000, con el mismo porcentaje del incremento del salario mínimo con la
aplicación de la norma convencional o legal más favorable; asimismo, el pago del
retroactivo que se haya causado a su favor por las diferencias en los incrementos
anuales con el IPC en vez del salario mínimo y los intereses moratorios, actualizaciones
e indexaciones, pero dicha petición fue negada a través de la comunicación recibida el
25 de marzo de 2021, mediante la cual la Universidad del Atlántico alegó que «a partir
de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, las pensiones reconocidas antes y
después de dicha ley se deben reajustar conforme a lo establecido en el artículo 14 de
la misma, lo que significa se produce según la variación porcentual del índice de precios
al consumidor».
Así las cosas, la entidad demandada por la disposición normativa, contenida en el
artículo 14 de la Ley 100 de 1993, vigente a la fecha en que fue reconocido el derecho,
le era posible de manera oficiosa reajustar la pensión de la demandante teniendo como
base el índice de precios al consumidor, y con ello, no revocó ni expresa ni tácitamente
el derecho pensional de la demandante, como para que requiriera adelantar el trámite
previsto para la revocatoria directa del acto administrativo de carácter particular, pues
aplicó el método establecido por el legislador para conservar el valor adquisitivo de la
pensión.
En línea con lo anterior, estima la Sala que el ajuste anual de la mesada pensional de
la demandante debía realizarse, incluso desde su reconocimiento, con aplicación del
Índice de Precios al Consumidor, toda vez que mediante Resolución 970 del 20 de
mayo de 1997, la Universidad del Atlántico le reconoció a la demandante la pensión de
jubilación, fecha en la que ya se encontraba vigente la disposición normativa, contenida
en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, aunado a que el derecho pensional de la
accionante se encuentra salvaguardado, teniendo en cuenta que se le reconoció una
pensión con el 100% en virtud a una convención colectiva que no le era aplicable, toda
50
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 16 de mayo de 2025, radicado núm. 08001-23-33-000-
2021-00194-01 (2597-2024).
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vez que, la accionante era una empleada pública y no una trabajadora oficial. En ese
sentido, realizar el incremento a la pensión con el mismo porcentaje del incremento del
salario mínimo generaría un detrimento para el erario público, por lo que se revocará
la sentencia apelada y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.
93. Recientemente y en similar sentido, la Subsección A51 de la Sección Segunda
de esta corporación se pronunció en los siguientes términos:
30. En el presente asunto, esta Subsección es de la tesis de que, no era necesario que
la demandada solicite el consentimiento previo para efectuar el ajuste de la mesada de
conformidad con el IPC por las siguientes razones:
31. En primer lugar, porque si bien es cierto, en el acto que reconoció a la parte
demandante el derecho a la pensión de jubilación se dispuso que los ajustes sobre la
misma se debían efectuar de conformidad con el artículo 1 de la Ley 71 de 1988, esto
es, atendiendo al incremento del salario mínimo, también lo es que para la fecha en
que fue reconocida la prestación económica ya se encontraba vigente el artículo 14 de
la Ley 100 de 1993, el cual consagra el reajuste de la mesada pensional con base en
el IPC.
32. Se advierte que tanto la jurisprudencia de esta corporación52 como de la Corte
Suprema de Justicia53 han interpretado que el artículo 14 de la citada ley derogó
tácitamente el reajuste establecido anteriormente en el artículo 1 de la Ley 71 y resulta
aplicable a las pensiones reconocidas antes y después de la Ley 100 de 1993. Que al
no constituir un derecho adquirido el legislador puede modificar las normas que
consagran la proporción en que se realizan los aumentos de las mesadas pensionales.
34. También se concluye que no estamos ante el supuesto de la revocatoria directa del
derecho reconocido a la parte demandante, pues goza de su prestación económica
convencional en los términos concedidos y lo cierto es que el mecanismo de incremento
anual al ser previsto por el legislador resultaba aplicable y obligatorio.
35. Tampoco es posible acceder a la pretensión invocando los principios de
favorabilidad, in dubio pro operario y el de la condición más beneficiosa, porque no
existe conflicto entre normas vigentes ni condiciones que justifiquen mantener el
sistema anterior de actualización54.
36. Adicionalmente, teniendo en cuenta que la mesada pensional del demandante
según el acto que le reconoció el derecho fue de $1.662.749, es decir, muy superior al
salario mínimo legal vigente para el año 1997, $172.005., le asiste razón a la
Universidad al manifestar que el incremento o reajuste de su mesada necesariamente
debía calcularse conforme el IPC pues así lo establece la norma aplicable.
37. Finalmente, se reitera esta Subsección considera que el estudio de legalidad
realizado sobre el acto demandado permitió concluir que la Universidad del Atlántico al
efectuar el incremento de la mesada pensional, dio estricto cumplimiento a los
parámetros establecidos por el legislador, por ello no se observa ilegalidad en su
51
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de mayo de 2026, radicado núm. 08001-23-33-000-
2021-00106-01 (5322-2024).
52
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, Sentencia 17 de agosto de
2017.Exp. 11001-03-24-000-2010-00007-00(3294-14).
53
CSJ SL4337-2019, CSJ SL844-2021 y CSJ SL1468-2021.
54
Al respecto ver también, la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, SL3865-2021
del 18 de agosto de 2021, magistrado ponente Jorge Luis Quiroz Alemán, proceso núm. 88354.
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actuación.
94. De acuerdo con lo anterior, es posible colegir que la jurisprudencia del Consejo
de Estado, Sección Segunda, recientemente, ha reconocido que la Universidad del
Atlántico estaba facultada para ajustar el método de actualización de las pensiones
reconocidas por la institución educativa de acuerdo con los parámetros establecidos
en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, toda vez que el legislador dispuso su
modificación y estableció el sistema para actualizar las mesadas conforme a las
políticas económicas orientadas a preservar el poder adquisitivo de la prestación y,
adicionalmente, a garantizar la sostenibilidad del sistema pensional.
95. Asimismo, se determina que no se configura un supuesto de revocatoria directa
del derecho reconocido a la parte demandante, pues esta continúa gozando de su
prestación económica convencional en los términos otorgados. Lo que ocurre es
que el mecanismo de incremento anual, al estar previsto por el legislador, resultaba
aplicable y obligatorio, sin que ello implique la supresión o modificación del derecho
pensional ya reconocido.
96. En este orden, se advierte que en el asunto estudiado por el Tribunal
Administrativo del Atlántico en la sentencia objeto de tutela del 3 de junio de 2026,
no tuvo en cuenta el criterio desarrollado por esta corporación en las providencias
referidas sobre la improcedencia del procedimiento de la revocatoria directa en
asuntos relacionado con el ajuste al método de actualización de las prestaciones
pensionales reconocidas por la Universidad del Atlántico.
97. El Tribunal accionado, al exigir que la Universidad del Atlántico acudiera al
trámite previsto en los artículos 73 y 74 del CCA55, efectuó una interpretación del
ordenamiento jurídico procesal desproporcionado e impuso un rigorismo procesal,
que impidió que se realizara una adecuada aplicación de la normativa que regula el
Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
98. Lo anterior significa que la providencia cuestionada no tuvo en cuenta que,
conforme al principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, la vigencia
del artículo 14 de la Ley 100 de 1993 sustituyó tácitamente la aplicación del artículo
1 de la Ley 71 de 1988, por lo que no era dable acudir a mecanismos previstos en
el ordenamiento jurídico procesal, para desconocer la aplicación de la norma
contenida en el referido artículo 14.
99. Así pues, la Sala considera que la autoridad judicial demandada incurrió en un
defecto sustantivo en la medida en que no realizó una adecuada interpretación
integral de la línea jurisprudencial desarrollada por el Consejo de Estado existente
sobre los alcances de la vigencia y aplicación del artículo 14 de la Ley 100 de 1993,
pese a que se acreditó que desde el momento del reconocimiento pensional, el
precepto que debería regir era este último y no precisamente el artículo 1 de la Ley
71 de 1988.
100. En este punto, conviene mencionar que el defecto sustantivo se configura «[…]
55
Actualmente, artículo 97 del CPACA.
24
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(vi) cuando la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma,
omitiendo el análisis de otras disposiciones aplicables al caso»56.
101.Por lo anterior, se advierte que la autoridad accionada incurrió en un defecto
sustantivo y, en consecuencia, vulneró el derecho fundamental al debido proceso
de la tutelante, en la medida en que no realizó una adecuada interpretación integral
de la normativa y la jurisprudencia que regula la materia objeto de estudio.
4. Conclusión
17.
Por las razones expuestas, la Subsección amparará el derecho fundamental al
debido proceso de la Universidad del Atlántico; y se dejará sin efectos la sentencia
del 3 de junio de 2026, proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico.
18.
En consecuencia, se ordenará a la autoridad judicial accionada que en un
término de 20 días hábiles contados a partir de la notificación de esta providencia
emita una nueva providencia, en la que decida la apelación interpuesta por la parte
demandante dentro del expediente con radicado núm. 08001-33-33- 011-2023-
00215-01, de acuerdo con las consideraciones expuestas en esta providencia.
5. Decisión
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley
Falla:
Primero: Conceder el amparo del derecho fundamental al debido proceso de la
Universidad del Atlántico, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta decisión.
Segundo: Dejar sin efectos la sentencia del 3 de junio de 2026, proferida por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, dentro del expediente con radicado núm.
08001-33-33- 011-2023-00215-01, en atención a las razones expresadas en esta
decisión.
Tercero: Ordenar al Tribunal Administrativo del Atlántico que, en el término de
veinte (20) días hábiles contados a partir de la notificación de esta sentencia,
profiera una nueva decisión en la que atienda lo indicado en la parte considerativa
de esta providencia.
Cuarto: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto 2591 de 1991.
Quinto: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
si no es impugnada esta decisión dentro de los tres (3) días siguientes a su
56
Corte Constitucional, sentencia T-790 de 2010, criterio reiterado en sentencias T-510 de 2011, T-807 de 2004 y SU-063 de
2023.
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Accionado: Tribunal Administrativo del Atlántico
notificación.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase.
Elizabeth Becerra Cornejo
Firmado electrónicamente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Firmado electrónicamente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente en el Sistema de Gestión Judicial SAMAI.
En consecuencia, conforme lo dispuesto en el artículo 186 del CPACA, se garantiza su autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta a través del siguiente enlace
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx.
26
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