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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00194-01

Fecha
16 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
4 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00194-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 5 de marzo de 2024, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlántico, accedió a las súplicas de la demanda presentada por Angelina Elvira Altamar en contra de la Universidad del Atlántico y, en su lugar: SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias. CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2021-00194-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

16 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., dieciséis (16) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Radicado : 08001-23-33-000-2021-00194-01 (2597-2024)
Demandante : Angelina Elvira Altamar Barrios
Demandada : Universidad del Atlántico
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reajuste anual de la mesada pensional
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, contra la
sentencia proferida el 5 de marzo de 2024 por el Tribunal Administrativo del Atlántico,
que accedió a las pretensiones de la demanda.

l. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

Angelina Elvira Altamar Barrios, a través de apoderado judicial, acudió a la jurisdicción
en ejercicio del medio de control previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y solicitó lo siguiente1:

«1. La nulidad de la comunicación sin fecha, recibida el 25 de marzo de 2021 y de la
comunicación sin fecha recibida el 7 de abril de 2021, mediante las cuales la Universidad del
Atlántico negó la solicitud de la actora en el sentido del reconocimiento y pago de todos los
derechos convencionales y legales que como pensionada le corresponden, especialmente a
que se le reajuste su mesada pensional desde el 1 de [e]nero de 2000 con el mismo
porcentaje del incremento del salario mínimo, se le aplique la norma convencional o legal más
favorable, se le cancele el correspondiente retroactivo que se haya causado a su favor por
las diferencias en los incrementos anuales con el IPC en vez del salario mínimo, se le
reconozca y cancele intereses moratorios, actualizaciones e indexaciones a que haya lugar.

1
Samai-expediente digital-índice 002.

2

Número interno: 2597-2024
Demandante: Angelina Elvira Altamar Barrios
Demandada: Universidad del Atlántico

Como consecuencia de la anterior declaración y a título de Restablecimiento del Derecho se
ordene a la demandada Universidad del Atlántico lo siguiente:

1. A qué se expida un nuevo acto administrativo o comunicación, mediante la cual le reconozca
a la accionante Señora ANGELINA ELVIRA ALTAMAR BARRIOS, su derecho a un incremento
de su mesada pensional con el salario mínimo en vez del IPC desde el año 2000 en adelante.

2. A qué se le reintegre a la señora ANGELINA ELVIRA ALTAMAR BARRIOS la suma de
$145.363.676.69 correspondiente al retroactivo causado a su favor por las diferencias de las
mesadas pensionales incrementadas a partir del año 2000 con el IPC, en vez del salario mínimo
como real y que legalmente le correspondía, lo anterior con la correspondiente indexación,
actualizaciones e intereses moratorios a que haya lugar, como se indica a continuación.
[…]».

Los hechos en que se fundan las pretensiones de la demanda son los siguientes:

1. «La Señora ANGELINA ELVIRA ALTAMAR BARRIOS prestó sus servicios a la Universidad
del Atlántico en el periodo comprendido entre el 4 de [m]ayo de 1976 al 30 de [a]bril de 1997.

2. Que por [reunir] los requisitos establecidos en el literal (c) del artículo 9º de la Convención
Colectiva de Trabajo de 1976, la Universidad del Atlántico, mediante Resolución N° 000970 del
20 de [m]ayo de 1997, le reconoció a la señora ANGELINA ELVIRA ALTAMAR BARRIOS una
pensión vitalicia de jubilación.

3. Esta prestación le fue reconocida a la señora ANGELINA ELVIRA ALTAMAR BARRIOS por la
Universidad del Atlántico a partir del 1 de [m]ayo de 1997.

4. El monto inicial de la primera mesada pensional de la señora ANGELINA ELVIRA ALTAMAR
BARRIOS y pagada por la Universidad del Atlántico fue de $1.323.619.00, equivalentes al 100%
del último sueldo devengado por ella, según lo establecido en la Resolución No. 000970 del 20
de [m]ayo de 1997.

5. De conformidad con el artículo segundo de la Resolución No. 000970 del 20 de [m]ayo de
1997, mediante la cual la Universidad del Atlántico le reconoció a la señora ANGELINA ELVIRA
ALTAMAR BARRIOS una pensión de jubilación, el reajuste a la mesada pensional se haría de
oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que sea incrementado por el Gobierno el salario
mínimo, de conformidad a lo establecido en el artículo 1º de la Ley 71 de 1988.

6. Los incrementos a la mesada pensional de la señora ANGELINA ELVIRA ALTAMAR
BARRIOS los realizó la Universidad del Atlántico entre el año 1998 al año 1999, respetando
siempre lo establecido en el artículo segundo de la Resolución N° 000970 del 20 de [m]ayo de
1997.

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Número interno: 2597-2024
Demandante: Angelina Elvira Altamar Barrios
Demandada: Universidad del Atlántico
7. Los incrementos anuales de la mesada pensional de la señora ANGELINA ELVIRA ALTAMAR
BARRIOS con el mismo porcentaje en que se incrementaba por el Gobierno el salario mínimo,
de conformidad a lo establecido en la Ley 71 de 1988, los mantuvo vigente la Universidad del
Atlántico hasta la mesada pensional de todo el año 1999.

8. A partir de la mesada pensional de [e]nero de 2000, la Universidad del Atlántico decidió de
manera unilateral, arbitraria y sin que mediara el consentimiento previo, expreso y escrito de la
pensionada señora ANGELINA ELVIRA ALTAMAR BARRIOS, y sin que mediara fallo judicial,
revocar el artículo segundo de la Resolución No 000970 del 20 de Mayo de 1997, mediante el
cual se había establecido la forma del incremento anualizado de la mesada pensional, para en
su lugar disponer por vía de hecho, que ya el incremento anualizado de dicha mesada no sería
con el incremento del salario mínimo como había quedado establecido, sino con el IPC.

9. Esta disposición unilateral y arbitraria por parte de la Universidad del Atlántico, ha tendido
como consecuencia para la señora ANGELINA ELVIRA ALTAMAR BARRIOS, que su ingreso
pensional se haya disminuido entre el año 2000 al 2020 en un 28.25%.

[…]

11. La mesada pensional de la señora ANGELINA ELVIRA ALTAMAR BARRIOS y pagada por
la Universidad del Atlántico para el año 2019 fue de $5.117.554,00.

12. Mediante comunicación enviada el 23 de [m]arzo de 2021 se agotó la reclamación
administrativa, mediante la cual la demandante señora ANGELINA ELVIRA ALTAMAR
BARRIOS, le solicitó a la demandada UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO el reconocimiento y pago
de todos los derechos convencionales y legales que como pensionada le corresponden,
especialmente a que se le reajuste su mesada pensional desde el 1 de [e]nero de 2000 con el
mismo porcentaje del incremento del salario mínimo, se le aplique la norma convencional o legal
que [sea] más favorable, se le cancele el correspondiente retroactivo que se haya causado a su
favor por las diferencias en los incrementos anuales con el IPC en vez del salario mínimo, se le
reconozca y cancele intereses moratorios, actualizaciones e indexaciones a que haya lugar.

13. La Universidad del Atlántico resolvió de manera negativa las peticiones de la demandante
señora ANGELINA ELVIRA ALTAMAR BARRIOS en agotamiento de la vía gubernativa el 25 de
[m]arzo de 2021.

14. Mediante escrito enviado el 25 de [m]arzo de 2021 se interpusieron los recursos de ley contra
la comunicación mediante la cual la Universidad del Atlántico negó las peticiones de la
demandante, siendo la decisión confirmada por la demandada, mediante comunicación sin fecha,
recibida el 7 de [a]bril de 2021, sin que la entidad tramitara la apelación alegando lo dispuesto
por el artículo 2, inciso 1 y 20 del artículo 74 de la ley 1437 de 2011».

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Demandante: Angelina Elvira Altamar Barrios
Demandada: Universidad del Atlántico
2. Normas violadas y concepto de violación

La parte demandante que, la entidad accionada con la expedición de los actos
administrativos demandados vulneró los artículos 4, 13, 29 y 53 de la Constitución, artículos
9, 14, 20, 21 y 467 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo 1° y parágrafo de la Ley 71
de 1988, artículos 87, 88, 93, 95 y 97 de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 14 de la Ley 100
de 1993.

Como concepto de violación indicó que el derecho pensional de la demandante se obtuvo
de conformidad con la Convención Colectiva del Trabajo suscrita entre la Universidad del
Atlántico y el Sindicato de Trabajadores, vigente para el año 1976, asimismo, el incremento
pensional con el salario mínimo se dispuso en el acto administrativo de reconocimiento y
con aplicación del artículo 1° de la Ley 71 de 1988, por lo que para cualquier modificación
o revocatoria parcial o total unilateral a ese acto administrativo de contenido particular y
concreto debió mediar consentimiento previo, expreso y escrito de la pensionada u orden
judicial, además de la configuración de alguna de las causales para la revocatoria directa
de los actos administrativos, y que en el presente caso, por no hacerse tal procedimiento
la demandada incurrió en una vía de hecho.

Que al caso de la demandante debió atenderse el principio de favorabilidad que tratan los
artículos 53 de la Constitución Política y el 21 del Código Sustantivo de Trabajo y aplicarse
la norma más favorable al trabajador en caso de duda, principio aplicaría incluso cuando
una sola norma admitiera diversas interpretaciones.

3. Contestación de la demanda

La Universidad del Atlántico2 se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la
demanda, consideró que no procede el reajuste desde el año 2000 con base en el salario
mínimo, dado que, a la demandante se le aplicó el porcentaje del artículo 14 de la Ley
100 de 1993 (norma que regula el reajustes de las pensiones de vejez o de jubilación, de
invalidez y de sustitución o sobreviviente), que estableció que aquellas se reajustan
anualmente de oficio según la variación del IPC certificado por el DANE.

Además, expuso que la fórmula aplicada para realizar el reajuste de la mesada pensional
no constituyó un derecho adquirido, por el contrario, lo consideró como una herramienta

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Samai-expediente digital-índice 002.

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Demandante: Angelina Elvira Altamar Barrios
Demandada: Universidad del Atlántico
no estática, ateniendo la facultad constitucional del Legislador de regular el método para
reajustar la mesada pensional.

Adujo que, la Ley 100 de 1993 derogó tácitamente lo dispuesto por el artículo 1° de la
Ley 71 de 1988, en lo referente «al método aplicable para realizar el reajuste de la mesada pensional,
específicamente, a partir de su entrada en vigencia, las pensiones reconocidas antes y después de dicha
Ley, se deben reajustar conforme a lo establecido en su artículo 14, lo que significa, que el referido reajuste,
se produce anualmente, según la variación porcentual de IPC».

Propuso los medios exceptivos que denominó «prescripción» «inexistencia de la convención
colectiva de trabajo, a través de la cual, se afirma en la demanda, le fue otorgada la pensión a la actora,
que en este proceso se exige reajustar»; «inexistencia de la afiliación al sindicato firmante de la convención
colectiva de trabajo correspondiente a 1976», y «compensación».

4. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante la sentencia del 5 de marzo de 2024
accedió a las súplicas de la demanda, sin condena en costas, para lo que argumentó lo
siguiente3:

Que en virtud de la reglamentación interna de la Universidad del Atlántico (materializada
en la Convención Colectiva) se le reconocía y pagaba pensión de jubilación a la
demandante, la cual se incrementaba o reajustaba anualmente conforme al incremento
fijado para el salario mínimo hasta el año 1998, pues de acuerdo con la certificación
aportada por el ente Universitario demandado, a partir del mes de enero del año 1999 la
prestación fue reajustada con base al Índice de Precios al Consumidor, IPC, tal como se
acreditó en el proceso.

Advirtió que, el reajuste de la pensión de la demandante con base en el I.P.C. a partir de
enero de 1999 por parte de la Universidad surgió sin que mediara acto administrativo por
medio del cual se ordenara dicho cambio, ni se le comunicó a aquella, a efectos que
adelantara las gestiones pertinentes en ejercicio de sus derechos de contradicción y
defensa.

Indicó que, se acreditó que la actora elevó reclamación sobre el particular, el 23 de marzo
de 2021, y la Universidad decidió negar la reclamación en comento, mediante respuestas

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Demandante: Angelina Elvira Altamar Barrios
Demandada: Universidad del Atlántico
recibidas el 25 de marzo y 7 de abril de 2021. Que los anteriores constituyeron actos
administrativos enjuiciables, y que solo hasta ese momento se logró advertir por parte de
la administración su determinación sobre la variación unilateral en el porcentaje de
incremento pensional de la actora.

Por consiguiente, la Universidad del Atlántico no agotó en debida forma el trámite
dispuesto en los artículos 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo, los cuales se
aplicaban al asunto en debate, por encontrarse vigente al momento en que el ente
universitario tomó la decisión de dejar de incrementar la mesada pensional de la
demandante con base en el porcentaje fijado para el salario mínimo legal, procediendo a
incrementar las mesadas pensionales conforme al índice de Precios al Consumidor,
I.P.C.

Señaló que, coincidente con lo expuesto por la Ley 1437 de 2011 y el pronunciamiento
del Consejo de Estado4, en el que indica «anular la actuación por no haber agotado la entidad los
presupuestos dispuestos en los artículos 12, 28, 34, 35 y 74 del C.C.A., que, en suma, se traducen, en la
no atención de los artículos 73 y 74 ibídem, hoy artículo 97 del C.P.A.C.A».

Destacó que, al revisar el plenario observó que las pautas existentes para proceder con
la revocatoria de un acto administrativo no fueron cumplidas por la demandada, y en tal
sentido, desconocieron las normas que regulan la materia.

Que no se desconocía que con la expedición del sistema general de pensiones se
instauraron nuevas reglas para el reajuste de las prestaciones «pasando del sistema basado
en el incremento del salario mínimo legal como dispositiva general, a un modelo que se puede decir mixto»,
donde el aumento fijado para la asignación mínima salarial solo aplica para aquellas que
no superen dicho monto, y en los casos en que la prestación sea superior el reajuste
tendría lugar con base en el I.P.C.

Advirtió que, en el presente caso encontró que la forma de actualización de la prestación
de la demandante se dispuso de manera expresa en el acto administrativo que ordenó
su reconocimiento y pago, donde, además, se tuvo como fuente jurídica la Convención
Colectiva de Trabajo que se encontraba vigente.

Adujo que, la génesis normativa del derecho se mantiene indemne, pues al plenario no
se trajo prueba de lo contrario, por lo que, consideró que el Ente Universitario «como

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “B”, en proveído del 28 de enero de 2021,
radicado 11001-03-25-000- 2011-00022-01, consejero ponente Cesar Palomino Cortés.

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Demandante: Angelina Elvira Altamar Barrios
Demandada: Universidad del Atlántico
presupuesto para efectuar dicha modificación, en la forma de actualización de la pensión de la demandante,
a partir del año 1999» debió adelantar el procedimiento legalmente reglado, para expulsar

del ordenamiento jurídico, tanto la decisión de reconocimiento, como la Convención
Colectiva en que se fundamentó el mismo, de lo cual, insistió, no existe prueba en el
plenario que sucediera.

Que la demandante solicitó la reliquidación de la prestación el 23 de marzo de 2021, es
decir, que las mesadas causadas entes de esta fecha del 23 de marzo de 2018, estaban
prescritas, en los términos de los artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto
1848 de 1969.

Así las cosas, condenó al ente universitario a reajustar la pensión de la actora de
conformidad con lo establecido en el literal segundo de la Resolución 000970 de 20 de
mayo de 1997, desde enero de 1999, pero con efectos fiscales de las diferencias
pensionales a partir del 23 de marzo de 2018, en virtud del fenómeno de la prescripción.

5. Recurso de apelación

Inconforme con la decisión del Tribunal la parte demandada interpuso recurso de alzada, al
considerar que5:

La Universidad pagó 5.95% en el año 1997, esto es, por encima de lo que ordena la ley
para el aumento de las pensiones, monto que es superior al salario mínimo legal, por lo
tanto, «al momento de hacer las cuentas, se debe tener en cuenta los pagos efectuados por encima de
lo establecido por la Ley 100 de 1993 y compense estos montos contra cualquier suma de dinero que
hipotéticamente arrojen las operaciones aritméticas en contra de la universidad».

Indicó que el a quo debió haber considerado que cualquier condena que se imponga
debe ser compensada con los pagos adicionales que el ente universitario ha efectuado
a lo largo del tiempo, esto, en virtud que ha abonado en exceso a la actora «al haber
realizado reajustes durante los años indicados», lo cual ha generado el pago de sumas que
superan el valor que correspondía a cada uno de esos años, conforme al I.P.C. aplicable
para cada ejercicio anual.

Adicionalmente, estimó que el artículo 289 de la Ley 100 de 1993 estableció que la
referida ley regiría a partir de la fecha de su publicación, lo que implicaba de manera

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Samai-otras corporaciones-índice 0028.

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Demandada: Universidad del Atlántico
clara y precisa que no afectaría ni modificaría las situaciones jurídicas que se hubieran
materializado y consolidado antes de su vigencia. En consecuencia, la Ley 100 de 1993
no menoscabó los derechos adquiridos con justo título, protegiendo su integridad y
reconocimiento conforme a las disposiciones legales previas.

Asimismo, el hecho que la ley modificara el régimen pensional a partir de su vigencia no
«implica la vulneración de los derechos adquiridos que se encontraran activos y perfeccionados con
anterioridad a la entrada en vigor de la misma». Por lo anterior, los derechos consolidados antes

de dicha fecha permanecen intangibles y protegidos conforme a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico vigente al momento de su adquisición.

6. Trámite del recurso Ley 2080 de 2021

Con auto de 18 de junio de 20246 este Despacho admitió el recurso de apelación
conforme a lo previsto en el numeral 3° del artículo 67 de la Ley 2080 de 2021; sin embargo,
por no existir pruebas que decretar en segunda instancia, se prescindió del periodo para
que las partes alegaran de conclusión. El Ministerio Público no rindió concepto.

No obstante, mediante auto del 14 de noviembre de 20247, observó la Sala8
indispensable hacer uso de la facultad oficiosa para esclarecer puntos oscuros o difusos
de la contienda, como lo prevé el artículo 213 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA)9. Por lo tanto, solicitó a la Universidad del
Atlántico certificar y allegar los documentos que acrediten la modalidad de vinculación
(empleada pública o trabajadora oficial) de la señora Angelina Elvira Altamar Barrios en
dicho ente universitario y el fundamento jurídico que la sustenta. Igualmente, que indicar
cuál fue el cargo que desempeñó por la señora Angelina Elvira Altamar Barrios en la
planta de personal de la institución educativa, y cuáles fueron las funciones que ejecutó.
Información que fue allegada mediante memorial del 27 de marzo de 202510.

6
Samai índice 004.
7 Samai índice 11.
8
De acuerdo con el artículo 125 del CPACA (modificado por el artículo 20 de la Ley 2080 de 2021), a las Subsecciones les
corresponderá dictar las providencias «que decreten pruebas de oficio, en el caso previsto en el inciso segundo del artículo 213 de
este código» (letra d), entre otras.
9
“PRUEBAS DE OFICIO. En cualquiera de las instancias el Juez o Magistrado Ponente podrá decretar de oficio las pruebas que considere
necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Se deberán decretar y practicar conjuntamente con las pedidas por las partes.
Además, oídas las alegaciones el Juez o la Sala, sección o subsección antes de dictar sentencia también podrá disponer que se practiquen
las pruebas necesarias para esclarecer puntos oscuros o difusos de la contienda. Para practicarlas deberá señalar un término de hasta
diez (10) días.
En todo caso, dentro del término de ejecutoria del auto que decrete pruebas de oficio, las partes podrán aportar o solicitar, por una sola vez,
nuevas pruebas, siempre que fueren indispensables para contraprobar aquellas decretadas de oficio. Tales pruebas, según el caso, serán
practicadas dentro de los diez (10) días siguientes al auto que las decrete”.
10
Samai índice 19.

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Demandada: Universidad del Atlántico
II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este proceso de
conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si resulta jurídicamente viable confirmar la sentencia
de primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda, y determinar si la
entidad demandada podía de manera oficiosa modificar la forma en que se reajustó
anualmente la pensión de la demandante, dejando de incrementar su valor con el salario
mínimo, artículo 1° de la Ley 71 de 1988, para reajustarla con base en el Índice de Precios
al Consumidor, I.P.C. de conformidad con el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes aspectos:
2.1. Revocatoria directa de los actos administrativos, Decreto 01 de 1984; 2.2. Reajuste
o incremento pensional antes y después de la Ley 100 de 1993; 2.3. Hechos probados;
y 2.4. Caso concreto.

2.1. Revocatoria directa de los actos administrativos - Decreto 01 de 1984-

El Decreto 01 de 1984, Código Contencioso Administrativo, vigente a la fecha en que se
modificó el método para reajustar la pensión de la demandante11, estableció en el artículo
69 el deber de la administración de revocar directamente los actos administrativos por los
mismos funcionarios que los hayan expedido o por sus superiores, de oficio o a petición
de parte, cuando: (i) fuera manifiesta su oposición a la Constitución o la ley; (ii) no
estuvieran conformes con el interés público o social, o atentaran contra él; y (iii) con ellos
se causara un agravio injustificado a una persona.

De igual forma, en los artículos 73 y 74 dispuso:
«ARTÍCULO 73. REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER PARTICULAR Y
CONCRETO. Cuando un acto administrativo haya creado o modificado una situación jurídica
de carácter particular y concreto o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser
revocado sin el consentimiento expreso y escrito del respectivo titular.

11
Enero de 1999.

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Pero habrá lugar a la revocación de esos actos, cuando resulten de la aplicación del silencio
administrativo positivo, si se dan las causales previstas en el artículo 69, o si fuere evidente
que el acto ocurrió por medios ilegales.

Además, siempre podrán revocarse parcialmente los actos administrativos en cuanto sea
necesario para corregir simples errores aritméticos, o de hecho que no incidan en el sentido
de la decisión.

ARTÍCULO 74. PROCEDIMIENTO PARA LA REVOCACIÓN DE ACTOS DE CARÁCTER
PARTICULAR Y CONCRETO. Para proceder a la revocación de actos de carácter particular
y concreto se adelantará la actuación administrativa en la forma prevista en los artículos 28 y
concordantes de este Código. En el acto de revocatoria de los actos presuntos obtenidos por
el silencio administrativo positivo se ordenará la cancelación de las escrituras que autoriza el
artículo 42 y se ordenará iniciar las acciones penales o disciplinarias correspondientes.

El beneficiario del silencio que hubiese obrado de buena fe, podrá pedir reparación del daño
ante la jurisdicción en lo contencioso administrativo si el acto presunto se revoca».

Se entiende entonces que para que la administración elimine del ordenamiento jurídico
su propio acto administrativo, a través de la revocatoria directa, existe un procedimiento
reglado, máxime cuando el acto administrativo objeto de revocatoria tenga la entidad de
haber creado o modificado una situación jurídica de carácter particular, o haya reconocido
un derecho de igual categoría, circunstancia en la que la administración debería obtener
el consentimiento expreso del titular.

2.2. Reajuste o incremento pensional antes y después de la vigencia de la Ley 100
de 1993

El artículo 1° de la Ley 71 de 198812, norma que estableció el acto administrativo que
reconoció la pensión a la demandante para reajustar anualmente la mesada de la
demandante, fijó el incremento oficioso de las pensiones con el mismo porcentaje en que
fuera incrementado por el Gobierno el salario mínimo legal mensual, dicho ajuste de valor
se implementó para garantizar el poder adquisitivo de la mesada y que no se viera
afectada con el incremento del costo de vida. Esta norma entró en vigencia a partir de su
publicación, el 19 de diciembre de 1988.

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“Por la cual se expiden normas sobre pensiones y se dictan otras disposiciones”.

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Posteriormente, se expidió la Ley 100 de 1993 la cual creó un nuevo sistema general de
seguridad social, dicho sistema respetó y salvaguardó los derechos, garantías y
beneficios adquiridos con normas anteriores, cuyo texto original del artículo 11, antes de
ser modificado por el artículo 1° de la Ley 797 de 2003, dispuso:

«ARTÍCULO 11. El Sistema General de Pensiones, con las excepciones previstas en el
artículo 279 de la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del territorio nacional,
conservando adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y
beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores para
quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una
pensión o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o
sobrevivientes de los sectores público, oficial, semioficial, en todos sus órdenes, del Instituto
de Seguros Sociales y del sector privado en general.

Para efectos de este artículo se respetarán y por tanto mantendrán su vigencia los derechos
adquiridos conforme a disposiciones normativas anteriores, pacto o convención colectiva de
trabajo.

Lo anterior será sin perjuicio del derecho de denuncia que le asiste a las partes y de que el
tribunal de arbitramento dirima las diferencias entre las partes».

Por consiguiente, su campo de aplicación se extendió a aquellas personas pensionadas
antes y después de su entrada en vigencia, conservando, como se dijo, los derechos
adquiridos en normas anteriores.

Ahora bien, a diferencia del artículo 1° de la Ley 71 de 1988 que dispuso el incremento
anual de las pensiones con el salario mínimo legal mensual, el artículo 14 de la Ley 100
de 1993 estableció el reajuste anual del valor de la mesada pensional de acuerdo al Índice
de Precios al Consumidor, I.P.C., así:

«ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de vejez
o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los dos
regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante, se
reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada año, según la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario
mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje
en que se incremente dicho salario por el Gobierno».

12

Número interno: 2597-2024
Demandante: Angelina Elvira Altamar Barrios
Demandada: Universidad del Atlántico
Por otro lado, la jurisprudencia de esta corporación ha establecido que los «pensionados
que […] adquirieron el derecho bajo normas anteriores, mantienen la prestación en los términos en que les
fue reconocida por tratarse de un derecho adquirido, subjetivo, que debe ser respetado «frente a Leyes
posteriores que no puede afectar lo legítimamente obtenido al amparo de una Ley anterior. Presuponen la
consolidación de una serie de condiciones contempladas en la Ley, que permiten a su titular exigir el
derecho en cualquier momento».13

«En los demás aspectos, los pensionados con anterioridad a la vigencia del Sistema, están
sometidos a la normativa vigente y por ello, el reajuste anual de la mesada debe atender las
fórmulas dispuestas en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.

[…]

En este orden de ideas, resulta evidente que el reajuste pensional previsto en el artículo 14
de la Ley 100 de 1993, no afecta los derechos adquiridos de quienes se pensionaron con
anterioridad a la vigencia del Sistema General de Pensiones porque la prestación se mantiene
en los términos en que fue reconocida, diferente es que el reajuste de la mesada se realice
con la fórmula prevista en la normativa vigente para asegurar el poder adquisitivo».14

Así las cosas, los derechos adquiridos que protegió el régimen de seguridad social
integral establecido en la Ley 100 de 1993, se circunscribió a aquellos derechos
pensionales consolidados bajo normas anteriores; sin embargo, los pensionados antes
de la vigencia del nuevo sistema, en los demás aspectos, como lo es el reajuste anual de
la mesada, estarían sometidos al método señalado en el artículo 14 de la Ley 100 de
1993.

Resulta entonces lógico que aquellos derechos pensionales adquiridos con posterioridad
a la vigencia de la Ley 100 de 1993 estarían, en principio, sometidos a sus preceptos,
salvo aquellas personas beneficiarias del régimen de transición, las cuales tendrían
derecho a pensionarse con la edad, tiempo de servicio y monto correspondiente al
régimen anterior, siempre que se den las condiciones instituidas en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, y quienes para el incremento anual de la mesada les aplica lo
establecido en el mencionado artículo 14 ibidem.

A igual conclusión interpretativa ha llegado la Corte Suprema de Justicia, incluso estimó
la aplicación del artículo 14 de la Ley 100 de 1993 a regímenes exceptuados por el

13
“Corte Constitucional, sentencia C-242 de 1 de abril de 2009, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo”.
14
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 2 de mayo de 2013, magistrada ponente Bertha Lucía Ramírez
de Paéz, radicación número: 76001-23-31-000-2009-00680-01(1185-12).

13

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artículo 279 ibidem, como es el caso de las pensiones convencionales como las de
Ecopetrol, en reciente providencia indicó:

«El sistema de reajuste anual previsto en el artículo 14 de la Ley 100 de 1993, que modificó
el artículo 1 de la Ley 71 de 1988, se extendió a los regímenes exceptuados como el de la
Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), los cuales se integraron al sistema general de
pensiones en forma definitiva por expresa disposición del Acto Legislativo 01 de 2005.

Dicho cuestionamiento ya ha sido abordado ampliamente por esta corporación, a través de
varias decisiones, las más recientes de ellas las CSJ SL4337-2019, CSJ SL844-2021 y CSJ
SL1468-2021, en las que se ha precisado lo siguiente:

1. El sistema de reajuste anual de las pensiones que consagraba la Ley 71 de 1988, cuya
aplicación reclaman los demandantes, fue modificado expresamente por el artículo 14 de la
Ley 100 de 1993, en ejercicio de las libertades de configuración que en torno al sistema de
seguridad social tiene el legislador.

[…]

3. Pese a que las pensiones de jubilación representan derechos adquiridos con anterioridad
a la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, y el sistema de reajuste anual es inherente a
ese derecho adquirido, lo cierto es que el procedimiento y el parámetro para efectuarlo le
corresponde definirlo al legislador, en uso de su libertad de configuración legislativa, aparte
de que las modificaciones normativas en torno al punto pueden ser aplicadas a las pensiones
vigentes de manera retrospectiva, como, entre otras cosas, lo reconoció la Corte
Constitucional en las sentencias CC C-387-1994 y CC C110-2006.

[…]

5. Tampoco puede admitirse que se pueda aplicar el sistema de reajuste querido por los
demandantes, acudiendo a los principios de favorabilidad y condición más beneficiosa, pues,
en primer lugar, como ya se dijo, no existe en estricto sentido un derecho inmodificable a un
determinado procedimiento de reajuste pensional (CSJ SL1468-2021), que pueda ser
aplicado a los pensionados en condiciones más benignas, y, por otra parte, lo cierto es que,
tratándose de un tema definido y regulado por el legislador de manera legítima y retrospectiva,
y partiendo de la base de que la Ley 71 de 1988 fue modificada en este punto, no existe en
este caso un conflicto entre normas vigentes ni tampoco alguna condición alcanzada al abrigo
del ordenamiento jurídico, que pudiera ser objeto de protección pese al tránsito de
legislación».15

15
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, sentencia SL3865-2021 del 18 de agosto de 2021, magistrado ponente Jorge
Luis Quiroz Alemán, proceso núm. 88354.

14

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2.3. Hechos probados

i) Cédula de ciudadanía de la señora Angelina Elvira Altamar Barrios16.

ii) Resolución 970 del 20 de mayo de 1997,17 por medio de la cual la Universidad del
Atlántico le reconoció a la demandante una pensión de jubilación a partir del 1° de mayo
de 1997, en cuantía del 100% de su último sueldo promedio devengado, al reunir los
requisitos establecidos en el literal c del artículo 9 de la convención colectiva de 1976.

iii) Copia de la comunicación enviada el 23 de marzo de 2011,18 por cuyo conducto la
accionante agotó la reclamación administrativa y solicitó el reajuste de su mesada
pensional desde el 1° de enero de 2000, con el mismo porcentaje del incremento del
salario mínimo con la aplicación de la norma convencional o legal más favorable;
asimismo, el pago del retroactivo que se haya causado a su favor por las diferencias en
los incrementos anuales con el IPC en vez del salario mínimo y los intereses moratorios,
actualizaciones e indexaciones.

iv) Copia de la comunicación recibida el 25 de marzo de 2021,19 mediante la cual la
Universidad del Atlántico, negó la reclamación presentada por la accionante alegando,
que «a partir de la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, las pensiones reconocidas
antes y después de dicha ley se deben reajustar conforme a lo establecido en el artículo
14 de la misma, lo que significa se produce según la variación porcentual del índice de
precios al consumidor».

v) Recurso de reposición en subsidio apelación enviado el 25 de marzo de 2021,20 los
cuales fueron resueltos mediante oficio del 7 de abril de 202121, a través del cual la
Universidad del Atlántico confirma las decisiones adoptadas e indica que, no era viable
el recurso de apelación interpuesto en subsidio del de reposición, conforme a lo
enunciado, en el numeral 2° incisos 1o y 2o del artículo 74 de la Ley 1437 de 2011.

ix) Certificado del 20 octubre de 202322, suscrito por el Jefe del Departamento de Gestión
del Talento Humano de la Universidad del Atlántico, donde consta que los incrementos

16
Samai-expediente digital-índice 002, archivo 04.
17
Samai-expediente digital-índice 002, archivo 09.
18
Samai-expediente digital-índice 002, archivo 06.
19
Samai-expediente digital-índice 002, archivo 10.
20
Samai-expediente digital-índice 002, archivo 08.
21
Samai-expediente digital-índice 002, archivo 10.
22
Samai-expediente digital-índice 002, archivo 23.1.

15

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anuales efectuados a la pensión de la demandante desde el año 1999 al 2023, se hicieron
con base al I.P.C.

x) Certificación del 12 de enero de 199323, suscrita por el jefe de personal de la
Universidad del Atlántico, que señala que la accionante fue nombrada mediante la
Resolución 00380 como mecanógrafa de la universidad del Atlántico, que con acta de
481 del 4 de mayo de 1976, tomó posesión del cargo y que mediante Resolución 01624
del 18 de noviembre de 1976 se le reajustó el sueldo. Finalmente, que con Resolución
00045 del 4 de febrero de 1991, se le reubicó en la nómina de auxiliares administrativos
en el nivel 111.

x) Reporte de pensión de jubilación de la demandante hasta diciembre de 199924.

2.4. Caso concreto

La señora Angelina Elvira Altamar Barrios, acude en sede de nulidad y restablecimiento
del derecho para la nulidad de los oficios recibidos el 25 de marzo de 2021 y 7 de abril
de 2021, mediante los cuales la Universidad del Atlántico negó el reconocimiento y pago
de todos los derechos convencionales y legales que como pensionada le corresponden,
especialmente a que se le reajuste su mesada pensional desde el 1° de enero de 2000,
con el mismo porcentaje del incremento del salario mínimo con la aplicación de la norma
convencional o legal más favorable; asimismo, el pago del retroactivo que se haya
causado a su favor por las diferencias en los incrementos anuales con el IPC en vez del
salario mínimo y los intereses moratorios, actualizaciones e indexaciones.

El Tribunal Administrativo del Atlántico mediante sentencia del 5 de marzo de 2024
accedió a las súplicas de la demanda, sin condena en costas, al encontrar acreditado que
la forma de actualización de la prestación de la demandante se dispuso de manera
expresa en el acto administrativo que ordenó su reconocimiento y pago, donde, además,
se tuvo como fuente jurídica la Convención Colectiva de Trabajo que se encontraba
vigente, por lo que condenó al ente universitario a reajustar la pensión de la actora de
conformidad con lo establecido en el literal segundo de la Resolución 000970 de 20 de
mayo de 1997, desde enero de 1999, pero con efectos fiscales de las diferencias
pensionales a partir del 23 de marzo de 2018, en virtud del fenómeno de la prescripción.

23
Samai indice 19.
24
Ibid.

16

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La demandada interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, para que el
fallo de primera instancia sea revocado, al señalar que la universidad pagó 5.95% en el
año 1997, esto es, por encima de lo que ordena la ley para el aumento de las pensiones,
monto que es superior al salario mínimo legal, por lo tanto, «al momento de hacer las cuentas,
se debe tener en cuenta los pagos efectuados por encima de lo establecido por la Ley 100 de 1993 y
compense estos montos contra cualquier suma de dinero que hipotéticamente arrojen las operaciones
aritméticas en contra de la universidad». Por lo tanto, indicó que el a quo debió haber
considerado que cualquier condena que se imponga debe ser compensada con los pagos
adicionales que el ente universitario ha efectuado a lo largo del tiempo, esto, en virtud
que ha abonado en exceso a la actora «al haber realizado reajustes durante los años
indicados», lo cual ha generado el pago de sumas que superan el valor que correspondía
a cada uno de esos años, conforme al I.P.C. aplicable para cada ejercicio anual.

Por último, estimó que el artículo 289 de la Ley 100 de 1993 estableció que la referida
ley regiría a partir de la fecha de su publicación, lo que implicaba de manera clara y
precisa que no afectaría ni modificaría las situaciones jurídicas que se hubieran
materializado y consolidado antes de su vigencia. En consecuencia, la Ley 100 de 1993
no menoscabó los derechos adquiridos con justo título, protegiendo su integridad y
reconocimiento conforme a las disposiciones legales previas. Asimismo, señaló que el
hecho que la ley modificara el régimen pensional a partir de su vigencia no «implica la
vulneración de los derechos adquiridos que se encontraran activos y perfeccionados con anterioridad a la
entrada en vigor de la misma». Por lo anterior, expuso que los derechos consolidados antes

de dicha fecha permanecen intangibles y protegidos conforme a lo dispuesto en el
ordenamiento jurídico vigente al momento de su adquisición.

En el sub lite se tiene que la demandante (i) mediante Resolución 970 del 20 de mayo de
1997,25 la universidad del Atlántico le reconoció una pensión de jubilación a partir del 1°
de mayo de 1997, en cuantía del 100% de su último sueldo promedio devengado, (ii)
prestó sus servicios a la Universidad del Atlántico como mecanógrafa, nombrada
mediante Resolución 00380 y con acta 481 del 4 de mayo de 1976, tomó posesión del
cargo, (iii) mediante comunicación enviada el 23 de marzo de 2011,26 agotó la
reclamación administrativa y solicitó el reajuste de su mesada pensional desde el 1° de
enero de 2000, con el mismo porcentaje del incremento del salario mínimo con la
aplicación de la norma convencional o legal más favorable; asimismo, el pago del
retroactivo que se haya causado a su favor por las diferencias en los incrementos anuales

25
Samai-expediente digital-índice 002, archivo 09.
26
Samai-expediente digital-índice 002, archivo 06.

17

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con el IPC en vez del salario mínimo y los intereses moratorios, actualizaciones e
indexaciones, pero dicha petición fue negada a través de la comunicación recibida el 25
de marzo de 2021,27 mediante la cual la Universidad del Atlántico alegó que «a partir de
la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, las pensiones reconocidas antes y después de dicha ley se
deben reajustar conforme a lo establecido en el artículo 14 de la misma, lo que significa se produce según
la variación porcentual del índice de precios al consumidor».

Así las cosas, la entidad demandada por la disposición normativa, contenida en el artículo
14 de la Ley 100 de 1993, vigente a la fecha en que fue reconocido el derecho, le era
posible de manera oficiosa reajustar la pensión de la demandante teniendo como base el
índice de precios al consumidor, y con ello, no revocó ni expresa ni tácitamente el derecho
pensional de la demandante, como para que requiriera adelantar el trámite previsto para
la revocatoria directa del acto administrativo de carácter particular, pues aplicó el método
establecido por el legislador para conservar el valor adquisitivo de la pensión.

En línea con lo anterior, estima la Sala que el ajuste anual de la mesada pensional de la
demandante debía realizarse, incluso desde su reconocimiento, con aplicación del Índice
de Precios al Consumidor, toda vez que mediante Resolución 970 del 20 de mayo de
1997, la Universidad del Atlántico le reconoció a la demandante la pensión de jubilación,
fecha en la que ya se encontraba vigente la disposición normativa, contenida en el artículo
14 de la Ley 100 de 1993, aunado a que el derecho pensional de la accionante se
encuentra salvaguardado, teniendo en cuenta que se le reconoció una pensión con el
100% en virtud a una convención colectiva que no le era aplicable, toda vez que, la
accionante era una empleada pública y no una trabajadora oficial. En ese sentido, realizar
el incremento a la pensión con el mismo porcentaje del incremento del salario mínimo
generaría un detrimento para el erario público, por lo que se revocará la sentencia
apelada y, en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.

2.5 Sobre la condena en costas

No habrá lugar a la condena en costas, ya que no se cumplen los presupuestos exigidos
por el artículo 188 del CPACA, en concordancia con el artículo 365 del Código General
del Proceso, pues esta Sala ha sostenido que dichas normas otorgan al juez la facultad
de valorar la procedencia de las costas, lo cual implica examinar la actuación procesal de
la parte vencida, verificar con certeza su causación y constatar que la conducta

27
Samai-expediente digital-índice 002, archivo 10.

18

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Demandada: Universidad del Atlántico
desplegada revele temeridad o mala fe. No es suficiente el simple resultado adverso del
proceso28.
En esos términos, en el caso concreto, tras revisar la actuación de las partes a lo largo
del proceso, no se evidencia temeridad ni mala fe. Por lo tanto, no se impondrá condena
en costas.
II. DECISIÓN

Bajo estas consideraciones, la Sala revocará la sentencia proferida el 5 de marzo de 2024
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió a las súplicas de la demanda
presentada; y en su lugar, se negarán las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,
FALLA

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 5 de marzo de 2024, por medio de la cual el
Tribunal Administrativo del Atlántico, accedió a las súplicas de la demanda presentada
por Angelina Elvira Altamar en contra de la Universidad del Atlántico y, en su lugar:

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto
en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas en ambas instancias.

CUARTO: Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO

28
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-33-33-000-
2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

19

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Aclara voto
Cfr. Rad. AV. 05001-23-33-000-2020-00472-01
(1251-2024)

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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