Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00094-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00094-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2021-00094-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
4 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Cuatro (4) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00094-01 (3942-2023)
Demandante: Alvaro de Jesús Luna Vélez
Demandado: Universidad del Atlántico
Tema: Reajuste de la mesada pensional conforme el salario mínimo
y no sobre el IPC.
Decisión: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda por cuanto la demandada actuó
de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
contra la sentencia de primera instancia del 23 de septiembre de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. Alvaro de Jesús Luna Vélez en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho presentó demanda en contra de la Universidad del
Atlántico, en adelante la Universidad, con el propósito de que se declare la
nulidad de los actos administrativos del 16 de octubre y 7 de diciembre ambas de
2020, por medio de los cuales la demandada negó el reajuste de su mesada
pensional conforme el incremento del salario mínimo desde el 1 de enero del
2000.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a la
Universidad (i) el reajuste de la pensión desde el año 2000 en adelante con base
en el incremento del salario mínimo, (ii) el pago retroactivo causado por las
diferencias de las mesadas anualmente incrementadas que ascendió al valor de
$166.227.127,61 (iii) el pago de los intereses moratorios junto con las
actualización e indexaciones correspondientes y (iv) condenar al pago de costas
procesales y agencias en derecho. Adicionalmente, solicitó que se ordene
expedir un nuevo acto administrativo por medio del cual se reconozca el derecho
al reajuste pensional en virtud del salario mínimo.
1 Expediente digital, archivo “05. Poder especial” dentro de la carpeta “01. DEMANDA”.
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Demandante: Álvaro de Jesús Luna Vélez
3. Explicó que mediante la Resolución No. 001438 del 22 de septiembre de
1995, la Universidad del Atlántico le reconoció una pensión de jubilación en los
términos del artículo 9° de la Convención Colectiva del Trabajo de 1976 con fecha
de efectividad a partir del 1 de agosto de 1995. Dentro de dicho acto
administrativo se determinó que el reajuste anual de la mesada operaría de
manera oficiosa según el aumento del salario mínimo y de conformidad con el
artículo 1° de la Ley 71 de 1988.
4. Sin embargo, aseguró que la Universidad, unilateralmente y sin su
consentimiento previó, modificó el mecanismo de reajuste anual de la mesada
pensional a partir de enero de 2000 y sustituyó el incremento inicialmente fijado
en el salario mínimo por el aumento del IPC. Con ocasión de este cambio aseguró
que desde el 2000 a la fecha de presentación de la demanda dejó de percibir una
suma aproximada de $166.227.127,61.
5. El 3 de septiembre de 2020 el demandante solicitó ante la Universidad el
reconocimiento y pago de sus derechos pensionales en virtud de la Convención
Colectiva del Trabajo de 1976 y la ley, particularmente (i) el reajuste de su
mesada pensional conforme el incremento del salario mínimo desde el 1 de enero
del 2000 y (ii) el pago retroactivo a lugar y (iii) los intereses moratorios
actualización e indexaciones que correspondieran. En respuestas del 16 de
octubre y 27 de octubre de 2020, la Universidad negó sus solicitudes.
6. Como concepto de violación alegó la vulneración de los artículos 4°, 13,
29 y 53 de la Constitución Política, los artículos 9º, 14, 20, 21 y 467 del Código
Sustantivo del Trabajo, el artículo 1° y su parágrafo de la Ley 71 de 1988, los
artículos 87, 88, 93, 95 y 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo. También sustentó el desconocimiento
jurisprudencial de la sentencia del 1 de marzo de 2001 de la Sección Segunda
del Consejo de Estado dentro del radicado 25000-23-25-000-1997-3617-
01(2615-99) y la violación del principio de favorabilidad.
Contestación de la demanda2
7. La Universidad del Atlántico se opuso a todas las pretensiones de la
demanda. Si bien la Resolución No. 001438 del 22 de septiembre de 1995 incluyó
un numeral en donde se indicó el reajuste anual según el aumento del salario
mínimo, explicó que la pensión de jubilación reconocida al señor Luna fue
otorgada en vigencia de la Ley 100 de 1993. Así, en el caso en concreto lo
correcto era aplicar el artículo 14 de dicha legislación3 porque la mesada
asignada ascendió a un monto superior al salario mínimo mensual.
2 Expediente digital, archivo “02. Contestación demanda” dentro de la carpeta “03.
CONTESTACIÓN”.
3 Ley 100 de 1993. Artículo 14. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones. “ARTÍCULO 14. Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las
pensiones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera
de los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo
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8. Como consecuencia de lo anterior, aseguró que la referencia expresa al
artículo 1° de la Ley 71 de 1988 dentro del acto que reconoció el derecho
pensional fue un error que debía ser declarado ineficaz. Para la demandada, la
interpretación de la pensión convencional debía hacerse en concordancia con el
Sistema General de Pensiones, es decir, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993.
9. De igual manera, con base en la sentencia C-387 de 1994 de la Corte
Constitucional, alegó que el reajuste anual de la pensión no es un derecho
adquirido, sino una mera expectativa.
10. Como excepciones de mérito, alegó la prescripción y la inexistencia de la
obligación y del derecho.
Sentencia apelada4
11. El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la
demanda mediante sentencia del 23 de septiembre de 2022. Advirtió que para la
fecha en que se le reconoció el derecho pensional al señor Luna la Ley 100 de
1993 ya se encontraba en vigencia.
12. Desarrolló la sentencia C-110 de 1996 de la Corte Constitucional y
aseguró que el Consejo de Estado5 y la Corte Suprema de Justicia6 adoptaron
dicho criterio al establecer que todas las pensiones sin distinción alguna debían
reajustarse anualmente conforme la variación porcentual del IPC certificado por
el DANE. En esa medida, concluyó que el artículo 1° de la Ley 71 de 1988 fue
derogado tácitamente.
13. Con base en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo y el numeral 8° del artículo 365 del Código
General del Proceso, el Tribunal se abstuvo de condenar en costas a la parte
vencida porque no se demostró que el demandante actuó sin fundamento legal
alguno.
Recurso de apelación
14. El demandante apeló la sentencia de primera instancia. Reiteró que el
método de reajuste de su pensión de jubilación convencional debía ser conforme
el artículo 1° de la Ley 71 de 1988, puesto que así quedó consignado en la
constante, se reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero de cada año, según la variación
porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año
inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario
mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje
en que se incremente dicho salario por el Gobierno”.
4 Expediente digital, archivo
“27_080012333000202100094001SENTENCIAPRIMESENTENCIA20221110092820”.
5 Consejo de Estado. Sección Segunda. Sentencia del 17 de agosto de 2017, Rad. 3294-2014.
6 Corte Suprema de Justicia. Sala Laboral. Sentencia del 18 de agosto de 2021, Rad. SL3865-
201.
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Resolución No. 001438 del 22 de septiembre de 1995 que expidió la Universidad
del Atlántico y sobre la cual no existió ningún acto administrativo por medio del
cual se modificara o revocara dicho apartado o alguna orden judicial que así lo
dispusiera.
15. Reprochó que el Tribunal fijó el objeto del litigio en torno a analizar si el
reajuste pensional consistía en una mera expectativa y no como lo propuso en el
escrito de la demanda, esto es, establecer si el cambio en el método de reajuste
pensional exigía agotar un procedimiento administrativo reglado. En todo caso,
afirmó que la Resolución No. 001438 del 22 de septiembre de 1995 sí creó una
expectativa en virtud del principio de confianza legítima.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
16. Mediante auto del 12 de octubre de 2023 el despacho sustanciador admitió
el recurso de apelación y corrió traslado a la parte demandada y al Ministerio
Público, éste último para rendir concepto.
17. La Universidad del Atlántico solicitó se confirmara la sentencia de primera
instancia, toda vez que el método de reajuste no constituyó un derecho adquirido,
sino una mera expectativa susceptible de modificación legal en los términos del
artículo 14 de la Ley 100 de 1993, norma vigente al momento de reconocérsele
el derecho pensional.
18. Sobre el principio de favorabilidad argumentó que el Consejo de Estado
ya había determinado como improcedente este criterio axiológico en el análisis
del método de reajuste pensional. Lo anterior, porque el principio no daba lugar
a elegir el sistema más conveniente, sino a dilucidar dudas de interpretación
normativa.
19. De igual manera, la Universidad explicó que la Resolución No. 001438 del
22 de septiembre de 1995 no fue revocada, sino ejecutada de conformidad con
la norma vigente para la fecha, es decir, la Ley 100 de 1993. Esto debido a que
el artículo 1° de la Ley 71 de 1988 fue derogado de manera tácita con la entrada
en vigencia del Sistema General de Pensiones. Por ende, al tratarse de la
aplicación de una norma posterior, afirmó que no había lugar a solicitar el
consentimiento previo del pensionado.
20. El Ministerio Público guardó silencio.
III. CONSIDERACIONES
Competencia
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21. De conformidad con el inciso 1° del artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante
CPACA, en concordancia con los artículos 615 del Código General del Proceso
y el 26 de la Ley 2080 de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación presentados en contra de las sentencias dictadas por los
tribunales administrativos.
Problema jurídico
22. Le corresponde a la Sala determinar si la actuación de oficio adelantada
por la Universidad del Atlántico mediante la cual se dispuso el reajuste pensional
del señor Álvaro de Jesús Luna Vélez en los términos del artículo 14 de la Ley
100 de 1993, y no conforme a lo previsto en el artículo 1° de la Ley 71 de 1988,
se ajusta a derecho, o si con ello se desconoció la expectativa legítima del
pensionado respecto del régimen de reajuste que venía siendo aplicado.
Análisis del problema jurídico
23. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia dictada por el
Tribunal Administrativo del Atlántico tras encontrar que el artículo 14 de la Ley
100 de 1993 derogó de manera tácita el artículo 1° de la Ley 71 de 1988, de ahí
que la Universidad del Atlántico actuó conforme el ordenamiento jurídico vigente.
24. El artículo 11 de la Ley 100 de 1993 estableció que el Sistema General de
Pensiones aplicaría a toda la población territorial, sin perjuicio del respeto y
conservación por los derechos adquiridos hasta la fecha. En esa medida, el
campo de aplicación del régimen se extendió a todas las personas pensionadas
antes y después de la entrada en vigencia de la ley.
25. Tratándose del reajuste o incremento de la mesada pensional, el artículo
14 de la legislación aludida estableció que, en aras de mantener el poder
adquisitivo constante de cada asignación, las pensiones se reajustarían
anualmente de oficio según la variación porcentual del IPC certificado por el
DANE. Como excepción de lo anterior, para aquellas mesadas equivalente al
salario mínimo dispuso que su incremento operaría según el aumento que
determinara el Gobierno Nacional.
26. De esta manera, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 introdujo un cambio
legislativo respecto del mecanismo de reajuste que se encontraba vigente antes
del 1 de abril de 1994 y de manera tácita, lo derogó. A saber, el artículo 1° de la
Ley 71 de 1988 planteaba que el reajuste pensional de cada año se haría
oficiosamente según el aumento del salario mínimo.
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27. Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado7 ha determinado que
la Ley 100 de 1993 no modificó los términos de reconocimiento bajo los cuales
las personas accedieron a sus derechos pensionales antes de la entrada en
vigencia de la ley. Sin embargo, la Corporación ha aclarado que para asuntos
distintos al reconocimiento como lo es el reajuste anual de la mesada pensional
deben ceñirse a la Ley 100 de 1993, sin que por ello pueda alegarse la
vulneración de derechos adquiridos, pues se trata de cambios normativos
respecto de los cuales aplica el principio de la libre configuración legislativa.
28. En el caso en concreto, si bien la Sala constató que la Resolución No.
001438 del 22 de septiembre de 1995 dispuso que el reajuste pensional seguiría
los términos del artículo 1° de la Ley 71 de 1988, también se advierte que el
reconocimiento pensional fue reconocido en vigencia de la Ley 100 de 1993. Por
lo tanto, contrario a los argumentos esbozados en el escrito de la demanda y el
recurso de apelación, la Universidad del Atlántico obró acorde al ordenamiento
jurídico al reajustar la mesada pensional del señor Luna según la variación
porcentual del IPC certificado por el DANE.
29. Asimismo, para la Sala no es de recibo interpretar que la aplicación de la
ley vigente haga las veces de una actuación administrativa unilateral y arbitraria
con la capacidad de revocar la Resolución No. 001438 del 22 de septiembre de
1995 y sobre la cual se pueda exigir el cumplimiento de las reglas de revocatoria
directa establecidas en los artículos 93 y siguientes del CPACA. Se insiste, la
Universidad del Atlántico aplicó la norma vigente para efectos del reajuste
pensional que le correspondía anualmente al señor Luna.
30. Ahora, en relación con la aplicación del principio de favorabilidad, in dubio
pro operario y la condición más beneficiosa, la Sala considera que no son
aplicables al caso en concreto. El Consejo de Estado ha respaldado el desarrollo
jurisprudencial que la Corte Constitucional ha realizado sobre el artículo 53 de la
Constitución Política8.
“La jurisprudencia constitucional ha definido dos manifestaciones de este
principio. En primer lugar, el principio de favorabilidad en sentido estricto, en
virtud del cual el juez que pueda elegir entre dos o más normas vigentes que
regulen una misma circunstancia, debe optar por aquella norma que más
beneficie al trabajador. En segundo lugar, el principio in dubio pro operario o de
favorabilidad en sentido amplio implica que, ante múltiples interpretaciones de
una misma disposición, el juez debe escoger la más provechosa para el
empleado.
7 Ver las siguientes: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda,
Subsección B. Sentencia del 2 de mayo de 2013, rad. 76001-23-31-000-2009-00680-01(1185-
12); Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 16 de mayo de 2025, rad. 08001-23-33-000-2021-00194-01 (2597-2024).
8 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 19 de febrero de 2026, rad. 05001-23-33-000-2016-02743-02 (4009-2021).
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Demandante: Álvaro de Jesús Luna Vélez
44. Ahora bien, no cualquier duda habilita al juez para escoger una norma o
interpretación determinada. La duda debe ser seria y objetiva, derivada de la
solidez jurídica de las posturas encontradas. La duda debe ser además respecto
de un aspecto normativo y no fáctico21. Asimismo, deben concurrir las
interpretaciones en juego en un caso concreto, es decir, las normas concurrentes
y su hermenéutica deben ser aplicables a los mismos supuestos de hecho”9.
31. De lo anterior, es claro que el principio de favorabilidad consiste en una
herramienta de interpretación a la cual el operador judicial puede acudir cuando
exista duda sobre la aplicación de dos normas vigentes que regulen un mismo
asunto. De esta manera, al no existir un conflicto entre normas vigentes ni
condiciones que justifiquen mantener el sistema anterior de actualización,
tampoco no procede este argumento.
32. Por último, los precedentes de tutela referenciados por el demandante no
son vinculantes ni obligan a decidir el asunto de referencia en igual sentido.
33. Por las razones expuestas, la Sala confirmará la sentencia de primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda.
Condena en costas
34. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida
reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.
35. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
36. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se confirmará la sentencia
apelada, se impondrán costas a la parte demandante en segunda instancia, por
cuanto se niegan totalmente a las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley
9 Ibidem.
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IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 23 de septiembre de 2022 dictada por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se negaron las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
por el señor Álvaro de Jesús Luna Vélez. Lo anterior, con fundamento en las
razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas a la parte demandante, por cuanto se
negaron los cargos de inconformidad formulados en el recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico, de conformidad con lo señalado anteriormente.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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