Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00169-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 08001-23-33-000-2021-00169-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00169-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2021-00169-01
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
11 de junio de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Once (11) de junio de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00169-01 (3815-2023)
Demandante: Heddy Redondo Peña
Demandado: Universidad del Atlántico
Tema: Reajuste de la mesada pensional conforme el salario mínimo
y no sobre el IPC.
Decisión: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda por cuanto la demandada actuó
de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante con-
tra la sentencia de primera instancia del 9 de septiembre de 2022 por el Tribunal
Administrativo del Atlántico.
I. ANTECEDENTES
Demanda1
1. La señora Heddy Redondo Peña, por medio de apoderado y en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho presentó demanda
en contra de la Universidad del Atlántico, en adelante la Universidad con el pro-
pósito de que se declare la nulidad de los actos administrativos del 16 de octubre
y 7 de diciembre ambas de 2020, por medio de los cuales la demandada negó el
reajuste de su mesada pensional conforme el incremento del salario mínimo
desde el 1 de enero del 2000.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a la Univer-
sidad (i) expedir un acto administrativo en el que se reconozca el derecho al re-
ajuste de la pensión desde el año 2000 en adelante, con base en el incremento
del salario mínimo, (ii) el pago retroactivo causado por las diferencias de las me-
sadas anualmente incrementadas que ascendió al valor de $170.423.911,28 (iii)
el pago de los intereses moratorios junto con la actualización e indexaciones co-
rrespondientes y (iv) condenar al pago de costas procesales y agencias en dere-
1Expediente digital 08001233300020210016900, índice 00010 en SAMAI, archivo “02. DE-
MANDA ADMINISTRATIVA HEDDY REDONDO PEÑA (1)” dentro de la carpeta “8_INCORPO-
RAEXPEDIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_20220808”.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 1
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00169-01 (3815-2023)
Demandante: Heddy Redondo Peña
cho. Adicionalmente, solicitó que se ordene expedir un nuevo acto administra-
tivo por medio del cual se reconozca el derecho al reajuste pensional en virtud
del salario mínimo.
3. Explicó que mediante la Resolución No. 000906 del 22 del 2 de octubre de
1992, la Universidad del Atlántico le reconoció una pensión de jubilación en los
términos del artículo 9° de la Convención Colectiva del Trabajo de 1976 con fecha
de efectividad a partir del 1 de septiembre de 1992. Dentro de dicho acto admi-
nistrativo se determinó que el reajuste anual de la mesada operaría de manera
oficiosa según el aumento del salario mínimo y de conformidad con el artículo 1°
de la Ley 71 de 1988.
4. Sin embargo, la demandante aseguró que la Universidad unilateralmente
y sin su consentimiento previó, modificó el mecanismo de reajuste anual de la
mesada pensional a partir de enero de 2000 y sustituyó el incremento inicialmente
fijado en el salario mínimo por el aumento del IPC. Con ocasión de este cambio,
aseguró que desde el 2000 a la fecha de presentación de la demanda dejó de
percibir una suma aproximada de $170.423.911,28.
5. El 3 de septiembre de 2020, la demandante solicitó ante la Universidad el
reconocimiento y pago de sus derechos pensionales en virtud de la Convención
Colectiva del Trabajo de 1976 y la ley, particularmente (i) el reajuste de su me-
sada pensional conforme el incremento del salario mínimo desde el 1 de enero
del 2000, (ii) el pago retroactivo a lugar (iii) y los intereses moratorios, la actuali-
zación e indexaciones que correspondieran. En respuestas del 16 de octubre y
27 de octubre de 2020, la Universidad negó sus solicitudes.
6. Como concepto de violación alegó la vulneración de los artículos 4°, 13,
29 y 53 de la Constitución Política, los artículos 9º, 14, 20, 21 y 467 del Código
Sustantivo del Trabajo, el artículo 1° y su parágrafo de la Ley 71 de 1988, los
artículos 87, 88, 93, 95 y 97 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, así como el desconocimiento jurisprudencial de la
sentencia del 1 de marzo de 2001 de la Sección Segunda del Consejo de Estado
dentro del radicado 25000-23-25-000-1997-3617-01(2615-99) y la violación del
principio de favorabilidad.
Contestación de la demanda2
7. La Universidad se opuso a la totalidad de las pretensiones. Si bien la Re-
solución No. 000906 del 22 del 2 de octubre de 1992 incluyó un numeral en el
que se indicó el reajuste anual de la pensión en los términos de la Ley 71 de
1988, la demandada argumentó que la asignación reconocida era de carácter
convencional, de ahí que el reajuste debía ceñirse a lo establecido en el inciso 2°
2 Expediente digital 08001233300020210016900, índice 00010 en SAMAI, archivo “23. CONTES-
TACION”.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 2
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00169-01 (3815-2023)
Demandante: Heddy Redondo Peña
del literal d) del artículo 9° de la Convención Colectiva del Trabajo 3. Como con-
secuencia de lo anterior, aseguró que la referencia expresa al artículo 1° de la
Ley 71 de 1988 dentro del acto que reconoció el derecho pensional fue
un error que debía ser declarado ineficaz.
8. La Universidad aseguró que lo correcto era aplicar la norma vigente, es
decir, el artículo 14 de la Ley 100 de 19934 . Aunado a ello, indicó que la deman-
dante recibía una mesada superior al salario mínimo, de ahí que su asignación
fuera reajustada según el IPC.
9. Adicionalmente, al controvertir el presunto valor adeudado por la suma de
$170.423.911,28, la Universidad sostuvo que la liquidación presentada por la
parte actora omitió efectuar una comparación adecuada entre los incrementos
derivados del salario mínimo legal mensual vigente y aquellos aplicados con fun-
damento en el IPC, desconociendo que la entidad, además del reajuste anual
conforme al índice de precios al consumidor, reconoció incrementos adicionales:
(i) con el propósito de compensar el aumento del 12 % en la cotización al sistema
de salud impuesto a quienes adquirieron el estatus pensional con anterioridad al
1.º de abril de 1994, y (ii) por decisión unilateral de la propia Universidad (motu
proprio).
10. Por último, con base en jurisprudencia de la Corte Constitucional, alegó
que el reajuste anual de la pensión no es un derecho adquirido, sino una mera
expectativa sometida al régimen jurídico vigente.
11. Como excepciones de mérito, alegó la prescripción, la ineptitud de la de-
manda por indebida acumulación de pretensiones, la inexistencia de la obligación
y del derecho y la compensación.
Sentencia apelada5
12. El Tribunal Administrativo del Atlántico negó las pretensiones de la de-
manda mediante sentencia del 9 de septiembre de 2022.
13. Tras realizar un recuento normativo y jurisprudencial sobre el reajuste pen-
sional, determinó que el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 derogó de manera
tácita el artículo 1° de la Ley 71 de 1988. Si bien la fecha de reconocimiento
3 Según la transcripción brindada por la Universidad del Atlántico, dicho artículo establece lo si-
guiente: “Esta pensión se reajustará al reajustarse los salarios del personal docente y trabajado-
res activos”.
4 Ley 100 de 1993. Artículo 14. Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones. “ARTÍCULO 14. Reajuste de Pensiones. Con el objeto de que las pen-
siones de vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobrevivientes, en cualquiera de
los dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo constante,
se reajustarán anualmente de oficio, el 1o. de enero de cada año, según la variación porcentual
del Índice de Precios al Consumidor, certificado por el DANE para el año inmediatamente anterior.
No obstante, las pensiones cuyo monto mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vi-
gente, serán reajustadas de oficio cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente
dicho salario por el Gobierno”.
5 Expediente digital 08001233300020210016900, índice 00015 en SAMAI.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 3
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00169-01 (3815-2023)
Demandante: Heddy Redondo Peña
pensional fue anterior al Sistema General de Pensiones y por eso inicialmente la
Universidad aplicó la Ley 71 de 1988, el cambio legislativo conllevó a realizar el
reajuste pensional de acuerdo con la nueva disposición, es decir, el aumento del
IPC. En esa medida, para el caso de la señora Redondo, afirmó que no se logró
desvirtuar la legalidad de los actos administrativos demandados.
14. Con base en los artículos 188 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo y el numeral 8° del artículo 365 del Código
General del Proceso, el Tribunal se abstuvo de condenar en costas a la parte
vencida porque no se demostró que el demandante actuó sin fundamento legal
alguno.
Recurso de apelación6
15. La demandante apeló la sentencia de primera instancia. Reiteró que el
método de reajuste de su pensión de jubilación convencional debía ser con-
forme el artículo 1° de la Ley 71 de 1988, toda vez que así quedó consignado en
la Resolución No. 000906 del 22 del 2 de octubre de 1992 que expidió la Univer-
sidad del Atlántico y sobre la cual no existió ningún acto administrativo por medio
del cual se modificara o revocara dicho apartado o alguna orden judicial que así
lo dispusiera.
16. Igualmente, centró sus argumentos en precedentes constitucionales por
medio de los cuales se afirmó que la modificación en el método de reajuste fue
arbitraria por no contar con el cumplimiento de los requisitos de revocatoria di-
recta y sin el consentimiento previo y expreso del titular de la pensión.
17. Argumentó la aplicación de los principios de favorabilidad, in dubio pro
operario y la condición más beneficiosa en el caso en concreto para así justificar
la aplicación de la Ley 71 de 1988 y no la Ley 100 de 1993.
18. Por último, también criticó el que el Tribunal calificara el reajuste pensional
como una mera expectativa, cuando el acto de reconocimiento le otorgó el dere-
cho a que la actualización anual de la mesada se hiciese de conformidad con el
artículo 1° de la Ley 71 de 1988. En respaldo de lo anterior, afirmó que este
asuntó debía ser analizado a la luz del principio de la confianza legítima.
II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
19. Mediante auto del 16 de noviembre de 2023, el despacho sustanciador
admitió el recurso de apelación y corrió traslado a la parte demandada y al Minis-
terio Público, éste último para rendir concepto.
20. Las partes procesales y el Ministerio Público guardaron silencio.
6 Expediente digital 08001233300020210016900, índice 00019 en SAMAI.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 4
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00169-01 (3815-2023)
Demandante: Heddy Redondo Peña
III. CONSIDERACIONES
Competencia
21. De conformidad con el inciso 1° del artículo 150 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en adelante
CPACA, en concordancia con los artículos 615 del Código General del Proceso
y el 26 de la Ley 2080 de 2021, la Sala de lo Contencioso Administrativo del
Consejo de Estado es competente para conocer en segunda instancia de los
recursos de apelación presentados en contra de las sentencias dictadas por los
tribunales administrativos.
Problema jurídico
22. Corresponde a la Sala determinar si la actuación oficiosa adelantada por
la Universidad del Atlántico, mediante la cual dispuso el reajuste de la pensión
reconocida a la señora Heddy Redondo Peña con fundamento en el artículo 14
de la Ley 100 de 1993, en lugar de aplicar lo previsto en el artículo 1.º de la Ley
71 de 1988, se ajusta al ordenamiento jurídico o, por el contrario, vulneró la
confianza legítima y las expectativas derivadas del régimen de reajuste pensional
que venía siendo aplicado a la demandante.
Análisis del problema jurídico
23. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia dictada por el Tribu-
nal Administrativo del Atlántico tras encontrar que el artículo 14 de la Ley 100 de
1993 derogó de manera tácita el artículo 1° de la Ley 71 de 1988, de ahí que la
Universidad del Atlántico actuó conforme el ordenamiento jurídico vigente.
24. El artículo 11 de la Ley 100 de 1993 estableció que el Sistema General de
Pensiones aplicaría a toda la población territorial. En esa medida, el campo de
aplicación del régimen se extendió a todas las personas pensionadas antes y
después de la entrada en vigencia de la ley.
25. Tratándose del reajuste o incremento de la mesada pensional, el artículo
14 de la legislación aludida estableció que, en aras de mantener el poder adqui-
sitivo constante de cada asignación, las pensiones se reajustarían anualmente
de oficio según la variación porcentual del IPC certificado por el DANE. Como
excepción de lo anterior, para aquellas mesadas equivalentes al salario mínimo
dispuso que su incremento operaría según el aumento que determinará el Go-
bierno Nacional.
26. De esta manera, el artículo 14 de la Ley 100 de 1993 introdujo un cambio
legislativo respecto del mecanismo de reajuste que se encontraba vigente antes
del 1 de abril de 1994 y de manera tácita, lo derogó. A saber, el artículo 1° de la
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 5
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00169-01 (3815-2023)
Demandante: Heddy Redondo Peña
Ley 71 de 1988 planteaba que el reajuste pensional de cada año se haría oficio-
samente según el aumento del salario mínimo.
27. Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado7 ha precisado que la
Ley 100 de 1993 no modificó las condiciones de reconocimiento de los derechos
pensionales consolidados con anterioridad a su entrada en vigencia. No obstante,
la Corporación también ha señalado que, en materias distintas al reconocimiento
del derecho pensional, como ocurre con el reajuste anual de las mesadas, resulta
aplicable el régimen previsto en la Ley 100 de 1993, sin que ello implique desco-
nocimiento o vulneración de derechos adquiridos, en tanto se trata de una modi-
ficación normativa amparada por el principio de libertad de configuración legisla-
tiva del Congreso.
28. La señora Heddy Redondo Peña prestó sus servicios a la Universidad del
Atlántico entre el 22 de febrero de 1972 y el 31 de agosto de 1992 y, verificado
el cumplimiento de los requisitos del artículo 9° de la Convención Colectiva de
1976, se le reconoció una pensión por el valor de $ 342.546,00 a través de la
Resolución No. 000906 del 22 del 2 de octubre de 19928. El ordinal segundo de
dicho acto administrativo consignó que el método de reajuste pensional se haría
de conformidad con el artículo 1° de la Ley 71 de 1988.
29. Si bien la Sala observa que el acto de reconocimiento fue expedido en
vigencia del artículo 1° de la Ley 71 de 1988, también lo es que dicha norma fue
derogada de manera tácita con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley 100
de 1993. Por lo tanto, contrario a los argumentos esbozados en el escrito de la
demanda y el recurso de apelación, la Universidad del Atlántico obró acorde al
ordenamiento jurídico vigente al reajustar la mesada pensional de la demandante
según la variación porcentual del IPC certificado por el DANE.
30. Ahora bien, para la Sala no resulta admisible sostener que la aplicación de
la normativa vigente constituya una actuación administrativa unilateral y arbitraria
orientada a revocar la Resolución No. 000906 del 22 de octubre de 1992, ni que,
por tal razón, debieran agotarse las exigencias propias de la revocatoria directa
previstas en los artículos 93 y siguientes del CPACA. En efecto, se reitera que la
Universidad del Atlántico se limitó a aplicar el régimen jurídico vigente en materia
de reajuste anual de la mesada pensional que correspondía a la señora Redondo,
conforme a la variación porcentual del IPC.
31. Por otro lado, en relación con la aplicación del principio de favorabilidad, in
dubio pro operario y la condición más beneficiosa, la Sala considera que no son
7 Ver las siguientes: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda,
Subsección B. Sentencia del 2 de mayo de 2013, rad. 76001-23-31-000-2009-00680-01(1185-
12); Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 16 de mayo de 2025, rad. 08001-23-33-000-2021-00194-01 (2597-2024).
8 Expediente digital 08001233300020210016900, índice 00010 en SAMAI, archivo “05. RESOLU-
CION N°000906 DEL 2 DE OCTUBRE DE 1992 (1)” dentro de la carpeta “8_INCORPORAEXPE-
DIENTEDIGITALIZADO_EXPEDIENTE_ONEDRIVE_20220808”.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 6
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00169-01 (3815-2023)
Demandante: Heddy Redondo Peña
aplicables al caso en concreto. El Consejo de Estado ha respaldado el desarrollo
jurisprudencial que la Corte Constitucional ha realizado sobre el artículo 53 de la
Constitución Política9.
“La jurisprudencia constitucional ha definido dos manifestaciones de este princi-
pio. En primer lugar, el principio de favorabilidad en sentido estricto, en virtud del
cual el juez que pueda elegir entre dos o más normas vigentes que regulen una
misma circunstancia, debe optar por aquella norma que más beneficie al trabaja-
dor. En segundo lugar, el principio in dubio pro operario o de favorabilidad en
sentido amplio implica que, ante múltiples interpretaciones de una misma dispo-
sición, el juez debe escoger la más provechosa para el empleado.
44. Ahora bien, no cualquier duda habilita al juez para escoger una norma o in-
terpretación determinada. La duda debe ser seria y objetiva, derivada de la soli-
dez jurídica de las posturas encontradas. La duda debe ser además respecto de
un aspecto normativo y no fáctico21. Asimismo, deben concurrir las interpretacio-
nes en juego en un caso concreto, es decir, las normas concurrentes y su her-
menéutica deben ser aplicables a los mismos supuestos de hecho”10.
32. De lo anterior, es claro que el principio de favorabilidad consiste en una
herramienta de interpretación a la cual el operador judicial puede acudir cuando
exista duda sobre la aplicación de dos normas vigentes que regulen un mismo
asunto. Así, al no existir un conflicto entre normas vigentes ni condiciones que
justifiquen mantener el sistema anterior de actualización, tampoco procede este
argumento.
33. Por último, los precedentes de tutela referenciados por el demandante no
son vinculantes ni obligan a decidir el asunto de referencia en igual sentido.
Condena en costas
34. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo ante-
rior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma
de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que
gobierna esta materia.
35. Así las cosas, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liqui-
dación y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta
la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
36. En consecuencia, y teniendo en cuenta que se confirmará la sentencia
apelada, se impondrán costas a la parte demandante en segunda instancia, por
9 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda, Subsección B.
Sentencia del 19 de febrero de 2026, rad. 05001-23-33-000-2016-02743-02 (4009-2021).
10
Ibidem.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 7
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00169-01 (3815-2023)
Demandante: Heddy Redondo Peña
cuanto se niegan totalmente a las peticiones del recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho
serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas
serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo del Atlántico.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Admi-
nistrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la ley
IV. RESUELVE
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 9 de septiembre de 2022 dictada por
el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual se negaron las pre-
tensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida
por la señora Heddy Redondo Peña en contra de la Universidad del Atlántico. Lo
anterior, con fundamento en las razones expuestas en la parte motiva de esta
sentencia.
SEGUNDO. CONDENAR en costas en segunda instancia a la parte demandada,
por cuanto se negaron los cargos de inconformidad formulados en el recurso de
apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agen-
cias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instan-
cia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del Tribunal Administrativo
del Atlántico, de conformidad con lo señalado anteriormente.
TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR
las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de ori-
gen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 8
Bogotá D.C. – Colombia
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00169-01 (3815-2023)
Demandante: Heddy Redondo Peña
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integri-
dad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
www.consejodeestado.gov.co
Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 9
Bogotá D.C. – Colombia
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.