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Consejo de Estado · Sección Quinta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 08001-23-33-000-2021-00275-02

Fecha
23 de febrero de 2023
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 08001-23-33-000-2021-00275-02

Consejo de Estado · Sección Quinta

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A”, que negó las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen. TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede recurso alguno.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Quinta

Radicado 08001-23-33-000-2021-00275-02

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

23 de febrero de 2023

Radicado: 08001-23-33-000-2021-00275-02
Demandantes: Procuradores 15, 117 y 118 Judiciales II para
Asuntos Administrativos de Barranquilla
Demandado: Miguel Ángel Alzate Salcedo,
Personero Distrital de Barranquilla
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: Rocío Araujo Oñate

Bogotá, D.C., veintitrés (23) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Nulidad Electoral
Radicación No.: 08001-23-33-000-2021-00275-02
Demandantes: Javier Francisco Lizcano Rivas y otros – Procuradores 15, 117 y
118 Judiciales II para Asuntos Administrativos de Barranquilla.
Demandado: Acto de elección del señor Miguel Ángel Alzate Salcedo como
personero Distrital de Barranquilla para el período 2021-2024

Temas: Principio de publicidad en la actuación electoral; competencia de
la mesa directiva para expedir la convocatoria pública; requisitos
del empleo y; vinculatoriedad de la convocatoria.

SENTENCIA – SEGUNDA INSTANCIA

La Sala se pronuncia sobre el recurso de apelación interpuesto por la parte actora,
contra la sentencia de 4 de octubre de 2022, por medio de la cual, el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sección A negó las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1.1. Pretensiones

1. El 21 de mayo del 20211, los señores Javier Francisco Lizcano Rivas, Welfran de
Jesús Mendoza Osorio y Juan Antonio Spirko Payares, actuando en calidad de
Procuradores 117, 15 y 118 Judiciales II para Asuntos Administrativos de Barranquilla,
respectivamente, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de nulidad
electoral consagrado en el artículo 139 de la Ley 1437 del 2011 2, mediante el cual
solicitaron lo siguiente:

“Se demanda la declaración de NULIDAD de los siguientes actos administrativos de
contenido electoral proferidos por el Concejo Distrital de Barranquilla, a saber:

1.- Acto administrativo de contenido electoral proferido por el Concejo Distrital
de Barranquilla en Acta de Sesión Plenaria virtual realizada el día 18 de marzo de
2021 en la cual se eligió al señor MIGUEL ÁNGEL SALCEDO ALZATE c.c.
72.271.287 como PERSONERO DISTRITAL DE BARRANQUILLA, y

1
Tal y como consta en el acta de reparto obrante en la actuación 1 del Expediente Digital.
2
ARTÍCULO 139. NULIDAD ELECTORAL. Cualquier persona podrá pedir la nulidad de los actos de elección por voto popular o
por cuerpos electorales, así como de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden.
Igualmente podrá pedir la nulidad de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. En
elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o
irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El
demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el
acto de elección. En todo caso, las decisiones de naturaleza electoral no serán susceptibles de ser controvertidas mediante la
utilización de los mecanismos para proteger los derechos e intereses colectivos regulados en la Ley 472 de 1998.

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1

Radicado: 08001-23-33-000-2021-00275-02
Demandantes: Procuradores 15, 117 y 118 Judiciales II para
Asuntos Administrativos de Barranquilla
Demandado: Miguel Ángel Alzate Salcedo,
Personero Distrital de Barranquilla
2.- Acto administrativo particular mediante el cual se materializó la elección
mediante la resolución no. 079 de dieciocho (18) de marzo de 2021, “por medio
de la cual se hace el nombramiento de personero distrital de barranquilla para el
periodo 2021-2024”, y que se ejecutó en la misma fecha al tomar el elegido
posesión del cargo, y que se ejecutó en la misma fecha al tomar el elegido posesión
del cargo (sic) y el cual se anexa para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
166 del CPACA.” (Negrilla propia del texto original).

1.2. Hechos

2. Señalaron que el Concejo Distrital de Barranquilla, mediante la Resolución 211 del
12 de agosto de 2019, reglamentó el concurso de méritos para proveer el cargo de
personero de Barranquilla.

3. Manifestaron que el ciudadano Manuel Francisco Arango Zambrano, presentó
demanda de nulidad contra la Resolución 211 de 2019, la cual fue tramitada en el
Juzgado Trece Administrativo Oral del Circuito de Barranquilla3. El 25 de noviembre de
2019, se decretó la suspensión provisional de sus efectos y, el 11 de noviembre de
2020, se anuló parcialmente4 por infringir lo dispuesto en las Leyes 136 de 1994 y
1551 de 2012.

4. Indicaron que conforme lo anterior, el Concejo Distrital de Barranquilla profirió la
Resolución 231 del 13 de noviembre de 2020, mediante la que se reglamentó
nuevamente el concurso público de méritos.

5. En su artículo 1.2 se establecieron las fases del proceso eleccionario a saber: i)
convocatoria pública; ii) inscripción de candidatos; iii) verificación de antecedentes y
cumplimiento de los requisitos mínimos de ley; iv) prueba escrita (conocimientos
académicos); v) evaluación de competencias laborales; vi) valoración de estudios y
experiencia; vii) entrevista personal; vii) definición de la lista de elegibles y viii)
elección de personero.

6. Ilustraron que mediante la Resolución 331 del 31 de diciembre de 2020, se profirió
la lista definitiva de elegibles y, por medio de la Resolución 333 de esa misma data, se
suspendió el proceso electoral a causa de una acción de tutela que fue declarada
improcedente el 15 de enero de 20215.

7. Adujeron que el 12 de enero de 2021, el señor Osnaider Maya Villazón presentó
escrito de recusación contra 8 concejales6 “… aduciendo conocimiento previo que habían
tenido estos en el trámite del actual concurso”. Como consecuencia de ello, el 18 de enero
de 2021 se suspendió nuevamente éste mientras se surtía el trámite consagrado en el
artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 para resolverlas.

8. El 15 de marzo de 2021, la duma distrital citó a la plenaria para la resolución de las
recusaciones; no obstante, el señor Maya Villazón presentó escrito en el que desistió
de las mismas.

3
Radicación No. 08-00133-33-013-2019-00270-00.
4
La nulidad se predicó de los artículos 7 y 18 que regulan los requisitos para el acceso al empleo.
5
Por el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barranquilla de Causas Mixtas Con Funciones de Conocimiento
6
Juan Camilo Fuentes Pumarejo, Mauricio Villafañez Jabba, Ernesto Crissien Barranza, José Trocha Gómez, Samuel Marino
Angulo, Andrés Rengifo Lemus, Andrés Ortiz Hernández y Recer Lee Pérez Torres

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Demandantes: Procuradores 15, 117 y 118 Judiciales II para
Asuntos Administrativos de Barranquilla
Demandado: Miguel Ángel Alzate Salcedo,
Personero Distrital de Barranquilla
9. Finalmente, el 18 de marzo de 2021, tras aceptar el desistimiento reseñado, la
corporación de elección popular eligió al señor Miguel Ángel Alzate Salcedo, como
personero Distrital de Barranquilla para el periodo 2021-2024, con un total de 20
votos.

1.3. Normas violadas y concepto de violación

10. Las causales de nulidad que en este caso se invocan contra el acto acusado son
las denominadas falta de competencia, falsa motivación e infracción de las normas en
que debería fundarse, previstas en los artículos 137 y 275 de la Ley 1437 de 2011,
como pasa a explicarse.

1.3.1. Falta de competencia

11. Luego de hacer un extenso acercamiento de la causal de nulidad, sostuvieron que
este vicio se concreta con la expedición de la nueva convocatoria Resolución 231 del
13 de noviembre de 20207, cuando aún no había cobrado ejecutoria la sentencia del
11 de noviembre de 2020, proferida por el Juzgado 13 Administrativo del Circuito de
Barranquilla que anuló parcialmente la Resolución 211 de 2019.

12. Además, porque a juicio de los accionantes, “… la mesa directiva no contaba con
autorización previa de la plenaria del concejo como quiera que usó la del anterior concurso, la
cual decayó por la anulación judicial dispuesta por el Juzgado 13 administrativo de
Barranquilla. Así, a juicio de los suscritos se debió obtener una nueva autorización en vista de
las nuevas circunstancias acontecidas, como fue la anulación de la resolución 211 de 2020”.

1.3.2. Falsa motivación

13. Este vicio lo sustentaron en “…que en la resolución 231 del 13 de noviembre de 2020,
espuriamente se indica que la decisión adoptada por el Juzgado 13 administrativo de
Barranquilla se encontraba en firme, lo cual, como se es verificable con un análisis sencillo de
los hechos no había acontecido, falseando en consecuencia la realidad”.

1.3.3. Infracción de norma superior

1.3.3.1 Desconocimiento del artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015

14. Sobre el particular, sostuvieron que es un pilar de los concursos de méritos, el
que se establezcan condiciones óptimas que permitan la reserva de las pruebas que
se surtan al interior de esta clase de procesos electorales; por ello, su inobservancia
puede constituir causal de nulidad, tal como tuvo oportunidad de precisarlo la Sección
Quinta del Consejo de Estado8.

15. Para el caso concreto, “… se tiene que, ni dentro de las obligaciones asumidas por la
Universidad de la Costa, en virtud del convenio celebrado con el Concejo del Distrito de

7
Acto mediante el cual se reglamentó el concurso público de méritos para la elección del cargo Personero Distrital de
Barranquilla para el periodo institucional del primero (01) de marzo de 2020 al veintinueve (29) de febrero de 2024
8
Sentencia dictada el 22 de marzo de 2018 en el expediente número 85001-23-33-000-2017-00019-03

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Demandado: Miguel Ángel Alzate Salcedo,
Personero Distrital de Barranquilla
Barranquilla ni dentro de las reglas de la convocatoria al concurso de méritos correspondiente
quedó definido algún mecanismo o protocolo de custodia que asegurara el principio de
transparencia…”.

16. Por lo anterior, a juicio de los demandantes, el acto electoral es nulo por cuanto
desconoce el principio de transparencia previsto en el artículo 2.2.27.1 del Decreto
1083 de 2015, al no asegurarse de modo alguno la reserva legal que se exige a esta
clase de procesos

1.3.3.2 Solo se permitió la inscripción física en las instalaciones del concejo,
desconociendo las normas imperativas contenidas en los artículos 3.13
(principio de celeridad según el cual las autoridades impulsarán e incentivarán el
uso de las tecnologías de la información) 5º, 7º numerales 4, 6 y 8, 53 y 54 de la
Ley 1437 de 2011, 3º y 4º del Decreto Legislativo 491 de marzo 28 de 2020.

17. Sostuvieron que el desconocer el uso de las tecnologías de la información en el
presente trámite, conllevó a una menor participación ciudadana, pues de haberse
cumplido en debida forma la regla aludida, sin duda alguna se habría asegurado una
mayor concurrencia de aspirantes provenientes de cualquier lugar del país y no
exclusivamente del Distrito de Barranquilla debido a las dificultades que trajo la
pandemia.

1.3.3.3 Desconocimiento del artículo 2.2.27.3 del Decreto 1083 de 2015

18. Frente a este reproche, señalaron que era obligación del Concejo Distrital de
Barranquilla demostrar que, como garantía de la libre concurrencia, se cumplió con el
requisito de publicidad a través de avisos, distribución de volantes, comunicación en
página web y en medios masivos de comunicación, conforme lo ordena el
ordenamiento jurídico.

19. De un análisis de los antecedentes administrativos del acto acusado, se da cuenta
que la convocatoria iniciaba el 14 de noviembre de 2020 y finalizaba el 24 de
noviembre de esa anualidad, por lo que en acatamiento de la norma que se estima
infringida, las publicaciones debieron realizarse desde el primer día hasta su
finalización.

20. En el caso concreto, ello no se cumplió debido a que: i) la publicación en el
periódico el Heraldo, diario de amplia difusión en la ciudad de Barranquilla, solo se
verificó por el día 15 de noviembre de 2020, ii) en el portal Zona Cero, no se garantizó
la libre concurrencia dado que no es un medio conocido y de amplia difusión; además
la convocatoria se difundió únicamente en los días comprendidos entre el 14 al 17 de
noviembre de 2020, iii) en “La radio “ y “Cuarto poder” que se emiten en la Emisora de
la Costa solo se realizó durante los días 13, 17, 18, 19 y 20 de noviembre de 2020, es
decir no se cumplió con el cometido de darla a conocer por el término de 10 días.

21. Lo anterior se refuerza, “… en que durante los días 21 al 24 de noviembre de 2020 no
se realizó la publicidad de la convocatoria en los medios de difusión que establece la norma
infringida por falta de aplicación”.

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22. Sostuvieron que, frente a la publicidad de la convocatoria en la página web de la
duma, solo tuvieron acceso a un enlace que no permite verificar las fechas exactas en
que se difundió.
1.3.4 Citación extemporánea del Concejo Distrital de Barranquilla para elegir al
personero, según lo normado en el artículo 35 de la Ley 136 de 1994

23. Del contenido del artículo 35 de la Ley 136 de 1994, se observa que la elección
de los funcionarios por parte del concejo debe cumplir los siguientes requisitos: a) que
la instalación y la elección de los funcionarios de su competencia se produzca dentro
de los primeros diez días del mes de enero y, b) que la fecha de la elección se
determine con 3 días de antelación.

24. En el presente asunto, sostuvieron que la mesa directiva del precitado concejo sin
que mediara citación previa no inferior a 3 días como lo exige el articulo 35 ídem,
celebró la sesión de elección, tras aceptar el desistimiento de las recusaciones
presentadas por el señor Osnaider Maya Villazón.

1.3.5 Trámite irregular de la recusación presentada contra algunos de los
concejales, que fue negada por la corporación, pero no se remitió a la
procuraduría regional atlántico

25. Encontraron que, el 12 de enero de 2021 se presentaron recusaciones contra 8
concejales; el 15 de marzo de 2021 “… el Concejo Distrital de Barranquilla citó a la
plenaria con el fin de resolver la recusación presentada contra algunos miembros de la
corporación; no obstante, el señor Osnaider Maya Villazón mediante correo electrónico en la
misma fecha y hasta antes de dar inició a la sesión presentó escrito en el cual desistió de la
recusación, alegando que ejercerá la representación de uno de los aspirantes del concurso.

Ante ello, obviando el trámite legal de la recusación se procedió por parte del Concejo Distrital
a aceptar el desistimiento presentado por el señor Osnaider Maya Villazón de su escrito de
recusación contra algunos miembros del Concejo Distrital de Barranquilla, sin atender que no
tenían competencia para aceptar un desistimiento de un acto que solo le correspondía a la
Procuraduría Regional Atlántico que es la autoridad competente para decidir todo lo
concerniente a la recusación presentada”.

1.3.6 Desviación de poder

26. Este cargo lo sustentan en que la expedición de la Resolución 231 de 2020
contentiva de la convocatoria, tuvo como finalidad culminar el proceso de forma
apresurada, pasando por encima del ordenamiento jurídico, con el fin de elegir al
personero en esa vigencia, desconociendo la no ejecutoriedad de la sentencia de
nulidad que cursó contra el acto de reclutamiento anterior.

1.4. Actuaciones procesales relevantes

27. El Tribunal Administrativo del Atlántico, el 1° de julio de 2021 rechazó la demanda
al considerar que había operado la caducidad. El 26 de agosto de esa anualidad, la
Sala Electoral del Consejo de Estado revocó9 esta decisión.

9
La Sala consideró que la caducidad no debió contabilizarse a partir del 18 de marzo de 2021, data en la cual se surtió la
elección, sino en la fecha en que se publicó el acto, conforme la regla establecida en el artículo 65 de la Ley 1437 de 2011.

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28. El 12 de noviembre de 2021, se admitió el medio de control y se corrió traslado
de la petición cautelar. El 14 de enero de 2022, se negó la suspensión provisional del
acto demandado.

29. En el término de traslado, se pronunciaron los siguientes sujetos procesales:

30. El Concejo Distrital de Barranquilla, solicitó negar las pretensiones al
considerar que los vicios que se aducen contra el acto electoral no se presentaron
como pasa a explicarse.

31. Respecto de la falta de competencia, señalaron que la nueva convocatoria surge
como consecuencia del fallo de nulidad parcial del 11 de noviembre de 2020,
proferido por el Juzgado 13 Administrativo de Barranquilla.

32. De otra parte, sostuvo que al ser este un acto administrativo de carácter general,
los vicios en que se pudo incurrir en su expedición debieron ventilarse a través del
medio de control de nulidad y no en nulidad electoral.

33. Frente a la reserva de las preguntas, sostuvo que el Decreto 1083 de 2015 no
reguló este procedimiento, no obstante, ésta fue garantizada por la Universidad de la
Costa.

34. En lo que hace a la inscripción física de los participantes, señaló la
intrascendencia del vicio en tanto hubo concurrencia de participantes. Aunado a ello,
no se presentaron reclamaciones en la materia.

35. Con todo, manifestó que las normas que se aducen desconocidas señalan la
facultad, esto es, la posibilidad que tienen las autoridades para adelantar sus
actuaciones a través de medios tecnológicos, aspecto que no se erigió como
imperativo sino facultativo.

36. De la divulgación de la convocatoria, sostuvo que esto es materia del medio de
control de nulidad, sin embargo, de las normas que rigen este trámite, artículos
2.2.6.5 y 2.2.27.3 del Decreto 1083 de 2015, se extrae su acatamiento, en tanto la
misma se publicó en la página web de la duma desde el 14 de noviembre de 2020.

37. Concluyeron que: “…, las demás publicaciones, sí bien no se hicieron durante los diez
días calendario, ello no es obligatorio por cuanto, lo que disponen las normas es que las
divulgaciones de las convocatorias se realicen como mínimo en un medio de divulgación
masivo. En este caso, se escogió la página web del Concejo, sin dejar de lado, que, aunque
las otras publicaciones en El Heraldo, en Zona Cero y en los medios radiales también
garantizarían la concurrencia de más aspirantes, no era obligatorio mantenerlas durante 10
días, pues se reitera ya se había escogido un medio de divulgación”.

38. Del desconocimiento del artículo 35 de la Ley 136 de 1994, señalaron que se citó
a los concejales con la anticipación allí señalada, tal y como se extrae del acta de 15
de marzo de 2021, en la que se da cuenta de las firmas de las personas que recibían
los documentos contentivos de la citación.

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39. Así mismo, se anexó a este pronunciamiento el correo electrónico del 15 de
marzo de 2021, por medio del cual el secretario del Concejo de Barranquilla convocó
a los concejales para la elección del personero que se llevaría a cabo el día 18 de
ese mismo mes y año y, pantallazos de WhatsApp donde se les recordaba a los
cabildantes el tema relacionado con la elección.

40. De la expedición irregular por la indebida resolución de las recusaciones, señaló
que conforme el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011 y su reglamento interno, este era
un asunto de competencia del pleno del Concejo Distrital de Barranquilla.

41. Finalmente, del vicio de desviación de poder sostuvo que no existe prueba de su
concreción.

42. El demandado, señaló que su acto se expidió siguiendo las reglas legales y de la
convocatoria, por lo que se pronunció en un sentido semejante al del Concejo Distrital
de Barranquilla.

43. Los coadyuvantes, manifestaron que los actos enjuiciados se encuentran
ajustados a derecho por lo que no existe vicio de ilegalidad.

44. En audiencia inicial, se fijó el litigio en los siguientes términos: “Si es nulo el acto
administrativo de elección del señor Miguel Ángel Salcedo Alzate, como personero Distrital
de Barranquilla, período 2021-2024, expedido por el Concejo Distrital de Barranquilla en
sesión plenaria virtual del 18 de marzo de 2021 y contenido en la Resolución No. 079 de esa
misma fecha, en ese estudio se analizarán los cargos endilgados por la parte actora
contenidos en el concepto de la violación, cotejándolos con los fundamentos jurídicos
expuestos en el acto censurado y en las contestaciones realizadas por las demandadas y
demás sujetos procesales.”

45. Luego de surtidas las etapas procesales, se presentaron alegatos de conclusión
en los que en términos generales se reiteraron los argumentos expuestos.

1.5. La sentencia apelada

46. El Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A negó las pretensiones de la
demanda, mediante sentencia del 4 de octubre de 2022, con los siguientes
argumentos:

47. Frente a la falsa motivación, sostuvo que si bien es cierto la sentencia que
declaró la nulidad parcial del acto de convocatoria -Resolución 211 de 2019-, no se
encontraba en firme, los fundamentos del nuevo acto de reclutamiento devienen
ciertos y suficientes para la materialización de la manifestación de la voluntad que se
perseguía.

48. Determinó que: “… si el cuerpo electoral en cuestión (Concejo de Barranquilla), inició
nuevo trámite y de ello se siguió la elección de un nuevo personero, debe considerarse que el
querer de esa corporación como producto del acto eleccionario, fue la de desvanecer del
mundo jurídico la actuación anterior, y sobre esto, reestructurar un nuevo escenario
procedimental; lo anterior, independientemente que estuviera o no ejecutoriada (sic)

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anulatoria del Juzgado 13 Administrativo, es decir, el rehacer del sendero administrativo por
parte del concejo en punto a cristalizar con una nueva elección, hace inane el hecho de que la
elección del pasado por vía judicial haya o no sido anulada, y esta fulminación estuviera o no
ejecutoriada. Bajo ese escenario, considera la Sala de Decisión que el primer cargo que
propuso la parte actora no cuenta con vocación de prosperidad…”

49. Del cargo de falta de competencia, determinó que no compartía la pretensión
anulatoria, en tanto existió la delegación del pleno de la duma en la mesa directiva
para proferir la convocatoria, lo anterior si se tiene en cuenta que cuando el juez de la
legalidad analizó el acto inicial ordenó al órgano elector rehacer la actuación, lo que
conllevó la expedición del segundo acto, basado en la orden judicial de retomar el
proceso, de lo cual coligió que dicha autorización quedó vigente.

50. De la cadena de custodia, sostuvo que, valoradas las pruebas allegadas por la
parte actora, no se advierte algún evento que afectara la autenticidad de las pruebas
adelantadas en el curso del trámite electoral que perturben su resultado; por el
contrario, los demandantes se limitaron a exponer la falta de regulación en la
convocatoria sin que relacionaran algún acontecimiento que permitiera tener como
trasgredido el principio de trasparencia.

51. En cuanto hace a la inscripción de candidaturas de forma presencial, negó su
prosperidad, basado en que el Decreto 1083 de 2015, deja a las autoridades
respectivas en libertad de establecer las etapas del concurso, tal y como se extrae del
artículo 2.2.27.2 en donde se señala que la convocatoria es la norma reguladora.

52. Seguidamente, refirió que no existe prueba alguna que permitiera establecer que
esa medida se tradujo en una limitante para participar de la convocatoria.

53. Respecto del vicio de falta de publicidad, determinó que este cometido se
cumplió toda vez que la convocatoria se publicó en la página web del órgano elector
desde el 14 de noviembre de 2020, tal y como se demuestra en certificación expedida
por ese órgano.

54. Además, “… la divulgación de la convocatoria se sujetó al artículo 2.2.27.3 del Decreto
1083 de 2015, garantizándose la libre concurrencia al concurso, lo que se cumplió, ya que
aquella se publicó el 14 de noviembre de 2020 y al concurso se inscribieron un total de 36
ciudadanos, como se desprende de la Resolución 254 de fecha 3 de diciembre de 2020, por
medio de la cual el Concejo de Barranquilla publicó la lista definitiva de admitidos (32
personas) e inadmitidos (4 personas)”.

55. Añadió que en este caso, se hizo uso de otros medios masivos de comunicación,
en los cuales si bien la convocatoria no se publicó por el término de 10 días, este
requisito se vio colmado con la sola publicación en la web de la duma distrital.

56. Del desconocimiento del artículo 35 de la Ley 136 de 1994, al expediente se
allegó por el apoderado del Concejo de Barranquilla certificación expedida por el
secretario general de esa entidad, que da cuenta de la citación realizada el 15 de
marzo de 2021 a los 21 concejales para asistir a la sesión virtual que se adelantaría el
18 de ese mismo mes y año; prueba que se valoró en su integridad en razón a que no

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8

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Demandantes: Procuradores 15, 117 y 118 Judiciales II para
Asuntos Administrativos de Barranquilla
Demandado: Miguel Ángel Alzate Salcedo,
Personero Distrital de Barranquilla
fueron tachadas de falsas.

57. Adicionalmente, se aportó pantallazo del envío de los correos electrónicos del 15
de marzo de 2021, citando a los concejales para el 18 del mismo mes y año, a la
elección de personero Distrital de Barranquilla, con los anexos del caso, esto es, el
oficio citatorio y las hojas de vida respectivas.

58. Recusaciones, sostuvo que conforme con la jurisprudencia de la Sección
Quinta10, el Concejo Distrital de Barranquilla podía resolver la petición de retiro de las
mismas conforme lo establece el artículo 12 de la Ley 1437 de 2011, por lo que no
advierte vicio alguno en el trámite de la misma por cuanto al proponerse se suspendió
el trámite electoral y solo hasta que se resolvió la duma no profirió el acto electoral.

1.6. El recurso de apelación

59. La parte accionante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia, en el que argumentaron:

1.6.1. Falta de competencia

60. Este argumento se sustenta en que: “… aún no se encontraba ejecutoriada la
sentencia del juzgado 13 administrativo del Circuito de Barranquilla, que se firmó y notificó el
11 de noviembre de 2020, y pese a que la misma aún no tenía el carácter de cosa juzgada, la
resolución 231 fue expedida el 13 de noviembre de 2020 , cuando, se insiste aún no había
adquirido ejecutoria la aludida sentencia, al punto que el accionante del proceso adelantado
ante el predicho juzgado 13 administrativo, interpuso recurso de apelación el 26 de noviembre
de 2020”.

61. Reiteró su reproche de no existir autorización previa de la plenaria para que la
mesa directiva de la duma profiriera la Resolución 231 de 2020.

1.6.2 Falsa motivación

62. Debido a que en la Resolución 231 del 13 de noviembre de 2020, falsamente se
indica que la decisión adoptada por el Juzgado 13 administrativo de Barranquilla se
encontraba en firme, lo cual no había acontecido, falseando en consecuencia la
realidad.

63. Señalaron que no comparten la posición del fallador de primera instancia, dado
que conforme a derecho la autoridad que tenía a cargo la elección enjuiciada, debía
esperar la ejecutoria del fallo de nulidad.

1.6.3 Cadena de custodia

64. Sostuvieron que está demostrado en el expediente que dentro de las obligaciones
asumidas por la Universidad de la Costa, en virtud del convenio celebrado con el
Concejo del Distrito de Barranquilla, no quedó definido algún mecanismo o protocolo
10
Decisión de 9 de mayo de 2018 emitida por el H. Consejo de Estado, dentro del Exp. Con Rad. 13001- 23-33-000-2018-00670-
01

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de custodia que asegurara el principio de transparencia que se asegurara la debida y
respectiva reserva antes y después de aplicadas las pruebas escritas.

65. Sostuvieron que la parte demandada no allegó prueba alguna tendiente a
demostrar lo contrario, razón por la que su afirmación adquiere total certeza y debe
ser valorada al momento de dictar sentencia; y por ende hay lugar a declarar la
nulidad de la actuación demandada por expedición irregular y violación de las normas
en que debía fundarse, concretamente, el principio de transparencia previsto en el
artículo 3º numeral 8 de la Ley 1437 de 2011.

66. Para la parte actora no es de recibo que el a quo desestime el argumento
indicando que no se acreditaron los hechos que dieran cuenta de la pérdida de
confidencialidad de las pruebas, como quiera que tal medida busca precisamente
dotar de transparencia el procedimiento, aceptar tal conclusión implicaría que aunque
estuviera demostrado que se filtró el contenido de las pruebas, pero que las mismas
no fueron efectivamente conocidas por los participantes no se generaría vicio alguno,
lo cual es abiertamente opuesto a los principios de la función administrativa.

1.6.4 Medios electrónicos de inscripción de candidaturas

67. Respecto de ello, manifestaron que “En punto a lo decidido por el a quo, se estima
yerra en afirmar que tampoco se da vicio alguno pues no se demostró que alguien se viera
limitado en sus derechos, argumento no aplicable al asunto pues el control de nulidad
electoral es abstracto y no requiere que se lesionen derechos subjetivos, los cuales si se ven
afectados serían pasibles de protección por medios de control subjetivos, tampoco se
comparte el análisis meramente literal que se hace de las normas como quiera que los
principios deben ser optimizados por la administración, tornándose forzoso concluir que la
norma era una limitante por ejemplo para personas con dificultades en su movilidad o que
residieran fuera de Barranquilla”.

68. Adicionaron que “… se encuentra probada la violación del parágrafo del artículo 2.2.6.2
del Decreto compilatorio 1083 de 2015, el cual prevé un plazo mínimo de cinco (5) días para
la inscripción. Lo anterior debido a que de acuerdo con lo fijado en el artículo 9 de la
resolución de convocatoria y el cronograma adoptado, se tiene que dicho término transcurrió
los días Dos (02) y Tres (03) de diciembre de dos mil diecinueve (2019), en el horario
comprendido entre las 08:00 a.m. a 12:00 am y las 02:00 p.m. a 04:00 p.m., cortando además
el horario habitual en que el Concejo Municipal cumple sus funciones esto es hasta las seis
de la tarde de todos los días hábiles”.

1.6.5 Publicidad

69. Reiteraron los argumentos de la demanda, en los que aducen que la convocatoria
no se dio a conocer a través de los medios de comunicación empleados, todos los
días del periodo comprendido entre el 14 al 24 de noviembre de 2020, en desconocimiento
del artículo 2.2.27.3 del Decreto 1083 de 2015.

1.6.6 Desconocimiento del artículo 35 de la Ley 136 de 1994

70. Indicaron que la mesa directiva del precitado Concejo sin previa citación no

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inferior a tres (3) días como lo exige el articulo 35 transcrito, celebró la sesión de
elección, el día dieciocho (18) de marzo de 2021, tras aceptar el desistimiento de la
recusación presentada por el señor Osnaider Maya Villazón.

1.7. Actuaciones de segunda instancia

71. Luego de concedido el recurso de apelación11, mediante auto del 30 de enero de
2022, el despacho ponente lo admitió y ordenó correr los traslados respectivos, lapso
en el que intervinieron:

1.7.1. El Concejo Distrital de Barranquilla

72. En el término procesal concedido, presentó escrito en el que reitera los
argumentos de defensa expuestos en la contestación de la demanda.

1.7.2. El demandado

73. Inició señalando que reitera los argumentos desarrollados en su contestación.

74. Respecto de la falta de competencia, manifestó que es un reproche que recae
directamente sobre el acto de convocatoria, el cual al ser de carácter general es
pasible del medio de control de nulidad, razón por la que a la luz de la nulidad
electoral no debiera ventilarse este vicio.

75. Sin embargo, manifestó que esa irregularidad no existió “porque la sentencia del 11
de noviembre de 2020 proferida por el Juzgado 13 Administrativo de Barranquilla, por medio
del cual se declaró la nulidad parcial de la Resolución 211 del 12 de agosto de 2019 y se
ordenó al Concejo Distrital de Barranquilla rehacer la actuación de convocar a concurso de
mérito para proveer el cargo de Personero Distrital no se encontraba ejecutoriada, ya que, al
margen de la discusión referida a la ejecutoria de dicha providencia, lo cierto es que, al ser el
Concejo la parte vencida en dicho proceso como quiera que se declaró la nulidad del acto que
profirió, decidió no apelarla, ni solicitar su adición o aclaración, razón por la cual resolvió
acatar inmediatamente la orden judicial.”

76. En lo demás, reiteró los argumentos de defensa expuestos en la primera
instancia.

1.7.3. Del Ministerio Público

77. No rindió concepto.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

78. Esta Sala es competente para pronunciarse frente al recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante contra la sentencia del 4 de octubre de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección “A” que negó las
11
El 16 de enero de 2023.

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pretensiones de la demanda tendientes a obtener la nulidad de la elección del señor
Miguel Ángel Alzate Salcedo como personero Distrital de Barranquilla, de conformidad
con lo establecido en los artículos 15012 y 15213, numeral 8º del CPACA, en armonía
con lo previsto en el artículo 13 del Acuerdo 80 del 12 de marzo de 2019.

2.2. Problema jurídico

79. Corresponde a esta Sección determinar si confirma, modifica o revoca la
sentencia proferida el 4 de octubre de 2022, por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, Sección “A”, que negó las pretensiones de la demanda tendiente a obtener
la nulidad del acto de elección del señor Miguel Ángel Alzate Salcedo como personero
Distrital de Barranquilla.

80. Para resolver el caso concreto, la Sala determinará si el acto demandado se
expidió: i) sin competencia por no mediar autorización de la plenaria del Concejo de
Barraquilla para expedir la convocatoria; ii) falsa motivación, por indicar el acto de
reclutamiento, que la decisión adoptada por el Juzgado 13 administrativo de
Barranquilla se encontraba en firme; iii) desconociendo el deber de custodia, por no
definir algún mecanismo o protocolo que asegurara el principio de transparencia y
reserva de las pruebas; iv) con limitaciones a la libre concurrencia al permitir
únicamente la inscripción de aspirantes de forma presencial; v) con desconocimiento
del principio de publicidad y; vi) con infracción del artículo 35 de la Ley 136 de 1994.

2.3. Cuestión previa, cargos nuevos propuestos en el recurso de apelación

81. El inciso 1° del artículo 320 del Código General del Proceso indica que “el recurso
de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en
relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión”. Asimismo, el artículo 322 del mismo estatuto relativo a los
requisitos del mencionado medio de impugnación, enuncia la formulación de “los
reparos concretos que le hace a la decisión, sobre los cuales versará la sustentación que
hará ante el superior”, “las razones de su inconformidad con la providencia apelada”
(destacado fuera de texto), so pena de que como dice el último inciso, del numeral 2°
de la anterior norma:

“Si el apelante de un auto no sustenta el recurso en debida forma y de manera
oportuna, el juez de primera instancia lo declarará desierto. La misma decisión
adoptará cuando no se precisen los reparos a la sentencia apelada, en la forma

12
“El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este
medio de impugnación (…)”.
13
ARTÍCULO 152. COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS EN PRIMERA INSTANCIA. Los Tribunales
Administrativos conocerán en primera instancia de los siguientes asuntos: (…)
8. De la nulidad del acto de elección de contralor departamental, de los diputados a las asambleas departamentales; de
concejales del Distrito Capital de Bogotá; de los alcaldes, personeros, contralores municipales y miembros de corporaciones
públicas de los municipios y distritos y demás autoridades municipales con setenta mil (70.000) o más habitantes, o que sean
capital de departamento. El número de habitantes se acreditará con la información oficial del Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas – DANE. La competencia por razón del territorio corresponde al Tribunal con jurisdicción en el
respectivo departamento.”.
No se incluye la modificación introducida por la Ley 2080 de 25 de enero de 2021, por cuanto la regulación atinente a las
competencias rige un (1) año después de la publicación de la referida Ley, conforme lo dispone el régimen de transición que
consagra el artículo 86 ejusdem y la demanda se radicó el 21 de mayo de 2021 según consta en el Sistema de Gestión Judicial -
SAMAI.

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prevista en este numeral. El juez de segunda instancia declarara desierto el recurso de
apelación contra una sentencia que no hubiere sido sustentado.” (énfasis propio)

82. En consonancia con lo dicho, el inciso 1° del artículo 328 del Código General del
Proceso prescribe en cuanto a la competencia del superior, que “(e)l juez de segunda
instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el
apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley.”

83. Se destacan algunos apartes de las anteriores disposiciones, comoquiera que
reflejan que es de la esencia del recurso de apelación la sustentación con razones
claras y sobre todo concretas, por las cuales la decisión judicial de primera instancia
debe revocarse o reformarse, a tal punto que el análisis que debe emprender el juez
de segunda instancia “únicamente” se circunscribe a los reproches efectuados por el
apelante, salvo en los asuntos que en virtud de la ley puede ejercer su facultad de
oficio.

84. De la pretensión principal del recurso de apelación, que no es otra que la
revocatoria o reforma de una decisión judicial dictada en primera instancia, se
desprende la exigencia de formular motivos de inconformidad, razones específicas
por las que se considera que aquélla es incorrecta, que no está total o parcialmente
en consonancia con el ordenamiento jurídico, pues en el evento de no contar con la
debida sustentación, de no formularse reparos determinados, en estricto sentido no
hay asuntos que ameriten el pronunciamiento del superior funcional14, de allí que
incluso se brinde la posibilidad de declarar desierta la impugnación.

85. Bajo el mismo razonamiento, en principio tampoco es de recibo que al hacerse
ejercicio del recurso de apelación se plantee el estudio de asuntos que no fueron
ventilados en primera instancia15, pues prima facie no resulta válido formular como
razón para revocar o reformar la decisión proferida por el juez de primer grado
asuntos no debatidos, es decir, so pretexto de considerar que éste se equivocó en el
análisis que emprendió al decidir el asunto, exponer temas que no fueron discutidos
en las oportunidades legalmente establecidas, lo cual también puede afectar el
derecho a la defensa de la contraparte, toda vez que con anterioridad no ha tenido la
oportunidad de rebatir los argumentos nuevos.

86. Precisado lo anterior, de manera previa a resolver los argumentos de
apelación es pertinente indicar cuáles fueron los planteamientos que no hicieron
parte de la demanda, de la fijación del litigio ni de la sentencia de primera instancia,
de la siguiente forma:

14
En reciente fallo de la Sección se indicó: “Sobre el particular, se tiene que el punto referente a que el demandado incurrió en la
causal de nulidad de doble militancia por respaldar a un aspirante distinto al que avaló el partido político del que forma parte, no
contiene un reparo concreto dirigido a cuestionar la providencia de primera instancia, omisión que impide a la Sala emitir
pronunciamiento alguno acerca de esa manifestación.” Consejo de Estado, Sección Quinta, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio,
sentencia del 10 de marzo de 2022, Rad. 25000-23-41-000-2019-01029-01, 25000-23-41-000-2019-01098-01.
15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 28 de julio de 2022, M.P: Rocío Araújo Oñate,
Radicado No. 76001-23-33-000-2021-01205-01

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Nuevo cargo
Los demandantes, para justificar el desconocimiento del principio de libre
concurrencia, por la inclusión de la inscripción de candidaturas de forma
presencial, adicionaron el siguiente argumento “…se encuentra probada la violación
del parágrafo del artículo 2.2.6.2 del Decreto compilatorio 1083 de 2015, el cual prevé un
plazo mínimo de cinco (5) días para la inscripción. Lo anterior debido a que de acuerdo
con lo fijado en el artículo 9 de la resolución de convocatoria y el cronograma adoptado,
se tiene que dicho término transcurrió los días Dos (02) y Tres (03) de diciembre de dos
mil diecinueve (2019), en el horario comprendido entre las 08:00 a.m. a 12:00 am y las
02:00 p.m. a 04:00 p.m., cortando además el horario habitual en que el Concejo
Municipal cumple sus funciones esto es hasta las seis de la tarde de todos los días
hábiles…”

87. Teniendo en cuenta lo antes mencionado, la Sala Electoral, considera que este
reproche no será tenido en cuenta, por tratarse de un cargo nuevo, por cuanto no
fue invocado como causal de nulidad de la demanda. Por ello, no es procedente su
análisis en la medida en que hacerlo desconocería el debido proceso, la defensa y
contradicción de la parte demandada que no tuvo la oportunidad de pronunciarse
sobre los mismos.

88. Aclarado lo anterior es pertinente circunscribir el objeto de la presente
controversia de la siguiente forma:

2.4 Proceso de elección de los personeros

89. Para la resolución de los problemas jurídicos planteados, se propone un estudio
preliminar del proceso de selección de los personeros, en aras de dotar de claridad el
marco normativo que rige el presente trámite administrativo electoral.

2.4.1 Normativa aplicable al concurso público de méritos para la elección de los
personeros municipales16

90. La Constitución Política de 1991 consagró en cabeza de los concejos municipales
la facultad para la elección de los personeros, tal y como se deriva de la lectura de su
artículo 313 numeral 8º17. En desarrollo de esta disposición constitucional, el
legislador de 1994 reguló el asunto a través de la Ley 136, la cual fue modificada
posteriormente en 2012 -Ley 1551-, fijando en su artículo 170 los parámetros para el
ejercicio de dicha función electoral en los siguientes términos:

“ARTÍCULO 170. ELECCIÓN. Los Concejos Municipales o distritales según el caso,
elegirán personeros para periodos institucionales de cuatro (4) años, dentro de los diez
(10) primeros días del mes de enero del año en que inicia su periodo
constitucional, previo concurso público de méritos de conformidad con la ley vigente.
Los personeros así elegidos, iniciarán su periodo el primero de marzo siguiente a su
elección y lo concluirán el último día del mes de febrero del cuarto año.

16
Se reiteran algunas consideraciones fijadas en el fallo de unificación del 12 de agosto del 2021, radicación 11001-03-28-000-
2021-00030-00, M.P. Rocío Araújo Oñate y en el Radicado 17001-23-33-000-2020-00054-01, del 27 de octubre de 2021, M.P:
Rocío Araújo Oñate.
17
ARTICULO 313. Corresponde a los concejos: (…) 8. Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios
que ésta determine.

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Para ser elegido personero municipal se requiere: En los municipios de categorías
especial, primera y segunda títulos de abogado y de postgrado. En los municipios de
tercera, cuarta y quinta categorías, título de abogado. En las demás categorías podrán
participar en el concurso egresados de facultades de derecho, sin embargo, en la
calificación del concurso se dará prelación al título de abogado.

Para optar al título de abogado, los egresados de las facultades de Derecho, podrán
prestar el servicio de práctica jurídica (judicatura) en las personerías municipales o
distritales, previa designación que deberá hacer el respectivo decano.

Igualmente, para optar al título profesional de carreras afines a la Administración
Pública, se podrá realizar en las personerías municipales o distritales prácticas
profesionales o laborales previa designación de su respectivo decano.”

91. Varias conclusiones pueden obtenerse de la redacción de la norma antes
mencionada. Desde la competencia asignada en el texto fundamental, se indica que
la elección de los personeros municipales se realizará para un período institucional
de 4 años, el cual iniciará el 1º de marzo siguiente a su designación y terminará el
último día de febrero del cuarto año. Así mismo, se dispone que el concejo elegirá
dentro de los 10 primeros días de haber iniciado su período constitucional.

92. La modificación más importante respecto del proceso antes descrito es la
necesidad de adelantar en forma previa a la reunión electoral, un concurso público
y abierto de méritos. Ello es relevante, en tanto en las disposiciones originales de la
Ley 136 de 1994 no se establecía un procedimiento específico respecto de la forma
en que ello debería llevarse a cabo, lo que implicaba una amplia discrecionalidad del
órgano competente para ello. Así lo ha reconocido de forma reiterada las decisiones
adoptadas por esta Sección, en donde se ha indicado:

“Tampoco se avizoraba ningún parámetro de selección objetiva ni de meritocracia y así
se mantuvo hasta el año 2012, cuando el Legislador expidió la Ley 1551 de 6 de julio de
esa anualidad [art. 35] “Por la cual se dictan normas para modernizar la organización y
el funcionamiento de los municipios”, que si bien mantuvo la competencia de la elección
del personero en cabeza del concejo municipal, cambió el paradigma de selección,
limitando el espectro amplio de discrecionalidad a las condiciones y presupuestos de un
concurso de méritos. (…)

Así las cosas, la elección del personero dejó de estar al arbitrio, discrecionalidad y
liberalidad del concejo municipal o distrital, según el caso, aunque sin afectarse
su competencia eleccionaria o de nominación, al establecerse que la designación
se haría por medio de un procedimiento objetivo y reglado, orientado en la
meritocracia y sin perder la capacidad de dirigir los aspectos tendientes a
estructurar el proceso de selección y de elección, dentro de los márgenes
legales.”18 (Negrilla fuera de texto).

93. Esta norma fue desarrollada posteriormente a nivel reglamentario,
específicamente en el Decreto 2485 del 2014, el cual fue incorporado por el Decreto
1083 de 201519 -título 27-, del cual se deriva que, para el ejercicio de la referida
función electoral, los concejos municipales deben atender los siguientes parámetros
que fijan la estructura básica del concurso de méritos para la elección del funcionario,

18
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 25000-23-41-000-2020-00409-01. M.P. Lucy
Jeannette Bermúdez Bermúdez. Sentencia de 4 de marzo de 2021. Reiterado en sentencia del 6 de mayo del 2021, radicación
08001-23-33-000-2020-00139-01, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
19
“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública.”

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a saber:
Criterio / Contenido Fundamento
Etapa normativo
Competencia Los concejos municipales o distritales efectuarán los
para el trámites pertinentes para el concurso, que podrá efectuarse
desarrollo de a través de universidades o instituciones de educación Inciso 2º,
cada una de las superior públicas o privadas o con entidades especializadas artículo 2.2.27.1.
etapas en procesos de selección de personal.
Se debe suscribir por la mesa directiva, previa autorización
de la plenaria. Es la norma reguladora del concurso y
vincula a todos los intervinientes en el mismo. La
convocatoria deberá contener, por lo menos, la siguiente
información: fecha de fijación; denominación, código y
grado; salario; lugar de trabajo; lugar, fecha y hora de
inscripciones; fecha de publicación de lista de admitidos y
no admitidos; trámite de reclamaciones y recursos Literal a),
Convocatoria procedentes; fecha, hora y lugar de la prueba de artículo 2.2.27.2
conocimientos; pruebas que se aplicarán, indicando el
carácter de la prueba, el puntaje mínimo aprobatorio y el
valor dentro del concurso; fecha de publicación de los
resultados del concurso; los requisitos para el desempeño
del cargo, que en ningún caso podrán ser diferentes a los
establecidos en la Ley 1551 de 2012; y funciones y
condiciones adicionales que se consideren pertinentes para
el proceso.
Esta etapa tiene como objetivo atraer e inscribir el mayor Literal b),
Reclutamiento número de aspirantes que reúna los requisitos para el artículo 2.2.27.2
desempeño del empleo objeto del concurso.
El proceso público de méritos para la elección del
personero deberá comprender la aplicación de las
siguientes pruebas:
1. Prueba de conocimientos académicos, la cual tendrá el
valor que se fije en la convocatoria, que no podrá ser
inferior al 60% respecto del total del concurso. Literal c),
2. Prueba que evalúe las competencias laborales. artículo 2.2.27.2
3. Valoración de los estudios y experiencia que sobrepasen
Pruebas los requisitos del empleo, la cual tendrá el valor que se fije
en la convocatoria.
4. Entrevista, la cual tendrá un valor no superior del 10%,
sobre un total de valoración del concurso.
Con los resultados, el concejo elaborará en estricto orden
Lista de de mérito la lista de elegibles, con la cual se cubrirá la Artículo 2.2.27.4
elegibles vacante con la persona que ocupe el primer puesto.

94. En la sentencia C-105 del 201320, al estudiar la reforma legislativa del año 2012,
se establecieron una serie de herramientas que permiten entender la forma en que
dicho requisito -concurso de méritos- deberá de ser atendido por los concejos. Al
respecto, en dicha decisión se señaló:

“No escapa a la Corte que los concejos pueden enfrentar limitaciones de diversa índole
para llevar a cabo la tarea encomendada por el legislador. En efecto, el concurso de
méritos tiene un alto nivel de complejidad, en la medida en que supone, por un lado, la
identificación y utilización de pautas, criterios e indicadores objetivos, y, por otro,
imparcialidad para evaluar, cuantificar y contrastar la preparación, la experiencia, las
habilidades y las destrezas de los participantes. Se requiere, así mismo, el
procesamiento y la sistematización de una gran cantidad de información y la disposición
de una amplia y compleja infraestructura y logística administrativa, en un contexto

20
M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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conflictivo en el que, por la dinámica natural de la contienda y la competencia, las
decisiones son cuestionadas y controvertidas de manera sistemática y reiterada. En
otras palabras, las dificultades de los concursos hacen imperativa la disposición y
utilización de sofisticadas herramientas humanas, informáticas, administrativas y
financieras, de las que en principio carecen los concejos municipales y distritales.

No obstante, debe tenerse en cuenta que la previsión legislativa en torno al concurso, y
las condiciones que de la jurisprudencia constitucional se derivan para el mismo, no
implican que estas corporaciones tengan que ejecutar e intervenir directa y
materialmente en los concursos y en cada una de sus etapas, sino que estas entidades
tienen la responsabilidad de dirigirlos y conducirlos. Es decir deben trazar los
lineamientos generales del procedimiento, pero pueden entregar su realización parcial a
terceras instancias que cuenten con las herramientas humanas y técnicas para este
efecto. Así por ejemplo, pueden realizar convenios con organismos especializados
técnicos e independientes dentro de la propia Administración Pública, para que sean
éstos quienes materialicen estas directrices bajo su supervisión, tal como ha ocurrido
con los concursos realizados por la ESAP. Podrían, incluso, organizarse pruebas de
oposición de manera simultánea para varios municipios de un mismo departamento que
se encuentren dentro de la misma categoría, y unificarse los criterios de valoración de la
experiencia y de la preparación académica y profesional, y centralizar su evaluación en
una única instancia. En este contexto, la Procuraduría General de la Nación podría
intervenir en la vigilancia de los concursos, pero no sustituir a los propios concejos.”21

95. De la sentencia antes mencionada, se tiene entonces una regla clara: los
concejos, como órganos de elección, tienen la competencia exclusiva y excluyente
para la determinación de los lineamientos generales de la forma en que se
adelantarán las etapas y parámetros mínimos del concurso de méritos antes descrito,
siendo responsables de su dirección en todo momento, lo cual se concreta con la
suscripción y posterior publicación de la correspondiente convocatoria. A pesar de
ello, se reconoce que ante las dificultades que dicha labor puede conllevar, es posible
que dichas entidades acudan a “terceras instancias” que presten su apoyo logístico en
la realización de una o todas las etapas del proceso meritocrático. Así las cosas, esta
última posibilidad permite acudir al apoyo logístico y técnico de universidades o
instituciones de educación superior públicas o privadas o especializadas en procesos
de selección de personal.

2.4.2. Concurso de méritos en la selección de los personeros -alcance-.

96. La Sala reitera que el principio democrático22, como elemento o nota
característica de nuestro sistema constitucional, no solamente propende por la
materialización del voto como manifestación de la voluntad popular y con ello procurar
la conformación de los espacios deliberativos colectivos o la designación de
mandatorios en los distintos niveles -democracia procedimental y representativa-, sino
que también tiene un elemento relevante en la participación de todos los asociados en
la conformación del poder público y la gestión directa de los intereses colectivos y la
dinámica política, social y económica -democracia deliberativa y participativa-. En
palabras de la Corte Constitucional:

“En otro sentido, la denominada “democracia deliberativa” afirma que no solo debe
tener en cuenta el querer y el interés general expresado mediante el sufragio, sino,

21
Corte Constitucional. Sentencia C-105 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero.
22
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de unificación del 12 de agosto del 2021. Radicación
11001-03-28-000-2021-00030-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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fundamentalmente, la deliberación colectiva que antecede a dicha expresión, y, muy
especialmente, los procedimientos que canalizan la discusión y el debate público. No
es el voto en sí mismo lo que le confiere valor a la organización política, sino la forma
en que se conforma la voluntad, a través del diálogo y la discusión colectiva.”23

97. Es bajo el anterior parámetro axiológico24 que debe ser estudiada la
determinación de establecer un concurso público y abierto de méritos para la
selección de los personeros municipales. Dicho procedimiento conlleva la concreción
del derecho de participación que tienen todos los colombianos, como ciudadanos en
ejercicio, de intervenir en la conformación del poder público, pues se garantiza a
través de este que todos aquellos que acrediten el cumplimiento de los requisitos
necesarios puedan presentarse en iguales condiciones para acceder al cargo en
cuestión, determinándose frente a todos ellos el cumplimiento de los criterios del
mérito e idoneidad, en condiciones objetivas y previamente establecidas por la
autoridad con la competencia electoral.

98. Al estudiar la reforma a la Ley 136 de 1994, la Corte Constitucional tuvo la
oportunidad de señalar sobre este punto lo siguiente:

“La Carta Política postula el principio democrático en términos amplios y generosos, sin
adherirse a ningún modelo en particular. A lo sumo, en contextos o escenarios
específicos, confiere prevalencia a algún u otro elemento destacado por estos
paradigmas, pero en términos generales asume que estos no son excluyentes entre sí,
y que más bien la actividad estatal debe encaminarse a su articulación y armonización.

Es en este marco más amplio que debe examinarse el cargo por la vulneración del
principio democrático. En consonancia con los postulados de la democracia
participativa, el concurso público de méritos materializa la intervención ciudadana
en distintos sentidos: de un lado, porque cualquier persona que cumpla los requisitos y
condiciones para ejercer el cargo de personero, puede tomar parte en el respectivo
proceso de selección; esta apertura no es propia ni característica de las dinámicas
informales en las que discrecionalmente los concejos conforman su repertorio de
candidatos. Y de otro lado, porque como se trata de un procedimiento público y
altamente formalizado, cualquier persona puede hacer el seguimiento respectivo, y
detectar, informar y controvertir las eventuales irregularidades. En definitiva, la
publicidad, transparencia y formalización del proceso incentivan la participación
ciudadana. Se trata de un proceso democrático, no en tanto se delega en los
representantes de la ciudadanía la conducción política, sino en tanto la
ciudadanía interviene activamente y controla la actividad estatal.” (Énfasis propio).

99. Dicho lo anterior, se considera importante señalar, que el concurso de méritos
como regla general de acceso a la función pública, ha sido concebido por excelencia
como el mecanismo de selección para la provisión de los cargos que se rigen bajo el
sistema de la carrera administrativa. A pesar, de lo anterior, la Corte Constitucional,
ha reconocido que de la redacción del artículo 125 del Texto Fundamental25, se
observa que esta forma de escogencia no ha sido vedada para la provisión de otras
posiciones que no se enmarquen bajo dicho esquema.

23
Corte Constitucional. Sentencia C-105 del 2013.
24
Es decir, referido a los valores superiores que fundamentan y orientan la estructura de la Constitución Política de 1991.
25
ARTÍCULO 125. Los empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección popular, los
de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley.
Los funcionarios, cuyo sistema de nombramiento no haya sido determinado por la Constitución o la ley, serán nombrados por
concurso público. El ingreso a los cargos de carrera y el ascenso en los mismos, se harán previo cumplimiento de los requisitos y
condiciones que fije la ley para determinar los méritos y calidades de los aspirantes.

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100. Así las cosas, en la sentencia C-105 del 2013, se avaló la constitucionalidad de
la decisión legislativa de determinar al concurso público de méritos para la provisión
de un cargo de período, como lo es el de personero, indicando que con ello no se
desconoce la lógica deliberativa, democrática y política de los concejos municipales
y/o distritales con la competencia para elegirlo.

101. De esta manera, el concurso público de méritos encuentra en esta situación,
una validación expresa desde el orden constitucional, en la medida que se busca con
aquel la identificación de la persona que cumple con el perfil óptimo para el ejercicio
de las importantes funciones que se asignan a este, así como, en tanto mecanismos
abiertos, reglados y formalizados, con pausas objetivas para cada una de sus etapas,
se garantiza en una mayor medida el derecho de acceso a la función pública -con las
implicaciones sobre el principio democrático señaladas al inicio de este acápite- así
como al debido proceso de los aspirantes.

102. Bajo esta medida, esta Sala considera entonces que el concurso público de
méritos se constituye en el mecanismo general de acceso a la función pública, incluso
para algunos cargos que no son de carrera, salvo para aquellos casos en los que
expresamente se determina un procedimiento específico a nivel constitucional o legal.

103. De otra parte, resulta oportuno señalar que la Corte Constitucional, en la
sentencia C-084 de 2018, definió que el mérito como aquel principio que “…constituye
entonces una piedra angular sobre el cual se funda el ingreso al servicio público, tanto en el
sistema de carrera como en otros mecanismos que se dispongan para el efecto, habida
cuenta que evalúa la capacidad del aspirante como factor definitorio para acceder o
permanecer en un cargo o para poder desempeñar una función pública, sobre la base de la
demostración de las calidades académicas, la experiencia, la idoneidad moral o las
competencias requeridas en un determinado empleo”.

104. En esa misma sentencia explicó que “…con miras a determinar el mérito, no sólo
se debe evaluar la capacidad profesional o técnica del aspirante, a través de factores
objetivos como, por ejemplo, los exámenes de conocimientos, el cumplimiento de requisitos
académicos, la acreditación de años de experiencia o la ausencia de antecedentes penales,
fiscales y disciplinarios; sino que también cabe verificar las calidades personales y la
idoneidad moral del candidato, por medio de factores subjetivos, tales como, su
comportamiento social y su capacidad para relacionarse, para cuyo propósito el nominador
cuenta con cierto margen de apreciación, resultando indispensable definir con antelación la
calificación que tendrá cada uno de los requisitos exigidos para el cargo”.

105. Finalmente, en punto de la garantía del principio del mérito en el concurso para
la elección de personeros, la misma Corporación Judicial antes referida, ha
señalado26:

“De este modo, los concursos previstos en la ley deben conformarse como
procedimientos abiertos en los que cualquier persona que cumpla los requisitos de ley
tenga la posibilidad efectiva de participar y en los que los concejos no tengan la
facultad, ni directa, ni indirecta, de definir previamente un repertorio cerrado de
candidatos. Es decir, debe existir una convocatoria pública que permita conocer de la
existencia del proceso de selección, así como las condiciones para el acceso al mismo.

26
Corte Constitucional, sentencia C-105 del 6 de marzo de 2013, M.P: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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De igual modo, tanto los exámenes de oposición como la valoración del mérito deben
tener por objeto directo la identificación de los candidatos que se ajustan al perfil
específico del personero. Esto significa, por un lado, que los criterios de valoración de la
experiencia y de la preparación académica y profesional deben tener una relación
directa y estrecha con las actividades y funciones a ser desplegadas por los servidores
públicos y, por otro, que la fase de oposición debe responder a criterios objetivos que
permitan determinar con un alto nivel de certeza las habilidades y destrezas de los
participantes. Por lo demás, la oposición y el mérito deben tener el mayor peso
relativo dentro del concurso, de modo que la valoración subjetiva a través de
mecanismos como las entrevistas, constituya tan solo un factor accesorio y
secundario de la selección. Finalmente, el diseño del procedimiento debe asegurar su
publicidad, así como que las decisiones adoptadas dentro del mismo puedan ser
controvertidas, debatidas y solventadas en el marco del procedimiento,
independientemente de la vía judicial.” (Énfasis propio de la Sala).

106. En conclusión, este mecanismo de selección se erige con el fin último de dotar
a los ciudadanos de garantías plenas de acceso a los empleos públicos a través de
convocatorias que permitan conocer de la existencia del proceso de selección, así
como las condiciones para su participación en ellas.

2.5 Caso concreto

2.5.1 Falta de competencia

107. El presente argumento de apelación se sustenta en dos situaciones, i) la falta
de autorización previa de la plenaria para expedir nuevamente la convocatoria, esto
es la Resolución 231 de 2020 y, ii) la falta de ejecutoria de la sentencia del juzgado 13
administrativo del Circuito de Barranquilla, que se firmó y notificó el 11 de noviembre de 2020,
y pese a que la misma aún no tenía el carácter de cosa juzgada, la resolución 231 fue
expedida el 13 de noviembre de 2020 , cuando, se insiste aún no había adquirido ejecutoria la
aludida sentencia…”.

De la autorización a la mesa directiva por parte del pleno del concejo para
suscribir la convocatoria27

108. Señalan los accionantes que la mesa directiva del órgano de elección popular
debía solicitar nuevamente autorización al plenario para expedir la convocatoria que
surgiría como consecuencia de la anulación parcial de la Resolución 211 de 2019 por
parte de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, como ello no se adelantó
el nuevo acto, esto es, la Resolución 231 de 2020 fue expedida sin competencia.

109. Para resolver el anterior planteamiento, se acudirá a la parte considerativa de
la Resolución 231 de noviembre 13 de 2020, de la cual se puede extraer: “Que
mediante proposición de fecha 29 de abril de 2019 se autorizó al Presidente y a su Mesa
Directiva adelantar las gestiones y actuaciones administrativas para dar cumplimiento al
proceso de selección y elección del Personero Distrital de Barranquilla para el período
2020-2024” (negrillas propias).

110. En este punto se debe destacar, que si bien no se cuenta con el acta de la

27
El artículo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 2015 señala: a) Convocatoria. La convocatoria, deberá ser suscrita por la Mesa
Directiva del Concejo Municipal o Distrital, previa autorización de la Plenaria de la corporación.

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sesión plenaria donde se facultó a la mesa directiva del Concejo Distrital de
Barranquilla para adelantar este trámite, lo cierto es que esta afirmación contenida en
el acto de convocatoria no fue tachada de falsa ni contra ella se presentó reproche
alguno.

111. Del tenor literal de la misma, se extrae que la autorización dada a quien expidió
la Resolución 231 de 2020, es amplia, en tanto no se limitó a la ejecución de un
trámite electoral en particular ni que constara un límite temporal para su ejercicio, por
el contrario, de ella se extrae el otorgamiento de facultades para adelantar las
gestiones y actuaciones necesarias para elegir al personero para el período 2020-
2024, sin que de ella se derive su agotamiento con la expedición de la resolución
anulada o que se revocara con actos posteriores.

112. De otra parte, al analizar el fallo expedido por el Juzgado 13 Administrativo Oral
de Barranquilla, en el que se declaró la nulidad parcial de la convocatoria inicial -
Resolución 211 de 2019-28, se señaló que: “Ante la nulidad aquí señalada conlleva al
supuesto que las actuaciones que se desprendieron para la admisión e inadmisión de los
aspirantes al concurso de mérito igualmente se hayan viciadas, muy a pesar que dicho
proceso ya fue aplicada prueba de conocimiento, considera la Instancia que utilizando
principios de equidad y justicia, le corresponderá al Concejo Distrital de Barranquilla, el
nuevamente aperturar la convocatoria a fin de que todo ciudadano que cree cumplir con los
requisitos para acceder a dicho cargo pueda inscribirse a efectos de participar de tal proceso
de selección…”

113. Es decir, el vicio de nulidad no recayó en los actos previos a la expedición del
acto de convocatoria, como lo es la autorización de la plenaria a la mesa directiva,
sino en su contenido, por cuanto en ella, se modificaron los requisitos legales del
empleo, por ello la decisión judicial ordenó rehacer la actuación de convocar a los
ciudadanos con el fin de garantizar que todos los postulados puedan acreditar en
igualdad de condiciones las exigencias para acceder al empleo de personero distrital.

114. Así las cosas, con los medios de convicción obrantes en el proceso, no se logra
acreditar el vicio de nulidad alegado.

Falta de ejecutoria de la sentencia que declaró la nulidad parcial de la
Resolución 211 de 2019

115. Previo a resolver este aspecto, surge como necesario aclarar que la falta de
competencia como causal de anulación de los actos recae en las potestades de la
autoridad para definir determinada situación jurídica29.

116. Los demandantes aducen una falta de competencia de tipo temporal en la
expedición del acto, en tanto, sólo hasta que cobrara ejecutoria la decisión judicial que
ordenó rehacer el trámite, era factible proceder conforme a ello.

28
El motivo de nulidad del acto demandado, recayó en que se modificaron los requisitos para acceder al empleo de personero,
por ello declaró nulos los artículos 7 y 18 de ese acto administrativo y como ello afectó la etapa de reclutamiento se propone
rehacer el proceso.
29
Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 22 de julio de 2021,
radicado No. 23001-23-33-000-2013-00163-02(4789-18), M.P: William Hernández Gómez.

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117. Sobre el particular se advierte, que el acto de convocatoria inicial -Resolución
211 de 2019-, fue declarado parcialmente nulo en decisión del 11 de noviembre de
2020 y, la nueva convocatoria se expidió el 13 de noviembre de ese mismo año.

118. Ante ello, la Sala no observa irregularidad alguna, en tanto, la mesa directiva del
Concejo Distrital de Barraquilla al advertir la ilegalidad del acto de convocatoria
decidió acatar la decisión judicial dado que, en el trascurso de la misma, había
aceptado la ocurrencia del vicio endilgado y por ello, manifestó su interés de que se
dictara sentencia anticipada para resolver la situación administrativa-electoral de la
personería de ese ente territorial

119. Al respecto, la decisión judicial señaló: “…, luego del informe que rindiera el Concejo
Distrital de Barranquilla, esta entidad mostró su interés para que fuese declarara la nulidad de
los actos administrativos acusados, como así lo fue, la oferta de revocatoria aquí allegada y la
solicitud de sentencia anticipada, lo anterior toda vez que avizoran inconsistencias en los
actos administrativos acusados, y en concreto con la Resolución No. 211 del 12-08-2019.

120. Con todo, la facultad de regulación y trámite de los procesos electorales para la
selección de personeros, se encuentra en cabeza de los concejos municipales y/o
distritales según sea el caso, razón por la cual, cuando estos avizoran que sus actos
de convocatoria contradicen la Constitución Política o la ley, pueden proceder a tomar
los correctivos de rigor y ajustar sus actuaciones a las normas superiores en las que
se deben fundar, ello siempre y cuando se respeten los derechos que en favor de
terceros se hubiesen consolidado.

121. En este caso concreto, se encuentra acreditado que el juez de la legalidad había
dictado el 25 de noviembre de 2019, suspensión provisional de los efectos del acto
demandado -Resolución 211 de 2019-, al considerar la infracción normativa que
finalmente conllevó a su anulación parcial, situación que fue advertida por la autoridad
que lo expidió y decidió ajustar su actuación al ordenamiento jurídico, corrigiendo los
yerros que se presentaron en la convocatoria inicial.

122. Por manera que, no se advierte que la decisión judicial limite en este asunto en
concreto, la competencia entregada a la mesa directiva para que en uso de sus
facultades legales y constitucionales, profiriera la nueva convocatoria y surtiera el
trámite de selección del personero Distrital de Barranquilla.

123. Es decir, la competencia del órgano elector para seleccionar su personero
seguía vigente, por ello, ante el control judicial de su convocatoria inicial y latente
anulación por el vicio de ilegalidad de modificar los requisitos de acceso al empleo
establecidos en la Ley 136 de 1994, ésta podía derogar su acto general y proceder a
expedir uno nuevo que se acompasara con las normas que lo rigen30.

124. Con todo, en este caso, la sentencia del Juzgado 13 Administrativo Oral de
Barranquilla, quedó en firme y con ello se mantuvo incólume la decisión anulatoria

30
Sobre el estudio de legalidad de actos administrativos de carácter general derogados se puede consultar Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 7 de octubre de 2010, M.P: Rafael E. Ostau de Lafont
Pianeta. Radicado No. 11001-03-24-000-2006-00368-00, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
Radicación S-157, del 14 de enero de 1991, C.P. Carlos Gustavo Arrieta Padilla.

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pluricitada, por ello, el reiniciar31 el proceso no deviene irregular.

125. Para finalizar, no es de recibo el argumento de defensa expuesto por la parte
demandada, en donde señala que el juez electoral no puede controlar en el curso del
proceso la legalidad del acto de convocatoria, dado que ello debe adelantarse a
través del medio de control de nulidad.

126. Al respecto, ha sido unívoca la jurisprudencia de la Sección Quinta del Consejo
de Estado32, al señalar que los actos que anteceden a la elección, como lo es la
convocatoria, la inscripción de los candidatos, la resolución de reclamaciones, entre
otros asuntos, pueden ser controlados de forma indirecta a través de la nulidad
electoral con miras a determinar si los vicios allí aducidos resultan ser de tal magnitud
que hagan nulo el acto de elección, llamamiento, nombramiento o designación.

127. Por manera que, los vicios que puedan predicarse del acto de convocatoria, son
pasibles de control indirecto por parte del juez electoral al estudiar la legalidad del
acto demandado.

128. Resueltos todos los argumentos que se proponen respecto de este cargo, se
tiene que las anteriores consideraciones resultan ser suficientes para negar la
prosperidad del mismo.

2.5.2 Falsa motivación

129. El presente cargo de nulidad gravita en que el acto de reclutamiento señaló que
la decisión adoptada por el Juzgado 13 administrativo de Barranquilla se encontraba
en firme.

130. Para abordar el presente reproche se debe tener en cuenta lo que comprende
esta causal de anulación de los actos.

131. La jurisprudencia de esta Corporación33 ha señalado que: “… Para que prospere
la pretensión de nulidad de un acto administrativo con fundamento en la causal denominada
falsa motivación es necesario que se demuestre una de dos circunstancias: a) O bien que los
hechos que la Administración tuvo en cuenta como motivos determinantes de la decisión no
estuvieron debidamente probados dentro de la actuación administrativa; o b) Que la
Administración omitió tener en cuenta hechos que sí estaban demostrados y que si hubiesen
sido considerados habrían conducido a una decisión sustancialmente diferente.”

132. De la lectura de la Resolución 231 de 2020, no se extrae aparte alguno en el
que se señale lo mencionado por la parte actora, por el contrario, su sustento radica
en que en sentencia del 11 de noviembre de 2020, el Juzgado Trece Administrativo
31
Por medio de la Resolución 235 del 23 de noviembre de 2020, la mesa directiva del Concejo Distrital de Barranquilla corrigió el
título de la Resolución 231 de ese año y señaló que éste quedaría así “REHACER Y ADOPTAR LAS REGLAS GENERALES
DEL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA LA ELECCIÓN DEL CARGO DE PERSONERO DISTRITAL DE
BARRANQUILLA…” No obstante, se debe aclarar que el trámite electoral inició desde la etapa de reclutamiento bajo las reglas
establecidas en la Resolución 231 señalada.
32
Consejo de Estado, Sección Quinta. 9 de marzo de 2017. Auto de Ponente: magistrada Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez.
Radicado: 1100103-28-000-2016-00480-00.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, fallo del 23 de junio de 2011, Exp. 11001-03-27-
000-2006-00032-00(16090), C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, sentencia del 4 de noviembre de 2015, radicado 17001-23-31-000-2012-00149-01(21151), M.P: Martha Teresa
Briceño de Valencia.

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Oral del Circuito de Barranquilla, le ordenó al Concejo Distrital de Barranquilla,
rehacer la actuación y convocar nuevamente el concurso de mérito a fin de que se
inscriban los ciudadanos para acceder al cargo de personero.

133. Por lo expuesto, no se puede tener como próspero el presente reproche dado
que no se advierte que la mesa directiva del concejo al momento de expedir la
convocatoria hubiese omitido o alegado alguna circunstancia que no se encuentre
acorde con la realidad.

2.5.3 Cadena de custodia

134. Este cargo se sustenta en que la Resolución 231 de 2020, no definió el deber de
custodia para asegurar el principio de transparencia y reserva de las pruebas.

135. La Sección Quinta del Consejo de Estado, frente a la cadena de custodia, ha
sido enfática en indicar que en aras de garantizar el principio de transparencia, se
deben implementar medidas de protección a la confidencialidad e integridad de las
pruebas que se aplican en los concursos de méritos para elegir personeros, en tanto
ello concreta el derecho de participar en igualdad de condiciones a los candidatos
inscritos.

136. En consecuencia, se enfatizó en la importancia de contar con un procedimiento,
idealmente en la forma de un protocolo, instructivo o guía, que asegure la protección
de la identidad de los concursantes que presentan los exámenes, el estado original,
las condiciones de transporte, embalaje y preservación, los lugares y fechas de
almacenamiento, las personas responsables de su custodia, entre otros aspectos
afines34.

137. No obstante, se ha reconocido que35 “…. la ausencia de dicho instrumento no
conduce automáticamente a la nulidad de la elección del personero, pues debe ponderarse la
incidencia de tal omisión en el resultado del concurso, es decir, si el yerro tiene la suficiente
entidad para afectar con nulidad el acto demandado”.

138. Corresponde ahora verificar si de las pruebas obrantes en el proceso, se
determinó la existencia de algún mecanismo que permita concluir la existencia o no
de este mecanismo.

139. De la lectura de la Resolución 231 de 2020, no se extrae que la mesa directiva
hubiese implementado en el marco del proceso eleccionario algún protocolo de
custodia de las pruebas y documentos que integran la presente actuación.

140. En la Resolución 260 del 7 de diciembre de 2020, a través de la cual se publicó
el listado definitivo de participantes admitidos y se les convocó a la prueba de
conocimientos, señaló en su artículo 4 que debían presentar su documento de
identidad, no podrían hacer uso de dispositivos electrónicos y deberían observar los
estrictos protocolos de seguridad.

34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 27 de enero de 2022, radicado
52001-23-33-000-2020-00982-03, M.P: Luis Alberto Álvarez Parra.
35
Idem.

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Demandado: Miguel Ángel Alzate Salcedo,
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141. Si bien no resulta claro la existencia de un protocolo y, de las pruebas legal y
oportunamente allegadas al proceso no se anexó documento alguno que así lo
demuestre, del texto de los actos que se profirieron al interior del trámite electoral se
puede constatar que: i) se estableció la plena identidad de los concursantes; ii) no se
les permitió el uso de dispositivos electrónicos; iii) la documentación aportada como
hojas de vida y demás documentos no se advierte alterada; iv) no se presentaron
reclamaciones sobre la injerencia de factores externos que mostraran la
materialización de un fraude y; v) no existe prueba alguna de manipulación de
resultados a consecuencia del mal manejo de la información.

142. Así las cosas, si bien no existe prueba material de la existencia de protocolos de
seguridad, lo cierto es que, en el proceder de las autoridades y el operador logístico,
no se advierte que se hubiera desconocido el principio de transparencia,
confidencialidad e integridad de los documentos, en tanto, de lo aportado al
expediente no existe indicio que permita considerar su desconocimiento.

143. En este caso, al no advertir la vulneración de los principios que se adujeron
como desconocidos con la demanda, se negará la prosperidad del cargo.

2.5.4. Inscripción presencial

144. Sostuvieron los demandantes que, con la reglamentación de la inscripción de
las candidaturas de forma presencial, se limitó la libre concurrencia, como sería el
caso de personas con discapacidad.

145. La participación en el acceso a cargos público, deviene en la concreción del
derecho fundamental consagrado en el artículo 40 Superior, por ello el núcleo
esencial de este derecho de carácter fundamental36, se traduce en la protección con
la que cuenta el ciudadano ante decisiones arbitrarias de cualquier autoridad estatal
que (i) impida el ingreso a un cargo público; (ii) tenga como consecuencia la
desvinculación del mismo o (iii) limiten injustificadamente el cumplimiento efectivo de
las funciones derivadas de aquel37.

146. En este punto, la convocatoria estipuló:

LUGAR Y TÉRMINO DE LA INSCRIPCIÓN: La inscripción de los aspirantes deberá
hacerse mediante la entrega personal del aspirante de su hoja de vida y los
documentos relacionados, en la Secretaría General del Concejo DISTRITAL DE
BARRANQUILLA (ATLÁNTICO) ubicada en la calle 38 carrera 45 piso 3 de esta
ciudad en las fechas y horas señaladas en el cronograma establecido para el
concurso.

147. De la lectura de la norma se extrae que se obligó a la comparecencia del
aspirante a la sede del Concejo Distrital de Barranquilla, para allegar la

36
Al respecto, ver las sentencias Sentencia C-089A de 1994 M.P. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y C-329 del 2003, M.P. Álvaro
Tafur Galvis, donde se expresó el carácter de fundamental del derecho contenido en el artículo 40 Constitucional, en sus distintos
componentes, entendiendo que la participación configura en el ordenamiento constitucional un principio y fin del Estado, que
necesariamente influye no solo dogmáticamente sino también en las relaciones concretas entre las autoridades y los ciudadanos
en sus diversas órbitas como la económica, la política o la administrativa. Por tal razón, el Constituyente dedicó un artículo
especial a los derechos políticos, particularmente, a sus formas de ejercicio, lo que torna innegable su relevancia Superior.
37
Referirse a: Corte Constitucional, sentencia C-176 de 2017 M.P. Alberto Rojas Ríos y la Sentencia C- 101 de 2018. M.P. Gloria
Stella Ortiz Delgado.

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Demandado: Miguel Ángel Alzate Salcedo,
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documentación que soporte su aspiración, ello está conforme con la jurisprudencia de
esta Sección.

148. Al respecto, la Sala en un caso similar señaló38:

“82. En consonancia con lo anterior, conviene resaltar que el título 27 del Decreto 1083
de 2015, no ordena que la inscripción deba hacerse por correo electrónico, incluso de
la revisión del contenido del artículo 53 del CPACA se concluye que tampoco impone
que el inicio de trámites o de procedimientos administrativos deba hacerse mediante el
uso de medios electrónicos, pues el legislador lo dejó potestativo al indicar que
«podrá» 39 acudirse a ellos.

83. En este orden de ideas, no encuentra la Sala yerro alguno en la forma en que el
Concejo de Sogamoso reguló la inscripción al concurso y tampoco dejan en evidencia
que el requisito de inscripción personal devenga en la incursión de la causal de
anulación elevada con la demanda.

84. Sumado a lo anterior, debe destacarse que no existe prueba en el expediente que
permita advertir que dicha medida haya resultado en el impedimento de algún
interesado en presentar su candidatura o que se hubiese visto afectado con la forma
de inscripción establecida en el mencionado acto administrativo que tuviera la
incidencia de afectar el proceso de elección que se juzga”.

149. Así, al no existir circunstancia alguna que permita inferir que esta
reglamentación limitó el acceso a los ciudadanos al empleo de personero Distrital de
Barranquilla, se niega su prosperidad.

2.5.5. Principio de publicidad

150. Insistieron los apelantes, que la convocatoria inició el 14 de noviembre de 2020
y finalizó el 24 de noviembre de esa anualidad, cuando se daba apertura al período de
inscripciones, por lo que en acatamiento del artículo 2.2.27.3 del Decreto 1083 de
2015, la publicación de aquélla debía efectuarse por ese lapso, en todos y cada uno
de los medios de comunicación empleados, lo cual sostuvieron no ocurrió.

151. Al analizar la norma, se advierte que el parágrafo establece el parámetro
temporal para efectuar la publicación de la convocatoria, a saber:

“ARTÍCULO 2.2.27.3 Mecanismos de publicidad. La publicidad de las convocatorias
deberá hacerse a través de los medios que garanticen su conocimiento y permitan la
libre concurrencia, de acuerdo con lo establecido en el reglamento que para el efecto
expida el concejo municipal o distrital y a lo señalado en el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en lo referente a la publicación de
avisos, distribución de volantes, inserción en otros medios, la publicación en la página
web, por bando y a través de un medio masivo de comunicación de la entidad territorial.

PARÁGRAFO. Con el fin de garantizar la libre concurrencia, la publicación de la
convocatoria deberá efectuarse con no menos de diez (10) días calendario antes
del inicio de la fecha de inscripciones” (Destacado fuera de texto).

152. De la lectura detenida del parágrafo de la norma transcrita, se estima que
cuando la misma prescribe que “la publicación de la convocatoria deberá efectuarse con
38
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 17 de marzo de 2022, radicado
15001-23-33-000-2020-01662-03 (ppal.), M.P: Pedro Pablo Vanegas Gil.

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no menos de diez (10) días calendario antes del inicio de la fecha de inscripciones”,
establece un plazo mínimo de antelación con el que debe darse a conocer a la
ciudadanía la apertura del procedimiento de designación del personero municipal o
distrital. Dicho de otro modo, prevé que entre la fecha que se establece para la
inscripción de todos los interesados en ocupar el referido cargo y la invitación a la
ciudadanía para concursar por el mismo, no puede existir menos de 10 días.

153. A su vez del anterior mandato se desprende, que su propósito consiste en que
se brinde a la ciudadanía, al menos en el referido plazo, la posibilidad de conocer de
la convocatoria a efectos de hacer parte de ella.

154. Se hace énfasis en el contenido del referido artículo en cuanto al parámetro
temporal para darle publicidad a la convocatoria, porque de manera alguna prescribe
que durante cada uno de los días del referido periodo y en todos y cada uno los
medios de comunicación que se empleen deben efectuarse publicaciones.

155. En ese orden de ideas, salta a la vista que la formulación del cargo
desarrollado parte de una indebida interpretación de la norma que se aduce como
desconocida, que única y exclusivamente prescribe que la publicación debe
efectuarse con no menos de 10 días antes de la fecha de inscripción, más no que sin
falta en todos y cada uno los medios de comunicación que se emplee deben
acreditarse que todos los días se realizaron actos de publicidad.

156. Por tal motivo, el juez de primera instancia consideró que no se desconoció el
principio de publicidad en lo que hace a la divulgación de la convocatoria, porque si
bien es cierto, no en todos los medios de comunicación empleados se realizaron
cuñas publicitarias cada uno de los 10 días, durante el plazo de publicación de la
misma y de manera ininterrumpida se dio a conocer a la ciudadanía la apertura del
procedimiento eleccionario, ello por cuanto en la página web del Concejo Municipal
permaneció la convocatoria desde el 14 de noviembre de 2020 y se encuentra
disponible a la fecha de expedición de la certificación, esto es, 19 de noviembre de
2021, como se lo certificó el secretario general de la corporación de elección popular:

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157. Vale la pena aclarar que el análisis que antecede se circunscribió a los precisos
términos en que fue formulado el cargo de la demanda, dirigido a reprochar que en
todos y cada uno los medios de comunicación empleados, la publicidad de la
respectiva convocatoria no permaneció durante el plazo de 10 días, sin que hiciera
parte del motivo de inconformidad si se respetó o no el periodo de antelación de
que trata el artículo 2.2.27.3 del Decreto 1083 de 2015, por lo que sobre el
particular la Sala no puede efectuar pronunciamiento alguno, so pena de desconocer
el principio de congruencia.

158. Por lo tanto, no se advierte desconocimiento del principio de publicidad en los
términos propuestos por los demandantes.

2.5.6 Desconocimiento del artículo 35 de la Ley 136 de 1994

159. Indicaron que la mesa directiva del precitado concejo sin que mediara el lapso
de 3 días como lo exige el artículo 35 de la Ley 136 de 1994 39, celebró la sesión de
elección.

160. En este punto se tiene claro que los concejales fueron citados el 15 de marzo
de 2021, para la elección del personero en la sesión del 18 de marzo de 2021, por lo
que, para dar por acreditado el cumplimiento del precepto legal, en tanto obra en el
expediente la siguiente constancia:

161. Igualmente se aportaron las constancias de entrega de los documentos
concernientes a las hojas de vida de los aspirantes al empleo de personero Distrital
de Barranquilla, a cada uno de los concejales y, copia de los correos electrónicos
enviados a éstos con los soportes requeridos para la jornada electoral, los cuales
tienen fecha del 15 de marzo de 2021, esto es 3 días antes de la elección.

39
Los concejos se instalarán y elegirán a los funcionarios de su competencia en los primeros diez días del mes de enero
correspondiente a la iniciación de sus períodos constitucionales, previo señalamiento de fecha con tres días de anticipación.

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162. Así las cosas, no se encuentra acreditado el vicio alegado por los demandantes
y por ello se niega la prosperidad del presente cargo de nulidad.

2.6 Conclusión

163. Al no prosperar los argumentos de impugnación, se impone confirmar el fallo
de primera instancia que denegó las pretensiones de nulidad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de octubre de 2022 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección A”, que negó las pretensiones de la
demanda.
SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al tribunal de origen.

TERCERO: ADVERTIR a los sujetos procesales que contra lo resuelto no procede
recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081.

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