Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2018-00670-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Pérdida de investidura
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2018-00670-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-23-33-000-2018-00670-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés
9 de mayo de 2018
PÉRDIDA DE INVESTIDURA / RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES – Concejal / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES - Presupuestos para su configuración / CONCEJAL – Participación en elección de personero / CONFLICTO DE INTERESES COMO CAUSAL DE PÉRDIDA DE INVESTIDURA - Existencia de interés directo, personal y actual / PÉRDIDA DE INVESTIDURA DE CONCEJAL POR VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE CONFLICTO DE INTERESES – No se configura en elección de personero
[E]l señor Rafael Antonio Teherán Lora fue separado de la realización etapa de entrevista del concurso de méritos para elegir al personero municipal de Zambrano (Bolívar) – período 2016-2020 – a realizarse el 11 de septiembre de 2018 – Acta núm. 057 de 11 de septiembre de 2018, al haber sido aceptado el impedimento presentado ante el Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar) dicho día. Asimismo y en segundo lugar, se advierte que los señores César Alberto Bolívar Hernández, Jimmy José Cruzate Ramírez, Zaira Steffany Jabba Vergara y José Alfredo Ríos Ochoa no presentaron la prueba de entrevista, etapa del concurso de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Zambrano (Bolívar), de acuerdo a la Resolución 115 de 10 de agosto de 2018, la cual fue presentada, únicamente, por el señor Rodrigo José Orcasita Mendoza, lo que implica la inexistencia del interés directo, particular y actual o inmediato de los acusados en la realización de dicha prueba y respecto de los citados aspirantes. Además, se encuentra que la situación que originaría la presencia de un interés directo, particular y actual o inmediato de los acusados, esto es, la existencia de acciones de tutela y de una solicitud de revocatoria directa-, que discuten la conformación de la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar) y el concurso de méritos para elegir al personero de ese municipio convocado mediante la Resolución núm. 115 de 10 de agosto de 2018, lo cual tornaría parcial a los concejales acusados que tratarían de impedir que los aspirantes que presentaron esas acciones fueran elegidos en el cargo de personero municipal, fue analizada por dicho concejo municipal con ocasión de las recusaciones presentadas por los señores Jimmy José Cruzate Ramírez, José Alfredo Ríos Ochoa y Zaira Steffany Jabba Vergara. En relación con las acciones de tutela de radicación 2018-00090-00 y 2018-00094-00, se encuentra que si bien el Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar) no evaluó específicamente la existencia de estas acciones, pero si estudió los argumentos de fondo que las sustentaban, encontrando que ellos no eran suficientes para separar a los acusados del desarrollo de la prueba de entrevista, etapa del concurso de méritos para elegir al personero de ese municipio. La Sala, por otro lado, se abstiene de debatir si en los medios de control para discutir la conformación de la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar) había operado el fenómeno de la caducidad o si la acción de tutela o la revocatoria directa resultan ser los mecanismos para cuestionar dicha conformación – adoptada en el Acta núm. 066 de 4 de noviembre de 2017 – pues no es de su competencia definir tales aspectos, indicando que es evidente que el medio de control de pérdida de investidura que hoy decide fue presentado dentro del término previsto en el artículo 6 de la Ley 1881 de 2018, como lo explica el agente del Ministerio Público. En este orden de ideas no se presentan los elementos exigidos para la configuración de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, relativa a la violación del régimen de conflicto de intereses, lo que da lugar, entonces, a la confirmación de la sentencia de primera instancia que negó la desinvestidura de los señores Rafael Antonio Teherán Lora, Libardo Vega Pacheco y Rafael Palmera Sulbarán, concejales del municipio de Zambrano (Bolívar) para el período 2016-2019.
FUENTE FORMAL: LEY 617 DE 2000 – ARTÍCULO 48 NUMERAL 1
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Radicación número: 13001-23-33-000-2018-00670-01(PI)
Actor: JIMMY JOSÉ CRUZATE RAMÍREZ
Demandado: RAFAEL ANTONIO TEHERÁN LORA, LIBARDO VEGA PACHECO Y RAFAEL PALMERA SULBARÁN
Referencia: PÉRDIDA DE INVESTIDURA
Referencia: Resuelve el recurso de apelación presentado por la parte demandante en contra de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar
Referencia: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el solicitante, en contra de la sentencia de 24 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se negaron las pretensiones de la solicitud de pérdida de investidura presentada en contra de los señores Rafael Antonio Teherán Lora, Libardo Vega Pacheco y Rafael Palmera Sulbarán, concejales del municipio de Zambrano (Bolívar), para el período 2016-2019.
I.- Antecedentes
I.1.- La solicitud
El ciudadano Jimmy José Cruzate Ramírez, actuando en nombre propio, solicitó a esta jurisdicción que se declarara la pérdida de investidura de los señores Rafael Antonio Teherán Lora, Libardo Vega Pacheco y Rafael Palmera Sulbarán, concejales del municipio de Zambrano (Bolívar) para el período 2016-2019.
I.1.1.- La causal de pérdida de investidura
Considera que los concejales acusados incurrieron en la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 6 de octubre de 2000, esto es, en la violación del régimen de conflicto de intereses.
I.1.2.- Los hechos que sustenta la solicitud
Para sustentar su solicitud señala que el Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), a través de su presidente, suscribió, el 5 de noviembre de 2015, un convenio de cooperación con la Universidad Surcolombiana, cuyo objeto fue adelantar, desarrollar y asesorar el concurso público de méritos para seleccionar al personero municipal para el período 2016-2020, en un plazo de sesenta (60) días.
La universidad citada expidió el listado definitivo de admitidos y, en desarrollo del mismo, los citó para que presentaran las pruebas de conocimiento y competencias laborales, las cuales se llevarían a cabo el 12 de diciembre de 2015.
Sin embargo, el concurso fue suspendido provisionalmente por orden del Juzgado Único Promiscuo Municipal «[…] de Córdoba Bolívar […]», dentro del trámite de la acción de tutela presentada por la señora Sally Judith Perdomo Ochoa, participante en el mismo.
El Juzgado Único Promiscuo Municipal «[…] de Córdoba Bolívar […]» resolvió desfavorablemente la acción de amparo constitucional y se procedió al levantamiento de la suspensión provisional del concurso, lo cual permitía continuar con su desarrollo.
No obstante, las pruebas de conocimiento y competencias no se pudieron realizar «[…] por efecto de las festividades de fin de año, que impedían realizar la citación correspondiente en los mismos términos fijados en la Resolución Número 070 de 2015 [...]».
Para el año 2016 se posesionó un nuevo Concejo Municipal correspondiente al período 2016-2019, el cual, de común acuerdo con la Universidad Surcolombiana, dio por terminado el convenio interadministrativo precitado.
El presidente del Concejo Municipal, señor Luís Escobar Asís, expidió la Resolución 002 de 7 de enero de 2016, mediante la cual modificó la Resolución 70 de 2015, acto administrativo mediante el cual se había convocado al concurso de méritos para elegir al personero municipal de Zambrano (Bolívar), y luego de surtir las etapas propias de dicho concurso, el Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar) eligió a la señora Zaira Steffany Jabba Vergara como personera municipal.
El nombramiento de la señora Jabba Vergara fue declarado nulo por el Juzgado Décimo Quinto Administrativo de Cartagena, mediante sentencia de 24 de julio de 2017, decisión que fue confirmada parcialmente en sentencia de 15 de febrero de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
El presidente del Concejo Municipal para ese momento, concejal Rafael Antonio Teherán Lora, en atención a lo dispuesto por las autoridades judiciales, expidió la Resolución 115 de 10 de agosto de 2018, mediante la cual seleccionó una empresa de consultoría y asesoría y reglamentó el concurso público de méritos para proveer el cargo de personero municipal.
En cumplimiento de esa nueva convocatoria, se conformó un listado de admitidos, se llevaron a cabo las pruebas de conocimientos a dichas personas [3 de septiembre de 2018] y se publicaron los resultados de las mismas [6 de septiembre de 2018], quedando pendiente la realización de la entrevista, la cual se realizaría el 11 de septiembre de 2018, conforme a la citación que le fue remitida al hoy solicitante por parte de los concejales Rafael Antonio Teherán Lora, Libardo Vega Pacheco y Rafael Palmera Sulbarán, en su condición de miembros de la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar).
Previamente a la realización de dicha prueba [las entrevistas], se presentaron tres solicitudes de recusación por parte de los señores Jimmy José Cruzate Ramírez [hoy demandante], José Alfredo Ríos Ochoa y Zaira Steffany Jabba Vergara, en contra de los mencionados concejales, con el fin de que se separaran del conocimiento del concurso de méritos.
El demandante subraya que el 11 de septiembre de 2018, en el recinto del Concejo Municipal, se llevó a cabo la sesión para realizar las entrevistas a los aspirantes a ocupar el cargo de personero municipal, en la cual participaron los señores Libardo Vega Pacheco y Rafael Palmera Sulbarán, más no así el señor Rafael Antonio Teherán Lora, sin que se hubieran declarado impedidos.
Agregó que hasta la fecha de presentación de la solicitud no se ha conocido comunicación por parte del Concejo Municipal, dirigida a él [el solicitante] o a los señores Ríos Ochoa y Jabba Vergara, en relación las recusaciones por ellos presentadas, y anotó que en vista que los concejales Vega Pacheco y Palmera Sulbarán continuaban participando en la mencionada sesión, decidió renunciar, junto con los señores Ríos Ochoa, Jabba Vergara y Bolívar Hernández, a continuar interviniendo en el mencionado concurso de méritos, sin surtir la prueba a la que estaban citados, considerando que la participación de aquellos concejales:
«[…] violó el principio de transparencia que rige las actuaciones administrativas, el debido proceso y el acceso a la función pública de quienes teniendo la posibilidad de ser entrevistados para eventualmente acceder al cargo de Personero Municipal de Zambrano Bolívar, preferimos renunciar a nuestras aspiraciones antes que ser sometidos a la burla, y al escarnio (sic) público, ante una segura calificación de entrevista realizada por un Concejo Municipal del cual harían parte precisamente nuestra contraparte en controversias judiciales o administrativas […]». (Subrayado y resaltado fuera de texto)
I.1.3.- La explicación de la causal de pérdida de investidura alegada en el caso concreto
Luego de hacer referencia al artículo 11 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 -que regula los conflictos de interés y las causales de impedimento y recusación en el procedimiento administrativo - considera que los concejales cuestionados violaron el régimen de conflicto de intereses, al no declararse impedidos para intervenir en el concurso de méritos para elegir al personero municipal de Zambrano (Bolívar), en particular, en las entrevistas de los participantes realizadas el 11 de septiembre de 2018, a pesar de que existían recusaciones en su contra, lo que obligó a cuatro de los cinco aspirantes a renunciar a continuar participando en aquel concurso.
Adicionalmente, señala que en contra de los concejales acusados existen litigios consistentes en:
(i).- Una acción de tutela presentada por los señores Edgar Alfonso Suarez Rodríguez, Alexander Lozano Mulford y el solicitante, Jimmy José Cruzate Ramírez, que cursa en el Juzgado Promiscuo Municipal de Zambrano (Bolívar), identificada con el radicado 13894-4089-001-2018-0089-00, la cual:
«[…] fue declarada improcedente y posteriormente objeto de impugnación ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar; y que hasta la fecha de la presente acción no ha sido resuelta, lo cual indica que el litigio sigue pendiente […]».
(ii).- Una solicitud de revocatoria directa presentada ante la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), integrada por los concejales cuestionados:
«[…] con el objeto de que se revoque su elección por ser ilegal, al tratarse de una mesa directiva conformada por miembros de un mismo partido y en consecuencia elegida ilegalmente […]».
(iii).- Un incidente de desacato promovido por la señora Zaira Steffany Jabba Vergara en contra de la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), integrada por los concejales acusados, que se encuentra en el Juzgado Décimo Quinto Administrativo Oral de Cartagena, radicación 130013340015 2016 00115 00.
(iv).- Una acción de tutela promovida por la señora Zaira Steffany Jabba Vergara en contra de la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), integrada por los concejales cuestionados, cuyo conocimiento le correspondió al Juzgado Promiscuo Municipal de Zambrano (Bolívar) bajo la radicación 2018 0094 00, la cual:
«[…] fue declarada improcedente mediante fallo de primera instancia e impugnada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de El Carmen de Bolívar, sin que hasta la fecha de presentación de la presente (sic) acción se conozca la decisión de segunda instancia […]».
(v).- Una queja presentada por el señor José Alfredo Ríos Ochoa en contra del señor Rafael Antonio Teherán Lora, que se encuentra en la Alcaldía Municipal de Zambrano (Bolívar).
(vi).- Una acción de tutela promovida por el señor José Alfredo Ríos Ochoa en contra de la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), integrada por los concejales cuestionados, sin que se precise dato alguno para identificar el proceso judicial.
I.2.- La intervención de los concejales acusados
Los concejales Rafael Antonio Teherán Lora, Libardo Rafael Vega Pacheco y Rafael Enrique Palmera Sulbarán, dentro de la oportunidad procesal correspondiente, en nombre propio y en el mismo escrito, se pronunciaron frente a la solicitud de desinvestidura, oponiéndose a ella.
Los concejales acusados señalan que el solicitante y los señores Zaira Steffany Jabba Vergara, César Alberto Bolívar Hernández y José Alfredo Ríos Ochoa, han pretendido sabotear el concurso de méritos para la elección del personero municipal de Zambrano (Bolívar), a través de la presentación de un incidente de desacato ante el Juzgado Quinto Administrativo de Cartagena, por parte de la señora Zaira Steffany Jabba Vergara, el cual fue declarado improcedente, y de acciones de tutela sin motivos razonables, para luego, con sustento en ellos, recusar a los miembros de la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), lo que muestra la mala fe y temeridad con la que han actuado los mencionados ciudadanos.
Agrega que la renuncia presentada por las precitadas personas a seguir participando en el concurso de méritos para elegir al personero municipal fue, en su concepto, preparada con antelación a realizarse la prueba de entrevista, lo que muestra que actuaron de mala fe y con el fin de moldear la solicitud de pérdida de investidura.
A lo que se suma la presentación de una petición el 12 de septiembre de 2018, para que se declarara desierto el concurso de méritos, en la medida en que cuatro de las cinco personas aspirantes habían desistido de participar en el mismo, quedando solo un participante, no siendo posible, según los peticionarios, conformar una lista de elegibles, desconociendo la Resolución 115 de 2018, que sí lo permite, lo que reitera la intención de perturbar el desarrollo del concurso.
Asimismo, mencionan que el conflicto de intereses que se les atribuye tiene sustento en situaciones hipotéticas consistente en inferir que los concejales que componen la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar) actuarían en forma parcializada en la calificación de la prueba de entrevista, etapa final del concurso de méritos para acceder al cargo de personero municipal, cuando lo cierto es que «[…] dos (2) concejales no podían terciar matemáticamente a favor de un determinado aspirante al cargo de personería (sic) […]».
Finalmente, señalan que el solicitante fue informado por la plenaria del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), en la sesión de 11 de septiembre de 2018, que las recusaciones que se habían presentado en contra de los concejales acusados habían sido negadas y solo había admitido el impedimento presentado por el señor Rafael Antonio Teherán Lora, quien por ese hecho no se encontraba presente en el recinto, por lo que los concejales cuya recusación fue negada se encontraban habilitados para participar en el desarrollo del concurso de méritos y, en particular, de las entrevistas.
I.3.- La sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Bolívar, en sentencia de 24 de octubre de 2018, decidió negar la solicitud de desinvestidura.
Consideró que el problema jurídico se debía resolver era el consistente en establecer si resultaba procedente decretar la pérdida de investidura de los señores Rafael Antonio Teherán Lora, Libardo Vega Pacheco y Rafael Palmera Sulbarán, concejales del Municipio de Zambrano (Bolívar) para el período 2016-2019, por incurrir en la violación al régimen de conflicto de intereses, al no declararse impedidos frente a la recusación formulada por los accionantes.
Luego de analizar el marco normativo y jurisprudencial de la pérdida de investidura y de la causal de conflicto de intereses, se refirió al caso concreto señalando que el hecho que originó el conflicto de intereses, conforme lo acepta el actor, fue la elección de los concejales cuestionados como integrantes de la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), mediante Acta 066 de 4 de noviembre de 2017, pertenecientes al mismo partido político – partido Centro Democrático – dejando sin participación a las minorías.
Como dicha elección no fue cuestionada por el medio de control respectivo por el vencimiento del término para su ejercicio – para la primera instancia el medio de control de nulidad electoral – se recurrió a mecanismos subsidiarios de defensa judicial que no eran los adecuados para obtener la nulidad de dicha acta, como la acción de tutela, la revocatoria directa y la recusación para impugnarla, los cuales no resultaban procedentes para revivir la oportunidad para acudir ante los jurisdicción.
Estimó que, en el caso concreto, no se acreditó ninguno de los requisitos para que se configure el conflicto de intereses puesto que el interés debe ser directo, particular, actual o inmediato y, en el presente asunto «[…] se observa que los cuestionamientos que plantea el accionante, se dirigen en esencia a atacar un acto expedido por el Concejo, más no a las circunstancias personales de los concejales accionados de carácter particular, de las cuales se pueda desprender un beneficio personal para ellos o terceros vinculados a los mismos […]».
Destacó que de los hechos expuestos no es posible colegir la ocurrencia de la causal de impedimento prevista en el artículo 11 numeral 5 de la Ley 1437 de 2011, puesto que ni las acciones de tutela ni el incidente de desacato ni la solicitud de revocatoria directa de la elección de la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), configuran la existencia de litigios o controversias ante autoridades administrativa o jurisdiccionales susceptibles de generar en los demandados un interés directo en relación con el concurso de méritos para elegir el personero municipal, al surgir con ocasión del mismo y, de esa manera, «[…] todas esas acciones posteriores no tenían la virtualidad de configurar un impedimento posterior […]».
Lo que evidencia, entonces, es que el solicitante pretende, por la vía del medio de control de pérdida de investidura, atacar el Acta 066 de 4 de noviembre de 2017, en la cual consta la sesión del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), en la cual se eligió la mesa directiva de esa Corporación, deslegitimando el concurso de méritos para elegir al personero municipal de aquel municipio, en el cual aquel participó pero posteriormente renunció, medio de control que no resulta adecuado para esos fines y que intenta suplir la omisión en que incurrió en el ejercicio de aquellos mecanismos judiciales que si eran procedentes.
Advierte que el medio de control de pérdida de investidura no es un mecanismo para resolver desavenencias personales o políticas que los ciudadanos puedan tener con los miembros de las corporaciones públicas de elección popular y su ejercicio, entonces, debe responder a las causales establecidas en la Constitución Política – en adelante C.P. –.
Al no encontrar demostrada la existencia de un interés directo, particular y actual de los concejales cuestionados para declararse impedidos conforme al artículo 11 numeral 5 de la Ley 1437, consideró que la decisión que debía adoptar era la de negar las pretensiones de la demanda.
I.4.- El recurso de apelación
Inconforme con la sentencia de primera instancia, el solicitante presentó recurso de apelación con el fin de que se revoque la decisión judicial y, en su lugar, se acceda a la pretensión de desinvestidura.
En primer lugar, encontró que la primera instancia había sujetado el estudio y análisis del medio de control de pérdida de investidura, al término de caducidad previsto para la acción de nulidad electoral, lo cual «[…] constituye una vía de hecho por aplicación indebida de la Ley 1881 de 2018, que ha determina (sic) el plazo de cinco (5) años para que opere el fenómeno de la caducidad en las acciones de pérdida de investidura […]».
En segundo lugar, insiste en que los concejales acusados, en la sesión del Concejo Municipal de 11 de septiembre de 2018, participaron en la aplicación de las entrevistas a los aspirantes a ocupar el cargo de personero municipal, sin manifestar su impedimento, a pesar de que en contra de ellos existían unas actuaciones judiciales y administrativas pendientes de resolverse, presentadas, precisamente, por algunos de esos aspirantes.
Afirmó que la existencia de unas acciones de tutela y un solicitud de revocatoria directa – en la que se controvierte el acto de elección de la mesa directiva –, constituyen, en su concepto, suficiente motivo para que los acusados se encontrasen impedidos para participar y votar en la aplicación de las entrevistas, una de las pruebas del concurso de méritos, las cuales, al 11 de septiembre de 2018, no habían sido resueltas, lo que evidencia la existencia de un interés real y actual «[…] en que los aspirantes que justamente tenían conflictos pendientes de resolver con los concejales, no resultaran elegidos para el cargo […] toda vez que para esa fecha no estaba definida su permanencia en la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano Bolívar (sic) […]».
I.5.- Trámite en segunda instancia
El despacho sustanciador del proceso, mediante auto de 6 de febrero de 2019, admitió el recurso de apelación y ordenó correr traslado para alegar a las partes y al agente del Ministerio Público para que rindiera su concepto.
Notificada la decisión judicial precitada, los concejales cuestionados presentaron sus alegatos de conclusión y el agente del Ministerio Público intervino allegando su concepto de fondo sobre la controversia.
Los concejales acusados replicaron los argumentos que expusieron en la contestación de la demanda.
El Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa, agente del Ministerio Público en este proceso judicial, en su Concepto núm. 20 de 12 de marzo de 2019, solicitó que la decisión de primera instancia fuera confirmada.
Encontró, inicialmente, que los problemas jurídicos que planteaba la controversia eran, por una parte, si había operado [o no] el fenómeno de la caducidad de la acción de pérdida de investidura y, por otra, si se configuraban los presupuestos jurídicos para decretar la pérdida de investidura de los concejales cuestionados por:
«[…] haber participado en la sesión del 11 de septiembre de 2018 que tuvo por finalidad realizar la entrevista a los aspirantes a ocupar el cargo de Personero municipal (sic) de Zambrano, a pesar de tener un interés directo, particular y actual que les impedía participar en esa sesión, toda vez que existían pleitos judiciales y/o administrativos pendientes de resolver con los aspirantes a ocupar dicho cargo – (como tutelas y una solicitud de revocatoria directa instaurada contra la Mesa Directiva del concejo) […]»
Evidenció, en lo atinente a la caducidad del medio de control de pérdida de investidura, que el hecho generador la causal de pérdida de investidura está relacionada con la participación de los concejales demandados en la sesión de 11 de septiembre de 2018, en la cual se efectuaron entrevistas para proveer el cargo de personero municipal, y en la medida en que la solicitud de pérdida de investidura se presentó el 18 de septiembre de 2018, se puede concluir que el medio de control se ejerció en forma oportuna.
Consideró, en relación con la causal de pérdida de investidura que se le atribuye a los concejales demandados, que la participación de los concejales acusados en la realización de entrevistas deriva del cumplimiento de un deber legal previsto en el artículo 170 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 35 de la Ley 1551 de 2012, norma según la cual les corresponde a los dichos servidores públicos participar en el proceso de elección de los personeros, previo concurso de méritos.
Destacó que, de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales, los concejales cuestionados no tenían por qué declararse impedidos para participar en la sesión de entrevistas para proveer el citado cargo, puesto que:
«[…] no quedó demostrado que dicho trámite administrativo les generaría ningún provecho o utilidad alguna. Al respecto, como anotó las actuaciones administrativas y judiciales pendientes de resolverse tenía por objeto atacar actos del concejo en su condición de cuerpo colegiado y no una actuación individual o concreta de los concejales […]».
Manifestó que no existen elementos de juicio adicionales que permitan acreditar que los concejales participaron en esa prueba del concurso de méritos para obtener un provecho o utilidad personal o para sus cónyuges o compañeros o compañeras permanentes o sus parientes dentro de los grados que enuncia la norma o que con su participación se hayan afectado las garantías de imparcialidad, igualdad y transparencia en el ejercicio de la función pública.
Subrayó que el medio de control de pérdida de investidura no es el medio idóneo para cuestionar la legalidad del acta de conformación de la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), la cual afirma «[…] coincide en su integridad con lo plasmado en los audios, por lo que dichos documentos merecen ser valorados de acuerdo con las reglas de la sana crítica y la persuasión racional […]», además de resaltar el hecho consistente en que el concejal Rafael Antonio Teherán Lora manifestó su impedimento para presidir la sesión del 11 de septiembre de 2018 por existir un proceso de pérdida de investidura en su contra, cuya solicitud fuera presentada por el hoy demandante, el cual fue aceptado por los concejales presentes.
Agregó que en el presente asunto se encontraba acreditado que los concejales cuestionados fueron recusados y que en la sesión del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar) de 11 de septiembre de 2018, «[…] se adelantó el trámite de las recusaciones y éstas fueron negadas por la corporación. […]». De lo expuesto en su concepto, concluyó lo siguiente:
«[…] En primer lugar, cabe indicar que la presente acción se presentó en término, esto es, dentro de los cinco años contados a partir de la ocurrencia del hecho generador de la solicitud formulada.
En segundo lugar, no se demostró que la participación de los concejales en la entrevista para elegir al Personero municipal previa realización de un concurso de méritos en cumplimiento de un deber legal les hubiese reportado un beneficio o utilidad a ellos. Así, las actuaciones administrativas y judiciales pendientes de resolverse a la fecha de realización de la entrevista tenían por objeto atacar actos del concejo en su condición de cuerpo colegiado y no una actuación individual o concreta de aquellos.
Adicional a lo anterior, luego de valorarse los elementos de juicio incorporados al plenario según las reglas de la persuasión racional y la sana crítica, se evidencia que ante la duda de un interés directo, particular y real de los concejales Rafael Antonio Teherán Lora, Libardo Vega Pacheco y Rafael Palmera Sulbarán para intervenir en la sesión de entrevistas de los aspirantes a ocupar el cargo de Personero municipal de Zambrano celebrada el 11 de septiembre de 2018, los concejales arriba referidos fueron recusados, las mismas fueron tramitadas y posteriormente negadas por el concejo municipal de Zambrano […]».
II.- Consideraciones de la Sala
II.1.- Los acusados ostentan la condición de concejales del municipio de Zambrano (Bolívar)
Los señores Rafael Antonio Teherán Lora, Libardo Vega Pacheco y Rafael Palmera Sulbarán ostentan la condición de concejales del municipio de Zambrano (Bolívar) para el período 2016-2019, lo cual consta en el Acta núm. 001 de 1° de enero de 2016, que da cuenta de la sesión de instalación del concejo municipal de ese municipio, en la que tomaron posesión los acusados, y en el Acta General de Escrutinios de 25 de octubre de 2015, en la que se declara su elección, por lo que se dio cumplimiento al requisito previsto en el literal b) del artículo 5 de la Ley 1881 de 2018, aplicable a los procesos de pérdida de investidura de concejales por así disponerlo el artículo 22 de la misma ley.
II.2.- La causal de pérdida de investidura atribuida a los acusados
El solicitante considera que los concejales Rafael Antonio Teherán Lora, Libardo Vega Pacheco y Rafael Palmera Sulbarán incurrieron en la violación del régimen de conflicto de intereses, causal de pérdida de investidura para los concejales por así disponerlo el artículo 48 numeral 1° de la Ley 617, que al tenor disponen:
LEY 617
«[…] ARTICULO 48. PERDIDA DE INVESTIDURA DE DIPUTADOS, CONCEJALES MUNICIPALES Y DISTRITALES Y DE MIEMBROS DE JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES. Los diputados y concejales municipales y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán su investidura:
1. Por violación del régimen de incompatibilidades o del de conflicto de intereses. No existirá conflicto de intereses cuando se trate de considerar asuntos que afecten al concejal o diputado en igualdad de condiciones a las de la ciudadanía en general […]».
III.3.- El problema jurídico
La Sala debe señalar que, siguiendo el contenido de los artículos 320 y 328 del Código General del Proceso, aplicables a los procesos de pérdida de investidura de los concejales por así disponerlo el artículo 21 y 22 de la Ley 1881 de 15 de enero de 2018, examinará, únicamente, los argumentos expuestos por la parte apelante.
El problema jurídico que debe resolver esta Sala se contrae a determinar si a los acusados se les debe despojar de su investidura de concejales del municipio de Zambrano (Bolívar) para el período 2016-2019, por violar el régimen de conflicto de intereses, al participar en la aplicación de las entrevistas a los aspirantes a ocupar el cargo de personero de aquel municipio [Zambrano – Bolívar] para el período 2016-2020, sin presentar impedimento alguno, pese a que en su contra existían acciones judiciales y administrativas pendientes de resolverse, relacionadas con dicho concurso, presentadas precisamente por algunos de los concursantes, lo cual mostraría un interés real y actual en que aquellos no resultaran elegidos para el cargo.
II.4.- Los elementos para la configuración de la causal de pérdida de investidura por violación al régimen de conflicto de intereses
Sea lo primero indicar que esta causal de pérdida de investidura desarrolla los mandatos constitucionales previsto en el artículo 1° y 133 de la Carta Política, modificado por el artículo 5° del Acto Legislativo 1 de 2009, que establecen que Colombia es un Estado social de derecho fundado en la prevalencia del interés general y que los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común.
Con esta causal de pérdida de investidura se pretende, entonces, castigar la posibilidad de que, en este caso, los concejales, pretendan, con determinadas decisiones, lucrarse u obtener beneficios, ventajas o privilegios personales, en detrimento de la comunidad, desconociendo precisamente el interés general que debe guiar el ejercicio de sus funciones.
Ahora bien, y siguiendo la disposición legal que prevé la causal de pérdida de investidura, el conflicto de intereses se presenta cuando el concejal tiene interés directo en el asunto que se encuentra conociendo porque el mismo le afecta en forma personal o a alguno de sus parientes en los grados indicados en la norma o a sus socios.
El asunto puesto en conocimiento del concejal le plantea un enfrentamiento entre su interés personal y el interés general y el bien común que, se reitera, deben guiar el ejercicio de sus funciones, lo que obliga a que aquel deba manifestar su impedimento para efectos de que este sea resuelto, so pena de incurrir en la causal de pérdida de investidura.
Esta Sala, con sustento en decisiones judiciales de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, ha resaltado que el conflicto de intereses es un concepto jurídico indeterminado y, debido a ello, será el juez el que decida, en el caso concreto, si existe fundamento suficiente para la desinvestidura solicitada. Así en la Sentencia de 1° de febrero de 2018, se manifestó:
«[…] A su vez la Sala Plena de la Corporación ha precisado que el conflicto de intereses es un concepto jurídico indeterminado que debe ser analizado en cada caso concreto, así:
“[…] el artículo 1º de la Constitución Política dispone que la prevalencia del interés general es uno de los principios fundantes del Estado Social de Derecho. De allí que debe prevalecer en todas las actuaciones de los congresistas, con prescindencia de los intereses privados, personales o familiares, que de una u otra manera puedan incidir en las distintas funciones del Congreso de la República. En el mismo sentido el artículo 133 constitucional, precisa que los miembros de cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo y deben actuar consultando la justicia y el bien común. Por su parte, el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, aclara que cuando el interés general propio de la función pública entre en conflicto con el interés particular y directo del servidor público, este deberá declararse impedido.
Las normas constitucionales y legales no pueden precisar in extenso las situaciones que impliquen un conflicto de intereses, porque se trata de un concepto jurídico indeterminado, lo cual implica que el ejercicio hermenéutico de las situaciones de carácter moral o económico que puedan inhibir a un congresista de participar en el trámite de los asuntos sometidos a su consideración, deberá observar las coordenadas de la realidad o las circunstancias que rigen cada caso concreto. Por esta potísima razón, no es pertinente inferir reglas generales cuando se trata de conflicto de intereses.
Los conceptos jurídicos indeterminados incorporan nociones de la experiencia o de la razón práctica, técnicos o económicos y valores morales, que implican un juicio valorativo, el cual deberá realizar, en primer lugar, el propio congresista y así informar oportunamente sobre el conflicto de intereses -art. 182 superior-. Si no lo hace, debiéndolo hacer, podrá ser recusado y finalmente, como control externo e imparcial, será el juez de la pérdida de investidura el que decida en forma definitiva si el conflicto de intereses, en el caso concreto, es fundamento suficiente de la desinvestidura solicitada. […]»
Siguiendo decisiones de la Sala Plena de esta Corporación, esta Sección ha establecido los presupuestos para la configuración de la causal de pérdida de investidura así:
«[…] En lo concerniente a los presupuestos que deben estar configurados para la estructuración de esta causal, la cual por extensión también comprende a los concejales, son los siguientes:
“[…] (i) La calidad de congresista, elemento transversal y común a todo juicio de desinvestidura, (ii) La concurrencia de un interés directo, particular y actual o inmediato en cabeza de quien es congresista o su círculo cercano, (iii) su no manifestación de impedimento o no haber sido separado del conocimiento del asunto por recusación, (iv) haber conformado el quorum o participado el congresista en el debate o votación del asunto y (v) que esa participación tenga lugar en un asunto de conocimiento funcional del congresista, cualquiera sea su naturaleza, lo que no circunscribe la causal a las cuestiones legislativas, sino a toda materia que conforme al ordenamiento sea de competencia del Congreso de la República. […]” […]»
Ubicados en los presupuestos para la configuración de la causal de pérdida de investidura por conflicto de intereses y acreditado como está que los acusados son concejales del municipio de Zambrano (Bolívar) para el período 2016-2019, se procede a analizarlos.
La Sala advierte que del contenido del Acta núm. 057 de 11 de septiembre de 2018, la cual da cuenta de la sesión extraordinaria del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), es posible colegir que solo los señores Libardo Vega Pacheco y Rafael Palmera Sulbarán participaron en la prueba de entrevista para la elección del personero municipal de Zambrano (Bolívar) para el período 2016-2020.
El señor Rafael Antonio Teherán Lora, por el contrario y como lo puso de presente el señor agente del Ministerio Público en su concepto de fondo, presentó su impedimento a la plenaria del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), consistente en que el señor Jimmy José Cruzate Ramírez, uno de los aspirantes a ocupar el cargo de personero, solicitó a esta jurisdicción se despojara de la investidura de concejal al señor Teherán Lora, medio de control que, para la fecha en que se realizó la sesión, se encontraba en trámite ante esta Corporación, impedimento que le fue aceptado y, en consecuencia, se separó del grupo de concejales que realizarían la prueba mencionada.
Resulta claro, entonces, que el requisito consistente en «[…] (iv) haber conformado el quorum o participado el congresista en el debate o votación del asunto […]», se presenta en relación con los concejales Libardo Vega Pacheco y Rafael Palmera Sulbarán y no frente al concejal Rafael Antonio Teherán Lora.
Para ilustrar lo afirmado anteriormente, la mencionada acta, en sus partes más importantes, indica lo siguiente:
«[…] 4. INSTALACIÓN DEL PRIMER PERÍODO DE SESIONES EXTRAORDINARIA AÑO 2018, CONVOCADA POR PARTE DEL SEÑOR ALCALDE ALBERTO MURILLO PALMERA MEDIANTE DECRETO 088 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PARA LA ENTREVISTA DE LA CONVOCATORIA Y PUESTA EN MARCHA, “POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA Y REGLAMENTA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE ZAMBRANO-BOLÍVAR” […] 5. EXPOSICIÓN Y RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE RECUSACIÓN E IMPEDIMENTO PRESENTADO POR LOS SEÑORES JIMMY JOSÉ CRUZATE RAMÍREZ, JOSÉ ALFREDO RIOS OCHOA Y ZAIRA JABBA VERGARA […] 6. ENTREVISTA DE LOS PARTICIPANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITO PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE ZAMBRANO BOLÍVAR. ACUSANDO LISTA DEFINITIVA EMANADA DE LA EMPRESA ECAT LTDA […] El señor Presidente de la corporación se dirige a la plenaria, saludando a los Honorables Concejales y manifiesta que acogiéndose a lo establecido en el Artículo 35 del Reglamento Interno del concejo, inicia la presente sesión de instalación y manifiesta que nos encontramos reunidos hoy debido al llamado que nos hace el señor alcalde en el decreto de convocatoria al primer período de sesiones extraordinarias del año que discurre, para adelantar y la puesta en marcha de la Convocatoria y Reglamentación del Concurso Público y Abierto De Mérito Para Proveer El Cargo De Personero Municipal de Zambrano Bolívar, atípico para culminar el período institucional 2016-2020.
[…]
QUINTO PUNTO: EXPOSICIÓN Y RESOLUCIÓN DE SOLICITUD DE RECUSACIÓ E IMPEDIMENTO PRESENTADO POR LOS SEÑORES JIMMY JOSÉ CRUZATE RAMÍREZ, JOSÉ ALFREDO RÍOS OCHOA Y ZAIRA JABBA VERGARA […] El señor presidente manifiesta a la plenaria que a esta corporación fueron allegadas una recusaciones instauradas por los señores antes mencionados donde nos están RECUSANDO, por haber instaurado una tutela la cual fue fallada a nuestro favor, por tanto fue apelada y sigue insistiendo de que se RECUSE a la mesa directiva, todos sabemos que la tutela es un mecanismo de carácter popular, ya que el tutelado es la corporación y el tutelante un ciudadano del común y está pidiendo que se tumbe la mesa directiva lo cual fue elegida (sic) hace más de nueve meses, ya que según ellos se le está violando el debido proceso y otros derechos fundamentales, los cuales fueron resuelto por (sic) un juez de tutela. Alega JIMMY CRUZATE, que la tutela se convierte en un mecanismo de conflicto para quienes intervengan, se deben de RECUSAR (sic) y declararse impedidos para conocer del Concurso Público y Abierto De Méritos Para Proveer El Cargo De Personero Municipal de Zambrano Bolívar, atípico para culminar el período institucional 2016-2020 (sic).
Para lo que manifiesta el RECUSANTE, que existe un conflicto entre él y la mesa directiva, por lo tanto, esta recusación queda a merced de la plenaria ya que la está solicitando a la plenaria para que sea resuelta.
[…]
El señor presidente [Rafael Teherán Lora] manifiesta que le asiste el deber de defender y proteger a la corporación en cualquier evento llámese tutela o cualquier proceso jurídico y yo no puedo apartarme de mis deberes, por que (sic) el señor Cruzate presentó una tutela y él lo considera como un conflicto, esa es mi posición, mi deber a defender. Seguidamente el honorable concejal ÁVILA, pregunta que si los otros dos miembros de la mesa directiva tienen alguna exposición que hacer acá en la plenaria ya que el documento va dirigido a la mesa directiva, el honorable concejal LIBARDO VEGA PACHECO, manifiesta que expresa lo mismo del honorable concejal TEHERÁN, y no voy a dejar de cumplir con mis obligaciones por lo tanto no me voy a declarar impedido, seguidamente el honorable concejal RAFAEL PALMERA SULBARÁN, manifiesta que así como lo dije no me voy a declarar impedido ya que el procedimiento que está utilizando el doctor CRUZATE, no es el óbice para que yo me declare impedido en esta instancia, el señor presidente manifiesta que escuchando las intervenciones y la decisión de los integrantes de la mesa directiva se niegan a ser RECUSADOS, por lo tanto démosle (sic) trámite a la sesión y ahora si vamos a hacer la votación uninominal de la RECUSACIÓN que presenta el Doctor Cruzate, ya [que] los integrantes de la mesa directiva tomaron la decisión de no declararse impedido por lo tanto se le estará dando trámite a la recusación por votación uninominal, se señor secretario procede llamar a lista así:
[…]
El señor presidente de la honorable corporación RAFAEL TEHERÁN LORA, manifiesta que, con Siete (7) votos negativos la RECUSACIÓN, presentada por el doctor JIMMY JOSÉ CRUZATE RAMÍREZ, No PROCEDE en esta sesión plenaria.
[…]
Seguidamente el señor presidente manifiesta que existen otras dos recusaciones presentadas por el doctor JOSÉ ALFREDO RÍOS OCHOA Y LA DOCTORA ZAIRA JABBA VERGARA, también por el mismo caso en contra de la mesa directiva, debido a que por un conflicto que tuve con él, puesto que un día fue a saludarme y yo lo manotie (sic), desde ya me opongo a esta RECUSACIÓN […] el señor presidente ordena al secretario abrir el respectivo registro de votación para la votación de la RECUSACIÓN del Doctor José Alfredo Ríos Ochoa:
[…]
El señor presidente de la honorable corporación RAFAEL TEHERÁN LORA, manifiesta que, con Siete (7) votos negativos las pretensiones del Doctor JOSÉ ALFREDO RÍOS OCHOA, No PROCEDE en esta sesión plenaria.
El señor presidente manifiesta que procedemos a manifestarle que la tercera RECUSACIÓN fue sacada del mismo talonario, presentada por la doctora ZAIRA JABBA VERGARA, la cual interpone ante la plenaria de esta honorable corporación encabezada por los honorables concejales […] Ella alega de que esta mesa (sic) directiva no le dio Cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Décimo Quinto Administrativo de Bolívar, donde ella pierde la investidura como personera y ella dice que no se acató el fallo del JUEZ, por lo tanto interpone un desacato ante el Juzgado Décimo Quinto Administrativo de Bolívar, cosa que parece extraño que después de ese fallo de febrero, hasta ahora es que viene a interponer el desacato, como lo expresó el compañero PALMERA […] el señor presidente de la honorable corporación RAFAEL TEHERÁN LORA, ordena al secretario someter a consideración de la plenaria la RECUSACIÓN, presentada por la Doctora ZAIRA JABBA VERGARA
[…]
El señor presidente de la honorable corporación RAFAEL TEHERÁN LORA, manifiesta que, con Siete (7) votos negativos las pretensiones del Doctora (sic) ZAIRA JABBA VERGARA, No PROCEDE en esta sesión plenaria, y estas RECUSACIONES serán respondidas a cada uno de los actores.
[…]
Por otra parte quiero que se tenga en cuenta que lo que sí es real, [es] que en contra de mi persona hay un proceso en el concejo de estado (sic) en segunda instancia por pérdida de investidura lo cual en primera instancia fueron vencidas las partes y ahorita mismo el apoderado de este proceso es el Doctor JIMMY JOSÉ CRUZATE RAMÍREZ, por lo tanto yo me hago aun lado y le pido al primer vicepresidente de la mesa directiva LIBARDO VEGA PACHECO, para que continúe con el desarrollo de la sesión ya que me declaro IMPEDIDO, por que hay conflicto con el doctor JIMMY JOSÉ CRUZATE (sic), aspirante a PERSONERÍA, y no quiero que esto interfiera, ya que es el momento preciso para declararme IMPEDIDO, puesto que es el único escenario donde yo voy a estar en contra o a favor del señor CRUZATE, Por lo tanto yo le pido a la plenaria que acepte mi impedimento, para que pueda entrar a culminar la sesión y el resto del orden [del] día el Honorable concejal Libardo Vega Pacheco, el señor presidente somete a consideración de la plenaria la proposición de declararse impedido para el resto de la sesión, lo cual es aprobada por todos los honorables concejales presente en esta sesión, el señor presidente de la honorable corporación manifiesta que le desea la mejor de la suerte a todos los candidatos a ocupar el cargo de personería.
[…]
Una vez culminado el receso, el señor Primer Vicepresidente del concejo municipal de Zambrano, ordena al secretario continuar con el orden del día, SEXTO PUNTO: ENTREVISTA DE LOS PARTICIPANTES AL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITO PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE ZAMBRANO BOLÍVAR, ACUSANDO LISTA DEFINITIVA EMANADA DE LA EMPRESA ECAT LTDA. El señor primer vicepresidente de la Honorable corporación saluda al aspirante al cargo de personería y a la vez les manifiesta que las reglas son las siguientes: […] primero: Presentación […] Segundo: la entrevista va hacer en privado y por orden alfabético […] Tercero: la duración por respuesta, será de tres minutos […] Fue leído el instructivo para calificar, el cual fue acatado por todos los concejales asistentes.
[…]
Se realiza la entrevista al doctor RODRIGO JOSÉ ORCASITA MENDOZA, luego de la ENTREVISTA, pide la palabra el H.C. LUÍS ALBERTO ESCOBAR ASIS, y solicita que se convoque a sesión lo más pronto posible para dejar en firme los actos que hoy ejecutamos […]».
El acta da cuenta, igualmente, que los señores César Alberto Bolívar Hernández, Jimmy José Cruzate Ramírez, Zaira Steffany Jabba Vergara y José Alfredo Ríos Ochoa no presentaron la prueba de entrevista, etapa del concurso de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Zambrano (Bolívar), de acuerdo a la Resolución 115 de 10 de agosto de 2018, la cual fue presentada, únicamente, por el señor Rodrigo José Orcasita Mendoza.
Lo anterior es corroborado por un documento en el que los mencionados aspirantes renuncian a su aspiración por falta de transparencia e idoneidad de esa corporación y de la empresa contratista ECAT LTDA, para llevar a cabo el concurso de méritos – ECAT LTDA –, al cual se hace referencia en la precitada acta.
Dicho lo anterior, bien podría entenderse que existe un interés directo, particular y actual o inmediato de los acusados derivado de la situación consistente en la existencia de actuaciones judiciales y administrativas pendientes de resolver en las que los aspirantes al cargo de personero del municipio de Zambrano (Bolívar) cuestionan a los concejales que integraban para el momento en que se aplicaría la prueba de entrevista – 11 de septiembre de 2018 – la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar) - Libardo Vega Pacheco y Rafael Palmera Sulbarán, en particular, unas acciones de tutela y una solicitud de revocatoria directa, que podrían tornar parcial la asignación de las calificaciones en esa prueba y, en esa medida, como lo señala el apelante, impedir que esas personas resultaran elegidas.
Inicialmente, para establecer qué debe entenderse por interés directo, particular y actual o inmediato, esta Sala considera de la mayor utilidad acudir a las decisiones de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación. Así, en la sentencia de 27 de julio de 2010, se explicó lo siguiente:
«[…] 3.1.1. Concepto de interés.
En cuanto al concepto del interés del congresista que puede entrar en conflicto con el interés público, la Sala ha explicado que el mismo debe ser entendido como “una razón subjetiva que torna parcial al funcionario y que lo inhabilita para aproximarse al proceso de toma de decisiones con la ecuanimidad, la ponderación y el desinterés que la norma moral y la norma legal exigen” y como “el provecho, conveniencia o utilidad que, atendidas sus circunstancias, derivarían el congresista o los suyos de la decisión que pudiera tomarse en el asunto”.
En relación con las características del referido interés, la Sala ha precisado que el mismo debe ser directo, esto es, “debe surgir de los extremos de la relación que se plantea a través de la decisión que haya de tomarse con respecto a los proyectos de ley, sin intermediación alguna”, en el entendido de que esa connotación se puede predicar para el congresista o las personas indicadas en el numeral 286 de la Ley 5ª de 1992”.
El interés debe ser además “particular y actual, de carácter moral o económico, en la decisión de uno de los asuntos sometidos a su consideración;, debe ser real, no hipotético o aleatorio, lo cual supone, según lo expuesto por la Sala, “que el acto jurídico resultante de la concurrencia de la voluntad de los congresistas, tenga por sí mismo la virtualidad de configurar el provecho de manera autónoma, esto es, que no se requiera de actos, hechos, o desarrollos ulteriores para cristalizar el beneficio personal.”
El interés que se analiza, según lo ha explicado igualmente la Sala Plena, puede ser económico o moral:
“Así pues, no es sólo el interés estrictamente personal o el beneficio económico los fenómenos que el legislador ha creído prudente elevar a la entidad de causales de impedimento, sino que dentro del amplio concepto del ‘interés en el proceso’ a que se refiere el numeral 1º del artículo 103 del Código de Procedimiento Penal, debe entenderse también la utilidad o el menoscabo de índole moral o intelectual que en grado racional puede derivarse de la decisión correspondiente.”
Cabe igualmente tener en cuenta las precisiones realizadas por la Sala respecto del indicado interés ético o moral:
“Estima la Sala, y con ello no se está sentando una tesis de última hora, que no es necesario, ni conveniente, que exista una tabla legal de conductas éticas, que supongan una adecuación típica, para efectos de poder juzgar acerca de la presencia de un conflicto de interés de orden moral. Basta la consagración genérica tal como se formula en el artículo 182 de la Constitución o como se plantea en el 286 de la Ley 5ª o como se estructura en la causal primera de impedimento consagrada en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil.
(…)
Tampoco es admisible el argumento de que sólo en la medida en que el legislador tipifique unas prohibiciones precisas de carácter ético podría deducirse impedimento moral. Esto último equivaldría a aceptar que en materia de conflicto de interés de los Congresistas impera la ética de que todo está permitido.” […]»
Ahora bien, no debe perderse de vista que esas personas que presentaron esas «[…] actuaciones judiciales y administrativas pendientes de resolver o unos litigios entre estos y unos (sic) de las personas a ser entrevistadas […]», que se concretaban en que «[…] se encontraba pendiente de resolver tutelas y la solicitud de revocatoria directa, en las que se controvertía el acto de elección de mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano Bolívar (sic) […]», nunca se sometieron a esa prueba y, en esa medida, al momento de realizarse la entrevista – que resulta ser la actuación en que se reflejaría el conflicto de interés – únicamente respecto del señor Rodrigo José Orcasita Mendoza, el posible interés directo, particular y actual o inmediato de los acusados, desapareció pues esos aspirantes que cuestionaban a los concejales acusados y respecto de los cuales podría haberse generado enemistad, ya no hacían parte del concurso de méritos para elegir al personero municipal.
Pero además, el Acta núm. 057 de 11 de septiembre de 2018, muestra que los concejales Rafael Antonio Teherán Lora, Libardo Vega Pacheco y Rafael Palmera Sulbarán fueron recusados por algunos candidatos a ser elegidos en el cargo de personero municipal de Zambrano (Bolívar) para el período 2016-2020 y en las decisiones adoptadas por el Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar) y por las cuales se desecharon dichas recusaciones se estudió precisamente la existencia de las acciones judiciales y administrativas que hoy el solicitante considera que originan la situación de conflicto de interés.
En cuanto a las recusaciones que fueron desatadas por el Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), en el expediente se encuentra el documento denominado «[…] FORMULACIÓN DE RECUSACIÓN POR NO EXISTIR DECLARACIÓN DE IMPEDIMENTO […]», suscrito por el señor Jimmy José Cruzate Ramírez – el solicitante –, de fecha 27 de agosto de 2018 – con constancia de radicada en esa fecha – en el cual da cuenta de que presentó una solicitud de revocatoria directa con el objeto de que se revocara la decisión adoptada en el Acta núm. 066 de 4 de noviembre de 2017, proferida por el Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar) y en la que se eligió su mesa directiva, compuesta precisamente por los señores Rafael Antonio Teherán Lora, Libardo Vega Pacheco y Rafael Enrique Palmera Sulbarán, por ser, en su concepto, manifiestamente ilegal y violar los derechos fundamentales al debido proceso – artículo 29 de la Carta Política –, a elegir y ser elegido y a la participación política de las minorías.
El contenido de la recusación formulada por el señor Jimmy José Cruzate Ramírez, es el siguiente:
«[…] 2) Que ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Zambrano Bolívar, se presentó y radicó bajo el número 13894-4089-011-2018-00089-00, acción de tutela en contra del Concejo Municipal de Zambrano Bolívar, dentro de la cual se presentó una impugnación del fallo de primera instancia proferido por el Juzgado Promiscuo Municipal de Zambrano Bolívar el día 21 de Agosto de 2018, la cual fue radicada el día 24 de Agosto de 2018.
3) Que el suscrito JIMMY JOSÉ CRUZATE RAMÍREZ, resultó ser incluido dentro de la convocatoria pública para ocupar el cargo de Personero Municipal de Zambrano Bolívar.
4) Que dentro de las etapas de la convocatoria pública ordenada por la Resolución número 115 de Agosto de 2018, se encuentran algunas actuaciones que estarán a cargo de la Mesa Directiva del Concejo Municipal de Zambrano Bolívar.
5) Ante lo expuesto es procedente presentar recusación en contra del señor Rafael Antonio Teherán Lora y demás concejales que integran la mesa directiva del concejo municipal de Zambrano Bolívar, al no poder ustedes continuar conociendo del proceso concursal que se adelanta para proveer el cargo de personero municipal de Zambrano Bolívar, en virtud del conflicto de intereses que se suscita por las acciones y trámites presentadas en contra de la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano Bolívar, relacionadas con una solicitud de revocatoria directa suscrita entre otras personas por el suscrito JIMMY JOSÉ CRUZATE RAMÍREZ.
6) Por las anteriores razones, se encuentran ustedes incursos dentro de las causales de impedimentos indicadas en la legislación vigente, aplicable a este caso pro violación del régimen de conflicto de intereses, al no existir imparcialidad en el evento de que ustedes continúen conociendo de la etapas (sic) a su cargo dentro de la convocatoria ordenada por la RESOLUCIÓN No. 115 DE AGOSTO 10 DE 2018 POR MEDIO DE LA CUAL SE CONVOCA Y REGLAMENTA EL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS PARA PROVEER EL CARGO DE PERSONERO MUNICIPAL DE ZAMBRANO BOLÍVAR.
[…]
CONFLICTO DE INTERÉS […] En este caso, el instituto del conflicto de intereses, al ser del resorte del fuero interno, debe ser valorado con especial cuidado para no vulnerar los derechos y garantías de los asociados; pues es evidente que en los actuales momentos existe un LITIGIO ante autoridades judiciales dado por la acción de tutela con radicado 13894-4089-001-2018-0089-00 y una CONTROVERSIA generada por la actuación administrativa iniciada ante esta misma mesa directiva ante la revocación directa solicitada por los señores JIMMY JOSÉ CRUZATE RAMÍREZ, EDGAR ALFONSO SUÁREZ RODRIGUEZ Y ALEXANDER DAVID LOZANO MULFORD, el día 24 de Agosto de 2018, entre ustedes que como servidores públicos integran o conforman la actual mesa directiva del CONCEJO MUNICIPAL DE ZAMBRANO BOLÍVAR y el suscrito en mi condición de admitido para ocupar el cargo de PERSONERO MUNICIPAL DE ZAMBRANO […]»
El señor Cruzate Ramírez, en documento de 6 de septiembre de 2018 – con constancia de radicación de esa fecha – requirió a los miembros del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar) para que sometieran la citada recusación a la decisión de ese órgano, con el fin de impedir que los acusados participaran en la prueba de entrevista, etapa del concurso de méritos para elegir al personero municipal, prevista en la Resolución núm. 115 de 10 de agosto de 2018, por cuanto aquellos, hasta esa fecha, no se habían declarado impedidos para participar en dicha prueba y en la medida en que aquel – el señor Cruzate Ramírez – se encontraba incluido en los admitidos para participar en el concurso de méritos.
En el anterior documento, se indica lo siguiente:
«[…] Así las cosas, sería una omisión grave no someter a discusión de la plenaria la aprobación de la recusación, faltando a lo dispuesto por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, la Ley 1437 de 2011, que señala en su artículo 12 que los trámites de recusaciones deben ser resueltos por el superior jerárquico, que en el caso del Concejo Municipal de Zambrano Bolívar, es la plenaria.
La misma norma establece que solo ante la falta del superior jerárquico, la recusación debe ser enviada directamente al procurador regional, lo cual podría ocurrir en este caso ante eventual imposibilidad legal de que la plenaria pueda sesionar para estudiar, debatir y aprobar la recusación.
No remitir la recusación directamente al procurador regional, para lo de su competencia y demás fines que estime pertinentes, sería una tramposa maniobra política ya que los señores RAFAEL ANTONIO TEHERÁN LORA, LIBARDO VEGA PACHECO y RAFAEL PALMERA SULBARÁN, que no garantiza la transparencia en el desarrollo de la entrevista por existir una causal de impedimento que obliga a los recusados a declararse impedidos, por estar estos denunciados por la conformación ilegítima de la mesa directiva del Concejo Municipal, pues como se ha manifestado en otras oportunidades hacen parte de un mismo partido y como tal nos encontramos ante una mesa directiva conformada ilegalmente, hecho este que como se sabe ha sido objeto de una acción de tutela y ante esta misma corporación, a través de una solicitud de revocatoria directa; acción de tutela que ha sido impugnada y remitida al Juez de Segunda Instancia, identificada con el radicado 2018-00089-00 […]».
Consta igualmente en el expediente que el señor José Alfredo Ríos Ochoa – aspirante a ocupar el cargo de personero municipal de Zambrano (Bolívar) – requirió a los miembros del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar) a que sometieran la recusación presentada por él – la cual no se encuentra en el expediente – a la decisión de ese órgano, con el fin de impedir que los acusados participaran en la prueba de entrevista, etapa del concurso de méritos para elegir al personero municipal, prevista en la Resolución núm. 115 de 10 de agosto de 2018.
El documento, en su redacción, es similar al requerimiento, que en igual sentido, formuló el señor Cruzate Ramírez.
Además reposa en el proceso una queja por mal comportamiento en contra del concejal Rafael Antonio Teherán Lora, presentada por José Alfredo Ríos Ochoa – aspirante a ocupar el cargo de personero municipal de Zambrano (Bolívar) –, ante el Alcalde Municipal de Zambrano (Bolívar), por cuanto el concejal intentó agredirlo físicamente.
Relata el señor Ríos Ochoa que, además, el concejal Teherán Lora usó expresiones injuriosas en su contra, lo que se debe a que hace parte del grupo de personas que solicitan la revocatoria de su mandato, pidiéndole al mencionado servidor público – Alcalde Municipal – que adoptara la medidas para proteger la integridad física y la honra de los ciudadanos.
En lo atinente a las acciones judiciales y administrativas de las cuales se derivaría el conflicto de interés se encuentra la solicitud de revocatoria directa del Acta núm. 066 de 4 de noviembre de 2018, mediante la cual se realizó la elección de la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), integrada por los acusados, presentada por los señores Jimmy José Cruzate Ramírez – sin firma -, Edgar A. Suarez Rodríguez y Alexander David Lozano Mulford.
En dicho escrito se explica, en síntesis, que no se garantizó la participación de los partidos minoritarios, desconociéndose el artículo 28 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 22 de la Ley 1551 de 2012, pues esos grupos han debido tener el derecho de participar en la primera o segunda vicepresidencia.
De otro lado, los señores Jimmy José Cruzate Ramírez, Edgar Suarez Rodríguez y Alexander David Lozano Mulford acudieron al amparo constitucional para solicitar que se dejara sin efecto el Acta núm. 066 de 4 de noviembre de 2018 y se eligiera nuevamente la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), esbozando iguales razonamientos a los expuestos en la solicitud de revocatoria directa.
Esa acción de amparo constitucional fue declarada improcedente por el Juzgado Promiscuo Municipal de Zambrano (Bolívar), en providencia de 21 de agosto de 2018, Expediente 13894-4089-2018-00089-00, la cual fue impugnada por los actores, sin que se tenga conocimiento del resultado de tal impugnación.
Lo mismo ocurrió con la señora Zaira Steffany Jabba Vergara, quien acudió a la acción de tutela en contra del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), la cual fue admitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Zambrano, Expediente núm. 2018-00094-00, en providencia de 31 de agosto de 2018.
Pretendía con esta acción, dejar sin efectos todo el trámite realizado para proveer el cargo de personero municipal de Zambrano (Bolívar), desde y a partir de la Resolución 115 de 10 de agosto de 2018, acto administrativo por medio del cual se convocó y reglamentó el concurso público de méritos para elegir la persona que ocuparía tal cargo y que se ordenara cumplir las decisiones judiciales de 24 de julio de 2017 y 15 de febrero de 2018, proferidas por el Juzgado Décimo Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante las cuales se declaró la nulidad del acto de nombramiento de la señora Jabba Vergara, como personera municipal de Zambrano (Bolívar).
Consideró, siguiendo las decisiones judiciales citadas, que no resultaba procedente realizar una nueva convocatoria pública por parte del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar) para proveer el cargo mencionado y debió retomarse la ejecución del concurso de méritos desarrollado al amparo de la Resolución núm. 070 de 2015, acto administrativo que, en concepto de la accionante, se encontraba vigente y no fue invalidada.
Afirmó que la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), al iniciar una nueva convocatoria, lesionó los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la función pública y al trabajo de quienes participaron en la convocatoria ordenada en la Resolución núm. 070 de 2015, en la que se publicó el listado de admitidos y no admitidos. Al expediente no se allegó providencia judicial en la que se hubiera puesto fin a dicha acción constitucional.
El señor José Alfredo Ríos Ochoa presentó, igualmente, acción de tutela en contra de la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), Expediente núm. 2018-00090-00, la cual fue admitida mediante providencia de 21 de febrero de 2018, cuyo contenido es similar a la presentada por la señora Zaira Steffany Jabba Vergara, tanto en sus pretensiones como en sus fundamentos y tampoco se allegó providencia judicial en la que se hubiera puesto fin a dicha acción.
Ahora bien, se observa, del contenido del Acta núm. 057 de 11 de septiembre de 2018, que con ocasión de las recusaciones presentadas por los señores Jimmy José Cruzate Ramírez, José Alfredo Ríos Ochoa y Zaira Steffany Jabba Vergara – las de estas dos últimas personas no se encuentran en el expediente -, los concejales acusados consideraron que no debían declararse impedidos para participar en la etapa de entrevista del concurso de méritos para elegir al personero municipal de Zambrano (Bolívar) – período 2016-2020 – y, como efecto de lo anterior, el Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar) procedió a decidir dichas recusaciones, negándolas en su totalidad.
La recusación presentada por el señor Jimmy José Cruzate Ramírez, como se puede observar de su contenido, está relacionada íntimamente con la acción de amparo constitucional, expediente 13894-4089-2018-00089-00, y con la solicitud de revocatoria directa del Acta núm. 066 de 4 de noviembre de 2017.
Lo anterior, toda vez que en esa recusación se solicita que los concejales acusados se separen del conocimiento del concurso de méritos para elegir al personero municipal de Zambrano (Bolívar) – período 2016-2020 –, por existir precisamente dichas actuaciones judiciales y administrativas – la acción de tutela y la solicitud de revocatoria directa - que cuestionan la conformación de la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), y dicho concejo municipal decidió no rechazarla.
Por otro lado, si bien las recusaciones presentadas por los señores José Alfredo Ríos y Zaira Steffany Jabba Vergara, en contra de la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), no se encuentran en el expediente, en el Acta núm. 057 de 11 de septiembre de 2018 se hace una breve referencia a su contenido.
Así, consta que la presentada por el señor José Alfredo Ríos Ochoa está relacionada con un conflicto que tuvo el señor Rafael Antonio Teherán Lora, presidente del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar) con el señor Ríos Ochoa, «[…] puesto que un día fue a saludarme y yo lo manotie (sic) […]», que resulta ser la situación que dio lugar a que el señor Ríos Ochoa presentara una queja en contra del señor Rafael Teherán y que fuera radicada en la Alcaldía Municipal el 14 de febrero de 2017.
En relación con la presentada por la señora Zaida Steffany Jabba Vergara, consistente en que «[…] Ella alega de que esta mesa directiva no le dio cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Décimo Quinto Administrativo de Bolívar, donde ella pierde la investidura de personera y ella dice que no se acató el fallo del JUEZ, por lo tanto interpone un desacato ante el Juzgado Décimo Quinto Administrativo de Bolívar, […]», se advierte coincidencia con los argumentos expuestos por parte de esta aspirante y del señor Ríos Ochoa, en las acciones de tutela de radicación 2018-00090-00 y 2018-00094-00, máxime si se tiene en cuenta que en el incidente de desacato mencionado por los concejales, la señora Jabba Vergara esgrime análogos razonamientos a los esbozados en las acciones de tutela mencionadas. El contenido del incidente, en lo que es útil a la decisión de este caso, es el siguiente:
«[…] Que la nueva convocatoria vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la función pública y al trabajo de quienes resultamos incluidos dentro del listado de admitidos como resultado de la ejecución del cronograma diseñado al interior de la convocatoria ordenada por la resolución número 070 de 2015, al ordenarse el inicio de una nueva convocatoria sin que ninguna autoridad haya anulado o suspendido la convocatoria a su vez ordenada mediante la Resolución Número 070 de 2015, la cual goza en los actuales momentos con vida jurídica, ya que no ha sido derogada ni suspendida.
[…]
La aceptación de nuevos aspirantes dentro del proceso o concurso público realizado con base en la nueva convocatoria se cercenaron los derechos adquiridos de quienes hicimos parte de la anterior convocatoria, y se omite dar cumplimiento a lo establecido en las Sentencia Judicial (sic) de Primera Instancia proferida por el Juzgado 15 Administrativo Oral de Cartagena de Indias, modificada por la Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
[…]
Con la apertura de la Convocatoria ordenada por la Resolución No. 115 De 10 de Agosto de 2018 (sic) […] y con la aceptación de nuevos aspirantes dentro del proceso o concurso público realizado con base en la nueva convocatoria […] se cercenaron los derechos adquiridos y fundamentales de acceso a la función pública y derecho al trabajo de quienes hacemos parte de la anterior convocatoria, por cuanto somos quienes poseemos el derecho a participar dentro del concurso público para acceder o proveer el cargo de Personero Municipal de Zambrano Bolívar, por así concluirse de una correcta interpretación de las Sentencia Judiciales (sic) de Primera Instancia proferida por el Juzgado 15 Administrativo Oral de Cartagena de Indicas, modificada por la Sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar […]».
La Sala no entrará en la discusión abordada por el Tribunal Administrativo de Bolívar consistente en que el término para ejercer el medio de control de nulidad electoral para discutir el Acta núm. 066 de 4 de noviembre de 2017 se encontraba vencido o si la acción de tutela o la solicitud de revocatoria directa resultaban procedentes para cuestionar la elección de la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar), pues no es la autoridad competente para hacer ese tipo de declaraciones.
Lo que debe resaltarse en este asunto es el hecho cierto consistente en que el Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar) al resolver las recusaciones presentadas por aspirantes al cargo de personero municipal evaluó: (i) la existencia de una revocatoria directa en contra de la decisión contenida en el Acta núm. 066 de 4 de noviembre de 2017 respecto de la conformación de la mesa directiva de aquel concejo; (ii) la existencia de una acción de tutela identificada con el número de expediente 2018-00089-00; (iii) la existencia de una queja formulada en contra del señor Rafael Antonio Teherán Lora por una presunta agresión al señor José Alfredo Ríos Ochoa; y (iii) los argumentos expuestos por la señora Zaida Steffany Jabba Vergara, que son sustento de las acciones de tutela de radicación 2018-00090-00 y 2018-00094-00; decidiendo rechazarlas y, en consecuencia, habilitando a los acusados para que pudieran participar en la prueba de entrevista.
II.5.- Conclusiones
De lo expuesto anteriormente, se puede concluir, en primer lugar, que el señor Rafael Antonio Teherán Lora fue separado de la realización etapa de entrevista del concurso de méritos para elegir al personero municipal de Zambrano (Bolívar) – período 2016-2020 – a realizarse el 11 de septiembre de 2018 – Acta núm. 057 de 11 de septiembre de 2018, al haber sido aceptado el impedimento presentado ante el Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar) dicho día.
Asimismo y en segundo lugar, se advierte que los señores César Alberto Bolívar Hernández, Jimmy José Cruzate Ramírez, Zaira Steffany Jabba Vergara y José Alfredo Ríos Ochoa no presentaron la prueba de entrevista, etapa del concurso de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Zambrano (Bolívar), de acuerdo a la Resolución 115 de 10 de agosto de 2018, la cual fue presentada, únicamente, por el señor Rodrigo José Orcasita Mendoza, lo que implica la inexistencia del interés directo, particular y actual o inmediato de los acusados en la realización de dicha prueba y respecto de los citados aspirantes.
Además, se encuentra que la situación que originaría la presencia de un interés directo, particular y actual o inmediato de los acusados, esto es, la existencia de acciones de tutela y de una solicitud de revocatoria directa -, que discuten la conformación de la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar) y el concurso de méritos para elegir al personero de ese municipio convocado mediante la Resolución núm. 115 de 10 de agosto de 2018, lo cual tornaría parcial a los concejales acusados que tratarían de impedir que los aspirantes que presentaron esas acciones fueran elegidos en el cargo de personero municipal, fue analizada por dicho concejo municipal con ocasión de las recusaciones presentadas por los señores Jimmy José Cruzate Ramírez, José Alfredo Ríos Ochoa y Zaira Steffany Jabba Vergara.
En relación con las acciones de tutela de radicación 2018-00090-00 y 2018-00094-00, se encuentra que si bien el Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar) no evaluó específicamente la existencia de estas acciones, pero si estudió los argumentos de fondo que las sustentaban, encontrando que ellos no eran suficientes para separar a los acusados del desarrollo de la prueba de entrevista, etapa del concurso de méritos para elegir al personero de ese municipio.
La Sala, por otro lado, se abstiene de debatir si en los medios de control para discutir la conformación de la mesa directiva del Concejo Municipal de Zambrano (Bolívar) había operado el fenómeno de la caducidad o si la acción de tutela o la revocatoria directa resultan ser los mecanismos para cuestionar dicha conformación – adoptada en el Acta núm. 066 de 4 de noviembre de 2017 – pues no es de su competencia definir tales aspectos, indicando que es evidente que el medio de control de pérdida de investidura que hoy decide fue presentado dentro del término previsto en el artículo 6 de la Ley 1881 de 2018, como lo explica el agente del Ministerio Público.
En este orden de ideas no se presentan los elementos exigidos para la configuración de la causal de pérdida de investidura prevista en el numeral 1° del artículo 48 de la Ley 617 de 2000, relativa a la violación del régimen de conflicto de intereses, lo que da lugar, entonces, a la confirmación de la sentencia de primera instancia que negó la desinvestidura de los señores Rafael Antonio Teherán Lora, Libardo Vega Pacheco y Rafael Palmera Sulbarán, concejales del municipio de Zambrano (Bolívar) para el período 2016-2019.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia apelada proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado
Presidente
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejero de Estado Consejero de Estado
Fol. 1-17, cuaderno principal 1.
«[…] Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional […]».
«[…] por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo […]».
Fol. 107-116, cuaderno principal 1.
Fol. 320-330, cuaderno principal 2.
Fol. 335-341 y 342-350, cuaderno principal 2.
Fol. 4, cuaderno Consejo de Estado.
Fol. 17-21, cuaderno Consejo de Estado.
Fol. 23-45, cuaderno Consejo de Estado.
Fol. 265-268, cuaderno principal 2.
Fol. 17, disco compacto anexo a ese folio, que contiene, entre otros, documentos, el archivo «[…] 8. ACTA DE ESCRUTINIOS.pdf […]».
«[…] ARTÍCULO 5. Cuando la solicitud sea presentada ante el Consejo de Estado por un ciudadano, esta deberá formularse por escrito y contener, al menos: […] b) Nombre del Congresista y su acreditación expedida por la Organización Electoral Nacional […]».
«[…] ARTÍCULO 22. Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea compatible a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputados […]».
«[…] Art. 320.- El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión […]».
«[…] Art. 328.- El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […]».
«[…] “POR LA CUAL SE ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO DE PÉRDIDA DE LA INVESTIDURA DE LOS CONGRESISTAS, SE CONSAGRA LA DOBLE INSTANCIA, EL TÉRMINO DE CADUCIDAD, ENTRE OTRAS DISPOSICIONES"[…]».
«[…] Artículo 21. Para la impugnación de autos y en los demás aspectos no contemplados en esta ley se seguirá el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y de forma subsidiaria el Código General del Proceso en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.
Artículo 22. Las disposiciones contenidas en esta ley serán aplicables, en lo que sea compatible a los procesos de pérdida de investidura de concejales y diputado […]».
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Sentencia de primero (1) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 66001-23-33-000-2017-00089-01(PI).
Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 9 de noviembre de 2016. Expediente radicación nro. 11001-03-15-000-2014-03117-00 (PI). C.P. William Hernández Gómez.
CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN PRIMERA, Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ. Sentencia de primero (1) de febrero de dos mil dieciocho (2018). Radicación número: 66001-23-33-000-2017-00089-01(PI).
Consejo de Estado- Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 6 de junio de 2017. Expediente radicación nro.11001-03-15-000-2016-02279-00(PI). (PI). C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Fol. 255-263, cuaderno principal 2.
Fol. 17, cuaderno principal 1. Se encuentra disco compacto anexo a ese folio, que contiene, entre otros, documentos, el archivo «[…] 4. RESOLUCION 115 CONCURSO PERSONERO.pdf […]».
Fol. 23, cuaderno principal 1.
En el Acta núm. 057 de 11 de septiembre de 2018 se indica: «[…] en el orden alfabético continua el aspirante a personería CESAR BOLÍVAR HERNÁNDEZ, para su presentación personal, cuando después de presentarse manifestó haber radicado el día 7 de septiembre una reclamación ante la ECAT LTDA, la cual a la fecha según él no había sido absuelta, por lo que se considera no habilitado para continuar en el concurso, sin embargo toma la decisión de renunciar al concurso de mérito, la cual presenta por escrito, documento firmado por cuatro de los cinco concursantes […]».
Recuérdese que al concejal Rafael Antonio Teherán Lora le fue aceptado un impedimento para actuar en esa etapa del concurso de méritos.
CONSEJO DE ESTADO, SALA PLENA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ, Sentencia de veintisiete (27) de julio de dos mil diez (2010), Radicación número: 11001-03-15-000-2009-01219-00(PI).
Sentencia AC 3300 del 19 de marzo de 1996; CP: Dr. Joaquín Barreto Ruiz.
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Providencia del 17 de octubre de 2000. C. P. Mario Alario Méndez. Expediente No. AC- 1116.
Sentencia de Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de 19 de julio de 1991, Exp. AC-1433, C.P. Dr. Diego Younes Moreno.
Sentencia del 26 de julio de 1994. Radicación AC-1499. C.P. Delio Gómez Leyva.
Sentencia proferida el 23 de marzo de 2010; expediente PI 000198-00; C.P. Dr. Hugo Fernando Bastidas B.
Sentencia PI 0584 00 del 9 de noviembre de 2004.
Sentencia AC 3300 del 19 de marzo de 1996; CP: Dr. Joaquín Barreto Ruiz.
Sentencia AC 3300 del 19 de marzo de 1996; CP: Dr. Joaquín Barreto Ruiz.
Fol. 41-44, cuaderno principal 1.
Fol. 219, cuaderno principal 2. Listado de admitidos en el proceso de selección para la elección del personero municipal de Zambrano (Bolívar).
Fol. 45-47, cuaderno principal 1.
Fol. 219, cuaderno principal 2. Listado de admitidos en el proceso de selección para la elección del personero municipal de Zambrano (Bolívar).
Fol. 219, cuaderno principal 2. Listado de admitidos en el proceso de selección para la elección del personero municipal de Zambrano (Bolívar).
Fol. 26-27, cuaderno principal 1.
Fol. 25, cuaderno principal 1.
Fol. 60-65, cuaderno principal 1.
Fol. Fol. 248-254, cuaderno principal 2. En los folios 37-40 se encuentra una copia parcial de ese documento que se encuentra suscrita por el señor Cruzate Ramírez.
Fol. 74-83, cuaderno principal 1.
Fol. 48-505, Fol. 69-73 y Fol. 51, cuaderno principal 1.
Fol. 52-56, cuaderno principal 1.
Fol. 117, cuaderno principal 1.
Fol. 118-141, cuaderno principal 1.
Fol. 142, cuaderno principal 1.
Fol. 255, cuaderno principal 2.
Fol. 25, cuaderno principal 1.
Fol. 277-286, cuaderno principal 2. La parte citada corresponde a la providencia de 19 de septiembre de 2018, mediante la cual el Juzgado Décimo Quinto Administrativo Oral del Circuito de Cartagena rechazó el incidente de desacato.
Fol. 17, disco compacto anexo a ese folio, que contiene, entre otros, documentos, el archivo «[…] 4. RESOLUCION 115 CONCURSO PERSONERO.pdf […]».
PAGE \* MERGEFORMAT21
Radicación: 13001-23-33-000-2018-00670-01
Demandante: Jimmy José Cruzate Ramírez
Demandada: Rafael Antonio Teherán Lora y otros
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