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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00312-01

Fecha
1 de agosto de 2024
Consejero ponente
Jorge Edison Portocarrero Banguera
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00312-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 5 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió a las súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la sentencia. SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia. TERCERO. - DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2021-00312-01

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

1 de agosto de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera

Bogotá D.C., primero (1) de agosto de dos mil veinticuatro (2024)

Radicado :08001-23-33-000-2021-00312-01(3764-2023)
Demandante : George Enrique Ortiz Padilla y otro
Demandado : Nación – Ministerio de Educación Nacional –
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio y otro
Medio de control : Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema : Reconocimiento pensión de sobrevivientes
post mortem 18 años- indexación mesadas
pensionales
Decisión : Sentencia de segunda instancia

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la
sentencia proferida el 5 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo del
Atlántico, que accedió a las pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

1. Demanda

1.1. Pretensiones

George Enrique Ortiz Padilla y Royma de Jesús Ortiz Ortiz, mediante
apoderado judicial acudieron a la jurisdicción en ejercicio del medio de control
previsto en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo, para solicitar la nulidad de los siguientes actos
administrativos1:

1
Samai “gestión otros despachos”- expediente digital-índice 0017 y 0018.

2

Interno: 3764-2023
Demandante: George Enrique Ortiz Padilla y Otro
Demandada: Nación-Mineducación y Otros

Resolución 0025 de 1 de marzo de 2018 expedida por la Secretaría de
Educación Municipal de Malambo (Atlántico) que les negó el reconocimiento
de la pensión de jubilación post mortem 18 años.

Acto ficto o presunto surgido de la no contestación del recurso de reposición
interpuesto contra el acto administrativo anterior.

A título de restablecimiento del derecho pidió que se condene a las
demandadas a (i) pagar las mesadas pensionales causadas a partir del día
siguiente al fallecimiento de la docente; (ii) reconocer el retroactivo pensional,
debidamente indexado; (iii) pagar los intereses moratorios; y (iv) se les
condene en costas y agencias en derecho.

Los hechos en que se fundamentan las pretensiones de la demanda en
síntesis son los siguientes:

“PRIMERO: El señor GEORGI ENRIQUE ORTIZ PADILLA, contrajo
nupcias por el rito católico con la señora BALIZ MARGARITA ORTIZ
ARDILA, el día 20 de diciembre de 1997, en la ciudad de Barranquilla,
Atlántico, de cuya unión marital, nació el joven ROYMA DE JESUS ORTIZ
ORTIZ, el día 10 de septiembre de 1.999.
SEGUNDO: La señora BALIZ MARGARITA ORTIZ ARDILA (Q.E.P.D.), se
desempeñaba como docente en la Institución Educativa el Concord del
Municipio de Malambo – Atlántico, al cual ingresó el día 21 de diciembre
de 1995, hasta el día de su fallecimiento, ocurrido el día 09 de enero de
2011.
TERCERO: La señora BALIZ MARGARITA ORTIZ ARDILA (Q.E.P.D.), se
encontraba inscrita en el escalafón Nacional en el Grado 11 de la Planta
Globalizada del Municipio de Malambo, Atlántico, nombrada conforme al
Decreto No. 000694 de fecha 05 de septiembre de 1.995.
CUARTO: El día 29 de septiembre de 2011, el señor GEORGI ENRIQUE
ORTIZ PADILLA, esposo de la señora BALIZ MARGARITA ORTIZ ARDILA
(Q.E.P.D.), Radico la petición No. 2011-AUX-000782, de fecha 4 de octubre
de 2011, a la Secretaría de Educación Municipal de Malambo, Atlántico,
donde le solicitó el reconocimiento y pago de pensión post – mortem y/o
pensión de sobreviviente, ante la Secretaría de Educación del Municipio
de Malambo (Atlántico), en calidad de cónyuge supérstite de la fallecida
BALIZ MARGARITA ORTIZ ARDILA (Q.E.P.D.) y en representación de su
hijo ROYMA DE JESUS ORTIZ ORTIZ, quien, para la época, era menor de
edad, por considerar que (…) les asistía el derecho a la pensión de
sobrevivencia.

3

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Demandante: George Enrique Ortiz Padilla y Otro
Demandada: Nación-Mineducación y Otros

QUINTO: En consideración a lo anterior, la Secretaría de Educación
Municipal de Malambo (Atlántico), desatendió la anterior solicitud,
omitiendo dar la respuesta, respecto del reconocimiento de la prestación,
consistente en la Pensión de Sobreviviente.

SEXTO: El señor GEORGI ENRIQUE ORTIZ PADILLA, en nombre propio
y en representación de su menor hijo para esa época, ROYMA DE JESUS
ORTIZ ORTIZ, interpuso una acción de tutela, con el fin de que le ampararan
sus derechos fundamentales al debido proceso, contra FIDUPREVISORA
S.A.; FONDO NACIONAL DEL MAGISTERIO y la SECRETARIA DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL DE MALAMBO (Atlántico), el cual le
correspondió por reparto al JUZGADO CATORCE LABORAL DEL
CIRCUITO DE BARRANQUILLA, con radicación No. 2017-00135.
SEPTIMO: EL JUZGADO CATORCE LABORAL DEL CIRCUITO DE
BARRANQUILLA, mediante providencia de fecha 4 de julio de 2017, le
amparó el derecho fundamental al debido proceso, al señor GEORGI
ENRIQUE ORTIZ PADILLA, y para la época a su menor hijo ROYMA DE
JESUS ORTIZ ORTIZ, y ordenó a las accionadas, emitir el acto
administrativo, en virtud del cual se motive y se exprese los fundamentos
facticos y legales para negar la solicitud de pensión post mortem deprecada.
OCTAVO: El día 25 de julio de 2017, mediante oficio SECEDU-0394-2017,
la secretaria de Educación Municipal de Malambo (Atlántico), por conducto
de su secretario Dr. ALEX SOLANO MARTINEZ, presentó recurso de
impugnación, contra la anterior providencia del JUZGADO CATORCE
LABORAL DEL CIRCUITO DE BARRANQUILLA, en la que acompañó tres
folios correspondientes a un proyecto de resolución sin número ni firma, en
la que solo se señaló la fecha correspondiente al año 2016, sin mes, ni día.
(…)
DECIMO: En el proyecto de resolución antes citado, en su parte resolutiva,
en el artículo primero, se señaló: reconocerse y páguese la sustitución
pensional post-mortem, causada por la docente BALIZ MARGARITA ORTIZ
ARDILA (Q.E.P.D.), identificada con al C.C. No. 32.624.004 expedida en
Barranquilla, como pensionado del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, con vinculación Nacional, en cuantía de UN MILLON
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO
PESOS ( $1.325.774.oo ) , M.L.C.
(…)
DECIMO SEGUNDO: En cumplimiento de las anteriores ordenes de tutela,
fue expedida por parte de la Secretaría de Educación del Municipio de
Malambo (Atlántico), la resolución No. 0025 de fecha marzo 1 de 2018,
mediante “el cual le fue negado el derecho a la Pensión de jubilación post
mortem 18 años”, al señor GEORGI ENRIQUE ORTIZ PADILLA, y su menor
hijo ROYMA DE JESUS ORTIZ ORTIZ.
(…)
DECIMO CUARTO: Entre las consideraciones expuestas por parte de la
Secretaria de Educación del Municipio de Malambo (Atlántico), en el anterior
acto administrativo, textualmente se señaló: Que el régimen aplicable al

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Demandante: George Enrique Ortiz Padilla y Otro
Demandada: Nación-Mineducación y Otros

docente BALIZ MARGARITA ORTIZ ARDILA (Q.E.P.D.), para el
reconocimiento de la Pensión post mortem 18 años es el establecido en el
Decreto 224 de 1972 que establece en su artículo 7º “En caso de un docente
que aún no haya cumplido el requisito de edad exigido para la obtención de
la pensión, pero que hubiere trabajado como profesor en planteles oficiales
por lo menos diez y ocho (18) años continuos y discontinuos, el cónyuge y
los hijos menores tendrán derecho a que por la respectiva entidad de
previsión se pague una pensión equivalente al 75% de la asignación
mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la
muerte mientras aquel no contraiga nuevas nupcias o el hijo menor cumpla
la mayoría de edad y por un tiempo máximo de cinco (5) años”. (Cursiva
nuestro).
DECIMO QUINTO: También se señaló dentro del mismo acto administrativo
arriba en mención, en el considerando subsiguiente así: “Del tiempo
laborado, se determina que la docente BALIZ MARGARITA ORTIZ
ARDILA, (Q.E.P.D.) identificada en vida con la cedula No 32.624.004
expedida en Barranquilla, al momento del fallecimiento no contaba con 18
años de servicios oficiales, requisito este que exige en forma taxativa el
artículo 7º del Decreto 224 de 1972, motivo por el cual el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, no accede a la petición del señor
GEORGI ENRIQUE ORTIZ PADILLA, identificado con la cedula de
ciudadanía No 72.149.650 de Barranquilla en calidad de cónyuge y ROYMA
DE JESUS ORTIZ ORTIZ en calidad de hijo menor. (Cursiva nuestro).
(…)
VIGESIMO PRIMERO: En el caso concreto de la docente BALIZ
MARGARITA ORTIZ ARDILA, (Q.E.P.D.), la misma laboró en un periodo
de tiempo comprendido entre el 21 de septiembre de 1995, hasta 09 de
enero de 2011, fecha ésta, de su fallecimiento, en la cual permaneció
vinculada con la Institución Educativa el Concord en la planta globalizada
del MUNICIPIO DE MALAMBO (Atlántico), un total 5.820 días, esto es que,
laboró 15 años, 03 meses y 09 días, en forma ininterrumpida.

VIGESIMO SEGUNDO: Si bien es cierto, la señora BALIZ MARGARITA
ORTIZ ARDILA, (Q.E.P.D.), como docente del anterior plantel oficial, al
momento de su fallecimiento, no alcanzó a reunir el requisito fijado en la
disposición especial, determinado en el artículo 7º del Decreto 224 de 1972,
esto es, haber laborado por lo menos diez y ocho (18) años continuos o
discontinuos, para que en el presente caso, su núcleo familiar, conformado
por su cónyuge e hijo menor, accedieran a la prestación de la pensión de
jubilación post-mortem, de que trata el anterior Decreto, e invocado en la
resolución No. 0025 de fecha marzo 1 de 2018, para así negársele la
pensión vitalicia de sobrevivencia, el cual no le era aplicable, por ser más
gravosa, sino, conceder la anterior prestación, con base en las relacionadas
en la autonomía y separabilidad de la prestación, contenida en los artículos
46, 47 y 48 de la ley 100 de 1993, modificada por el artículo 12, de la Ley
797 de 2003, que requería para el miembro del grupo familiar del afiliado al
sistema, que fallezca, un total de Cincuenta (50) semanas cotizadas
dentro de los tres últimos años, inmediatamente anteriores al
fallecimiento.
(…)

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Demandante: George Enrique Ortiz Padilla y Otro
Demandada: Nación-Mineducación y Otros

VIGESIMO CUARTO: Al observarse los vacíos e inaplicabilidad de las
anteriores normas, contenidos en Resolución No. 0025 de fecha 01 de
marzo de 2018, para concederse la prestación demandada, sobre la misma
se interpuso el recurso de reposición, ante la SECRETARIA DE
EDUCACIÓN MUNICIPAL DE MALAMBO (Atlántico), a través de escrito
fechado 9 de marzo de 2018, contra la anterior Resolución, lo cual al
sustentarse el anterior recurso de reposición, se le expuso a la Secretaria
de Educación del Municipio de Malambo, las razones por las cuales no era
procedente la aplicación de las disposiciones señaladas en el artículo
séptimo del Decreto 224 de 1972, que son las expuestas.
VIGESIMO QUINTO: Hasta el momento de presentación de la demanda, no
se ha resuelto en su contestación, el recurso de reposición de fecha 9 de
marzo de 2018, interpuesto contra la Resolución No. 0025 de fecha 01 de
marzo de 2018, por lo que se ha configurado para el efecto, el silencio
administrativo negativo de carácter procesal o adjetivo, por falta de la
decisión, sobre el anterior recurso de reposición invocado.
(…)”

1.2. Normas violadas y concepto de violación

De la Constitución Política: artículos 2, 4, 13, 48 y 58; Declaración Universal
de Derechos Humanos: artículo 22 y 25 numeral 1; Protocolo Adicional a La
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”; artículo 9 del
Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011 art. 138). Legales y
reglamentarios: artículos 46, 47 y 288 de la Ley 100 de 1993; artículo 12 y 13
de la Ley 797 de 2003; y artículo 7 Decreto 224 de 1972.

Al desarrollar el concepto de violación señaló que “(…) no reconocerles, ni
pagarles la pensión de sobrevivencia a la que por ley tienen derecho, al dejarse
causado el derecho por parte de la docente fallecida, quien hacia parte de la
planta de educadores del plantel oficial del municipio, al momento de su
fallecimiento, en razón de no alcanzar a contemplar el requisito fijado en la
disposición especial, determinado en el artículo 7º del Decreto 224 de 1972,
esto es, haber laborado por lo menos diez y ocho (18) años continuos o
discontinuos, para que en el presente caso, su núcleo familiar, conformado por
su cónyuge e hijo menor, accedieran a la prestación de la pensión de jubilación
post-mortem, de que trata el anterior Decreto, e invocado en la resolución No.
0025 de fecha marzo 1 de 2018, para así negársele la pensión vitalicia de

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sobrevivencia, el cual no le era aplicable, por ser más gravosa, sino, conceder
la anterior prestación, con base en las relacionadas, en la autonomía y
separabilidad de la prestación, contenida en los artículos 46, 47, y 48 de ley
100 de 1993, modificada por el artículo 12, de la Ley 797 de 2003, que requería
para el miembro del grupo familiar del afiliado al sistema, que falleciera, un
total de Cincuenta (50) semanas cotizadas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento”.

2. Contestación de la demanda

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio se opuso a las súplicas de la demanda
al considerar que2:

El acto demandado se profirió en estricto cumplimiento de las normas que
resultan aplicables para el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes. Aunado a que, no se logró demostrar el requisito de
convivencia como elemento material relevante para el reconocimiento de la
prestación de la cual se ruega amparo.

EI Municipio de Malambo no contestó la demanda3.

3. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo del Atlántico por sentencia de 5 de agosto de 2022,
accedió a las súplicas de la demanda bajo los siguientes argumentos4:

Destacó que, al momento de contestar la demanda el Ministerio de Educación
cuestionó que los accionantes no habían acreditado el requisito de convivencia,
lo cual quedó desvirtuado, pues el Municipio de Malambo por intermedio de la
Secretaría de Educación les reconoció el seguro por muerte y las cesantías
definitivas que causó Baliz Margarita Ortiz Ardila (q.e.p.d).

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Indicó que, en el sub examine la situación de los accionantes se puede analizar
desde la óptica de la norma especial del Decreto 224 de 1972 y la general prevista
en Ley 100 de 1993, (pese a que las prestaciones allí consagradas comparten la
misma naturaleza), existe una diferencia en cuanto a los requisitos para acceder
a la pensión de sobrevivientes. La primera, exige la prestación del servicio
docente por 18 años, y la Ley 100 de 1993 y sus respectivas modificaciones 50
semanas de cotización dentro de los 3 años anteriores al fallecimiento del
cotizante; por lo que, resulta más beneficiosa en cuanto a su reconocimiento.

Precisó que, según los documentos que obran en el expediente, Baliz Margarita
Ortiz Ardila (q.e.p.d.) laboró como docente oficial desde el 21 de septiembre de
1995 hasta el 9 de enero de 2011; esto es, por espacio de 15 años, 3 meses y 19
días (5820 días) equivalentes a 831 semanas, y que, pese a que no cumplió 18
años requeridos para la pensión post mortem, acreditó el requisito de semanas
de que trata la Ley 100 de 1993 que da lugar a la pensión de sobrevivientes.

En tal sentido, consideró que la aplicación del artículo 46 de la Ley 100 de 1993,
resulta más favorable que las prestaciones reconocidas a los docentes bajo la
misma contingencia; por lo que, la definición del asunto no puede conducir a la
decisión adoptada por la entidad demandada que negó la prestación en aplicación
de dicho régimen especial.

Por consiguiente, declaró la nulidad de la Resolución 0025 de 1 de marzo de 2018
y del acto administrativo ficto o presunto que se originó ante la falta de resolución
del recurso de reposición interpuesto, teniendo en cuenta que infringen las
normas frente a las cuales debieron fundarse. Luego, a título de restablecimiento
del derecho, ordenó al Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio a reconocer y pagar la pensión de sobrevivientes a favor
de la parte demandante con apego del artículo 48 de la Ley 100 de 1993.

Empero, y toda vez que la causante cotizó 831 semanas en el Municipio de
Malambo, la prestación pensional de la cual se ruega amparo será reconocida a
sus beneficiarios en un 57% del IBL; esto es, conforme a lo reglado en el artículo
21 de la Ley 100 de 1993 “promedio de los salarios o rentas sobre los cuales
cotizó en todo el tiempo que laboró como docente”.

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En suma, la pensión reconocida será vitalicia a favor de Georgi Enrique Ortiz
Padilla, teniendo en cuenta que a la fecha del fallecimiento de la causante tenía
más de 30 años de edad (nació el 28 de agosto de 1967). No obstante, en relación
con Royma Ortiz5, y al acreditarse que es estudiante universitario, tendrá derecho
a beneficiarse de la pensión de sobrevivientes hasta que cumpla 25 años (10 de
septiembre de 2024).

Refirió que, el derecho a la pensión de sobrevivientes a favor de los demandantes
se hizo exigible a partir del día siguiente al fallecimiento de la señora Ortiz Ardila
(10 de enero de 2011), la solicitud de reconocimiento pensional se formuló el 29
de septiembre de 2011, y se profirió respuesta el 1 de marzo de 2018. Por lo que;
si bien es cierto, la Secretaría de Educación del Municipio de Malambo omitió
cumplir los términos para dar respuesta a la solicitud que radicó la parte
demandante para efectos de reconocimiento pensional, ello no impidió que los
actores acudieran ante la jurisdicción a efectos de cuestionar el acto ficto o
presunto que se originó.

En suma, que al haberse presentado la demanda el 23 de noviembre de 2020, el
término de prescripción se interrumpió en relación con las mesadas causadas con
3 años de antelación a esa fecha. Por tal motivo, declaró la prescripción extintiva
frente a las mesadas pensionales causadas entre (el 10 de enero de 2011 y el 22
de noviembre de 2017), de conformidad con el artículo 187 del CPACA.

Igualmente, que las mesadas pensionales que se causaron entre el (23 de
noviembre de 2017 y el 10 de septiembre de 2024) se dividirán entre los
accionantes, y en lo sucesivo, la pensión deberá ser pagada en su totalidad a
Georgi Ortiz.

Finalmente, negó el pago de intereses moratorios de las mesadas reconocidas,
teniendo en cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 100 de 1993,
a ello hay lugar únicamente cuando exista reconocimiento de la referida
prestación, cuestión que solo se dará con la ejecutoria de esta sentencia.

5
Nació el 10 de septiembre de 1999.

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No condenó en costas a la parte demandada.

4. El recurso de apelación

Inconformes con la decisión del Tribunal las partes presentaron recuso de
alzada.

Los accionantes6 por intermedio de apoderado indicaron como disenso que (i)
el a quo no reconoció la indexación por concepto de mesadas pensionales; (ii)
omitió pronunciarse respecto de los reajustes; y (iii) debió condenar en costas.
Por consiguiente, pidió que la sentencia se modifique.

La Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio7 como motivo de inconformidad
adujeron que “el docente por ser nacionalizado, no se rige por las
disposiciones consagradas en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003, pues
fueron exceptuados de su aplicación, no habiendo lugar a predicar la
favorabilidad para invocar la extensión de unas normas que los exceptuó
expresamente; Lo anterior obedece a que los docentes afiliados al Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio se rigen por los Decretos 1848 de 1969
y 1160 de 1989”.

5. Alegatos de conclusión

Por auto de 22 de marzo de 20248, el despacho sustanciador admitió el recurso
de apelación interpuesto por la parte demandada y, en virtud del numeral 5 del
artículo 67 de la Ley 2080 de 2021, no se corrió traslado a las partes para
alegar; sin embargo, por no existir pruebas que decretar en segunda instancia,
se prescindió del periodo para que las partes alegaran de conclusión.

6. Ministerio Público guardó silencio9.

6
Samai índice 024.
7
Samai índice 025.
8
Samai índice 005.
9
Sama índice 009.

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II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

La Subsección es competente para conocer en segunda instancia de este
proceso de conformidad con lo establecido en el artículo 150 del CPACA.

2.2. Problema jurídico

En los términos del recurso de apelación interpuesto por las partes le
corresponde a la Sala establecer si revoca la sentencia del Tribunal
Administrativo del Atlántico que accedió a las pretensiones de la demanda.

En tal sentido se estudiará (i) si a los demandantes les asiste derecho o no
para reclamar de las entidades demandadas el reconocimiento de la pensión
de sobreviviente con ocasión de la muerte de la docente Baliz Margarita Ortiz
Ardila (q.e.p.d.), con fundamento en el principio de favorabilidad y en
aplicación de la Ley 100 de 1993 como lo determinó el a quo; y (ii) si se
requiere autorización expresa del juez para reconocer la indexación y reajuste
de la prestación pensional reconocida.

Con el propósito de desatar el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: (2.2.1.) Marco normativo; (2.2.2) Pensión de sobrevivientes; (2.2.3.)
Iindexación y reajuste pensional; (2.3) Hechos probados; y (2.4) caso concreto.

2.2.1. Marco normativo

El Decreto 224 de 1972 “Por el cual se dictaron normas especiales
relacionadas con el sector docente”, respecto de aquellas personas que, como
el causante no lograron concretar su derecho pensional por la circunstancia
insuperable de su fallecimiento, dispuso:

“Artículo 7. En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito
de edad exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como
profesor en planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años continuos
o discontinuos, el cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la
respectiva entidad de previsión se pague una pensión equivalente al 75 % de

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la asignación mensual fijada para el cargo que desempeñaba el docente al
tiempo de la muerte mientras aquel no contraiga nuevas nupcias o el hijo menor
cumpla la mayoría de edad y por un tiempo máximo de cinco (5) años”.10 (Resalta la
Sala).

Bajo la norma expuesta, se colige que los docentes no están gobernados por
un régimen especial en materia pensional y que al respecto deben observarse
las reglas contenidas en la Ley 91 de 1989, que remiten a la aplicación de las
normas generales vigentes antes de su expedición para los pensionados del
sector público. Sin embargo, debe recordarse que los docentes gozan de
especialidad en la regulación normativa de algunos derechos prestacionales
como la pensión gracia y la pensión que por virtud del Decreto 224 de 1972 se
consagró para el cónyuge e hijos menores del docente fallecido, cuando este
último no lograba alcanzar el tiempo mínimo de vinculación y cotización al
sistema pensional para acceder a la pensión de jubilación o para habilitar una
pensión sustitutiva para sus beneficiarios.

En atención de ello, el régimen especial que ampara a los beneficiarios de los
docentes fallecidos previsto en el Decreto 224 de 1972, consagra el derecho
a la pensión post mortem pero solo cuando los profesores hubiesen laborado
en planteles oficiales durante un periodo mínimo de 18 años continuos o
discontinuos, caso en el cual se habilita para sus beneficiarios el derecho a
una pensión equivalente al 75 % de la asignación mensual fijada para el cargo
desempeñado por el docente al tiempo de su fallecimiento.

2.2.2. De la pensión de sobrevivientes.

Como bien lo ha dicho esta subsección11, la muerte constituye una
contingencia del sistema de seguridad social, pues al desaparecer en forma
definitiva la persona que atendía el sostenimiento del grupo familiar, se corre
el riesgo de que sus integrantes queden desamparados y en peligro para poder
subsistir, por ello, se concibió la pensión de sobrevivientes o sustitución
pensional con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas

10
Apartes tachados derogados tácitamente por virtud de los dispuesto en los artículos 1, 2, 4 de la Ley 33 de 1973. Corte
Constitucional. Sentencia C-480 de 1998.
11
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de octubre de
2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.

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de vida de los beneficiarios de esta prestación.

De conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política, la seguridad
social es un servicio público obligatorio que se presta bajo la dirección,
coordinación y supervisión y control del Estado, con observancia de los
principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.

La Ley 100 de 1993, “[p]or la cual se crea el sistema de seguridad social
integral y se dictan otras disposiciones”, reguló lo concerniente a la pensión de
sobrevivientes:

Artículo 46. Tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes:

1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo
común, que fallezca, y

2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que este
hubiere cumplido alguno de los siguientes requisitos:

a. Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos
veintiséis (26) semanas al momento de la muerte; (…)

Dicha norma fue modificada por el artículo 12 de la Ley 797 de 200312, en el
sentido de indicar que accederían a la pensión por muerte “[l]os miembros del
grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste
hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años
inmediatamente anteriores al fallecimiento”.

Así mismo, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su texto original preceptuó
como beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en primer orden, al
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, en segundo, a
los hijos menores de 18 años y a los mayores de 18 hasta los 25, y, en tercero,
a falta de estos, a los padres del causante, así como los requisitos que deben
acreditar unos y otros para tener derecho al beneficio prestacional, así:

Artículo 47. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite. (…)

b. Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,

12
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se
adoptan disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”.

13

Interno: 3764-2023
Demandante: George Enrique Ortiz Padilla y Otro
Demandada: Nación-Mineducación y Otros

incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían
económicamente del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si
dependían económicamente del causante, mientras subsistan las condiciones de
invalidez.

c. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho,
serán beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste.

d. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con
derecho, serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían
económicamente de éste.

Puestas, así las cosas, se colige que, con el régimen general de pensiones,
los beneficiarios del afiliado al sistema que fallezca tendrán derecho a la
mencionada pensión de sobrevivientes siempre que aquel hubiere cotizado
por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la muerte, si esta se
produjo con anterioridad a la modificación introducida por la referida Ley 797
de 2003, que amplió a cincuenta (50) el número de semanas cotizadas, pero
durante los tres años precedentes al deceso.

A su vez, el artículo 48 define el monto de la prestación de la siguiente manera:

“MONTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. El monto mensual de la pensión
de sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que
aquel disfrutaba.

El monto mensual de la Pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será
igual al 45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada
cincuenta (50) semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas (500)
semanas de cotización, sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación.

En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal
mensual vigente, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente Ley.

No obstante, lo previsto en este artículo, los afiliados podrán optar por una pensión
de sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS,
vigente con anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley equivalente al
65% del ingreso base de liquidación, siempre que se cumplan las mismas
condiciones establecidas por dicho instituto”.

Conforme a las anteriores disposiciones, tienen derecho a la pensión de
sobrevivientes los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca,
siempre que este se encontrara afiliado al sistema y hubiere cotizado por lo
menos 50 semanas al momento de la muerte.13

13
Artículo 46 de la Ley 100 de 1993.

14

Interno: 3764-2023
Demandante: George Enrique Ortiz Padilla y Otro
Demandada: Nación-Mineducación y Otros

Como puede observarse, entre la norma especial contenida en el Decreto 224
de 1972 y la norma general prevista en Ley 100 de 1993, pese a que las
prestaciones allí consagradas comparten la misma naturaleza, existe una
diferencia ostensible en cuanto a los requisitos para acceder a la pensión de
sobrevivientes, pues mientras aquella exige la prestación del servicio docente
por más de 18 años, esta resulta más beneficiosa en cuanto requiere para su
obtención tan solo 50 semanas de cotización.

2.2.3. Indexación y reajuste pensional

La indexación es entendida como un método por el cual “se vincula el cambio
de una variable a la evolución de algún índice”14 y permite traer una suma a
valor presente o actualizarla a una fecha específica; así lo ha comprendido
esta corporación15:

“No se le puede imponer a los demandantes la carga de que reciban un valor
depreciado, pues la indexación, según se vio, es una mera compensación de la
devaluación de la moneda, que persigue que el dinero posea el mismo valor
adquisitivo que tenía al momento en que se profirió el acto que lesionó a los
demandantes.”

También, ha señalado que, con la indexación, se busca que el
restablecimiento “represente el valor real al momento de la condena que es el
equivalente al perjuicio recibido16”.

2.2.4. Reajuste pensional

El reajuste anual de la mesada debe atender las fórmulas dispuestas en el
artículo 14 de la Ley 100 de 1993, cuyo tenor literal es el siguiente:

“ARTÍCULO 14. REAJUSTE DE PENSIONES. Con el objeto de que las pensiones de
vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente, en cualquiera de los
dos regímenes del sistema general de pensiones, mantengan su poder adquisitivo
constante, se reajustarán anualmente de oficio, el primero de enero de cada
año, según la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor, certificado por
el DANE para el año inmediatamente anterior. No obstante, las pensiones cuyo monto
mensual sea igual al salario mínimo legal mensual vigente, serán reajustadas de oficio
cada vez y con el mismo porcentaje en que se incremente dicho salario por el
Gobierno”.

14
Banco de la República. Enlace de consulta: http://surl.li/prjrk
15
Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 23 de marzo de 2017, expediente 2284.13.
16
Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de abril de 2004, expediente 1998-0159.

15

Interno: 3764-2023
Demandante: George Enrique Ortiz Padilla y Otro
Demandada: Nación-Mineducación y Otros

La Corte Constitucional, al realizar el estudio de constitucionalidad de la norma
transcrita, la declaró exequible argumentando que la diferenciación en el
reajuste de las pensiones es razonada si se tiene en cuenta que los
pensionados que devengan un salario mínimo se encuentran en situación de
debilidad manifiesta frente a los demás por razones económicas y, por ello, se
hace necesario que el reajuste sea igual al porcentaje en que aumenta el
salario mínimo para que no pierda poder adquisitivo. Agregó, además, lo
siguiente17:

“De otra parte, estima la Corte pertinente agregar que la Constitución al consagrar el
derecho al reajuste periódico de las pensiones (art. 53 inc. 2o.), no señala la proporción
en que éstas deben incrementarse, como tampoco la oportunidad o frecuencia en que
debe llevarse a cabo, quedando en manos del legislador la regulación de estos
aspectos, como en efecto lo hace la norma parcialmente impugnada.

En este orden de ideas, considera la Corte que el aparte demandado del artículo 14 de
la ley 100 de 1993, por sí sólo no vulnera la Constitución, pero su aplicación, sí puede
resultar lesiva del Ordenamiento Supremo, concretamente de los artículos 13, 46 y 53,
en el evento en que el salario mínimo se incremente en cuantía inferior al índice de
precios al consumidor, pues se crearía una discriminación injustificada entre los
pensionados que devenguen más del salario mínimo, frente a los que perciben
únicamente el valor correspondiente a éste.

(…)

De otra parte, no encuentra la Corte que se vulnere el principio de solidaridad que debe
regir la prestación de ese servicio público, ya que la disposición acusada no suprime el
derecho que tiene todo pensionado a la seguridad social, y por el contrario, considera
que una expresión de esa solidaridad es precisamente la de establecer que ninguna
pensión puede estar por debajo del salario mínimo legal mensual vigente, como
garantía de protección a las personas de menores ingresos.

(…)”.

A consecuencia de ello, las fórmulas aplicadas para el reajuste de las mesadas
pensionales no son estáticas debido a que su único objetivo es mantener el
poder adquisitivo y por ello, deben atender políticas económicas que aseguren,
además, la sostenibilidad, universalidad y demás principios que rigen el
Sistema General de Pensiones.

2.3. Hechos probados

17
Sentencia C- 387 de 1 de septiembre de 1994.

16

Interno: 3764-2023
Demandante: George Enrique Ortiz Padilla y Otro
Demandada: Nación-Mineducación y Otros

Copia de la cédula de ciudadanía de Baliz Margarita Ortiz Ardila (q.e.p.d.)18.

Nombramiento y acta de posesión de la docente Ortiz Ardila en la Escuela
Municipal del Concord del Municipio de Malambo19.

Certificado de historia laboral de 2 de marzo de 201120, en la que se indica que
Baliz Margarita Ortiz Ardila (q.e.p.d.) prestó sus servicios como docente del 20
de febrero de 1993 al 1 de septiembre de 1995 en la Institución Educativa
Distrital Villanueva INSTEDIVI.

Partida de matrimonio de la Arquidiócesis de Barranquilla21, que da cuenta que
el 20 de diciembre de 1997 se casaron Georgi Ortiz Padilla y Baliz Margarita
Ortiz Ardila (q.e.p.d.).

Registro civil de defunción de Baliz Margarita Ortiz Ardila22, que evidencia que
falleció el 9 de enero de 2011.

El 29 de septiembre de 201123, George Enrique Ortiz Padilla solicitó a la
Secretaría de Educación de Malambo el reconocimiento y pago de la pensión
de sobrevivientes.

Resolución 0025 de 1 de marzo de 201824, expedida por el Departamento del
Atlántico – Alcaldía de Malambo – Secretaría de Educación, por medio de la
cual negó a los demandantes el reconocimiento y pago de la pensión de
jubilación post mortem 18 años, de cuyo contenido se desprende lo siguiente:

18
Expediente digital samai 002.
19
Expediente digital samai 002.
20
Expediente digital samai 002.
21
Expediente digital samai 002.
22
Expediente digital samai 002.
23
Expediente digital samai 002.
24
Expediente digital samai 002.

17

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18

Interno: 3764-2023
Demandante: George Enrique Ortiz Padilla y Otro
Demandada: Nación-Mineducación y Otros

Recurso de reposición25 interpuesto por los demandantes contra el acto
administrativo anterior.

Copia de la cédula de ciudadanía de Georgi Ortiz Padilla26.

Registro civil de nacimiento que indica que Royma Ortiz Ortiz nació el 10 de
septiembre de 199927.

Resolución 007 de 15 de febrero de 2012 suscrita por la Secretaría de
Educación del Municipio de Malambo, que le reconoció seguro por muerte a
favor del cónyuge supérstite y al hijo de la señora Baliz Margarita Ortiz Ardila
(q.e.p.d.).

Resolución 008 de 15 de febrero de 201228 emitida por la Secretaría de
Educación del Municipio de Malambo, que le reconoció las cesantías
definitivas a favor del cónyuge supérstite y del hijo de la señora Baliz Ortiz
(q.e.p.d.).

Certificación de 7 de octubre de 2019 expedida por el Departamento de
Admisiones y Registro Académico de la Universidad del Atlántico29, en el que
se informa que Royma Ortiz es estudiante del programa de licenciatura en
humanidades y lengua castellana en esa alma mater.

2.4. Caso concreto

De entrada, la Sala destaca que contrario a lo aducido por la parte demandada
en el recurso vertical, la aplicación de la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley
797 de 2003 no excluye a los docentes de su campo de acción en su artículo
279.

25
Expediente digital samai 002.
26
Expediente digital samai 002.
27
Expediente digital samai 002.

28
Expediente digital samai 002.
29
Expediente digital samai 002.

19

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Demandante: George Enrique Ortiz Padilla y Otro
Demandada: Nación-Mineducación y Otros

Aclarado lo anterior, la Sala procederá a verificar si Georgi Enrique Ortiz Padilla
y Royma de Jesús Ortiz Ortiz tienen derecho al reconocimiento de la pensión de
sobrevivientes con fundamento en la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797
de 2003, en calidad de cónyuge e hijo de Baliz Margarita Ortiz Ardila (q.e.p.d.),
quien no acreditó el cumplimiento de los requisitos dispuestos en el Decreto 224
de 1972.

Para el efecto, y de conformidad con los medios de prueba allegados al proceso,
se tiene que la señora Ortiz Ardila (q.e.p.d) laboró como docente oficial desde el
21 de septiembre de 1995 hasta el 9 de enero de 2011 (15 años, 3 meses y 19
días), equivalentes a 831 semanas; no cumpliendo así, con lo estipulado en el
Decreto 224 de 1972 que consagró el derecho a la pensión post mortem cuando
el docente hubiese laborado en planteles oficiales durante 18 años continuos o
discontinuos. Empero, sí acreditó el requisito de semanas de que trata la Ley
100 de 1993; esto es, cotizó 50 semanas antes del fallecimiento; por lo que, de
contera habilita a los miembros del grupo familiar para ser acreedores de la
pensión de sobrevivientes.

Ello se desprende del acto administrativo del cual se ruega nulidad, pues la
causante laboró como maestra así:

ENTIDAD DESDE TIEMPO
NOMINADORA HASTA LABORADO

Departamento del 21/09/1995 15 días, 3 meses
Atlántico – Alcaldía a y 17 días
de Malambo 09/01/2011
Total tiempo laborado (5.589 días) equivalente a 798.43
semanas.

En ese sentido, por tratarse la señora Ortiz Ardila de una docente que se
vinculó el 21 de septiembre de 1995, se le debía aplicar el régimen prestacional
contenido en la Ley 91 de 1989 para el personal nacionalizado, esto es: <<…
las normas vigentes aplicables a los empleados públicos del orden nacional,
Decretos 3135 de 1968, 1848 de 1969 y 1045 de 1978 o que se expidan en el
futuro, con las excepciones consagradas en esta Ley.>>.

20

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Lo anterior fue reafirmado por el inciso cuarto del artículo 6 de la Ley 60 de
1993: <<El régimen prestacional aplicable a los actuales docentes nacionales
o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales
sin solución de continuidad y las nuevas vinculaciones será el reconocido por
la Ley 91 de 1989, y las prestaciones en ellas reconocidas serán compatibles
con pensiones o cualquiera otra clase de remuneraciones. El personal docente
de vinculación departamental, distrital y municipal será incorporado al Fondo
Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetará el régimen
prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.>>

Y luego retomado por el inciso primero del artículo 81 de la Ley 812 de 2003:
<<El régimen prestacional de los docentes nacionales, nacionalizados y
territoriales, que se encuentren vinculados al servicio público educativo oficial,
es el establecido para el Magisterio en las disposiciones vigentes con
anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley.>>

Es decir, por haberse vinculado con anterioridad al 25 de junio de 2003, la
señora Ortiz Ardila las normas que regían su situación pensional era lo
indicado en la Ley 91 de 1989.

Dentro del plexo normativo contemplado en la remisión de la Ley 91 de 1989
se encuentra el artículo 5 del Decreto30 1160 de 1989, que indica:

“Sustitución pensional. Hay sustitución pensional en los siguientes
casos:
a) Cuando fallece una persona pensionada o con derecho a
pensión de jubilación, invalidez o vejez;
b) Cuando fallece un trabajador particular o un empleado o
trabajador del sector público después de haber completado el

30 Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 71 de 1988.

21

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Demandada: Nación-Mineducación y Otros

tiempo de servicios requerido por la ley, convenciones o pactos
colectivos para adquirir el derecho a la pensión de jubilación.”

Sin embargo, en el caso de los reclamantes no podía fundarse su
reconocimiento en el literal a de la norma citada, luego que como se vio la
señora Ortiz Ardila no era pensionada y tampoco reunía las exigencias del art.
7 del Decreto 224 de 1972.

No obstante lo precedente, pese a que los afiliados del Fomag están excluidos
de la Ley 100 de 1993, según el artículo31 279 de la Ley y por lo tanto no se le
podía aplicar dicha preceptiva, el artículo32 288 abre dicha posibilidad.

De ahí que, se advierte que los accionantes tienen derecho a la pensión de
sobrevivientes bajo el amparo de lo establecido en la Ley 100 de 1993, puesto
que el régimen especial aplicable a los docentes contenido en el Decreto 224
de 1972 les es menos favorable, habida cuenta que exige un tiempo de
servicios de 18 años; por lo que, en aras de garantizar el principio de
favorabilidad y los derechos a la igualdad y a la seguridad social integral, se
debe regular el asunto que nos ocupa por la norma más favorable.

Acorde con lo anterior, es necesario precisar el contenido y alcance del
principio de favorabilidad de que trata el artículo 53 de la Constitución Política,
según el cual cuando existan dos normas vigentes aplicables al mismo caso
concreto o varias interpretaciones respecto a una misma norma, el operador

31
EXCEPCIONES. <Ver Notas del Editor> El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley
no se aplica a los miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto ley
1214 de 1990, con excepción de aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no
remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por
la Ley 91 de 1989, cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de
remuneración. Este Fondo será responsable de la expedición y pago de bonos pensionales en favor de
educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación que para el efecto se expida.
…
32
APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA PRESENTE LEY Y EN LEYES ANTERIORES. Todo
trabajador privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la
presente Ley le sea aplicable cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto
en leyes anteriores sobre la misma materia, siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley.

22

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Demandada: Nación-Mineducación y Otros

judicial deberá preferir la más favorable al trabajador, en aras de resolver la
situación de hecho planteada.

Esta Corporación frente a la aplicación del principio de favorabilidad entre dos
normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, ha
señalado que33:

“(…)

La aplicación del principio de favorabilidad supone el conflicto entre dos normas de
distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente “vigentes” al momento
en que se realice el análisis del caso particular, o cuando existe una sola norma que
admite varias interpretaciones. En aplicación de tales lineamientos, se ha procedido
a la aplicación del principio de favorabilidad cuando el régimen especial vigente
establece beneficios inferiores a los dispuestos en el régimen general aplicable al
común de la población sin que exista causa válida para este tratamiento diferencial,
en razón a que la situación discriminatoria riñe con los principios de igualdad y
favorabilidad que erigen el Estado Social de Derecho.

(…)”

En ese sentido, y una vez analizado el régimen general y el régimen especial
aplicable a los docentes, se observa que aunque las prestaciones que los dos
regulan comparten la misma naturaleza, existe una diferencia ostensible en
cuanto a los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes
contemplada en el Decreto 224 de 1972 (régimen especial de docentes), el
cual exige como requisito para acceder a la prestación un tiempo de servicios
de 18 años, mientras que la Ley 100 de 1993 (régimen general) requiere 50
semanas cotizadas en el año inmediatamente anterior a la muerte del
causante; por lo que, su aplicación a todas luces resulta más beneficiosa.

Así también, el Tribunal Constitucional al analizar un caso similar al aquí
planteado sostuvo34:

“4.9. Como se expuso en las consideraciones de esta providencia, es factible la
existencia de regímenes especiales de pensiones siempre y cuando estos ofrezcan
un nivel de protección igual o superior al dispuesto en el régimen general, en aras

33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 27 de
julio de 2017, C.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
34
T-071 de 2014

23

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de evitar un tratamiento discriminatorio. Por lo que el sujeto perteneciente al régimen
especial, se rige integralmente por el este y no puede pretender ser titular a su vez
de prestaciones individuales previstas en el régimen general. No obstante, cuando
una regulación específica vulnere la igualdad, es procedente analizar la aplicación
de tal regulación contenida en el régimen general pese a que el beneficiario se rija
por el régimen especial, cuando se cumplan tres requisitos: i) la autonomía y
separabilidad de la prestación deben ser muy claras, ii) la inferioridad del régimen
especial debe ser indudable y iii) la carencia de compensación al interior del régimen
especial debe ser evidente.

Siguiendo el análisis realizado por la Corte Constitucional en la sentencia T167 de
201135, al contrastar el régimen de pensión de sobreviviente contenido en el régimen
general de la Ley 100 de 1993, con la del régimen especial de los docentes, prescrito
en el artículo 7 del Decreto 224 de 1972, la Sala Tercera de Revisión constató que
en este supuesto específico existe un trato discriminatorio a la luz de las reglas
establecidas por la jurisprudencia para realizar este tipo de comparaciones.

Por su parte, la Sala Primera de Revisión comparte la decisión adoptada en la
sentencia previamente citada, en tanto: En primer lugar, en relación con la
autonomía y separabilidad de la prestación, la Sala constata que esta característica
se predica de aquellas prestaciones que gozan de autonomía propia, esto es, que
son separables del conjunto del régimen de pensiones, por su carácter específico y
debido a que beneficia de manera concreta a determinadas personas. La pensión
de sobreviviente del régimen del magisterio, es independiente, en tanto no se
encuentra indisolublemente ligada a otra prestación y beneficia únicamente a un
grupo de personas, el cónyuge y los hijos del causante.

En relación con la inferioridad del régimen especial, la Sala considera que es
manifiesta la mayor exigencia del régimen especial con relación al régimen general,
pues mientras este último sólo exige a) que el afiliado se encuentre cotizando al
sistema y hubiere cotizado por lo menos cincuenta (50) semanas dentro de los tres
(3) últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento 36; el Decreto 224 de
1972, exige mínimo dieciocho (18) años de cotización al momento de la muerte37.
Es palmario que los requisitos contemplados en el régimen especial de docente
Decreto 224 de 1972 en cuanto a la pensión post mortem son más gravosos, que
los estipulados para la misma materia en la Ley 100 de 1993.

Finalmente, es notoria la carencia de compensación al interior del régimen especial,
puesto que no se encuentra en el régimen del magisterio alguna otra prerrogativa
que tenga por finalidad mejorar la situación de las personas que no pudieron
acceder a la pensión, al no cumplir con los requisitos propios de la pensión de
jubilación post mortem, ya que no hay ningún tipo de indemnización ni la posibilidad
de completar el tiempo de cotización, quedando sin fuente alguna de ingresos la o
las personas que dependían económicamente del docente. Después de realizar
este estudio, la Sala observa que el artículo 7° del Decreto 224 de 1972, contiene
requisitos más rigurosos que los contemplados en la Ley 100 de 1993.

Admitir la aplicación de una norma del régimen especial que es menos benéfica que
la consagrada para el régimen general implica una violación al principio de igualdad
en tanto, como bien lo señala el señor Dussan y de acuerdo con la jurisprudencia
relacionada, a propósito de la pensión de sobrevivientes, los beneficiarios de la
misma se encuentran en la misma situación y tal prestación persigue idéntica

35
(MP. Juan Carlos Henao Pérez)
36
Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones" Artículo
46.- Modificado por el Art, 12. Ley 797 de 2003. “Requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes. Tendrán
derecho a la pensión de sobrevivientes: 1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez o invalidez por
riesgo común que fallezca y, 2. Los miembros del grupo familiar del afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando
éste hubiere cotizado cincuenta semanas dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento”.
37
Ibídem.

24

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finalidad, cual es proteger a los familiares del afiliado o del pensionado que fallece,
frente a las contingencias económicas derivadas de su muerte 38, evitándose que
este hecho se traduzca en un cambio radical de las condiciones de subsistencia
mínimas de éstos39. No existe ninguna razón que justifique que, en un caso, las
disposiciones señalen que para acceder a la pensión se requiera haber sido docente
por un término mínimo de dieciocho (18) años, mientras que en el régimen general
se exija haber cotizado cincuenta (50) semanas dentro de los tres (3) últimos años
anteriores a la muerte.”

Condensando lo anterior, precisa esta Sala que hay lugar a dar aplicación al
régimen general de la Ley 100 de 1993 modificada por la Ley 797 de 2003 a fin
de garantizar el principio de favorabilidad contenido en el artículo 53 de la Carta
superior, y salvaguardar el derecho a la seguridad social de George Enrique Ortiz
Padilla y de Royma de Jesús Ortiz Ortiz en calidad de cónyuge e hijo;
respectivamente, de Baliz Margarita Ortiz Ardila (q,e,p,d) quien acreditó haber
laborado como maestra por espacio de 15 años, 3 meses y 17 días; esto es,
789.43 semanas de servicios; y en tal sentido, cumple con el requisito previsto en
el canon 46 de la norma en cita, pues cotizó 50 semanas con anterioridad a la
muerte.

Por otro lado, esta Subsección no puede pasar por alto el motivo de
inconformidad de la parte actora, al decir que la “sentencia de 5 de agosto de
2022 no reconoce en favor de mis representados la indexación de los valores
reconocidos por concepto de mesadas pensionales (…). De igual manera omite
pronunciarse respecto de los reajustes pensionales”. Es importante señalar que
no es un requisito sine qua non que la sentencia disponga explícitamente el
reconocimiento de dichas obligaciones, ya que operan de pleno derecho y la
obligación de realizarlos es impuesta por la ley. De lo contrario, esto perjudicaría
a los demandantes, quienes verían afectado el valor adquisitivo de su dinero.

En virtud de lo expuesto, la Sala confirma la sentencia de 5 de agosto de 2022
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico que declaró la nulidad del
acto administrativo demandado y accedió a las súplicas de la demanda.

Condena en costas

38
Ver sentencia C-1176 de 2001 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra). En el mismo sentido se pueden revisar, entre
otras, la sentencia C-1094 de 2003 (MP. Jaime Córdoba Triviño), y la sentencia C-1035 de 2008 (MP. Jaime Córdoba
Triviño).
39
Sentencia C-556 de 2009 (MP. Nilson Pinilla Pinilla).

25

Interno: 3764-2023
Demandante: George Enrique Ortiz Padilla y Otro
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Frente a la condena en costas, la Sala hace las siguientes manifestaciones:

El artículo 361, del Código General del proceso, estipula:

“Composición. Las costas están integradas por la totalidad de las
expensas y gastos sufragados durante el curso del proceso y por las
agencias en derecho.
Las costas serán tasadas y liquidadas con criterios objetivos y verificables en
el expediente, de conformidad con lo señalado en los artículos siguientes.”
(Resaltado por la Sala).

A su vez, el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011:

“Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile
un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya
liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil”

No obstante, esta Sala ha sido del criterio que la norma transcrita deja a
disposición del juez valorar la procedencia o no de la condena en costas, ya
que para ello debe examinar la actuación procesal de la parte vencida, tenerse
certeza de su causación y que la conducta desplegada adolezca de temeridad
y mala fe, no basta el simple hecho de los resultados del proceso40.

En el caso concreto, revisado el actuar de las partes a lo largo del proceso no
se evidencia temeridad o mala fe, conforme con lo anterior, no se condenará en
costas en esta instancia. Y también este argumento sirve para desestimar la
inconformidad de la parte demandante frente a la no condena en costas en
primera instancia pues no se advierte en el plenario que el proceder de la entidad
pueda calificarse como de dilatorio; por el contrario, respondió a una forma de
defender sus intereses, de modo que no hay lugar a acceder a lo pedido.

III. DECISIÓN

En atención a las anteriores consideraciones, la Sala desestima el recurso de
apelación presentado por las partes; por ende, confirma la sentencia de
primera instancia proferida 5 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo

40
Radicado 15001-23-33-000-2013-00072, de 27 de enero de 2017 MP. Carmelo Perdomo Cuéter; Radicado: 13000-
33-33-000-2014-00390 (1327-16), de 8 de septiembre de 2017, M.P. Sandra Lissett Ibarra Vélez.

26

Interno: 3764-2023
Demandante: George Enrique Ortiz Padilla y Otro
Demandada: Nación-Mineducación y Otros

del Atlántico, que declaró la nulidad de los actos administrativos enjuiciados, y
ordenó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a los demandantes.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. - CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida el 5 de
agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió a las
súplicas de la demanda, por las razones expuestas en la parte motiva de la
sentencia.

SEGUNDO. - Sin condena en costas en esta instancia.

TERCERO. - DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA

(Firmado electrónicamente)
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la
plataforma del Consejo de Estado denominada Samai. En consecuencia, se
garantiza su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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