Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00082-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 19001-23-33-000-2018-00082-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 19001-23-33-000-2018-00082-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 19001-23-33-000-2018-00082-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
30 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., treinta (30) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 19001-23-33-000-2018-00082-01 (0473-2026)1
Demandante: Mayeli Reinosa Marroquín y otro
Demandada: Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG)
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Reconocimiento de pensión de sobrevivientes
docente
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y el Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio - FOMAG contra la sentencia del
Veintidós (22) de Agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda2.
1.1.1. Pretensiones.
1. La señora Mayeli Reinosa Marroquín en nombre propio y en representación de su
hijo menor de edad3, por intermedio de apoderado judicial, acudieron a la jurisdicción
en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo CPACA; para solicitar la anulación de la Resolución No. 0972-05-2017
del nueve (9) de mayo de dos mil diecisiete (2017), por medio de la cual, la Secretaría
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Expediente digital visible en Samai.
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Expediente digitalizado, índice 0067 de Samai. Actuaciones del Tribunal Administrativo del Cauca.
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A la fecha de presentación del medio de control, el 3 de abril de 2018, tenía 16 años de edad.
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Número Interno: 0473-2026
Demandante: Mayeli Reinosa Marroquín y otro
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
de Educación del Departamento del Cauca, negó el reconocimiento y pago de una
pensión de sobreviviente (post mortem), con ocasión del fallecimiento del señor Luis
Eduardo González Lerma.
2. A título de restablecimiento del derecho pidieron: i) se ordene el reconocimiento y pago
de la pensión de sobrevivientes en las proporciones correspondientes, en favor del menor
Cristhian Eduardo González Lerma y Mayeli Reinosa Marroquín, en su condición de hijo
y compañera permanente de Luis Eduardo González Lerma (q. e. p. d.), desde el seis (6)
de agosto de dos mil siete (2007), fecha del fallecimiento de este, junto con las
prestaciones, mesadas pensionales y todos los derechos que aquel haya causado y
dejado de percibir; ii) que se ordene el reintegro de las sumas generadas con ocasión al
proceso, por concepto de honorarios de abogado y costas procesales; iii) que sobre las
sumas adeudadas se reconozcan los intereses de mora de conformidad con el artículo
141 de la Ley 100 de 1993, así como la actualización conforme al IPC certificado por el
DANE.
1.1.2 Hechos
3. El señor Luis Eduardo González Lerma (q. e. p. d.) prestó sus servicios como docente
en el departamento del Cauca, siendo vinculado a través de Decreto No. 0326 del 30 de
marzo de 1994, en el «Colegio de Bachillerato Académico Mixto Asanazu, Municipio de
Suarez, Cauca», de manera continua e ininterrumpida hasta su fallecimiento el seis (6)
de agosto de dos mil siete (2007); esto es, por espacio de trece (13) años, tres (3) meses
y dieciocho (18) días; sin que se le reconociera pensión de jubilación.
4. Que, la señora Mayeli Reinosa y el señor González Lerma, convivieron en unión libre,
conformando comunidad de vida permanente desde el veintisiete (27) de noviembre de
mil novecientos noventa y ocho (1998), fijando su residencia en el municipio de Suárez
(Cauca), donde aquel laboraba como docente y era el encargado de la manutención y
bienestar de la demandante hasta el momento de su deceso en el año dos mil siete
(2007).
5. Que, de dicha unión marital, procrearon al menor Cristhian Eduardo González Reinosa,
nacido el diecinueve (19) de noviembre de dos mil uno (2001).
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Número Interno: 0473-2026
Demandante: Mayeli Reinosa Marroquín y otro
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
6. Añadió que, el nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017), la demandante
actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor Cristhian Eduardo
González Reinosa, presentó solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes en
calidad de compañera permanente e hijo, respectivamente, del señor Luis Eduardo
González Lerma, ante la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca – Oficina
de Prestaciones Sociales del Magisterio, la cual, fue resuelta de manera negativa a través
de Resolución No. 0972-05-2017 del nueve (9) de mayo de dos mil diecisiete (2017)4.
7. Inconforme con la anterior determinación, «se interpusieron los recursos de ley Rad.
2017PQR26047, del 1 de junio de 2017, agotando así la vía gubernativa»5.
1.2. Concepto de violación.
8. La parte actora invocó como normas violadas: Los artículos 2, 42 y 48 de la
Constitución Política y, el artículo 7 del Decreto 224 de 1972.
9. Indicó que, los docentes están amparados por un régimen prestacional especial que
busca otorgarles beneficios superiores al régimen general, sin embargo, en el caso de la
pensión de sobrevivientes, el Decreto 224 de 1972 impone requisitos más estrictos para
sus beneficiarios (como haber laborado 18 años o estar jubilado), en comparación con el
régimen general de seguridad social en pensiones, que exige cincuenta (50) semanas
cotizadas, en los tres (3) años anteriores al fallecimiento del causante.
10. Añadió que, la actuación administrativa que originó el acto acusado, indica que el
causante laboró como docente oficial por más de trece (13) años, de forma continua e
ininterrumpida, por lo que, en atención a la reiterada jurisprudencia de la Corte
Constitucional y el Consejo de Estado, es procedente el reconocimiento y pago de la
pensión de sobrevivientes, aplicando el régimen general previsto en la Ley 100 de 1993,
dando aplicación al principio de favorabilidad.
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La entidad demandada fundamentó la negativa en que: «[…]EL DOCENTE INGRESA EN 01-5-1994 CON VINCULACIÓN
DEPARTAMENTAL RECURSOS PROPIOS CON REGIMEN CESANTIAS RETROACTIVIDAD Y FALLECE EN 2007-08-06, ASI LAS
COSAS NO PROCEDE ESTUDIAR LA PRESTACION COMO PENSION DE SOBREVIVIENTES, LA CUAL ESTA CONTEMPLADA
PARA DOCENTES REGIMEN DE PRIMA MEDIA CON PRESTACION DEFINIDA QUE INGRESEN BAJO EL REGIMEN PENSIONAL
LEY 812 ASI LAS COSAS AL NO PERTENECER EL DOCENTE AL REGIMEN EN MENCION NO PROCEDE LA APROBACION DE
LA PRESTACION COMO PENSION DE SOBREVIVIENTES LEY 100 […] »
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En audiencia de pruebas celebrada el 11 de junio de 2025, el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo del Cauca, admitió
como acto demandado la Resolución No. 2146-10-2017, del 9 de octubre de 2017, mediante la cual se resolvió negativamente el
recurso de reposición, confirmando la decisión contenida en la Resolución No. 0972 05-2017.
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Número Interno: 0473-2026
Demandante: Mayeli Reinosa Marroquín y otro
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
1.3 Contestación de la demanda.
11. La Nación - Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio (FOMAG)6 se opuso a las pretensiones de la demanda. Lo
anterior, al considerar que la prestación reclamada fue evaluada con fundamento en la
Ley 71 de 1988, los Decretos 1160 de 1989, 2709 de 1994 y 3752 de 2003, por lo que se
concluyó que, el causante no cumplía con el tiempo mínimo de servicios requerido para
acceder al derecho pensional.
12. Añadió que, el señor González Lerma, tampoco colmaba los requisitos mínimos de
tiempo establecidos en la Ley 91 de 1989, aplicable a los docentes afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para el reconocimiento de una pensión
post mortem, por lo que la negativa en el reconocimiento de la pensión se encontraba
ajustada a derecho.
13. Finalmente, formuló las excepciones que denominó «falta de legitimación por pasiva»;
«indebida presentación de la demanda» y «prescripción».
1.4. La sentencia de primera instancia7.
14. El Tribunal Administrativo del Cauca, mediante sentencia del veintidós (22) de agosto
de dos mil veinticinco (2025), accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
sin condena en costas, así:
«PRIMERO.– ANÚLASE la Resolución No. 0972-05-2017, del 9 de mayo de 2017, mediante
la cual se negó el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes a los beneficiarios
del causante Luis Eduardo González Lerma, así como la Resolución No. 2146-10-2017,
expedida el 9 de octubre de 2017 por el Secretario de Educación y Cultura del Departamento
del Cauca, actuando en nombre de la Nación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, mediante la cual se resolvió negativamente el recurso de reposición.
SEGUNDO. – A título de restablecimiento del derecho, se condena a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y
pagar la pensión de sobrevivientes a favor de la señora MAYELI REINOSA MARROQUÍN y
de su hijo CRISTHIAN EDUARDO GONZÁLEZ REINOSA, en un porcentaje del 50 % para
cada uno, conforme al monto establecido en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993. Para la
liquidación de la pensión se debe tener en cuenta la asignación básica y los demás factores
salariales creados de forma legal y pagados al causante. El monto del beneficio pensional
reconocido, en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual vigente, de
conformidad con lo previsto por los artículos 35 y 48 de la Ley 100 de 1993.
TERCERO: Se reconocerán las mesadas atrasadas indexadas, tal como se señaló en la parte
motiva. Frente a Mayeli Reinosa Marroquín se declara prescrita la obligación respecto de las
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Expediente digitalizado, índice 0067 de Samai. Actuaciones del Tribunal Administrativo del Cauca.
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Índice 0057 de Samai. Actuaciones del Tribunal Administrativo del Cauca.
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Demandante: Mayeli Reinosa Marroquín y otro
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
mesadas causadas con anterioridad al 9 de marzo de 2014. En relación con su hijo Cristhian
González Reinosa, no opera la prescripción, conforme lo previamente expuesto.
CUARTO: La entidad demandada, incluirá en la nómina de pensionados al demandante.
QUINTO: Désele cumplimiento a esta sentencia en los términos de los artículos 192 y 195 del
C.P.A.C.A. SÉPTIMO: Sin condena en costas en esta instancia.
SEXTO: Notifíquese esta sentencia de conformidad con el artículo 203 del C.P.A.C.A.»
15. Como sustento de su decisión el Tribunal indicó que, se encontraba probado que el
señor Luis Eduardo González Lerma prestó sus servicios como docente en el
departamento del Cauca, de forma continua desde el treinta (30) de marzo de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), hasta su fallecimiento, esto es, el seis (6) de agosto
de dos mil siete (2007), para un total de trece (13) años, tres (3) meses y dieciocho (18)
días, por lo que contaba con más de cincuenta (50) semanas de cotización.
16. Por otra parte, señaló que, estaba demostrado con el registro civil de nacimiento
indicativo serial 3155085, que Cristhian Eduardo González Reinosa, nació el diecinueve
(19) de noviembre de dos mil uno (2001), y que es hijo de Luis Eduardo González Lerma
y Mayeli Reinosa Marroquín, lo cual acredita su filiación y parentesco con el causante.
17. Asimismo, indicó que, de la prueba testimonial recaudada, se logró constatar la unión
marital entre la señora Reinosa Marroquín y el señor González Lerma, la cual, se
prolongó por más de ocho (8) años y que era este último, quien sostenía económicamente
el hogar, pues su compañera se dedicaba a las labores de la casa.
18. El A-quo expuso que, si bien la entidad demandada negó el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes con fundamento en el no cumplimiento del tiempo mínimo de
18 años para acceder a dicha prestación, conforme lo prevé el Decreto 224 de 1972, en
aplicación al principio de favorabilidad, a los demandantes les resulta aplicable las
disposiciones de la Ley 100 de 1993. Ello por cuanto el docente fue vinculado el treinta
(30) de marzo de 1993, es decir, dentro de la vigencia de esta ley.
19. Así las cosas, refirió que, al contar el causante con las cincuenta (50) semanas de
cotización en los tres años anteriores al fallecimiento, los demandantes tienen derecho al
reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, en los términos del artículo 46 de la Ley
100 de 1993, modificado por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003.
20. En cuanto al monto de la prestación, señaló que: «[…] debe establecerse conforme a lo
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Número Interno: 0473-2026
Demandante: Mayeli Reinosa Marroquín y otro
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
dispuesto en el artículo 48 de la Ley 100 de 1993, esto es, el 45% del ingreso base de liquidación,
más un 2% adicional por cada cincuenta (50) semanas cotizadas que excedan las primeras
quinientas (500), sin que, en ningún caso el monto total supere el 75% del ingreso base de
liquidación.», precisando que, el beneficio otorgado, no podría ser inferior al salario mínimo
legal mensual vigente y, para el cálculo de la mesada, debía tenerse en cuenta la
asignación básica y los demás factores legales sobre los cuales el actor cotizó durante
su vinculación laboral.
21. Aunado a lo anterior, adujo que, la distribución de dicha prestación entre los
beneficiarios sería en un 50% para la compañera permanente y, el otro 50% para el hijo
del causante, hasta que este cumpla la mayoría de edad, o hasta los 25 años, siempre
que acredite que se encuentra estudiando en un establecimiento legalmente autorizado.
22. En cuanto al fenómeno prescriptivo, indicó que, atendiendo las disposiciones del
artículo 102 del Decreto 3135 de 1968, debía decretarse la prescripción trienal, y resaltó
que, como González Lerma falleció en agosto de 2007 y la solicitud de la prestación se
efectuó el nueve (9) de marzo de dos mil diecisiete (2017), se afectarían, las mesadas
causadas con anterioridad al nueve (9) de marzo de dos mil catorce (2014).
23. De otro lado dispuso que esta figura no sería aplicable respecto del hijo, Cristhian
González Lerma, quien era menor de edad al interponerse la demanda y, en virtud del
principio pro infans y en el marco del artículo 44 de la Constitución Política, se excluye
del referido cómputo.
24. Adicional a lo expuesto, refirió que, a pesar que la parte demandante en los alegatos
de conclusión indicó que, de los antecedentes administrativos aportados por la Secretaría
de Educación del Departamento del Cauca, se podía establecer que el causante habría
laborado como docente de horas cátedras por espacio de quince (15) años, logrando con
ello una vinculación superior a veinte (20) años de servicios y, por tanto, la pensión puede
ser reconocida conforme al régimen especial de docentes y no con la Ley 100 de 1993.
25. El juzgador de primera instancia consideró que, esta solicitud no resultaba
procedente, pues, tanto la demanda como la reclamación administrativa, se estructuró
bajo el supuesto fáctico que el docente contaba con trece (13) años de vinculación oficial,
por lo que, atender esta solicitud, vulneraría el debido proceso a la administración, a quien
no se le dio oportunidad de pronunciarse sobre el tiempo adicional.
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Número Interno: 0473-2026
Demandante: Mayeli Reinosa Marroquín y otro
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
26. Finalmente, indicó que, al no advertirse carencia de fundamento legal en las
actuaciones que justifique la imposición de costas, no se imputaría dicha condena.
1.5. Los recursos de apelación.
27. La parte demandante8 interpuso recurso de apelación al considerar que, el
reconocimiento pensional se efectuó invocando la aplicación de la Ley 100 de 1993, por
ser esta más beneficiosa a los demandantes, obedeciendo ello a que, la secretaría de
educación del departamento del Cauca, certificó como tiempo de servicios del señor Luis
Eduardo González Lerma, 13 años, 3 meses y 18 días en respuesta a las solicitudes de
información de la demandante. Este tiempo, fue el fundamento en sede administrativa,
para negar el reconocimiento, es decir, un argumento equivocado y contrario a derecho,
comoquiera que, solo se tuvo en cuenta para el cómputo pensional, el tiempo de servicios
a partir del nombramiento en propiedad del causante, a través del Decreto No. 0326 del
30 de marzo de 1994.
28. Refirió que se encontraba debidamente acreditado en el expediente administrativo
aportado por la Secretaría de Educación del Departamento del Cauca, los tiempos de
servicios laborados por el señor González Lerma como docente en la modalidad hora
cátedra desde el año 1979 hasta 1994, en la Institución Educativa Colegio Académico de
Asnazú. En igual sentido, reposa constancia de tiempo de servicio expedida por el rector
y el auxiliar administrativo de dicha institución, en la que certifican los servicios como
docente de tiempo completo de los años 1981 a 1998, describiendo salarios devengados.
29. En atención a ello, señaló que, el artículo 7 del Decreto 224 de 1972 prevalecía
respecto de la aplicación del artículo 46 de la Ley 100 de 1993 e insistió que, a pesar de
haber solicitado la aplicación de la Ley 100 de 1993, por ser más beneficiosa, el juzgador
no puede perder de vista la realidad probatoria, que da cuenta que el docente fallecido
acreditó la prestación de servicio en la modalidad hora cátedra y tiempo completo, de
manera que se debía aplicar la primera de aquellas.
30. El Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – FOMAG9, interpuso
recurso de alzada, señalando que, el causante se vinculó a la entidad, como docente en
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Índice 0061 de Samai. Actuaciones del Tribunal Administrativo del Cauca.
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Índice 0060 de Samai. Actuaciones del Tribunal Administrativo del Cauca.
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Demandante: Mayeli Reinosa Marroquín y otro
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
propiedad, desde el primero (1) de mayo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), por
tanto, le resulta aplicable la Ley 91 de 1989, agregando que, la pensión de sobrevivientes
reclamada por la parte actora, contemplada en la Ley 100 de 1993, solo aplica para
docentes cuya vinculación sea posterior a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003.
31. Agrega que, la pensión post mortem que le es aplicable a los docentes pertenecientes
al régimen contemplado en la Ley 91 de 1989, requiere para su reconocimiento, haber
alcanzado 18 años de servicios; empero, el causante laboró trece (13) años, tres (3)
meses y dieciocho (18) días, por lo que no es posible su reconocimiento bajo ninguna de
las normas antes invocadas.
32. Refirió falta de legitimación en la causa por pasiva para referir que: «[…]el
responsable del reconocimiento y pago de las prestaciones a favor de los docentes y sus
beneficiarios estaría a cargo del FNPSM, siempre y cuando el causante haya sido afiliado
a dicho fondo.».
33. Asimismo, mencionó de manera genérica a los factores salariales que integran el
ingreso base de liquidación y a la condena en costas, sin presentar reparo alguno frente
a la decisión de primera instancia.
1.6. Trámite de segunda instancia
34. Por medio de auto del ocho (8) de abril de dos mil veintiséis (2026)10, el consejero
ponente admitió el recurso de apelación conforme a lo previsto en el artículo 247 del CPACA
y, al no existir pruebas que decretar en segunda instancia, el proceso ingresó al Despacho
para fallo.
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
35. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.
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Samai - índice 4.
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Número Interno: 0473-2026
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Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
2.2 Problema jurídico
36. Le corresponde a la Sala determinar lo siguiente:
36.1 ¿el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, con ocasión al fallecimiento del
señor Luis Eduardo González Lerma, debe reconocerse bajo los parámetros de la Ley
100 de 1993, por aplicación del principio de favorabilidad?
36.2 ¿el causante cumplió con el requisito para que dicha prestación sea otorgada
conforme a lo previsto en el Decreto 224 de 1972, al computarse las horas cátedra
certificadas por la Secretaría de Educación departamental del Cauca?
37. Con el propósito de resolver el problema jurídico, se abordarán los siguientes
aspectos: 2.2.1. Marco normativo y jurisprudencial; 2.2.2. Pruebas recaudadas; y 2.2.3
Caso concreto.
2.2.1 Marco normativo y jurisprudencial11
38. En virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989, en materia pensional los docentes no
gozan de un régimen pensional especial, debiéndoseles aplicar las normas generales
vigentes; excepto en lo relacionado con la pensión gracia y, la pensión que por virtud del
Decreto 224 de 1972, se consagró para el cónyuge e hijos menores del docente fallecido
cuando aquel fallezca sin haber alcanzado el tiempo mínimo de vinculación y cotización
al sistema pensional para acceder a la pensión de jubilación o para habilitar una pensión
sustitutiva para sus beneficiarios.
39. El Decreto 224 de 1972 «Por el cual se dictaron normas especiales relacionadas con
el sector docente», respecto de aquellos docentes que, como el causante, no lograron
concretar su derecho pensional por la circunstancia insuperable de su fallecimiento,
dispuso:
«Artículo 7. En caso de muerte de un docente que aún no haya cumplido el requisito de edad
exigido para la obtención de la pensión, pero que hubiere trabajado como profesor en
planteles oficiales por lo menos diez y ocho (18) años continuos o discontinuos, el
cónyuge y los hijos menores tendrán derecho a que por la respectiva entidad de
previsión se pague una pensión equivalente al 75 % de la asignación mensual fijada
para el cargo que desempeñaba el docente al tiempo de la muerte mientras aquel no
11
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, del 1 de agosto de 2024, expediente 08001-23-33-000-2021-00312-01(3764-
2023) C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
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Número Interno: 0473-2026
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Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
contraiga nuevas nupcias o el hijo menor cumpla la mayoría de edad y por un tiempo máximo
de cinco (5) años.»12 (Resalta la Sala).
2.2.2 De la pensión de sobrevivientes
40. Como bien lo ha dicho esta subsección13 la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues al desaparecer en forma definitiva la persona que
atendía el sostenimiento del grupo familiar, se corre el riesgo de que sus integrantes
queden desamparados y en peligro para poder subsistir, por ello, se concibió la pensión
de sobrevivientes o sustitución pensional con el fin de evitar un cambio sustancial en las
condiciones mínimas de vida de los beneficiarios de esta prestación.
41. La Ley 100 de 1993, «[p]or la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se
dictan otras disposiciones», inicialmente reguló lo concerniente a la pensión de
sobrevivientes, así:
«ARTÍCULO 46. Requisitos para obtener la Pensión de Sobrevivientes. Tendrán derecho a
la pensión de sobrevivientes:
1. Los miembros del grupo familiar del pensionado por vejez, o invalidez por riesgo común,
que fallezca, y
2. Los miembros del grupo familiar del afiliado que fallezca, siempre que éste hubiere
cumplido alguno de los siguientes requisitos:
a) Que el afiliado se encuentre cotizando al sistema y hubiere cotizado por lo menos veintiséis
(26) semanas al momento de la muerte;
b) Que habiendo dejado de cotizar al sistema, hubiere efectuado aportes durante por lo menos
26 semanas del año inmediatamente anterior al momento en que se produzca la muerte. […]»
42. Dicha norma fue modificada por el artículo 12 de la Ley 797 de 2003 14, en el sentido
de indicar que accederían a la pensión por muerte «[l]os miembros del grupo familiar del
afiliado al sistema que fallezca, siempre y cuando éste hubiere cotizado cincuenta semanas
dentro de los tres últimos años inmediatamente anteriores al fallecimiento».
43. Así mismo, el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, en su texto original, preceptuó como
beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, en primer orden al cónyuge o la compañera
o compañero permanente supérstite, en segundo lugar a los hijos menores de 18 años o
si son mayores de 18 hasta los 25 si demuestran estudios o en el caso de hijos en
situación de discapacidad hasta que se demuestran tales condiciones y, en tercero, a
falta de estos, a los padres del causante, así:
12
Apartes tachados según la Sentencia C-480 de 1998 fueron derogados tácitamente por los artículos 1, 2, 4 de la Ley 33 de 1973.
13
Consejo de Estado, sala de lo contencioso administrativo, sección segunda, subsección B, sentencia de 2 de octubre de 2014,
expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C. P. Gerardo Arenas Monsalve.
14
“Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan
disposiciones sobre los Regímenes Pensionales exceptuados y especiales”.
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Número Interno: 0473-2026
Demandante: Mayeli Reinosa Marroquín y otro
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
«Artículo 47. Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:
a. En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite. […]
b. Los hijos menores de 18 años; los hijos mayores de 18 años y hasta los 25 años,
incapacitados para trabajar por razón de sus estudios y si dependían económicamente
del causante al momento de su muerte; y, los hijos inválidos si dependían económicamente
del causante, mientras subsistan las condiciones de invalidez. (Resalta la Sala)
c. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente e hijos con derecho, serán
beneficiarios los padres del causante si dependían económicamente de éste.
d. A falta de cónyuge, compañero o compañera permanente, padres e hijos con derecho,
serán beneficiarios los hermanos inválidos del causante si dependían económicamente de
éste.»
44. Así las cosas, en el régimen general de pensiones los beneficiarios del afiliado al
sistema que fallezca tendrán derecho a la mencionada pensión de sobrevivientes siempre
que aquel hubiese cotizado por lo menos veintiséis (26) semanas al momento de la
muerte, si esta se produjo con anterioridad a la modificación introducida por la referida
Ley 797 de 2003, que amplió a cincuenta (50) el número de semanas cotizadas, pero
durante los tres años precedentes al deceso.
45. A su vez, el artículo 48 define el monto de la prestación de la siguiente manera:
«MONTO DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES. El monto mensual de la pensión de
sobrevivientes por muerte del pensionado será igual al 100% de la pensión que aquel
disfrutaba.
El monto mensual de la Pensión total de sobrevivientes por muerte del afiliado será igual al
45% del ingreso base de liquidación más 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50)
semanas adicionales de cotización a las primeras quinientas (500) semanas de cotización,
sin que exceda el 75% del ingreso base de liquidación.
En ningún caso el monto de la pensión podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual
vigente, conforme a lo establecido en el artículo 35 de la presente Ley.
No obstante, lo previsto en este artículo, los afiliados podrán optar por una pensión de
sobrevivientes equivalente al régimen de pensión de sobrevivientes del ISS, vigente con
anterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley equivalente al 65% del ingreso base de
liquidación, siempre que se cumplan las mismas condiciones establecidas por dicho instituto.»
46. Como puede observarse, entre la norma especial contenida en el Decreto 224 de
1972 y la norma general prevista en Ley 100 de 1993, pese a que las prestaciones allí
consagradas comparten la misma naturaleza, existe una diferencia ostensible en cuanto
a los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivientes, pues mientras el derecho
en cita exige la prestación del servicio docente por más de 18 años la ley consagra una
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Número Interno: 0473-2026
Demandante: Mayeli Reinosa Marroquín y otro
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
condición más beneficiosa en cuanto requiere para su obtención tan solo 26 o 50
semanas de cotización, según el momento del fallecimiento.
2.2.2. Pruebas recaudadas15.
• Reposa el registro civil de defunción con indicativo serial 06434806, mediante el cual
se acredita que el señor Luis Eduardo González Lerma, falleció el seis (6) de agosto de
dos mil siete (2007).
• Según registro civil de nacimiento con indicativo serial 3155085, se verifica que
Cristhian Eduardo González Reinosa nació el diecinueve (19) de noviembre de dos mil
uno (2001) y que es hijo de Luis Eduardo González Lerma y Mayeli Reinosa Marroquín,
lo cual acredita la filiación y el parentesco con el causante.
• La señora Mayeli Reinosa Marroquín, nació el veintiocho (28) de febrero de mil
novecientos ochenta y tres (1983), conforme a la copia de la cédula de ciudadanía
allegada. Con este documento se destaca que, a la fecha de fallecimiento del señor Luis
Eduardo González Lerma, contaba con 24 años.
• Resolución No. 0972-05-2017 del nueve (9) de mayo de dos mil diecisiete (2017),
expedida por el secretario de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, en
nombre de la Nación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, niega el
reconocimiento de la pensión post mortem solicitada por los beneficiarios del señor Luis
Eduardo González Lerma, argumentando que este no cumplía con el tiempo mínimo de
servicios requerido para su reconocimiento.
• Resolución No. 2146-10-2017, expedida el nueve (9) de octubre de dos mil diecisiete
(2017) por el Secretario de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, actuando
en nombre de la Nación – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
resolvió negativamente el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No.
0972-05-2017 del 9 de mayo de 2017, confirmando así la decisión de negar el
reconocimiento de la pensión post mortem solicitada por la señora Mayeli Reinosa
Marroquín y el menor Cristhian Eduardo González Reinosa, por considerar que el
15
La documentación que se relaciona a continuación, reposa en el índice 0047 de Samai, actuaciones del Tribunal Administrativo del
Cauca.
13
Número Interno: 0473-2026
Demandante: Mayeli Reinosa Marroquín y otro
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causante no cumplía con el tiempo mínimo exigido para acceder a dicha prestación.
• Certificación de tiempo de servicios, expedida el doce (12) de noviembre de dos mil
nueve (2009) por el Grupo Único de Hojas de Vida, Registro y Control de la Secretaría
de Educación y Cultura del Departamento del Cauca, que refleja que el señor Luis
Eduardo González Lerma prestó sus servicios como docente de hora cátedra desde 1982
hasta 1994, acumulando un total de 5033 horas, así:
• Certificación de tiempo de servicios, expedida por el Grupo Único de Hojas de Vida,
Registro y Control de la Secretaría de Educación y Cultura del Departamento del Cauca,
el veintinueve (29) de septiembre de dos mil nueve (2009), según la cual, el señor Luis
Eduardo González Lerma prestó sus servicios como docente durante un periodo de trece
(13) años, tres (3) meses y dieciocho (18) días, de forma continua, desde su vinculación
mediante el Decreto No. 0326 del treinta (30) de marzo de mil novecientos noventa y
cuatro (1994) hasta su fallecimiento, sin que se compute tiempos laborados como
docente hora cátedra.
• Declaración extrajuicio, rendida el día veintinueve (29) de noviembre de dos mil
dieciséis (2016) ante el Notario Único del Círculo de Santander de Quilichao, por parte
de la señora Carmen Alicia Núñez Caicedo, en la cual manifiesta, bajo juramento, hechos
relacionados con la convivencia en unión marital de hecho, entre el señor Luis Eduardo
González Lerma y la señora Mayeli Reinosa Marroquín, así como la dependencia
económica de esta última y del menor Cristhian Eduardo González Reinosa respecto del
14
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Demandante: Mayeli Reinosa Marroquín y otro
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
causante.
• En audiencia de pruebas celebrada el once (11) de junio de dos mil veinticinco
(2025), ante el Tribunal de origen, se recepcionaron las declaraciones de los señores
José Nefer Mancilla Carabalí y Carmen Alicia Núñez, quienes manifestaron conocer a la
demandante, ya que el primero es su padrastro y la segunda su prima en segundo grado.
Es por ello que, afirmaron que conocieron la relación sentimental entre la señora Reinosa
Marroquín y el señor González Lerma desde el año 1998, que era él quien se encargaba
del sostenimiento de su hogar, que de dicha unión procrearon un hijo llamado Cristhian
Eduardo y que el causante se desempeñó como docente en el Instituto Educativo de
Asnazú, en el municipio de Suarez, Cauca, donde hacía vida marital con la demandante.
2.2.3. Caso concreto.
47. Con miras a resolver el problema jurídico planteado, teniendo en cuenta los elementos
de prueba allegados al proceso, se tiene acreditado y no existe discusión en lo que
respecta a la calidad de compañera permanente e hijo del causante, esto es, de Mayeli
Reinosa Marroquín y Cristhian Eduardo González Reinosa. Tampoco se discute que el
señor González Lerma fungió como docente, vinculado al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio – Fomag.
48. De lo solicitado en la demanda, se tiene que, el señor Luis Eduardo González Lerma
(q. e. p. d.), laboró como docente oficial desde el primero (1) de mayo de mil novecientos
noventa y cuatro (1994) hasta el seis (6) de agosto de dos mil siete (2007), calenda en la
que falleció, completando un total de trece (13) años, tres (3) meses y dieciocho (18) días;
no cumpliendo así, con lo estipulado en el Decreto 224 de 1972, que consagró el derecho
a la pensión post mortem cuando el docente hubiese laborado en planteles oficiales
durante 18 años continuos o discontinuos.
49. No obstante lo anterior, debe indicarse que, para el momento en que González Lerma
falleció (6 de agosto de 2007), la Ley 100 de 1993, con las modificaciones de la Ley 797
de 2003, exigía como requisito para gozar de la pensión, el acreditar como mínimo 50
semanas cotizadas en los tres (3) años inmediatamente anteriores a su fallecimiento,
cumplido aquel, se habilita a los miembros del grupo familiar el derecho a gozar de la
pensión de sobrevivientes.
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50. En este punto debe indicarse que, los docentes vinculados al magisterio antes de la
expedición de la Ley 812 de 200316, como en el caso del causante, están exceptuados de
las disposiciones de la Ley 100 de 1993, conforme se dispuso en el artículo 27917 de dicha
ley; sin embargo, aquellas normas del sistema general de pensiones pueden serle
aplicadas siempre y cuando les resulten más favorables, evento en el cual el régimen debe
ser acogido en su integridad, tal como lo prevé el artículo 28818 de la mencionada Ley 100
de 1993.
51. Vistas así las cosas, se resalta que esta Sala ha aplicado a casos donde se debate el
derecho a la pensión de sobrevivientes de docentes las disposiciones de la Ley 100 de
1993, al considerar que, el régimen especial que los gobierna y que está contenido en el
Decreto 224 de 1972, en algunas ocasiones es menos favorable, comoquiera que, exige
un tiempo de servicios de 18 años; lo anterior, en aras de garantizar el principio de
favorabilidad, los derechos a la igualdad y a la seguridad social integral19.
52. En este asunto no hay discusión en torno a que el caso no debe ser analizado bajo las
disposiciones del Decreto 224 de 1972, por ser más benéfica la Ley 100 de 1993, en su
versión original, que era la vigente para el momento en que el docente falleció.
53. Como ya se expuso, para el momento en que murió el señor Luis Eduardo Gonzáles
Lerma, el artículo 46 de la Ley 100 de 1993, exigía que aquel hubiera cotizado como
mínimo 50 semanas antes de su deceso para que se habilitara el derecho de sus
beneficiarios a gozar de la pensión de sobrevivientes, requisito que se encuentra cumplido
por cuanto, lo aquí inicialmente acreditado es que el causante se desempeñó como
docente estatal desde el año 1994 y hasta el 2007, sin interrupciones.
54. A pesar de lo antes mencionado, la parte demandante reprocha que, la demandada no
solo omitió otorgar la información completa de tiempo laborado como docente, la cual, fue
16
Publicada en el Diario Oficial No. 45.231, de 27 de junio de 2003
17
Ley 100/93 ARTÍCULO 279. Excepciones. El Sistema Integral de Seguridad Social contenido en la presente Ley no se aplica a los
miembros de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, ni al personal regido por el Decreto-Ley 1214 de 1990, con excepción de
aquel que se vincule a partir de la vigencia de la presente Ley, ni a los miembros no remunerados de las Corporaciones Públicas.
Así mismo, se exceptúa a los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, creado por la Ley 91 de 1989,
cuyas prestaciones a cargo serán compatibles con pensiones o cualquier clase de remuneración. Este Fondo será responsable de la
expedición y pago de bonos pensionales en favor de educadores que se retiren del servicio, de conformidad con la reglamentación
que para el efecto se expida (…).
18
Ley 100/93 ARTÍCULO 288. Aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Ley y en Leyes anteriores. Todo trabajador
privado u oficial, funcionario público, empleado público y servidor público tiene derecho a la vigencia de la presente Ley le sea aplicable
cualquier norma en ella contenida que estime favorable ante el cotejo con lo dispuesto en Leyes anteriores sobre la misma materia,
siempre que se someta a la totalidad de disposiciones de esta Ley.
19
Consejo de Estado, sección segunda, subsección B, del 1 de agosto de 2024, expediente 08001-23-33-000-2021-00312-01(3764-
2023) C.P Jorge Edison Portocarrero Banguera.
16
Número Interno: 0473-2026
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Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
aportada al plenario en el expediente administrativo en el trámite judicial, sino también
computar el tiempo desempeñado por Luis Eduardo González Lerma como docente de
hora cátedra, conforme se evidencia en certificado expedido por la Secretaría de
Educación Departamental del Cauca, según el cual, alcanzó 5033 horas laboradas en
dicha modalidad.
55. En cuanto al tiempo laborado por el señor Luis Eduardo González Lerma como docente
hora cátedra, se encuentra acreditado en el proceso los siguientes periodos, todos al
servicio del «Bachillerato Académico Mixto Asnazú», de la siguiente manera:
ACTO ADMINISTRATIVO TOTAL HORAS DÍAS
LABORADO
Decreto No. 1203 del 16/11/181 199 49,75
Decreto No. 717 del 13/09/1988 720 180
Decreto No. 1286 del 4/09/1989 720 180
Decreto 888 del 10/09/1990 825 206,25
Decreto No. 1479 del 30/09/1991 923 230,75
Auto No. 0045 del 31/08/1992 926 231,5
Auto No. 032 del 01/09/1993 386 96,5
Auto No. 025 del 1/02/1994 334 83,5
TOTAL 5.033 1.258,25
56. Ahora bien, respecto del cómputo de las horas catedra para efectos de determinar la
totalidad del tiempo de servicios alegado por el demandante esta Sección20 ha referido:
«En lo que tiene que ver con el cómputo de tiempo de servicio que da lugar a la pensión de jubilación,
el parágrafo 1° del artículo 1° de la Ley 33 de 1985 señala que sólo se computaran como jornadas
completas de trabajo las de cuatro horas diarias. Si las horas de trabajo señaladas para el respectivo
empleo o tarea no llegan a ese límite, el cómputo se hará sumando las horas de trabajo real y
dividiéndolas por cuatro, el resultado que así se obtenga se tomará como el de días laborados y se
adicionará con los del descanso remunerado y de vacaciones conforme a la ley.
En estas condiciones como el personal docente oficial labora de lunes a viernes y los sábados y los
domingos corresponden a días de descanso remunerados, se deberán adicionar estos días, al igual
que los días de vacaciones escolares de semana santa (1 semana) y de vacaciones intermedias (4
semanas) de conformidad con el numeral 2° del artículo 3° del Decreto 0174 de 1982 modificado
por el artículo 3° del Decreto 1235 de 1982 en armonía con el artículo 58 del Decreto Reglamentario
1860 de 1994.
Así las cosas deben entenderse que cuatro horas diarias de labor académica deberán computarse
como una jornada completa de trabajo, lo que significa que veinte horas semanales suman ochenta
mensuales.
20
Consejo de Estado, sección segunda, subsección A, del 10 de marzo de 2016, expediente 25000-23-25-2012-00382 (3734-14) C.P
Gabriel Valbuena Hernández, Véase también Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia
22 de enero de 2015, Expediente No. 0775-14. C.P. Alfonso Vargas Rincón.
17
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Demandante: Mayeli Reinosa Marroquín y otro
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
El anterior tiempo de servicio como docente de tiempo completo da un total de 17 años, 4 meses y
23 días, el cual resulta insuficiente para acceder a la prestación reclamada, sin embargo la actora
acreditó que durante el periodo comprendido entre el 5 de junio de 1985 al 30 de septiembre de
1993 se vinculó como docente externa de catedra con el Departamento de Sucre. (…) De
conformidad con la Ley 33 de 1985, artículo 1º, parágrafo 1º, el total de las horas dictadas se dividen
por 4 para establecer los días laborados, de la siguiente manera: 6.548,106/4 = 1.637,0265 días
laborados (equivalentes a 4,485 años laborados, es decir a 4 años, 5 meses y 24 días). Así las
cosas, la Sala procederá a determinar si la demandante cumple los requisitos establecidos para el
reconocimiento de la prestación materia de controversia, teniendo en cuenta que el periodo que se
desempeñó como docente externa equivale a 4 años, 5 meses, y 24 días»
57. En atención al anterior precedente y conforme al dossier probatorio, se evidencia que,
conforme el artículo 1, parágrafo 1 de la Ley 33 de 1985, el total de horas se dividen en
cuatro, para establecer los días laborados, a saber: 5.03321/4 = 1.258,25 días, que,
corresponden a 3,49 años, es decir, 3 años, 5 meses y 28 días, que, adicionados a los 13
años 3 meses y 18 días, no satisfacen, en principio, los requisitos establecidos en el
Decreto 224 de 1972, puesto que reúne 16 años, 9 meses y 16 días.
58. De otro lado, la providencia en cita indica que, deben tenerse en cuenta los días de
descanso remunerado (sábado y domingo), los días de vacaciones escolares de semana
santa (1 semana) y de vacaciones intermedias (4 semanas), razón por la cual, es
procedente adicionar 446,6 días22, equivalentes a 1 año, 2 meses y 26 días, para un total
de 18 años,12 días, por lo que, contando los días compensatorios a los que hace
referencia la sentencia del 22 de enero de 2015, se debe concluir que se cumple con el
requisito de 18 años de servicios continuos o discontinuos, dispuestos en el artículo 7 del
Decreto 224 de 1972.
59. Siendo, así las cosas, la Sala concluye que, conforme a lo manifestado por la parte
demandante y al dossier probatorio, computando el tiempo laborado por el señor Luis
Eduardo González Lerma, bajo la modalidad hora cátedra, este resulta suficiente para
acceder al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, bajo los lineamientos del
Decreto 224 de 1972; siendo innecesario, otorgar el derecho en virtud del principio de
favorabilidad, la Ley 100 de 1993.
60. Por otra parte, se advierte que, en el análisis efectuado por el A quo se incurrió en un
yerro en lo que respecta al fenómeno prescriptivo frente al hijo Cristhian Eduardo González
Reinosa, como se indicará a continuación.
21
Ver certificación Horas Catedra, acápite de pruebas.
22
Vacaciones y Semana Santa (5 semanas al año) 17,235 semanas, es decir, 120.6 días compensatorios sábados y domingos (52
semanas del año), 47 semanas a tener en cuenta, en razón, a las 5 semanas de vacaciones, para un total de 324 días.
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Número Interno: 0473-2026
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61. Teniendo en cuenta el momento del fallecimiento del causante y la edad de su hijo,
es necesario precisar que, conforme lo dispuesto en los artículos 2530 y 2541 del Código
Civil Colombiano, el fenómeno de la prescripción no opera para los menores de edad. Lo
anterior por cuanto, el derecho pensional forma parte de su patrimonio y aquel solo puede
afectarse cuando tengan capacidad legal para ejercerlos; cabe aclarar que, dicha
suspensión de la prescripción termina cuando el menor alcanza la mayoría de edad,
momento a partir del cual, comienza a contarse el término para reclamar los derechos
pendientes.
62. En estos casos la prescripción a aplicar es la establecida en el artículo 41 del Decreto
3135 de 1968, en concordancia con el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, esto es,
trienal.
63. Adicionalmente, debe precisarse que, el Decreto 1889 de 1994 en su artículo 15
reguló la condición de estudiante para los efectos de la pensión de sobrevivientes así:
ARTICULO 15. CONDICION DE ESTUDIANTE. Para los efectos de la pensión de sobrevivientes,
los hijos estudiantes de 18 años o más años de edad y hasta 25, deberán acreditar la calidad de
tales, mediante certificación auténtica expedida por el establecimiento de educación formal básica,
media o superior, aprobado por el Ministerio de Educación, en el cual se cursen los estudios, con
una intensidad de por lo menos 20 horas semanales.
64. Dicho decreto fue derogado por la Ley 1574 de 201223, la cual también reguló la
condición de estudiante para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes y en su
artículo 2 estableció:
ARTÍCULO 2o. DE LA CONDICIÓN DE ESTUDIANTE. Para efectos del reconocimiento de la
pensión de sobreviviente en los hijos del causante que tengan la calidad de estudiantes enmarcados
en el artículo anterior, se deberán acreditar los siguientes requisitos:
Certificación expedida por el establecimiento de educación formal de preescolar, básica, media o
superior, autorizado por el Ministerio de Educación Nacional para el caso de las instituciones de
educación superior y por las Secretarías de Educación de las entidades territoriales certificadas para
el caso de los establecimientos de educación preescolar, básica y media, donde se cursen los
respectivos estudios, en la cual conste que el estudiante cumplió con la dedicación a las actividades
académicas curriculares con una intensidad académica no inferior a veinte (20) horas semanales.
Para el caso de los estudiantes de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, la calidad de
estudiante se demostrará con la certificación que expida la respectiva institución de educación para
el trabajo y el desarrollo humano, en donde debe indicarse la denominación del programa, la duración
en la cual conste que el estudiante cumplió con la dedicación a las actividades académicas
curriculares con una intensidad académica que no puede ser inferior a 160 horas, del respectivo
periodo académico, el número y la fecha del registro del programa.
23
Publicada en el Diario Oficial No. 48.510 de 2 de agosto de 2012.
19
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Estas certificaciones de asistencia se deberán acreditar a la entidad correspondiente
semestralmente.
PARÁGRAFO 1o. Para efectos de los programas diseñados sobre el sistema de créditos, se tendrán
en cuenta las horas de acompañamiento directo del docente y las horas no presenciales, en donde
el estudiante debe realizar las prácticas o actividades necesarias para cumplir sus metas
académicas, siempre y cuando estas horas hagan parte del plan de estudios y estén debidamente
certificadas por la institución educativa.
PARÁGRAFO 2. Para programas que se estén cursando en el exterior se deberán allegar los
documentos expedidos por la institución educativa en que se cursa el programa, donde conste la
dedicación de la persona a las actividades académicas curriculares con una intensidad académica
no inferior a 20 horas semanales. Igualmente se allegará la constancia de que la institución educativa
deberá estar certificada por la autoridad competente para operar en ese país.
65. Ambas normas consagraron un requisito esencial para el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes para hijos mayores de edad, esto es, acreditar que sus
estudios tuvieran una intensidad horaria no inferior a 20 horas semanales.
66. En el sub examine, el A-quo aduce que, al momento de presentación de la demanda,
Cristhian González Reinosa era menor de edad24 (16 años), por lo tanto, no le era
imputable la figura jurídico procesal de prescripción, como consecuencia de la mora de la
señora Reinosa Marroquín para el reclamo de la prestación; sin embargo, no puede
perderse de vista que, aquel alcanzó la mayoría de edad el diecinueve (19) de noviembre
de dos mil diecinueve (2019), fecha a partir de la cual, debió acreditar que continuaba con
sus estudios, para que la prestación fuera reconocida hasta el cumplimiento de los 25
años de edad.
67. Así las cosas, al momento de proferirse la sentencia de primera instancia, el joven
González Reinosa contaba con veintitrés (23) años de edad, data para la cual, debía
demostrar realización de estudios, a efectos de la continuidad en el reconocimiento de la
pensión de sobrevivientes con posterioridad al cumplimiento de la mayoría de edad.
68. En consecuencia, se modificará la decisión de primera instancia, en el sentido de
precisar que, en el caso de Cristhian Eduardo González Reinosa, el reconocimiento de la
prestación se efectuará en un 50% desde el seis (6) de agosto de dos mil siete (2007),
fecha de fallecimiento del causante y, hasta el diecinueve (19) de noviembre de dos mil
diecinueve (2019), fecha en la que cumplió los 18 años de edad; con posterioridad a dicha
fecha, solo podrá gozar del derecho pensional hasta que cumpla los 25 años, siempre y
cuando acredite estudios; lo anterior, comoquiera que no se alegó, ni se indicó que el
citado beneficiario presentara alguna condición de discapacidad.
24
Como quedó demostrado en precedencia, Cristhian Eduardo González Reinosa nació el 19 de noviembre de 2001.
20
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69. Finalmente, la Sala no emitirá pronunciamiento alguno respecto a los cargos de la
apelación presentados por la parte demandada, en cuanto al ingreso base de liquidación
y la condena en costas, comoquiera que, además de no haberlos desarrollado de manera
concreta, no guardan relación con lo decidido por el Tribunal.
2.6 Condena en costas
Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala temeridad
o mala fe, sino, simplemente la defensa de sus intereses es de decir, no se cumplen los
presupuestos exigidos por el artículo 188 de la Ley 1437 de 2011.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda - Subsección B, administrando justicia en nombre de la República de Colombia
y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia del Veintidós (22) de Agosto de Dos
Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca, que accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: MODIFICAR y ADICIONAR los ordinales segundo y tercero de la sentencia
del veintidós (22) de agosto de Dos Mil Veinticinco (2025), proferida por el Tribunal
Administrativo del Cauca, el cual quedará así:
SEGUNDO. – A título de restablecimiento del derecho, se condena a la Nación – Ministerio de
Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a reconocer y
pagar la pensión de sobrevivientes a favor de la señora MAYELI REINOSA MARROQUÍN y
de su hijo CRISTHIAN EDUARDO GONZÁLEZ REINOSA, en un porcentaje del 50 % para
cada uno, conforme al monto establecido en el artículo 7 del Decreto 224 de 1972. Para la
liquidación de la pensión se debe tener en cuenta la asignación básica y los demás factores
salariales creados de forma legal y pagados al causante, así como el tiempo laborado como
docente hora cátedra, conforme lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia. El
monto del beneficio pensional reconocido, en ningún caso podrá ser inferior al salario mínimo
legal mensual vigente, de conformidad con lo previsto por los artículos 35 y 48 de la Ley 100
de 1993.
TERCERO: Se reconocerán las mesadas atrasadas indexadas, tal como se señaló en la parte
motiva. Frente a Mayeli Reinosa Marroquín se declara prescrita la obligación respecto de las
mesadas causadas con anterioridad al 9 de marzo de 2014.
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Demandante: Mayeli Reinosa Marroquín y otro
Demandado: Nación - Ministerio de Educación Nacional
En relación con su hijo Cristhian González Reinosa, se ordena el reconocimiento de la pensión
de sobrevivientes a partir del 6 de agosto de 2007 y hasta el 19 de noviembre de 2019, fecha
en la cual cumplió 18 años de edad. Prestación que podrá ser reconocida hasta los 25 años
de edad, siempre y cuando acredite el requisito de estudio en los términos previstos de ley.
TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.
CUARTO: Por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen, previas las
anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de Estado
denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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