Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00381-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00381-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 08001-23-33-000-2021-00381-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 08001-2333-000-2021-00381-02 (0289-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Demandado: Joaquín José Marenco Peña
Tema: Lesividad. Declara probada de oficio la excepción de caducidad
de conformidad con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra la sentencia proferida el diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que declaró probada de oficio la
excepción de caducidad.
ANTECEDENTES
La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones instauró demanda en
contra del señor Joaquín José Marenco Peña, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), bajo la
modalidad de lesividad, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución GNR 087866 del 4 de mayo de 2013,
mediante la cual el Instituto de Seguros Sociales, ISS reconoció una pensión de
vejez en favor del señor Marenco Peña. A título de restablecimiento del derecho
solicitó se ordene al demandado reintegrar las sumas canceladas por dicho
concepto de forma indexada y pagar los intereses a los que haya lugar.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
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Que mediante Resolución No. 010345 del 25 de agosto de 2010, CAJANAL
reconoció y ordenó el pago de una pensión de vejez a favor del señor Marenco
Peña, por un valor de $ 3.480.965.38, efectiva a partir del 26 de febrero de 2006,
con base en la Ley 33 de 1985.
Que por Resolución GNR 087866 del 4 de mayo de 2013, el ISS reconoció y ordenó
el pago de otra prestación económica en favor del pensionado, por un valor inicial
de $ 1.558.874, efectiva a partir del 11 de enero de 2013, aplicándosele una tasa
de reemplazo del 90%, de conformidad con el Decreto 758 de 1990.
Que el 23 de marzo de 2021 Colpensiones solicitó al demandado su consentimiento
para revocar el acto administrativo cuestionado, considerando no se le debió
reconocer un nuevo derecho pensional, porque ambas prestaciones tuvieron en
cuenta los mismos tiempos públicos y fueron asignadas con posterioridad a la Ley
100 de 1993. El solicitado guardó silencio.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Citó como vulnerados la Constitución Política de 1991, Ley 4 de 1992 y Ley 549 de
1999.
Sostuvo que la Resolución mediante la cual el ISS le reconoció un nuevo derecho
pensional al señor Marenco Peña es contraria al ordenamiento jurídico, en la medida
en que vulnera el artículo 128 de la Constitución Política, al permitir que el
beneficiario perciba simultáneamente dos asignaciones provenientes del tesoro
público.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 22 de julio de 20211, y notificada al demandado.
El señor Joaquín José Marenco Peña señaló que la pensión se reconoció
legalmente. Que no gozaba de dos asignaciones pensionales provenientes del
tesoro público, porque la primera era de origen privado, no existiendo vulneración
del artículo 128 de la Constitución. Presentó como excepción la que denominó
“ineptitud de la demanda” por no existir claridad por parte de Colpensiones sobre la
causal de nulidad que pretendía.
Por auto del 24 de enero de 2023 se negó la solicitud de suspensión provisional de
los efectos de la resolución cuestionada; decisión contra la cual la parte demandante
interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por esta corporación mediante
auto del 30 de noviembre de 20232, confirmando la negativa.
1 SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, Índice 02, archivo denominado: 005AdmisionDemanda.pdf.
2 SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, 08001-2333-000-2021-00381-01 (5976-2023), índice 04, archivo
denominado: 5_080012333000202100381011AUTOQUERESUELAUTORESUE20231201083534.
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Radicado: 08001-2333-000-2021-00381-02 (0289-2025)
El 29 de agosto de 2022 se surtió el traslado de excepciones, posteriormente fueron
resueltas y a través de auto del 14 de diciembre de 20233, se impartió tramité de
sentencia anticipada.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
El Tribunal Administrativo del Atlántico declaró de oficio la excepción de caducidad
y, en consecuencia, dispuso la terminación del proceso, en aplicación del artículo
86 de la Ley 2381 de 2024. Resaltando que el Artículo 187 del CPACA faculta al
fallador para declarar cualquier excepción que se encuentre probada.
Precisó que el artículo 164 numeral 1° literal c del CPACA indica que la demanda
contra actos administrativos que reconozcan o nieguen prestaciones periódicas
podía ser presentada en cualquier tiempo, por lo que no se consagraba para la
acción término de caducidad. Sin embargo, lo dicho debía leerse en armonía con el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, que señala que, tratándose de pensiones
reconocidas, las acciones contenciosas no pueden ejercerse luego de 5 años
contados desde el reconocimiento de la pensión, también aplicado a los procesos
en curso, y que esto debía regir a partir de la sanción de la Ley (julio de 2024), por
no hacer parte del sistema pensional, último que regirá desde el 1° de julio de 2025.
Destacó que su fallo sigue decisiones similares del Consejo de Estado.
Que, en el caso estudiado Colpensiones presentó la demanda el 21 de julio de 2021,
solicitando la nulidad de la resolución emitida por el ISS, que reconoció el derecho
pensional del señor Marenco Peña en el año 2013. Es decir, demandó mucho
después de los 5 años permitidos, los cuales vencieron en el 2018.
RECURSO DE APELACIÓN
Colpensiones interpuso recurso de apelación, reiterando que el acto administrativo
mediante el cual se reconoció la pensión objeto de la demanda vulneraba
disposiciones constitucionales, y que ello constituyó una afectación al patrimonio
público.
Frente a la excepción de caducidad, argumentó que, esta debe analizarse conforme
al inciso segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el cual establece que las
normas procesales nuevas no se aplican a actuaciones que ya habían comenzado
bajo las reglas anteriores. En este sentido, la caducidad - al ser una regla de
sustanciación y ritualidad del juicio - debe evaluarse con base en la norma que
estaba vigente al momento de presentar la demanda. Para este caso, el artículo
164.1.c del CPACA permitía demandar en cualquier tiempo cuando se tratara de
nulidad de actos que reconocen prestaciones periódicas, que por esto no le aplicaría
el nuevo término de caducidad que trajo la Ley 2381 de 2024.
3 SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, índice 23, archivo denominado.
37_AUTOCORRETRASLADO_CORRASETR(.pdf).
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Señaló que, si bien el artículo 150 Constitucional facultaba al legislador para
establecer nuevas reglas en los procesos, los cambios normativos debían
responder a razones justificadas y orientadas al interés general y derechos sociales,
y no podían afectar el acceso a la justicia, el debido proceso y el principio de
legalidad.
Adicionó que esta disposición no estaba vigente por lo que la Ley establecía en su
artículo 94 que “El Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, invalidez y
Muerte de origen común, previsto en la presente ley, entrará en vigor el 01 de julio
de 2025”.
Por lo expuesto, solicita se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar
se estudie de fondo el asunto.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 31 de marzo de 2025 se admitió el recurso. Las partes guardaron silencio.
El señor agente del Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia. Señaló que
la acción interpuesta por Colpensiones para anular el reconocimiento pensional
carecía de fundamento jurídico porque ya había operado la caducidad, conforme al
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, que estableció un término de cinco años para
demandar estos actos, incluso en los procesos en curso. Aunado a que la citada
Ley entró a regir desde el 16 de julio de 2024 y no desde el 1° de julio de 2025,
término último que tan solo aplica para las disposiciones de dicha normativa
referentes al Sistema de protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte
de Común, no para la caducidad del medio de control.
CONSIDERACIONES
De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde
a esta Sala determinar si procede revocar la sentencia de primera instancia que
declaró de oficio probada la excepción de caducidad con fundamento en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024.
Marco normativo y jurisprudencial
Caducidad de la acción contenciosa contra actos de reconocimiento
pensional
La caducidad está relacionada con el término que previó el legislador para presentar
las acciones destinadas a obtener la protección de los derechos consagrados en el
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el interesado debe acudir a la jurisdicción en el
plazo señalado en la norma, so pena de que se configure el aludido fenómeno.
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Al respecto, la Corporación ha sostenido: 4
«(…) La caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento
del término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción
derivadas de los actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración,
sin que se haya ejercido el derecho de acción por parte del interesado.
El tiempo determinado para el ejercicio de las acciones depende del tipo de
acción y del origen que la provoca.»
El artículo 164, numeral 1. ° literal c, prevé que cuando se pretenda controvertir
actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, se
podrá demandar en cualquier tiempo. No obstante, y en relación con las pensiones
reconocidas, la Ley 2381 de 2024 establece que las acciones administrativas y
contencioso administrativas deben interponerse dentro de los 5 años contados a
partir de la concesión de la prestación. Transcurrido este plazo, se aplicará la
caducidad, salvo en los casos de actuaciones fraudulentas o con ocurrencia de
algún delito en la obtención del derecho.
«(…) Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas
y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a
partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas
para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.
Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles
del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5)
años a partir de la vigencia de esta ley.» (Negrillas para resaltar)
Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 2024 5 se advierte que fue
sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1.° de julio de
2025.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la
norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor,
se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que
se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025.
4 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 23 de septiembre de 2010. Exp: 47001-
23-31-000-2003-00376-01 (1201-2008). C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Demandante: Marco Fidel
Ramírez Yépez y otros.
5 «por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte
de origen común, y se dictan otras disposiciones».
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Además, para la Subsección es evidente que, por la naturaleza de la norma a
aplicar, tiene vigencia desde su publicación, aun en el evento de que se hubiera
diferido esta (que no fue el caso) entre otras razones porque se logra el efecto útil
querido por el legislador, veamos el siguiente supuesto:
Si a la fecha de hoy y después de trascurridos 5 años del reconocimiento
pensional, la administración presentara una demanda contra el pensionado,
¿estaría obligado el juez a admitirla con el argumento de que la norma no ha
entrado en vigencia?
Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la
caducidad cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo es absurdo, sino que
no cumple con el propósito del legislador que es el de dar estabilidad a las
situaciones jurídicas favorables a las personas pensionadas.
No tendría sentido entonces someter a los jueces a una espera prolongada (hasta
el 1. ° de julio de 2025), dado que, independientemente de si la caducidad se declara
en este momento o con posterioridad, los efectos serían los mismos; pues la
contabilización se debe realizar desde la concesión de la prestación.
Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir
de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la Sentencia C-957 de 19976.
Resolución del caso concreto
El recurso de apelación interpuesto por Colpensiones pretende que en el análisis
de caducidad se tenga en cuenta que tal figura debe estudiarse conforme a la norma
que se encontraba vigente al momento de presentarse la demanda, en virtud del
inciso segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887.
Al respecto la Subsección manifiesta que no desconoce esta disposición, la cual
según lo considera la parte demandada plantearía una interpretación diferente en
cuanto a la aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, sin embargo, en esta
oportunidad se reiterará la postura ya asumida 7 en la que se dio aplicación a la
declaratoria de la excepción de caducidad en las demandas que se presenten y que
incluso se encuentren en curso en la jurisdicción contenciosa administrativa por las
6 “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación,
salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine
una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos
de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial,
dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.”
Negrilla para resaltar.
7 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Subsección A: 2 de octubre de 2024, exp. núm. 2524 -2022,
C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3265-2023, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves;
23 de octubre de 2024, exp. núm. 1431-2023, Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm.
3509 de 2024, 14 de noviembre de 2024, exp. núm. 4936 - 2024, exp. núm. 3936-2018 todas del C.P. Jorge
Iván Duque Gutiérrez.
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siguientes razones:
Sea lo primero recordar que la cláusula general de competencia legislativa prevista
en el artículo 150 de la Constitución Política faculta al legislador para establecer las
formas propias de todo tipo de actuaciones procesales judiciales o administrativas
y, en particular, para fijar los términos en los cuales se enmarcan las acciones
judiciales.
En cuanto a la competencia general para establecer todo tipo de reglas procesales,
la Corte Constitucional ha encontrado justificada esta potestad en la necesidad de
garantizar la efectividad del derecho fundamental al debido proceso y el acceso
efectivo a la administración de justicia, entre otros principios intrínsecos al Estado
Social de Derecho encaminados a la realización de la justicia y la convivencia
pacífica8.
Sobre esto, la Sala ha precisado que la Constitución facultó al legislador para
establecer términos procesales, en aras de garantizar la confianza legitima y
seguridad jurídica, en este asunto, para quienes le sea reconocido su derecho
pensional9. En virtud de esa potestad legislativa, vemos que fue expedida la Ley
2381 de 2024, en la cual de manera expresa y clara se estableció una orden que es
obligatoria y que además se encuentra vigente desde el momento de su
promulgación y es la de declarar probada la excepción de caducidad a las acciones
administrativas y/o contencioso administrativas iniciadas después de cinco (5) años
de haber sido reconocidas una prestación económica.
La interpretación y aplicación que de esta norma ha realizado la Subsección ha dado
prevalencia a los derechos reconocidos a la población pensionada, considerando
que la principal razón por la cual el legislador establece un plazo para presentar
acciones judiciales o administrativas que se promueven en contra de estos derechos
adquiridos es proteger principios constitucionales como la seguridad jurídica y
confianza legitima. Esto significa que, una vez reconocida una pensión por la
autoridad competente, esa decisión debe gozar de estabilidad y no estar sujeta a
cuestionamientos indefinidos en el tiempo. Protección que también refuerza el
respeto por la buena fe de las personas que han cumplido con los requisitos legales
para jubilarse, y contribuye a garantizar sus derechos fundamentales,
especialmente el derecho a la seguridad social y a recibir una pensión que garantice
su subsistencia.
Precisado lo anterior, tenemos que, en este caso se pretende la nulidad de la
Resolución GNR 087866 del 4 de mayo de 2013, en la cual el ISS reconoció una
pensión de vejez en favor del demandado, es decir, la administración tenía hasta el
5 de mayo de 2018 para presentar la demanda, y según consta en el expediente
8 Corte Constitucional. Sentencia C-227 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 20 de marzo de 2025. Exp: 25000-23-42-
000-2016-00995-02 (2361-2022). C.P. Juan Camilo Morales Trujillo. Demandante: Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República –FONPRECON
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digital se radicó y sometió a reparto el 21 de julio de 2021,10 por lo que se concluye
que se presentó con posterioridad a los 5 años de que trata la Ley 2381 de 2024.
En consecuencia, la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia, que
declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control ejercido.
Condena en costas en segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 11 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, pese a que se está confirmando la decisión
apelada, en consideración al numeral 3.° del artículo 365 del CGP 12, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, manifestó argumentos razonables en
defensa jurídica de sus intereses.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
F A L LA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el diez (10) de octubre de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo del Atlántico, por medio de la cual
se declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
10 SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, Índice 02, archivo denominado: 003 ActaReparto.pdf
11 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
12 En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda.
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LUIS EDUARDO MESA NIEVES
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JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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