Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-00995-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 25000-23-42-000-2016-00995-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 25000-23-42-000-2016-00995-02
Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo
20 de marzo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Bogotá, D.C., veinte (20) de marzo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 25000-23-42-000-2016-00995-02 (2361-2022)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República –
FONPRECON
Demandado: Ernesto Rojas Morales
Tema: Declara probada de oficio la excepción de caducidad de
conformidad con el término previsto en el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
__________________________________________________________________
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada en contra de
la sentencia proferida el 16 de febrero de 2022 por la Sección Segunda – Subsección C
del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, mediante la cual se accedió parcialmente
a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES.
Demanda
1. El Fondo de Previsión Social del Congreso de la República – FONPRECON
instauró demanda contenciosa administrativa en ejercicio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho en contra del señor Ernesto Rojas Morales, con el objeto
de que se declare la nulidad de las Resoluciones 1657 de 1992, que le reconoció al
demandado pensión mensual vitalicia de jubilación; 1242 de 1993 que revocó la
Resolución 1657 de 1992 y le confirió la pensión mensual vitalicia de jubilación con
fundamento en la Ley 4 de 1992; 0912 de 1996 que dispuso el reajuste especial del 75%
contemplado en el Decreto 1359 de 1993; 0742 de 1997 que ordenó reconocer intereses
de mora sobre el reajuste del 75% y 1630 de 2004 que ordenó el pago de la diferencia
de la mesada y el salario devengado como director del DANE.
2. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene al Congreso de la
República la expedición de un acto administrativo a través del cual se excluya al
demandado de la nómina de FONPRECON y se le ordene reintegrar a la entidad
demandante las sumas de dinero percibidas por concepto de la pensión de jubilación
reconocida por los actos administrativos demandados.
3. Argumentó que dicho reconocimiento de la pensión de jubilación se fundamentó
en la aplicación del régimen de transición previsto en el Decreto 1293 de 1994 y en la
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Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
homologación como tiempo de servicio para efectos de la pensión a favor de los
Congresistas la publicación del libro “Colombia: Problemas de ayer y de hoy” cuya autoría
es del demandado; sin embargo, estimó que éste no se encontraba cobijado por el
régimen de transición que y la obra literaria no cumplía con las exigencias para el
particular; en esa medida, en realidad no se acreditaron los requisitos de tiempo de
prestación de servicios para el reconocimiento de la pensión mensual vitalicia de
jubilación a cargo de FONPRECON.
Contestación de la demanda.
4. El señor Ernesto Rojas Morales se opuso a las pretensiones de la demanda,
alegando que sí le era aplicable el régimen de transición de que trata el Decreto 1293 de
1994 y que la publicación literaria sí cumplía con los parámetros necesarios para ser
computada como tiempo de servicio; en esa medida, se encontraba probada la
concurrencia de los requisitos exigidos para el reconocimiento de la pensión otorgada por
FONPRECON.
Demanda de reconvención.
5. El señor Ernesto Rojas Morales presentó demanda de reconvención solicitando la
nulidad de la Resolución 1242 de 1993, mediante la cual se le reconoció la pensión
mensual vitalicia de jubilación con fundamento en la Ley 4 de 1992. A título de
restablecimiento del derecho solicitó que se ordene a FONPRECON la expedición de un
nuevo acto administrativo en el que se declare que sí tiene derecho al régimen de
transición de que trata el Decreto 1293 de 1994 y se le reconozca la pensión de jubilación
en los términos de la Ley 4 de 1992 a partir del 14 de noviembre de 1994, rectificando los
tiempos de servicio prestados.
Contestación de la demanda de reconvención.
6. El FONPRECON se opuso a las pretensiones de la demanda de reconvención
reiterando los argumentos que sustentaron sus pretensiones.
II. SENTENCIA APELADA.
7. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda declarando la nulidad de las Resoluciones 1657 de 1992,
1242 de 1993, 0912 de 1996 y 1630 de 2004, mediante las cuales fue reconocida y
reliquidada la pensión de jubilación en favor del demandado; a título de restablecimiento
del derecho ordenó a FONPRECON excluirlo de la nómina de pensionados del Congreso
de la República. Negó las demás pretensiones de la demanda y de la reconvención.
8. Para el efecto, sostuvo que el demandado no cumplía con los requisitos
contemplados en el artículo 2 del Decreto 1293 de 1994 y por ello no le eran aplicables
las reglas de transición previstas en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que le habría
permitido acogerse al régimen especial contenido en la Ley 4 de 1992; siendo así, su
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régimen de pensiones era el general de la precitada Ley 100, en cuyo artículo 13 se
dispuso que el tiempo de servicios de ninguna manera podría sustituirse con otro requisito
diferente y con ello no se le podía homologar la publicación literaria como tiempo de
servicios a efectos de hacerse acreedor de la pensión de jubilación reconocida por
FONPRECON. Precisó que, aun en el caso hipotético de haber sido cobijado por el
régimen de transición y en esa medida admitirse la sustitución del tiempo de servicios
con otro tipo de requisitos, la publicación literaria que presentó no cumplía con las
exigencias establecidas por la ley y la jurisprudencia del Consejo de Estado para su
cómputo.
9. Negó la solicitud de reintegro de valores en virtud de lo dispuesto en el literal c del
numeral 1 del artículo 164 del CPACA.
III. RECURSO DE APELACIÓN.
10. Inconforme con la decisión, el señor Ernesto Rojas Morales interpuso recurso de
apelación en contra de la referida sentencia. Adujo que se encontraba cobijado por el
régimen de transición porque el período para el cual fue elegido congresista debía
haberse extendido hasta el 19 de julio de 1994, a pesar de haber sido suspendido en
1991, y para esa fecha ya cumplía con el tiempo de servicio exigido en el artículo 2 del
Decreto 1293 de 1994; lo anterior, teniendo en cuenta que la publicación literaria sí se
ajustaba en lo dispuesto en la Ley 50 de 1886 y el Decreto 753 de 1974 en punto de
computarse como tiempo de servicio.
11. Adicionalmente, puso de presente su avanzada edad y su condición de sujeto
especial protección al ser un adulto mayor. Finalmente, alegó la ausencia de estudio a la
demanda de reconvención que derivó en una incongruencia en la sentencia apelada.
IV. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA.
12. Mediante auto proferido el 30 de junio de 2022 y notificado por estado del 15 de
julio de 2022 se admitió el recurso de apelación.
13. Encontrándose dentro de la oportunidad, el 18 de julio de 2022, la parte
demandada se pronunció frente a la impugnación manifestando que, si bien el
demandado sí era beneficiario del régimen de transición previsto en el Decreto 1293 de
1994 por contar con la edad a la que se refería dicha disposición, no ostentaba el tiempo
de servicios exigido para adquirir la pensión mensual vitalicia de jubilación otorgada por
FONPRECON; esto, porque la homologación del texto literario por dos (2) años de
servicio había sido ilegal y en realidad no podía ser tenida en cuenta. Respecto al ajuste
de la pensión de jubilación al 75% del salario percibido por los congresistas que se
reconoció al demandado, invocó la sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020
proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado en que sentó las reglas
aplicables a este reajuste, en virtud de las cuales el mismo debía ascender máximo al
50%.
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14. A través de memorial fechado el 23 de julio de 2024, la parte demandante solicitó
la aplicación del término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
V. CONSIDERACIONES.
Competencia.
15. De conformidad con lo previsto en el artículo 150 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), modificado por los artículos
615 del Código General del Proceso (CGP) y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de
Estado es competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos. Así las
cosas, esta Corporación es competente para abordar el análisis de esta controversia.
Problema jurídico.
16. En virtud de las facultades conferidas a esta autoridad judicial por el inciso
segundo del artículo 187 del CPACA, procederá la Sala a estudiar si procede la aplicación
del término de caducidad previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 al caso
concreto.
Marco normativo y jurisprudencial. Aplicación de la regla de caducidad establecida
en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 a los procesos que se encontraban en curso
para la fecha en que entró en vigor la norma.
17. El literal c del numeral 1 del artículo 164 del CPACA establece como regla general
que, cuando se pretenda controvertir actos que reconozcan o nieguen total o
parcialmente prestaciones periódicas, la demanda podrá ser presentada en cualquier
tiempo. Ahora bien, en tratándose del reconocimiento de pensiones, el artículo 86 de la
Ley 2381 de 20241 prevé una regla especial de caducidad según la cual:
“ARTÍCULO 86. TÉRMINO PARA EJERCER ACCIONES ADMINISTRATIVAS Y
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVAS RESPECTO DE LAS PENSIONES
RECONOCIDAS. Las acciones administrativas y contencioso administrativas, no
podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a partir del reconocimiento de las
pensiones otorgadas por las entidades facultadas para ello a excepción y cuando
se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a partir
de la vigencia de esta ley.
1 “Por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y
Muerte Común, y se dictan otras disposiciones”.
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Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, Podrán ser
susceptibles del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un
término de cinco (5) años a partir de la vigencia de esta ley.”
18. El alcance de la precitada regla especial de caducidad no ha sido ajeno a diversas
disquisiciones en torno a la aplicación de lo previsto en el inciso segundo de la norma,
según el cual este término será aplicable, incluso, a los procesos judiciales que se
encontraran en curso para la fecha en que entró en vigor la ley. Frente a esta cuestión,
la Subsección A se ha inclinado, de manera uniforme, por reconocer que la aludida
disposición y por consiguiente sus consecuencias jurídicas impactan los asuntos a cargo
de esta jurisdicción cuyo trámite se haya iniciado con anterioridad a la mencionada
norma2, entendiendo que ello tuvo lugar para la fecha misma de su promulgación, esto
es, el 16 de julio de 20243.
19. Con todo, no escapa a la Sala que la disposición legal que ha venido aplicando
puede generar cierto grado de controversia habida cuenta que entrañaría una eventual
vulneración de los principios de confianza legítima y seguridad jurídica, así como del
derecho fundamental de acceso a la administración (artículos 2, 5, 6, 29 y 83 de la
Constitución Política). En esa medida, podría pensarse que ello daría lugar a que, en
virtud de lo previsto en el artículo 4 Superior, la norma fuera inaplicada por
inconstitucionalidad, concretamente su expresión “[…] y que estén en curso […]”.
20. En este contexto, se hace relevante reiterar una vez más la posición de esta
Subsección A en el sentido de considerar plenamente aplicable el término de caducidad
de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, tanto en los procesos
promovidos después de la entrada en vigor de la norma como en aquellos que se
encontraban en curso desde antes de esta modificación normativa.
21. Al respecto, es lo primero recordar que la cláusula general de competencia
legislativa prevista en el artículo 150 de la Constitución Política faculta al legislador para
establecer las formas propias de todo tipo de actuaciones procesales judiciales o
administrativas y, en particular, para fijar los términos en los cuales se enmarcan las
2 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Subsección A: 2 de octubre de 2024, exp. núm. 2524-2022,
C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3265-2023, C.P. Luis Eduardo Mesa
Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm. 1431-2023, Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024,
exp. núm. 3509 de 2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 14 de noviembre de 2024, exp. núm. 4936-
2024, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
3 “Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 20246 se advierte que fue sancionada y publicada el 16
de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y
Muerte de origen común, conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1° de julio
de 2025. Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la norma, ya que, al
no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor, se entiende que tienen vigencia desde
su promulgación. Lo anterior, teniendo en cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las
modificaciones que se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025. (…)
Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, se encuentra vigente.
Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir de su promulgación en el Diario Oficial, tal
como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la Sentencia C-957 de 19977.” Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 2 de octubre de 2024,
exp. núm. 3936-2018, C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
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acciones judiciales. En cuanto a la competencia general para establecer todo tipo de
reglas procesales, la Corte Constitucional ha encontrado justificada esta potestad en la
necesidad de garantizar la efectividad del derecho fundamental al debido proceso y el
acceso efectivo a la administración de justicia, entre otros principios intrínsecos al Estado
Social de Derecho encaminados a la realización de la justicia y la convivencia pacífica:
“(…) la cláusula general de competencia de la que goza constitucionalmente el
legislador, - numeral 2º del artículo 150 del Estatuto Superior -, lo habilita con
amplio margen de configuración, para regular los procedimientos, las etapas, los
términos, los efectos y demás aspectos de las instituciones procesales en general.
(…) tal prerrogativa le permite al legislador fijar las reglas a partir de las cuales se
asegura la plena efectividad del derecho fundamental al debido proceso (artículo
29 C.P.), y del acceso efectivo a la administración de justicia (artículo 229 C.P.).
Además, son reglas que consolidan la seguridad jurídica, la racionalidad, el
equilibrio y finalidad de los procesos, y permiten desarrollar el principio de legalidad
propio del Estado Social de Derecho. (…) el proceso no es un fin en sí mismo, sino
que se concibe y estructura como un instrumento para la realización de la justicia
y con la finalidad superior de lograr la convivencia pacífica (Preámbulo y artículo
1° de la Carta) de los asociados. (…) Por ende, es extensa la doctrina
constitucional que ha reiterado que acorde a lo establecido en los artículos 29, 150
y 228 de la Constitución, son amplias las facultades del legislador precisamente,
para fijar tales formalidades procesales.”4 (Subrayado propio).
22. Refiriéndose a la caducidad en concreto, la misma Corporación ha reconocido que
el legislador es autónomo para fijar los plazos o términos que tienen las personas para
ejercitar sus derechos ante las autoridades y que dicho margen ostenta gran amplitud al
no existir un parámetro estricto para determinar la razonabilidad de los términos
procesales; autonomía que se justifica, una vez más, en la necesidad de obtener
seguridad jurídica y evitar la paralización del tránsito jurídico5.
23. Vista la relevancia constitucional de la potestad que ostenta el legislador para
regular los términos procesales, se torna igualmente necesario detenerse en la
justificación y los antecedentes legislativos de la norma. Téngase en cuenta que el texto
original de la norma únicamente preveía el término de caducidad de cinco (5) años para
las actuaciones administrativas de revisión y revocación de las pensiones de que tratan
los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 20036; y que fue en el segundo debate legislativo
adelantado ante el plenario del Senado que se propuso y aprobó la redacción que hoy es
Ley de la República.
4
Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
5
Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Corte Constitucional: C-652 de 1997, M.P. Vladimiro
Naranjo Mesa; C-832 de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil; C-227 de 2009, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
6 Texto originalmente propuesto: “Artículo 87: Término para adelantar acciones administrativas
respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas de revisión y de revocación de las
pensiones de que tratan los artículos 19 y 20 de la Ley 797 de 2003, no podrá ser superior a los cinco (5)
años a partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas dentro del Sistema de Seguridad Social
Integral y dentro del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez.”
6
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24. A lo largo de todo el trámite legislativo, la creación de un nuevo término de
caducidad fue justificada a partir de lo previsto en la sentencia C-835 de 2003 que declaró
la inexequibilidad de la expresión “en cualquier tiempo” contenida en los incisos primero
y tercero del artículo 20 de la Ley 797 de 2003, al considerar que la inexistencia de un
límite temporal para ejercer las actuaciones allí contenidas desconocía la seguridad
jurídica y la confianza legítima que se originan en los derechos adquiridos, las situaciones
jurídicas subjetivas ya consolidadas y las sentencias debidamente ejecutoriadas, lo que
deriva en la vulneración del debido proceso (art. 29 C.P.), de la pronta y debida justicia
(art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social de Derecho (art. 1 C.P.):
“Entonces, la expresión “en cualquier tiempo”, ¿es constitucional? La respuesta
es no.
En efecto, a partir del principio según el cual no hay derecho sin acción, ni acción
sin prescripción o caducidad, salta a la vista la inseguridad jurídica en que se
desplomaría el universo de los derechos adquiridos, de las situaciones jurídicas
subjetivas ya consolidadas en cabeza de una persona, de la confianza legítima, y
por supuesto, de la inmutabilidad que toda sentencia ejecutoriada merece al cabo
de un tiempo debidamente determinado por la ley: la resolución de los conflictos
de derecho no puede abandonarse a la suerte de un ad calendas
graecas. Paradójicamente, considerando que el recurso extraordinario de revisión
se instituyó para el restablecimiento de la justicia material, con la indeterminación
que la norma exhibe se allanaría el camino para el advenimiento de lo contrario,
pues, ¿de qué justicia social podría hablarse en un país en el que todos los actos
que reconocen sumas periódicas de dinero o pensiones se hallarían sin remedio
bajo la férula de una perpetua inseguridad jurídica? La norma bajo examen bien
puede perseguir un fin constitucionalmente válido, como sería la defensa del
Tesoro Público. Sin embargo, a la luz de sus consecuencias resulta notoriamente
irracional y desproporcionada. (…)
En este orden de ideas la locución reseñada resulta lesiva del debido proceso (art.
29 C.P.), de la pronta y debida justicia (art. 229 C.P.) y del imperio del Estado Social
de Derecho que a todos nos concierne observar y mantener (art. 1 C.P.), en la
medida en que desborda y contradice el campo de acción que el artículo 89
superior le demarca al legislador, el cual, precisamente, le encomienda a éste la
función de propugnar por la integridad del orden jurídico, que de suyo debe
proteger los derechos de todas las personas frente a la acción u omisión de las
autoridades públicas. Consecuentemente, la Corporación declarará la
inexequibilidad de la expresión examinada.”7 (Resaltado original, subrayado
propio)
25. Aunado a lo anterior, la extensión de la norma de las actuaciones administrativas
previstas en la Ley 797 de 2003 a todo tipo de actuaciones administrativas y acciones
judiciales que recaigan sobre pensiones reconocidas fue sustentada ante la plenaria del
Senado destacando la grave inseguridad jurídica a la que se encuentran sometidas las
7 Corte Constitucional, Sala Plena. Sentencia C-835 de 2003, M.P. Jaime Araújo Rentería.
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personas a quienes se les ha reconocido la pensión al no existir un límite temporal para
que dicho reconocimiento sea cuestionado:
“[…] en Colombia la única acción que no prescribe es aquella que tiene que ver
con las pensiones. Actualmente, en Colombia, cuando a una persona le reconocen
una pensión, bien sea por vía administrativa o contenciosa administrativa, esa
acción nunca prescribe, es decir, esa pensión que fue reconocida puede ser
demandada a los 2, 5, 10 años, en cualquier momento; y esto plantea, sin duda,
un grave problema de inseguridad jurídica y una pérdida de fortaleza del principio
de la confianza legítima. […]. Es decir, cuando yo adquiero mi pensión no adquiero
ninguna seguridad jurídica […]. No hay razón para que en Colombia una persona
que se jubila esté sometida a la expectativa angustiante de ver revisada su pensión
después de cinco (5) años de ser reconocida en cualquier momento de su vida,
hayan transcurrido 10, 20, 30 años como ha pasado en muchas ocasiones.
Entonces yo hago un llamado para que entendamos el drama humano que ha
encarnado esta circunstancia que no permite que las personas que le han servido
bien al Estado o han trabajado durante toda su vida y han adquirido derecho a la
pensión no tengan seguridad de obtener una decisión definitiva.” 8
26. De la mentada exposición se colige que la razón fundamental del legislador para
imponer un límite temporal a las actuaciones administrativas y las acciones judiciales que
procedan en contra de las pensiones ya reconocidas es salvaguardar los principios
constitucionales de seguridad jurídica y confianza legítima respecto de las pensiones
debidamente reconocidas por las autoridades competentes. En este escenario, no se
puede perder de vista que la salvaguarda de los referidos principios en el contexto
pensional redunda igualmente en la protección del principio de buena fe y de los derechos
fundamentales a la seguridad social y al reconocimiento de la pensión de jubilación que
ostentan todas las personas que cumplen con los requisitos establecidos en la ley para
jubilarse.
27. Salta a la vista que el establecimiento de la norma persigue un fin claro y
constitucionalmente legítimo, tornándose entonces posible que en los procesos en curso
en los que operaría la caducidad en virtud de lo dispuesto en el artículo 86 se origine una
tensión de principios y derechos constitucionales: por un lado, los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima, y el derecho de acceso a la administración de justicia de los
demandantes que pretenden cuestionar la pensión de jubilación que ya se encuentra
reconocida; y, por otro lado, los principios de seguridad jurídica y confianza legítima, y los
derechos a la seguridad social y al reconocimiento de la pensión de jubilación de los
trabajadores pensionados. Contraposición en la cual, según el parecer de esta Sala,
prevalecen los principios y derechos que ostentan los trabajadores a quienes se les
reconoció la pensión de jubilación antes de los cinco (5) años previstos en la norma por
la potísima razón de la primacía que le confiere nuestro ordenamiento jurídico a tales
derechos a partir, justamente, de la cláusula de <<Estado Social>> consagrada en la
Constitución.
8 Sesión Plenaria del Senado – 23 de abril de 2024 – 3h 18 min 45 seg.
8
Radicación: 25000-23-42-000-2016-00995-02 (2361-2022)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
28. Es por todo lo anterior que, a pesar de los cuestionamientos constitucionales que
puede suscitar la redacción del segundo inciso de la norma, según el parecer de esta
Sala, no es ostensible ni flagrante una contradicción entre esta y la Constitución Política
en punto de inaplicarla por inconstitucionalidad en los términos del artículo 4 Superior.
29. Al respecto, esta Corporación ha precisado que “(…) para hacer uso de este medio
excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma
constitucional y la legal riñan de tal manera que de simple cotejo resulte absolutamente
incompatible su aplicación simultánea”9.
30. De lo anterior deviene que solamente será procedente que el Consejo de Estado
declare la excepción de inconstitucionalidad, en ejercicio del control de constitucionalidad
concreto10, cuando la contradicción sea manifiesta, presupuesto que no tiene lugar en el
presente caso y cuya ausencia impone la presunción de constitucionalidad de la norma
hasta tanto se declare lo contrario por la Corte Constitucional en su calidad de autoridad
competente o siempre y cuando en el caso concreto la inconstitucionalidad sea
ostensible.
31. Finalmente, en relación con la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la Ley
2381 de 2024, se impone reparar en las normas de vigencia que esta contempla,
advirtiendo entonces que en su artículo 95 señala sin ambages que esta rige a partir de
su sanción, de manera que el artículo 94 ejusdem solamente difirió en el tiempo la entrada
en vigencia del Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte
de Origen Común a partir del 1° de julio de 2025; así las cosas, se impone afirmar que el
artículo 86 entró en vigor el 16 de julio de 2024 fecha en que se sancionó y promulgó.
32. Con todo, como ya había sido anunciado, se concluye que el término de caducidad
de 5 años previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024 es plenamente aplicable tanto
en los procesos promovidos después de la entrada en vigor de la norma (16 de julio de
2024) como en aquellos que se encontraban en curso; exceptuándose, en todo caso,
aquellas pensiones que hubieren sido otorgadas mediante fraude o con ocurrencia de
algún delito.
33. En consecuencia, en virtud de la facultad prevista en el inciso segundo del artículo
187 del CPACA, será procedente que esta Sala declare la caducidad de la acción de
encontrarse probado que han transcurrido más de cinco (5) años desde la fecha en que
se efectuó el reconocimiento de la pensión, incluso si el proceso ya se encontraba en
9 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Sentencia del 11 de
noviembre de 2010, rad. núm. 66001-23-31-000-2007-00070-01, C.P. María Elizabeth García González.
10 “La jurisprudencia constitucional ha reconocido en el sistema jurídico colombiano la existencia de un
sistema mixto de control de constitucionalidad, pues mientras que a la Corte Constitucional y, de manera
residual, al Consejo de Estado se les confía el control de constitucionalidad en abstracto (artículos 241 y
237, numeral 2°, de la Constitución Política), el control de constitucionalidad concreto tiene lugar en
desarrollo del artículo 4° de la Carta Política cuando, al momento de aplicar una norma legal o de inferior
jerarquía, el servidor encargado de aplicarla advierte su ostensible e indudable oposición a mandatos
constitucionales.” Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia
del 14 de diciembre de 2006, exp. núm. 3975-4032, C.P. Darío Quiñonez.
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-00995-02 (2361-2022)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
curso para la fecha en que entró en vigor el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024; esto
último, aun si el demandante no la propuso como excepción.
Caso concreto.
34. En el presente caso, está probado que al señor Ernesto Rojas Morales le fue
reconocida la pensión mensual vitalicia de jubilación en los términos de la Ley 4 de 1992
mediante Resolución 1242 de 1993; posteriormente, le fueron reconocidos el reajuste
especial al 75% del salario de los congresistas mediante Resolución 1359 de 1993 y los
intereses de mora sobre dicho reajuste mediante Resolución 0742 de 1997.
35. La demanda fue radicada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23
de febrero, esto es, alrededor de veintitrés (23) años después de haberse reconocido la
pensión de jubilación y de haberse efectuado el reajuste especial al 75% del salario de
los congresistas.
36. Así las cosas, como quiera que la demanda fue interpuesta más de cinco (5) años
después de haberse proferido los actos administrativos de reconocimiento de pensión,
esta Subsección declarará de oficio la excepción de caducidad de la acción de
conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
37. En lo que respecta a la demanda de reconvención, no se puede perder de vista
que ésta, en todo caso, se encontraba encaminada a defender el derecho cuestionado
mediante las pretensiones de la demanda relativo al reconocimiento de la pensión de
jubilación por parte de FONPRECON a favor del señor Ernesto Rojas Morales. Siendo
así, declarada la caducidad de la acción impetrada por la entidad demandante y con ello
dotando de firmeza el reconocimiento de la pensión de jubilación que se encuentra
percibiendo el demandado, carece de sentido que la Sala eleve pronunciamiento alguno
frente a las pretensiones de la demanda de reconvención.
Condena en costas
38. El artículo 188 del CPACA establece que la sentencia debe disponer sobre la
condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de
Procedimiento Civil (hoy Código General del Proceso); y que, en todo caso, se condenará
en costas si la demanda fue presentada con manifiesta carencia de fundamento legal de
conformidad con la modificación normativa introducida por la Ley 280 de 2021. De lo
anterior se colige que para la imposición de costas se deben emplear las reglas
establecidas en el artículo 365 del CGP y, además, se debe determinar si la demanda
carecía de fundamento legal o no.
39. Ahora bien, para la interpretación de las normas relativas a la disposición de
condena en costas, la jurisprudencia de esta Subsección ha adoptado un criterio objetivo
– valorativo según el cual deben encontrarse probados ambos elementos para que la
condena resulte procedente:
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-00995-02 (2361-2022)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
“b) Se concluye que es “objetivo” porque en toda sentencia se “dispondrá” sobre
costas, es decir, se decidirá, bien sea para condenar total o parcialmente, o bien
para abstenerse, según las precisas reglas del CGP.
c) Sin embargo, se le califica de “valorativo” porque se requiere que en el
expediente el juez revise si las mismas se causaron y en la medida de su
comprobación. Tal y como lo ordena el CGP, esto es, con el pago de gastos
ordinarios del proceso y con la actividad del abogado efectivamente realizada
dentro del proceso. Se recalca, en esa valoración no se incluye la mala fe o
temeridad de las partes.”11
40. En cuanto al elemento objetivo, si bien en principio solamente se tenían en cuenta
las reglas dispuestas en el Código General del Proceso, en la actualidad su análisis
impone también el estudio de la regla introducida por la Ley 2080 de 2021 en el artículo
188 del CPACA relativa a si la demanda carecía o no de fundamento legal.
41. Descendiendo al caso concreto, se considera que no se encuentra configurado el
elemento objetivo porque, si bien la sentencia de primera instancia fue revocada en su
totalidad en los términos del numeral 4 del CGP, no se advierte que la demanda haya
carecido de forma manifiesta de fundamento legal. Tan es así, que la sentencia de
primera instancia accedió a las pretensiones de la demanda por considerar procedentes
los argumentos presentados por la entidad demandante; aunado a lo anterior, no se
puede perder de vista que la declaratoria de oficio de la excepción de caducidad obedece
a una norma que no existía para la fecha en que se presentó la demanda y por ello no le
era exigible tenerla en cuenta.
42. Al no encontrarse configurado el elemento objetivo, se prescindirá del estudio del
elemento valorativo y se abstendrá de la condena en costas en ambas instancias.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley
RESUELVE
PRIMERO. REVOCAR la sentencia proferida el 16 de febrero de 2022 por la Sección
Segunda – Subsección C del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
SEGUNDO. En su lugar, DECLARAR probada de oficio la excepción de caducidad de la
acción, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.
TERCERO. Sin condena en costas en ambas instancias.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia
de 7 de abril de 2016, Rad. No. 13001233300020130002201. C.P. Alfonso Vargas Rincón.
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Radicación: 25000-23-42-000-2016-00995-02 (2361-2022)
Demandante: Fondo de Previsión Social del Congreso de la República
CUARTO. En firme esta providencia, realizar las anotaciones correspondientes y
devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Esta providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por el magistrado conductor del
proceso en la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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