Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00368-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2018-00368-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2018-00368-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-2333-000-2018-00368-02 (6783-2024)
Demandante: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Parafiscales de la Protección Social – UGPP
Demandado: Ángel María Claret Vélez Trujillo
Tema: Lesividad. Declara probada de oficio la excepción de caducidad
de conformidad con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
por el Tribunal Administrativo de Caldas, que declaró probada de oficio la excepción
de caducidad.
ANTECEDENTES
La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Parafiscales de la
Protección Social – UGPP instauró demanda en contra del señor Ángel María Claret
Vélez Trujillo, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), bajo la modalidad de lesividad, con el
fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de las Resoluciones 08674 del 29 de septiembre de 2006,
UGM 022663 del 27 de diciembre de 2011, UGM 049385 del 12 de junio de 2012 y
UGM 059043 del 23 de noviembre de 2012, mediante las cuales CAJANAL
reconoció y reliquidó una pensión de vejez en favor del señor Vélez Trujillo.
A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene reintegrar las sumas
pagadas en virtud de los actos cuestionados, y se declare que el señor Vélez Trujillo
no era beneficiario del régimen de transición, por no contar con los veinte (20) años
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de servicio a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
Que mediante Resolución 08674 del 29 de septiembre de 2006, CAJANAL
reconoció una pensión de vejez a favor del señor Vélez Trujillo - condicionada a
demostrar el retiro del servicio-, por un valor de $748.947, efectiva a partir del 1° de
enero de 2005, liquidada con el promedio de lo devengado en el periodo
comprendido entre el 15 de julio de 1995 y el 30 de diciembre de 2004.
Que por Resolución UGM 022663 del 27 de diciembre de 2011, la prestación
económica fue reliquidada por retiro definitivo del servicio, elevando la suma a
$785.480.95, efectiva a partir del 1° de enero de 2007.
Que, en cumplimiento de fallos de tutela, la pensión fue nuevamente reajustada con
las Resoluciones UGM 049385 del 12 de junio de 2012 y UGM 059043 del 23 de
noviembre de 2012, aumentando finalmente al valor de $1.277.993.
Que para que el demandado accediera a su derecho pensional debía cumplir con
uno de los requisitos del régimen de transición (edad o tiempo de servicio),
establecido en la Ley 100 de 1993, lo cual no acreditó. Argumentó que no tenía 20
años de servicios a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Citó como vulnerados la Constitución Política de 1991, Ley 32 de 1986, Ley 100 de
1993, Ley 797 de 2003, el Decreto 407 de 1994 y el Decreto 2090 de 2003.
Sostuvo que las resoluciones que le otorgaron el derecho pensional y posterior
reliquidación al señor Vélez Trujillo son contrarias al ordenamiento jurídico, porque,
tras la entrada en vigencia de la Ley 100 de 1993, debía cumplir con al menos uno
de los requisitos del régimen de transición (edad o tiempo de servicio), lo cual no
hizo. Además, argumentó que completó los 20 años de servicio en cargos
especiales después del 28 de julio de 2003, fecha en que comenzó a regir el Decreto
2090 de 2003, que cambió las condiciones para acceder a ese tipo de prestación
económica.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 27 de julio de 20181, y notificada al demandado. Por
Auto del 5 de febrero de 2019 se suspendieron provisionalmente las resoluciones
cuestionadas; sin embargo, dicha medida fue revocada por el Consejo de Estado
1 SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, Índice 3, archivo denominado
007ED_C01PRINCIP_007AUTOADMITEDEMANDA.pdf).
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mediante Auto del 12 de agosto de 2021 2, al resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandada.
El señor Ángel María Claret Vélez Trujillo señaló que la pensión se reconoció
legalmente porque tenía 20 años de servicio cuando entró en vigencia la Ley 100
de 1993. Propuso como excepciones las que denominó “Cosa Juzgada”,
manifestando que las decisiones sobre su derecho pensional ya fueron revisadas
por jueces y no pueden volver a discutirse; la de “inexistencia de causales de
nulidad”, por cumplir con los requisitos legales; también “buena fe”, por no haber
engaño en el reconocimiento de la prestación económica.
El 10 de abril de 2019 se surtió el traslado de excepciones, no hubo respuesta sobre
estas por la UGPP, posteriormente fueron resueltas. Por auto del 23 de abril de
20213, se impartió tramité de sentencia anticipada.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
El Tribunal Administrativo de Caldas declaró de oficio la excepción de caducidad y,
en consecuencia, dispuso la terminación del proceso, en aplicación del artículo 86
de la Ley 2381 de 2024. Resaltando que el Artículo 187 del CPACA faculta al fallador
para declarar cualquier excepción que se encuentre probada.
Precisó que el artículo 164 numeral 1° literal c del CPACA indica que la demanda
contra actos administrativos que reconozcan o nieguen prestaciones periódicas
podía ser presentada en cualquier tiempo, por lo que no se consagraba para la
acción término de caducidad. Sin embargo, lo dicho debía leerse en armonía con el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, que señala que, tratándose de pensiones
reconocidas, las acciones contenciosas no pueden ejercerse luego de 5 años
contados desde el reconocimiento de la pensión, también aplicado a los procesos
en curso, y que esto debía regir a partir de la sanción de la Ley (julio de 2024), por
no hacer parte del sistema pensional, último que regirá desde el 1° de julio de 2025.
Mencionó que la aplicación del artículo 86 es inmediata, al ser la caducidad parte
de la ritualidad de los procesos, porque el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 en su
primer inciso así lo establece. Destacó que su fallo sigue decisiones similares del
Consejo de Estado y de Tribunales Administrativos del país. Aclaró que existía un
Auto del Consejo de Estado donde se opinaba lo contrario, pero que desconocía los
principios de especialidad y temporalidad, en el sentido de que el articulo 86 también
aplica para los procesos que estén en curso, postura respaldada por la mayoría de
la Sala que decidió.
2 SAMAI, Trámite en Consejo de Estado,
17001-23-33-000-2018-00368-01 (1941-2019), índice 17, archivo
denominado: 5_170012333000201800368011AUTOSINTERLOCURESUELVEA20210818152305
3 SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, archivo denominado.
064ED_C01PRINCIP_064AUTOFIJALITIGIOPD.pdf.
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Que, en el caso estudiado la UGPP reconoció la pensión en el año 2006, y presentó
la demanda en el año 2018, mucho después de los 5 años permitidos, los cuales
vencieron en el 2011. Por esto se declaró la caducidad de la acción.
RECURSO DE APELACIÓN
La UGPP interpuso recurso de apelación, exponiendo un marco normativo referente
a la reliquidación de la pensión de vejez con base en los factores salariales
devengados en el último año de servicio.
Frente a la excepción de caducidad, argumentó que, según el Auto de 10 de octubre
de 2024 Rad. 2018-00498-01, de la Subsección B, Sección Segunda del Consejo
de Estado, esta debe analizarse conforme al inciso segundo del artículo 40 de la
Ley 153 de 1887, el cual establece que las normas procesales nuevas no se aplican
a actuaciones que ya habían comenzado bajo las reglas anteriores. En este sentido,
la caducidad - al ser una regla de sustanciación y ritualidad del juicio - debe
evaluarse con base en la norma que estaba vigente al momento de presentar la
demanda. Para este caso, el artículo 164.1.c del CPACA permitía demandar en
cualquier tiempo cuando se tratara de nulidad de actos que reconocen prestaciones
periódicas, que por esto no le aplicaría el nuevo término de caducidad que trajo la
Ley 2381 de 2024.
Añadió que la Sentencia del 20 de septiembre de 2024, Rad. 2022-00549-00, del
Juzgado Veintinueve Administrativo del Circuito de Medellín, reconoció que en los
casos en los que la demanda fue presentada antes del 16 de julio de 2024, fecha
en la que entró en vigor la Ley 2381 de 2024, no es aplicable el nuevo término de
caducidad de cinco años. Por tanto, resolvió inaplicar esta norma amparándose en
el artículo 4 de la Constitución, por contrariar el principio de legalidad y el derecho
de acceso a la justicia. En su lugar, indicó que debía aplicarse el artículo 164
numeral 1 literal c) del CPACA, vigente al momento de la demanda, que permite
presentar acciones en cualquier tiempo cuando se trate de actos relacionados con
prestaciones periódicas, como la reliquidación de una pensión.
Por lo expuesto, solicita se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar
se estudie de fondo el asunto.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 2 de abril de 2025 se admitió el recurso. Las partes y el Ministerio Público
guardaron silencio.
Se decidirá, previas las siguientes,
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CONSIDERACIONES
De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde
a esta Sala determinar si procede revocar la sentencia de primera instancia que
declaró, de oficio, probada la excepción de caducidad con fundamento en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024.
Marco normativo y jurisprudencial
Caducidad de la acción contenciosa contra actos de reconocimiento
pensional
La caducidad está relacionada con el término que previó el legislador para presentar
las acciones destinadas a obtener la protección de los derechos consagrados en el
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el interesado debe acudir a la jurisdicción en el
plazo señalado en la norma, so pena de que se configure el aludido fenómeno.
Al respecto, la Corporación ha sostenido: 4
«(…) La caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento
del término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción
derivadas de los actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración,
sin que se haya ejercido el derecho de acción por parte del interesado.
El tiempo determinado para el ejercicio de las acciones depende del tipo de
acción y del origen que la provoca.»
El artículo 164, numeral 1. ° literal c, prevé que cuando se pretenda controvertir
actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, se
podrá demandar en cualquier tiempo. No obstante, y en relación con las pensiones
reconocidas, la Ley 2381 de 2024 establece que las acciones administrativas y
contencioso administrativas deben interponerse dentro de los 5 años contados a
partir de la concesión de la prestación. Transcurrido este plazo, se aplicará la
caducidad, salvo en los casos de actuaciones fraudulentas o con ocurrencia de
algún delito en la obtención del derecho.
«(…) Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas
y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a
partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas
para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.
4 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 23 de septiembre de 2010. Exp: 47001 -
23-31-000-2003-00376-01 (1201-2008). C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Demandante: Marco Fidel
Ramírez Yépez y otros.
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Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles
del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5)
años a partir de la vigencia de esta ley.» (Negrillas para resaltar)
Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 2024 5 se advierte que fue
sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1.° de julio de
2025.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la
norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor,
se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que
se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025.
Además, para la Subsección es evidente que, por la naturaleza de la norma a
aplicar, tiene vigencia desde su publicación, aun en el evento de que se hubiera
diferido esta (que no fue el caso) entre otras razones porque se logra el efecto útil
querido por el legislador, veamos el siguiente supuesto:
Si a la fecha de hoy y después de trascurridos 5 años del reconocimiento
pensional, la administración presentara una demanda contra el pensionado,
¿estaría obligado el juez a admitirla con el argumento de que la norma no ha
entrado en vigencia?
Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la
caducidad cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo es absurdo, sino que
no cumple con el propósito del legislador que es el de dar estabilidad a las
situaciones jurídicas favorables a las personas pensionadas.
No tendría sentido entonces someter a los jueces a una espera prolongada (hasta
el 1. ° de julio de 2025), dado que, independientemente de si la caducidad se declara
en este momento o con posterioridad, los efectos serían los mismos; pues la
contabilización se debe realizar desde la concesión de la prestación.
Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir
de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la Sentencia C-957 de 19976.
5 «por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte de
origen común, y se dictan otras disposiciones».
6 “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación,
salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine
una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos
de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial,
dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.”
Negrilla para resaltar.
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Resolución del caso concreto
El recurso de apelación interpuesto por la UGPP pretende que en el análisis de
caducidad se tenga en cuenta la providencia de 10 de octubre de 2024, proferida
por la Subsección B, en la que se concluyó que tal figura debe estudiarse conforme
a la norma que se encontraba vigente al momento de presentarse la demanda, en
virtud del inciso segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887.
Al respecto la Subsección manifiesta que no desconoce la providencia que sirve de
fundamento en el recurso de apelación interpuesto, la cual adoptó una decisión
diferente respecto a la aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, sin
embargo, en esta oportunidad se reiterará la postura ya asumida 7 en la que se dio
aplicación a la declaratoria de la excepción de caducidad en las demandas que se
presenten y que incluso se encuentren en curso en la jurisdicción contenciosa
administrativa por las siguientes razones:
Sea lo primero recordar que la cláusula general de competencia legislativa prevista
en el artículo 150 de la Constitución Política faculta al legislador para establecer las
formas propias de todo tipo de actuaciones procesales judiciales o administrativas
y, en particular, para fijar los términos en los cuales se enmarcan las acciones
judiciales.
En cuanto a la competencia general para establecer todo tipo de reglas procesales,
la Corte Constitucional ha encontrado justificada esta potestad en la necesidad de
garantizar la efectividad del derecho fundamental al debido proceso y el acceso
efectivo a la administración de justicia, entre otros principios intrínsecos al Estado
Social de Derecho encaminados a la realización de la justicia y la convivencia
pacífica8.
Sobre esto, la Sala ha precisado que la Constitución facultó al legislador para
establecer términos procesales, en aras de garantizar la confianza legítima y
seguridad jurídica, en este asunto, para quienes le sea reconocido su derecho
pensional9. En virtud de esa potestad legislativa, vemos que fue expedida la Ley
2381 de 2024, en la cual de manera expresa y clara se estableció una orden que es
obligatoria y que además se encuentra vigente desde el momento de su
promulgación y es la de declarar probada la excepción de caducidad a las acciones
administrativas y/o contencioso administrativas iniciadas después de cinco (5) años
de haber sido reconocidas una prestación económica.
7 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Subsección A: 2 de octubre de 2024, exp. núm. 2524 -2022,
C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3265-2023, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves;
23 de octubre de 2024, exp. núm. 1431-2023, Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm.
3509 de 2024, 14 de noviembre de 2024, exp. núm. 4936 - 2024, exp. núm. 3936-2018 todas del C.P. Jorge
Iván Duque Gutiérrez.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-227 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 20 de marzo de 2025. Exp: 25000-23-42-
000-2016-00995-02 (2361-2022). C.P. Juan Camilo Morales Trujillo. Demandante: Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República –FONPRECON.
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La interpretación y aplicación que de esta norma ha realizado la Subsección ha dado
prevalencia a los derechos reconocidos a la población pensionada, considerando
que la principal razón por la cual el legislador establece un plazo para presentar
acciones judiciales o administrativas que se promueven en contra de estos derechos
adquiridos es proteger principios constitucionales como la seguridad jurídica y
confianza legítima. Esto significa que, una vez reconocida una pensión por la
autoridad competente, esa decisión debe gozar de estabilidad y no estar sujeta a
cuestionamientos indefinidos en el tiempo. Protección que también refuerza el
respeto por la buena fe de las personas que han cumplido con los requisitos legales
para jubilarse, y contribuye a garantizar sus derechos fundamentales,
especialmente el derecho a la seguridad social y a recibir una pensión que garantice
su subsistencia.
Se advierte que a pesar de los cuestionamientos constitucionales que puede
suscitar la redacción del segundo inciso de la disposición, para esta Sala, no es
ostensible ni flagrante una contradicción entre esta y la Constitución Política en
punto de inaplicarla por inconstitucionalidad en los términos del artículo 4 superior,
pues en palabras de esta corporación “(...) para hacer uso de este medio
excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma
constitucional y la legal riñan de tal manera que de simple cortejo resulte
absolutamente incompatible su aplicación simultanea” 10
Por lo anterior, para que el Consejo de Estado declare la excepción de
inconstitucionalidad, a través del control de constitucionalidad concreto es necesario
que la contradicción sea manifiesta, lo cual no se evidencia en el presente caso, por
lo que se presume que la norma es constitucional hasta que la Corte Constitucional
decida lo contrario.
De acuerdo con lo anotado, resulta respetable la interpretación y postura que
pretende el recurrente, y más cuando este se fundamenta en una decisión de esta
corporación, sin embargo, se reitera, en virtud del principio de la autonomía el juez
también puede apartarse de esas decisiones siempre y cuando presente las
razones por las cuales lo hace y demuestre con suficiencia que su interpretación
aporta un mejor desarrollo a los derechos y principios constitucionales.
Sobre este punto la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que no constituye una
obligatoriedad absoluta acogerse a las decisiones de los órganos de cierre, pues el
juez puede separarse de aquellos, exigiéndosele además que reconozca en su
providencia la existencia de la decisión de la cual se aparta. 11 Por lo expuesto, el
10 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 11 de noviembre de 2010. Exp. 66001-23-31-000-2007-
00070-01. C.P. María Elizabeth García González. Demandante: FAMILY COFFEE S.A.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de enero de 2014. Exp: 11001-03-15-
000-2013-02267-00(AC). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Demandante: Óscar Tirado León. Consejo
de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 11 de mayo de 2016. Exp: 11001-03-15-000-2016-00380-00(AC).
C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Demandante: Departamento de Santander y otros. Corte Constitucional.
Sentencia SU – 113 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Tribunal ante las dos interpretaciones contaba con autonomía para motivar su
decisión con la postura que considere más acertada.
Precisado lo anterior, tenemos que en este caso, se pretende la nulidad de las
Resoluciones 08674 del 29 de septiembre de 2006, UGM 022663 del 27 de
diciembre de 2011, UGM 049385 del 12 de junio de 2012 y UGM 059043 del 23 de
noviembre de 2012, en las cuales CAJANAL reconoció y reliquidó una pensión de
vejez en favor del demandado, es decir, la administración tenía hasta el 30 de
septiembre de 2011 para presentar la demanda, y según consta en el expediente
digital se radicó y sometió a reparto el 26 de junio de 2018,12 por lo que se concluye
que tal como lo consideró el Tribunal se presentó con posterioridad a los 5 años de
que trata la Ley 2381 de 2024.
En consecuencia, la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia, que
declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control ejercido.
Condena en costas en segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 13 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, pese a que se está confirmando la decisión
apelada, en consideración al numeral 3.° del artículo 365 del CGP 14, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, manifestó argumentos razonables en
defensa jurídica de sus intereses.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
F A L LA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticinco (25) de octubre de dos
mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual
se declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
12
SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, Índice 38, archivo denominado
12_EXPEDIENTEDIGITAL_20180059500(.pdf), folio 32.
13 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
14 En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda.
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10
Radicado: 17001-2333-000-2018-00368-02 (6783-2024)
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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