Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00257-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 17001-23-33-000-2021-00257-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 17001-23-33-000-2021-00257-02
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
22 de mayo de 2025
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 17001-2333-000-2021-00257-02 (0593-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Demandado: Jaime Enrique Sánz Álvarez
Tema: Lesividad. Declara probada de oficio la excepción de caducidad
de conformidad con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
CONFIRMA SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra la sentencia proferida el veinticinco (25) de octubre de dos mil veinticuatro
(2024) por el Tribunal Administrativo de Caldas, que declaró probada de oficio la
excepción de caducidad.
ANTECEDENTES
La Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones instauró demanda en
contra del señor Jaime Enrique Sánz Álvarez, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), bajo la
modalidad de lesividad, con el fin de que se acceda a las siguientes:
PRETENSIONES
Que se declare la nulidad de la Resolución N°3485 del 27 de julio de 2001, mediante
la cual el Instituto de Seguro Social, ISS reconoció una pensión de vejez en favor
del señor Sánz Álvarez. A título de restablecimiento del derecho solicitó se ordene
al demandado reintegrar las sumas canceladas por dicho concepto de forma
indexada y pagar los intereses a los que haya lugar.
HECHOS
La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:
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Que mediante Resolución 19942 del 22 de octubre de 1997, CAJANAL reconoció y
ordenó el pago de una pensión de vejez a favor del señor Sánz Álvarez, por un valor
de $1.420. 209, efectiva a partir del 8 de julio de 1996, posteriormente reliquidada
en cumplimiento a fallos de tutela, aumentándola a $4.659.700.
Que por Resolución N°3485 del 27 de julio de 2001, el ISS reconoció y ordenó el
pago de otra prestación económica en favor del pensionado, por un valor inicial de
$1.075.014, efectiva a partir del 1° de agosto de 2001, teniendo en cuenta 851
semanas cotizadas, de conformidad con el Decreto 758 de 1990, y que para 2021
esta había aumentado a $2.620. 683.
Que el 2 de marzo de 2021 Colpensiones solicitó al demandado su consentimiento
para revocar dicho acto administrativo, considerando no se le debió reconocer una
nueva pensión, lo cual vulneró los artículos 48 y 128 de la Constitución Política. La
comunicación fue devuelta con anotación de dirección errada, por lo que dispuso
iniciar este proceso judicial.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
Citó como vulnerados la Constitución Política de 1991 y el Decreto 785 de 1990.
Sostuvo que la Resolución mediante la cual se le reconoció un nuevo derecho
pensional al señor Sánz Álvarez es contraria al ordenamiento jurídico, en la medida
en que vulnera el artículo 128 de la Constitución Política, al permitir que el
beneficiario perciba simultáneamente dos asignaciones provenientes del tesoro
público. Además, conforme a lo dispuesto en la Ley 549 de 1999, los aportes hechos
por el pensionado debían usarse para pagar la pensión que ya le había reconocido
Cajanal, por lo que la entidad actora carecía de competencia para otorgar un nuevo
beneficio pensional.
TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA
La demanda fue admitida el 2 de diciembre de 20211, y notificada al demandado.
El señor Jaime Enrique Sánz Álvarez señaló que la pensión se reconoció
legalmente. Propuso como excepciones las que denominó “inexistencia de
agotamiento de requisito previo”, manifestando que no recibió solicitudes de
revocatoria directa del acto demandado; la de “procedibilidad y concurrencia de
pensiones de los sectores público y el privado”, aludiendo que los dos
reconocimientos pensionales obedecen a tiempos y relaciones laborales diferentes;
también “presunción de buena fe”, lo cual correspondía a la entidad desvirtuar, y
“prescripción”, que fundamentó en el principio de seguridad jurídica sobre las
mesadas pensionales pagadas.
1 SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, Índice 33, archivo denominado
9ED_C01PRINCIP_009AUTOADMITEDEMANDA(.pdf).
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Por auto del 31 de enero de 2022 se negó la solicitud de suspensión provisional de
los efectos de la resolución cuestionada; decisión contra la cual la parte demandante
interpuso recurso de apelación, resuelto por el Consejo de Estado mediante auto
del 13 de octubre de 2022 2, que lo declaró fallido por no referirse a los motivos en
que se fundó el Tribunal para negar la medida.
El 15 de marzo de 2022 se surtió el traslado de excepciones, la parte actora
respondió en el término legal, posteriormente fueron resueltas. Por auto del 19 de
abril de 20223, se impartió tramité de sentencia anticipada.
SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN
El Tribunal Administrativo de Caldas declaró de oficio, la excepción de caducidad y,
en consecuencia, dispuso la terminación del proceso, en aplicación del artículo 86
de la Ley 2381 de 2024. Resaltando que el Artículo 187 del CPACA faculta al fallador
para declarar cualquier excepción que se encuentre probada.
Precisó que el artículo 164 numeral 1° literal c del CPACA indica que la demanda
contra actos administrativos que reconozcan o nieguen prestaciones periódicas
podía ser presentada en cualquier tiempo, por lo que no se consagraba para la
acción término de caducidad. Sin embargo, lo dicho debía leerse en armonía con el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, que señala que, tratándose de pensiones
reconocidas, las acciones contenciosas no pueden ejercerse luego de 5 años
contados desde el reconocimiento de la pensión, también aplicado a los procesos
en curso, y que esto debía regir a partir de la sanción de la Ley (julio de 2024), por
no hacer parte del sistema pensional, último que regirá desde el 1° de julio de 2025.
Mencionó que la aplicación del artículo 86 es inmediata, al ser la caducidad parte
de la ritualidad de los procesos, porque el artículo 40 de la Ley 153 de 1887 en su
primer inciso así lo establece. Destacó que su fallo sigue decisiones similares del
Consejo de Estado y de Tribunales Administrativos del país. Aclaró que existía un
Auto del Consejo de Estado donde se opinaba lo contrario, pero que desconocía los
principios de especialidad y temporalidad, en el sentido de que el articulo 86 también
aplica para los procesos que estén en curso, postura respaldada por la mayoría de
la sala que decidió.
Que, en el caso estudiado Colpensiones presentó la demanda el 30 de julio de 2021
solicitando la nulidad de la resolución emitida por el ISS, que reconoció el derecho
pensional del señor Sánz Álvarez. Aunque este se hizo efectivo en 2001, la
accionante presentó la demanda en el año 2021, mucho después de los 5 años
permitidos, los cuales vencieron en el 2006. Por esto se declaró la caducidad de la
acción.
2 SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, 17001-2333-000-2021-00257-01 (2953-2022), índice 4, archivo
denominado: AUTOQUERESUELVEAPELACIONDEAUTO(.pdf)
3 SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, índice 33, archivo denominado.
28ED_C01PRINCIP_028AUTORESUELVEEXCEP(.pdf).
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RECURSO DE APELACIÓN
Colpensiones interpuso recurso de apelación, reiterando que el acto administrativo
mediante el cual se reconoció la pensión objeto de la demanda vulneraba
disposiciones constitucionales, y que ello constituyó una afectación al patrimonio
público.
Frente a la excepción de caducidad, argumentó que, según el Auto de 10 de octubre
de 2024 Rad. 2018-00498-01, de la Subsección B, Sección Segunda del Consejo
de Estado, esta debe analizarse conforme al inciso segundo del artículo 40 de la
Ley 153 de 1887, el cual establece que las normas procesales nuevas no se aplican
a actuaciones que ya habían comenzado bajo las reglas anteriores. En este sentido,
la caducidad - al ser una regla de sustanciación y ritualidad del juicio - debe
evaluarse con base en la norma que estaba vigente al momento de presentar la
demanda. Para este caso, el artículo 164.1.c del CPACA permitía demandar en
cualquier tiempo cuando se tratara de nulidad de actos que reconocen prestaciones
periódicas, que por esto no le aplicaría el nuevo término de caducidad que trajo la
Ley 2381 de 2024.
Señaló el principio de progresividad y no regresividad, que, si bien las normas sobre
pensiones no eran inmodificables, los cambios normativos debían responder a
razones justificadas y orientadas al interés general -como la sostenibilidad
financiera del sistema o la ampliación de cobertura-. Por tanto, aplicar
retroactivamente el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, que limita el acceso a la
justicia, contradecía este principio.
Por lo expuesto, solicita se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar
se estudie de fondo el asunto.
TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA
El 7 de abril de 2025 se admitió el recurso. Las partes guardaron silencio.
El señor agente del Ministerio Público solicitó revocar la sentencia. Consideró que
esta fue errónea al priorizar una norma meramente procedimental sobre el análisis
de fondo del caso, lo cual impidió una solución justa. Argumentó que no se probó
adecuadamente la comunicación al afectado sobre el proceso administrativo de
revocatoria directa, vulnerando el debido proceso, y que la supuesta
incompatibilidad entre pensiones públicas y privadas no estuvo sustentada, porque
ambas se originaron en regímenes diferentes y en tiempos distintos, una antes de
la Ley 100 de 1993. Además, sostuvo que aplicar retroactivamente la caducidad
alteraba el acceso a la justicia, los derechos adquiridos y el principio de legalidad.
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CONSIDERACIONES
De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde
a esta Sala determinar si procede revocar la sentencia de primera instancia que
declaró, de oficio, probada la excepción de caducidad con fundamento en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024.
Marco normativo y jurisprudencial
Caducidad de la acción contenciosa contra actos de reconocimiento
pensional
La caducidad está relacionada con el término que previó el legislador para presentar
las acciones destinadas a obtener la protección de los derechos consagrados en el
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el interesado debe acudir a la jurisdicción en el
plazo señalado en la norma, so pena de que se configure el aludido fenómeno.
Al respecto, la Corporación ha sostenido: 4
«(…) La caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento
del término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción
derivadas de los actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración,
sin que se haya ejercido el derecho de acción por parte del interesado.
El tiempo determinado para el ejercicio de las acciones depende del tipo de
acción y del origen que la provoca.»
El artículo 164, numeral 1. ° literal c, prevé que cuando se pretenda controvertir
actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, se
podrá demandar en cualquier tiempo. No obstante, y en relación con las pensiones
reconocidas, la Ley 2381 de 2024 establece que las acciones administrativas y
contencioso administrativas deben interponerse dentro de los 5 años contados a
partir de la concesión de la prestación. Transcurrido este plazo, se aplicará la
caducidad, salvo en los casos de actuaciones fraudulentas o con ocurrencia de
algún delito en la obtención del derecho.
«(…) Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas
y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a
partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas
para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.
A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.
4 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 23 de septiembre de 2010. Exp: 47001 -
23-31-000-2003-00376-01 (1201-2008). C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Demandante: Marco Fidel
Ramírez Yépez y otros.
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Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles
del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5)
años a partir de la vigencia de esta ley.» (Negrillas para resaltar)
Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 2024 5 se advierte que fue
sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1.° de julio de
2025.
Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la
norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor,
se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que
se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025.
Además, para la Subsección es evidente que, por la naturaleza de la norma a
aplicar, tiene vigencia desde su publicación, aun en el evento de que se hubiera
diferido esta (que no fue el caso) entre otras razones porque se logra el efecto útil
querido por el legislador, veamos el siguiente supuesto:
Si a la fecha de hoy y después de trascurridos 5 años del reconocimiento
pensional, la administración presentara una demanda contra el pensionado,
¿estaría obligado el juez a admitirla con el argumento de que la norma no ha
entrado en vigencia?
Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la
caducidad cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo es absurdo, sino que
no cumple con el propósito del legislador que es el de dar estabilidad a las
situaciones jurídicas favorables a las personas pensionadas.
No tendría sentido entonces someter a los jueces a una espera prolongada (hasta
el 1. ° de julio de 2025), dado que, independientemente de si la caducidad se declara
en este momento o con posterioridad, los efectos serían los mismos; pues la
contabilización se debe realizar desde la concesión de la prestación.
Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir
de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la Sentencia C-957 de 19976.
5 «por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte
de origen común, y se dictan otras disposiciones».
6 “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación,
salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine
una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos
de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial,
dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.”
Negrilla para resaltar.
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Resolución del caso concreto
El recurso de apelación interpuesto por Colpensiones pretende que en el análisis
de caducidad se tenga en cuenta la providencia de 10 de octubre de 2024, proferida
por la Subsección B, en la que se concluyó que tal figura debe estudiarse conforme
a la norma que se encontraba vigente al momento de presentarse la demanda, en
virtud del inciso segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887.
Al respecto la Subsección manifiesta que no desconoce la providencia que sirve de
fundamento en el recurso de apelación interpuesto, la cual adoptó una decisión
diferente respecto a la aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, sin
embargo, en esta oportunidad se reiterará la postura ya asumida 7 en la que se dio
aplicación a la declaratoria de la excepción de caducidad en las demandas que se
presenten y que incluso se encuentren en curso en la jurisdicción contenciosa
administrativa por las siguientes razones:
Sea lo primero recordar que la cláusula general de competencia legislativa prevista
en el artículo 150 de la Constitución Política faculta al legislador para establecer las
formas propias de todo tipo de actuaciones procesales judiciales o administrativas
y, en particular, para fijar los términos en los cuales se enmarcan las acciones
judiciales.
En cuanto a la competencia general para establecer todo tipo de reglas procesales,
la Corte Constitucional ha encontrado justificada esta potestad en la necesidad de
garantizar la efectividad del derecho fundamental al debido proceso y el acceso
efectivo a la administración de justicia, entre otros principios intrínsecos al Estado
Social de Derecho encaminados a la realización de la justicia y la convivencia
pacífica8.
Sobre esto, la Sala ha precisado que la Constitución facultó al legislador para
establecer términos procesales, en aras de garantizar la confianza legitima y
seguridad jurídica, en este asunto, para quienes le sea reconocido su derecho
pensional9. En virtud de esa potestad legislativa, vemos que fue expedida la Ley
2381 de 2024, en la cual de manera expresa y clara se estableció una orden que es
obligatoria y que además se encuentra vigente desde el momento de su
promulgación y es la de declarar probada la excepción de caducidad a las acciones
administrativas y/o contencioso administrativas iniciadas después de cinco (5) años
de haber sido reconocidas una prestación económica.
7 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Subsección A: 2 de octubre de 2024, exp. núm. 2524 -2022,
C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3265-2023, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves;
23 de octubre de 2024, exp. núm. 1431-2023, Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm.
3509 de 2024, 14 de noviembre de 2024, exp. núm. 4936 - 2024, exp. núm. 3936-2018 todas del C.P. Jorge
Iván Duque Gutiérrez.
8 Corte Constitucional. Sentencia C-227 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
9 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 20 de marzo de 2025. Exp: 25000-23-42-
000-2016-00995-02 (2361-2022). C.P. Juan Camilo Morales Trujillo. Demandante: Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República –FONPRECON
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La interpretación y aplicación que de esta norma ha realizado la Subsección ha dado
prevalencia a los derechos reconocidos a la población pensionada, considerando
que la principal razón por la cual el legislador establece un plazo para presentar
acciones judiciales o administrativas que se promueven en contra de estos derechos
adquiridos es proteger principios constitucionales como la seguridad jurídica y
confianza legitima. Esto significa que, una vez reconocida una pensión por la
autoridad competente, esa decisión debe gozar de estabilidad y no estar sujeta a
cuestionamientos indefinidos en el tiempo. Protección que también refuerza el
respeto por la buena fe de las personas que han cumplido con los requisitos legales
para jubilarse, y contribuye a garantizar sus derechos fundamentales,
especialmente el derecho a la seguridad social y a recibir una pensión que garantice
su subsistencia.
Se advierte que a pesar de los cuestionamientos constitucionales que puede
suscitar la redacción del segundo inciso de la disposición, para esta Sala, no es
ostensible ni flagrante una contradicción entre esta y la Constitución Política en
punto de inaplicarla por inconstitucionalidad en los términos del artículo 4 superior,
pues en palabras de esta corporación “(...) para hacer uso de este medio
excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma
constitucional y la legal riñan de tal manera que de simple cortejo resulte
absolutamente incompatible su aplicación simultanea” 10
Debido a lo anterior, para que el Consejo de Estado declare la excepción de
inconstitucionalidad, a través del control de constitucionalidad concreto es necesario
que la contradicción sea manifiesta, lo cual no se evidencia en el presente caso, por
lo que se presume que la norma es constitucional hasta que la Corte Constitucional
decida lo contrario.
De acuerdo con lo anotado, resulta respetable la interpretación y postura que
pretende el recurrente, y que además comparte el señor agente del ministerio
público más cuando este se fundamenta en una decisión de esta corporación, sin
embargo, se reitera, en virtud del principio de la autonomía el juez también puede
apartarse de esas decisiones siempre y cuando presente las razones por las cuales
lo hace y demuestre con suficiencia que su interpretación aporta un mejor desarrollo
a los derechos y principios constitucionales.
Sobre este punto la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que no constituye una
obligatoriedad absoluta acogerse a las decisiones de los órganos de cierre, pues el
juez puede separarse de aquellos, exigiéndosele además que reconozca en su
providencia la existencia de la decisión de la cual se aparta. 11 Por lo expuesto, el
10 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 11 de noviembre de 2010. Exp. 66001-23-31-000-2007-
00070-01. C.P. María Elizabeth García González. Demandante: FAMILY COFFEE S.A.
11 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de enero de 2014. Exp: 11001 -03-
15-000-2013-02267-00(AC). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Demandante: Óscar Tirado León.
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 11 de mayo de 2016. Exp: 11001-03-15-000-2016-00380-
00(AC). C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Demandante: Departamento de Santander y otros. Corte
Constitucional. Sentencia SU – 113 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
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Tribunal ante las dos interpretaciones contaba con autonomía para motivar su
decisión con la postura que considere más acertada.
Precisado lo anterior, tenemos que, en este caso se pretende la nulidad de la
Resolución N°3485 del 27 de julio de 2001, en la cual el ISS reconoció una pensión
de vejez en favor del demandado, es decir, la administración tenía hasta el 28 de
julio de 2006 para presentar la demanda, y según consta en el expediente digital se
radicó y sometió a reparto el 30 de julio de 2021,12 por lo que se concluye que se
presentó con posterioridad a los 5 años de que trata la Ley 2381 de 2024.
En consecuencia, la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia, que
declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control ejercido.
Condena en costas en segunda instancia
Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 13 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, pese a que se está confirmando la decisión
apelada, en consideración al numeral 3.° del artículo 365 del CGP 14, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, manifestó argumentos razonables en
defensa jurídica de sus intereses.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
F A L LA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticinco (25) de octubre de dos
mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Caldas, por medio de la cual
se declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control.
Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
12 SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, Índice 33, archivo denominado
1ED_C01PRINCIP_001ACTAREPARTOPDF(.pdf) NroActua 33.
13 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
14 En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda.
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Radicado: 17001-2333-000-2021-00257-02 (0593-2025)
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente
Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
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