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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00178-02

Fecha
22 de mayo de 2025
Consejero ponente
Jorge Iván Duque Gutiérrez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 68001-23-33-000-2019-00178-02

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L LA Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el trece (13) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual se declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control. Segundo: Sin condena en costas en esta instancia. 13 Aunque la apelación no abordó expresamente este punto, es deber de esta Sala aclarar que la caducidad del medio de control no puede contarse desde el acto de reliquidación de la pensión emitido el 25 de mayo de 2018, sino desde el acto administrativo original que reconoció la prestación, fechado el 9 de abril de 2013. Esto se debe a que la reliquidación no constituye un nuevo reconocimiento del derecho pensional, sino una modificación de su cuantía; por tanto, no reinicia el término de caducidad. En consec uencia, al haber transcurrido más de cinco años desde el acto de reconocimiento inicial, ya se encontraba vencido el término legal para ejercer la acción al momento de la demanda, conforme al artículo 86 de la Ley 2381 de 2024. 14 SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, Índice 99, archivo denominado Folios 1 - 20 Demanda folio 30. 15 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal. 16 En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al recurrente en las costas de la segunda. Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 10 Radicado: 68001-2333-000-2019-00178-02 (0351-2025) Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones pertinentes en el aplicativo SAMAI. La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 68001-23-33-000-2019-00178-02

Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez

22 de mayo de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de mayo de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 68001-2333-000-2019-00178-02 (0351-2025)
Demandante: Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
Demandado: Jorge Eliecer Galeano Vidal

Tema: Lesividad. Declara probada de oficio la excepción de caducidad
de conformidad con el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
CONFIRMA SENTENCIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en
contra la sentencia proferida el trece (13) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024)
por el Tribunal Administrativo de Santander, que declaró probada de oficio la
excepción de caducidad.

ANTECEDENTES

La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones instauró demanda en
contra del señor Jorge Eliecer Galeano Vidal, en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), bajo la
modalidad de lesividad, con el fin de que se acceda a las siguientes:

PRETENSIONES

Que se declare la nulidad de las Resoluciones GNR 56517 del 9 de abril de 2013 y
SUB 139275 del 25 de mayo de 2018, mediante las cuales se reconoció y reliquidó
una pensión de vejez en favor del señor Galeano Vidal. A título de restablecimiento
del derecho solicitó se ordene al demandado reintegrar las sumas pagadas por
dicho concepto de forma indexada, pagar los intereses a los que haya lugar y se
declarara que el señor Galeano Vidal no era beneficiario del régimen de transición.

HECHOS

La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente manera:

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Que mediante Resolución GNR 56517 del 9 de abril de 2013, Colpensiones
reconoció una pensión de vejez a favor del señor Jorge Eliecer Galeano Vidal, por
un valor de $1.676.598, efectiva a partir del 1° de abril de 2013, conforme al Decreto
758 de 1990 con una tasa de reemplazo del 78%. Esta fue reliquidada por
Resolución SUB 139275 del 25 de mayo de 2018, elevando la suma a $1.814.868,
efectiva a partir del 27 de marzo de 2015.

Que el 11 de octubre de 2018 la entidad solicitó al pensionado autorización para
revocar la resolución que reliquidó su prestación económica, porque debió ser
efectiva a partir del 3 de mayo de 2015. Posteriormente, a través de requerimiento
APDIR 259 del 16 de noviembre de 2018 solicitó al Señor Galeano Vidal
autorización para revocar los aludidos actos administrativos, al corroborar que se
reconoció la prestación sin el cumplimiento de los requisitos legales.

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN

Citó como vulnerados la Constitución Política de 1991 y la Ley 100 de 1993.

Sostuvo que las Resoluciones que le otorgaron el derecho pensional y posterior
reliquidación al demandado son contrarias al ordenamiento jurídico, porque el señor
Jorge Eliecer Galeano Vidal no reunió los requisitos para el reconocimiento de la
pensión de vejez, dado que al momento de realizar el traslado del Régimen de
Ahorro Individual con Solidaridad al Régimen de Prima Media, no tenía los 15 años
de servicio que le permitiera recuperar el régimen de transición, ya que solo acreditó
14 años, 8 meses y 3 días de cotización.

TRÁMITE DE PRIMERA INSTANCIA

La demanda fue admitida el 23 de abril de 20191, y notificada al demandado, al cual
se le nombró curadora ad litem2, quien al contestar señaló que el señor Galeano
Vidal si era beneficiario del régimen de transición, conforme lo exige el artículo 36
de la Ley 100 de 1993, considerando que para el 1° de abril de 1994 (fecha de
entrada en vigencia de la Ley) contaba con más de 40 años, por haber nacido el 13
de noviembre de 1948. Y en atención al Acto Legislativo 01 de 2005, tenía más de
750 semanas cotizadas.

Por auto del 19 de septiembre de 2024 se negó la medida cautelar de suspensión
provisional de los efectos jurídicos de los actos administrativos cuestionados;
decisión confirmada por el Consejo de Estado mediante auto del 7 de noviembre de

1 SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, Índice 99, archivo denominado
59ED_201700178EXPEDIENTED(.pdf)
2 Después de múltiples intentos por parte del Tribunal Administrativo de Santander para nombrar curador Ad
Litem por la no comparecencia del demandado al proceso, la Doctora Alexi Margoth Blanco Molano fue
nombrada el 17 de junio de 2024, cargo que aceptó el 25 de julio de 2024.

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20243, al resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y a
través de auto del 16 de octubre de 20244, se impartió tramité de sentencia
anticipada.

SENTENCIA OBJETO DE APELACIÓN

El Tribunal Administrativo de Santander declaró de oficio, la excepción de caducidad
y, en consecuencia, dispuso la terminación del proceso, en aplicación del artículo
86 de la Ley 2381 de 2024. Resaltando que el Artículo 187 del CPACA faculta al
fallador para declarar cualquier excepción que se encuentre probada.

Precisó que el artículo 164 numeral 1° literal c del CPACA indica que la demanda
contra actos administrativos que reconozcan o nieguen prestaciones periódicas
podía ser presentada en cualquier tiempo, por lo que no se consagraba para la
acción término de caducidad. Sin embargo, lo dicho debía leerse en armonía con el
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, que señala que, tratándose de pensiones
reconocidas, las acciones contenciosas no pueden ejercerse luego de 5 años
contados desde el reconocimiento de la pensión, también aplicado a los procesos
en curso, y que esto debía regir a partir de la sanción de la Ley (julio de 2024), por
no hacer parte del sistema pensional, último que regirá desde el 1° de julio de 2025.

Destacó que su fallo sigue decisiones similares del Consejo de Estado, y que con
el artículo 86 mencionado se buscaba proteger al pensionado por su condición de
vulnerabilidad y sujeto de especial protección constitucional debido a la edad, dado
que ello salvaguarda derechos fundamentales como la dignidad humana, la vida, la
integridad física, la salud y el mínimo vital de este grupo poblacional, por lo que se
le debía dar una interpretación más amplia y favorable, siendo todo ello concordante
con el articulo 48 superior.

Que, en el caso estudiado Colpensiones concedió el derecho pensional al señor
Galeano Vidal en 2013, y presentó la demanda el 27 de febrero de 2019 solicitando
la nulidad de varias resoluciones emitidas por la entidad que reconocieron y
aumentaron la prestación económica del pensionado, es decir, después de los 5
años permitidos.

RECURSO DE APELACIÓN

Colpensiones interpuso recurso de apelación, reiterando que los actos
administrativos mediante los cuales se reconoció y reliquidó la pensión objetos de
la demanda no estaban conforme al ordenamiento legal establecido para el régimen
de transición, y que ello constituyó un enriquecimiento injustificado del beneficiario,
afectando el patrimonio público.

3 SAMAI, Trámite en Consejo de Estado, 68001-2333-000-2019-00178-02 (5907-2024), índice 4, archivo
denominado: 6Autoqueresuel_59072024ResuelveApel(.pdf)
4 SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, índice 117 archivo denominado.
70_AutodeTramite_2019178TRAMITEPARASE_0_20241016160603541.

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Frente a la excepción de caducidad, argumentó que, según el Auto de 10 de octubre
de 2024 Rad. 2018-00498-01, de la Subsección B, Sección Segunda del Consejo
de Estado, esta debe analizarse conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887, el
cual establece que las normas procesales nuevas no se aplican a actuaciones que
ya habían comenzado bajo las reglas anteriores. En este sentido, la caducidad
debía evaluarse con base en la norma que estaba vigente al momento de presentar
la demanda. Para este caso, el artículo 164.1.c del CPACA permitía demandar en
cualquier tiempo cuando se tratara de nulidad de actos que reconocen prestaciones
periódicas, que por esto no le aplicaría el nuevo término de caducidad que trajo la
Ley 2381 de 2024.

Realizó un análisis detallado sobre la “retroactividad”, insistiendo que el artículo 86
de la Ley 2381 de 2024 no podía tener efectos hacia el pasado porque no atendía
el debido proceso, en tanto vulneraba derechos adquiridos y no respetaba
formalidades esenciales de normas que habían sido expedidas con anterioridad,
más si se trataba de situaciones consolidadas o actos administrativos previos a su
promulgación. Señaló que cualquier norma que entre en vigor requería superar un
control constitucional por parte de la Corte Constitucional.

Por lo expuesto, solicita se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar
se estudie de fondo el asunto.

TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

El 2 de abril de 2025 se admitió el recurso. Las partes guardaron silencio.

El señor agente del Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia. Señaló que
la acción interpuesta por Colpensiones para anular el reconocimiento pensional
carecía de fundamento jurídico porque ya había operado la caducidad, conforme al
artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, que estableció un término de cinco años para
demandar estos actos, incluso en los procesos en curso.

Se decidirá, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

De acuerdo con los argumentos expuestos en el recurso de apelación, corresponde
a esta Sala determinar si procede revocar la sentencia de primera instancia que
declaró, de oficio, probada la excepción de caducidad con fundamento en el artículo
86 de la Ley 2381 de 2024.

Marco normativo y jurisprudencial

Caducidad de la acción contenciosa contra actos de reconocimiento
pensional

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La caducidad está relacionada con el término que previó el legislador para presentar
las acciones destinadas a obtener la protección de los derechos consagrados en el
ordenamiento jurídico. Por lo tanto, el interesado debe acudir a la jurisdicción en el
plazo señalado en la norma, so pena de que se configure el aludido fenómeno.

Al respecto, la Corporación ha sostenido: 5

«(…) La caducidad es un fenómeno cuya ocurrencia depende del cumplimiento
del término perentorio establecido para ejercer las acciones ante la jurisdicción
derivadas de los actos, hechos, omisiones u operaciones de la administración,
sin que se haya ejercido el derecho de acción por parte del interesado.

El tiempo determinado para el ejercicio de las acciones depende del tipo de
acción y del origen que la provoca.»

El artículo 164, numeral 1. ° literal c, prevé que cuando se pretenda controvertir
actos que reconozcan o nieguen total o parcialmente prestaciones periódicas, se
podrá demandar en cualquier tiempo. No obstante, y en relación con las pensiones
reconocidas, la Ley 2381 de 2024 establece que las acciones administrativas y
contencioso administrativas deben interponerse dentro de los 5 años contados a
partir de la concesión de la prestación. Transcurrido este plazo, se aplicará la
caducidad, salvo en los casos de actuaciones fraudulentas o con ocurrencia de
algún delito en la obtención del derecho.

«(…) Artículo 86. Término para ejercer acciones administrativas y contencioso
administrativas respecto de las pensiones reconocidas. Las acciones administrativas
y contencioso administrativas, no podrán ser ejercidas después de cinco (5) años a
partir del reconocimiento de las pensiones otorgadas por las entidades facultadas
para ello a excepción y cuando se trate de fraude o con ocurrencia de algún delito.

A las pensiones reconocidas sobre las cuales se hayan iniciado acciones
administrativas y/o contencioso administrativas después de cinco (5) años de
haber sido reconocidas, y que estén en curso, se les aplicará la caducidad a
partir de la vigencia de esta ley.

Los procesos con respecto a los cuales se hayan ejercido acciones administrativas
y/o contenciosas, y respecto a las cuales ya se haya decidido, podrán ser susceptibles
del recurso Extraordinario de Revisión, para lo cual se tendrá un término de cinco (5)
años a partir de la vigencia de esta ley.» (Negrillas para resaltar)

Sobre la aplicación inmediata de la Ley 2381 de 2024 6 se advierte que fue
sancionada y publicada el 16 de julio de 2024, y en lo concerniente al Sistema de
Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común,
conforme a lo señalado en el artículo 94, empezará a regir a partir del 1.° de julio de
2025.

5 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 23 de septiembre de 2010. Exp: 47001 -
23-31-000-2003-00376-01 (1201-2008). C.P. Bertha Lucia Ramírez de Páez. Demandante: Marco Fidel
Ramírez Yépez y otros.
6 «por medio de la cual se establece el sistema de protección social integral para la vejez, invalidez y muerte
de origen común, y se dictan otras disposiciones».

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Sin embargo, no ocurre lo mismo con respecto a las demás disposiciones de la
norma, ya que, al no establecerse una fecha en particular para su entrada en vigor,
se entiende que tienen vigencia desde su promulgación. Lo anterior, teniendo en
cuenta que la reforma en materia de caducidad no integra las modificaciones que
se realizaron al aludido sistema de pensiones, el cual se difirió hasta el año 2025.

Además, para la Subsección es evidente que, por la naturaleza de la norma a
aplicar, tiene vigencia desde su publicación, aun en el evento de que se hubiera
diferido esta (que no fue el caso) entre otras razones porque se logra el efecto útil
querido por el legislador, veamos el siguiente supuesto:

Si a la fecha de hoy y después de trascurridos 5 años del reconocimiento
pensional, la administración presentara una demanda contra el pensionado,
¿estaría obligado el juez a admitirla con el argumento de que la norma no ha
entrado en vigencia?

Si la respuesta fuera positiva, el mismo juez, estaría obligado a declarar la
caducidad cuando la norma “entre en vigencia”, lo cual no solo es absurdo, sino que
no cumple con el propósito del legislador que es el de dar estabilidad a las
situaciones jurídicas favorables a las personas pensionadas.

No tendría sentido entonces someter a los jueces a una espera prolongada (hasta
el 1. ° de julio de 2025), dado que, independientemente de si la caducidad se declara
en este momento o con posterioridad, los efectos serían los mismos; pues la
contabilización se debe realizar desde la concesión de la prestación.

Por lo expuesto, la Subsección concluye que el artículo 86 de la Ley 2381 de 2024,
se encuentra vigente. Sus efectos jurídicos resultan aplicables y obligatorios a partir
de su promulgación en el Diario Oficial, tal como lo ha manifestado la Corte
Constitucional en la Sentencia C-957 de 19977.

Resolución del caso concreto

El recurso de apelación interpuesto por Colpensiones pretende que en el análisis
de caducidad se tenga en cuenta la providencia de 10 de octubre de 2024, proferida
por la Subsección B, en la que se concluyó que tal figura debe estudiarse conforme
a la norma que se encontraba vigente al momento de presentarse la demanda, en
virtud del inciso segundo del artículo 40 de la Ley 153 de 1887.

Al respecto la Subsección manifiesta que no desconoce la providencia que sirve de
fundamento en el recurso de apelación interpuesto, la cual adoptó una decisión
diferente respecto a la aplicación del artículo 86 de la Ley 2381 de 2024, sin

7 “En lo relativo a su vigencia, como regla general, la ley comienza a regir a partir de su promulgación,
salvo que el legislador, en ejercicio de su competencia constitucional, mediante precepto expreso determine
una fecha diversa a aquella, facultad igualmente predicable del legislador extraordinario. Los efectos jurídicos
de los actos legislativos y de las leyes que se producen a partir de la promulgación en el Diario Oficial,
dan lugar a su oponibilidad y obligatoriedad sin que por ello se afecte la validez ni la existencia de los mismos.”
Negrilla para resaltar.

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embargo, en esta oportunidad se reiterará la postura ya asumida 8 en la que se dio
aplicación a la declaratoria de la excepción de caducidad en las demandas que se
presenten y que incluso se encuentren en curso en la jurisdicción contenciosa
administrativa por las siguientes razones:

Sea lo primero recordar que la cláusula general de competencia legislativa prevista
en el artículo 150 de la Constitución Política faculta al legislador para establecer las
formas propias de todo tipo de actuaciones procesales judiciales o administrativas
y, en particular, para fijar los términos en los cuales se enmarcan las acciones
judiciales.

En cuanto a la competencia general para establecer todo tipo de reglas procesales,
la Corte Constitucional ha encontrado justificada esta potestad en la necesidad de
garantizar la efectividad del derecho fundamental al debido proceso y el acceso
efectivo a la administración de justicia, entre otros principios intrínsecos al Estado
Social de Derecho encaminados a la realización de la justicia y la convivencia
pacífica9.

Sobre esto, la Sala ha precisado que la Constitución facultó al legislador para
establecer términos procesales, en aras de garantizar la confianza legitima y
seguridad jurídica, en este asunto, para quienes le sea reconocido su derecho
pensional10. En virtud de esa potestad legislativa, vemos que fue expedida la Ley
2381 de 2024, en la cual de manera expresa y clara se estableció una orden que es
obligatoria y que además se encuentra vigente desde el momento de su
promulgación y es la de declarar probada la excepción de caducidad a las acciones
administrativas y/o contencioso administrativas iniciadas después de cinco (5) años
de haber sido reconocidas una prestación económica.

La interpretación y aplicación que de esta norma ha realizado la Subsección ha dado
prevalencia a los derechos reconocidos a la población pensionada, considerando
que la principal razón por la cual el legislador establece un plazo para presentar
acciones judiciales o administrativas que se promueven en contra de estos derechos
adquiridos es proteger principios constitucionales como la seguridad jurídica y
confianza legitima. Esto significa que, una vez reconocida una pensión por la
autoridad competente, esa decisión debe gozar de estabilidad y no estar sujeta a
cuestionamientos indefinidos en el tiempo. Protección que también refuerza el
respeto por la buena fe de las personas que han cumplido con los requisitos legales
para jubilarse, y contribuye a garantizar sus derechos fundamentales,
especialmente el derecho a la seguridad social y a recibir una pensión que garantice

8 Véanse, entre otros, los siguientes fallos de la Subsección A: 2 de octubre de 2024, exp. núm. 2524 -2022,
C.P. Jorge Iván Duque Gutiérrez; 2 de octubre de 2024, exp. núm. 3265-2023, C.P. Luis Eduardo Mesa Nieves;
23 de octubre de 2024, exp. núm. 1431-2023, Luis Eduardo Mesa Nieves; 23 de octubre de 2024, exp. núm.
3509 de 2024, 14 de noviembre de 2024, exp. núm. 4936 - 2024, exp. núm. 3936-2018 todas del C.P. Jorge
Iván Duque Gutiérrez.
9 Corte Constitucional. Sentencia C-227 de 2009. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
10 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 20 de marzo de 2025. Exp: 25000-23-
42-000-2016-00995-02 (2361-2022). C.P. Juan Camilo Morales Trujillo. Demandante: Fondo de Previsión Social
del Congreso de la República –FONPRECON

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su subsistencia.

Se advierte que a pesar de los cuestionamientos constitucionales que puede
suscitar la redacción del segundo inciso de la disposición, para esta Sala, no es
ostensible ni flagrante una contradicción entre esta y la Constitución Política en
punto de inaplicarla por inconstitucionalidad en los términos del artículo 4 superior,
pues en palabras de esta corporación “(...) para hacer uso de este medio
excepcional es necesario que la contradicción sea manifiesta, esto es, que la norma
constitucional y la legal riñan de tal manera que de simple cortejo resulte
absolutamente incompatible su aplicación simultanea” 11

Debido a lo anterior, para que el Consejo de Estado declare la excepción de
inconstitucionalidad, a través del control de constitucionalidad concreto es necesario
que la contradicción sea manifiesta, lo cual no se evidencia en el presente caso, por
lo que se presume que la norma es acorde al ordenamiento jurídico hasta que la
Corte Constitucional decida lo contrario.

Es necesario precisar que existe un control abstracto, consagrado en el artículo 241
numeral 4 de nuestra Carta Magna, el cual es un mecanismo posterior y no
suspensivo, por el que la Corte Constitucional evalúa si una norma o acto se ajusta
a la Constitución. Para el caso de la Ley 2381 de 2024, este control no se activa
automáticamente, sino que debe ser iniciado por un ciudadano a través de una
demanda de inconstitucionalidad. Por tanto, la existencia de este mecanismo no
implica que la disposición quede sin efectos o suspendida mientras se surte dicho
proceso; como asegura la parte apelante, al contrario, la ley entra en vigencia desde
su promulgación y debe ser aplicada mientras no sea declarada inconstitucional.

De acuerdo con lo anotado, resulta respetable la interpretación y postura que
pretende el recurrente, y más cuando este se fundamenta en una decisión de esta
corporación, sin embargo, se reitera, en virtud del principio de la autonomía el juez
también puede apartarse de esas decisiones siempre y cuando presente las
razones por las cuales lo hace y demuestre con suficiencia que su interpretación
aporta un mejor desarrollo a los derechos y principios constitucionales.

Sobre este punto la jurisprudencia ha sido enfática en señalar que no constituye una
obligatoriedad absoluta acogerse a las decisiones de los órganos de cierre, pues el
juez puede separarse de aquellos, exigiéndosele además que reconozca en su
providencia la existencia de la decisión de la cual se aparta. 12 Por lo expuesto, el
Tribunal ante las dos interpretaciones contaba con autonomía para motivar su
decisión con la postura que considere más acertada.

11 Consejo de Estado. Sección Primera. Sentencia del 11 de noviembre de 2010. Exp. 66001-23-31-000-2007-
00070-01. C.P. María Elizabeth García González. Demandante: FAMILY COFFEE S.A.
12 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 22 de enero de 2014. Exp: 11001 -03-
15-000-2013-02267-00(AC). C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Demandante: Óscar Tirado León.
Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia del 11 de mayo de 2016. Exp: 11001-03-15-000-2016-00380-
00(AC). C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Demandante: Departamento de Santander y otros. Corte
Constitucional. Sentencia SU – 113 de 2018. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Precisado lo anterior, tenemos que en este caso, se pretende la nulidad de las
Resoluciones GNR 56517 del 9 de abril de 2013 y SUB 139275 del 25 de mayo de
201813, en las cuales Colpensiones reconoció y reliquidó una pensión de vejez en
favor del demandado, es decir, la administración tenía hasta el 10 de abril de 2018
para presentar la demanda, y según consta en el expediente digital se radicó y
sometió a reparto el 27 de febrero de 2019,14 por lo que se concluye que se presentó
con posterioridad a los 5 años de que trata la Ley 2381 de 2024.

En consecuencia, la Subsección confirmará la sentencia de primera instancia, que
declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control ejercido.

Condena en costas en segunda instancia

Sobre este punto, es importante aclarar que teniendo en cuenta el cambio
introducido por el legislador en el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 15 en el que se
indica que dicha declaración es viable, siempre y cuando se acredite que la parte
vencida obró con manifiesta carencia de fundamento legal, la Subsección A
considera que, en el presente caso, pese a que se está confirmando la decisión
apelada, en consideración al numeral 3.° del artículo 365 del CGP 16, y observando
los argumentos esbozados por la parte recurrente en sus distintas intervenciones,
no se presenta tal supuesto, por el contrario, manifestó argumentos razonables en
defensa jurídica de sus intereses.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,

F A L LA

Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el trece (13) de diciembre de dos mil
veinticuatro (2024) por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio de la cual
se declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control.

Segundo: Sin condena en costas en esta instancia.

13 Aunque la apelación no abordó expresamente este punto, es deber de esta Sala aclarar que la caducidad
del medio de control no puede contarse desde el acto de reliquidación de la pensión emitido el 25 de mayo de
2018, sino desde el acto administrativo original que reconoció la prestación, fechado el 9 de abril de 2013. Esto
se debe a que la reliquidación no constituye un nuevo reconocimiento del derecho pensional, sino una
modificación de su cuantía; por tanto, no reinicia el término de caducidad. En consec uencia, al haber
transcurrido más de cinco años desde el acto de reconocimiento inicial, ya se encontraba vencido el término
legal para ejercer la acción al momento de la demanda, conforme al artículo 86 de la Ley 2381 de 2024.
14 SAMAI, Trámite en otras Corporaciones, Índice 99, archivo denominado Folios 1 - 20 Demanda folio 30.
15 ARTÍCULO 47. Adiciónese el siguiente inciso al artículo 188 de la Ley 1437 de 2011: En todo caso, la
sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal.
16 En la providencia del superior que confirme en todas sus partes la de primera instancia se condenará al
recurrente en las costas de la segunda.

Calle 12 No. 7 – 65 – Tel: (57) 601 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10
Radicado: 68001-2333-000-2019-00178-02 (0351-2025)

Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Firmado electrónicamente

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