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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00503-01

Fecha
19 de febrero de 2026
Consejero ponente
Juan Enrique Bedoya Escobar
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 08001-23-33-000-2021-00503-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA Primero. Confirmar parcialmente la sentencia del 25 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió a las pretensiones de la demanda presentada Bertha Amparo de León García contra Cremil, por las razones expuesta en la presente providencia. Segundo. Modificar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico así: TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento, CONDÉNESE a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL para que reconozca a Bertha León García en calidad de cónyuge del Mayor Edilberto Charry Medina, separados de hecho pero con sociedad conyugal vigente a su fallecimiento, como beneficiaria de la sustitución de la asignación de retiro que devengaba el causante desde el 20 de abril de 2020- fecha del fallecimiento del causante, pero el pago deberá hacerse desde el 14 de septiembre de 2020- fecha en que se radicó la solicitud- y para el efecto deberá efectuar la reliquidación de la prestación únicamente en el 50% que fue reconocido a Constanza Montero González en calidad de compañera permanente, para que en su lugar reconozca a Bertha Amparo de León García el 66.3 % de la asignación de retiro y a Constanza Patricia Montero González el 33.7%, como beneficiarias quienes concurren en sus calidades debidamente acreditadas, sin menoscabar ni desmejorar la proporción que le corresponde al menor José David Charry Montero en su calidad de hijo legítimo del causante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído. Asimismo, Constanza Montero González no deberá devolver suma alguna de que le hubiese sido pagado como beneficiaria de la sustitución de la asignación de retiro por ser una acreedora de buena fe. La condena deberá ser ajustada conforme con la fórmula expuesta en la parte motiva de esta providencia. Tercero. No condenar en costas en esta instancia. Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA. Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones en el aplicativo Samai. […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 08001-23-33-000-2021-00503-01

Consejero ponente: Juan Enrique Bedoya Escobar

19 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá D.C., diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00503-01 (6068-2024)
Demandante: Bertha Amparo de León García
Litisconsorte: Constanza Patricia Montero González
Demandada: Caja de Retiro de las Fuerzas Militares1

Tema: Sustitución de la asignación de retiro

Sentencia de segunda instancia

Asunto

Decide la Sala en segunda instancia los recursos de apelación presentados por
Bertha Amparo de León García y Constanza Patricia Montero González contra la
sentencia del 25 de julio de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico que negó las pretensiones de la demanda.

I. Antecedentes

1.1. Las pretensiones

1. Bertha Amparo de León García presentó demanda2 en ejercicio del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso - Administrativo3 con
el fin de que se declarara la nulidad de las resoluciones 11043 del 28 de septiembre
de 2020 y 15596 del 2 de diciembre de 2020 proferidas por Cremil, mediante las
cuales se le negó el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro
causada por Edilberto Charry Medina.

2.A título de restablecimiento del derecho pidió i) el reconocimiento y pago de la
cuota parte de la sustitución de la asignación de retiro; ii) la indexación de esas
sumas; iii) la condena en costas a su favor de conformidad con los artículos 188 y
189 del CPACA; iv) la actualización de la condena según lo previsto en el artículo

1 En adelante Cremil.
2 Samai, índice 2, archivos «4ED_OneDrive_1_25102024z» y «001Demanda».
3 En adelante CPACA.

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Demandante: Bertha Amparo de León García

195 ibidem; y v) el cumplimiento de la sentencia en los términos del artículo 192 del
CPACA.

1.1.1. Fundamentos fácticos

3. Los hechos relevantes del caso son los siguientes:

4. Edilberto Charry Medina fue miembro del Ejército Nacional desde diciembre de
1980 hasta diciembre de 2000, completó un tiempo de 20 años y 6 meses de servicio
y en la «entidad (…) alcanzó el grado de mayor».

5. Contrajo matrimonio con Bertha Amparo León García el 25 de junio de 1985 y
fruto de esa unión tuvieron 3 hijos.

6.Una vez adquirió la asignación de retiro junto con su cónyuge fueron a los
Estados Unidos de América, país en el que fijaron su residencia.

7.Como consecuencia de los maltratos de los que fue víctima la demandante por
parte de Edilberto Charry Medina «fue deportado a Colombia», razón por la cual fijó
su residencia en Neiva (Huila). En ese lugar conoció a Constanza Patricia Montero
González con la que sostuvo una unión marital de hecho de la cual nació José David
Charry Montero.

8. Edilberto Charry Medina falleció el 20 de abril de 2020.

9. Mediante la Resolución 8099 del 2 de julio de 2020 la entidad demandada ordenó
el reconocimiento y pago de los haberes dejados de cobrar y de la asignación de
retiro causada por Edilberto Charry Medina a favor de Constanza Patricia Montero
González, como compañera permanente, y a José David Charry Montero, en su
calidad de hijo.

10.Bertha Amparo de León García solicitó a Cremil el reconocimiento y pago de la
sustitución de la asignación de retiro causada por Edilberto Charry Medina, sin
embargo, fue negada a través de la Resolución 11043 del 28 de septiembre de
2020, decisión contra la cual presentó recurso de reposición, el cual fue resuelto de
forma desfavorable mediante la Resolución 15596 del 2 de diciembre de 2020.

11. El tiempo de convivencia ininterrumpida entre la demandante y el causante fue
de 20 años y el vínculo matrimonial jamás se disolvió sino hasta el fallecimiento del
mayor retirado.

1.1.2. Normas violadas y concepto de violación

12. Como tales se señalaron los artículos 1, 2, 4, 6, 13, 29, 48, 53, 83, 84 y 220 de
la Constitución Política; 2 a 5 y 7 a 13 del CPACA; 47 de la Ley 100 de 1993; 12 a

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Demandante: Bertha Amparo de León García

16 del Decreto 4433 de 2004.

13. El acto administrativo 8099 del 2 de julio de 2020 «demandado»4 se fundamentó
en el parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004, así como en el artículo
47 de la Ley 100 de 1993 y su reforma, sin considerar los pronunciamientos de la
Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que han señalado que «[e]n suma, si
el juez pasa por alto la denuncia de maltrato efectuada por una mujer, y realiza una
aplicación formalista de la norma, desconoce los compromisos internacionales adquiridos
y la función social que se espera del administrador de justicia desde su creación, reforzada
en la Constitución Política de 1991, máxime cuando se está en presencia de la jurisdicción
laboral.»

14. Si bien la norma exigía un tiempo mínimo de convivencia mutua antes de la
causación del derecho, este no era exigible cuando se acreditaba que la separación
fue culpa exclusiva del cónyuge, además los 5 años de convivencia exigidos para
la sustitución pensional podrán darse en cualquier tiempo mientras se mantuviera
el vínculo matrimonial.

1.1.3. Contestación de la demanda

1.1.3.1. Constanza Patricia Montero González

15. Se opuso a las pretensiones de la demanda5, toda vez que los actos acusados
fueron expedidos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del
Decreto 4433 del 2004 y las normas vigentes para el momento de los hechos, razón
por la cual no adolecían de nulidad alguna.

16. Si bien era cierto que el causante se había casado con Bertha Amparo de León
García también lo era que se habían separado de hecho desde el año 2005, por lo
que habían transcurrido más de 15 años sin que tuvieran una convivencia real, pues
aquella tenía su domicilio en los Estados Unidos. Además, nunca estuvo pendiente,
ni compartió, ni convivió con el causante en los últimos años de su penosa
enfermedad, lo que dio lugar a la pérdida de la condición de beneficiaria de la
sustitución de la asignación de retiro, según el artículo 12 del Decreto 4433 de 2004.

17.No existía siquiera prueba sumaria que permitiera establecer que la
demandante hubiese convivido con el causante en los últimos 5 años y que
dependiera económicamente de él.

18.No se acreditaron los presuntos maltratos y deportación a Colombia del
causante, por cuanto los documentos aportados no cumplieron con los requisitos

4 Sic.
5Samai, índice 2, archivos «4ED_OneDrive_1_25102024z» y
«027ContestaciónDemandaLitisconsorte».

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Demandante: Bertha Amparo de León García

legales exigidos para ello, pues solo se allegó una presunta denuncia por violencia
doméstica en un idioma extranjero, la cual no podía ser tenida en cuenta de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 251 del CGP.

19. No era cierto que el vínculo matrimonial entre la demandante y el causante se
hubiese disuelto hasta el fallecimiento de aquel, comoquiera que él en 4
oportunidades había demandado la cesación de los efectos civiles del matrimonio,
con fundamento en que llevaba más de 2 años separado de Bertha de León García,
sentencia que no se pudo lograr por su fallecimiento.

20. Las sociedades conyugales terminan cuando los implicados de forma abierta e
irrevocable se han separado de hecho en forma permanente, situación que se
configuró en el presente caso, pues desde el año 2005 la demandante y el causante
se separaron de hecho.

21. Convivió con Edilberto Charry Medina en unión marital de hecho por más de 12
años, conformando una familia que se mantuvo unida hasta el momento de su
fallecimiento, es decir que cumplió con los requisitos exigidos por el Decreto 4433
de 2004 y los artículos 46 y 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de
2003, razón por la cual tenía derecho al reconocimiento de la prestación aquí
debatida.

22. Propuso las excepciones de «inexistencia de la causa petendi y cobro de lo no
debido» y «la genérica». Y solicitó condenar en costas a la demandante.

1.1.3.2. Cremil

23. En auto del 27 de abril de 2023 proferido por el Tribunal Administrativo del
Atlántico se tuvo por no contestada la demanda.

1.2. La sentencia apelada

24. En sentencia proferida el 25 de julio de 2024, el Tribunal Administrativo del
Atlántico accedió a las pretensiones de la demanda, con fundamento en lo
siguiente6:

25. Las pruebas testimoniales y declaraciones extra-proceso demostraron la
calidad de compañera permanente de Constanza Montero González, pues vivió en
unión marital de hecho con Edilberto Charry Medina aproximadamente desde el año
2008 hasta el 20 de abril de 2020, esto es, por más de 10 años, unión de la cual
nació un hijo. Lo anterior, la hacía beneficiaria de la asignación de retiro, por haberse
acreditado los presupuestos establecidos en el inciso 3 del literal «a)» del parágrafo

6Samai, índice 2, archivos «4ED_OneDrive_1_25102024z» y «52.
SentenciaSustPensionalPerspectivaDeGénero».

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Demandante: Bertha Amparo de León García

2 del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004.

26. Bertha Amparo de León García y el causante contrajeron matrimonio católico el
15 de junio de 1985 en Barranquilla y que de esa unión nacieron 3 hijos. Vínculo
matrimonial que se extendió hasta el día del fallecimiento del causante, por
comprobarse que no hubo divorcio ni disolución de la sociedad conyugal.

27. Desde el año 2001 fijaron su residencia en la ciudad de Jacksonville en el
Estado de Florida en los Estados Unidos de América, en donde convivieron hasta
el año 2005, fecha en la que se probó que Edilberto Charry Medina regresó a
Colombia fijando su residencia en Neiva (Huila), por lo que desde ese entonces no
convivían, pero se mantuvieron en una comunicación telefónica directa e indirecta
a través de familiares, para mantenerse al tanto de las situaciones que ocurrieran,
pues, la demandante afirmó que ella se encontraba imposibilitada de abandonar ese
país por el proceso de asilo político a la que se encontraba sometida.

28. No podía pasarse por alto, el entorno de violencia que manifestó la demandante,
situación que conllevó a la separación o ruptura del hogar, de acuerdo con lo dicho
en la declaración de parte por aquella, en lo manifestado con el recurso de
reposición presentado contra la resolución que le negó el derecho de la asignación
de retiro y los documentos en los que se dejó constancia que un abogado del estado
de la jurisdicción en la que residía le informó acerca de la sentencia de los cargos
de violencia doméstica que fueron «endilgados» al causante en el mes de julio de
2005.

29. Existía mérito para realizar el ejercicio de ponderación entre el derecho
constitucional de Bertha de León García de vivir una vida libre de violencia basada
en el género frente a la aplicación normativa y aparentemente restrictiva respecto
de la sustitución pensional de la asignación de retiro del causante.

30. Por lo anterior, debían privilegiarse las pruebas que obraban en el expediente,
que permitían de manera indiciaria establecer el hecho de la violencia doméstica
que sufrió Bertha de León García durante su matrimonio con el causante y que, tal
como lo afirmó la víctima en su declaración, ello inició inclusive antes de trasladarse
a Estados Unidos y que estando en dicho país, tal situación se agudizó.

31. No era posible solicitarle a la demandante la carga de haber aportado al
expediente las denuncias en idioma español o de la fecha en que haya comenzado
el ciclo de violencia, cuando quedó lo suficientemente probado que desde el año
2001 vivía en Estados Unidos y por la separación física desde el año 2005 con su
cónyuge, que pudo haber significado la terminación de los maltratos alegados, lo
que permitía concluir que no hubo lugar a iniciar algún otro tipo de acción penal para
poner en conocimiento a las autoridades de tal situación, más aún cuando por la
misma voluntad de los cónyuges se materializó la separación.

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32. Se llamó la atención a la entidad demandada frente a su obligación como
autoridad pública de ejercer una actividad mucho más diligente bajo un juicio
hermenéutico y de ponderación de la situación de vulnerabilidad en la que se
encontró la demandante y que fue puesta en conocimiento de ellos con el recurso
de reposición presentado contra la resolución que le negó el reconocimiento de la
asignación de retiro.

33. El literal a) del parágrafo 2 del inciso 3 del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004
estableció que para acceder a la sustitución de la asignación de retiro cuando no
existiera convivencia simultánea y se mantuviera la unión conyugal, pero había
separación de hecho, la compañera permanente podía reclamar una cuota de lo
correspondiente cuando acreditara la convivencia superior a los últimos 5 años
anteriores a la muerte, mientras que la otra cuota parte le correspondería a la
cónyuge.

34. La convivencia no fue simultánea y la sociedad conyugal se mantuvo vigente
hasta la fecha de fallecimiento del causante, ocurrida el 20 de abril de 2020, lo que
dio lugar a concluir que la demandante no perdió el derecho de ser beneficiaria de
la prestación del fallecido, sobre todo cuando la separación de hecho fue justificada
por la violencia doméstica. Lo que reforzaba la tesis de la protección de los derechos
constitucionales y legales de aquella como víctima de maltrato físico o psicológico
al que fue sometida, conservando su derecho a la sustitución de la asignación de
retiro, por cuanto la separación no fue por su culpa sino por causas atribuibles al
causante.

35. Por lo anterior, se reconoció a la demandante el 25% del 50% de la asignación
de retiro otorgada por la entidad demandada a Constanza Montero González en su
calidad de compañera permanente, pues el otro 50% le fue reconocido al menor
José Charry Montero en calidad de hijo legítimo.

36. Se ordenó el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro a la
demandante a partir del 14 de septiembre de 2020, por ser la fecha en la que Cremil
tuvo conocimiento de la reclamación de aquella, sin que hubiera lugar a reconocerla
desde la causación del derecho, porque implicaba una doble erogación a cargo de
la entidad que pagó el 100% del derecho pensional a la compañera permanente y
fue a partir de esa fecha en que se conoció de la existencia de otra beneficiaria.
Además, se precisó que no había lugar a la devolución de dineros recibidos por
Constanza Montero González por tratarse de una beneficiaria de buena fe.

37.Las mesadas pensionales debían ajustarse a lo previsto en el artículo 187 del
CPACA y tenerse en cuenta la siguiente formula:

R= Rh x índice final
índice inicial

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38. De la cual el valor presente R se determinaba multiplicando el valor histórico
(Rh), que es lo dejado de percibir por la demandante por concepto de las mesadas
que se indican en la parte resolutiva, por el guarismo que resulta de dividir el índice
final de precios al consumidor, certificado por el DANE (vigente a la fecha de
ejecutoria de esta sentencia), por el índice inicial (vigente para la fecha en que debió
hacerse el pago).

1.3. Los recursos de apelación

1.3.1. Constanza Patricia Montero González

39. Solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia con fundamento en
lo siguiente7:

40. El acto administrativo 8099 del 2 de julio de 2020 que reconoció la sustitución
de retiro a Constanza Montero González no fue demandado, razón por la cual no
debieron prosperar las pretensiones de la demanda.

41. El tema de la violencia familiar debió ser debatido ante la jurisdicción de familia
y no a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así
como la disolución del matrimonio o sociedad conyugal.

42. Los documentos indicados por el a quo que acreditaron la violencia doméstica,
no fueron aportados en el idioma castellano, ni controvertidos en audiencia como
tampoco decretados como pruebas. No se entendió en qué momento procesal el
despacho realizó la traducción, vulnerando el debido proceso de las partes al tener
en cuenta una prueba no decretada o de haber sido decretada, no cumplió con los
requisitos legales exigidos en los artículos 13, 173 y 251 del CGP.

43. No existía una sola prueba que acreditara la supuesta violencia, tampoco era
posible establecerla por «una simple declaración de la actora.», mucho menos darle
valor probatorio a un vínculo matrimonial meramente formal, el cual se encontraba
disuelto por la voluntad de los contrayentes desde el momento de su separación,
esto es, el año 2005. Ruptura que conllevó a la disolución de su matrimonio, de
acuerdo con el artículo 113 del Código Civil.

44. Se desconoció el artículo 12 del Decreto 4433 de 2004 que dispuso las causales
por las cuales se perdía el derecho a la sustitución de la asignación de retiro, entre
ellas, llevar más de 5 años de separación de hecho, lo que se configuró en el
presente caso. Razón por la cual la demandante no cumplía con los requisitos para
acceder a esa prestación, por lo que no compartió la decisión del a quo cuando le
dio un alcance diferente a la norma «discriminando» el vínculo de Constanza

7Samai, índice 2, archivos «4ED_OneDrive_1_25102024z» y «54. RecursoApelacion».

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Montero González con el causante. Asimismo, se desconoció la jurisprudencia de
la «jurisdicción Civil Familia de la Corte Suprema» que aclaró que el matrimonio se
disolvía desde el mismo momento de la separación de hecho.

1.3.2. Bertha Amparo de León García

45. Presentó recurso de apelación adhesiva contra la sentencia de primera
instancia e indicó que estaba parcialmente de acuerdo con lo decidido, toda vez
que8:

46. Había presentado ante Cremil el 14 de septiembre de 2020 la solicitud de la
sustitución de la asignación de retiro «de forma simultánea con la de Constanza Montero
González», a quien se le reconoció esa prestación desde el día siguiente de la
muerte del causante, esto es, el 21 de abril de 2020, lo que resultó discriminatorio y
ajeno al principio de igualdad. Por lo que pidió que se ordenara el reconocimiento a
partir del día siguiente del deceso del causante.

47. Como la convivencia entre los cónyuges no se interrumpió hasta el fallecimiento
del causante debió reconocerle un porcentaje mayor de la prestación en debate,
esto es, del 67.82% y a Constanza Montero González un 32.02 % respecto del 50%
reconocido a esta, teniendo en cuenta el tiempo convivido por ambas con el
exmilitar, de acuerdo con la fórmula conciliatoria que propuso Cremil el 27 de abril
de 20239 en el trámite del presente proceso y la sentencia C-1035 del 2008.

48.La demandante no contaba con protección en seguridad social, no gozaba de
pensión ni ostentaba una situación de empleada en Colombia, por lo cual,
concederle la calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes le permitía
acceder a esa condición.

49. Solicitó que se condenara en costas a Constanza Montero González y a Cremil.

1.4. Trámite en segunda instancia

50. En auto del 29 de noviembre de 2024 se admitió el recurso de apelación
presentado por Constanza Montero González y la apelación adhesiva interpuesta
por Bertha Amparo de León García contra la sentencia del 25 de julio de 2024
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico10.

8Samai, índice 2, archivos «4ED_OneDrive_1_25102024z» y «59. RecursoApelacion».
9 Comoquiera que, en la audiencia inicial del 27 de abril de 2023, se aportó por parte del comité de

conciliación de Cremil una formula conciliatoria consistente en reconocer de la asignación de retiro
del causante un 67%.98 a Bertha Amparo de León García como cónyuge supérstite y un 32.2.% para
Constanza Patricia Montero González, en calidad de compañera permanente. Sin embargo, está
última manifestó no estar de acuerdo, razón por la cual se declaró fallida la posibilidad de
conciliación, de acuerdo con el numeral 8 del artículo 180 del CPACA.
10 Samai, índice 4.

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51. El Ministerio Público no presentó concepto.

II. Consideraciones

2.1. Competencia

52. La Subsección B de la Sección Segunda de esta Corporación es competente
para conocer de los recursos de apelación interpuestos por las partes, de
conformidad con los artículos 125 y 150 del CPACA, según los cuales «[l]as salas,
secciones y subsecciones dictarán las sentencias» y «[e]l Consejo de Estado, en Sala de
lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos [...]».

2.2. Problema jurídico

53.De conformidad con los argumentos expuestos en los recursos de apelación, se
deben resolver los siguientes interrogantes:

53.1. ¿Se configuró la pérdida de la asignación de retiro de Bertha Amparo de León
García, por cuanto el vínculo matrimonial entre aquella y Edilberto Charry Medina
se encontraba disuelto, de acuerdo con el artículo 12 del Decreto 4433 de 2004?

53.2. ¿Debió demandarse también la Resolución 8099 del 2 de julio de 2020 que
le reconoció a Constanza Montero González la sustitución de la asignación de
retiro de Edilberto Charry Medina?

54. En caso, de que las respuestas a los anteriores interrogantes resulten negativas,
se resolverá lo siguiente:

54.1. ¿Elreconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro a Bertha
Amparo de León García debió ordenarse a partir del 20 de abril de 2020, fecha
del fallecimiento del causante?

54.2. ¿El
porcentaje del reconocimiento de la asignación de retiro debió
establecerse de acuerdo con el tiempo que el causante convivió con Bertha
Amparo de León García y Constanza Montero González, respectivamente?

55. Con el fin de resolver lo anterior, la Sala seguirá la siguiente estructura
expositiva: primero, se desarrollará el marco normativo y jurisprudencial de la
sustitución de la asignación de retiro de los miembros de la Fuerza Pública;
segundo, se expondrá los hechos probados; y tercero, se resolverá el caso
concreto.

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2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. De la sustitución pensional de los miembros de las Fuerzas Militares

56. Esta Corporación ha señalado que la muerte constituye una contingencia del
sistema de seguridad social, pues busca proteger al grupo familiar del causante de
una prestación de forma que se garantice su subsistencia, propósito con el cual se
permite el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes o la sustitución de la
prestación, con el fin de evitar un cambio sustancial en las condiciones mínimas de
vida de aquellos11.

57. En tal sentido, la sustitución es una prerrogativa a favor del núcleo familiar de
un pensionado cuando ocurre su deceso o del afiliado que cumple con los requisitos
legalmente exigibles para ello, pero fallece; mientras que la pensión de
sobreviviente es aquella prestación que se otorga a los familiares del afiliado no
pensionado que fallece sin cumplir con los requisitos mínimos para obtener la
prestación12.

58. Ahora bien, la Ley 923 de 200413 estableció que el orden de beneficiarios de las
pensiones de sobrevivientes y de la sustitución de la asignación de retiro o de la
pensión de invalidez, sería establecido con los miembros del grupo familiar y el
parentesco con el titular. Además, que tendrían la calidad de beneficiarios, para la
sustitución de la asignación de retiro:

«ARTÍCULO 3o. ELEMENTOS MÍNIMOS. […] 3.7.1. En forma vitalicia, el cónyuge o
la compañera o compañero permanente o supérstite. En caso de que la sustitución de
la asignación de retiro o pensión de invalidez se cause por muerte del pensionado, el
cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que
estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el
fallecido no menos de cinco (5) años continuos inmediatamente anteriores a su muerte.

3.7.2. En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de 30
años de edad, y no haya procreado hijos con este. La sustitución de la asignación de
retiro o de la pensión de invalidez temporal se pagará mientras el beneficiario viva y
tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al
sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha sustitución. Si tiene hijos con
el causante aplicará el numeral 3.7.1.

Si respecto de un titular de asignación de retiro o pensionado por invalidez hubiese

11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 2 de

octubre de 2014, expediente 08001-23-31-000-2001-02315-01 (964-12), C.P. Gerardo Arenas
Monsalve.
12 Sentencia T-564 de 2015.
13 «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que deberá observar el Gobierno

Nacional para la fijación del régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la Fuerza
Pública de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literal e) de la Constitución
Política».

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un compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y
derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los numerales 3.7.1 y 3.7.2. del
presente numeral, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco (5) años, antes del fallecimiento
del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la
beneficiaria o el beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión
de invalidez o de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe
convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una
separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una
cuota parte de lo correspondiente al numeral 3.7.1 en un porcentaje proporcional al
tiempo convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos
cinco (5) años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá
a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente.» [se resalta]

59. En desarrollo de esta ley, el gobierno nacional expidió el Decreto 4433 de
200414, por medio del cual se fijó el régimen pensional y de asignación de retiro de
los miembros de la fuerza pública, reguló los derechos a las prestaciones
económicas periódicas de quienes prestaran sus servicios a la Nación como
miembros de la Fuerza Pública que comprendía la asignación de retiro, la pensión
de invalidez, y su sustitución, así como la pensión de sobrevivencia.

60. Así, en el parágrafo 2 del artículo 11 y 40 estableció lo siguiente:

«Artículo 11. Orden de beneficiarios de pensiones por muerte en servicio activo. Las
pensiones causadas por la muerte del personal de Oficiales, Suboficiales y Soldados
Profesionales de las Fuerzas Militares, Oficiales, Suboficiales, miembros del Nivel
Ejecutivo y Agentes de la Policía Nacional, y Alumnos de las escuelas de formación, en
servicio activo, serán reconocidas y pagadas en el siguiente orden:

[...].

Parágrafo 2°. Para efectos de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión
de invalidez, cuando exista cónyuge y compañero o compañera permanente, se
aplicarán las siguientes reglas:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite.
En caso de que la sustitución de la asignación de retiro o pensión de invalidez se cause
por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente
supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su
muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos
inmediatamente anteriores a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y
cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga menos de
treinta (30) años de edad, y no haya procreado hijos con este. La sustitución de la
asignación de retiro o de la pensión de invalidez temporal se pagará mientras el
beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario

14
«[P]or medio del cual se fija el régimen pensional y de asignación de retiro de los miembros de la
Fuerza Pública».

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deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha sustitución.
Si tiene hijos con el causante se aplicará el literal anterior.

Si respecto de un titular de asignación de retiro o pensionado por invalidez hubiese un
compañero o compañera permanente, con sociedad anterior conyugal no disuelta y
derecho a percibir parte de la pensión de que tratan los literales a y b del presente
parágrafo, dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en proporción al tiempo de
convivencia con el fallecido.

En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del
causante entre un cónyuge o compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez o de
la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho,
la compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo
correspondiente al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el
causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del
fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual
existe la sociedad conyugal vigente.» [se resalta]

61. De conformidad con la norma transcrita, para el caso de la sustitución de la
asignación de retiro de un miembro de la fuerza pública, se requiere demostrar la
convivencia efectiva por no menos de 5 años continuos con el causante antes de
su muerte.

62. Ahora, en el caso en que no haya convivencia simultánea con la cónyuge y la
compañera permanente y continúa vigente la «unión conyugal» con separación de
hecho, la prestación se divide entre aquellas, siempre que la compañera acredite
haber convivido con el causante un tiempo superior a 5 años inmediatamente
anteriores al fallecimiento. Y la otra parte le correspondería a la cónyuge con la
existencia de la sociedad conyugal vigente.

63. Lo anterior, coincide de forma literal con lo que regula el inciso final del literal b)
del artículo 13 de la Ley 797 de 200315, en el régimen general de pensiones. Al
respecto la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad de la expresión «[l]a
otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal
vigente» del inciso final del literal b) del artículo 13 de la Ley 797 de 2003 contenida
en esta norma y encontró justificada la diferencia establecida en el requisito de la
convivencia que se exige para el cónyuge supérstite separado de hecho con
sociedad conyugal vigente y la compañera permanente, quien sí debe convivir con

15 «[…] En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del fallecimiento del

causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente, la beneficiaria o el
beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe convivencia
simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una separación de hecho, la
compañera o compañero permanente podrá reclamar una cuota parte de lo correspondiente
al literal a en un porcentaje proporcional al tiempo convivido con el causante siempre y
cuando haya sido superior a los últimos cinco años antes del fallecimiento del causante. La
otra cuota parte le corresponderá a la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente
[…]». (Se resalta)

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el causante los últimos 5 años de su vida.

64. En aquella oportunidad la Corte analizó la diferencia entre el matrimonio y la
unión marital de hecho y concluyó que son figuras normativas disímiles que se
diferencian también en sus efectos patrimoniales, por lo que no pueden equipararse.
En ese sentido, manifestó que no existe un trato discriminatorio, pues la cónyuge
tiene una sociedad conyugal vigente en virtud de la ley y sus efectos impiden que
se cree la sociedad de hecho con la compañera permanente. Al respecto precisó lo
siguiente16:

«4.8.4.1. En lo atinente al criterio de comparación, la jurisprudencia de esta Corte ha
diferenciado los efectos de la unión marital de hecho con los del matrimonio,
concluyendo que se trata en principio de figuras normativas diferentes. Razón por la cual,
no son sujetos de la misma naturaleza, y por ello no podría predicarse en principio un
trato diferente frente a iguales.

4.8.4.2. No obstante lo anterior, si en gracia discusión se estudiara la finalidad de la
diferencia de trato otorgada al cónyuge con sociedad vigente pero con separación de
hecho, resulta constitucionalmente justificada la medida adoptada, en tanto que ambos
beneficiarios –compañero permanente y cónyuge con separación de hecho cumplen con
el requisito de convivencia, el cual se armoniza con los efectos patrimoniales de cada
institución, pues los haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos ya que
la separación de hecho no resta efectos a la sociedad patrimonial existente entre el
causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir, que pese a que el de cujus conviviera
por el término mínimo de cinco años con un compañero permanente, la sociedad de
hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la del matrimonio. Es así, como
en protección y reconocimiento del tiempo de convivencia y apoyo mutuo acreditado por
el miembro sobreviviente de la unión marital de hecho, que el legislador le otorgó el
beneficio de una cuota parte de la pensión frente a la existencia de una sociedad
conyugal. En conclusión, la norma busca equilibrar la tensión surgida entre el último
compañero permanente y la el cónyuge con el cual a pesar de la no convivencia no se
disolvieron los vínculos jurídicos. Por todo lo anterior, la norma acusada es constitucional
y será declarada exequible» (sic)

65. Esta postura ha sido aplicada por la jurisprudencia de esta corporación17 al texto
del inciso final del parágrafo del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 citado, por
coincidir en su redacción y porque «[…] la sustitución de la asignación de retiro se puede
equiparar con la pensión de sobrevivientes o la sustitución pensional previstas en el
régimen general de pensiones[...]»18. De este modo, una interpretación que acata la
diferencia entre las instituciones jurídicas de matrimonio y unión marital de hecho y
justifica el trato diferencial entre los beneficiarios es aquella que predica que el
cónyuge supérstite que se separó de hecho y mantuvo el vínculo conyugal vigente
también tiene derecho a la cuota parte de la pensión de acuerdo con la proporción

16 Sentencia C-336 de 2014. En línea con lo anterior se encuentra más recientemente la sentencia

c-515 de 2019.
17 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 8 de octubre de 2020. También

Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 14 de octubre de 2021.
Radicado: 68001-23-33-000-2013-01040-01(3700-16).
18 Ibidem.

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del tiempo convivido con el causante.

66. Lo anterior, concuerda con la interpretación que se ha hecho del literal a) según
la cual tanto el o la cónyuge como la compañera o compañero permanente deben
probar la «convivencia» por lo menos 5 años antes del fallecimiento del pensionado
para adquirir la sustitución pensional. Sin embargo, se ha exceptuado de probarla
en este tiempo específico al cónyuge supérstite que conserva el vínculo jurídico
conyugal vigente con el causante. En cuyo caso, la convivencia válida para reclamar
el derecho pudo haber ocurrido en cualquier tiempo porque la separación de hecho
o la interrupción temporal de la cohabitación, cuando es justificada, no son causales
legales de terminación, disolución o cesación del vínculo matrimonial y, por tanto,
no extingue el derecho a la sustitución pensional.

67. Ciertamente, se ha explicado que la separación de hecho no disuelve la
sociedad conyugal, pues para que esto suceda se requiere que ocurra la «separación
judicial de cuerpos», tal como lo dispone el numeral 2 del artículo 1820 del Código
Civil. En ese sentido, cuando la separación de cuerpos es de hecho y no judicial los
efectos patrimoniales del vínculo matrimonial persisten19. En consecuencia, el
cónyuge no pierde el derecho a sustituir la prestación del pensionado fallecido,
mucho más cuando la separación de hecho ha sido justificada20.

68. Sobre la justificación aludida se ha precisado que «[c]onforme a la jurisprudencia
constitucional y laboral, constituye justa causa de la interrupción de la convivencia, entre
otras, la fuerza mayor, impedimentos de salud de alguno de los cónyuges o situaciones no
imputables al cónyuge supérstite, tales como escenarios “en los que el presunto beneficiario
ha sido sometido a maltrato físico o psicológico”»21. En tales situaciones, y con el fin de
proteger al cónyuge supérstite afectado por el actuar del pensionado fallecido, se
ha señalado que conserva su derecho a la sustitución pensional, pues no fue su
culpa la ruptura de la convivencia.

69. Ahora bien, el Decreto 4433 de 2004 en su artículo 12 estableció las causales

19 C-746 de 2011. En esta providencia se explicó que «[l[a separación de cuerpos entraña la
suspensión de la vida en común de los cónyuges, pudiendo ser declarada judicialmente o darse de
hecho. La separación judicial procede invocando alguna de las causales de divorcio, solo alegables
por el cónyuge inocente en cuanto causales subjetivas; y por el mutuo consentimiento de los
cónyuges manifestado ante el juez competente (Art. 165 C.C.). Por otro lado, la separación de hecho
se da cuando se rompe la convivencia conyugal, sea acordada por ambos cónyuges o decidida por
uno de ellos, sin que haya intervenido un juez (Corte Constitucional, C-1495/00)».
20 En la C-336 de 2014 en la que se estudió la constitucionalidad del inciso final del literal b) del

artículo 13 de la Ley 797 de 2003 que regulaba el beneficio compartido entre la compañera
permanente y la cónyuge supérstite separado de hecho de la pensión de sobrevivientes avaló esta
prerrogativa dada en favor del segundo pese a la no convivencia bajo el argumento de que «los
haberes del matrimonio siguen produciendo efectos jurídicos ya que la separación de hecho no resta
efectos a la sociedad patrimonial existente entre el causante y su cónyuge sobreviviente. Es decir,
que pese a que el de cujus conviviera por el término mínimo de cinco años con un compañero
permanente, la sociedad de hecho entre estos dos no se conformó al estar vigente la del
matrimonio».
21 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, SL 2010-2019, radicación no. 45045

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de «[p]érdida de la condición de beneficiario». En la norma se indicó que «[s]e entiende
que falta el cónyuge o compañero (a) permanente y por lo tanto se pierde el derecho a […]
la sustitución de la asignación de retiro […] 12.5 Cuando lleven cinco (5) o más años de
separación de hecho». Si bien así se dispuso, lo expuesto con antelación implica que
esta causal es inaplicable porque desconoce los efectos legales del matrimonio que
está vigente y conllevaría un castigo para el cónyuge supérstite que dejó de
cohabitar con el causante por una causa justificada.

70. El anterior criterio fue plasmado por la Corte Constitucional en la sentencia T-
228 de 2023, en la que se comparó los requisitos exigidos para el reconocimiento
de la pensión de sobrevivientes incluidos en el artículo 47 de la Ley 100, modificado
por el 13 de la Ley 797 de 2003, con los exigidos para la sustitución pensional por
el literal a) del parágrafo segundo del artículo 11 del Decreto 4433 de 2004 y
concluyó que coincidían materialmente. Por lo que la interpretación que debe darse
a este último debe ser igual a la efectuada al primero que indica que el cónyuge
supérstite separado de hecho lo que debe demostrar es la convivencia de 5 años
con el causante en cualquier tiempo. En la providencia se resumió la postura así:

«4. Sustitución de la asignación de retiro en el régimen especial de las fuerzas
militares. De acuerdo con los artículos 11 y 40 del Decreto 4433 de 2004, el cónyuge
supérstite de los miembros de la fuerza pública es beneficiario de la sustitución de la
asignación de retiro.

(i) Requisitos. La Corte Constitucional y el Consejo de Estado han interpretado que
los requisitos para tener derecho al reconocimiento de la sustitución pensional en
este régimen especial son los mismos que en el Sistema General de Pensiones. No
es requisito que la cónyuge supérstite (a) haya convivido con el causante al
momento de su muerte y (b) que los 5 años de convivencia que la ley exige
hubieren sido los inmediatamente anteriores a la muerte del causante.

(ii) Efectos de la separación de hecho o de cuerpos. La separación de hecho o de
cuerpos, así como la interrupción de la convivencia por causas imputables al
causante, no extinguen el derecho a la sustitución de la asignación de retiro de
la cónyuge supérstite. En estos eventos, no resulta aplicable el numeral 5º del
artículo 12 del Decreto 4433 de 2004». (Se resalta).

71.En lo relacionado con la causal regulada en el numeral 12.5 del artículo 12 del
Decreto 4433 de 2004, la Corte indicó que era inaplicable porque «[…] en aquellos
casos en los que la cónyuge supérstite y el causante se separaron de hecho o de cuerpos
por el abandono e incumplimiento de las obligaciones maritales del causante, no resulta
aplicable el numeral 5º del artículo 12 del Decreto 4433 de 2004. Lo anterior, porque la
Constitución no permite que el cónyuge supérstite deba soportar las consecuencias del
abandono e incumplimiento de las obligaciones maritales de su esposo […] »22.

72. Lo expuesto también lleva a inferir que la norma antes mencionada tampoco
regula el supuesto fáctico descrito en el último inciso del artículo 11 ibidem, que

22 En este sentido, también se puede consultar la sentencia C-683 de 2017 de la Corte Constitucional.

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alude a la convivencia exclusiva del causante con la compañera(o) permanente en
los últimos cinco años de vida, pero que mantiene vigente una unión conyugal
anterior. En este caso, el inciso reconoce el derecho a la cónyuge, aunque haya
separación de hecho, en proporción al tiempo convivido. Por tanto, se contradice
con la causal de pérdida del derecho que prevé la primera norma referida. La
aparente antinomia admite una interpretación acorde con los principios superiores
de favorabilidad23 y pro homine24, para dar prevalencia a la disposición más
beneficiosa al o la cónyuge supérstite. Ciertamente, la duda que surge sobre cuál
de las dos normas vigentes debe regir o la interpretación que de manera conjunta
entre estas debe primar25 debe ser resuelta con prelación de la norma permisiva y
no la restrictiva26.

73. Si bien esta corporación, en algunas providencias27 ha dicho, cuando se alega
la causal de pérdida del derecho aludida, que por agravarse el derecho a la
sustitución pensional del cónyuge supérstite debe acudirse, en virtud del principio
de favorabilidad, a las normas generales en el que no existe tal regla y aplicarlo en
su integridad, tal mandato se torna innecesario cuando se trata de juzgar casos en
los que tanto compañera permanente como cónyuge supérstite reclaman el derecho
sin que exista convivencia simultánea, pues en este supuesto se puede dar una
interpretación integral del último inciso del parágrafo 2 del artículo 11 y del 12
numeral 12.5 del Decreto 4433 de 2004 y aplicar la norma más favorable, sin
necesidad de variar el régimen pensional en su totalidad. Análisis que, según se
explicó, implica la inaplicación de esta última norma.

74. Ahora, en lo que refiere a la convivencia que se debe acreditar, la jurisprudencia
ha señalado que esta no se limita a cohabitar bajo un solo techo. Por el contrario, «
[…] se relaciona con el acompañamiento espiritual, moral y económico, así como el deber

23 Artículo 53 de la Constitución Política.
24 La aplicación del principio pro homine como criterio de interpretación, se desprende entre otros,

del literal b) del artículo 29 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos en cuanto prevé:
«Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de […] limitar
el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las
leyes de cualquiera de los Estados partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno
de dichos Estados; […]»
25 «En virtud del principio de favorabilidad se debe escoger, en su integridad, el texto normativo que

le represente mayor provecho al trabajador, afiliado o beneficiario del Sistema de Seguridad Social,
estando proscrita la posibilidad de aplicar parcialmente uno y otro texto para elegir de cada uno lo
que resulta más beneficioso, condición que se conoce como el principio de inescindibilidad o
conglobamento […] Igualmente, puede aplicarse este principio cuando una norma admite más de
una interpretación, caso en el cual siempre habrá de escogerse aquella que es más favorable al
trabajador». Consejo de Estado. Sección Segunda, sentencia CE-SUJ2-009-18 del 1 de marzo de
2018. Radicación número: 68001-23-33-000-2015-00965-01(3760-16) CE-SUJ2-009-18
26 Consejo de Estado. Sección Segunda, Subsección B, MP Dr. Juan Enrique Bedoya Escobar.

Sentencia del 31 de agosto de 2023.
27 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A, sentencia del 20 de febrero de 2020.

Radicación número: 05001-23-33-000-2017-02535-01(1452-19) y sentencia de igual sala con
Radicado: 25000-23-42-000-2013-06518-01(2031-19) del 15 de abril de 2021.

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de apoyo y auxilio mutuo; junto con la voluntad de la pareja de mantener un hogar […] »28.
De igual manera, se ha indicado que debe tener un carácter de estabilidad y
permanencia, de suerte que no puede considerarse para efectos pensionales las
relaciones causales, circunstanciales, incidentales, ocasionales, esporádicas o
accidentales que haya podido tener en vida el causante. En todo caso, la
convivencia efectiva debe ser valorada en cada situación concreta para determinar
las razones de la no cohabitación en un mismo lugar y las circunstancias que lo
justifican29.

2.4. Caso concreto

2.4.1. Hechos probados

75. En el expediente se encuentra acreditado lo siguiente:

76. Edilberto Charry Medina falleció el 20 de abril de 202030.

77. Contrajo matrimonio católico con Bertha Amparo de León García el 15 de junio
de 1985 en Barranquilla, el cual fue inscrito el 25 de junio de 1985, según registro
50307931.

78. De esa unión nacieron el 24 de mayo de 1986 Inés Amparo Charry León, el 13
de octubre de 1987 William Edilberto Charry León y el 24 de noviembre de 1992
Yessica Paola Charry León32.

79. Con solicitud del 14 de septiembre de 2020 la demandante pidió a Cremil el
reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación de retiro de Edilberto
Charry Medina33.

80. Mediante la Resolución 11043 del 28 de septiembre de 2020, Cremil negó el
reconocimiento y pago de los haberes dejados de cobrar por el causante y la
sustitución de la asignación de retiro a la demandante, comoquiera que no acreditó
una real convivencia con el exmilitar en los 5 años anteriores a su fallecimiento, por
cuanto la convivencia que tuvieron fue hasta el 3 de junio de 200534.

81.Asimismo, se indicó en el mencionado acto administrativo que mediante la
Resolución 8099 del 2 de julio de 2020 Cremil reconoció y ordenó el pago de los

28 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B, sentencia del 8 de julio de 202. Radicado:

25000-23-42-000-2016-01773-01(1840-19).
29 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia del 24 de octubre de 2012.

Radicación número: 25000-23-25-000-2010-00860-01 (2475-11).
30 Samai, índice 2, archivos «4ED_OneDrive_1_25102024z» y «001Demanda» página 10.
31 Samai, índice 2, archivos «4ED_OneDrive_1_25102024z» y «001Demanda» página 11.
32 Samai, índice 2, archivos «4ED_OneDrive_1_25102024z», y «001Demanda» páginas 13 a 18.
33 Samai, índice 2, archivos «4ED_OneDrive_1_25102024z» y «001Demanda» páginas 19 a 22.
34 Samai, índice 2, archivos «4ED_OneDrive_1_25102024z» y «001Demanda» páginas 19 a 22.

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haberes dejados de cobrar por el causante y la sustitución de la asignación de retiro
a Constanza Patricia Montero González y al menor José David Charry Montero en
un 50% a cada uno.

82. Contra la anterior decisión la demandante presentó recurso de reposición, el
cual fue resuelto de forma desfavorable mediante la Resolución 15596 del 20 de
diciembre de 202035.

83. Se aportaron en el idioma inglés unos documentos relacionados con un
presunto reporte de violencia doméstica y la comunicación de la decisión del caso36.

2.4.2. Pruebas de Constanza Patricia Montero González

84. Aportó la declaración extra-juicio de César Augusto Montero González y Yineth
Camacho Castañeda del 29 de abril de 2020 quienes manifestaron que conocieron
de vista y trato por 15 años a Edilberto Charry Medina, quien al momento de su
fallecimiento ocurrido el 20 de abril de 2020 tenía unión marital de hecho con
Constanza Patricia Montero González, con quien convivió de forma permanente e
ininterrumpida, compartiendo el mismo techo, lecho y mesa durante más de 10
años, esto es, desde el 6 de febrero de 2010 hasta el día de su fallecimiento ocurrido
el 20 de abril de 2020.

85. Además, se aportó la declaración extra-juicio37, del 21 de marzo de 2017
presentada por Edilberto Charry Medina y Constanza Montero González, quienes
manifestaron que vivían en unión marital de hecho hace más de 8 años, que tenían
una convivencia continua e ininterrumpida, compartiendo el mismo techo y lecho y
procrearon un hijo de nombre José David Charry Montero de 6 años38.

85.1. Edilberto Charry Medina aseveró que era él quien se encargaba de suministrar
todo lo que estaba a su «alcance como medicamentos, educación, ropa, vivienda y todo
para el sustento de mi mencionado hijo y compañera permanente.»

2.4.3. Interrogatorio de parte y testimonios

86. En la audiencia de pruebas celebrada el 16 de mayo de 2023 se practicó el
interrogatorio de parte a Bertha Amparo de León García, del cual se extrae lo
siguiente:

87. Tenía 58 años, trabajaba en una fábrica y vivía en Jacksonville, Florida, en los

35 Samai, índice 2, archivos «4ED_OneDrive_1_25102024z» y «001Demanda» páginas 27 a 32.
36 Samai, índice 2, archivos «4ED_OneDrive_1_25102024z» y «001Demanda» páginas 24 a 26.
37 Documento que fue aportado de forma incompleta.
38 Samai, índice 2, archivos «4ED_OneDrive_1_25102024z» y
«027ContestaciónDemandaLitisconsorte», página 18.

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Estados Unidos de América, desde el año 2001 cuando llegó con Edilberto Charry
Medina. Convivieron hasta el año 2005, pues en ese año el causante dejó el país.
Los últimos 6 o 7 años anteriores a su fallecimiento no compartieron techo, lecho o
mesa.

88. Estaba pendiente de Edilberto porque sus hijas estaban pendientes de él, pero
que no estuvo durante su enfermedad antes de fallecer, por lo que no lo acompañó
en sus últimos momentos.

89. No lo visitó desde que regresó a Colombia en el año 2005, porque no podía salir
de Estados Unidos por su estatus migratorio «ilegal», pues se encontraba
adelantando el proceso de asilo político que fue solicitado por Edilberto cuando
llegaron a ese país, pero sí se hablaban por teléfono y estaba al tanto de todas las
cosas de él.

90. «No tenía conocimiento de la relación del causante con Constanza Patricia Montero»,
pero si le dijo que estaba conociendo a alguien. Sabía que entre aquella y Edilberto
habían tenido un hijo de nombre José David Charry Montero.

91. Edilberto les enviaba dinero a las niñas y que ella no recibía alguna manutención
por parte de él.

92. Se enteró de que la salud de él se agravó por un comentario que le hiciera la
hermana del causante que vivía en Estados Unidos, pero no sabía qué enfermedad
padecía, «como tampoco desde cuándo». Sin embargo, aclaró que él le había dicho
telefónicamente que estaba mal. Además, no recordaba cuántas veces Edilberto
había presentado la solicitud del divorcio del matrimonio de ellos.

93.A su vez, se recibieron los testimonios solicitados por Constanza Patricia
Montero González, de los cuales se extrae lo siguiente:

94. César Augusto Montero González.

94.1. Indicó que era hermano de Constanza Patricia Montero González y de profesión
abogado.

94.2. Teníaconocimiento de la formalidad de la unión marital de hecho entre su
hermana y el causante desde el 10 de febrero de 2010 hasta el 20 de abril de 2020,
fecha en la que falleció el exgeneral. De esa unión nació su sobrino el 15 de marzo
de 2011. La convivencia que tuvieron fue ininterrumpida; y su hermana y el causante
iniciaron como pareja de novios más o menos entre el año 2007 y 2008.

94.3. Sabía de las intenciones que tenía el causante de iniciar el divorcio, desde que
era novio de Constanza Patricia Montero González, sin embargo, nunca se pudo
«por diferentes factores, pero que existió, existió, y la voluntad del divorcio, vuelvo y lo digo,

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en alguna oportunidad intentó darme poder, accedí a un cargo público y luego un colega
amigo mío intentó llevar el divorcio y no hubo voluntad de la parte.»

94.4. El
único vínculo que tenía el causante con Bertha y su familia era por su
parentesco, pues prácticamente no tenía contacto con ellos y no lo llamaban por
algunas discrepancias que se presentaron en la relación que tuvieron. Siempre me
manifestó que el único vínculo real y las responsabilidades económicas que tenía
era con su hijo José David Charry Montero (sobrino del testigo).

94.5. Entre
Bertha y el mayor Charry nunca hubo ningún contacto físico o algún
contacto vía virtual que dieran cuenta que seguía con ese vínculo matrimonial
vigente, «en la medida en que el señor Charry tenía mucho resentimiento en contra de la
señora y desde ese entonces fue la voluntad desde su llegada a Colombia de iniciar el
proceso de divorcio, que fallece mi Mayor y nunca pudo ver realizado el sueño que siempre
tuvo.»

94.6. No le constaba que el causante hubiese sido deportado por el gobierno de los
Estados Unidos. Sabía por unos documentos que tuvo en sus manos cuando intentó
llevarle la disolución del vínculo matrimonial entre Bertha y él, en los que había un
divorcio de acuerdo con las leyes americanas, pues se evidenciaba que esa relación
ante el gobierno de los Estados Unidos había sido terminada y liquidada, eso es lo
único que me consta.

94.7. Bertha Amparo nunca lo asistió, socorrió, ni viajó a atenderlo para la época del
fallecimiento. Las atenciones en su enfermedad y especialmente en la fase terminal
siempre estuvieron en cabeza de Constanza y su núcleo familiar más cercano, pues
las veces que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente en Bogotá solamente «nos
hicimos presente nosotros, y su recuperación se llevó en un apartamento que tenemos
como familia Montero González en la ciudad de Bogotá, es más desde el año 2007-2008
que tuve la oportunidad de conocer a mi Mayor nunca le vi la cara a la señora Bertha».

94.8. Cuando empezó a enfermarse entre el año 2017 y 2018 quien estuvo de forma
exclusiva a su cuidado fue Constanza. Incluso cuando estuvo hospitalizado en el
año 2020 él manifestó a Constanza que quería recuperarse en el apartamento «de
mi papá y mamá que prácticamente es allí donde el fallece. El cuidado fue exclusivo de
nosotros, del vínculo de mi hermana, mi mamá y nosotros […] mi hermana por intermedio
de la funeraria los olivos quienes se hicieron cargo del manejo del cadáver de mi mayor y
mi hermana fue la que asumió toda la responsabilidad.»

94.9. Yineth Camacho Castañeda

94.10. Conoció Edilberto Charry por más de 10 años, porque tenía una relación de
amistad con él y la familia. En ese momento ya estaba con Constanza, luego
tuvieron a José David, pues empezaron a hacer su vida marital y desde ese
entonces se afianzó la relación de parte de los dos. Se enteró que tenía unas hijas

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que no vivían en el país y que tuvo la oportunidad de conocerlas cuando él estuvo
en la clínica.

94.11. El día de su deceso Constanza la llamó para que la ayudara gestionando una
ambulancia porque «yo me muevo, por decirlo así, en el sector de la salud». No conoció
a Bertha Amparo, pues el tiempo que compartió con Edilberto no escuchó que la
hubiese mencionado. Fue Constanza quien estuvo con Edilberto en sus últimos
días, pues ella la acompañó en varias oportunidades.

94.12. No sabía puntualmente porqué Edilberto se había devuelto de Estados Unidos
y tampoco sabía algo respecto de un divorcio.

2.5. Caso concreto

95. El tribunal accedió a las pretensiones de la demanda, porque encontró
acreditado que Bertha Amparo de León García convivió con Edilberto Charry
Medina desde que contrajeron matrimonio en el año 1985 hasta el año 2005,
comoquiera que desde esa fecha dejaron de convivir, debido a la violencia
doméstica a la que era sometida; y como la sociedad conyugal se encontraba
vigente al momento del fallecimiento del causante, aquella no perdía el derecho a
sustituir la prestación de aquel, sobre todo cuando la separación de hecho se
encontraba justificada.

96. Constanza Patricia Montero González presentó recurso de apelación contra la
anterior decisión, pues consideró que i) debió demandarse la Resolución 8099 del
2 de julio de 2020 que le reconoció a ella la sustitución de la asignación de retiro; ii)
esta no era la jurisdicción competente para debatir el tema de la violencia familiar y
el divorcio; iii) los documentos que acreditaron la presunta violencia doméstica no
fueron aportados en el idioma castellano, ni decretados como prueba y
controvertidos en audiencia, incumpliendo así con los requisitos dispuestos en los
artículos 13, 173 y 251 del CGP; y iv) el vínculo matrimonial se encontraba disuelto
por voluntad de los contrayentes desde el momento de su separación,
configurándose así la pérdida de la asignación de retiro, de acuerdo con el artículo
12 del Decreto 4433 de 2004.

97. Por otra parte, Bertha Amparo de León García presentó recurso de apelación
adhesiva, comoquiera que no compartió la decisión de primera instancia respecto
de la fecha a partir de la cual se le ordenó el reconocimiento del derecho de la
sustitución de la asignación de retiro, pues consideró que esta debió ordenarse
desde el 20 de abril de 2020, fecha del fallecimiento del causante, lo que resultaba
discriminatorio y ajeno al principio de igualdad.

98. Asimismo, pidió que se le reconociera un porcentaje mayor de la sustitución de
la asignación de retiro, esto es, del 67.82% y a Constanza Montero González un

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32.02 % respecto del 50% reconocido a esta, de la asignación de retiro causada por
Edilberto Charry Medina, teniendo en cuenta el tiempo convivido por ambas, de
acuerdo con la sentencia C-1035 de 2008.

99. En relación con las resoluciones 11043 del 28 de septiembre de 2020 y 15596
del 2 de diciembre de 2020 proferidas por Cremil, sobre las cuales se solicitó la
nulidad, se encuentra que corresponden a las que definieron la situación jurídica de
la demandante en lo relativo al reconocimiento de la sustitución de la asignación de
retiro del causante. Razón por la cual el control de legalidad debe ejercerse sobre
estas y no sobre la Resolución 8099 del 2 de julio de 2020 que de acuerdo con el
material probatorio corresponde al acto que le reconoció el derecho de esa
prestación a Constanza Montero González y su hijo.

100. Lo anterior, está en línea con la solicitud de restablecimiento del derecho de la
demanda consistente en que se le reconozca a Bertha Amparo de León García la
cuota parte correspondiente de la asignación de retiro causada por Edilberto Charry
Medina, por lo que no se está reprochando la sustitución de esa prestación que le
fue reconocida a Constanza Montero González sino una parte de aquel.

101.En lo relativo a la presunta violencia familiar, se observa que el a quo en la
decisión de primera instancia no juzgó algún delito o conducta punible ni definió
alguna situación de carácter civil entre la demandante y el causante, sino que por el
contrario decidió darle un enfoque de género39 a su decisión por los hechos de la
presunta violencia doméstica que sufrió la demandante, los cuales consideró que
se establecieron de forma indiciaria. Además, les dio el valor probatorio
correspondiente a los documentos aportados con la demanda que acreditaban el
estado civil de las partes del proceso.

102.En cuanto, a las pruebas que daban cuenta de la violencia doméstica, se
evidencia que Bertha Amparo de León García aportó con la demanda unos
documentos en el idioma inglés que presuntamente correspondían a un reporte de
una denuncia por violencia doméstica presentada ante una autoridad policial
extranjera el 12 de marzo de 2005 y la presunta comunicación de la decisión del
caso, los cuales fueron tenidos como prueba en la audiencia inicial celebrada el 27
de abril de 2023 y no fueron objeto de recurso alguno por las partes40.

103.Ahora, ciertamente estos documentos deben cumplir con los requisitos
dispuestos en el artículo 251 del Código General del Proceso, el cual establece lo

39 En aplicación del artículo 42 de la Constitución Política y del Convenio para la eliminación de todas

las formas de discriminación contra la mujer, ratificada por Colombia mediante la Ley 51 de 1981; y
en cumplimiento de los criterios fijados por la Comisión Nacional de Género de la Rama Judicial.
Disposiciones que han sido aplicadas y desarrolladas en las decisiones de la Corte Constitucional y
de esta Corporación.
40 Según el acta de la audiencia inicial. Samai, índice 2, archivos «4ED_OneDrive_1_25102024z» y

«38.AudienciaInicial 2021-00503».

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siguiente:

«Artículo 251. Documentos en idioma extranjero y otorgados en el extranjero. Para que
los documentos extendidos en idioma distinto del castellano puedan apreciarse como
prueba se requiere que obren en el proceso con su correspondiente traducción efectuada
por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por un intérprete oficial o por traductor
designado por el juez. En los dos primeros casos la traducción y su original podrán ser
presentados directamente. En caso de presentarse controversia sobre el contenido de
la traducción, el juez designará un traductor.

Los documentos públicos otorgados en país extranjero por funcionario de este o con
su intervención, se aportarán apostillados de conformidad con lo establecido en los
tratados internacionales ratificados por Colombia. En el evento de que el país extranjero
no sea parte de dicho instrumento internacional, los mencionados documentos deberán
presentarse debidamente autenticados por el cónsul o agente diplomático de la
República de Colombia en dicho país, y en su defecto por el de una nación amiga. La
firma del cónsul o agente diplomático se abonará por el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Colombia, y si se trata de agentes consulares de un país amigo, se
autenticará previamente por el funcionario competente del mismo y los de este por el
cónsul colombiano.

Los documentos que cumplan con los anteriores requisitos se entenderán otorgados
conforme a la ley del respectivo país». [Se resalta]

104.Sobre el particular, la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentencia del
19 de septiembre de 201941, recordó que de conformidad con la Convención de La
Haya del 5 de octubre de 1961, incorporada al ordenamiento colombiano mediante
la Ley 455 de 1998, el requisito de apostillaje y consularización es exigible
únicamente para documentos públicos42 otorgados en el extranjero, no para
documentos de naturaleza privada «bajo la prevención de que su aplicación cobijaría
documentos públicos que han sido ejecutados en el territorio de un Estado contratante y
que deben ser exhibidos en el territorio de otro Estado contratante».

105. Al respecto es necesario resaltar que la referida «Convención sobre la abolición
del requisito de legalización para documentos públicos extranjeros», suscrita en La Haya
el 5 de octubre de 1961 establece que son considerados como documentos
públicos, entre otros, los actos notariales. Así lo señala:

41 Radicado 25000-23-36-000-2015-02571-02 (59432).
42 «Artículo 243. Distintas clases de documentos. Son documentos los escritos, impresos, planos,

dibujos, cuadros, mensajes de datos, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones
magnetofónicas, videograbaciones, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y,
en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones
en lápidas, monumentos, edificios o similares.
Los documentos son públicos o privados. Documento público es el otorgado por el funcionario
público en ejercicio de sus funciones o con su intervención. Así mismo, es público el documento
otorgado por un particular en ejercicio de funciones públicas o con su intervención. Cuando
consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público;
cuando es autorizado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo
protocolo, se denomina escritura pública.» [Se resalta].

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«Artículo 1. La presente Convención se aplicará a documentos públicos que han sido
ejecutados en el territorio de un Estado contratante y que deben ser exhibidos en el
territorio de otro Estado contratante.
Los siguientes son considerados como documentos públicos a efectos.
a) Documentos que emanan de una autoridad o un funcionario relacionado con las
cortes o tribunales de un Estado, incluyendo los que emanen de un fiscal, un
secretario de un tribunal o un portero de estrados;
b) Documentos administrativos;
c) Actos notariales;
d) Certificados oficiales colocados en documentos firmados por personas a título
personal, tales como certificados oficiales que consignan el registro de un documento o
que existía en una fecha determinada y autenticaciones oficiales y notariales de firmas.
Sin embargo, no se aplicará la presente Convención:
a) A documentos ejecutados por agentes diplomáticos o consulares;
b) A documentos administrativos que se ocupen directamente de operaciones
comerciales o aduaneras». [Se resalta]

106.De manera que este tipo de documentos públicos como la presunta denuncia
de violencia familiar y el informe de lo decidido en el caso ante autoridad extranjera,
es un acto que debe someterse a los requisitos de legalización y formalidad
previstos en la normativa colombiana aplicable, como la traducción oficial y la
constancia del apostillaje.

107.No obstante, también se observa que con el recurso de reposición presentado
por la demandante contra la resolución que le negó el derecho43, se indicó que su
separación y no convivencia con el causante había ocurrido por los múltiples actos
de violencia que padeció por parte de aquel y del que fueron testigo sus hijos, lo
que le generó secuelas de carácter psicológico. Situación que también manifestó en
la declaración de parte presentada en la audiencia de pruebas llevada a cabo el 16
de mayo de 2023 en este proceso. Pruebas que también fueron tenidas en cuenta
por el a quo para establecer el indicio de la violencia doméstica de la que
presuntamente fue víctima la demandante.

108.Ahora, si bien los documentos aportados en el idioma extranjero no pueden ser
tenidos en cuenta por no cumplir con una traducción oficial y constancia de
apostillaje, lo cierto es que también obraban en el expediente las pruebas antes
señaladas, las cuales fueron objeto de traslado y no obra constancia de haberse
presentado tacha alguna contra ellas.

109.Por otra parte, se observa del material probatorio que el vínculo conyugal entre
Bertha Amparo de León García y Edilberto Charry Medina se encontraba vigente
hasta el momento del fallecimiento de aquel, el 20 de abril del 2020, lo cual se
acreditó del registro de matrimonio aportado y se acompasa con la declaración de
parte rendida por aquella y del testimonio presentado por César Augusto Montero

43 Resolución 15596 del 20 de diciembre de 2020.

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González, hermano de Constanza Patricia Montero González, pues en su relato
reconoció que el causante estaba casado con la demandante y que había intentado
divorciarse en varias oportunidades de ella, sin embargo no fue posible.

110.Así las cosas, para la Sala Bertha Amparo de León García tenía derecho a la
sustitución de la asignación de retiro de Edilberto Charry Medina, toda vez que el
requisito de la convivencia de los 5 años anteriores al fallecimiento del pensionado44
no le es exigible tal y como se señaló en el marco normativo, pues además de no
acreditarse convivencia simultánea, la demandante en su calidad de cónyuge
supérstite conservó el vínculo jurídico conyugal con el causante. Por lo tanto, la
separación de hecho no disuelve la sociedad conyugal, porque para que esto
suceda se requiere que ocurra la «separación judicial de cuerpos», tal como lo dispone
el numeral 2 del artículo 1820 del Código Civil. En ese sentido, los efectos
patrimoniales del vínculo matrimonial persisten. Razón por la cual podía acreditar
los 5 años de convivencia en cualquier tiempo.

111.En consecuencia, la demandante no perdió el derecho a sustituir la prestación
del pensionado fallecido, según el artículo 12 del Decreto 4433 de 2004, máxime
cuando hay serios indicios que la separación se dio por violencia doméstica.

112.En relación con los argumentos del recurso de apelación adhesiva presentada
por Bertha Amparo de León García, en los que asevera que hubo discriminación por
parte del a quo al reconocerle el derecho a partir del 14 de septiembre de 2020,
fecha en que reclamó la sustitución pensional ante Cremil, al respecto, la postura
de esta Sala45 ha considerado que el derecho a la sustitución pensional o asignación
de retiro se causa desde el fallecimiento del pensionado, no obstante, para
garantizar la sostenibilidad financiera del sistema y evitar que las entidades de
previsión social incurran en un pago doble, en aquellos casos en los que concurren
varios beneficiarios y uno ya percibe el 100% de esa prestación y se encuentra que
hubo inactividad de la otra parte interesada, los efectos fiscales de la sustitución
pensional se han fijado desde la ejecutoria de la sentencia que reconoce al nuevo
beneficiario46.

113.No obstante lo anterior, de acuerdo con las particularidades del presente caso
y teniendo en cuenta que la que presentó la apelación fue la demandante y no la
entidad, no se ordenará que los efectos fiscales del reconocimiento sean a partir de
la ejecutoria de la sentencia y se confirmará la decisión del a quo respecto de la
fecha a partir de la cual se ordenó el reconocimiento pensional, puesto que se
acreditó que mediante Resolución 8099 del 2 de julio de 2020 se le reconoció a
Constanza Patricia Montero González y a su hijo menor el 100% de la sustitución

44 Dispuestos en el artículo 11 del Decreto 4433 de 2004.
45 El ponente se acogió a este criterio.
46 Sentencia del 18 de septiembre de 2025. Expediente 63001-23-33-000-2018-00190-01 (2018-

2021).

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de la asignación de retiro del causante. Asimismo, que Bertha Amparo de León
García reclamó la sustitución de esa prestación el 14 de septiembre de 202047 ante
Cremil, es decir, que la entidad pensional no supo de la existencia de la demandante
hasta el momento en que aquella hizo exigible su derecho, razón por la cual el A
quo tomó aquella fecha para el reconocimiento pensional.

114.Ahora bien, frente al reproche del porcentaje que le concierne a cada una de las
beneficiarias la Sala precisa que corresponde a la proporción del tiempo de
convivencia con el fallecido48. Esto es así si se tiene en cuenta que el literal b)
parágrafo 2 del artículo 11 del Decreto 4433 del 2000 señala que:

«Para efectos de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión de invalidez,
cuando exista cónyuge y compañero o compañera permanente, se aplicarán las
siguientes reglas:

b) […] En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años, antes del
fallecimiento del causante entre un cónyuge o compañera o compañero permanente, la
beneficiaria o el beneficiario de la sustitución de la asignación de retiro o de la pensión
de invalidez o de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo. Si no existe
convivencia simultánea y se mantiene vigente la unión conyugal pero hay una
separación de hecho, la compañera o compañero permanente podrá reclamar una
cuota parte de lo correspondiente al literal en un porcentaje proporcional al tiempo
convivido con el causante siempre y cuando haya sido superior a los últimos cinco
años antes del fallecimiento del causante. La otra cuota parte le corresponderá a
la cónyuge con la cual existe la sociedad conyugal vigente. ». [Se resalta].

115.De acuerdo con lo expuesto, la pensión debe dividirse en forma proporcional al
tiempo de convivencia. Por lo que, para efectos de terminar el porcentaje que le
corresponde a las beneficiarias de la sustitución de la asignación de retiro se
establecerán los extremos temporales de convivencia de acuerdo con las pruebas
allegadas al expediente así i) Bertha Amparo de León García entre el 15 de junio de
198549 y el 3 de julio de 200550; y ii) Constanza Patricia Montero González entre el
6 de febrero de 201051 y el 20 de abril del 2020, fecha de fallecimiento del causante.

Así las cosas, a Bertha Amparo de León García le corresponde el 66.3 % de la
116.
pensión y a Constanza Patricia Montero González el 33.7%. Se precisa que ese

47 Según la Resolución 11043 del 28 de septiembre de 2020.
48 Tal y como lo dispone la sentencia C-1035 de 2008 que declaró «EXEQUIBLE, únicamente por

los cargos analizados, la expresión “En caso de convivencia simultánea en los últimos cinco años,
antes del fallecimiento del causante entre un cónyuge y una compañera o compañero permanente,
la beneficiaria o el beneficiario de la pensión de sobreviviente será la esposa o el esposo”
contenida en el literal b del artículo 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el artículo 47 de la Ley
100 de 1993, en el entendido de que además de la esposa o esposo, serán también beneficiarios,
la compañera o compañero permanente y que dicha pensión se dividirá entre ellos (as) en
proporción al tiempo de convivencia con el fallecido». [Se resalta].
49 Fecha en la que contrajo matrimonio católico con el causante.
50 De acuerdo con lo afirmado por la demandante en la solicitud de reconocimiento pensional

presentada ante Cremil, según lo expuesto en la Resolución 11043 del 2020.
51 De conformidad con las declaraciones extra-juicio aportadas por Constanza Patricia Montero

González.

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porcentaje se calculó del 50% que le había sido reconocido de esa prestación a la
compañera permanente del causante.

2.6. Conclusión

117. Por las razones anotadas previamente, la Sala confirmará parcialmente la
sentencia dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico que accedió a las
pretensiones de la demanda y se modificará lo relacionado con el porcentaje que le
corresponde a cada una de las beneficiarias de la sustitución de la asignación de
retiro causada por Edilberto Charry Medina.

2.7. Costas

La norma que prevé la condena en costas en la jurisdicción de lo contencioso-
118.
administrativo es el artículo 188 del CPACA que dispuso:

«Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés
público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución
se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil.

En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca
que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal».

119.Para la Sala, la palabra «disponer» a la que hace referencia la norma enunciada,
no presupone la causación de costas per se contra la parte que pierda el litigio y
solo, en caso de que haya lugar a su imposición, se acudirá a las normas generales
del procedimiento para su liquidación y ejecución.

120.Por ello, a diferencia de lo que acontece en otras jurisdicciones, corresponde al
juez de lo contencioso-administrativo elaborar un juicio de ponderación subjetiva
respecto de la conducta procesal asumida por las partes, previa imposición de la
medida, que limitan el arbitrio judicial o discrecionalidad, para dar paso a una
aplicación razonable de la norma52.

121.Esa ponderación se realiza teniendo en cuenta si existieron acciones
temerarias, dilatorias que obstruyan o dificulten el curso normal de las diferentes
etapas del procedimiento y de verificar que en el expediente aparezca probado si
se causaron dichas costas.

122.En el caso concreto, como no se evidenció que, la parte demandada actuara
con temeraria o mala fe, ni se advirtió conducta o circunstancia irregular en el
transcurso del trámite procesal, la Sala se abstendrá de condenar en costas en esta

52En el mismo sentido - Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Segunda, sentencia de 1 de diciembre de 2016, C.P. Carmelo Perdomo Cuéter., radicación 70001-
23-33-000-2013-00065-01 (1908-2014).

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Radicado 08000-23-33-000-2021-00503-01 (6068-2024)
Demandante: Bertha Amparo de León García

instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero. Confirmar parcialmente la sentencia del 25 de julio de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió a las pretensiones de la
demanda presentada Bertha Amparo de León García contra Cremil, por las razones
expuesta en la presente providencia.

Segundo. Modificar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico así:

TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento,
CONDÉNESE a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL para que reconozca
a Bertha León García en calidad de cónyuge del Mayor Edilberto Charry Medina,
separados de hecho pero con sociedad conyugal vigente a su fallecimiento, como
beneficiaria de la sustitución de la asignación de retiro que devengaba el causante desde
el 20 de abril de 2020- fecha del fallecimiento del causante, pero el pago deberá hacerse
desde el 14 de septiembre de 2020- fecha en que se radicó la solicitud- y para el efecto
deberá efectuar la reliquidación de la prestación únicamente en el 50% que fue
reconocido a Constanza Montero González en calidad de compañera permanente, para
que en su lugar reconozca a Bertha Amparo de León García el 66.3 % de la
asignación de retiro y a Constanza Patricia Montero González el 33.7%, como
beneficiarias quienes concurren en sus calidades debidamente acreditadas, sin
menoscabar ni desmejorar la proporción que le corresponde al menor José David Charry
Montero en su calidad de hijo legítimo del causante, de conformidad con lo expuesto en
la parte motiva de este proveído. Asimismo, Constanza Montero González no deberá
devolver suma alguna de que le hubiese sido pagado como beneficiaria de la sustitución
de la asignación de retiro por ser una acreedora de buena fe.

La condena deberá ser ajustada conforme con la fórmula expuesta en la parte motiva de
esta providencia.

Tercero. No condenar en costas en esta instancia.

Cuarto. Notificar esta providencia en los términos del artículo 205 del CPACA.

Quinto. Devolver el expediente al tribunal de origen, previamente las anotaciones
en el aplicativo Samai.

La anterior providencia fue considerada y aprobada por la Sala en sesión de la
fecha.

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Radicado 08000-23-33-000-2021-00503-01 (6068-2024)
Demandante: Bertha Amparo de León García

JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Firmado Electrónicamente Firmado Electrónicamente
Aclara voto

JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma
del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
KBV

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