Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05074-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2026-05074-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2026-05074-00
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
6 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá D.C., seis (6) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 11001 03 15 000 2026 05074 00
Accionante: Constanza Patricia Montero González
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “B”
Acción: Acción de tutela
Tema: Tutela contra providencia judicial
Decisión: Declara improcedente la acción de tutela por no superar el
requisito general de relevancia constitucional
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela promovida por la señora Constanza Patricia Montero
González, en contra de la providencia del 19 de febrero de 2026 proferida por la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado núm. 08001
23 33 000 2021 00503 01.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La accionante, actuando por conducto de apoderado judicial, promovió acción de tutela
en contra de la precitada providencia, y para ello, formuló las siguientes pretensiones1:
PRIMERO. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad, a la seguridad social, al mínimo vital, a la vida digna y a la protección
constitucional de la familia de la señora CONSTANZA PATRICIA MONTERO
GONZÁLEZ, vulnerados por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, al proferir la sentencia de
segunda instancia del 19 de febrero de 2026 dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho bajo el radicado No. 08001 23 33 000 2021 00503
01 (6068-2024).
SEGUNDO. DECLARAR que la sentencia de segunda instancia proferida el 19 de
febrero de 2026 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección B, incurrió en al menos uno de los defectos
específicos de procedibilidad alegados en la presente acción constitucional, así:
2.1. En defecto fáctico, si se considera que la presunta violencia doméstica
alegada por Bertha Amparo León García fue el supuesto fáctico
determinante para justificar la separación de hecho y, con ello, reconocerle
la sustitución de la asignación de retiro. En tal evento, la vulneración se
configura porque dicho supuesto no fue probado con suficiencia dentro del
proceso, al haberse sustentado únicamente en manifestaciones
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 05074 00.
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provenientes de la misma parte interesada y no en medios de prueba
externos, objetivos y jurídicamente valorables.
2.2. En defecto sustantivo, si se considera que la presunta violencia doméstica
fue apenas un argumento adicional o de refuerzo, y que el fundamento
determinante de la decisión fue la aplicación formal de la regla de
concurrencia entre cónyuge con sociedad conyugal vigente y compañera
permanente. En tal evento, la vulneración se configura porque la autoridad
judicial adoptó una interpretación irrazonable de los artículos 11 y 12 del
Decreto 4433 de 2004, al privilegiar el vínculo matrimonial formal sobre la
finalidad constitucional de la sustitución de la asignación de retiro,
consistente en proteger el núcleo familiar real y materialmente afectado por
la muerte del causante.
2.3. En consecuencia, solicito respetuosamente que se tenga por acreditado
cualquiera de los dos anteriores defectos -o ambos, de ser el caso- como
fundamento suficiente para conceder el amparo de los derechos
fundamentales invocados.
TERCERO. DEJAR SIN EFECTOS la sentencia de segunda instancia proferida el
19 de febrero de 2026 por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho radicado 08001-23-33-000-2021-00503-01 (6068-
2024), en cuanto confirmó la nulidad de los actos administrativos demandados y
ordenó reconocer a Bertha Amparo León García un porcentaje de la sustitución
de la asignación de retiro causada por el fallecimiento del Mayor Edilberto Charry
Medina, con la consecuente disminución del porcentaje previamente reconocido a
mi representada.
CUARTO. Como consecuencia de lo anterior, ORDENAR al Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, que
dentro del término que fije el juez constitucional profiera una nueva sentencia de
segunda instancia, en la cual resuelva nuevamente los recursos de apelación
presentados dentro del proceso radicado 08001-23-33-000-2021-00503-01 (6068-
2024), con plena observancia de los derechos fundamentales de mi representada
y de los lineamientos fijados en el fallo de tutela.
QUINTO. ORDENAR que, en la nueva providencia, la autoridad judicial accionada
valore el acervo probatorio conforme a las reglas del debido proceso probatorio,
la carga de la prueba, la sana crítica y las garantías mínimas de contradicción,
absteniéndose de tener por acreditado un hecho esencial con base exclusiva en
manifestaciones provenientes de la misma parte interesada, especialmente en lo
relativo a la presunta violencia doméstica alegada como causa justificante de la
separación de hecho entre Bertha Amparo León García y el causante.
SEXTO. ORDENAR que, en la nueva providencia, la autoridad judicial accionada
interprete los artículos 11 y 12 del Decreto 4433 de 2004 de manera sistemática y
conforme a la Constitución, atendiendo la finalidad protectora de la sustitución de
la asignación de retiro, la protección de la familia material del causante y los
derechos fundamentales de la compañera permanente supérstite que acreditó
convivencia real, efectiva y permanente con el causante hasta su fallecimiento, sin
perjuicio de la autonomía judicial que le corresponde al resolver nuevamente el
asunto.
SÉPTIMO. ORDENAR que, mientras se profiere la nueva decisión judicial, se
suspendan los efectos de la sentencia cuestionada en lo relativo a la reliquidación
y disminución del porcentaje de la sustitución de la asignación de retiro reconocido
a favor de CONSTANZA PATRICIA MONTERO GONZÁLEZ, con el fin de evitar
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la consolidación de una afectación desproporcionada de sus derechos
fundamentales.
OCTAVO. ORDENAR a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL que,
una vez se profiera la nueva decisión judicial o mientras se surte el trámite
ordenado por el juez constitucional, se abstenga de efectuar descuentos,
reliquidaciones, compensaciones o modificaciones desfavorables sobre la
sustitución de la asignación de retiro reconocida a CONSTANZA PATRICIA
MONTERO GONZÁLEZ, salvo orden judicial en contrario.
NOVENO. ADOPTAR las demás órdenes que el juez constitucional estime
necesarias para garantizar el restablecimiento integral de los derechos
fundamentales vulnerados.
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que el 24 de septiembre de 2021, la señora Bertha Amparo León
García promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Caja de
Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL, para obtener la nulidad de los actos
administrativos que le negaron el reconocimiento de la sustitución de la asignación de
retiro causada por el fallecimiento del Mayor Edilberto Charry Medina.
Señaló que, en dicha demanda, la señora León García sostuvo que, aunque se
encontraba separada de hecho del causante, la convivencia mínima de cinco años no era
exigible porque la separación obedeció exclusivamente a actos de violencia ejercidos por
este durante el matrimonio.
La demanda correspondió por reparto al Tribunal Administrativo del Atlántico, autoridad
judicial que ordenó vincular a la señora Constanza Patricia Montero González, hoy
accionante, como litisconsorte necesaria, por cuanto la decisión podía afectar el
reconocimiento prestacional del que ya era beneficiaria junto con el hijo menor del
causante.
Continuó relatando que el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante sentencia del
25 de julio de 2024, declaró la nulidad de los actos demandados y ordenó reconocer a la
señora Bertha Amparo León García como beneficiaria de la sustitución de la asignación
de retiro al considerar acreditado que la aquí accionante convivió con el causante desde
aproximadamente 2008 hasta su fallecimiento y cumplía los requisitos para ser
beneficiaria como compañera permanente; sin embargo, concluyó que la separación de
hecho entre los cónyuges obedeció a violencia doméstica sufrida por la señora Bertha
Amparo León García, circunstancia que justificaba que esta última conservara su derecho
a concurrir en la prestación, reduciendo del 50% al 25% la participación que hasta
entonces había sido reconocida a la señora Montero González.
Inconforme con dichas decisión, la hoy accionante interpuso recurso de apelación en el
cual alegó que la señora Bertha Amparo León García llevaba más de quince años
separada del causante, sin convivencia, auxilio mutuo ni dependencia económica;
además, indicó que la supuesta violencia doméstica nunca fue demostrada, que los
documentos provenientes de Estados Unidos carecían de traducción oficial y apostilla y
que la sentencia desconoció las reglas previstas en el Decreto 4433 de 2004 sobre
pérdida del derecho por separación de hecho superior a cinco años.
Manifestó que, mediante sentencia del 19 de febrero de 2026, la Sección Segunda,
Subsección B, del Consejo de Estado confirmó parcialmente la decisión de primera
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instancia, debido a que, si bien reconoció que los documentos extranjeros no podían
valorarse por incumplir las exigencias de legalización y traducción, consideró que existían
otros elementos que constituían indicios de la violencia doméstica alegada por la señora
León García, particularmente las manifestaciones efectuadas en el recurso de reposición
presentado en sede administrativa y su declaración de parte.
Con fundamento en ello, el ad quem concluyó que la cónyuge separada de hecho
conservaba el derecho a la sustitución de la asignación de retiro y modificó la distribución
ordenando que, del 50% previamente reconocido a Constanza Patricia Montero
González, el 66,3 % correspondiera a la señora Bertha Amparo León García y el 33,7%
restante permaneciera en cabeza de la hoy accionante, sin afectar el 50% reconocido al
hijo menor.
La accionante alegó que dicha decisión desconoció sus derechos fundamentales porque
redujo el porcentaje de la prestación que le había sido reconocido con fundamento en
una valoración probatoria que estima insuficiente respecto de la alegada violencia
doméstica y en una interpretación del Decreto 4433 de 2004 que, a su juicio, desconoce
la finalidad constitucional de la sustitución de la asignación de retiro.
Como fundamento de la acción de tutela, la accionante indicó que se encuentra
legitimada para promover la acción, por ser la persona directamente afectada con la
sentencia cuestionada. Afirmó que el asunto reviste relevancia constitucional, pues no
pretende reabrir el debate propio del proceso ordinario, sino cuestionar una providencia
judicial que, en su criterio, vulneró sus derechos fundamentales mediante una valoración
probatoria insuficiente y una interpretación errónea del Decreto 4433 de 2004.
Expuso que se satisface el requisito de subsidiariedad porque agotó el recurso de
apelación contra la sentencia de primera instancia y que la tutela fue presentada
oportunamente, dentro de un término razonable contado desde la ejecutoria de la
decisión cuestionada. Señaló que los reparos constitucionales fueron planteados durante
el proceso ordinario, que las irregularidades alegadas tuvieron incidencia directa en la
decisión adoptada y que la providencia cuestionada no corresponde a una sentencia de
tutela.
Adujo que, la sentencia enjuiciada incurrió en un defecto fáctico, al considerar que dio
por acreditado un supuesto determinante para la decisión (la presunta violencia
doméstica como causa justificativa de la separación de hecho entre los cónyuges) sin
contar, en su criterio, con un respaldo probatorio suficiente, objetivo y jurídicamente
valorable.
Igualmente, alegó la configuración de un defecto material o sustantivo, porque estima que
la autoridad judicial realizó una interpretación y aplicación constitucionalmente
irrazonable de los artículos 11 y 12 del Decreto 4433 de 2004. En su concepto, esa
interpretación condujo a un resultado desproporcionado frente a sus derechos
fundamentales y desconoció la finalidad protectora de la sustitución de la asignación de
retiro, al privilegiar el vínculo conyugal formal sobre la realidad familiar, económica y
afectiva que, según afirma, quedó acreditada durante el proceso.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
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3.1. La tutela fue radicada el 30 de junio de 20262 y correspondió por reparto a esta
Sección que, por auto de 3 de julio de 20263 la admitió y dispuso notificar4 a la Subsección
“B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, como autoridad judicial accionada; así
como vincular al Tribunal Administrativo del Atlántico, a la Caja de Retiro de las Fuerzas
Militares – CREMIL y a la señora Bertha Amparo León García, como terceros con interés
directo en el resultado del proceso.
De igual forma, se requirió tanto al Tribunal como la Sección Segunda de esta
Corporación para que allegaran copia digital del expediente correspondiente al proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, identificado con radicado núm. 08001 23 33
000 2021 00503 00/01.
3.2. La Caja de retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL allegó escrito5 en el que solicitó
negar el amparo, al considerar que no vulneró los derechos fundamentales de la
accionante, toda vez que su actuación se limitó al cumplimiento de las funciones
legalmente asignadas y a ejecutar las decisiones judiciales relacionadas con el
reconocimiento y pago de la sustitución de la asignación de retiro.
Sostuvo que la accionante dispuso de los mecanismos judiciales para ejercer su defensa
y que la acción de tutela no puede emplearse como una instancia adicional para
controvertir una decisión adoptada por la jurisdicción de lo contencioso administrativo ni
para reabrir un asunto ya resuelto. Agregó que tampoco se acreditó la existencia de un
perjuicio irremediable que justificara la procedencia excepcional del amparo.
Finalmente, propuso la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva y solicito
su desvinculación del presente trámite tutelar, al considerar que la entidad se limitó a dar
cumplimiento a las órdenes impartidas por el Tribunal y el Consejo de Estado. En ese
sentido, afirmó que la presente acción de tutela no satisface los requisitos de procedencia
contra providencias judiciales, particularmente el relativo a la relevancia constitucional.
3.3. El magistrado ponente de la providencia cuestionada6 solicitó declarar improcedente
la acción de tutela o, en su defecto, negar el amparo deprecado, al considerar que la
sentencia cuestionada fue proferida con fundamento en la valoración del acervo
probatorio y en la correcta aplicación de las normas que regulan la sustitución de la
asignación de retiro, de modo que no se configuraron los defectos alegados por la
accionante.
Agregó que la acción de tutela pretende utilizarse como una instancia adicional para
controvertir la decisión adoptada en el proceso ordinario.
2 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 05074 00.
3 Visto en el índice 4 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 05074 00.
4 Esta orden se cumplió el 7 de julio de 2026. Visto en los índices 7 y 8 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001 03 15 000 2026 05074 00.
5 Visto en el índice 17 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 05074 00.
6 Visto en el índice 21 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 05074 00.
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3.4. El Tribunal Administrativo del Atlántico envió el enlace del expediente digital
solicitado7, sin embargo, no se pronunció sobre los hechos ni las pretensiones de la
tutela.
3.5. Mediante escrito radicado el 31 de julio de 20268, la señora Bertha Amparo León
García presentó escrito en el que indicó que se deben desestimar las pretensiones de la
accionante al considerar que la providencia acusada no incurrió en los defectos alegados.
4. CONSIDERACIONES DE LA SALA
4.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto
por el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991 9 y el artículo
2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015,10 modificado por el artículo 1 del
Decreto 333 del 6 de abril de 202111, así como con fundamento en el artículo 13 del
Acuerdo núm. 080 del 12 de marzo de 201912, modificado por el Acuerdo núm. 434 del
10 de diciembre de 2024, proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado que regula
la distribución de procesos entre las secciones.
4.2. CUESTIÓN PREVIA
La Sala observa que CREMIL, al rendir el informe dentro del presente trámite
constitucional, solicitó que se declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva y,
en consecuencia, su desvinculación del proceso.
Al respecto, se considera que no hay lugar a acceder a dicha solicitud, toda vez que la
entidad fue vinculada por haber integrado el extremo pasivo del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en el que se profirió la providencia hoy acusada.
En consecuencia, su permanencia en el proceso resulta necesaria, no solo para
garantizar la eficacia de la decisión que eventualmente se adopte, sino también para
salvaguardar los principios de contradicción y defensa, permitiéndole ejercer su derecho
de defensa y pronunciarse frente a los cargos formulados por la parte accionante.
4.3. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente13:
7 Visto en el índice 22 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 05074 00.
8 Visto en el índice 26 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado núm. 11001
03 15 000 2026 05074 00.
9 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”
10 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho” y establece
las reglas de reparto de la acción de tutela.
11 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
12 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial número 50913.
13 Lo que se desprende del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado
con radicado núm. 08001 23 33 000 2021 00503 00/01.
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4.3.1. La señora Bertha Amparo León García, actuando por conducto de apoderado
judicial, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho contra la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares –CREMIL–, con el propósito
de obtener la nulidad de las Resoluciones núm. 110436 de 28 de septiembre de 2020 y
núm. 15596 de 2 de diciembre de 2020, mediante las cuales se le negó el derecho a la
sustitución pensional y se confirmó dicha decisión, respectivamente.
4.3.2. La demanda correspondió por reparto al Tribunal que, mediante sentencia de 25
de julio de 2024, resolvió lo siguiente:
PRIMERO. - DECLÁRESE NO PROBADAS las excepciones de inexistencia de
la causa petendi y cobro de lo no debido propuestas por la litisconsorte, por lo
dispuesto en precedencia.
SEGUNDO. - DECLÁRESE LA NULIDAD de los actos administrativos Resolución
Nos. 110436 de 28 de septiembre de 2020 y No. 15596 de 02 de diciembre de
2020 proferidas por CREMIL, que le negaron el derecho a la señora Bertha León
García a ser beneficiaria de la sustitución de la asignación de retiro del Mayor ®
Edilberto Charry Medina, de conformidad con las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento,
CONDÉNESE a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL para que
reconozca a la señora Bertha León García en calidad de cónyuge del Mayor ®
Edilberto Charry Medina, separados de hecho pero con sociedad conyugal vigente
a su fallecimiento, como beneficiaria de la sustitución de la asignación de retiro
que devengaba el causante desde el 20 de abril de 2020 – fecha de su
fallecimiento, pero el pago deberá hacerse desde el 14 de septiembre de 2020 –
fecha en que se radicó la solicitud - y para el efecto deberá efectuar la reliquidación
de la prestación únicamente en el 50% que fue reconocido a la señora Constanza
Montero González en calidad de compañera permanente, para que en su lugar
reconozca en partes iguales a las beneficiarias quienes concurren en sus
calidades debidamente acreditadas, sin menoscabar ni desmejorar la proporción
que le corresponde al menor José David Charry Montero en su calidad de hijo
legítimo del causante, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este
proveído. Asimismo, la señora Constanza Montero González no deberá devolver
suma alguna de que le hubiese sido pagado como beneficiaria de la sustitución
de la asignación de retiro por ser una acreedora de buena fe.
La condena deberá ser ajustada conforme a la fórmula expuesta en la parte motiva
de esta providencia.
4.3.3. Inconformes con esa decisión, la señora Bertha Amparo León García y la aquí
accionante interpusieron recurso de apelación y, la Sección Segunda de esta
Corporación, mediante sentencia de 19 de febrero de 2026, resolvió lo siguiente:
Primero. Confirmar parcialmente la sentencia del 25 de julio de 2024 proferida
por el Tribunal Administrativo del Atlántico, que accedió a las pretensiones de la
demanda presentada Bertha Amparo de León García contra Cremil, por las
razones expuesta en la presente providencia.
Segundo. Modificar el ordinal tercero de la sentencia de primera instancia
proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico así:
TERCERO.- Como consecuencia de lo anterior, a título de restablecimiento,
CONDÉNESE a la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares – CREMIL para
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que reconozca a Bertha León García en calidad de cónyuge del Mayor
Edilberto Charry Medina, separados de hecho pero con sociedad conyugal
vigente a su fallecimiento, como beneficiaria de la sustitución de la
asignación de retiro que devengaba el causante desde el 20 de abril de
2020- fecha del fallecimiento del causante, pero el pago deberá hacerse
desde el 14 de septiembre de 2020- fecha en que se radicó la solicitud- y
para el efecto deberá efectuar la reliquidación de la prestación únicamente
en el 50% que fue reconocido a Constanza Montero González en calidad de
compañera permanente, para que en su lugar reconozca a Bertha Amparo
de León García el 66.3 % de la asignación de retiro y a Constanza Patricia
Montero González el 33.7%, como beneficiarias quienes concurren en sus
calidades debidamente acreditadas, sin menoscabar ni desmejorar la
proporción que le corresponde al menor José David Charry Montero en su
calidad de hijo legítimo del causante, de conformidad con lo expuesto en la
parte motiva de este proveído. Asimismo, Constanza Montero González no
deberá devolver suma alguna de que le hubiese sido pagado como
beneficiaria de la sustitución de la asignación de retiro por ser una acreedora
de buena fe.
La condena deberá ser ajustada conforme con la fórmula expuesta en la
parte motiva de esta providencia.
4.4. ANÁLISIS DE LA SALA
Tratándose de tutela contra providencias judiciales, debe hacerse una cuidadosa
constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios
constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e
independencia judicial.
El primer requisito de procedencia que el juez constitucional debe verificar es la
relevancia constitucional y, para ello, la Sala se detendrá en (i) los criterios que la
jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se
discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos en el (ii)
caso concreto.
4.4.1. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para
identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional
La Corte Constitucional, en la sentencia C – 590 de 2005, indicó que uno de los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido,
señaló que:
[…] el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una
clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos
que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela
debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a
resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los
derechos fundamentales de las partes […].
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones
por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional; de otro modo, si no lo
hace, estaría involucrándose en aspectos que le corresponde resolver al juez natural y,
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Accionante: Constanza Patricia Montero González
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precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de
relevancia constitucional.
A partir de la sentencia C – 590 de 2005, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido desarrollado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y en la sentencia SU –
573 de 2019 explicó que este requisito persigue tres finalidades14:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional
que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para
discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para
controvertir las decisiones de los jueces.
Por consiguiente, para que un asunto revista trascendencia constitucional deben estar
reunidos los tres elementos que conforman el requisito de la relevancia 15. De manera
que, si no se logra acreditar alguno de ellos, la acción de tutela será improcedente por no
superar la relevancia constitucional.
4.4.2. Caso concreto
La Sala, para determinar si está superada la relevancia constitucional, analizará el tercer
criterio que la compone, el cual busca impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.
Frente a este elemento la Corte Constitucional ha dicho que:
[…] la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir asuntos
de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra
providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar
los recursos ordinarios”, pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los
asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos
[fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter legal” (…)16. (Se
destaca) […].
En la sentencia SU- 215 de 2022, la Corte Constitucional reiteró que la tutela contra
providencia judicial implica un juicio de validez y no un juicio de corrección respecto del
fallo cuestionado, “circunstancia que excluye su formulación para la discusión de asuntos
de interpretación que dieron origen a la controversia judicial”.
En igual sentido anotó que “como se expresó con claridad en la Sentencia SU-128 de
2021, este “enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado
indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio
14 Corte Constitucional. Sentencia SU – 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido. Este
criterio ha sido reiterado, verbigracias, en las sentencias SU 128 de 2021 y SU 103 de 2022.
15 Sobre los demás elementos que componen la relevancia constitucional puede verse la sentencia del 29
de septiembre de 2022 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado. Expediente nro. 11001
0315 000 2022 02850 01. C.P.: Oswaldo Giraldo López.
16 Corte Constitucional. Sentencia SU 573 del 27 de noviembre de 2019. M.P.: Carlos Bernal Pulido.
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Accionante: Constanza Patricia Montero González
Accionado: Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección “B”
o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial” (…)”. (Se
destaca).
En efecto, en aquellos casos en los que el interesado controvierte a través de la acción
de tutela la valoración que el juez natural hizo sobre el acervo probatorio, o reprocha la
convicción que genera en el fallador las pruebas allegadas al expediente, o la
inconformidad en la que se sustenta el amparo radica en la interpretación de las normas
de carácter legal que regulan el caso y la jurisprudencia aplicable, resulta evidente que
este mecanismo constitucional está siendo utilizado para reabrir el debate surtido en el
proceso ordinario y como una instancia adicional, con lo cual se estaría desconociendo
la autonomía e independencia del juez natural.
En el presente asunto, la Sala advierte que la controversia planteada carece de relevancia
constitucional, pues las inconformidades de la parte accionante se circunscriben a
cuestionar la valoración probatoria y la interpretación jurídica efectuadas por la autoridad
judicial accionada.
En particular, sostiene que la sentencia acusada incurrió en un defecto fáctico al tener
por acreditado que la separación de hecho entre el causante y su cónyuge obedeció a
hechos de violencia intrafamiliar, y en un defecto sustantivo al interpretar de manera
irrazonable los artículos 11 y 12 del Decreto 4433 de 2004, lo que condujo a reconocer a
la cónyuge un mayor porcentaje de la sustitución de la asignación de retiro.
No obstante, de la lectura de la sentencia de 19 de febrero de 2026 se evidencia que la
autoridad judicial accionada analizó de manera expresa tales planteamientos. En efecto,
explicó que el estudio del contexto de violencia intrafamiliar no tenía por objeto resolver
un asunto propio de la jurisdicción penal o de familia, sino valorar esa circunstancia,
desde una perspectiva de género, para establecer sus efectos en el reconocimiento de
la sustitución de la asignación de retiro.
Asimismo, aunque descartó la valoración de los documentos provenientes del extranjero
por carecer de traducción oficial y apostilla, concluyó que existían otros medios de prueba
que permitían inferir la existencia de violencia intrafamiliar. Igualmente, encontró
acreditado que el vínculo matrimonial permaneció vigente hasta el fallecimiento del
causante, por lo que la cónyuge conservaba el derecho a concurrir como beneficiaria de
la sustitución de la asignación de retiro. Finalmente, confirmó la fecha de reconocimiento
de la prestación y modificó la distribución de la asignación de retiro, fijando un 66,3% para
la señora Bertha Amparo de León García y un 33,7% para la aquí accionante, de acuerdo
con el tiempo de convivencia acreditado.
En esas condiciones, la inconformidad de la parte accionante no está dirigida a demostrar
una actuación arbitraria, caprichosa o manifiestamente irrazonable de la autoridad judicial
accionada, sino que refleja su desacuerdo con la interpretación jurídica y la valoración
probatoria efectuadas en la sentencia de segunda instancia, con el propósito de obtener
una conclusión distinta sobre la distribución de la sustitución de la asignación de retiro.
Así, la acción de tutela pretende reabrir un debate propio del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho y convertir al juez constitucional en una instancia adicional
para revisar el acierto de la decisión adoptada por el juez natural, finalidad incompatible
con el carácter excepcional y subsidiario del amparo constitucional.
En consecuencia, al no evidenciarse una controversia de relevancia constitucional, sino
una simple discrepancia con el criterio jurídico expuesto en la providencia cuestionada,
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la Sala concluye que no se satisface este requisito general de procedencia, razón
suficiente para declarar improcedente la acción de tutela.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación presentada por el CREMIL, por las
razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela interpuesta por la parte
accionante, según lo expuesto en la parte considerativa de esta sentencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, al
día siguiente a la ejecutoria de esta providencia, si no fuere impugnada oportunamente
en los términos señalados por la ley.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión del 6 de
agosto de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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