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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2021-00543-01

Fecha
10 de febrero de 2022
Consejero ponente
Pedro Pablo Vanegas Gil
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 08001-23-33-000-2021-00543-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: Negar la solicitud de desvinculación de la secretaria del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla. 23 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Carlos Andrés Vásquez Velásquez Demandado: Juez Ad – Hoc del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla Radicado: 08001-23-33-000-2021-00543-01 SEGUNDO: Revoca la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Atlántico que declaró la improcedencia, pero por las razones expuestas. TERCERO: Amparar el derecho fundamental de petición. En consecuencia, ordenar al doctor Julio Antonio Gil Muñoz que dentro de los dos días siguientes a la notificación de esta sentencia, resuelva de fondo el segundo punto de la petición del 21 de septiembre de 2021 presentada dentro del expediente radicado 08001-33-33-003 2017-00129-00, de conformidad con las razones esbozadas en este proveído. CUARTO: Amparar las garantías constitucionales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia del actor. Por consiguiente, ordenar al juez ad hoc que dentro de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas a la notificación de esta providencia, de cumplimiento a la orden del 26 de abril de 2021 del Tribunal Administrativo del Atlántico, y en consecuencia, remita por un medio formal el expediente de radicado 08001-33-33-003-2017-00129-00 al citado cuerpo colegiado para lo de su competencia. De la anterior actuación deberá notificar a las partes del proceso referenciado a través de la Secretaría del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Barranquilla. QUINTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto N°. 2591 de 1991. SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 08001-23-33-000-2021-00543-01

Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil

10 de febrero de 2022

Demandante: Carlos Andrés Vásquez Velásquez
Demandado: Juez Ad – Hoc del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla
Radicado: 08001-23-33-000-2021-00543-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., diez (10) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 08001-23-33-000-2021-00543-01
Demandante: CARLOS ANDRÉS VÁSQUEZ VELÁSQUEZ
Demandado: JUEZ AD-HOC DEL JUZGADO TERCERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
BARRANQUILLA

Temas: Tutela de fondo

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Resuelve la Sala el recurso de impugnación presentado por el señor Carlos
Andrés Vásquez Velásquez en contra de la sentencia proferida en primera
instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el 16 de noviembre de
2021. En este fallo se declaró improcedente la presente solicitud de amparo por
no encontrarse satisfecho el requisito adjetivo de la subsidiariedad.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Carlos Andrés Vásquez Velásquez, actuando en nombre propio,
presentó acción de tutela contra el Juez Ad Hoc Tercero Administrativo de
Barranquilla, en procura de la defensa de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia, así como al principio
de confianza legítima.

2. En sentir del accionante, la transgresión de las citadas garantías
constitucionales encontró sustento en la falta de respuesta a la petición que le
presentó a la referenciada autoridad judicial el 21 de septiembre de 2021 y en
que al momento de interposición de la tutela no se había proferido sentencia de
primera instancia dentro del contencioso de nulidad y restablecimiento del
derecho de radicado N.º 08001-33-33-003-2017-00129-00, impetrado por el
actor en calidad de Juez Quinto Penal del Circuito de Barranquilla, contra la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

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Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Carlos Andrés Vásquez Velásquez
Demandado: Juez Ad – Hoc del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla
Radicado: 08001-23-33-000-2021-00543-01

1.2. Hechos

La Sala resume los hechos relevantes de la tutela de la siguiente manera:

3. El actor afirma que radicó una demanda en ejercicio del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial desde el 9 de junio de 2016, en
procura de que se le reliquidaran sus prestaciones sociales con la inclusión de
la prima especial como factor salarial.

4. El 9 de junio de 2017 el Juez Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla manifestó impedimento para tramitar el contencioso impetrado por
el actor.

5. En auto del 5 de septiembre de 2017, el Tribunal Administrativo del Atlántico
aceptó el impedimento “que comprende a todos los Jueces Administrativos
Orales del Circuito de Barranquilla” y ordenó que se realizara sorteo de conjuez
para que el designado asumiera el conocimiento del proceso en calidad de juez
ad hoc.

6. Para el efecto, fue elegido el doctor Julio Antonio Gil Muñoz, quien admitió la
demanda mediante auto del 13 de abril de 2018. La decisión fue notificada el 22
de enero de 2019.

7. El 18 de febrero de 2019, la entidad accionada allegó contestación y el actor
presentó la respectiva réplica el 26 de marzo del mismo año. Luego, mediante
auto del 10 de diciembre de 2019, el juez ad hoc fijó como fecha de audiencia
inicial el 24 de enero de 2020.

8. El actor afirmó que, ante la falta de impulso en su proceso, presentó en
marzo de 2021 una solicitud de vigilancia administrativa, a la cual se le asignó
el Rad. N.º CSJATAVJ21-1163.

9. Posteriormente, el expediente digitalizado fue remitido al juez ad hoc el 25 de
marzo de 2021, y el 20 de abril de 2021 este profirió auto de traslado para
alegar de conclusión. El proveído se notificó el día 27 del mismo mes y año.

10. El 10 de mayo de 2021, el señor Vásquez Velásquez presentó sus alegatos
de conclusión, y el 31 de mayo siguiente, se le remitió el expediente al juez ad
hoc al correo abogadojgm@yahoo.com1, para lo de su competencia.

11. El 21 de septiembre de 2021 el accionante radicó una petición dentro del
proceso 2017-00129-00, en la que solicitó que se profiriera y notificara la
sentencia de primera instancia y se le informaran “las razones por las cuales se

1 Esta dirección de correo corresponde a la misma que aportó el juez ad hoc en su intervención.

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Demandante: Carlos Andrés Vásquez Velásquez
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incumplió el lapso de 20 días, fijado en el auto del 20 de abril de 2021…” para
dictar el fallo.

1.3. Sustento de la vulneración

12. Comentó que han transcurrido más que cinco años desde que presentó la
demanda y en el proceso no se han presentado trámites dilatorios por ninguna
de las partes que impidan que se dicte la sentencia.

13. Agregó que las autoridades judiciales vulneran “la garantía del plazo
razonable” cuando se demoran excesiva e injustificadamente en decidir los
asuntos de su competencia.

14. Aludió que le resulta vulnerado su derecho fundamental al debido proceso,
dado que han transcurrido más de 15 días hábiles desde la presentación de la
petición del 21 de septiembre de 2021, sin que obtenga respuesta.

15. Para finalizar su exposición, arguyó que le transgredieron los principios de
confianza legítima y buena fe, puesto que en el auto del 20 de abril de 2021 se
indicó que una vez culminara el periodo para alegar de conclusión, dentro de
los 20 días siguientes, se fallaría la primera instancia y eso no ocurrió.

1.4. Pretensión constitucional

16. En concreto la parte actora solicitó:

… muy comedidamente, que se conceda el amparo a los derechos
fundamentales del debido proceso y confianza legítima y en consecuencia
se ordene al Dr Julio Gil Muñoz Juez Ad Hoc 3 Administrativo de
Barranquilla que dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la
providencia respectiva profiera sentencia de primera instancia dentro del
proceso Rad 08001333300320170012900 y que vele porque la misma sea
efectivamente notificada lo más pronto posible.

(ii) También se solicita se ordene al Dr Julio Gil Muñoz Juez Ad Hoc 3
Administrativo de Barranquilla que dentro de las 48 horas siguientes a la
notificación de la sentencia de tutela de respuesta a mi solicitud de
impulso, en especial para que explique las razones por las cuales no
había dictado sentencia.

1.5. Trámite de primera instancia

17. En auto del 2 de noviembre de 2021, el Tribunal Administrativo del Atlántico
admitió la acción de tutela de la referencia. En consecuencia, ordenó notificar al
actor como demandante y en calidad de demandado al Doctor Julio Gil Muñoz,
quien fue designado juez ad hoc dentro del proceso de radicado N.º 2017-

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00129-00. Asimismo, le solicitó que rindiera un informe sobre los hechos
narrados en el proceso y la remisión del referido expediente digital.

1.6. Intervención

1.6.1. Doctor Julio Antonio Gil Muñoz – Juez Ad Hoc Tercero del Circuito
Judicial de Barranquilla

18. Explicó que fue designado como juez del proceso en la diligencia de sorteo
de conjuez realizada el 5 de septiembre de 2017. Luego, el 3 de abril de 2018
admitió la demanda y que dicha decisión se le notificó a las partes el 22 de
enero de 2019.

19. Refirió que la entidad demandada propuso las excepciones de prescripción
trienal de los derechos laborales y de cobro de lo no debido en el curso del
proceso de radicado N.º 2017-00129-00. En consecuencia, por la secretaría se
le corrió traslado al extremo accionante para que se pronunciara.

20. Reseñó que el 10 de diciembre de 2019 fijó como fecha de audiencia inicial
el 24 de enero de 2020 a las 2:00 p.m. Afirmó que el mismo día en el que se
celebró la diligencia, le remitió el expediente a la doctora Maritza Naranjo Briles,
para que en su calidad de secretaria “librara los oficios y comunicaciones
correspondientes y realizara las demás órdenes consignadas en la parte
resolutiva de dicho proveído”.

21. El 25 de marzo de 2021 la citada servidora judicial le remitió el expediente
digital 2017-00129-00. En el correo de envío le expuso lo siguiente:

Es de anotar que solo hasta el día de hoy, fue puesto a disposición de
este juzgado el expediente digital por parte de la firma contratista, quienes
son los encargados de digitalizar los expedientes de la Rama Judicial.

22. Anotó que una vez abrió el expediente advirtió que no se había incorporado
“la copia de los antecedentes del demandante, requerido a la Oficina de
Recursos Humanos”. El 19 de abril siguiente, recibió un nuevo mensaje de
datos de la secretaria, en el que le manifestó:

Reenvío los documentos enviados por la Oficina de Recursos Humanos
de la Rama Judicial, en cumplimiento a lo ordenado en audiencia inicial de
24 de enero de 2020 dentro del proceso 2017-00129.

23. Narró que, una vez visto el informe secretarial, mediante auto del 20 de abril
de 2021, ordenó correr traslado a las partes para alegar de conclusión. El 23 del
mismo mes y año le envió copia de la decisión a la secretaria con copia a la
Magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura del

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Atlántico, “a fin de que se agregara dicho auto al trámite judicial administrativo
distinguido por el Rad. N.º CSJATAVJ21-1163”.

24. Informó que el 26 de abril de 2021 el Tribunal Administrativo del Atlántico le
solicitó “el envío de manera virtual o física de los procesos que se encuentran a
su cargo, en el estado en que se encuentren, debido a que van a ser decidos
(sic) por una sala de descongestión creada para tales efectos, dichos procesos
deben ser enviados máximo el 28 de abril de 2021 a las 5:00 pm”.

25. Mencionó que el 29 de abril de 2021 remitió el expediente digital contentivo
del proceso 2017-00129-00 al Tribunal Administrativo del Atlántico, como
prueba, adjuntó la respectiva captura de pantalla.

1.7. Sentencia de primera instancia

26. En proveído del 16 de noviembre de 2021 el Tribunal Administrativo del
Atlántico declaró la improcedencia de la solicitud de amparo constitucional.
Luego de relatar generalidades sobre: el principio de subsidiariedad en las
acciones de tutela, el debido proceso y el derecho de petición ante autoridades
judiciales; concluyó que el mecanismo idóneo para alegar la mora judicial
injustificada es la vigilancia judicial administrativa.

27. Acotó que la acción de tutela permite analizar en casos como el presente
los derechos al debido proceso y el acceso a la administración de justicia,
únicamente cuando se agotaron todos los recursos establecidos por el
ordenamiento jurídico. No obstante, de las pruebas arrimadas al plenario
encontró que el actor se limitó a presentar una petición tendiente a obtener un
pronunciamiento judicial.

28. Informó que por vía telefónica obtuvo información sobre el estado del
proceso, a saber:

…el expediente 2017-00129-00. Medio de Control: Nulidad y
Restablecimiento del Derecho. Demandante: Carlos Andrés Vásquez
Velásquez. Demandadas: Nación Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, fue recibido vía correo electrónico por parte del
Juez Ad Hoc doctor julio (sic) Gill Muñoz, después de pedirle informe de
los expedientes a cargo del mencionado Juez Ad hoc, pues el Consejo
Superior de la Judicatura creo (sic) una plaza de Juzgado Administrativo
de Descongestión en la ciudad de Cartagena D.T YC y exigían el envío a
esa plaza de procesos.

Esta corporación remitió una primera entrega al Juzgado Administrativo de
Descongestión de la ciudad de Cartagena D.T. Y C., noventa (90)
procesos, pero de acuerdo a la orden impartida por el Consejo Superior de
la Judicatura debíamos enviar los que estaban en físico.

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Demandante: Carlos Andrés Vásquez Velásquez
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Barranquilla
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El expediente objeto de tutela quedó pendiente para un nuevo envío, pero
debido a que no se han impartidos ordenes al respecto, se le informará al
Juez Ad hoc de dicha situación para que a bien decida lo pertinente.

29. Finalizó con que, en todo caso, si estudiara de fondo el asunto no se
encontraría configurada la mora judicial, en tanto se probó que “para el
momento en que se remitió el plurimencionado expediente, se encontraba
corriendo el término para alegar de conclusión, dispuesto mediante auto de 20
de abril de 2021…”.

1.8. Impugnación

30. El señor Carlos Andrés Vásquez Velásquez solicitó que se revocara el fallo
de primera instancia y se ordenara amparar, para que se dictara la sentencia
dentro del proceso 2017-00129-00.

31. Mencionó que ni el Consejo de Estado ni la Corte Constitucional han
establecido que para la procedencia de la acción de tutela en casos en los que
se alega la configuración de la mora judicial se exige la presentación previa de
una solicitud de vigilancia administrativa.

32. Expuso que la Sección Tercera del Consejo de Estado concedió el amparo
por mora judicial sin que se hubiese demostrado que el actor acudió
primeramente al trámite de vigilancia administrativa dentro de la acción de tutela
de radicado N.º 11001-03-15-000-2021-05851-00. Mencionó que sobre el tema
se pueden ver las sentencias SU-453 de 2020 de la Corte Constitucional y las
dictadas por esta Corporación dentro de los expedientes 11001-03-15-000-
2021-05260-00 y 11001-03-15-000-2021-05234-00.

33. Agregó que la vigilancia administrativa no es un medio de defensa judicial
idóneo porque no tiene prevista la segunda instancia, como sí ocurre con la
acción de tutela.

34. Sin embargo, aclaró que el a quo no valoró que sí presentó una solicitud de
vigilancia administrativa como lo mencionó en su escrito de tutela y lo reiteró el
juez accionado.

35. Precisó que el Tribunal omitió pronunciarse sobre la petición de información
relativa al trámite del proceso en la que solicitó se le indicaran las razones por
las que no se había atendido el término de 20 días para dictar sentencia.
Adicionalmente comentó:

Me vine a enterar que mi expediente fue enviado al Secretario del Tribunal
Administrativo del Atlántico leyendo la sentencia que estoy impugnando…

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36. Concluyó que “persiste la mora judicial”, con fundamento en que su
“proceso fue remitido al mencionado secretario según dice el accionado, desde
el 29 de abril de 2021, por otro lado en el trámite de la presente acción informa
al ponente el Secretario del Tribunal Administrativo del Atlántico que no fue
remitido en el primer envío al Despacho de descongestión y que de dicha
situación le informará al Juez Ad Hoc, lo que quiere decir que casi 7 meses el
caso donde actúo como demandante contra la Rama Judicial ha permanecido
en una total inactividad imputable al mencionado empleado judicial”.

1.9. Trámite de segunda instancia

37. Por auto del 16 de diciembre de 2021 el magistrado ponente ordenó que se
vinculara en calidad de terceros con interés al presente trámite, al Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, para que por
conducto de la Secretaría rindiera un informe sobre los hechos del proceso de
la referencia, y a la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial -, para que si lo consideraban del caso, intervinieran en
el presente trámite constitucional.

1.10. Intervención de la secretaria del Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito Judicial de Barranquilla

38. La secretaria informó que luego de proferirse el auto admisorio del 13 de
abril de 2018, el juez ad hoc envió el expediente a la Secretaría hasta el 7 de
diciembre del mismo año, y por ello, la notificación del proveído se surtió el 22
de enero de 2019.

39. Confirmó que el mismo día en que se llevó a cabo la audiencia inicial – 24
de enero de 2020 – el juez ad hoc dejó el proceso en la Secretaría con las
órdenes impartidas en la diligencia. No obstante, mencionó que para esa fecha
se encontraba disfrutando de su licencia de maternidad “y el expediente fue
recibido por la Secretaria de turno”.

40. Recordó que en marzo de 2020, con ocasión a la declaratoria de
emergencia por la pandemia derivada del Covid-19 se suspendieron términos
judiciales y se retornó el 1 de julio del mismo año, en ese momento “se inició
con el proceso de digitalización de expedientes, los cuales fueron entregados a
la firma encargada para ello”2. Mencionó que le solicitó copia del proceso “a la
firma” y una vez lo obtuvo, el 25 de marzo de 2021 le envió el respectivo archivo
digitalizado al juez ad hoc y solicitó los antecedentes administrativos del doctor
Vásquez Velásquez a la Oficina de Recursos Humanos. En cuanto esta
dependencia aportó lo solicitado, le remitió la información al juez ad hoc, quien

2Aseveración transcrita de la página 2 de la intervención allegada por la servidora judicial
Maritza Naranjo Briles.

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procedió a expedir auto del 20 de abril de 2021, para correr traslado para alegar
de conclusión.

41. El 31 de mayo de 2021 la secretaria le remitió un memorial al citado juez, en
el que le señaló que el término para alegar de conclusión dentro del proceso
2017-00129-00 ya se encontraba vencido. Asimismo, aseveró que la petición
del 21 de septiembre de 2021 radicada por el actor, se le envió ese mismo día
al juez.

42. Del anterior recuento, precisó que “esta secretaría cumplió con los trámites
ordenados en cada etapa procesal y el expediente fue colocado a disposición
de Conjuez Julio Gil Muñoz tal y como se puede observar en la aplicación de
one drive. Ya la actuación procesal que continua (sic) corresponde a funciones
del Conjuez y se salen de la órbita secretarial”.

43. Finalmente, solicitó que se le desvinculara del trámite constitucional de la
referencia.

44. Pese a que se surtió en debida forma la vinculación de la Nación – Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial -., la entidad guardó
silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

45. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la
parte actora contra la sentencia de primera instancia proferida el 16 de
noviembre de 2021 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, de conformidad
con lo establecido en los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015, modificado
por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019.

2.2. Cuestión previa

46. La secretaria del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla solicitó que se le desvincule de este proceso, con fundamento en lo
expuesto en su escrito de intervención.

47. Se aclara que la secretaria intervino en el proceso dada su calidad de
servidora del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla, de manera que no se accederá al pedimento de la funcionaria,
teniendo en cuenta que el citado Despacho judicial fue vinculado al presente
trámite por ser el que tiene a cargo el proceso de radicado N.º 2017-00129-00,
en el que se originaron los hechos que motivaron la interposición de esta
solicitud de amparo.

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2.3. Legitimación en la causa3

48. El inciso 1º del artículo 86 Constitucional consagra el derecho que tiene
toda persona de reclamar ante los jueces, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando estos
resulten amenazados o vulnerados, mediante un procedimiento preferente y
sumario.

49. Igualmente, el artículo 10 del Decreto Ley 2591 de 1991 establece que toda
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales podrá
ejercer la acción descrita por sí misma o por representante, o a través de un
agente oficioso cuando el titular de los derechos vulnerados o amenazados no
esté en condiciones de promover su propia defensa.

50. Desde que fue proferida la sentencia T-416 de 1997, en ella se estableció
que la legitimación en la causa por activa constituye un presupuesto de la
sentencia de fondo, en la medida en que se analiza la calidad subjetiva de las
partes respecto del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela.

51. En la sentencia T-086 de 2010, la Alta Corporación reiteró que “Esta
exigencia significa que el derecho para cuya protección se interpone la acción
sea un derecho fundamental propio del demandante y no de otra persona. Lo
anterior no se opone a que la defensa de los derechos fundamentales no pueda
lograrse a través de representante legal, apoderado judicial o aun de agente
oficioso”.

52. Con posterioridad, en la sentencia T-176 de 2011, indicó que la legitimación
en la causa por activa constituye una garantía de que la persona que ejerce la
acción de tutela tenga un interés directo y particular respecto del amparo que se
solicita al juez constitucional, “de tal forma que fácilmente el fallador pueda
establecer que el derecho fundamental reclamado es propio del demandante”.

53. En la sentencia T-435 de 2016, la Corte estableció las condiciones que
deben concurrir para superar este presupuesto procesal, dentro de los cuales
hizo especial énfasis en la titularidad de los derechos fundamentales
reclamados, lo cual quedó reiterado en la SU-454 de 2016, en la que,
adicionalmente, señaló que el estudio de la legitimación en la causa de las
partes es un deber de los jueces constitucionales y constituye un presupuesto
procesal de la demanda4.

54. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que al
ser el accionante el extremo demandante dentro del proceso 2017-00129-00 en

3 Ver posición reiterada y reciente: Consejo de Estado, Sección Quinta. Sentencia del 25 de

noviembre de 2021. Rad. 2021-06578-00.
4 Sobre el mismo tema, ver Corte Constitucional, Sala Quinta de Revisión, Sentencia T-511 de

2017; y Sala Tercera de Revisión, Sentencia T-318 de 2018.

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Demandante: Carlos Andrés Vásquez Velásquez
Demandado: Juez Ad – Hoc del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla
Radicado: 08001-23-33-000-2021-00543-01

el que solicita que se profiera sentencia de primera instancia e insiste en que no
se le contestó una petición, está legitimado en la causa por activa.

55. Por otro lado, la Sala evidencia que el juez ad hoc, se encuentra legitimado
en la causa por pasiva, en tanto que fue designado para decidir el contencioso
de nulidad y restablecimiento del derecho N.º 2017-00129-00.

2.4. Problema jurídico

56. Tomando en consideración la situación fáctica expuesta por la parte actora,
las pruebas incorporadas al expediente y las intervenciones allegadas en el
trámite del proceso, corresponde a esta Sala decidir si confirma, modifica o
revoca la sentencia del 16 de noviembre de 2021, a partir del siguiente
problema jurídico:

• ¿Resultaron vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia del accionante, por parte del
juez ad hoc designado dentro del proceso 2017-00129-00, por la
presunta mora judicial al no proferirse la sentencia de primera instancia y
la omisión de dar respuesta a la petición del 21 de septiembre de 2021?
57. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes
temas: (i) generalidades de la acción de tutela, (ii) requisito adjetivo de la
subsidiariedad, (iii) estructuración del derecho de petición, (iv) el derecho de
petición en el marco de procesos judiciales, (v) mora judicial como causal de
acción de tutela y por último, (vi) el estudio del caso concreto.

2.5. Generalidades de la acción de tutela

58. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la
acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos
en que indica el Decreto Ley 2591 de 1991.

59. Constituyen rasgos distintivos de esta acción: la inmediatez y la
subsidiariedad. El primero apunta al amparo efectivo, concreto y actual del
derecho fundamental que se dice vulnerado o amenazado.

60. El segundo, condiciona el ejercicio de esta acción a la inexistencia de otro
medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión del derecho
fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar sufriendo un
perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como mecanismo
transitorio.

10
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Demandado: Juez Ad – Hoc del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
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61. La acción se reglamentó por medio del Decreto Legislativo 2591 de 1991, el
cual en su artículo 6 consagra las siguientes causales de improcedencia de la
acción cuando: (i) existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo
que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable; (ii) para proteger el derecho se pueda invocar el recurso de
habeas corpus; (iii) se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz
y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución; (iv) sea evidente
que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo cuando continúe
la acción u omisión violatoria del derecho; (v) se trate de actos de carácter
general, impersonal y abstracto.

62. En cuanto a la inmediatez, se advierte superado el requisito en el entendido
que lo que motivó al accionante a promover su solicitud de amparo, esto es, la
falta de respuesta a un derecho de petición y de expedición de sentencia de
primera instancia dentro del proceso judicial de radicado N.º 2017-00129-00,
son circunstancias que subsisten, no han sido conjuradas ni superadas.

2.6. Naturaleza subsidiaria de la acción de tutela e improcedencia de la
misma cuando existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

63. En consideración a la subsidiariedad, el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la
acción de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el
afectado no disponga de otro medio de defensa judicial”, precepto
reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991.

64. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros
mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la
protección de los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se
debe recurrir a estos y no a la tutela.

65. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean
protegidos sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales
contempladas en el ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela
adopte decisiones paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado
asunto radicado bajo su competencia5.

5 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la
Constitución y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales
que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales,
en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el
requisito de subsidiariedad, vacía el contenido de las mencionadas competencias y, en
consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que regulan los instrumentos
de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”

11
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66. Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se
colige que la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es
un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los
mecanismos judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

67. Para esta Sala de decisión en el presente asunto se supera la
subsidiariedad, teniendo en cuenta que la vigilancia judicial administrativa no es
un mecanismo de defensa judicial y que, en todo caso, previo a acudir al juez
constitucional el accionante había usado esta herramienta dispuesta por el
legislador.

2.7. El derecho de petición

68. El derecho fundamental de petición se presenta como un instrumento en
beneficio de los administrados, que más allá de vehiculizar el conjunto de
derechos plasmados en la Carta,6 permite la consecución de los fines
esenciales del Estado Social de Derecho,7 al potenciar “la participación de
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política,
administrativa y cultural de la Nación”.8

69. Es este carácter axiológico del derecho de petición el que explica la carga
obligacional que surge para las diversas ramas del poder público, luego de que
es empleado por los ciudadanos.

70. En efecto, los deberes de las autoridades van más allá de las meras formas,
pues el contenido mismo de la respuesta debe adecuarse a ciertos
presupuestos fijados por la jurisprudencia, lo que significa que no basta para su
concreción que las entidades públicas, e incluso los particulares, resuelvan, de
manera vaga y superficial, los pedimentos formulados.

71. Se requiere igualmente que la solución procurada satisfaga criterios de
claridad y congruencia en relación directa entre lo pedido y lo resuelto, lo que
no quiere decir que tenga que ser positiva frente a lo solicitado.

72. Cuenta de ello da no solamente el desarrollo normativo del artículo 23
constitucional sino a la vez su tratamiento jurisprudencial, en el que no se
escatima oportunidad para recordar el núcleo complejo que compone el
derecho de petición.

73. Así, del derecho de toda persona a obtener pronta resolución de sus
peticiones, que se relaciona con los tiempos en que deben ser decididas
(artículo 23 constitucional), se avanza, en el entendido de que además de
6 Corte Constitucional. Sentencia T-801 del 11 de octubre 2012. M.P. Jorge Iván Palacio
Palacio.
7 Corte Constitucional. Sentencia T-149 de 2013. M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

8 Artículo 2º Constitucional.

12
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oportunas, las resoluciones deberán ser completas y de fondo (inciso 1º Artículo
13 Ley 1755 de 2015), en una especie de positivización del derecho fijado por la
jurisprudencia constitucional.

74. En términos de la Corte Constitucional, el contenido esencial del derecho de
petición comprende los siguientes elementos:9

“…a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos,
solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se
abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna dentro de los términos
establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o
contestación material, lo que supone que la autoridad entre en el
fondo de la materia propia de la solicitud, sobre la base de su
competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos
planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta),
excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación
de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea
positivo o negativo10.”

75. Se colige del aparte trascrito que la respuesta de fondo o contestación
material de las peticiones implica, por contera, que la autoridad administrativa:

1. Se inmiscuya activamente en las materias propias de la solicitud.
2. Trate o desarrolle todos los asuntos planteados, de manera particular y
precisa.
3. Conteste de forma congruente, es decir, que exista correspondencia
entre la petición y la respuesta.
4. Excluya de sus respuestas fórmulas o conceptos evasivos o elusivos.
5. Responda con base en su competencia, lo cual supone, por oposición
lógica, que si no lo es, informe inmediatamente al interesado y remita la
petición a la autoridad competente.

76. De igual forma, para que se configure su cumplimiento no basta la
resolución efectiva, sino que, es necesario que ésta se dé a conocer al
interesado. Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado:

“Una vez tomada la decisión, la autoridad o el particular no pueden
reservarse su sentido, para la efectividad del derecho de petición es
necesario que la respuesta trascienda el ámbito del sujeto que la adopta y
sea puesta en conocimiento del peticionario; si el interesado ignora el
contenido de lo resuelto no podrá afirmarse que el derecho ha sido
observado cabalmente”11 (subrayado fuera del texto).

9 Corte Constitucional. Sentencia T-161 de 10 de marzo de 2011. M.P. Humberto Antonio Sierra

Porto.
10 «Sentencia T-94/99 reiterada en la sentencia C-510 de 2004 entre muchas».
11 Corte Constitucional. Sentencia T-529 de 1995. M.P. Fabio Morón Díaz.

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77. De conformidad con el artículo 13 de la Ley 1437 de 2011, cualquier
solicitud que se inicie ante las autoridades se considera como derecho de
petición, por lo que no es necesario que el peticionario indique en su escrito que
está ejerciendo el derecho de petición previsto por el artículo 23 de la
Constitución Política.

78. Esa misma norma previó que existen tres modalidades de derecho de
petición: (i) de carácter general, en cuyo caso el término de respuesta debe ser
de quince (15) días; (ii) peticiones de documentos e información, cuya
respuesta debe ser proporcionada en diez (10) días; y, finalmente, (iii) consulta
a las autoridades en relación con las materias a su cargo, (30 días de
respuesta); todos ellos, contados a partir de la fecha en que se reciba la
solicitud.

2.8. Derecho de petición en actuaciones judiciales

79. No puede perderse de vista que tanto la Corte Constitucional12, como esta
Corporación13 de manera reiterada han señalado que las solicitudes
presentadas en el marco de actuaciones judiciales tienen un alcance diferente a
las del derecho de petición, lo que implica ciertas limitaciones. Por ello, se ha
especificado que deben diferenciarse las peticiones que se formulen ante los
jueces, de la siguiente manera:
(i) Las referidas al contenido mismo de la litis, que por tal razón se encuentran
reguladas dentro de una codificación y tienen su procedimiento respectivo,
debiéndose sujetar entonces la decisión a los términos y etapas procesales
previstos para el efecto; y

(ii) Aquellas que por ser ajenas al contenido mismo de la litis e impulsos
procesales, deben ser atendidas por la autoridad judicial, bajo las normas
generales del derecho de petición que rigen la administración, esto es, el
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

80. En el mismo sentido, el Máximo Tribunal Constitucional indicó que “[e]l
derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para
solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que
esta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien,
en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del
derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición”.
12 Ver, entre otras, las sentencias T-377 de 2000; T-215 A de 2011 y T-311 de 2013.

13 Consejo de Estado, Sección Quinta. Rad. No. 41001-23-33-000-2017-00225-01, sentencia de

13 de julio de 2017. MP: Rocío Araújo Oñate, sentencia del 25 de enero de 2018. MP. Alberto
Yepes Barreiro Rad. 11001-03-15-000-2017-02891-00 y Consejo de Estado, Sección Quinta,
sentencia del 25 de abril de 2019, radicación Nº11001-03-15-000-2019-00971-00 MP. Alberto
Yepes Barreiro, sentencia de 15 de agosto de 2019 proferida dentro del expediente 11001-03-
15-000-2019-03399-00, M.P. Rocío Araújo Oñate.

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81. En otras palabras, si bien es posible presentar peticiones ante las
autoridades judiciales, para que esta se entienda ejercida en el marco del
derecho de petición es necesario que no recaiga sobre los procesos judiciales
que el funcionario adelanta. En caso de que ello sea así, tales “peticiones”
deben entenderse como memoriales radicados en el proceso, y que, por
consiguiente, se rigen por la normatividad aplicable a la Litis14.

82. Lo anterior significa que “no es dado a las personas afirmar que los jueces
vulneran el derecho de petición cuando presentan una solicitud orientada a
obtener la definición de aspectos del proceso. En tales casos, se puede invocar
el derecho al debido proceso, y demostrar que el operador judicial se ha salido
de los parámetros fijados por el ordenamiento jurídico al respecto,
desconociendo las reglas correspondientes al trámite de un determinado
proceso judicial.”15

83. Así las cosas, previo a resolver la impugnación y decidir si se infringió o no
el derecho de petición por la autoridad judicial accionada, deberá determinarse
la naturaleza de las solicitudes, con el fin de establecer su alcance.

2.9. La mora judicial como causal de acción de tutela.

84. Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución16, del derecho fundamental al
debido proceso17 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el
carácter de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia18.

85. Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía:

no puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad
formal de llegar ante los jueces, o en la simple existencia de una

14 Corte Constitucional. Sentencia T-172 de 2016.

15 Ibídem.

16 “Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley

indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado.”
17 “Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y

administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez
o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de
preferencia a la restrictiva o desfavorable.
Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable.
Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por
él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin
dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a
impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”.
18 Sentencia T-006 de 1992.

15
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estructura judicial lista a atender las demandas de los asociados, puesto
que su esencia reside en la certidumbre de que, ante los estrados
judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden jurídico aplicable,
con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real y
ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su
decisión19.

86. Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230
de la Constitución Política y del desarrollo de la jurisprudencia constitucional se
desprende que el derecho a la tutela judicial efectiva implica de una parte, que
cuando el “ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo,
encuentre una respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus
derechos y garantías”20, y de otro lado, “la obligación correlativa de las
autoridades judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean
necesarias para que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea
real y efectivo, con lo cual se deben descartar las actuaciones nominales que
no logren tal finalidad. Se entiende por lo tanto que el derecho extraído por la
Corte involucra la necesidad de que los jueces deriven en sus providencias la
dimensión pro actione, lo que representa un avance significativo en la
protección de los derechos de las personas”21.

87. Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de
1996 Estatuaria de la Administración de Justicia22 y con sustento en los
principios de celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función
judicial, el juez, como director del proceso, debe velar por la rápida solución del
caso con el fin de evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso
para terminarlo con una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los
derechos fundamentales de las partes.

88. Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple
en el Estado Social de Derecho, en el que “ha dejado de ser el frio funcionario
judicial que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin
vendas- que se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la
agitada realidad subyacente y asumir su responsabilidad como servidor
vigilante, activo y garante de los derechos materiales. El juez que reclama el
pueblo a través de su Carta Política ha sido encomendado con dos tareas
imperiosas: (i) la obtención del derecho sustancial y (ii) la búsqueda de la

19 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
20 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.

21 Ibídem.

22 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública

que cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los
derechos, obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la
convivencia social y lograr y mantener la concordia nacional.

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verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen el ideal de la justicia
material”23.

89. La Corte Constitucional ha señalado que el fenómeno de la mora judicial
puede llegar a violar el derecho fundamental de acceso a la administración de
justicia, en aquellos casos en los que la dilación en el trámite de una actuación
es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas
estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, si no en la falta de
diligencia y en la omisión sistemática de sus deberes por parte de los mismos24.

90. Asimismo, el Máximo Tribunal Constitucional ha considerado que
“atendiendo la realidad del país, en la gran mayoría de casos el incumplimiento
de los términos procesales no es imputable al actuar de los funcionarios
judiciales”25.

91. De conformidad con la sentencia SU-453 de 2020 de la Corte
Constitucional, se entiende justificada la mora cuando: “(i) se está ante asuntos
de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia
razonable del juez que los atiende, y (ii) se constata la existencia de problemas
estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser
catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

92. Continuando con el criterio de esa Corporación frente al particular se tiene
que:

… por ejemplo, existen procesos en los cuales su complejidad requiere
de un mayor tiempo del establecido en las normas y en la
Constitución para su estudio, para valorar pruebas o para analizar la
normatividad existente. Por ello, la jurisprudencia ha destacado que
cuando la tardanza no es imputable al actuar del juez o cuando existe
una justificación que explique el retardo, no se entienden vulnerados
los derechos al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia. En este sentido, en la Sentencia T-803 de 2012, luego de hacer
un extenso recuento jurisprudencial sobre la materia, esta Corporación
concluyó que el incumplimiento de los términos se encuentra justificado (i)
cuando es producto de la complejidad del asunto y dentro del proceso se
demuestra la diligencia razonable del operador judicial; (ii) cuando se
constata que efectivamente existen problemas estructurales en la
administración de justicia que generan un exceso de carga laboral o de
congestión judicial; o (iii) cuando se acreditan otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la controversia en
el plazo previsto en la ley. Por el contrario, en los términos de la misma
23 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio
Palacio.
24 Corte Constitucional. T-1019 de 2010. Magistrado Ponente: Nilson Pinilla Pinilla.

25 Corte Constitucional. T-230 de 2013. Magistrado Ponente: Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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providencia, se está ante un caso de dilación injustificada, cuando se
acredita que el funcionario judicial no ha sido diligente y que su
comportamiento es el resultado de una omisión en el cumplimiento de sus
funciones.

93. Por su parte, la Sección Quinta del Consejo de Estado tiene una posición
reiterada en relación con la existencia de la mora judicial 26, según la cual solo
se predica si hay dilación injustificada al resolver los asuntos sometidos a la
competencia del juez, que de acreditarse esta conducta, constituye violación al
derecho de acceso a la administración de justicia y de contera, al debido
proceso de las partes en un proceso.

2.10. Caso concreto

94. Como se plasmó en los antecedentes de esta providencia, el señor Carlos
Andrés Vásquez Velásquez presentó demanda en ejercicio del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho desde el 15 de noviembre de 2016,
en la que cuestionó los actos administrativos en los que la Rama Judicial
denegó su solicitud de reliquidación de prestaciones sociales incluyendo como
factor salarial la prima especial. El proceso le correspondió por reparto al
Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, según
consta en el acta de reparto visible en el expediente digital de radicado N.º
2017-00129-00.

95. Con ocasión al tema que se debatía, se declararon fundados los
impedimentos de los jueces administrativos del circuito judicial del Atlántico y,
en consecuencia, desde el 6 de febrero de 2018 se designó como juez ad hoc
al sujeto accionado para asumir el conocimiento del proceso referenciado.

96. El actor, motivado en la presunta mora en que presuntamente ha incurrido
el juez ad hoc para fallar de fondo su litigio en primera instancia, presentó una
petición el 21 de septiembre de 2021 en la que solicitó:

… que den impulso al proceso de la referencia dictando y notificando a las
partes la sentencia de primera instancia.

(ii) Se me informen las razones por las cuales se incumplió el lapso de 20
días, fijado en el auto del 20 de abril de 2021, para dictar la sentencia de
primera instancia.

26 Entre otras, consultar las sentencias de: (i) 10
de agosto de 2012, Rad. No: 11001-03-15-
000-2012-01093-00(AC). Actor: Domingo Enrique de Jesús Ramírez Duque. Demandado:
Tribunal Administrativo de Antioquia. Consejero Ponente: Alberto Yepes Barreiro (E) y (ii) 19 de
junio 2014, Rad. No.: 25000-23-41-000-2014-00415-01(AC). Actor: Mario Aristizábal Muñoz.
Demeandado: Procuraduría General de la Nación.

18
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97. Comienza la Sala por explicar que la primera de estas solicitudes no cabe
dentro del concepto de petición, en la medida en que toca el núcleo de la litis en
cuanto pretende que se defina el fondo del asunto. De otro lado, en los artículos
179 y subsiguientes de la Ley 1437 de 2011 se disponen las etapas del proceso
contencioso administrativo y las reglas especiales para que éste se lleve a
cabo. Así, teniendo en cuenta que la petición no procede para poner en marcha
el aparato judicial o para obviar las reglas dispuestas por el legislador en el
marco de procesos judiciales, ese primer punto se analizará desde la óptica de
la mora judicial.

98. No obstante, en lo que atañe al segundo requerimiento, se observa que se
trata de una solicitud de mera información en la que el ciudadano quiere
conocer las razones por las cuáles el juez ad hoc no atendió lo decidido en el
auto del 20 de abril de 2021 en el que dispuso, entre otros, “que dentro de los
veinte (20) días siguientes al vencimiento del término para alegar, se dictará la
sentencia que pone fin a esta primera instancia”.

99. Al respecto, del material allegado al plenario se constató que la citada
petición fue enviada el 21 de septiembre de 2021 al juez ad hoc para que
emitiera respuesta. Pese a que el término para brindar en oportunidad la
información requerida se encuentra más que fenecido, no obra prueba alguna
en el expediente digital que indique que sí se contestó, ni tampoco reposa
manifestación al respecto por parte del juez accionado.

100. Así las cosas, en cuanto al segundo punto de la solicitud del 21 de
septiembre de 2021, se concretó la vulneración del derecho fundamental de
petición del accionante por parte del juez ad hoc que le correspondió el
conocimiento del proceso 2017-00129-00, ante la falta de respuesta del
segundo punto de la petición del 21 de septiembre de 2021, en la que pide una
explicación sobre los términos que la misma autoridad judicial dispuso en el
auto del 20 de abril de 2021, para proferir sentencia de primera instancia.

101. En consecuencia, se amparará la garantía constitucional fundamental de
petición a la parte actora y se ordenará a la autoridad tutelada que dentro de las
cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la presente sentencia,
proceda a brindar una respuesta de fondo sobre el segundo punto de la petición
presentada el 21 de septiembre de 2021, en la que se atiendan los criterios
expuestos en precedencia.

102. Ahora bien, en lo que atañe al primer punto de la solicitud, en la que se
estudiará si en efecto se configuró la mora judicial injustificada y de resultar
afirmativo el anterior planteamiento, si hay lugar a endilgarla a alguno de los
sujetos procesales, se encontraron las actuaciones que enseguida se relatan, y
que para la Sala resulta importante destacar:

• El 13 de abril de 2018 el juez ad hoc profirió el auto admisorio. El 7 de

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Barranquilla
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diciembre de 2018, remitió el expediente a la Secretaría del Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla para que se
surtiera la notificación, según consta en el expediente digital del proceso
ordinario.
• Luego de que se celebró la audiencia inicial el 24 de enero de 2020,
momento en el que el juez ad hoc puso nuevamente a disposición de la
secretaría del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla el expediente 2017-00129-00, hasta el 25 de marzo de
2021, posterior a una solicitud de vigilancia administrativa adelantada por
el accionante en ese mismo mes, se envió por parte de la citada
dependencia del juzgado el proceso digitalizado al juez accionado.
• El 20 de abril de 2021, menos de un mes después de tener el expediente
referido en su custodia, el juez ad hoc profirió auto de traslado para
alegar de conclusión y dispuso que dentro de los veinte días siguientes al
vencimiento del término fijado para ello, dictaría sentencia.

103. Ahora bien, de la intervención allegada por el juez ad hoc, se tiene que
mediante correo del 26 de abril de 2021 la Secretaría del Tribunal
Administrativo del Atlántico le solicitó el envío de los expedientes que tenía a su
cargo, con el argumento de que los iba a decidir una Sala de Descongestión,
como se observa a continuación:

104. El 29 de abril de 2021 la autoridad tutelada remitió por correo el expediente
digitalizado 2017-00129-00, a la Secretaría del Tribunal Administrativo del
Atlántico, según la siguiente captura de pantalla que aportó en la intervención:

105. Advierte la Sala que para el 29 de abril de 2021 no era procedente enviar
el expediente 2017-00129-00 por parte del juez ad hoc al Tribunal
Administrativo del Atlántico, dado que se encontraba en la Secretaría corriendo
el traslado para alegar de conclusión, de conformidad con el auto del 20 de abril

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del mismo año.

106. Luego de que feneció el término de traslado para alegar de conclusión,
esto es, el 31 de mayo de 2021, la Secretaría del Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla le remitió el expediente al
juez ad hoc para que profiriera la sentencia de primera instancia como se
observa a continuación:

107. Verificado el expediente digital 2017-00129-00, remitido por la Secretaría
del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla, no se
constata el cumplimiento de la orden impartida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico en el correo del 26 de abril de 2021, tampoco se evidencia el envío de
este expediente a otro Despacho judicial. De otro lado, verificada la plataforma
de consulta de procesos de la Rama Judicial, se observa que el proceso está al
despacho del Juez ad hoc Tercero Administrativo de Barranquilla desde el 31
de mayo de 2021 e incluso que fue incorporado un nuevo memorial el 7 de
febrero de 2022, como se ilustra enseguida:

108. En efecto, la Sala encontró que mediante ACUERDO PCSJA21-11764 del

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11 de marzo de 202127 el Consejo Superior de la Judicatura dispuso la creación
de juzgados administrativos transitorios para resolver “de manera exclusiva, los
procesos que se adelantan contra la Rama Judicial y otras entidades con
régimen jurídico salarial y prestacional similar”. Específicamente en el literal b
del artículo 4 se estableció lo siguiente:

b) Juzgado Administrativo Transitorio de Cartagena: tendrá la competencia
para conocer de los procesos que se encuentran en los circuitos
administrativos de Barranquilla, Cartagena, San Andrés y Riohacha.

109. Así las cosas, para la Sala se concreta la mora judicial alegada por el
tutelante en el actuar del juez ad hoc. Al respecto, se reitera que para el 29 de
abril de 2021, fecha en la que el juez tutelado envió un correo remitiendo una
copia digital del expediente 2017-00129-00 al Tribunal, el proceso no se
encontraba al Despacho y no podía esta autoridad transferir en este momento
la competencia del proceso a otra autoridad judicial. De otro lado, se aclara que
no resulta válida la remisión de un expediente judicial sin un oficio, memorial o
providencia que constate que se transfiere el proceso a otro Despacho y las
razones por las que se realiza dicha actuación, aunado a que aquella situación
se debe poner en conocimiento a las partes para brindar el derecho a la
información sobre las actuaciones que se surten al interior.

110. Adicionalmente, nótese que el Acuerdo contentivo de las medidas
transitorias de descongestión, especialmente de procesos como el que trata el
expediente 2017-00129-00, data del 11 de marzo de 2021, y, pese a que tanto
el juez ad hoc como la Secretaría del Juzgado Tercero Administrativo de
Barranquilla conocen que el asunto litigioso referenciado se encuentra al
Despacho desde el 31 de mayo de 2021, han transcurrido más de 8 meses sin
que obre memorial, oficio o providencia en el que el juez tutelado dé
cumplimiento a la orden impartida por el Tribunal Administrativo del Atlántico en
el correo del 26 de abril de 2021.

111. Vale precisar que ni el juez ad hoc ni la Secretaría del Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla indicaron la existencia de
problemas estructurales, exceso de carga laboral o cualquier otra circunstancia
que implique que el actuar dilatorio en el proceso 2017-00129-00 obedeció a
circunstancias no imputables al accionado.

112. Dadas las anteriores condiciones, observa la Sala que el lapso trascurrido
entre el 31 de mayo de 2021 – fecha en la que ingresó el expediente al
Despacho del Juzgado ad hoc Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Barranquilla – y la fecha de este proveído, no son razonables de cara a la

27 Acto administrativo visible en el siguiente enlace web:
https://actosadministrativos.ramajudicial.gov.co/GetFile.ashx?url=%7E%2FApp_Data%2FUploa
d%2FA-11764.pdf

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complejidad del asunto, ni imputables al demandante. Pues se reitera, no se
acreditó la existencia de problemas estructurales de la administración de
justicia, como podría ser la congestión del Despacho, u otras circunstancias
imprevisibles o ineludibles que impidieran que el juez ad hoc cumpliera con la
orden impartida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, para que este
despliegue la actuación que le corresponde.

113. Sobre la base de las consideraciones expuestas, en el presente caso se
configuró una mora judicial injustificada, por lo que esta Sección dispondrá el
amparo de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia.

114. Por lo anterior, se ordenará que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas
siguientes a la notificación de esta sentencia el Juez ad hoc remita de manera
formal, ya sea a través de un auto u oficio, el expediente de radicado N.º 08001-
33-33-003-2017-00129-00 al Tribunal Administrativo del Atlántico, para que este
realice lo que le corresponda. Dicha actuación deberá notificarse a las partes
del proceso a través de la Secretaría del Juzgado Tercero Administrativo de
Barranquilla.

2.11. Conclusión

115. Con base en lo expuesto, se revocará la sentencia del 16 de noviembre de
2021 que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo de la referencia.
En su lugar, se ampararán los derechos fundamentales de petición, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia del actor.

116. En consecuencia, se ordenará al juez ad hoc tutelado que (i) resuelva de
fondo el punto dos la petición del 21 de septiembre de 2021, en la que el señor
Vásquez Velásquez solicitó información del por qué no profirió en determinado
lapso la sentencia de primera instancia dentro del contencioso de radicado N.º
2017-00129-00, y (ii) que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a
la notificación de este proveído remita de manera formal el expediente
referenciado al Tribunal Administrativo del Atlántico, para que este efectúe lo
que le corresponda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: Negar la solicitud de desvinculación de la secretaria del Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla.

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SEGUNDO: Revoca la sentencia proferida el 16 de noviembre de 2021 por el
Tribunal Administrativo del Atlántico que declaró la improcedencia, pero por las
razones expuestas.

TERCERO: Amparar el derecho fundamental de petición. En consecuencia,
ordenar al doctor Julio Antonio Gil Muñoz que dentro de los dos días siguientes
a la notificación de esta sentencia, resuelva de fondo el segundo punto de la
petición del 21 de septiembre de 2021 presentada dentro del expediente
radicado 08001-33-33-003 2017-00129-00, de conformidad con las razones
esbozadas en este proveído.

CUARTO: Amparar las garantías constitucionales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia del actor. Por consiguiente, ordenar al
juez ad hoc que dentro de las siguientes cuarenta y ocho (48) horas a la
notificación de esta providencia, de cumplimiento a la orden del 26 de abril de
2021 del Tribunal Administrativo del Atlántico, y en consecuencia, remita por un
medio formal el expediente de radicado 08001-33-33-003-2017-00129-00 al
citado cuerpo colegiado para lo de su competencia.

De la anterior actuación deberá notificar a las partes del proceso referenciado a
través de la Secretaría del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de
Barranquilla.

QUINTO: Notificar a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto N°. 2591 de 1991.

SEXTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta
providencia, Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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